40 organizaciones de profesionales de la salud realizaron una jornada de lucha para reivindicar el cobro de un bono para el sector y reclamar elementos de protección en cantidad y calidad y la apertura de paritarias.

“En cada una de las jurisdicciones se están pidiendo paritarias, salarios, que no haya más personal precarizado”, dijo a FM De la Calle Jorge Yabkowski, secretario general de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de Salud.

Ya son más de 864 les trabajadores infectades, nueve de les cuales fallecieron.”Tenemos un poco más que España e Italia. Pero Italia tuvo más de 100 muertos entre los trabajadores de salud. En números era enorme”, comentó.

Respecto al trato que reciben, Yabkowski aseguró que “un tema es la estigmatización social, que ocurrió en otras pandemias para aislarlos de la sociedad, esos son resabios de una sociedad atávica. Yo creo que es una minoría pero una minoría ruidosa. Y la errónea visión que tienen de culpabilizar a la víctima. Estamos trabajando con equipos de protección insuficiente, con capacitación insuficiente y con personas asintomáticas. Para cuando cae el jefe de terapia infectado, estuvo en contacto con medio hospital y hay que cerrar el hospital”.

En cuanto a la detección del virus mencionó que “no hay test disponibles para todo el personal de salud, 500 mil test hay disponibles, lo que dijimos es focalicemos en las áreas de mayor circulación”.

“La cuarentena se está rompiendo por la presión social y porque la gente tiene que salir a trabajar. El miedo está bajando porque no hubo una curva tan pronunciada y hay que ser muy cuidadosos”, concluyó de cara al futuro del aislamiento.

“No queremos juicios virtuales, queremos juicios públicos, con gente en la calle, con actividades en las escuelas. Para nosotros los juicios son un elemento de la lucha cultural no un ejercicio de reparación que, por supuesto, respetamos y no vamos a obstaculizar”, dijo a FM De la Calle el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman.

La Cámara de Casación recomendó que los tribunales orales que tengan en trámite causas de lesa humanidad reanuden los debates “con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”. Entre los mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A.

Schulman afirmó que “hay que diferenciar entre los juicios que están comenzado si queremos que terminen pero prestamos mucha atención a la repercusión social de los juicios. Nosotros buscamos disputar contra las ideas de quienes eliminaron y desaparecieron a los compañeros y para eso los juicios virtuales nos quedan muy chicos”.

“Por supuesto, en todos los casos nos atendremos a la opinión de las víctimas y de los sobrevivientes, no somos nosotros los que vamos a decidir por encima de ellos. Sí recibimos la opinión de muchos compañeros que no quisieran que sus juicios sean virtuales, esperaron 40 años para otra cosa”, agregó.

El titular de la Liga concluyó que “como en tantas otras cosas, después nos moveremos dentro del terreno de lo posible pero vamos a intentar que los juicios sean lo más públicos posibles. Tengo en mi memoria el inicio del primer juicio en Bahía cuando estábamos todos en la calle y después entramos a la Universidad Nacional del Sur. Eso es lo que queremos, eso es lo que tiene sentido, lo que le duela la derecha. No creo que un juicio por zoom le moleste mucho”.

Piden activar la Comisión Interpoderes

Las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, la puesta en funcionamiento de la “Comisión Interpoderes” para delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la pandemia COVID-19.

“Conscientes de las dificultades que conlleva el aislamiento social, preventivo y obligatorio para la continuidad de los juicios, pero también atentos a los derechos de las víctimas como de los imputados en los procesos que se están llevando adelante, manifestamos ante la Corte que ‘se hace imprescindible la creación en su ámbito de un grupo de trabajo interdisciplinario que pueda planificar y poner en marcha estos procesos de una manera coordinada e integral, de acuerdo a las particularidades de cada jurisdicción, ya que lo realizado hasta el momento ha demostrado ser ineficaz e insuficiente’”.

El 30 de abril, los organismos también reclamaron a la Cámara de Casación Penal que se reanuden los juicios y, a su vez, que se convoque a la Comisión Interpoderes para atender inmediatamente la situación de estos procesos y pedir además el acompañamiento de testigos víctimas del terrorismo de Estado en el contexto de aislamiento social.

(Por UMSur, Asociación Argentina de Actores y Espacios Culturales Independientes) A más de cuarenta días de aislamiento, los espacios abajo firmantes manifestamos nuestra total preocupación por la total ausencia de políticas públicas hacia la cultura en el ámbito del gobierno municipal de Bahía Blanca.

El día 19 de marzo, la Asociación Argentina de Actores y la Unión de Músicos del Sur presentaron a las autoridades un Plan de Contingencia que buscaba colaborar con las políticas públicas en materia de salud mental y arbitrar un sistema de contrataciones para amortiguar el impacto económico hacia nuestro sector, teniendo en cuenta que se ve imposibilitado de trabajar (y por ende, de registrar ingresos), desde el 12 de marzo.

El gobierno se comprometió a llevar adelante una reunión para analizar la propuesta. Sin embargo, no solamente no hizo sino que el día 3 de abril lanzó “Cultura en Casa”, una iniciativa que no califica de política pública ya que sólo se basa en reunir links de insumos culturales ya realizados por trabajadores de la cultura. Además, no considera nuestros derechos laborales y amateuriza al sector, constituyendo esto un nuevo desconocimiento de las especificidades de nuestro ámbito.

