Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

El delegado regional del Ente Nacional de Comunicaciones, Nicolás Bartolozzi, dialogó con FM De la Calle acerca de los proyectos y la política del organismo, el régimen de aumentos en relación a las prestatarias de cable e internet y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“En pandemia lo que se desnudó es la posición que ya existía y se potenció, que la comunicación es un servicio esencial y la conectividad termina siendo un derecho humano, así lo entiende el directorio. Que la comunicación sea un derecho básico y que la conectividad sea un servicio público estratégico”, comentó.

Bartolozzi señaló que “estamos trabajando con dos barrios que son El Saladero y en Villa Talleres armando un proyecto colectivo y comunitario intentando fusionar una pyme local y una cooperativa de trabajo que se conformó en función de los técnicos que fueron cesanteados de BVC, estamos intentado terminar los papeles, llevarla adelante y que genere un convenio de trabajo con una pyme que es Boyetécnica”.

“A la brevedad podremos estar presentando este proyecto del ENACOM a nivel central, con carpeta administrativa, jurídica y económica”.

Comentó que “en Pedro Pico 2700 hay una antena de la REFEFO (Red Federal de Fibra Óptica), si llegamos a buen puerto esperamos poder hacer zanjeo de fibra óptica por el costado de la ruta, llegar al Saladero y tender postes para dotar de fibra óptica a todo el barrio. Estamos viendo la factibilidad en cuanto a la etapa financiera como para ver si podemos extenderlo hacia el barrio Villa Talleres”.

Por otro lado, Bartolozzi se refirió al decreto declaró públicos y esenciales los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones: “Instruye a los miembros del ENACOM a tres funciones: que las tarifas de las telecomunicaciones (tv por cable, internet y telefonía fija y móvil) queden congelados desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre; del 1 de enero de 2021 hasta que se disponga lo contario lo que se hace es recuperar soberanía estatal, ya no va haber aumentos injustificados ni unilaterales, cada vez que la empresa considera que necesita hacer un reajuste tiene que presentar un plan de costos al ENACOM y los técnicos le dan autorización; y en tercer lugar se instruye crear una tarifa social”.

En cuanto a los últimos aumentos autorizados explicó que “ENACOM aceptó el pedido para una regulación asimétrica, las grandes compañías tienen autorizado un aumento del 5% en enero, a pymes y cooperativas se le da la posibilidad de aumentar 8% en enero, son empresas de menos de 100 mil suscriptores de lugares donde el capital privado no invierte. Están en el 64% de Argentina, son 266 localidades en 20 provincias. Hay 1200 pymes en todo el país”.

“Se armó una mesa de negociación, ellos revirtieron el viernes estas sumas indiscriminadas y se adaptaron a la normativa. Telefónica, Claro, Telecentro y Direct TV, van a devolver a través una nota de crédito lo que cobraron de más, un 12,5%”, mencionó.

Sin embargo, “Telecom, Cablevisión y Fibertel continuaron judicializando la medida, el grupo Clarín se toma de una presentación en una localidad muy pequeña de Córdoba, presentaron una medida cautelar sobre una situación particular. Ese fallo opera para una cablera 500 suscriptores, sin embargo, Clarín dice que le corresponde”.

El titular regional de ENACOM mencionó que “se intimó a la empresa devolver lo facturado más intereses. El miércoles pasado a través del conjunto de abogados de Clarín plantearon que no van a devolver. El ENACOM aplicó una multa y (ordenó) entablar las acciones judiciales pertinentes para que sea devuelto el dinero”.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y pauta oficial

¿Hay en el ENACOM discusión para impulsar alguna normativa, visto lo que hizo el macrismo con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, incluyendo los debates que se suscitan con los años?

No nos han informado del tema, la voluntad de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner es hacer foco en al Red Federal de Fibra Óptica, retomar la TDA y una lucha para generar dispositivos que ayuden la población, recuperar soberanía a través las tarifas y de la tarifa social. Tengo conocimiento que hay colectivos de militantes sociales y políticos que han llevado adelante propuestas para ENACOM y que serán tratadas. Es imprescindible que transitemos el camino hacia una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Foto: ENACOM

La abogada Sandra Vulich explicó en FM De la Calle los alcances del amparo colectivo en el marco del cual la justicia ordenó a ABSA “presente de manera urgente un plan de contingencia, con un protocolo para actuar con celeridad para los días que hay problemas con el agua. Tiene que aportarlo dentro de las próximas 48 horas..

El fallo de la titular del Juzgado Civil y Comercial N°2, María Selva Fortunato, aceptó la queja de vecinos y vecinas autoconvocades de barrios afectados por la falta de agua.

La magistrada suspendió el cobro del componente de agua potable en la facturas desde el 1 de enero y se brinde información a la población sobre los surgentes disponibles.

La abogada destacó que ABSA tiene que “disponer de recursos humanos y materiales que se necesiten para abastecer el servicio para que el vecino únicamente les abra la puerta de la casa. La jueza entiende que el personal tiene que estar capacitado para ese tipo de contingencia”.

La jueza estableció que la empresa tendrá que responder a los pedidos de agua en cuatro horas a partir del reclamo. Si incumple se aplicará una escala de multas diarias.

Vulich agregó que “se intima a la Autoridad del Agua para que informe la ubicación de surgentes de la ciudad, ya que hubo denuncias de vecinos donde manifestaban que los no están identificados o no están funcionando como corresponde. La titular del ADA se refirió a actos de vandalismo, esto es de larga data y deberían haber encontrado una solución”.

En relación a la facturación se resolvió que “la ADA amplíe el listado de barrios afectados. La bonificación se va a ver reflejada en los vencimientos de abril, mayo y junio”, señaló la letrada y agregó que será hasta tanto la magistrada lo disponga dentro del expediente.

El médico y columnista Horacio Romano analizó la situación epidemiológica y las repercusiones del escándalo de las Vacunas VIP.

“Entramos en una crisis mundial capitalista y de acumulación. Hay países como Canadá o Estados Unidos que tienen muchísimas más dosis que su población, es una situación muy desigual y terrible donde hay varias organizaciones, incluso la OMS, que están pidiendo se abran las patentes y que se empiece a fabricar en muchos lugares porque la capacidad para hacerlo está”, señaló.

“El cansancio, el agotamiento, ese ‘queremos la libertad, vivimos encarcelados’, costó no menos de 7 mil vidas. Murieron 7 mil personas que podrían no haber muerto si no se hubieran infectado. Este lunes el número de fallecimientos acumulados dio 51 mil, de 40 mil que había el 12 de diciembre. De los 11 mil de diferencia, 4 mil vienen de arrastre de los que se enfermaron en noviembre, así y todo, del otro exceso se tiene que hacer cargo toda una sociedad, dirigente políticos, de salud que no se hicieron cargo de cuidar a la población”, agregó el médico.

Romano señaló que al desborde de diciembre se le suman “las vacunas que no llegan, que cuando llegan pasan cuestiones discutibles, que empezamos a abrir escuelas con protocolos que nadie controla. Lo más probable es que como no hemos llegado a límite bajo de circulación comunitaria, con el inicio de las clases habrá más contagios y hay que controlar que no le llegue a la población vulnerable antes de que se vacune”.

