Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

Conforman mesa barrial en reclamo ante la falta de agua

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Vecinos y vecinas de la ciudad decidieron unirse en una mesa interbarrial en reclamo por la falta de agua. Se trata de los barrios Villa Rosas, Villa Serra, Spurr, Villa Talleres, Noroeste, Bella Vista y Rucci.

Anoche realizaron una manifestación en Ecuador y Av. Arias para pedir soluciones a corto plazo.

“Somos vecinos que decidimos juntarnos en una mesa abierta donde todos pueda participar para ver cómo solucionamos el problema del agua o, por lo menos, para llevar algún control de las obras que se están haciendo”, señaló a FM De la Calle Sergio, vecino de Spurr.

La mesa comenzó a funcionar este lunes, aunque las y los damnificados ya habían realizado acciones en conjunto, como por ejemplo enviar un petitorio al intendente para que los incorporen a la Mesa del Agua del Concejo Deliberante.

“La idea es unificar todas las luchas, este tema del agua nos está tocando a todos. Queremos hacer un llamado a los sindicatos para que se pongan codo a codo”, agregó.

Sergio destacó que “la situación del agua es la misma en toda Bahía, cuando empieza a hacer calor no alcanza para nada, el Rucci estuvo como cinco días sin agua, nosotros (Spurr) teníamos un hilito que no llenaba los inodoros. Esto es un problema crónico en Bahía”.

“De la gente que conozco es muy poca la que tiene agua normalmente. Hoy ya casi no alcanzó a llenar la mochila del inodoro en mi casa. Es una lucha larga y vamos a tener que organizarnos con los vecinos”, finalizó.

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“Héctor Gay camina hacia atrás y en chancletas”

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María de los Ángeles Rosón y Nicolás Marín, en representación del partido vecinalista Integración Ciudadana, sostienen que “las políticas de vaivén caracterizaron los últimos tiempos de la “gestión Gay”.

Para graficar lo dicho, en un comunicado que acercaron a FM De la Calle, esta fuerza política enumera:

  1. A comienzos  del año  2019, el Intendente pretendió derogar las ordenanzas que rigen el sector de la cultura bahiense, algunas de las cuales les aseguran  presupuesto municipal al área cultural municipal. La nueva Secretaria de Cultura Sra Morena Rosselló, llegó para quedarse y no dar su brazo a torcer. Acciones administrativas, manifestaciones y convocatorias populares, sumado a las  acciones del sector político local que integramos la Mesa de Emergencia Cultural, reclamaron fuertemente. Resultado: hoy las ordenanzas siguen vigentes y la funcionaria fue invitada a renunciar.  

Rosón y Marín señalaron que “Integración Ciudadana estuvo presente en cada lucha, en cada reclamo, con críticas, acciones  y propuestas, por eso  hoy nos permitimos afirmar que el gobierno local, avanza y retrocede después del hecho de la desaprobación popular” a la vez que solicitan “al Intendente Gay que las voces de los vecinos y vecinas sean escuchadas con anterioridad a la toma de decisiones políticas que afectan el interés público, y no solo en temas selectivos. De modo que los vaivenes de las decisiones políticas dejen de dar cuenta de las inconsistencias de Cambiemos”.

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Se reanuda el juicio a integrantes de la Triple A

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Tras la feria judicial se escuchará a los últimos testigos ofrecidos por la fiscalía: Raquel Barabaschi y Néstor Busso. Será este miércoles desde las 9 de la mañana con transmisión mediante el canal de Youtube de Audiovisuales UNS.

Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Están acusados de haber pertenecido a la Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.

Raquel Barabaschi es referente de los organismos pampeanos de derechos humanos y fue víctima del circuito de la sub-zona 14 durante la última dictadura cívico-militar. Su testimonio fue solicitado a fin de que declare sobre los vínculos de la Triple A de Bahía Blanca con hechos que tuvieron lugar en la provincia de La Pampa y, particularmente, sobre la intervención de Rodolfo Ponce y de su grupo armado en la persecución de sectores estudiantiles de izquierda pertenecientes a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de la localidad de General Pico, a principios de 1975.

Néstor Busso fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Rio Negro y víctima del circuito “Camps” durante la última dictadura cívico-militar. Fue convocado para que se explaye acerca del trabajo de investigación realizado por el testigo a través del Servicio de Documentación e Información Latinoamericana (SEDIPLA) en junio de 1975, respecto del asesinato del sacerdote salesiano y vicerrector del Instituto Superior Juan XIII Carlos Dorñak, como así también sobre la persecución a los sectores religiosos de izquierda de la ciudad de Bahía Blanca.

Fuente: fiscales.gob.ar

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Salud: acuerdo paritario en provincia de Buenos Aires

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El Congreso de delegados y delegadas llevado adelante el viernes pasado resolvió la aceptación de la propuesta que el Gobierno provincial formulara en la paritaria de la Ley 10471. La misma consistió en un aumento salarial del 9 % promedio para el mes de diciembre de 2020, lo que llevó el incremento anual, sumados los tres acuerdos alcanzados en el año, a un 44,6 % promedio de bolsillo respecto a diciembre 2019. La oferta incluyó un aumento del 48,1 % para el salario inicial (36 horas de labor semanal sin antigüedad), un incremento promedio del 44 % para residentes y un 36 % para  reemplazos de guardia. Estos quedaron, a partir del 1 de diciembre, en $ 13.852 para los días de semana y $ 16.593 para fines de semana y feriados.

Según informaron desde CICOP, “en la Mesa Técnica llevada a cabo el jueves 28, el Ministerio receptó nuestra demanda de ampliación de licencias, promoviendo la posibilidad concreta de tomar nuestra licencia anual complementaria (estrés) correspondiente al año 2020, a partir del hoy. La decisión debe ser notificada por la Dirección Provincial de Hospitales en forma inmediata, a fines de poder hacerla efectiva rápidamente. Finalmente, también se acordó una Mesa Técnica por el tema previsional para el jueves 4 de febrero, la continuidad de la discusión sobre temas pendientes, como las leyes de excepción para la regularización de la Carrera y las diversas tramitaciones demoradas en curso, así como la apertura de la paritaria 2021 en el mes de febrero”.

La crónica institucional señala que quienes participaron del congreso “expresaron los debates que se produjeron en las asambleas y consultas realizadas, con una buena valoración mayoritaria del porcentaje de aumento salarial alcanzado, teniendo en cuenta las cifras acordadas en la paritaria general estatal de la provincia de Buenos Aires (38,7 % promedio), así como lo que viene sucediendo en el resto de las discusiones salariales en el Estado Nacional y en el resto del país, incluyendo las específicas de Salud. Pero, a la vez, fue señalado también que los sueldos siguen siendo bajos, con valores levemente superiores a la línea de pobreza en la categoría inicial y con la mayoría de los ingresos por debajo del valor de referencia de la canasta básica publicada por ATE-INDEC”.