Habiéndose reunido en reiteradas oportunidades con el Consejo Cultural Consultivo, y habiendo éste elevado una serie de propuestas vinculadas a Eventos con Continuidad en el tiempo, al proyecto mencionado y la necesidad de generar un fondo específico, la directora del Instituto Cultural, Morena Rosselló, no ejecutó ninguna de las políticas sugeridas.

Por el contrario, lanzaron una encuesta “con fines estadísticos”, es decir, que la misma no tendría ningún efecto concreto porque no hay ninguna política pública lanzada para el ámbito cultural.

A su vez, en un contexto en el que las autoridades del estado nacional lanzan la línea de mantener la continuidad laboral de todos los sectores a fin de no romper el aislamiento por hambre, el gobierno municipal decide discontinuar contratos de talleristas arrojándolos a una situación dramática.

También han sido elevadas propuestas desde los Espacios Culturales Independientes, espacios vitales de la comunidad, a las que no se les ha dado respuesta concreta.

Asimismo han omitido responder al petitorio presentado por el sector de danza.

Somos miles de trabajadores de la cultura precarizados que estamos en situación de emergencia y, ante las reiteradas solicitudes al gobierno municipal, no hemos recibido ninguna respuesta a las legítimas demandas.

En lugar de invertir recursos públicos para combatir la emergencia, gastan dinero en publicidad en medios y redes sociales a los fines de hacer como que se hace, cuando en realidad no se está haciendo nada.

Asimismo, mantienen sus sueldos de privilegio ¿para hacer qué?

Nos manifestamos en estado de alerta.

Señalamos que los funcionarios públicos no sólo no están cumpliendo sus responsabilidades para los cargos que fueron designados sino que además aprovechan esta circunstancia de emergencia y aislamiento para imponer de hecho “Cultura Abierta”, que no es un proyecto sino más bien la intención manifiesta de desarticular todas las herramientas de participación y profundizar el desguace del presupuesto cultural, además de favorecer a particulares del sector privado y que fue rechazado por el conjunto de la ciudadanía en aquella jornada histórica en el Honorable Concejo Deliberante durante el mes de enero. Que el Coronavirus no sea excusa para profundizar el desguace cultural.

Responsabilizamos a la directora del Instituto Cultural, Morena Rosselló, al director de Cultura de dicho organismo, José Ignacio González Casalli, y al intendente municipal, Héctor Gay, no sólo por no generar propuestas sino por no ejecutar ninguna de las iniciativas que les han sido acercadas, que están en sus manos, y que deciden desatender, profundizando el terrible estado de situación que atravesamos, así como otros sectores sociales desatendidos.

Exigimos al gobierno municipal:

-Inmediata aplicación del Plan de contingencia

-Inmediata aplicación de un Fondo Especial en contexto de Aislamiento

-Inmediata aplicación de las propuestas elevadas por el Consejo Cultural Consultivo

-Inmediata respuesta a los reclamos de los Espacios Culturales Independientes

-Continuidad de todos los talleres culturales. Basta de despidos encubiertos

-Cumplimiento de la Ordenanza de la Comedia Municipal 2020 Primer y Segundo Semestre

La fiscal federal y titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), María Ángeles Ramos, solicitó la semana pasada ante la Cámara Federal de Casación Penal que se reanude una parte de los juicios orales relativos a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que quedaron suspendidos por el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Casación recomendó esta semana en un escrito firmado por su presidenta, Ángela Ledesma, que los tribunales orales que tengan en trámite este tipo de causas “procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”.

Entre los procesos mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A.

Ramos había pedido a la Cámara que ejerza sus atribuciones de superintendencia e “inste a los distintos tribunales a reanudar la tramitación de estos procesos judiciales con los recaudos que impone la Autoridad Sanitaria” y los que aquella disponga. En la respuesta de ayer, Casación Federal se pronunció en ese sentido, en los términos de la Acordada 10/20 “y en atención al tiempo transcurrido desde los hechos materia de juzgamiento”.

La fiscal federal había argumentado que “el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina no admite más demora, y la capacidad de gestión de estos juicios por parte de los Tribunales que ya venía aletargada hoy se agrava por estas nuevas y especiales circunstancias que atraviesa el pueblo argentino y el mundo”.

En ese sentido, propuso también que se “evalúe convocar a sesionar a la Comisión Interpoderes y conformar un equipo interdisciplinario para elaborar protocolos de trabajo en la gestión de juicios complejos”. Sobre este punto, la Cámara de Casación indicó que esa Comisión “ha funcionado en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, de manera que sugirió “consultar al cimero tribunal acerca de la viabilidad de reanudar su funcionamiento, a fin de atender a las solicitudes efectuadas y procurar su avance”.

“El proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina no admite más demora”, señaló Ángeles Ramos.

Por otro lado, la titular de la Procuraduría había destacado que Mar del Plata fue el “ejemplo” de la posibilidad de continuar, ya que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad “reanudó la audiencia de juicio, escuchó últimas palabras y dio a conocer el veredicto en el juicio conocido como ´Juicio Acumulado”. Fue “con la presencia mínima de las partes, con distancia entre ellas y con la transmisión en vivo por CIJ y redes sociales”. En el mismo sentido se pronunció respecto del TOF 2 de Rosario, que reanudó las audiencias para escuchar el alegato de las defensas en la causa conocida como “FECED III”; y del TOF 1, también de Rosario, que resolvió retomar el debate con el acuerdo de todas las partes en la causa “Saint Amant”.

