El presidente de la Casa de la Amistad Argentino Cubana, Edgardo Fernández Stacco, hizo un recorrido histórico de los eventos más destacados de los 30 años que cumple la institución. Por su parte, Alicia Torre, recordó la labor de difusión sobre la revolución desde FM De la Calle y el programa “De la cabeza a la cola del caimán”.

“Me siento muy contento, conmovido por este aniversario. Recuerdo hace 30 años que un 26 de julio en el Teatro Municipal, que era un lugar adecuado para iniciar las actividades que nos proponíamos y después desarrollamos, hubo más de 1000 personas en el lanzamiento de esta casa de solidaridad. Asistió el intendente Cabirón y hablaron el presidente del Concejo Deliberante, Jaime Linares, y el primer presidente Emilio López Muro, lamentablemente ya fallecido”, dijo Stacco.

Agregó que de aquel encuentro participó Miguel Brugueras del Valle, en representación de la Embajada. “Había peleado en la revolución, nos explicó todo. Ya sabíamos bastante de lo que era Cuba porque había venido Tony López, nos fue explicando paso a paso las cosas. Muchos habíamos estado conectados con las pocas noticias que llegaban en ese momento, ya siendo estudiantes habíamos hecho actividades en defensa de los estudiante caídos en el ’57”.

“El lanzamiento tuvo mucho eco en la ciudad, nos unimos a las entidades de solidaridad con Cuba y comenzamos a hacer las tareas que nos indicaban desde la Embajada, de las cosas más inmediatas que había que organizar. Recuerdo con particular simpatía, en el año ’93, que fue cuando fui a Cuba aprovechando el congreso pedagógico, a través de nuestra radio FM De la Calle donde teníamos el programa “De la cabeza a la cola del caimán”, hicimos una colecta solidaria para llevar útiles a Cuba. Por 1000 cuadernos y 1000 lápices, en ese momento escribían las libretas y las borraban para poder usarlas de nuevo. Tuvimos un gran éxito”, enfatizó.

Hermanamiento entre Bahía Blanca y Cienfuegos.

El presidente de la Casa recordó que viajaron desde Bahía Blanca 17 personas. Nos autorizaron más de 10 kg de exceso de equipaje por cada uno y todo eso lo entregamos en el ICAP. Ahí fue la primera vez que tuve contacto directo con los cubanos y su pueblo. Fuimos varias veces más, entre ellas en julio del 2001, también cumplíamos los 20 años del hermanamiento de Bahía con Cienfuegos. Fuimos 10 personas, una delegación de artistas plásticas, se llevaron 60 obras y con eso que se donó a la Municipalidad de Cienfuegos se inició una biblioteca latinoamericana, aparte de hacer gran cantidad de actos que tuvimos en la asamblea del poder popular”.

Mencionó que en Bahía Blanca “fuimos reconocidos por la Municipalidad como entidad de bien público sin fines de lucro, solicitamos y obtuvimos un espacio verde, la plaza José Martí, a 8 cuadras de la plaza principal, tenemos una calle que se llama ‘Ernesto Che Guevara’ y hace poco abrimos una plazoleta sobre el Arroyo Napostá en homenaje al Che”.

Alicia Torre dijo que “es una alegría enorme haber llegado a los 30 años, compartimos muchos momentos y el orgullo de haber estado sentada en la misma mesa en la FM De la Calle con el tío Edgardo (Stacco). No me acuerdo cuántos años haciendo el programa ‘De la cabeza a la cola del caimán’ y con un montón de gente alrededor que lo seguía y pertenecía a la Casa. También otra gente no tenía que ver y a través del aire se enteraba que la casa era un rincón donde se ofrecían datos, tanto de turismo solidario o por cuestiones de salud, gente que participa de congresos y actividades, pasaban y pedían información”.

“Fue muy importante ese programa para FM De la Calle, creo que fue uno de los que marcaron el rumbo de la radio”, finalizó.

Un efectivo de la Policía Bonaerense disparó en el abdomen a Chano Charpentier cuando el músico sufría un episodio de excitación psicomotriz vinculado al consumo problemático. Mientras el ministro Sergio Berni reivindica el accionar represivo y propone un debate sobre armas, se abren algunos interrogantes referidos a la atención de la salud mental.

Hugo Kern, jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del Municipio, dialogó con FM De la Calle sobre la autodeterminación de las personas y los protocolos de actuación por parte de las fuerzas de seguridad y el sistema de salud ante emergencias de este tipo.

“Hay un marco regulatorio que permite una internación compulsiva, contra la voluntad de la persona, simplemente tiene que existir un equipo que avale, que pida autorización de un juez, y el tiempo necesario a fin de garantizar el tratamiento. Esto es absolutamente posible con la ley vigente”, aclaró.

En relación al concepto de peligrosidad, enfatizó que “con la ley (de Salud Mental) se reemplaza la peligrosidad por el riesgo cierto e inminente. Son cosas distintas porque lo que son peligrosas son las acciones y no las personas. Segundo porque en el nombre del peligro se ha dado lugar a enormidades en relación a la salud, más en un país como el nuestro que esa cultura de ‘algo malo puede pasar’ dio lugar, entre otras cosas, al terrorismo de Estado que con ese mismo justificativo llevó a la eliminación del que piensa distinto”.

“Además, la autonomía transitoriamente puede perderse y siempre puede formar parte de todo el proceso de cuidado. Vos o yo, puestos en condiciones extremas, podemos perder el control y podemos tener reacciones que estén incluso en contradicción con lo que vos pensás de manera individual”.