“Hubo un alto consenso en que las discusiones paritarias de 2021 deberán avanzar en la recomposición salarial, profundizando sus aspectos cuantitativos y cualitativos, avanzando en el blanqueo de las sumas no remunerativas, evitando los descuentos ligados al presentismo y estirando la pirámide, valorando así también la trayectoria en la Carrera. Para ello, sigue siendo indispensable dotar de los recursos necesarios a la Salud Pública, mejorando los presupuestos y fortaleciendo un sistema que, aún con sus grandes dificultades producto de decisiones políticas erróneas que llevan años, fue capaz de brindar respuestas eficientes ante el advenimiento de una pandemia de características inéditas”.

CICOP aclaró además que “como en cada cierre de etapa, quedan muchas cuestiones por abordar y resolver. La extensión del acuerdo salarial a todos los municipios de manera perentoria se impone como desafío en el corto plazo para revertir las inequidades – muy importantes en algunos casos – y la fragmentación del sistema de Salud también en materia de derechos laborales. La continuidad de la discusión salarial, profundizándola y enriqueciéndola tanto en valores como en calidad, continúa siendo vital”.

Pandemia y Vacunación

La entidad gremial difundió, además del acuerdo paritario, una serie de consideraciones sobre la situación sanitaria: “Sin lograr ser detenida, la pandemia por Covid-19 sigue causando estragos alrededor del mundo entero. Con epicentro en el hemisferio norte y comunicación de nuevas cepas, la problemática persiste en forma alarmante. Miles de nuevos casos diarios, confinamientos, toques de queda nocturnos y tensión extrema sobre los sistemas de atención, son la consecuencia directa de un cuadro altamente preocupante. Como en 2020, en el hemisferio sur observamos con gran preocupación su evolución, habida cuenta de lo sucedido en el año anterior y con la perspectiva de padecer una situación similar”.

En nuestro país, “nos encontramos con una estabilidad en la cantidad de contagios que se comunican cotidianamente, conformando lo que se ha dado en denominar una ´meseta alta´. La mayoría de los positivos se vuelven a dar en el área metropolitana, como al inicio de la epidemia, con la provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe como las más afectadas. Una ocupación de poco más del 60 por ciento de camas críticas en el AMBA nos mantiene expectantes, teniendo en cuenta que el sistema requiere de personal en las mejores condiciones para hacer frente a una segunda ola de contagios, lo que no sucede como debiera ser en todas partes”.

Todas las preocupaciones que se desprenden del cuadro de situación también “se extiende a trabajadores y trabajadoras de la salud que, aunque en menor proporción, seguimos padeciendo los efectos de la exposición al virus. Hasta la semana pasada, cerca de 35.000 contagiados y al menos 225 fallecidos corresponden al personal sanitario provincial. La demanda se sostiene y las dificultades en las condiciones de asistencia también, con la escasez de personal y el pluriempleo como manifestación sistemática. Ello constituye mayores riesgos para enfermarse, con la consiguiente afectación de los equipos de Salud y, naturalmente, de la propia salud de trabajadores, trabajadoras y sus familias”.

“En este contexto, el advenimiento de las vacunas es una gran noticia. La inmunización se viene llevando adelante en los establecimientos y, aún con algunas imperfecciones, es un dato favorable para el tiempo que viene. Contar con una respuesta inmune acorde a la necesidad nos permitirá trabajar de mejor forma para hacer frente a la atención. Todavía falta el acceso a la vacunación completa de muchxs de los integrantes de los Equipos de Salud, en particular del Primer Nivel de Atención, por lo que reclamamos que se cumplimenten los esquemas con las dosis requeridas en las próximas semanas”.

Finalmente, el gremio advierte que “una preocupación que ha surgido durante la semana que pasó es el retraso en la producción de las vacunas, lo que nos ha llevado a contar con menor disponibilidad de las mismas en los últimos días. Considerando que el proceso recién se inicia y que tenemos por delante un tiempo que demandará de un gran esfuerzo, hemos planteado en el Comité de Crisis provincial el involucramiento de los sindicatos, los comités de crisis locales, los Equipos de Salud territoriales y de todxs aquellxs que puedan contribuir a llevar adelante con éxito la tarea, ya que de ello dependerá la posibilidad de combatir una pandemia que viene asolando a todos los rincones del planeta”.

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Agua: organizaciones políticas se posicionan frente a la emergencia

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En las últimas horas, el tema que atraviesa horizontalmente a la ciudadanía bahiense es la falta de agua. Desde el mes pasado, vecinos y vecinas salieron a las calles en reclamo de soluciones. Durante la mañana de ayer, se entregó un petitorio al intendente municipal. Al anochecer, hubo manifestaciones en distantitos puntos de Bahía Blanca. Las organizaciones políticas se posicionan ante un problema recurrente y la ausencia de políticas definitivas. En este artículo, repasamos las miradas y propuestas de Nuevos Vientos e Integración Ciudadana sobre este asunto.

Nuevos Vientos sostiene que “la emergencia que vivimos como ciudad respecto a la provisión de agua vuelve urgente un plan de acción coordinado entre los gobiernos municipal, provincial, nacional y la comunidad” ya que “es impostergable tomar la iniciativa urgente que de paliativos a la necesidad de miles de bahienses en acceder a un derecho básico como es el agua”.

OTRO TEMA ESENCIAL EN EL QUE EL INTENDENTE GAY HACE “AGUA” ¿Cómo calificar las conductas de los funcionarios que por un…

Publicada por Integración Ciudadana en Lunes, 25 de enero de 2021

Recuerda que “el Bloque de Concejales del Frente de Todos presentó el Proyecto para declarar la Emergencia Pública en Materia Hídrica en Bahía Blanca en el HCD que fue aprobada por unanimidad el 17 de diciembre.  En ella se plantea la conformación de una mesa de gestión del agua que hasta el momento no se ha constituido”.

Desde este espacio reclaman “la urgente implementación por parte del municipio de la Mesa de Gestión del Agua que prevé la participación de Absa, representación de vecinos de los barrios afectados, el ejecutivo y el deliberativo local” y proponen una serie de tareas “que pueden emprenderse de forma urgente”.

Estas tareas son: realizar un “mapa actualizado diariamente de los barrios afectados por baja presión y por ausencia de agua; hacer público el plan de ABSA de mejora de la red y evaluar si son suficientes los recursos dispuestos; llevar adelante un seguimiento del cronograma de obras a licitar y su ejecución; sumar a fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para la distribución y ensachetado de agua; sumar camiones cisternas aptos para la provisión de agua potable, conociendo lo atendido diariamente; ejecutar un programa de asistencia para personas mayores que viven solas en barrios con problemas de suministro (problemas de cantidad y calidad del agua) y uno de asistencia a edificios multifamiliares; habilitar un plan de refuerzo cuando la temperatura sea superior a 30 grados; generar una partida municipal especial para suministro de agua en barrios populares; llevar adelante controles de piletas y bombas de agua en la red en domicilios; acordar la baja en el valor del agua envasada con los principales comercios de la ciudad, con control de precio de la OMIC y promover acción de las empresas del polo para el reuso de agua industrial y disminución del consumo de agua potable durante estos meses de emergencia.

Por su parte, desde Integración Ciudadana se preguntan “¿Cómo calificar las conductas de los funcionarios que por un lado te exigen lavarte las manos y por el otro no te suministran el mínimo de agua para ello?”

Emergencia del agua en Bahía Blanca. Algunas propuestas de acción.