La nómina de juicios orales mencionadas en la nota

La Procuraduría detalló los juicios orales que se encuentran en distintas etapas del desarrollo del plenario y quedaron paralizados por las medidas dispuestas frente a la pandemia, y uno en el que resta conocer los fundamentos de la sentencia.

A) Juicio oral con veredicto:
TOF 6 CABA, “SUPERINTENDENCIA”, causa CFP 16.441/02/TO1, “Gallone, Carlos Enrique y otros”. Estaba pendiente la lectura de los fundamentos fijada para el 19/03/20.

B) Juicios orales paralizados con prueba concluida:
1) TOF 5 CABA, “ESMA IV”, causa 1891. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas.

2) TOF 2 San Martín, “ARSENAL ZARATE – CAMPANA”, causa 3238, “Di
Nappoli, Omar Edgardo”. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas.

3) TOF 1 La Plata, “BRIGADA DE SAN JUSTO”, causa 373/2011,“Etchecolatz, Miguel O. y otros”. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y
dúplicas.

4) TOF Mar del Plata, “CNU 2”, causa FMP 33013793/2007, “Corres, Oscar
y otros”. Estaba pendiente la delaración indagatoria de un imputado y alegatos.

5) TOF Comodoro Rivadavia, “BEL”, causa FCR 24000925, “Hermello, Hernán Alvaro; Rodríguez, Watsonm; Delfín Heriberto-Nichol Tito”. El MPF alegó el 9/3/2020. Quedó pendiente continuar con alegatos, réplicas y dúplicas.

C) Juicios orales paralizados con prueba pendiente de producción:

1) TOF 1 CABA, “ORLETTI V” causa 2637/04, “Vaello, Orestes y otros sobre privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado”

2) TOF 4 CABA, “VESUBIO III”, causa 14.216/03, “Lugo, Eduardo David y otros”.

3) TOF 4 San Martín, “CONTRAOFENSIVA”, causa 3055, “Riveros, Santiago Omar – Caso 459”.

4) TOF 1 San Martín “CAMPO DE MAYO – ÁREA 400”, causa 3005, “Riveros, Santiago Omar y otros”.

5) TOF Bahía Blanca, “TRIPLE A” causa 93000165/2013, “Aceituno, Raúl Roberto y otros”.

6) TOF Mar del Plata, “LA CUEVA III”, causa FMP 13000001/2007/TO3, “Ullúa Eduardo Salvador y otros” -se reanudó hoy-.

7) TOF 1 Tucumán, Megajuicio “TÁRTALO”, causa 400795/2004- “Tártalo, Guillermo y otros”.

8) TOF 1 Mendoza, “Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aerea” causa FMZ 14000591/2009/TO1, “Escobar, José Antonio y otros”.

9) TOF San Juan, Megajuicio III, causa FMZ 54004613, “Cardozo, Eduardo Daniel y otros”.

10) TOF Jujuy, “LA NOCHE DEL APAGÓN”, causa 76000048/2012,
“Braga, Rafael Mariano y otros”.

La Sala II de la Cámara de Casación Penal liberó a tres represores que esperan ser juzgados en una nueva etapa de la causa Ejército. Se trata de Adalberto Bonini, Ricardo Gandolfo y José Maidana, dos de ellos estaban en sus casa con prisión preventiva.

Brevemente, los camaristas Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques indicaron al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que reemplace las detenciones con “una medida restrictiva morigerada de control cautelar”.

La resolución no está vinculada a la emergencia sanitaria sino a la “curva” de domiciliarias y excarcelaciones de genocidas que en los últimos años no paró de crecer.

Los jueces argumentaron que fueron superados los tres años de preventiva sin juicio ni condena, demora que solo puede achacársele al propio Poder Judicial. Alejandro Slokar votó en disidencia y afirmó que “pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda probabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”.

Mencionó como antecedente el fallo de la Corte Suprema respecto al genocida de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el cual estableció que ninguna decisión sobre la continuidad o anulación de medidas en expedientes que investigan delitos de lesa humanidad debía ser automática sino que debía analizarse caso por caso si la medida de encierro preventivo era necesaria según el proceso.

Adalberto Bonini era enfermero general de la División Sanidad del Departamento IV del Ejército cuando concurría al centro clandestino de detención, torturas y exterminio “La Escuelita” de nuestra ciudad. Maidana y Gandolfo eran jefes de compañías del Batallón de Comunicaciones 181. Este último ya fue condenado en 2013 y estaba excarcelado porque el fallo todavía no está firme y se cumplieron dos tercios de la pena.

Desde las redes sociales y con el apoyo de dirigentes vinculados al macrismo se convocó a romper la cuarentena esta tarde para participar de una “Marcha de los barbijos contra el comunismo”. Más allá de los memes, el secretario de la Liga por los Derechos Humanos afirmó en FM De la Calle que “el anticomunismo no es un chiste, es la ideología del genocidio”.