Refiriéndose a la denominada Vacunación VIP destacó que “es un grave error, una falta grave del ministro, de su Secretaría Privada, internas como esas hay en todos lados, y un periodista que hace gala del privilegio y que no es inocente ni dice las cosas porque sí. Ahora bien, ¿16 denuncias? No se puede negar que Ginés haya trabajado muy bien dentro de lo que se lo han permitido”.

“¿Ninguno de esa clase dirigencial ha sacado ventaja de sus privilegios para obtener algo? Sabemos que en todo caso la política refleja lo que es el país, y en esta sociedad el tema de la ventaja está bastante impreso en todos lados”, cuestionó.

La próxima discusión es “a quién consideramos esencial. Debería definirse si funcionarios políticos que no tienen un rol activo son o no esenciales. Guzmán me parece esencial, no acuerdo para nada con Scioli pero es embajador en Brasil donde es espantoso lo que pasa, por ende debería entrar en la lista”.

“Los privilegios siempre existieron, los mismos que se quejan son los que más abusan. Esto une al tema vacunas a nivel mundial. El egoísmo es la piedra fundamental del capitalismo”, finalizó el profesional.

El economista Francisco Cantamutto comentó en su primera columna enel aire de la FM De la Calle el panorama económico para el año que comienza: pandemia, FMI y proyectos del Congreso.

“De agosto a esta parte la economía muestra señales de recuperación, va recuperando en casi todas las ramas de actividad con lo cual todo indicaría que lentamente se ve la pre pandemia. Todas las demandas que el año pasado estaban limitadas empiezan a cobrar relevancia y, entre ellas, las de distribución del ingreso”, señaló.

Agregó que “el gobierno lo que dice es que la inflación que se espera es del 29% y que los salarios deberían ganarle levemente a esa cifra. Desde las cámaras patronales no están tan de acuerdo, una recuperación a penas por encima sería moderar las expectativas de los votantes que- entendían que había que ponerle freno al desguace para distribuir mejor el ingreso”.

Esto se piensa desde varios ejes, argumentó el economista, “por un lado, la reticencia de las cámaras patronales a elevar los salarios pero, por otro, la capacidad del Estado de morigerar este proceso. Me refiero a la inflación, el mercado habla de una inflación estimada del 40%, bastante por encima. Los niveles de precios dependen de varias cosas: una es el salario, que lo quieren acotar a niveles de pandemia, para el caso de trabajadores estatales da casi 25 puntos por debajo del 2015, eso es lo que perdimos en cinco años. El otro precio es el tipo de cambio, el dólar. El año pasado lograron que el tipo de cambio fuera moviéndose lentamente, eso produce un ancla cambiaria, lo que tratan es ir con una devaluación paulatina”.

“Esto está atado hasta tanto se arregle con el FMI, que dice que no hay que achicar tanto el gasto pero en los hechos todas las evidencia indican que a los países de la periferia nos dice hay que achicar el grifo”.

Esto es importante por dos motivos, “el primero es que el FMI señala que hay que subir tarifas porque si no crecen subsidios y aumenta el déficit y de nuevo a la misma bola. Desde el gobierno saben que aumentar tarifas en año electoral es más o menos como pegarse un tiro en los dedos. Hay una fuerte tensión de no subir tarifas de manera generalizados, una alternativa es una suba 0 para sectores vulnerables, una suba de 9 o 10% para sectores medios y para los sectores mayores la suba que corresponde”.

Otro elemento que condiciona es la discusión con el FMI es cuánta política social habrá. “Las organizaciones sociales señalan que la situación es critica. Es necesario que el Estado salga apuntalar, pero si lo hace incumple las metas del FMI. El gobierno está en un hilo muy delgado para lo cual la apuesta central fue mantener a todos en el diálogo”.

Congreso

“Hay dos proyectos en discusión parlamentaria. Incentivos para la construcción y modificación del piso de Ganancias. Buscan que “sectores de ingresos altos vuelquen recursos al gasto. Los incentivos a la construcción ya se ven, al tener tantas dificultades para acceder a dólares los sectores de altos ingresos con el sobrante que tiene salen a construir. La idea que tienen es darle más incentivo fiscal, desgravaciones. es bastante poco progresivo en realidad”.

Por último, mencionó que también hay acuerdo en “ampliar un piso de exenciones que permitiría a 1 millón 300 mil personas dejar de pagar Impuesto a las Ganancias y se supone que esos pesos se volcarían en la economía. Son seis u ocho mil pesos al año, no es fortuna”.

“Es una medida de corte electoral, ese gasto esperan volver a recaudarlo por la vía del IVA. Lo que habría que discutir cuáles son las distintas escalas y alícuotas. La canasta de pobreza es de 56 mil pesos y alguien que gana a partir del 55 mil puede pagar impuesto. Esto es irracional y se arrastra hace más de una década y en vez de reformar integralmente se hacen estos parches”.

La jueza María Selva Fortunato aceptó el amparo colectivo presentado por vecinas y vecinos de barrios afectados por la falta de agua. Ordenó que ABSA garantice el acceso a agua potable, informe sobre los surgentes disponibles y suspenda el cobro de las facturas.

La empresa deberá difundir en su sede, en las facturas y en la página web como “aviso importante para los usuarios” que fue iniciado este “proceso judicial colectivo en el que se solicita -en lo sustancial- que dentro de un plazo breve, razonable y de manera fehaciente, la empresa prestataria presente un Plan de Obras y Gestión para la adecuada prestación del servicio y que se vuelva al sistema defacturación asociado con el nivel de consumo”.

“El peligro en la demora no admite mayor discusión en tanto la disponibilidad de agua se encuentra indisolublemente ligada al derecho a la vida, a la salud y a la dignidad humana, especialmente en esta situación extraordinaria de pandemia que nos atraviesa en la que la higiene es fundamental para evitar la propagación de virus”, afirma Fortunato.

La titular del Juzgado Civil y Comercial N°2 dio 48 horas a Aguas Bonaerense S.A. para que implemente un “programa de contigencia que incluya la efectiva y regular entrega bidones con agua potable y el llenado de los depósitos domiciliarios de los particulares e instituciones que así lo requieran”.

Cabe destacar que la magistrada indicó que “la empresa deberá disponer los recursos humanos y materiales suficientes para realizar el abastecimiento sin otra intervención del usuario que la de habilitar el ingreso a la vivienda en el caso de que ello fuera necesario”.

Para ello, ABSA tendrá que habilitar y difundir una línea de atención telefónica y de mensajería “con atención y control permanente, debiendo cumplir con el requerimiento dentro de las cuatro horas siguientes a la recepción delpedido”.

Por otro lado, la jueza manda “habilitar e informar la ubicación de los surgentes disponibles y en operación, para que la población, en caso de ser necesario, pueda utilizarlos adecuadamente”. Respecto a la suspensión de la facturación del servicio de provisión de agua y sus accesorios, Fortunato indica que deberá alcanzar a los barrios indicados en la Resolución Nro. 167-ADA-2021 (Los Chañares, Bordeu, Don Ramiro, Altos de Bahía, Palos Verdes, Pacífico, Patagonia, Universitario, Amaducci, Kilómetro 5, Barrio Rucci, Comahue, Coronel Estomba, Microcentro, Patagonia Norte, Patagonia Chico, Molina Campos, Villa Harding Green, Stella Maris, Villa Don Bosco, VillaCerrito, Sanchez Elias, Nueve de Noviembre, San Cayetano, Villa Floresta, Mi Casita, Cooperación, Latino, Gral. Cerri, Villa Rosas, Villa Delfina y Piedrabuena) y a los usuarios que requieran acceder al plan de contigencia.