Publicada por Nuevos Vientos en Domingo, 24 de enero de 2021

Esta fuerza política sostiene que “la situación de carencia de agua y de saneamiento en nuestra ciudad golpea fuertemente a toda la ciudadanía y a todas las viviendas, de un modo u otro. Ya sea por la falta total del servicio, por la  disminución del abastecimiento, por los desbordes cloacales, por la ausencia de calidad, por los caños rotos en las calles y las pérdidas de agua, por las tarifas inaccesibles y por los cortes deliberados de suministro, entre otros motivos. Se suceden los gobiernos locales y la deficiencia continúa. Esta vez hay una diferencia, los vecinos y las vecinas han llegado al límite de la tolerancia. Además, el contexto de pandemia y las elevadas temperaturas agravan la situación”.

“La deficiencia y falta  de provisión de agua atenta contra la dignidad de la gente, porque el acceso al agua y al saneamiento es un derecho fundamental, que el Estado, en toda su extensión, tiene la obligación de garantizar. Sin embargo, lo que se ha recibido ante los reclamos realizados a la empresa ABSA y al Departamento Ejecutivo, es la nada misma”.

Del mismo modo, reclaman que “el municipio debe exigir a ABSA la inmediata provisión de agua y regularización del servicio de abastecimiento; que, por intermedio de las delegaciones, debe en 24hs proveer el listado de vecinos en estado de vulnerabilidad que necesitan el suministro mínimo e indispensable, detallando las situaciones especiales de merenderos, iglesias, geriátricos, y similares que atienden a los grupos de personas más desfavorecidas; ABSA debe suspender el cobro de las facturas hasta que se regularice el servicio y debe presentar el cuadro de lugares de roturas y el plazo inmediato de reparación indicando personal afectado, incluyendo contratistas; los vecinos autoconvocados deben fiscalizar el cumplimiento de estas medidas urgentes”.

Desde este enfoque, exigen “al gobierno provincial y a la empresa ABSA que cumpla con los mandatos constitucionales y convencionales de derechos humanos, dando una urgente solución de provisión mínima de agua saludable, suficiente, asequible y accesible”.

“El intendente y sus funcionarios no pueden seguir jugando más al gran bonete: no hay competencias exclusivas frente a la pandemia, las responsabilidades son concurrentes”.

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Detenidos en Puan: la Comisión Provincial por la Memoria se presentó como Amicus Curiae

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Fue el viernes 22 de enero, ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala I Departamento Judicial Bahía Blanca. Se trata de una presentación colectiva en favor de los quince jóvenes detenidos. Cuestionan la medida de prisión preventiva, apelando a la normativa vigente y a la doctrina en derecho y atendiendo a la situación de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, agravado por el actual contexto sanitario en contexto de pandemia.

En el escrito señalan lo desmedido de la prisión preventiva, y su empleo incorrecto por el juez de garantías Mercuri, entendiendo que “la prisión preventiva, como medida cautelar, sólo puede tener fines procesales. Su carácter procesal significa que la coerción se utiliza para garantizar la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal. No se puede recurrir a la detención preventiva para obtener alguna de las finalidades propias de la pena”.

Enumeran fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteando que la CIDH “ha consagrado, dentro del contexto general de los instrumentos internacionales vigentes, que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.9°.3),pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación del principio de inocencia”.

En este sentido afirman que “la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad pena”.

Además piden ser reconocidos como Amicus Curiae, esta figura jurídica  tiene por objeto enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas.

El contexto

Desde hace un mes, en la cárcel de Villa Floresta, continúan detenidos 15 jóvenes de Puán. Esta localidad de unos 5000 habitantes vive de la agricultura y la ganadería mayoritariamente y en general las juventudes no tienen posibilidades laborales ni de estudios. El fiscal Mauricio Del Cero se dedicó a investigar lo que caracterizaría como banda de narcotraficantes, igual que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consultado por las detenciones ordenadas por el juez Guillermo Mercuri.

Según la agencia ANRed, ninguna de las personas detenidas tía antecedentes penales, algunas sólo eran cultivadoras de marihuana, recientemente reglamentado su cultivo con fines medicinales, todas ellas con el común denominador de ser jóvenes.

Cinco de las personas detenidas fueron liberadas, pero aún hay 15 jóvenes que continúan detenidas en condiciones deplorables de vida, como dormir en el piso sobre frazadas, con cucarachas, chinches, el estado calamitoso de higiene y salud en que se encuentran los presos en las cárceles no solo del Servicio Penitenciario Bonaerense, sino de todo el país.

Fuentes: CPM, ANRed

Foto: ANRed

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Interrupción Legal del Embarazo en Bahía: ¿desde dónde partimos para implementar la ley IVE?

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(Por Giuliana Crucianelli) La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se aprobó el 29 de diciembre pasado y se reglamentó el 15 de enero. Sin embargo, el aborto por causales ya era legal desde su incorporación en el Código Penal hace cien años. Ahora bien, ¿desde dónde partimos? ¿Qué trabajo se venía haciendo en Bahía y la región con lo que ya era ley? ¿Qué posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo, estipulada por el CP, había hasta la aprobación de la ley?

En el 2012 la Corte Suprema reinterpretó el marco normativo y precisó el alcance del aborto no punible o ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86 del CP en tanto ‘algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre’.

Sabemos que por más de avanzada que sea la ley, si no se lleva a la práctica es letra muerta. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires realizó el primer informe (en CIEN años) de gestión de la ILE, durante el primer semestre del 2020. Hasta entonces no existían registros ni datos oficiales sobre la interrupción del embarazo sistematizados y confiables, necesarios para la toma de decisiones y el monitoreo de la política pública. Por lo tanto, no era posible establecer la cantidad de ILEs que se realizaban en la PBA.

Región Sanitaria

En la Región Sanitaria 1, que comprende 15 municipios, quienes hasta la aprobación de la ley contaban con equipos de ILE, eran tan solo cinco: Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Coronel Rosales y Adolfo González Chávez.

“En aquellos municipios donde no hay equipos se cuenta con derivación al (Hospital) Penna y llegan las demandas del 0800 de salud sexual para poder coordinar el acceso a esa práctica. Llega una solicitud por mail, me contacto con la persona y en el caso que no pueda trasladarse a Bahía coordinamos con el Municipio para que le garantice el acceso al viaje”, señaló a FM De la Calle, Mariana Rubio, referenta regional del Programa de Salud Sexual y reproductiva del Ministerio de Salud provincial.

En abril y mayo del corriente año las demandas de ILE a nivel provincial superaron las 500 secuencias mensuales. “La duplicación de casos en el primer semestre de este año corresponde entre otros motivos con el ASPO”, señalan en el informe.

¿Qué pasa en Bahía?

En lo regional, se estima que se realizan 50 interrupciones legales del embarazo al mes. La mitad o más corresponden a Bahía.

“Desde el primer nivel de atención, en varias Unidades Sanitarias hay equipos que garantizan el acceso hasta la semana 12. En el Hospital Penna desde la semana 12 hasta la 19 se está atendiendo la demanda (para abortos no punibles no hay límite de edad gestacional). En el Penna se atiende a las mujeres de municipios que no cuentan con equipos de ILE. El Hospital Municipal no cuenta con equipo para garantizar la ILE”, destacó Rubio.