“El discurso del anticomunismo despierta fantasmas muy poderosos en la historia argentina. Tenía muy presente un texto que había encontrado cuando fue la batalla que encabezó Roca del genocidio del sur y dice que a los indios los matan por comunistas, dice que lo que más les molestaba era que se negaban a aceptar la propiedad privada como normal. Eso fue en 1886. En 1902, Miguel Cané elabora un proyecto de ley para perseguir a los comunistas libertarios y a los ácratas que era un modo de llamar a los anarquistas”, recordó.

Schulman mencionó que “muchos se sienten incómodos hablando de comunismo y pretenden que no existe más pero quisiera recordar que en China gobierna lo que se autodenomina Partido Comunista Chino y que tiene como objetivo construir el socialismo, después discutimos infinitamente lo que significa eso. Lo mismo se llaman los que gobiernan Vietnam y Cuba”.

“La segunda cuestión de porqué me resisto a reírme es que el comunismo siempre ha funcionado como un discurso totalizador de los colonizadores. En 1974 la ley con la que se fulmina a la insurgencia bajo el genocidio fue aprobada por el Congreso de la Nación”.

Por otra parte, señaló que “hay una frase muy famosa de los principales genocidas, van a perseguir a los subversivos, a los que ayudan a subversivos, a los que son neutrales y a los que no saben que son subversivos. En el mismo sentido que una frase anterior de otro genocida que decía que hay comunistas en el Partido Comunista, en peronismo, en partido radical, en la iglesia y que hay comunistas que no saben que son comunistas”.

Señaló que el error es creer que cuando se nombra al comunismo se nombra a una u otra institución. “En Argentina siempre ha tenido un carácter amplio. Cuando se nombra como comunistas se refieren a todos los que quieren aplicar un impuesto a las grandes ganancias, quienes creemos una salida de la crisis que no afecte a los pobres”.

Calificó a Bahía Blanca como “unas de las bases más poderosas de la ocupación del imperio en Argentina. La Nueva Provincia, el V Cuerpo de Ejército, la Base Naval, son instituciones que persisten. Sigue dando vueltas Montezanti que se jactaba de ser amigo de Vilas, de Bussi. Reírse del comunismo con un Montezanti dando vueltas es de tontos”.

“Hay pocas cosas que le dan más pánico a un progresista que el resto piense que es comunista. No veo que el presidente salga a defender la postura política del comunismo que es, por otro lado, parte del Frente de Todos donde hay tres instituciones que representan o que se autoreferencian y están dentro”.

“Brindamos asistencia a 721 familias y nos bajaron 120 bolsones de alimento”, señalaron desde La Garganta Poderosa, organización que trabaja en los barrios Tierras Argentinas, Puertas del Sur y Martín Fierro.

Rocío Soto, vecina de Tierras Argentinas, dijo a FM De la Calle que “en los barrios se cubrió la primera tanda de bolsones y llagamos a 698 familias y de la segunda tanda, que fue a partir del 23 de marzo, es un 30% que se llegó a cubrir. Se nos está complicando bastante porque se están sumando familias por la falta de trabajo”.

Los bolsones alimentarios constan de 8 o 9 productos: “Acá en el barrio hay familias que son numerosas, siete, ocho, once personas y con un bolsón no llegan ni siquiera a día y medio, dos como mucho”.

“La gente está cada vez más molesta por la misma situación de que no puede darle de comer a sus hijos, hay muchos niños y los merenderos, como no están bajando la mercadería para darle la leche, están solamente con donaciones y cada vez es peor”, mencionó Soto.

La organización realiza un trabajo articulado con la unidad sanitaria de Maldonado “para bajar la leche maternizada y conseguir las vacunas para los chicos, hay muchas embarazadas y no se pueden ir hacer los controles. También para las personas mayores que tampoco tienen acceso a ponerse la vacuna, eso está bastante complicado”.

Las últimas lluvias complicaron la precaria situación de los barrios: “Estamos viendo cómo hacemos para conseguir donaciones, frazadas porque con la lluvia, muchos que viven en casas de chapa la están pasando mal, se ha inundado todo, han perdido colchones, frazadas”.

Las donaciones las reciben en “El Vagón” en Santa Cruz 3300.

(Por Red de Comunicadoras Bahía Blanca) En un contexto de aislamiento a raíz del COVID-19, en el que el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad anunció que aumentaron más de un 30 % los llamados a la línea 144 producto de mujeres que conviven con sus agresores, en Bahía Blanca hubo un femicidio y un intento de femicidio durante la cuarentena.

Susana Melo fue asesinada por su pareja Gregorio Raúl Costa, denunciado por la familia de la víctima en varias oportunidades. Días atrás, Maximiliano Cayuñir prendió fuego a su novia, quién se encuentra gravemente herida.

En momentos donde los medios de comunicación son una actividad esencial, se vuelve fundamental contar las violencias a las que nos vemos sometidas y que recrudecen ante el aislamiento. Sin embargo, no podemos ni debemos reproducir información de cualquier manera.

Somos muchxs colegas que en esta ciudad nos cuestionamos y repensamos la tarea de comunicar. Hacer del sensacionalismo y la exposición truculenta de hechos violentos y personas violentadas, la línea editorial de un medio o de un relato, es una elección. No es la nuestra.

Desde la Red de Comunicadoras Bahía Blanca apostamos a capacitarnos y por eso mismo también revisamos día a día nuestras prácticas, las observamos, nos observamos y nos enriquecemos con el aporte de colegas y audiencias.