FM De la Calle recorrió las instalaciones de la Escuela Secundaria N°33 de Caseros al 2900. Su matrícula es de 106 alumnos y alumnas de sectores vulnerables. El colegio está construido con “aulas modulares de chapa”, es decir, containers. De las cinco ventanas de cada sala, solo una abre. Por protocolo podrían asistir siete chicos y chicas por cada una de las cinco aulas.

Docentes y no docentes coinciden en una cosa: no se puede garantizar la presencialidad de las clases en estas condiciones.

La escuela abre para que las familias de la comunidad retiren bolsones alimentarios cada quince días. “Ahora, cuando nos tenemos que poner en marcha y garantizar presencialidad no es posible hacerlo porque es una escuela que funciona en aulas modulares de chapa, son tan antiguas que las aberturas no se abren ni se cierran correctamente, entonces, una parte fundamental del protocolo que es la ventilación no se puede garantizar”, comentó la secretaria Sandra Glebocky.

La obra para reformar el edificio está aprobada pero no llegan ni los materiales ni la mano de obra. Todo está frenado.

“Los productos de limpieza llegaron y tendríamos para todo el mes de marzo. Por el tamaño de las aulas podríamos garantizar siete alumnos y un docente y ya se está subdividiendo cada curso”, agregó.

En relación a las y los docentes, la secretaria mencionó que tuvieron varias materias que se discontinuaron por la incapacidad de cubrir cargos en los actos públicos. “Si un docente de tercer año tenía licencia y no pudo ser cubierta su materia, esa cartilla va sin la actividad de esa materia”.

Glebocky agregó: “Cuando escuchamos por los medios a referentes educacionales, ministros que dicen que cada escuela se ocupe, que cada escuela vea, eso marca un individualismo, perdemos de vista el reclamo colectivo. Es un desafío para este año, el reclamo colectivo desde el no vernos”.

Cuando el Estado no está, la comunidad se organiza

“Trabajamos con una matrícula que ronda la marginalidad total, la escuela no tiene cooperadora o familias que paguen una cuota y naturalizamos esas cosas que tenían que venir desde otro lugar”, comentó Glebocky.

Para la impresión de los cuadernillos “hubo una colecta de dinero voluntario, se compraron diez resmas de hojas, cuatro toner. Vinieron a organizar la impresión, ponían nombre y apellido y el día de entrega de bolsones también venían los docentes a atender las necesidades de las familias”.

El año pasado egresaron once chicos y chicas, para el Día de la Familia docentes vendieron plantines para juntar el dinero para comprar un desayuno para cada pibe. Se juntaron en la plaza de la vuelta del colegio y organizaron un acto donde entregaron diplomas y medallas.

El comedor de les pibes

La escuela no tiene infraestructura de comedor, antes de la pandemia contaban con presupuesto para diez alumnos y, con ese dinero, “los días de educación física se daba el refuerzo de almuerzo. Ellos mismos se cocinaban panchos, pizzas, para todos. Eso es una experiencia de autogestión de ellos”.

Sandra enfatizó que “en la escuela el fuerte es pedagógico y eso se tiene que garantizar y si eso implica cuidar al hijo de una alumna, se hará; si hay que salir a reclamar, se saldrá y si hay que permitir que chicos y chicas tengan ideas como estas, se acompaña y se hace lo mejor”.

Cartonear” para pagar las resmas de hojas

“Durante el año empezamos a traer cartones para vender en forma particular, terminamos con un aula llena. Esa plata se usa para proyectos educativos, queremos pensar que si hay que volver a la virtualidad esta plata es para comprar hojas y tintas para imprimir los cuadernillos. El año pasado lo hicimos pero de nuestros bolsillos”, comentó Karina, la profe de biología.

Jorgelina, profe de literatura, mencionó que “este año está complicado, tenemos ganas de empezar y de poder verlos aunque sea un ratito por día. Es una comunidad donde los chicos tienen un nivel socioeconómico de medio tirando a bajo, hay muchas falencias y los chicos toman a la escuela como un lugar de resguardo”.

“El primer encuentro apenas nos veamos va a ser enseñarles a armar su correo electrónico. No funcionó el classroom ni zoom, solo WhatsApp y a nuestros teléfonos particulares. Si vamos a volver a la virtualidad nos gustaría enseñarles lo básico, usar un word, correo electrónico, enseñarles el contacto por zoom”, dijo.

Finalmente, destacó que “habíamos armado grupo a y b y al no tener patio, ni preceptoras porque dispensadas, iría el grupo a las primeras horas, se iría a a su casa y el grupo b, viene y se vuelve a ir. Las aulas no dan y tenemos que agregar un grupo c”.

“¿Cómo vamos a hacer? No sabemos”.

Nuevamente la empresa Dow generó preocupación entre whitenses y bahienses. Esta vez fue la fuerte luminosidad de la antorcha y el ruido a “turbina” parecido a “un trueno permanente” desde la tarde del domingo y parte de la madrugada del lunes.

Según informó el Comité Técnico Ejecutivo se debió a una falla relacionada al vapor de alta presión que utiliza un sector de la planta que provocó una parada no programada.

Walmir Morete, titular del organismo, dijo a FM De la Calle que recibieron cuarenta denuncias vecinales y la pregunta repetida era: ¿vamos a explotar?

“Seguramente sea una falla mecánica en algún motor, en alguna turbina, pero eso es algo que tiene que decir la empresa en el descargo que tienen que hacer por la infracción. Eso lleva otro tiempo”, dijo el funcionario.

Agregó que “cuando se asume que tenemos un polo petroquímico dentro de Bahía Blanca este riesgo lo tenemos. El riesgo va a estar siempre, siempre, siempre. No existe el riesgo cero. Los controles tienen que existir, nosotros hacemos hasta donde podemos, dentro de la planta hay cosas que podemos controlar y otras que no”.

El ingeriero explicó que el Cracking II -donde ocurrió la explosión de 2019- estaba parado por mantenimiento y que el incidente ocurrió en el Cracking I. “Cuando parás una planta de la forma que se paró ayer, donde vos no estás preparado, todo lo que está dando vueltas en la planta hay que ventearlo por la antorcha, toda la porquería va a la antorcha”.

“La planta se para porque ellos tienen un inconveniente en el vapor de alta presión, seguramente una caldera que genera el vapor ha tenido algún problema, eso todavía está por verificarse. En esa situación, por seguridad, el vapor que se inyecta a la antorcha no puede dejar de inyectarse, se da prioridad a eso y se para la planta”.

Morete detalló que “la luminosidad es por la cantidad de gases que se están largando y el ruido es por el vapor de alta presión. Entiendo que la luminosidad y el ruido no eran normales pero si la antorcha está prendida estamos seguros, si está apagada y pasa esto es un problema porque esos gases no se estarían venteando”.