Según el informe del Ministerio “del total de interrupciones legales de embarazo registradas en la provincia, el 57% se realizaron en el primer nivel de atención, en su mayoría en Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS); mientras que el 40% en el segundo nivel, principalmente en hospitales provinciales”.

“En Bahía, antes de la pandemia había 56 unidades sanitarias funcionando, se redujeron para efectivizar la atención, pese a que en la red somos 30 efectores, son 15 unidades en las que funcionamos. Eso significa que una persona tenga que cruzar la ciudad para dar con alguien que garantice el derecho. La mayor parte de las ILE se garantizan en el primer nivel, sin embargo, en unidades sanitarias solo el 10% de efectores lo garantizamos. Esto sobrecarga al personal y genera barreras. Estamos esperando que la Secretaría de Salud dé una respuesta, generando una sensibilización al personal de la salud», destacó la médica e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Belén Ferro Moreno.

Según Gabriel Peluffo, director del Hospital Penna “se trabaja en forma coordinada con la US. Se está cumpliendo lo que la ley propone, no hemos tenido grandes problemas con lo que marca la ley”.

Misoprostol

Desde el Colegio de Farmacéuticos señalaron en FM De la Calle que el precio del Misoprostol, medicación utilizada hasta la semana 14 para procedimientos ambulatorios, depende de la marca y del laboratorio. Actualmente se consiguen dos en nuestra ciudad: Oxaprost y Misop 200. Se venden bajo receta archivada, como los psicofármacos, y cuestan por encima de los 7 mil pesos la caja de 12 comprimidos.

En tanto, en el sistema de salud público, Mariana Rubio informó que “el Misoprostol viene directamente desde la provincia y el Penna recibe exclusivamente para su uso, y en Región Sanitaria hay para los municipios. A partir de marzo la provincia comenzó a garantizar la compra del Misoprostol y la distribución. El insumo esta garantizado desde allí para todos los municipios”.

Abortar acompañada de redes y organizaciones feministas

Sin embargo, por fuera del sistema de salud, también se aborta. Las Socorristas en Red contabilizaron del 1/1/2020 al 27/12/2020, 475 acompañamientos.

De esos datos se desprenden que “el 76% manifiesta haber sufrido algún tipo de violencia siendo la emocional y física las de mayores porcentajes.”

De las personas que abortaron con Socorristas “el 63% tienen hijxs. El 36% tiene trabajo formal, mientras que el 24 % trabajo informal y el resto (40%) no tiene trabajo”

La conquista de un derecho elemental para la autonomía de los cuerpos como lo fue la sanción de la Ley de IVE es un logro trascendental y ejemplificador en toda América Latina. Sin embargo, no hay que perder de vista la realidad a la que nos enfrentamos, desde dónde partimos y el trabajo que todavía resta hacer.

Será un nueva tarea de organización y pedagogía feministas poner las redes a rodar para supervisar, señalar y reclamar, cuando haga falta, la correcta implantación de la ley: sin dilaciones, sin maltrato, sin revictimización y como insistimos hace más de 30 años. Nos lo deben, nos lo merecemos.

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Lesa humanidad: en 14 años se dictaron 250 sentencias con 1013 personas condenadas y 164 absueltas

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Hasta el 4 de diciembre hubo 9 sentencias, con 51 condenas y 7 absoluciones, lo que implica una caída respecto de años anteriores y una tendencia a la baja. Se consolidó la prisión domiciliaria como modalidad de detención.

El 70% de las sentencias espera revisión. Las etapas recursivas tienen las mayores demoras. Las causas en instrucción, advierte, necesitan “la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento”.

Los datos corresponden al Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina que contiene el diagnóstico realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Desde la reapertura de las causas fueron dictadas 250 sentencias desde 2006 en las que resultaron condenadas 1013 personas y absueltas 164.

El trabajo realizado por la oficina a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos sistematiza, procesa y analiza la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales de todo el país que intervienen en este tipo de procesos.

Entre las principales conclusiones respecto del proceso de juzgamiento de estos crímenes durante 2020, la Procuraduría explica que “más allá de la situación excepcional de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO), persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”. Entre otros datos, indica que el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.

Asimismo, pone de relieve que “disminuyó el total de sentencias dictadas durante el 2020 respecto del año anterior [de 22 a 9], y el número de personas detenidas” (863 en la actualidad) y que “se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante”. El 74 % de las personas detenidas (unas 638) transita la detención en su domicilio, lo cual implica que las personas detenidas en cárceles y otros establecimientos suman 225.

De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Las causas

En relación con las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, la Procuraduría puso de relieve:

  • Al 4 de diciembre de 2020 se registran un total de 623 causas en las que se han investigado crímenes contra la humanidad.
  • De las 250 sentencias dictadas desde 2006, 173 de ellas (un 70 %) posee alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, lo cual significa que no se encuentran firmes. Al menos 101 recursos se encuentran a la espera de resolución en el máximo tribunal del país; involucran a 150 personas en 39 causas.
  • La caída en la cantidad de sentencias durante 2020 “podría analizarse por la situación excepcional en la cual se decretó el DNU 260/20 que estableció el ASPO, sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso -en los casos de juicios que tramitan bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal (ley 2372)- que no iniciaron durante el 2020 (10), el descenso hubiese sido similar al año 2018”, cuando se dictaron 18 sentencias en todo el año, lo cual contrastó con las 27 de 2017.
  • Durante el ASPO, se suspendió el debate en 12 causas y se reanudó en 11.
  • Existen 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia: 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y sólo 2 de ellas tienen fecha de inicio para 2021. Ello implica que “además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido”, indica el informe.
  • El resto de las causas, unas 280, se encuentra en instrucción, “un número estable en todo el período” de 14 años entre 2006-2020: en 9 de ellas se dispuso la elevación a juicio y en 13 el MPF formuló requerimiento de elevación a juicio. Respecto de estos últimos números, son “los niveles más bajos registrados desde 2015”, señala.
  • En relación a las causas en instrucción, “el informe estadístico es demostrativo de que el volumen de causas que se encuentran en etapa de investigación por crímenes de lesa humanidad requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible”, valora la Procuraduría.

Las personas

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, desde 2006 a la actualidad 3448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad. En ese universo se encuentran incluidas las 1013 condenadas y las 164 absueltas.

Hasta el 4 de diciembre del año que culmina, obtuvieron sentencia 58 personas, de las cuales 51 fueron condenadas y 7 absueltas. De esta forma, se “consolida una tendencia descendente desde el 2017, año en el cual quienes resultaron sentenciados/as fueron 234. En 2019 las personas sentenciadas habían sido 95 y 108 en 2018”, precisa.

Mientras tanto, “continúa siendo alto el número de personas que aún no han obtenido sentencia”, dado que 628 se encuentran procesadas y 176 con falta de mérito. Otras 614 tienen pedido de convocatoria a prestar declaración indagatoria, mientras que 39 fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.