Es por eso que entendemos que cuestionarnos y debatir nos hace mejores profesionales, más responsables y respetuosxs de los derechos de las personas.

La ley 26.485, Ley de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en el año 2009, en su art. 5 establece los tipos de violencia contra la mujer entre los que se encuentra la Violencia Simbólica que es aquella que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

La misma Ley hace referencia a las modalidades, es decir a las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos y se nombra a la Violencia Mediática que comprende “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, (…)”.

Como comunicadorxs y responsables de medios de comunicación debemos prestar especial atención a cómo difundimos y producimos el relato, sabemos que NO debemos develar la identidad de las víctimas, no hay que exponer sus datos como nombre y domicilio, tampoco hay que publicar imágenes ni realizar preguntas estigmatizantes para no volver revictimizante el abordaje.

En el caso que la mujer que está en situación de violencia decida difundir su historia en medios de comunicación, es parte de nuestra tarea profesional informarla y prevenirla sobre las implicancias de mediatizar su situación.

En el ejercicio de nuestra profesión, debemos observar si la persona está en plena autonomía, si está contenida y protegida, para resguardarla de las amenazas que se reiteran en estos casos.

Al mismo tiempo, creemos que darle micrófono a quienes violentan no es pluralidad de voces. No hay dos campanas en los casos de violencia machista. Lxs comunicadorxs tenemos que evitar caer en estas prácticas.

Instamos a las empresas periodísticas locales, en especial a quienes tienen decisión sobre contenidos y a sus trabajadorxs a generar el desarrollo de coberturas respetuosas que visibilicen y concienticen a la comunidad sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres.

Es necesario que en los medios de comunicación locales se promueva el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género.

Sabemos también, que es transcendental que se brinden capacitaciones en estas temáticas.

A partir de una encuesta propia, el equipo de trabajo del Boletín Tramas realizó un estudio acerca los modos en que el aislamiento incide en la forma en la que dormimos y cómo se relaciona con el mundo del trabajo y la cotidianidad.

“Nos llama la atención cómo se desdibuja la jornada laboral y cómo se da el avance incluso sobre la forma en la que dormimos”, dijo a FM De la Calle Lucas Castigilioni.

Explicó que “quienes respondieron, en su mayoría, están haciendo teletrabajo, en diferentes formas y si bien no hay una gran diferencia en cuánto dormimos, sí encontramos diferencias en el cómo. En cuarentena estamos diciendo que dormimos pero más intermitente y con pesadillas”.

Esto se debe a sensaciones de angustia, preocupación, al aspecto laboral y al consumo de pantallas vinculadas a redes sociales o series y películas.

“Si citamos a la jornada laboral según Marx, no solo es tiempo sino disputas por el valor. Encontramos a Jonathan Crary que plantea que en el sueño también hay disputas, como lugar precapitalista. En el siglo XX la gente, en promedio, dormía 10 horas, en los ’60 dormían 8 horas, y actualmente 6 horas y media. Tiene que ver con producir más”.

Son horas robadas al sueño porque al momento de levantarnos a trabajar, incluso en cuarentena, hay una “auto disciplina” para mantener cierta normalidad. “El otro dato es la idea de ser productivos. Es preocupante que nos lo autoimpongamos aún cuando estamos durmiendo”.

Castigilioni comentó que “los países que tienen mayor nivel de desarrollo humano, que están mejor ranqueados en salud, educación, trabajan menos horas. Y los países que tenemos peores indicadores trabajamos más horas. Hay que pensar en una redistribución de esas horas: trabajar menos, para que trabajemos todos”.

180 familias que viven de la Feria del Parque Independencia solicitaron asistencia al Municipio debido a la falta de ingreso producto del aislamiento. Reclaman ayuda económica y alimentaria y proyectan la reapertura del espacio de comercialización.

“La mayoría está viviendo una situación muy crítica. Un grupo ya no tiene qué comer porque no tiene ingresos. No hemos podido entrar en el Ingreso Familiar de Emergencia porque depende de la categoría del monotributo o porque figura algo que habían declarado en su momento y ahora no lo tienen”, comentó Adriana López a FM De la Calle.

Agregó que “la semana que viene nos vuelven a recibir para ver si podemos seguir trabajando, depende del anuncio del presidente. Además nos ofrecieron una tarjeta azul”.

“Lo que planteábamos para reabrir es hacerlo en un lugar cerrado con menos feriantes, menos ingreso de gente, manteniendo las distancias, bajo las medidas que conocemos. En el Parque no creo porque parques y clases van a ser los últimos lugares en abrir”.

Por otro lado, López informó que crearon la página de Facebook “Feria del Parque Independencia” para realizar ventas online. “Lo hicimos para que la gente nos pueda ubicar a todos juntos y por nuestras ventas”.

La CTA Bahía Blanca organizó una campaña solidaria para mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Teniendo en cuenta que en este contexto de pandemia, hay un montón de necesidades que quedan en un plano secundario. Elaboramos una lista de productos de perfumería que hacen a la salud y a la calidad de vida de las personas y lo orientamos hacia las mujeres”, comentó a FM De la Calle Julieta Ortiz de Rosas.

Desde la Secretaría de Mujeres y Géneros de la Central “nos pusimos en contacto con mujeres de barrios de Bahía, para ponernos a disposición, mostrar nuestra solidaridad y consultarles qué cosas de este rubro necesitaban. La recepción era con sorpresa, se sorprendían porque no estábamos ofreciendo fideos y arroz que también son esenciales”.