“Si todo lo que sale de la planta lo mandás al medio ambiente sin que se queme estarías contaminando. Cuando infraccionamos por humo negro quiere decir que la relación entre llama, oxígeno y vapor no es la adecuada, entonces se genera ese humo negro que sí es contaminación y es cuando labramos acta de infracción”.

El titular del CTE comentó que el responsable de Medio Ambiente de Dow le dijo que cerca de la una de la mañana “ya habían empezado a normalizar la planta, el arranque es un proceso que lleva doce horas y una vez que arrancaba esa iniciaban la otra”.

La infracción fue por contaminación sonora: “Era un ruido perjudicial para la salud. Después de hacer un análisis durante la madrugada se llegó a la conclusión que estaban por encima de los niveles permitidos por la ley”.

“Las plantas del polo petroquímico son de proceso continuo, están todo el tiempo produciendo. Que pase algo de esto -te lo digo yo que trabajé dentro varios años- es normal… no sé si es normal pero cuando tenés un desgaste de equipos tenés mantenimientos preventivos, podés evitar que el equipo se rompa, pero muchas veces fallan y se rompen, puede haber un corte de electricidad que es algo caótico en una planta porque se para todo de golpe y no sabés para dónde salir, hay cosas que se pueden prevenir y otras no”, afirmó.

La Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría pidió la nulidad del “convenio ambiental” entre el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

Los trabajadores denunciaron que “se ha dado a Profertil un trato privilegiado, discriminatorio del resto, casi secreto, otorgándole audiencias privadas sin noticia de nadie y en abierta contradicción con la letra y el espíritu de lo ordenado por la Cámara Federal”.

El escrito firmado por el abogado Lucas Beier sostiene que la empresa “ha anunciado que invertirá 150 millones de dólares en una ampliación al doble de su planta ubicada en la zona portuaria, por lo que tiene que comenzar sus procesos aprobatorios y necesita sus ‘salvoconductos ambientales’. Pero está involucrada en cinco juicios ambientales, cuatro del fuero provincial y éste. Por algún lado debe empezar”.

El “galimatías de cinco hojitas” presentado por la multinacional fue homologado por la jueza Gabriela Marrón. “Algo tan complejo como esto necesitaría dictamen de algún especialista. Ni el fiscal ni la jueza han pedido que sea revisado por algún organismo ni por los peritos designados en la causa. (…) La jueza dice que cumple los parámetros científicos, no sé cómo lo sabe, tal vez ella tenga conocimiento en materia de tratamiento de líquidos industriales, yo no los tengo y no consta ningún informe técnico”, dijo Beier a FM De la Calle.

La apelación afirma que “Profertil viene contaminando hace más de 25 años, existe prueba científica de esto, pero ahora dice que en los próximos 18 meses mejorará sus sistemas de tratamiento de residuos industriales y para el fiscal corresponde extinguir la acción penal, es decir, no sancionar la conducta delictiva cometida. Y TODO ESTO SIN PAGAR UN SOLO CENTAVO EN REPARACIÓN DEL DAÑO”.

“¿Acaso cualquier (ante un) ciudadano que cometió un delito, si se compromete a no cometerlo más, tanto la fiscalía como la jueza también entenderán que debe extinguirse la acción penal?”, se preguntó el abogado.

A pesar de desconocer la existencia de aluminio, cobre, cromo, plomo, mercurio, cadmio y otros contaminantes en sus procesos, la empresa promete volcar sus efluentes a la ría con parámetros “más rigurosos”. “Si ahora, en la urgencia de la aprobación estatal de la ampliación industrial, saldría corriendo Profertil a hacer cosas que no necesita hacer porque siempre hizo todo bien, corresponde afirmar que siempre mintió”.

El representante de los pescadores insistió en que previo al acuerdo cuestionado, a contramano del fallo de la Cámara, “no se coordinó ninguna reunión de trabajo, no se escuchó a ningún técnico, no se convocó a los peritos, nada; por el contrario, se trae a juicio a alguien ajeno al proceso, el Instituto Argentino de Oceanografía, cuando ya la FAUBA y la Policía Federal Argentina son peritos de éste juicio y ha estudiado en profundidad la problemática del caso.

Por último, en cuanto a la “precariedad” de la oferta de Profertil, advirtió que “no dice qué, dónde, cuánto, cómo arrojará en el futuro al estuario. Menos dice quién, cuándo y cómo ha evaluado en forma imparcial e independiente la calidad y eficacia de hipotéticas instalaciones y procesos futuros que no detalla ni identifica (más allá de una elemental enunciación en unos pobres párrafos)”.

La médica forense Virginia Creimer dijo a FM De la Calle que las evidencias recolectadas ayer en el allanamiento al puesto de vigilancia de Teniente Origone le dan “mayor peso a la hipótesis de la participación de la Bonaerense en la muerte de Facundo”.

“En ese espacio donde estaba el caño y el colchón que dieron positivo al luminol, donde los perros marcaron el colchón, donde se encontró la turmalina, tenemos un montón de evidencias que nos llevan a pensar que Facundo estuvo acá y que acá probablemente haya sido lastimado”, enfatizó la jefa del servicio de Medicina Legal del Hospital Rossi de La Plata.

Durante el procedimiento realizado en el puesto donde se desempeña el policía Alberto González, se analizó el mismo sector en el cual encontró el amuleto del joven en agosto. Se trata de un calabozo en desuso ubicado al fondo del terreno, detrás de las oficinas. En esta ocasión, el hallazgo más significativo fue un trozo de turmalina similar al que tenía Facundo.

“Se levantaron 27 muestras, se encontraron restos de ropa de distinto tipo y tamaño que eran compatibles con ropa de Facundo, un calzoncillo que está en buenas condiciones y restos de la parte inferior de una zapatilla. Al examinarla y compararla con la zapatilla hallada indemne al lado del cuerpo de Facu es compatible con exactamente el mismo tramado de esa zapatilla”, explicó la perita.

Respecto al calzado, agregó que “este pedazo de suela estaba muy cerca de un colchón que se encontraba dentro del calabozo. Ese colchón, además de responder con numerosas manchas, tenía gran cantidad de pelo blanco de animal, compatibles con un perro que es del lugar. Puede ser que el pedazo de suela haya sido masticado por el animal porque estaba en el mismo lugar donde evidentemente duerme el perro”.

Pasadas las 15 ingresó el perito Marcos Herrero con sus canes Yatel y Casay. Yatel indicó con dos ladridos un lugar del calabozo. Casay también señaló el perímetro. Allí, luego de un exhaustivo trabajo “separando pedacito por pedacito, hoja por hoja, bichito por bichito” -según indicó Creimer- “encontramos un pedazo de turmalina que se mandó a analizar para ver si es compatible con la turmalina que le correspondía a Facundo”.

Procedimiento con luminol y luz UV

Al atardecer, luego de un cuarto intermedio, se retomó el peritaje. Esta vez para verificar rastros biológico con luminol. Según explicó Creimer, se trata de “un químico que ilumina, responde a manchas que pueden ser biológicas. Hablamos de sangre, saliva y semen”.