Otras variables relevantes están expresadas en los siguientes guarismos:

  • Son 276 las personas condenadas con al menos una sentencia firme, y 24 las absueltas: 27% y 15% del total en cada caso, respectivamente.
  • A lo largo de este año fallecieron 36 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. En todo el país se registran 29 prófugos.
  • De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Los plazos

De acuerdo con el estudio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y el dictado de la clausura de la instrucción por parte del juez es de 5 meses. Desde la elevación a juicio hasta el veredicto, pasan 2 años y 4 meses en promedio. Y entre la sentencia del tribunal oral y el último fallo de la Corte Suprema pasan 3 años y 7 meses en promedio.

En torno a las demoras en la conclusión de los procesos, la Procuraduría regresa en el informe 2020 sobre el concepto de “espiral recursivo”, el cual desarrolló en su balance correspondiente a 2019. Ese concepto tiene que ver con la práctica que ordenó el sistema de reenvíos desde la Cámara Federal de Casación a los tribunales orales para que dicten una nueva sentencia sobre los puntos casados. Ello implica que la nueva sentencia de los TOF sea pasible de un nuevo recurso y consecuente revisión por el máximo tribunal penal, estirando el trámite del proceso.

Fuente: fiscales.gob.ar

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Covid en el penal de Saavedra: “No les importa la vida del preso”

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En la Unidad Penal de Saavedra los internos conviven hacinados y prolifera la Covid 19. Así lo denunció uno de los detenidos, Gustavo, quien contrajo el virus y recién fue aislado cuatro días después de los primeros síntomas.

Tras una presentación de su abogado, el interno fue trasladado a un aula de la escuela del penal con otro interno. Sin embargo, comparten baño con otras catorce personas contagiadas.

Gustavo dijo a FM De la Calle que, a pesar de que no los hisoparon, se siente “bien” aunque tiene dolor de cabeza y náuseas.

“Tratan de taparlo pero la gente se va contagiando igual”, señaló.

En un pabellón con capacidad para sesenta personas hay 120. Muchos internos con prisión preventiva solicitaron la detención domiciliaria pero la Justicia rechazó los pedidos. Si bien para salir del pabellón tienen que utilizar barbijo, adentro se comparte el mate y escasean las medidas de higiene.

“Dentro de los pabellones hay gente de riesgo, diabética, no les dieron bolilla. Gente de más de setenta años, con discapacidad, hay una persona con bastón que camina muy dificultosamente”, agregó.

Señaló que luego de hablar con su abogado comenzaron a suministrarle la medicación requerida. “Acá hay cero derechos humanos, esto es culpa de la Justicia que tiene que descomprimir las cárceles. No les importa la vida del preso”, finalizó.

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Ya renunció Rossello: ahora deben cambiar de política

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(Por UMSur*) Finalmente, Morena Llanca Rossello renunció al cargo de Directora del Instituto Cultural de Bahía Blanca. La renuncia había sido exigida por nuestra organización gremial a pocos días de haber asumido su cargo en diciembre de 2019 debido a su intento de derogar todo el marco normativo de acceso a derechos culturales en la ciudad (Instituto Cultural, Eventos con Continuidad en el Tiempo, Espacios Culturales Independientes, Fondo Municipal de las Artes, etc.).

A su vez, el Comité de Emergencia Cultural, integrado por ediles y ex concejales de todos los períodos desde la recuperación de la democracia hasta ahora, buena parte del movimiento obrero y todas las organizaciones culturales firmaron una carta exigiendo su renuncia ante las paupérrimas políticas en contexto de pandemia.

Nos parece saludable que el ejecutivo municipal reconozca el fracaso de sus políticas en materia cultural a través de esta renuncia. Sin embargo, la misma se efectiviza pocos días después de haber votado (por doble voto del presidente del Concejo Deliberante) el presupuesto 2021. En el área de cultura, se trata de un presupuesto de ajuste que no llega siquiera a empatar el nivel inflacionario respecto del período anterior.

Si se trata de un cambio real que reconoce que el gobierno municipal debe cambiar de rumbo, el flamante director del Instituto Cultural José González Casali debe dar una muestra clara al respecto reactivando el sentido democrático de las políticas culturales que impulsamos desde las organizaciones gremiales y sociales que conformamos el entramado artístico y cultural de la ciudad.

En este sentido, vemos con preocupación que la primera medida de este nuevo grupo de trabajo que toma el área cultural vaya en sentido contrario: se ratifica a Rubén García, quien fue cuestionado por haber sido contratista y planta, arte y parte, y además ha sido denunciado por organizaciones feministas de manera pública y notoria. Esta definición política preocupa dado que insiste en adoptar una postura autoritaria desde el gobierno que no escucha los señalamientos de los actores involucrados en la cosa cultural y comunitaria.

A pesar de ello, quedamos a disposición para reanudar el diálogo con las nuevas autoridades municipales teniendo en cuenta que atravesamos unas circunstancias dramáticas en medio de la situación pandémica y el poder ejecutivo municipal debe tomar rápidas y profundas medidas en materia cultural.

El pasado 10 de enero se cumplió un año de la jornada histórica en la que todas las organizaciones de trabajador♪s de la cultura y la comunidad colmamos el recinto del HCD y logramos detener la derogación de las ordenanzas históricas que garantizan nuestros derechos. Hoy renuncia la funcionaria que intentó implementar esta política de hecho.

Demás está decir que si es solo un cambio de nombre, lucharemos con la misma vehemencia que lo hemos venido haciendo en defensa de los derechos culturales de nuestro pueblo y los derechos laborales de nuestros compañeros y de nuestras compañeras.

En suma, para que el cambio no sea mera descompresión en contexto electoral, exigimos:

  • Pleno funcionamiento de las instancias de participación comunitaria como el Consejo Cultural Consultivo
  • Restablecimiento de los talleres y programas cerrados durante la gestión Rosselló
  • Implementación de un plan de contingencia ante la pandemia que logre volcar recursos para garantizar el desarrollo de actividades no presenciales
  • Pase a planta permanente de personal precarizado durante años
  • Cese del programa de precarización
  • Refuerzo de las partidas destinadas a cultura dentro del Instituto Cultural, de acuerdo a lo solicitado por las organizaciones por escrito, previo a la presentación del presupuesto municipal
  • Reapertura del Teatro Municipal en condiciones seguras para los trabajadorxs y público
  • Pleno funcionamiento de la Serenata Municipal
  • Pleno funcionamiento de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar
  • Pleno funcionamiento de la Comedia Municipal
  • No a la privatización del espacio público

*UNIÓN DE MÚSIC♪S DEL SUR.

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Morena Rossello renunció a la dirección del Instituto Cultural

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La dimisión fue exigida por organizaciones culturales, sociales, gremiales y políticas en octubre del año pasado. El Intendente Héctor Gay designó a José Ignacio González Casali en su reemplazo. Hasta el momento, se desempañaba como director de Cultura de dicho instituto y estuvo a cargo de los Organismos Artísticos del Sur durante el período macrista en la provincia de Buenos Aires.

La funcionaria saliente adujo que se retira por “necesidades personales y nuevos desafíos profesionales”.