Respecto a las políticas de asistencia social señaló que “son insuficientes. Esto es una manera de poner en cuestión que estos productos nunca son tenidos en cuenta. Decidimos lanzar esta campaña como una forma de organizarnos por abajo y teniendo en cuenta redes de organizaciones”.

“Son acciones que tiene que ver con ayudarnos entre nosotras, jugábamos con esto de que nos cuidamos entre todas. Se lanzó el sábado y ya hay repercusiones, gente que puede poner dinero. Apelamos que las mismas personas estén atentas a comprar estos elementos para encontrar la vuelta para que esto llegue”, culminó.

Las donaciones serán recibidas en Zelarrayán 501 (Dietética) de 10 a 14 de lunes a sábados. Por consultas: 2914235830

A casi un año de la explosión en la planta de Dow que estremeció a Bahía Blanca, el fiscal Cristian Aguilar desestimó la causa judicial porque “no se cometió ni configuró ningún delito”.

“La conmoción e inevitable preocupación que se generó en función del gran estruendo que sintió ese día en todos los que vivimos en Bahía Blanca e Ingeniero White, me llevaron a extremar las precauciones en miras a determinar si se había ocasionado estrago alguno; si algún operario había resultado lesionado, y si había existido un peligro común para los bienes o se había puesto en peligro la vida de las personas y la sociedad”, afirmó Aguilar.

Concluyó que “la respuesta fue negativa. Ninguna de esas hipótesis se verificó. De modo que las conductas analizadas, no constituyeron un delito tipificado en nuestro ordenamiento jurídico penal”.

La Fiscalía específicamente analizó si se configuraron los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo y/o incendio o estrago culposo.

El fallo firmado el 30 de abril aclara que “la ley no habilita al Ministerio Público Fiscal para la investigación y persecución de cuestiones vinculadas al ámbito administrativo u a cualquier otro ámbito que no sea el penal en su ámbito correccional y criminal”.

Ese camino se ocuparon de despejarlo el Comité Técnico Ejecutivo y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, organismos que ni siquiera infraccionaron por ruidos molestos a la multinacional.

La pericia de la UNS

La resolución describe la prueba producida desde la recorrida inicial de planta realizada horas después de la explosión y destaca la pericia de la Universidad Nacional del Sur y la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Dicho estudio evaluó que “el recipiente se encontraban en buen estado” y la rotura se produjo con “más de 10 veces la presión máxima de operación”.”El hecho de haber alcanzado tal presión, indica que el equipo no cuenta con una válvula de alivio de presión; que en este caso hubiese protegido la instalación y evitado que se produzcan fallas”.

En cuanto a la onda expansiva de la explosión, “se determinó que el radio fue de diez metros en todos los sentidos (semiesfera), si se considera como onda expansiva la remoción de material aislante de los equipos aledaños. Se precisó que el mayor daño fue producido por la proyección de material y piezas del recipiente y sus dispositivos. Ya que algunas partes fueron encontradas a aproximadamente treinta y cinco metros. No se encontraron en la zona del incidente dispositivos cuyo daño hubiera podido provocar una reacción en cadena”.

Finalmente, la pericia estableció los siguientes resultados:

a. Los dispositivos con materiales inflamables más cercanos se encontraban a más de cincuenta metros del lugar del incidente.

b. Como consecuencia del incidente, el riesgo de daño a bienes indeterminados que no fueren propiedad de la empresa Dow Argentina fue muy bajo o prácticamente nulo.

c. La explosión hubiera sido de carácter fatal para quien se encontrara dentro de un radio menor a diez metros. Ello a causa de los fluidos expulsados (vapor y agua a alta presión y temperatura). Si alguien se hubiera encontrado dentro de un radio de cuarenta metros el riesgo habría sido alto por el impacto de las proyecciones de material.

La Unión de Músicxs del Sur informó en el marco del Día Internacional de las/os trabajadoras/es que asistió a su sector con más de 70 mil pesos a través de la Red de Emergencia para músicxs precarizadxs. Se trata de un primer bono de 7 mil pesos a les afiliades que solicitaron ayuda al sindicato en esta primera etapa.

Por otra parte, el gremio logró garantizar la fuente laboral a quienes pueden trabajar desde sus casas arbitrando conciertos vía streaming, permitiendo un ingreso promedio a cada uno de $5.300 por función.

“Cómo puede ser que un gremio pequeño como el nuestro pueda distribuir 7 mil pesos a quien lo necesita y el gobierno municipal no haya invertido un peso en la población trabajadora de la cultura? Queda claro que no lo hace por falta de voluntad política”, dijo a FM De la Calle el secretario general Astor Vitali.

El intendente Héctor Gay y las autoridades del Instituto Cultural tienen en sus manos desde el 19 de marzo un Plan de Contingencia presentado por UMSur y la Asociación Argentina de Actores y, sin embargo, “no ha tomado una sola medida en materia de políticas públicas hacia nuestro sector. Exigimos inmediata aplicación de este plan, la implementación de recursos económicos concretos a través de un fondo especial y la inclusión de los actores culturales legítimos en la discusión de las acciones de contingencia”.