“En los lugares donde habían marcado los canes se encontraron muestras que tenían quimioluminiscencia (se prende una luz cuando hay sustancias biológicas). En la celda, por debajo del colchón, en el ángulo que forma la pared con el piso, hubo un caño de metal que dio francamente positivo”, mencionó.

Informe de la autopsia

El 25 de agosto se realizó la autopsia del esqueleto de Facundo, encontrado en la zona de Villarino Viejo. Creimer firmó en disidencia parcial los resultados presentados a principios de octubre y agregó sus propias conclusiones.

“En ese informe de 200 fojas, lo que hago es desarmar y volver a armar lo que ocurrió en tiempo y espacio. Hay evidencias del encuentro en vida de Facundo con la Bonaerense, hay un momento en el que desaparece y siguen existiendo evidencias de que la Bonaerense está actuando sobre la desaparición de Facundo. Las nuevas muestras lo que hacen es darle un mayor peso a la hipótesis de la participación de la Bonaerense en la muerte de Facundo”, señaló la médica forense.

El documento destaca que solo cinco de las diatomeas (microorganismos que se encuentran en general en el agua) identificadas en la médula corresponden con el agua donde se halló el cuerpo.

“Las diatomeas aparecen en la médula. Cuando une se ahoga tiene distintos pasos, el primero es que si está consciente lo que hace es tratar de no respirar para que no entre agua. En un momento la falta de oxígeno hace que uno respire el agua y eso entre al torrente circulatorio. Eso atraviesa los órganos y se acumula y preserva en la médula”, explicó.

Creimer comentó que la bióloga Nora Maidana, especialista en diatomeas que participó de la autopsia, afirma que “que haya solamente cinco tipos de coincidencias es un porcentaje muy mínimo para hablar de muerte por sumersión en ese lugar, porque eso habitualmente se da en porcentajes muchísimos más altos”.

“Puede ser que la muerte se haya producido con Facundo consciente y que se lo haya sumergido para que aspire el agua, puede ser que se le haya hecho un submarino húmedo, dentro de lo que son las torturas típicas de una fuerza como la Bonaerense, o se le haya sumergido la cabeza en agua contaminada con esas diatomeas”.

Señaló que “sí queda claro que en todo este desarrollo está presente la Policía Bonaerense”.

La experiencia del trabajo forense en crímenes de las fuerzas de seguridad

“Este trabajo es sumamente difícil, muy doloroso, no solo es trabajo técnico científico como médica sino que implica un compromiso permanente al lado de la familia para poder contenerlas y explicarles, tratar de que entiendan lo inentendible”, mencionó Creimer.

Enfatizó que “las fuerzas de seguridad en nuestro país siguen con un poder de bala intacto como en la mismísima dictadura. Las fuerzas de seguridad siguen matando pibes y pibas vulnerables con la misma facilidad y complicidad del Estado que durante la dictadura cívico- religiosa- militar”.

“El Estado es responsable en la medida que permita que haya juezas como (Gabriela) Marrón que no nos tomen las medidas para investigar o que haya fiscales como Ulpiano Martínez que no hagan su trabajo, en la medida que haya un ministro de Seguridad que mire para el costado. El Estado es responsable de la muerte de cada une de estes pibes y creo que es obligación de todes seguir adelante para que esto deje de pasar de una vez por todas”, finalizó.

En el marco de un cuarto intermedio en el desarrollo del allanamiento al puesto policial de Teniente Origone, la abogada de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, confirmó a FM De la Calle que, entre otras evidencias, se encontró en el lugar otro fragmento de una turmalina similar a la del colgante de Facundo.

“Se realizó una prueba exhaustiva que debió hacerse tiempo atrás, llevó apelaciones y una demora de cuatro meses. Sin embargo se logró el secuestro de varias evidencias, de sedimentos del lugar que permitirán hacer un estudio respecto de dónde provienen y fundamentalmente una marcación de uno de los canes del perito de parte Marcos Herrero que reaccionó frente al colchón, el mismo que se encontraba desde tiempo atrás en el calabozo. Todo ha sido resguardado para su análisis y debemos esperar los resultados”, afirmó.

Destacó que “lo más significativo es un trozo pequeño de turmalina que era la piedra que Facundo tenía y cuyos restos también fueron hallados en el patrullero Etios de Bahía Blanca”.

El abogado Luciano Peretto comentó el trabajo realizado desde esta mañana por la crimonóloga Virginia Creimer: “Tiene a cargo la labor criminalística y de tratar de buscar dentro de los lugares que son parte de la pericia los elementos que sean útiles para la investigación. Eso se consensuó con el equipo que está llevando a cabo la diligencia”.

La primera parte de la medida ordenada por la Cámara Federal y ejecutada por resolución del juez federal Walter López da Silva fue el secuestro de los materiales mencionados y la segunda se concretará durante las primeras horas de la noche.

“Tiene que ver con el reactivo de luminol, con esparcir el químico para buscar evidencias de manchas hemáticas”, dijo Peretto.

Respecto a la turmalina el perito Marcos Herrero aseguró que “podría ser el fragmento faltante que ya había encontrado Yatel cuando hicimos el trabajo en el Etios. Si bien esto es importante hay que tener cuidado y cautela en cómo lo decimos. (…) Es un fragmento de turmalina color negro que habría que hacerle un peritaje y analizarlo”.

“Estoy realmente agotada, fue un día largo y todavía nos resta mucho pero estamos firmes presenciando cada una de las pericias”, dijo Cristina Castro.

Esta mañana comenzó el allanamiento al puesto policial de Teniente Origone en el marco de la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Un equipo de FM De la Calle informa desde el lugar.

La medida fue ordenada por la Cámara Federal al revocar parcialmente el fallo de la jueza María Gabriela Marrón referido a diversas medidas de prueba solicitas por la Fiscalía y la querella.

El operativo fue finalmente convocado ayer por el juez federal Walter da Silva, quien se encuentra interinamente a cargo del Juzgado Federal N° 2 ya que la titular goza de licencia.

Participan los fiscal Andrés Heim y Horacio Azzolin; la Gendarmería Nacional, Cristina Castro y su abogado Leandro Aparicio, la perita Virginia Creimer, Marcos Herrero con sus perros Yatel y Casay, la representante de la querella institucional de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque y dos testigos.

Cerca de las 14, peritos de Gendarmería retiran en cajas prendas de vestir y otros elementos probatorios.

Cristina Castro: “Estamos ansiosos de rescatar nuevas pruebas”

“Sabemos que ha pasado mucho tiempo pero estamos ansiosos de rescatar nuevas pruebas para ya por fin llevar tras las rejas a todos los asesinos de Facu”, dijo Cristina Castro a FM De la Calle.

“Es un calabozo viejo donde habían manchas, un colchón, donde no nos permitieron levantar muchas cosas. Todas las pericias que faltaban, hoy las vamos a hacer”, agregó.

Respecto de los policías involucrados en la desaparición del joven, Cristina sostuvo que “siguen yendo a trabajar todos los días, ninguno ha sido apartado ni siquiera suspendido hasta que se resuelva la causa”.

La Bonaerense nunca se aparta

Durante la mañana un móvil con efectivos de la Bonaerense se acercó al lugar con intenciones de presenciar el operativo.