El municipio anunció que “se crea el Gabinete Cultural de Bahía Blanca, que dependerá operativamente del Instituto Cultural, con los siguientes objetivos: Coordinar el diseño y planificación de las políticas culturales y artísticas de la ciudad; articular los programas y acciones específicas del Instituto Cultural, en sentido amplio e integrador de las distintas formas de la cultura; profundizar la relación con los ámbitos de la cultura y el arte, y con los diversos espacios culturales, artísticos e intelectuales de la ciudad; planificar acciones tendientes a construir comunidad a partir de las expresiones barriales, la cultural popular y el arte emergente”.

El Gabinete Cultural estará integrado por tres Directores, quienes trabajarán de manera coordinada y horizontal junto con el Director del Instituto, en la búsqueda de consensos y para lograr el diseño de una política cultural que incluya a todos los sectores de la cultura bahiense, y que se convierta en política de Estado de la ciudad.

Lo conformarán: “la actual Directora de Museos y Centros Culturales, Marina Fuentes, el actual director de 2 Museos (Bellas Artes + MAC), Christian Díaz y el actual Director de Cultura en Espacios Públicos, Rubén García”.

“Marina Fuentes, como directora de Acción Cultural, estará a cargo del Fondo Municipal de las Artes, los Espacios Culturales Independientes, Eventos Permanentes, la relación con las Escuelas de Arte, los talleres artísticos, el Centro de Estudios Folcóricos, etc”. Cabe destacar que ninguna de estas funciones están previstas en las ordenanzas vigentes.

“Rubén García como director de Arte Emergente, estará a cargo de las Culturas y Arte Urbano, las actividades culturales en espacios públicos, el Cultural de Tiro, el Centro Cultural La Isla, la Estación Sur, los Carnavales (sic), etc”.

García fue cuestionado en agosto pasado por la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca ya que “hay reiterados testimonios de mujeres que sostienen que esta persona ha ejercido prácticas violentas en sus espacios laborales o en tareas relacionadas a su profesión”. A su vez, la oposición señaló, cuando fue designado bajo el área de urbanización a cargo de Tomás Marisco, la incompatibilidad que implicaba el cobro de órdenes de compra a su vez que percibía su salario como empleado municipal.

“Christian Díaz, como director de Museos y Artes, estará a cargo de los Museos (2 Museos, Ferrowhite, Del Puerto, De Ciencias, Histórico, Fortín Cuatreros y Del Deporte), el Centro Cultural Malvinas y la Comunicación del Instituto”.

¿Qué dice la oposición?

El presidente de la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante, Carlos Quiroga (FdT) dijo a FM De la Calle que “la ahora ex funcionaria lideró una feroz acción de encono y destrato para con las trabajadoras y los trabajadores de la cultura y fue quien encarnó la intención de derogar las ordenanzas de creación del Instituto Cultural y complementarias”.

“Fue además la responsable de la ejecución cero de los presupuestos afectados del área a su cargo. En lugar de invertir recursos en el desarrollo de acciones culturales que hubieran servido de soporte psicoafectivo para nuestra  comunidad en pandemia, optó por la ultra precarización de nuestros y nuestras artistas, dejando a la intemperie los derechos culturales de los y las bahienses”.

Sin embargo, Quiroga sostiene que “la incorporación de Rubén García al staff del IC deja al descubierto, como sospechamos, que su ingreso a la administración a través de la Secretaría de Movilidad, fue apenas un artilugio para llegar a este lugar, tema sobre el que, institucionalmente, planteamos nuestros reparos sin obtener ninguna respuesta”.

Finalmente, para el concejal “el gobierno de Gay tiene la oportunidad de demostrar que su no política cultural, fue responsabilidad de la ahora ex funcionaria. O no…”.  

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#Es ley: “Tenemos derecho a jugar y a contarlo”

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¿Para qué sirve el cuerpo de las mujeres? ¿Sólo para procrear y ser cuidadoras? ¿Para el goce sexual y visual de los hombres? ¿Para vender productos y fantasías? No y no. Con sus cuerpos mujeres, jóvenes y niñas pueden (y deben) jugar, correr, abrazar, entrenar, transpirar, relatar historias y aventuras.

Negar el derecho a abortos legales, seguros y gratuitos era persistir en el mandato que el cuerpo a la mujer no le pertenece. Era continuar ese concepto de que un cuerpo gestante es de la sociedad y el sistema capitalista que lo utilizan para reproducirse y multiplicar desigualdades e injusticias.

Y fue así como el mundo del deporte fue alejado durante décadas del alcance de mujeres y disidencias con deseos y habilidades para ser protagonistas tanto en el juego, entrenamientos y competencias, como en planos dirigenciales, arbitrales o en diversas profesiones en torno a ámbitos deportivos.

Camila Recalde es periodista deportiva y comunicadora feminista. Ella fue parte de la transmisión especial de FM De la Calle en la jornada histórica en la que se debatió y aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el último 29 de diciembre en Plaza Rivadavia. Con ella conversamos sobre los derechos y desafíos que se amplían desde ahora.

“Debatir esta ley, es hacer explícito el derecho que tenemos para decidir sobre nuestros cuerpos. Que nuestras voces sean escuchadas y nuestros deseos respetados. En el deporte se hace muy notoria la falta de pluralidad de voces de género y disidencias. En Bahía Blanca somos solo dos las mujeres que hacemos periodismo deportivo en radio. Junto a Fabiola Natalio, durante mucho tiempo trabajamos y nos formamos para estar a la altura de cualquier tarea relacionada a esta profesión. Sabemos que hay muchas mujeres capaces de ser parte de coberturas y transmisiones deportivas y no son convocadas para estar frente a la cámara y a los micrófonos. Hay mucho potencial acá, pero permanece esa mirada patriarcal sobre qué podemos o no hacer”, explicó Recalde.

Por deporte… y deseo

Jugar, entrenar, competir y ser protagonista del deporte es un poder más construido desde los feminismos. Animarse a sentir en los cuerpos todas esas sensaciones que fueron negadas durante décadas era impostergable. Sin embargo, el periodismo deportivo avanza muy lento hacia una perspectiva de comunicación más democrática.

“Es muy difícil hablar de perspectiva de género en la comunicación cuando las mujeres y disidencias no estamos en los medios, cuando nuestras voces no son escuchadas para contar lo que nos pasa o sucede alrededor. Surgen varios problemas allí, sobre todo en el modelo de medios hegemónicos, que nos guste o no, es más masivos. En esos espacios sigue existiendo discriminación y violencias. Creo que con diálogo, capacitaciones y ejemplos de trabajo cotidiano podremos construir otra comunicación más inclusiva”, aseguró la periodista.

Y fue más allá: “Busqué relacionar aborto y deporte en noticias o crónicas publicadas y de eso no se habla. Hay algunas periodistas o deportistas que se proclaman a favor de ley IVE, pero enseguida salta la implicancia de hacer actividad física con los riesgos de abortar. Y ahí otra vez aparece la estigmatización y la desinformación”.

Nos fue censurado el deporte, como palabra y ejercicio. Y se nos había negado transitar las experiencias corporales que a su vez, nos enseñaban a tener conciencia de nuestros derechos para decidir cómo nos queremos ver y qué queremos para nosotres. Hoy la deconstrucción que muchas realidades reflejan está pariendo nuevas oportunidades, merecidas conquistas y necesarias transformaciones en tal sentido.