“Hay un contexto general en el que son más de 1000 trabajadores de la cultura quienes desde el día 12 de marzo no pueden llevar adelante su trabajo, porque el 20 fue el decreto de aislamiento pero las actividades de concurrencia masiva fueron suspendidas con anterioridad”, describió Vitali.

Agregó que “a una semana de cumplir los dos meses sin actividad, la situación económica va a empeorar y se va a ir acotando la solidaridad. Ahora se abrió la segunda etapa porque todos los meses hay que comer, contrariamente a lo que vienen sacando los fondos del gobierno, como si usted comiera un mes y el otro no”.

Para participar y fortalecer la Red de Emergencia se pueden realizar donaciones desde casa en los siguientes links de MercadoPago:

$50 http://tiny.cc/jc77mz
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La cifra representa el mínimo histórico desde que IPC Online comenzó a medir los precios localesen septiembre de 2014. La variación fue menor al mes pasado y acumula en el corriente año 8,64%.

Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses bajó a 48,05%, siendo la menor desde octubre de 2019.

El informe destaca que el aislamiento obligatorio decretado el 20 de marzo mantuvo los precios máximos de referencia establecidos en esos momentos.

Los precios relevados en las superficies comerciales con presencia online respetaron mayormente estos precios en un ambiente de casi completa parálisis económica.

En cualquier caso, carne de cerdo, verduras y frutas han mostrado alzas en algunos casos significativos. Indumentaria ha sido el capítulo con mayores alzas con 3,76%.

Los capítulos que registraron alzas lo hicieron en el siguiente orden: Indumentaria (3,76%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,61%), Alimentos y bebidas (0,70%), Transporte y comunicaciones (0,26%), Vivienda y servicios básicos (0,11%), Atención médica y gastos para la salud (0,03%) y Educación (0,01%).

Dos capítulos mostraron bajas y ellos fueron Esparcimiento (-0,21%) y Otros bienes y servicios (-0,21%).

En un Primero de Mayo particular, en el cual las trabajadoras y los trabajadores no realizarán sus actos tradicionales, el secretario general de la CTA Bahía Blanca, Enrique Gandolfo, dijo a FM De la Calle que “hay que hacer lo que la clase trabajadora ha hecho siempre: defender derechos, pelear por un futuro diferente, hasta en las épocas más terribles de dictadura ha habido fuerza para ponerse adelante de las luchas”.

“Hay que saludar a trabajadores y trabajadoras de al salud, que le ponen el cuerpo con el laburo cotidiano a enfrentar esta pandemia, teniendo en cuenta que son quienes han vivido en estos últimos años la falta de inversión pública en salud”, agregó.

Por otra parte, Gandolfo mencionó que “la pandemia no nos iguala, no estamos en el mismo barco, muchos la reman cotidianamente desde abajo. La pandemia no hace otra cosa que patentizar aun más las desigualdades que existen en esos períodos de normalidad como ocurre con los elementos de higiene y alimentación”.

El dirigente resaltó la necesidad de “poner mucha energía contra el uso capitalista de la crisis. Vemos cotidianamente cómo grandes patronales, sectores de la industria, aprovechan la excusa de la pandemia para avanzar sobre derechos laborales ya ganados con la lucha en varios sentidos: produciendo despidos, pese a que hay un decreto que los suspende por 60 días, pero de alguna u otra forma buscan reducir personal”.

“Hay suspensiones acompañadas por reducciones salariales, en este punto debemos denunciar enfáticamente la conducta de la CGT que firma un acuerdo para reducir los salarios con la supuesta promesa de no producir despidos. Nos parece una conducta bochornosa, del lado de los intereses de la clase empresarial. Y la tercera cuestión es el aumento de la precarización laboral”.

“Frente a esta ofensiva decimos que hay que oponer una unidad muy fuerte que diga que la crisis no la tenemos que pagar los integrantes de la clase trabajadora. Avizoramos hacia el futuro una respuesta muy dura porque la historia nos indica que los períodos de crisis son aprovechados por los que tienen mayores condiciones de opresión y vulneración de derechos”, finalizó.

“La deuda en Bahía Blanca, es como la deuda en grande del Estado nacional. Esa deuda que hay que pagar es dinero que se saca de la obligaciones chiquitas porque siempre se privilegia pagar a los acreedores sobre la base que hay que negociar”.

El paralelismo entre el endeudamiento popular y la deuda externa argentina fue trazado por el experto Alejandro Olmos Gaona, durante la emisión del programa especial ¿Para qué y con quiénes se endeudaron los sectores populares de Bahía Blanca? que reemitiremos este viernes 1 de mayo desde las 10 por FM De la Calle 87.9.

El historiador y especialista en derecho internacional se analizó las negociaciones con los acreedores y la extensión de plazos para el pago. “Es una deuda monstruosa que condiciona no solo la economía general sino la economía en particular de cada uno. Porque si el gobierno tiene que pagar, aunque empiece en 2023, esa plata la va a sacar de otras cosas que serían mucho más perentorias”.

“El problema es el origen de la deuda y las negociaciones posteriores. Cuando uno analiza todo el proceso se da cuenta de los actos ilegales, de la responsabilidad de los funcionarios públicos, de la violación de la ley. Muchos me han dicho los acreedores qué tienen que ver con esto, tienen que ver porque saben lo que hicieron, lo que negociaron y los intereses que pagaron para hacer estas operaciones”.