Tomaron fotos de la orden de allanamiento y tuvieron que retirarse tras la intervención del abogado Aparicio. Pasado el mediodía continuaban mirando desde la vereda de enfrente.

Del fallo de la Cámara Federal

En Origone “se conjugan el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el móvil que el 30/4/2020 era conducido por Alberto González (Toyota Hilux, número interno nro. 27.788, dominio PQH491); el amuleto ubicado en un montículo de basura en el sector trasero del destacamento, que según afirma la madre del joven, habría pertenecido a su hijo; sumado a que el último policía que tuvo contacto con él habría sido el nombrado González, quien en ese momento se encontraba a cargo de dicho Puesto de Vigilancia; y que según lo declarado por una testigo de identidad reservada (con posterioridad a la resolución de la jueza a quo) habría escuchado una conversación de funcionarios municipales de la zona indicando que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer, siendo una de esas prendas una gorra (de manera coincidente, una de las prendas encontradas en la mochila de Facundo, fue una gorra de Ford que él usaba, regalo de la testigo D.G., junto al resto de la ropa y los celulares)”.

“Por ello, se autoriza que se disponga un nuevo allanamiento e inspección sobre la totalidad de los ambientes y dependencias interiores, como así también, toda otra edificación y/o instalación del predio exterior que forme parte del establecimiento en el que se emplaza el Puesto de Vigilancia Policial de Teniente Origone, Villarino a efectos de que se proceda a la búsqueda y recolección de toda clase de rastros (biológicos o muestras de ADN, huellas, cabellos y fibras, incluidos aquellos correspondientes a fauna cadavérica, sedimentos, micro algas, entre otros); debiendo realizarse la búsqueda de sustancias hemáticas mediante el empleo del dispersado de luminol en la totalidad de los ambientes de las instalaciones antes referidas”.

La declaración indagatoria del secretario general de la UTA, Ricardo Pera, prevista para esta mañana fue postergada hasta el 29 de marzo. Se le imputan lesiones y amenazas contra su ex pareja. El ex concejal no pudo ser notificado.

La abogada Fernanda Petersen dijo a FM De la Calle que fue por “estrategias dilatorias” por parte de la defensa y advirtió que “vamos a seguir hasta que tenga una condena”.

“No dejamos de merituar que está citado a indagatoria: en la audiencia el fiscal le va a leer formalmente el hecho que se le imputa, le va a decir cuáles son las pruebas que hay y él decidirá si declara o no”, destacó.

La abogada de la denunciante explicó que la audiencia fue fijada a fines de 2020, “se presentó un certificado médico y la perito que hizo la evaluación dijo que estaba en condiciones de concurrir”.

“Con el dictamen pericial el fiscal fijó la audiencia para hoy y el defensor Sebastián Martínez presentó otro certificado médico advirtiendo que el acusado iba a estar fuera de la ciudad por un tratamiento, a lo cual se sumó la falta de notificación por parte de la Gendarmería”.

Petersen sostuvo que “claramente si no se pudo notificar formalmente no se le puede exigir que se presente. A partir de ahora estaremos más encima de este tipo de detalles y veremos qué medidas pedimos para evitar la dilación de la audiencia”.

“Para llegar a este momento se incorporó todo tipo de pruebas, desde testimoniales -que en estos delitos son muy difíciles y, en este caso en particular, es una persona que pertenece a un sector gremial, que tiene un poder específico, real y simbólico dentro de la ciudad-, se realizaron pruebas psicológicas, de los celulares, hay fotos”, enumeró.

Finalmente afirmó que “las dilaciones siempre operan en contra de la psiquis de la víctima. Que le tenga que avisar unas horas antes que esto se suspende por estos motivos claramente es otra situación violenta, es revivir lo que pasó”.

“También es cierto que el acompañamiento de las agrupaciones de mujeres que hoy están frente a la Fiscalía, sabiendo que no se iba a hacer la audiencia, muestra cómo está cambiando esta situación”.

Cristina Castro encabezó ayer una marcha con velas para recordar que Pedro Luro no olvida y exige verdad y justicia por su hijo Facundo. “Sabíamos que íbamos a pelear, no vamos a bajar los brazos nunca, hasta que todos los responsables estén tras las rejas”, dijo a FM De la Calle.

El viernes tres medidas judiciales reimpulsaron la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte: la Cámara Federal ordenó nuevas medidas de prueba, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín recusaron a la jueza Gabriela Marrón y el fiscal Santiago Martínez pidió apartarse de la causa.

El abogado Luciano Peretto afirmó que “el año de la desaparición nos tiene que encontrar con los primeros imputados”. “Veníamos haciendo un trabajo de hormiga, sabíamos que no iba a cerrar la causa, teníamos dos grandes pilares, Heim y Azzolin, cada cosa que iba a apareciendo era un golpe al alma”, sostuvo Cristina.

Se refirió al nuevo allanamiento que deberá realizarse en la estación policial de Origone y a los obstáculos de la jueza y de efectivos de la Bonaerense para desviar la atención. “Esperamos que sigan apareciendo cosas y poder gritar un día que lo logramos”.

En ese sentido, mencionó que una testigo de identidad reservada “estuvo mucho tiempo buscándonos e intentando declarar. Lo que nos dice es muy fuerte: (el intendente Carlos) Bevilaqua mandó a limpiar esa comisaría sabiendo que estaba la gorra de mi hijo que después apareció en el cangrejal”.

En cuanto al secuestro de los teléfonos de los policías Mario Gabriel Sosa, Jana Curruhinca, Siomara Flores y Alberto González dijo que le llama la atención que solo exista una foto de Facundo de espaldas: “Se encargaron de borrar la foto de frente, tenemos la esperanza de que aparezca algo más porque es muchísimo lo que borraron”.

En cuanto a las intimidaciones que recibe desde el comienzo de la búsqueda de su hijo, Cristina relató que recientemente tuvo que ir a La Salada a ver una persona que necesitaba asesoramiento legal y concurrió con Peretto: “Ingresamos y al rato estábamos rodeados de policía, nos filmaban, se escondían, yo estaba comprando aros para mi nieta. A mi trabajo desde que denuncié en noviembre el apriete que me habían hecho no fueron nunca más. Cada intimidación la voy a denunciar”.

“Creemos en la responsabilidad personal tanto del Ministerio Público Fiscal como de la jurisdicción de Bahía Blanca por haber denegado las medida de prueba, no haberlas producido, cuando por el principio de degradación uno va perdiendo material a medida que avanza el tiempo”, comentó el abogado a FM De la Calle.

Dijo que “la información que tuvimos por fuera de los informes de las empresas de telefonía nos daban indicaciones de comunicaciones sugestivas de altos funcionarios policiales a muy bajos funcionarios el 30 de abril cuando desaparece Facu”.

De la recusación de los fiscales contra la jueza destacó que le reprochan “filtrar información y haber mandado a hacer posiblemente un informe por encargue del IADO. (El organismo) se excede en sus funciones y la jueza obliga a agregarlo”. El abogado dijo que el escrito muestra “una fuerte motivación de querer cerrar la causa porque Facundo se ahogó”.