Camila, integrante además de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, fue contundente: “Ojalá el periodismo deportivo pueda estar a la altura, y sus masculinidades (algunas lamentables cómplices de violencias que se perpetúan) tengan la voluntad y sabiduría para revisar sus privilegios y correrse del centro de la cancha. Tenemos derecho a jugar y a contarlo. Podemos discutir sobre fútbol o cualquier deporte, estamos capacitadas para ocupar cualquier rol profesional: relatar, comentar, entrevistar, y además pensamos estrategias deportivas como política de cuidado e inserción social y laboral”.

Camila Recalde y Fabiola Natalio. Foto: Ayelen Angerami.

Nos mueve el deseo amoroso que condena la clandestinidad y el individualismo. Queremos libertad y salud para todas las personas gestantes. Para que puedan gestar sueños, proyectos, dudas y revoluciones, además de embriones. Gestar la vida que deseen vivir. Con cicatrices y triunfos elegidos. Como derecho conquistado y destino merecido.

Y no podríamos expresarlo mejor que Tamara, militante de Las Martas Fútbol feminista888… “En el jugar hay una potencia hermosa y en el juego colectivo esa potencia se vuelve infinita. Si le agregamos jugar a algo donde se suponía que no debíamos estar nosotras, si le agregamos que nuestros cuerpos ocupen (desde el deseo y el placer) espacios pensados sólo para hombres, la combinación conlleva una irreverencia imparable. El fútbol jugado por mujeres es fútbol feminista y eso es revolucionario. (…) Que las canchas y la vida toda, sean nuestras”.

Que la comunicación y el periodismo… también.

888 Declaración publicada en el libro Feminismo para Jóvenas, editorial Chirimbote.

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Inundación en el Teatro Municipal

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Durante la madrugada del seis de enero el Teatro Municipal sufrió otro embate: ante la presión de agua desbordó un tanque -por la falta de flotante- y algunas tuberías de la nueva instalación de prevención de incendios que quedaron sin tapón desagotaron sobre las escaleras internas. Aproximadamente, hasta las seis de la mañana cayó agua desde el tercer piso (altura paraíso) hasta el subsuelo, de manera ininterrumpida, generando así una inundación sobre la parte más baja y llenando de humedad el material por donde el líquido fue pasando. Se vieron comprometidas documentación de los Organismos Artísticos el Sur (archivo), butacas, paredes y los lugares donde funcionaban luthería y la Asociación Artistas del Sur.  

En este video se ve un trabajo de bombeo para absorber el agua:

El director de Cultura del Instituto Cultural, José Ignacio González Casali, dijo a FM De la Calle que no hubo daños estructurales y que la empresa se hará cargo de los perjuicios realizados, a partir de una cláusula del contrato firmado entre las pares. Se trata de la firma CONSAR que resultó beneficiaria de la licitación para realizar la obra de prevención de incendios.

El hecho no ocurrió mientas se estaban llevando adelante tareas de prueba sino en las primeras horas de la jornada, cuando no había nadie en el establecimiento, aumentó la presión de agua (como ocurre en la ciudad en horas de la noche) y debido a la falta de elementos que anularan las tuberías y la falta de funcionamiento del flotante..

Ahora hay que esperar a que se sequen las paredes para terminar de evaluar el estado edilicio. Hasta el momento, se sabe que el deterioro en las paredes levantó la pintura, que llegó a acumularse unos 10 centímetros de agua sobre el subsuelo y que cuando terminen las obras habrá que hacer un trabajo para recuperar el aspecto inicial.

El funcionario municipal confirmó además que comienza la última etapa de obras previstas. Se trata de la que corresponde a la instalación eléctrica y que espera que sea terminada en el plazo de seis meses. González Casali sostuvo que, siendo prudente, en agosto podría estar todo terminado como para reanudar la actividad.

Mientras se llevan adelante estas obras de mayor magnitud (sistema de prevención de incendios y sistema eléctrico) desde el IC comentaron que se van realizando arreglos más pequeños a medida que avanzan las obras, aprovechando las circunstancias del cese de actividades artísticas.

El histórico teatro permanece cerrado desde el año 2019, cuando durante la primera gestión de Héctor Gay, el director del Instituto Cultural, Ricardo Margo, comunicó la decisión de interrumpir su intensa actividad. Lo hicieron antes de recibir el informe de la UTN, en el que finalmente se refiere a la necesidad de realizar obras como las del sistema eléctrico pero se destaca el buen estado general de las condiciones de infraestructura del edificio. Al menos, hasta ese momento.   

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Barrio Evita: “Las condiciones de habitabilidad y sanidad son escandalosas”

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Vecinas y vecinos del Barrio Evita reclamaron ante las autoridades de la Delegación de Villa Rosas “una inmediata regularización” de la recolección del residuos en el sector.

“Ya disponer de contenedores denota una discriminación hacia nuestro barrio, dado que el resto de los vecinos de la ciudad cuentan con la recolección individual en cada domicilio, pero si además de los pocos contenedores que hay, se llevan algunos y no recogen la basura en los que quedan, las condiciones de habitabilidad y sanidad del barrio son escandalosas”, afirmaron.

El barrio comprende cerca de 30 manzanas donde viven más de 500 familias las cuales disponen de “solo tres contenedores”.

Según informó la Agrupación Sureando, “el municipio se comprometió en el transcurso de 15 días a acondicionar las calles (Santa María, La Pinta y Juncal) para que los camiones recolectores puedan ingresar al barrio, también a colocar temporalmente bateas complementando los contenedores de Sapem”.

“Esperemos que se realicen estas tareas y en un corto plazo se logre que el camión pase por cada domicilio, así el barrio Evita tiene el mismo derecho que el resto de los ciudadanos de la ciudad y no sean tratados como ciudadanos de segunda”, agregaron.

En una nota dirigida a la Subsecretaría Legal y Técnica destacaron que el Evita está inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares y sus habitantes tienen “derecho a los servicios de infraestructura que debe disponer el municipio”.

“Queremos que la recolección se haga en cada domicilio y si es necesario entoscar las calles para que acceda el camión recolector, deseamos que así se haga”, manifestaron.

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Se vota el presupuesto municipal

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El Concejo Deliberante tratará esta tarde el Presupuesto Municipal 2021. El Colectivo de Espacios Culturales Independientes, la UMSur y la Asociación de Actores denunciaron un “violento ajuste contra todas las áreas sensibles, entre ellas, el Instituto Cultural”.

Aseguraron que está en manos de las y los concejales “modificar nada más y nada menos que la herramienta que define prioridades para este año que estará atravesado por la pandemia y por la aguda situación económica que padecemos, especialmente quienes trabajan en condiciones de precarización laboral”.

Semanas atrás, las organizaciones entregaron un análisis de los números presentados por la gestión de Héctor Gay al presidente del Concejo, Fernando Compagnoni.

“Este proyecto de presupuesto se presentó luego de haberse ‘comido’ prácticamente un presupuesto entero durante 2020. Presupuesto que podrían haber ejecutado para sobrellevar la situación de manera humana, teniendo en cuenta la posibilidad de haber llevado adelante actividades no presenciales”.