“Cuando se emitió el bono a 100 años, en la advertencia que el gobierno hace a los acreedores sobre el estado real del país, curiosamente el gobierno plantea el estado real de la economía argentina, dice los problemas que hay con movimientos sociales, los conflictos derivados por el aumento de las tarifas. Claramente dice que la deuda no se iba a pagar y un montón de datos de lo que iba a pasar después. ¿Cómo es posible que hayan aceptado? Hay una evidente complicidad porque saben que Argentina entra en defaul pero finalmente termina pagando más de lo que tiene que pagar”, explicó Olmos Gaona.

Respecto de las negociaciones del ministro de economía, Martín Guzmán señaló que “la economía mundial esta colapsada acabo de ver que la Argentina ha bajado el nivel de los bonos, ha aumentado el riesgo país, los bonos se están bajando. Estimo que la propuesta del ministro va a ser más de lo mismo, si el gobierno empieza a pagar aunque lo haga en el 2023 va a comprometer a los cuidadnos, cada persona va a sufrir, porque si el gobierno tiene que pagar va a empezar a sacar ese dinero de obligaciones perentorias”.

El especialista aseguró que desde el retorno a la democracia hasta el día de hoy jamás se solucionó el problema de la deuda: “Siempre ha estado pendiente, ninguno de los gobiernos terminó de enfrentar como debiera el problema de la deuda. La deuda siguió siempre creciendo. Además de pagar, pagar y pagar, jamas se establecieron responsabilidades penales”.

“Pareciera que hay coincidencia por diferentes grupos políticos de que hay que pagar total el que paga es el pueblo argentino. un detalle es que la última deuda no es una deuda solo de Macri sino que es una deuda de la cúpula parlamentaria”, finalizó.

La Asociación Judicial Bonaerense firmó un convenio con la Suprema Corte para regular el teletrabajo en el Poder Judicial.

“Es una especie de acuerdo paritario sin tener una ley de convenio colectivo de trabajo. Establecimos lo que tiene que ver con el desarrollo para un funcionamiento de la justicia sin que se vulnere el derecho de trabajadores y garantizando que la población tenga el acceso a la justicia y la tutela jurídica”, dijo a FM De la Calle el secretario general de la seccional bahiense, Flavio Meles.

El acuerdo tiene como eje central la voluntariedad del teletrabajo. “Sabemos que el hogar no es un ámbito natural de labor, menos ahora donde los dispositivos informáticos puede ser que no estén adecuados, puede ser que vivan en lugares con poca señal de internet, también que el dispositivo lo tengan que compartir con sus hijos para tareas escolares o con la pareja para que puedan trabajar en sus rubros”, afirmó Meles.

La normativa “limita la jornada laboral, la conexión del equipo con la central que establece la credencial de teletrabajo tiene que ser de 8 a 14. Tal cual como si uno fuera a su lugar de trabajo y cumpliera ese horario. También se habilita a que puedan denunciar cualquier tipo de abuso o exceso que pueda llegar a producirse. Para eso establecimos canales de denuncia en el correo electrónico [email protected] y a nivel provincial también al correo [email protected]”, comentó.

Por último, Meles señaló que se acordó, además, “la prohibición de que un trabajador se lleve material físico de trabajo a la casa. Esto evita de algún modo que el papel pueda llegar a ser transmisor del virus”.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur reclamó la revisión de descuentos salariales en concepto de “dierencia de obra social” en el marco del plan de ajuste que realiza SOSUNS.

El gremio informó que en algunos casos la suma descontada en los sueldos depositados esta semana alcanza al 50% y afecta mayormente al personal docente que reviste dedicaciones simples, semiexclusivas o percibe ingresos por menos de 25 horas semanales.

“La aplicación de estos descuentos es una consecuencia tanto de la modificación del Estatuto del SOSUNS, como del reempadronamiento de las personas afiliadas para adecuar cada situación individual a los costos correspondientes a los nuevos planes de salud. Ambos instrumentos fueron aprobados a fines del año pasado, primero en el Consejo Directivo de la Obra Social y luego en el Consejo Superior Universitario”, explicó el sindicato.

Tanto ADUNS como las agrupaciones no docentes Bordó-Violeta y Azul denunciaron en numerosas ocasiones que dichas medidas “formaban parte de un evidente plan de ajuste sobre el bolsillo del personal docente y no docente de la UNS”.

“Dicho ajuste estaba orientado a financiar el enorme déficit que tenía y tiene la obra social de la UNS a raíz de las políticas implementadas por un gobierno que, durante cuatro años, depreció nuestros salarios, introdujo cifras de aumento en negro que afectaron los aportes percibidos por el SOSUNS, devaluó nuestra moneda y fue incapaz de frenar al proceso inflacionario concomitante a las políticas aplicadas. No obstante, a la situación descripta se sumó también la deficiente conducción de nuestra mutual, que evidentemente no pudo o no supo prever el inminente desastre”.

El gremio se quejó porque la obra social no tuvo en cuenta la crítica situación sanitaria y humanitaria con suspensión de clases, medidas de aislamiento obligatorio al momento de avanzar con el reempadronamiento de afiliades y demandó que se revoquen los descuentos, se implementen métodos claros de información presencial cuando sea posible y se evite seguir ajustando sobre los salarios.