Explicó: “Los fiscales encargan un informe al IADO sobre mareas entre el día de la desaparición y el día se encuentra el cuerpo. Llegan dos, uno absolutamente irregular, sin firmar, solamente un estudio de mareas del 30 de abril. Fue devuelto para corregir. A su vez, envía el IADO un informe firmado por el presidente, que nadie había pedido, en absoluto y  flagrante exceso a sus facultades, es un informe más criminalístico que de mareas. A grandes rasgos dice que Facundo se ahogó porque se desvió y la marea sube cuatro metros y quedó empantanado”.

“Esto no resiste análisis, no fue incorporado y se devolvió. A este informe hace mención la jueza que no debió enterarse porque era parte de la investigación de los fiscales y les intima a que lo agreguen. ¿Cómo se enteró la jueza? ¿Hubo alguna suerte de diálogo con el IADO? ¿Ese es el informe que ella utiliza para llevar al archivo por accidente de una manera desajustada de la causa que se investiga que es la desaparición seguida de muerte?”.

A días del retorno a la presencialidad en los escuelas se vive un clima de incertidumbre en la comunidad educativa. Tanto docentes como familias de niños, niñas y adolescentes expresan sus reparos a la hora de asegurar la eficacia de los protocolos. Por otro lado, también están quienes reclaman la presencialidad 100% en las aulas.

“Con el diario del lunes superamos el año pasado pero no estoy dispuesta a pasarlo otra vez. Hay cosas que yo logré con mi hija, como la continuidad pedagógica, los contenidos para terminar la educación del jardín pero faltó su relación social con sus pares, hubo cambios de comportamiento, cambios en el sueño, no querer salir de casa. Eso antes no pasaba, los chicos en esta etapa necesitan de sus pares, ejercer su rutina diaria con otras personas, con docentes, con sus compañeros. Lo que pedimos son las clases presenciales el 100% para todos los niveles y todas las modalidades”, señaló a FM De la Calle Paula Cantera, integrante del grupo Padres Organizados.

Agregó que “el riesgo está porque estamos en una pandemia, creemos que con los protocolos es factible la actividad presencial en las escuelas, no es potestad de los padres planificar los protocolos, ni lograr que las aulas estén en condiciones, hubo tiempo. Hace once meses que las clases se suspendieron, al 17 de febrero hay instituciones que no han comunicado nada a las familias”.

Cantera es madre de una niña que este año ingresa a primer grado: “Si uno les explica el protocolo, hay un proceso de aprendizaje muy corto. No lo veo tan descabellado, lógicamente habrá juego de contacto, son niños. Tampoco me preocupa porque cuando va al parque se juntan con tres o cuatro de la misma edad, prefiero que juegue antes que se quede mirando”.

Por su parte, Cristina Molina, madre de un niño de segundo grado de una escuela del barrio Noroeste mencionó que “dicen que van a haber kits, me parece que es una gran mentira, no van a haber protocolos en las escuelas, no creo que estén capacitadas todas las escuelas para clases presenciales. No lo mandaría al colegio, tengo dudas de que se cumplan.”.

Señaló que “no mandaron ningún comunicado, no hubo reunión, falta muy poquito para empezar, no sabemos nada de como va a ser el protocolo, no sabemos cómo van a hacer las clases”.

“Me resultó muy difícil el año pasado, soy mamá, puedo enseñarle las cosas cotidianas pero pedagógicamente no estoy preparada para enseñarle al nene. El aula es en la casa, el nene se levanta muy seguido. Quisiera probar esta semana a ver si puedo lograr que tenga cuatro horas un barbijo puesto”, mencionó Molina.

En relación al contexto epidemiológico, Matías Mirofsky, presidente de la Sociedad de Medicina Interna, destacó que “es necesario retomar y en ese contexto ver de qué manera para que no sea un problema en cuanto a lo que pueda suceder en marzo o abril cuando llegue la segunda ola”.

“Son fundamentales los protocolos, no están a disposición, sí estamos seguros de que no van a asistir todos los alumnos a los colegios”, agregó.

En relación a las medidas de seguridad dijo que “los más chiquitos son los más respetuosos. Mi preocupación es entre los adolescentes donde la rebeldía es una constante”.

“La vacunación es importante tanto de maestros como personas de riesgo, en países avanzados ha generado impacto positivos, en Israel que es el país que más ha vacunado si se mira los números disminuyen drásticamente”, finalizó Mirofsky.

La Suprema Corte de Justicia revocó la condena contra el profesor Dante Patrignani por la supuesta afectación de la “buen honra y dignidad” del ex camarista Néstor Luis Montezanti.

El fallo (que puede leerse aquí) refiere al debate que la comunidad de la Universidad del Sur dio respecto a la posibilidad de que el abogado siguiera a cargo de materias del Departamento de Derecho a pesar de su complicidad con el terrorismo de Estado.

En ese marco se difundió la emblemática imagen que mostraba a Montezanti con gorra militar y la mención a su pasado como espía del Destacamento de Inteligencia 181. Cabe recordar que el ex docente está procesado por su participación en la Triple A bahiense.

Patrignani mostró su alegría este mediodía en diálogo con FM De la Calle y recordó que “esta es la última que quedaba de las cuatro demandas que me hizo”. Más allá de la devolución del dinero embargado por la justicia subrayó “el éxito político para que este tipo deje de festejar lo que hizo conmigo”.

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca había confirmado una condena en primera instancia y fijando el monto de la indemnización que fue apelada mediante el recurso extraordinario que hoy cierra la historia en favor de Patrignani.

“Con esto ganamos todas las causas que nos inició. Lo que queda es que la imagen que tenía hace cuatro o cinco años de tipo intocable que ganaba todos los juicios, que era imposible sacarlo de la universidad y de la justicia, se terminó de derrumbar. Más aun ahora que está imputado en la causa Triple A. Hay mucho para festejar”, afirmó.

Al momento de emitir su voto, el supremo Eduardo de Lázzari manifestó que “para afectar verdaderamente la dignidad de un hombre es preciso hacerlo (como decía Borges respecto de la injuria) de una manera memorable; el zafio uso de un panfleto con imágenes trucadas -me parece- hubiera caído prontamente en un justificado olvido, de no ser por este mismo juicio”.

Descartó, además, la violación del derecho a la intimidad: “La noticia que se divulga no refiere a la vida privada del actor sino a su paso por un organismo que, más allá de su naturaleza cuasi secreta, es (o fue) una repartición pública, donde Montezanti ha ejercido un empleo público, fue pagado con fondos públicos, etcétera; es decir, remite a aspectos de su vida que no son de su absoluta intimidad”.

Por otra parte, destacó como “fidedigno” y “relevante” el dato sobre la complicidad de Montezanti con la dictadura genocida, mediante su desempeño como PCI, “como para ser tenido en cuenta por aquellos que postulan a tal persona para un cargo, asisten a sus clases o pueden verse afectados por sus actos de gobierno”.

Por su parte, el juez Daniel Soria aseguró que Patrignani “se expresó públicamente en su condición de miembro de la Asamblea Universitaria de la UNS y en el alegado interés social de que la comunidad universitaria conociera la información así propalada”.