Afirmaron que de aprobarse la iniciativa, “quienes voten favorablemente, serán responsables de una decisión política que condena a miles a la segregación social, a no acceder a sus derechos culturales y a la afectación directa e indirecta de fuentes de trabajo genuinas y necesarias en este proceso tan complejo ya que la cultura debería jugar un rol central en el marco de las políticas de salud y de salud mental”.

Por último, las organizaciones destacaron que “ajustar en cultura en este contexto tan delicado es ejecutar violencia contra la ciudadanía, por motivos que hemos expresado durante todo el año pasado”.

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La madre de Celina Paredes pidió a las mujeres no callarse más

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Esperanza Valdiviezo encabezó este miércoles la movilización en Mayor Buratovich para reclamar justicia por su hija Celina Yésica Paredes, productora de cebollas del MTE Rural, quien a los 21 años y siendo madre de dos hijos fue víctima de un femicidio por parte de su pareja, Juan Torrejón Huallpa.

  La mamá de la joven retribuyó el acompañamiento de más de mil personas de esa localidad y otras ciudades de la región: “les agradezco que me hayan acompañado. Pensé que iba a pasar este momento sola pero estoy acompañada por todos ustedes. Sé que mi hija no va a volver y esto no tiene que pasarle a ninguna familia más. A las mujeres que sufren violencia, les pido que no se queden calladas, no tengan miedo, y hablen”.

 En ese marco, Laura Vázquez, referenta del MTE Rural en Mayor Buratovich, expresó que “la respuesta de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad para pedir justicia fue impresionante. Fue una movilización grandísima que salió casi sin organización. Todos sentimos la necesidad de salir a reclamar y pedir justicia”.

 “Queremos que este femicidio no quede impune como muchas veces ocurre por culpa de la justicia machista y patriarcal”, planteó la militante del MTE y agregó que “exigimos al Estado acompañamiento para la familia de Celina”.

 Asimismo, Vázquez señaló la necesidad de que se construyan “políticas públicas para erradicar la violencia machista y que se generen equipos interdisciplinarios para que las compañeras puedan expresar lo que viven y tengan el acompañamiento que necesitan para salir de esas situaciones”.

 El de Celina es el tercer femicidio en lo que va del 2021, mientras que el año pasado fueron asesinadas 298 mujeres por razones de género: un femicidio cada 29 horas, de los cuales el 65,5% fueron ocasionados por las parejas y las ex parejas en el ámbito familiar, según datos del Observatorio Ahora Que Si Nos Ven. Estos números escalofriantes  también  golpean con fuerza a las mujeres y diversidades del campo y demuestran la desigualdad y el poder de la cultura machista que todavía sigue gobernando en nuestros territorios.

Fuente: MTE Rural

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Femicidio en Buratovich

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Un femicidio sacude a la localidad de Mayor Buratovich, se trata de Celina Yésica Paredes de 21 años, quién fuera asesinada por su pareja Juan Torrejón Huallpa.

Paredes era madre de una niña de dos y un niño de cuatro años, quienes estaban en el domicilio cuando ocurrieron los hechos. La comunidad se congregó en una movilización para pedir justicia por Celina.

La joven era oriunda de La Plata y hacia tres meses que estaba radicada en la localidad del Partido de Villarino, donde había llegado para trabajar en la cosecha de cebolla. Integraba el Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Laura, compañera del MTE y amiga de la familia, señaló a FM De la Calle que “la mamá de Celina se enteró que había muerto por las redes, llegó esta mañana y no pudo verla. Celina era buena, pegada a los hijos, muy tranquila, no te daba indicios de que estaba sufriendo violencia de género”. Por otro lado, mencionó que los hijos se quedarán al cuidado del padre de la víctima.

Señaló que Martínez se encuentra detenido aunque no tiene denuncias previas realizadas por Celina.

“Burato es muy chiquito, de 10 mil habitantes, la noticia nos cayó como un balde agua fría. Como movimiento también venimos trabajando el área de género como para tener en claro que las mujeres rurales también sufren violencia, encontrándonos desamparadas, sin saber qué hacer”, comentó Laura.

Desde el MTE expresaron que “necesitamos equipos de abordaje y acompañamiento para situaciones de violencia en nuestros territorios, en articulación con organizaciones sociales, campesinas e indígenas”.

Tres femicidios en los primeros cinco días del 2021

El sábado una mujer de 63 años fue asesinada en su casa de la localidad bonaerense de Grand Bourg. Por el femicidio detuvieron a su hermano mayor.

En Sierra de los Padres, en un paseo comercial, una comerciante de 41 años fue asesinada de un balazo en el cuello por un hombre que trabajaba en ese lugar y que le recriminó a la víctima que lo acusara de un supuesto abuso previo.

Por su parte, el Observatorio de Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” dio a conocer las cifras finales sobre femicidios de 2020, las cuales arrojaron un total de 298 casos, es decir, uno cada 29 horas.

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#EsLey: “Feminismo y cooperativismo están íntimamente conectados”

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Sabrina García, integrante de KÜDAW, cooperativa que asesora a otras cooperativas, participó de la transmisión especial de FM De la Calle durante el debate de la IVE en el Senado y puso de manifiesto las relaciones entre cooperativismo, feminismo y autonomía para decidir.

“Feminismo y cooperativismo están íntimamente conectados. Como cooperativista hay valores y principios dentro del movimiento que tienen que ver con el feminismo y la lucha por la autonomía, es una forma de hacer economía, de organizarnos en territorio, de ser dueñas del propio destino”, enfatizó.

Señaló que desde KÜDAW “hemos visto crecer la cantidad de cooperativas de mujeres y disidencias que han surgido en estos últimos tiempos. Eso viene a plantear una forma de economía distinta. Por ejemplo, el cooperativismo de cuidado. Hay una discusión alrededor de esto, nos preguntamos si volvemos a asignarle las tareas de cuidado a las mujeres y las disidencias. Ahí marco una diferencia porque el sistema ha asignado valores a las actividades, el cuidado no tiene un valor económico, el cooperativismo viene a decir tenemos el rol de cuidado, queremos hacerlo pero vamos a cobrar, nuestro servicio tiene un valor económico. Viene a romper la lógica con el cuidado gratuito”.

García es co-conductora de Impulso Cooperativo, programa que lleva tres años consecutivos en el aire de la 87.9: “Relacionándolo con el aborto yo pienso en las cooperativas de nuestra zona, el estar tan lejos de los centros urbanos, aunque sea 100 km, hace que no se esté cerca de los derechos de otros y otras y el que sea ley va atener que ver con una militancia territorial”.

Respecto a las cooperativas de mujeres y disidencias surgidas ante las crisis señaló que es necesario “no pensar el cooperativismo como una rueda de auxilio ante las crisis. Se lo relaciona como la economía de los pobres, hay que plantear un cooperativismo de transformacional social que venga a decir que hay una forma distinta de organizarse económicamente que transforma a la comunidad”.

“El plus que agrega el cooperativismo es que también sos parte de una organización en la que tenés voz y voto y en la que podés acceder a la dirigencia. Ahí las mujeres participan políticamente, es cierto que no sucede fácilmente porque todo está atravesado por un sistema patriarcal. El cooperativismo bien organizado es la democracia perfecta”, finalizó García.

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