“Su divulgación (…) sin duda era de tono elevado, mas lo expuesto no era completamente inmotivado, ni portador de una finalidad claramente injuriante. Estuvo referida a extremos fácticos vinculados a aquel debate de interés general existente o promovido en el seno de esa comunidad universitaria, a propósito de la evaluación de las cualidades del actor para el desempeño de esas funciones”.

Soria agregó que “la manipulación de la imagen del actor plasmada en los aludidos ‘afiches’, con ser irritante lo cual resulta cierto no parece desbordar los límites de una razonable tolerancia en relación con la utilización de un recurso visual -satírico y mordaz como en el caso- tendiente a captar la atención por parte de sus destinatarios”.

Por “violencia moral”, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez pidió dejar la investigación sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro. El subrogante de la Fiscalía N°1 fue señalado desde el inicio de la causa como uno de los principales obstáculos para acceder a la verdad y al juzgamiento de los responsables.

Este viernes la Cámara Federal ordenó un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone y pidió que se secuestren teléfonos de los policías que tuvieron contacto con el joven de Pedro Luro. Además, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin solicitaron la recusación de la jueza por entender que pretende cerrar la causa bajo la hipótesis de muerte por accidente.

Martínez fue recusado dos veces por la querella y sostenido por la jueza federal Gabriela Marrón. Sin embargo, luego de una reunión en la cual Cristina Castro presentó sus quejas ante el procurador general de la Nación, fueron sumados a la causa Heim y Azzolin.

Ambos funcionarios se abocaron rápidamente a profundizar la pesquisa sobre la desaparición forzada mientras que Martínez siempre abonó la teoría del supuesto accidente.

“Ante la ausencia de un mecanismo que permita resolver disidencias o regule mayorías, se dificulta la labor en caso de no compartirse criterios –por más respetables, claro está, que estos sean- colocando a quien difiere en una difícil posición”, aseguró en su pedido de inhibición.

Martínez destaca la “pérdida de confianza” de la familia respecto a su accionar y al de parte del personal a su cargo. “Asimismo, he sido destinatario de una serie de manifestaciones injuriantes tanto dentro como fuera del proceso –mediáticamente-, donde se me ha descalificado profesional y personalmente”, se lamenta.

Como ejemplo del “manto de sospechas” sobre su accionar aludió a la declaración de la Testigo H: una mujer a quien se presentó como la última persona que vio con vida a Facundo. Su testimonio fue tomado sin presencia de la querella y, si bien se afirmó que había sido aportado por la Policía Federal, luego quedó en evidencia que la colocaron en ese lugar dos policías bonaerenses involucrados directamente en la causa.

“Las contingencias y circunstancias descriptas me han colocado en una posición que violenta mi espíritu, pudiendo eventualmente afectar a futuro la objetividad que me es requerida, posibilidad que hace aconsejable, por prudente, mi apartamiento que, interpreto, no entorpecerá o perjudicará de modo alguno la representación del Ministerio Público Fiscal”, finalizó.

La Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó que se realice un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone y pidió que se secuestren todos los teléfonos personales y oficiales de los policías que tuvieron contacto con Facundo Astudillo Castro el día de su desaparición.

Las medidas de prueba, solicitadas por los fiscales de la causa, los abogados de Cristina Castro y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como querellante institucional, habían sido rechazadas en primera instancia por la jueza María Gabriela Marrón.

Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin solicitaron la recusación de la jueza por entender que sus decisiones impiden avanzar con la investigación y pretenden cerrar la causa bajo su única hipótesis: la muerte por accidente.

Las querellas, que ya habían solicitado su apartamiento, acompañan el pedido del Ministerio Público Fiscal.

Esta tarde lo jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Larriera y Leandro Picado, hicieron lugar al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público Fiscal y revocaron parcialmente la decisión de la jueza María Gabriela Marrón, quien el pasado 15 de octubre había rechazado masivamente medidas de pruebas solicitadas por los fiscales y las querellas de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) querellante institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y los abogados de Cristina Castro habían señalado en que la resolución de la jueza causaba un profundo perjuicio a la investigación y apuntaban a una única dirección: desestimar la hipótesis de la desaparición forzada, aun cuando siga siendo la más fuerte y probada de todas las hipótesis, y cerrar la causa.

La resolución de la Cámara de esta tarde permite subsanar en parte aquel grave error. Los jueces ordenaron que se realicen dos de las más importantes medidas de prueba que habían solicitado: un nuevo allanamiento del puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de teléfonos personales y oficiales de los policías que tuvieron contacto con Facundo Astudillo Castro el día de su desaparición.

Sobre el primero de los puntos, el escrito de la Cámara detalla que el nuevo allanamiento e inspección se debe realizar sobre la totalidad de los ambientes y dependencias interiores, edificación y/o instalación del predio exterior que forme parte del Puesto de Vigilancia Policial de Teniente Origone, para la búsqueda y recolección de toda clase de rastros (biológicos o muestras de ADN, huellas, cabellos y fibras, incluidos aquellos correspondientes a fauna cadavérica, sedimentos, micro algas, entre otros); debiendo realizarse la búsqueda de sustancias hemáticas mediante el empleo del dispersado de luminol en la totalidad de los ambientes de las instalaciones.

En sus fundamentos, la Cámara sostuvo que ya existían en el expediente judicial pruebas que justifiquen este allanamiento: el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el patrullero que el 30 de abril conducía Alberto González, en ese momento a cargo del puesto policial de Teniente Origone; el amuleto de Facundo encontrado en un viejo calabozos del destacamento y la declaración de una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado a funcionarios municipales comentar que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer.

A la luz de esta decisión, tanto la CPM como la querella familiar reclamaron que se autorice la pronta participación del perito Marcos Herrero para impedir que nuevas demoras impliquen la pérdida de evidencias que pudieran recabarse en el lugar.

Sobre el segundo de los puntos, la Cámara sólo autorizó el secuestro de los teléfonos personales y oficiales que, durante el tiempo de la investigación, tuvieron o fueron asignados a los policías Alberto González, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Gabriel Sosa; los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, se puede confirmar que estuvieron en contacto con Facundo Astudillo Castro el día de la desaparición. Cabe recordar que el pedido de fiscales y querellantes incluía el secuestro de los celulares de más de 40 funcionarios policiales, entre ellos los superiores de los policías directamente involucrados en la investigación.

Asimismo, los jueces autorizaron a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a extraer, mediante software forense, la información que contengan los dispositivos que se secuestren y luego realice un análisis sistemático con las demás pruebas de la causa.

A la par de esta resolución de la Cámara, también se conoció el pedido de recusación de la jueza María Gabriela Marrón realizado por los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.

En la apelación presentada ante la Cámara, los integrantes del Ministerio Público Fiscal ya habían sostenido que las decisiones de la jueza implican una clara intromisión en las facultades que le competen a la fiscalía y que, en su conjunto, expresan una única idea: seguir como única hipótesis de la causa la muerte por accidente.

Con argumentos similares, la parcialidad manifiesta de la jueza Marrón y el poco interés por conceder medidas de prueba que investiguen la desaparición forzada seguida de muerte, la CPM y Cristina Castro ya habían pedido que la magistrada sea apartada de la causa. En ese momento, la Cámara rechazó el pedido de las querellas, que ahora acompañarán la presentación realizada por los fiscales Heim y Azzolín.