Respecto al comportamiento de las fuerzas de seguridad y otros agentes del Estado, Kern dijo que “hay un problema de formación, hay un problema de la sociedad de cómo se piensan los temas de salud mental o cómo no se piensan los temas de salud, que van desde las dificultades de formación hasta utilizar la salud mental como una forma de descalificar o considerarlo sujeto irrecuperable”.

“Por otro lado, esto acontece con la medicina privada, esta situación no es por falta de recursos sino por fallas en el sistema de sostén y en la toma de decisiones. Un muchacho cuyos primero incidentes públicos datan de 4 o 5 años, hablamos de una situación crónica que no ha encontrado una forma de restituir un tratamiento adecuado”.

En ese sentido, mencionó que “lo preocupante es que la intervención sea hecha con gente armada, porque a partir del 2015 se creó una comisión interministerial para trabajar con agentes de seguridad en el manejo de situaciones de salud mental, se hicieron capacitaciones pero no se sostuvieron y esto se nota”.

“No hace mucho un policía fue asesinado por una persona en estado de padecimiento subjetiva con un arma blanca. Esto dio lugar a razonamientos para estar atentos y armados a la respuesta. Sucedió en esta circunstancia con este muchacho que puso en peligro su vida. A veces el remedio es peor que la enfermedad”.

En una situación similar “el procedimiento es complejo: primero se establece una zona segura para la intervención, la distancia necesaria, la presencia de un negociador que va a hacer el nexo, un acercamiento con voluntad de diálogo. Eso se llama el primer respondiente, una estrategia de trabajo en salud mental en crisis en la atención primaria. Es el primero que llega al lugar, puede ser un agente de tránsito. No siempre se toma conciencia de esto, ni social ni institucionalmente se destinan los esfuerzos que se deberían destinar”.

“El primero que llega organiza la zona, corre los elementos de riesgo, no se tiene que convertir en un sainete con muchas personas alrededor. En general las fuerzas de seguridad intervienen en las llamadas del 911, también participa defensa civil y hay un trabajo previo para una internación”, dijo Kern.

Por otro lado, en relación a la inexistencia de lugares o centros de atención que acompañen padecimientos crónicos, a raíz de los reiterados pedidos de familiares que no saben cómo ayudar y no tienen donde recurrir, señaló que “en Bahía hay un sistema provincial, están los dispositivos principales del Penna, el Centro de Prevención de Adicciones, y el municipio se encarga del primer nivel de atención en el Hospital Municipal, las unidades sanitaras y el Departamento de Salud Mental con orientación a las prácticas comunitarias. Y el SIEmPRE ante la emergencia”.

Por último, en referencia a la familia o el entorno de la persona con un padecimiento, dijo que “hay que pensar a las personas vinculadas con otros, en términos de sistemas y relaciones. Cuando hay familia puede ser que sea acompañada, a veces la familia no solo que no ayuda sino que empeora las cosas. No es a propósito, la familia no puede lo que la sociedad misma no les da. La internación es el último recurso y a veces el único posible pero no debe ser central en la medida a tomar, como que se instala culturalmente una idea y no es siempre la mejor respuesta”.

“El bloqueo busca subvertir el orden político y constitucional que nosotros hemos elegido. El 86% de los cubanos votamos a favor de la nueva constitución. La revolución cubana goza del apoyo mayoritario de la población”, dijo la primera secretaria política de la Embajada de Cuba en Argentina, Magda Luisa Arias.

Fue el encuentro por el 30° aniversario de la Casa de la Amistad Argentino Cubana bahiense. “Un evento extraordinariamente importante en la vida de la solidaridad con Cuba en Argentina y en Bahía Blanca. Es un día especial para los cubanos y para ustedes porque se conmemora el Día de la Rebeldía Nacional. No podemos obviar el papel que jugó en la culminación de la revolución cubana, la última etapa con el asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953”.

Arias destacó que “logramos ese apoyo que se ve en las casas y grupos de solidaridad, en todas las personas solidarias con Cuba, con su proceso revolucionario, identificados con la lucha de los pueblos y la lucha por la soberanía, conscientes de que un mundo mejor es posible”.

Arias compartió la lectura de un verso de “Ya estamos en combate” escrito por “el poeta del Moncada”, Raúl Gómez García. “Me tomé la licencia de modificar un poquito la letra para decirles que no es que ya está el combate sino que seguimos”, aclaró.

“Seguimos en combate,
por defender la idea de todos los que han muerto,
para arrojar a los malos del histórico Templo,
por el heroico gesto de Maceo,
por la dulce memoria de Martí”.

“Martí y Fidel son los ideólogos y han conformado el alma de la nación cubana porque su ejemplo, su prédica y su actuación así lo plantea”.

La secretaria política de la embajada informó sobre la situación sociopolítica que atraviesa hoy su país: “Cuba sigue siendo el país alegre que conocieron, con muchas restricciones económicas como siempre hemos tenido. Sigue siendo un país que lucha denodadamente por sobreponerse a los efectos de la pandemia. Lo hacemos con optimismo, con alegría, con unidad y con la voluntad de salir adelante”.

“En estos días confluyeron muchas fuerzas y fue aprovechado fortuitamente por EE.UU. y sus acólitos para apretar al máximo las acciones de bloqueo. Hay quienes dicen que el bloqueo no existe pero (…) provoca situaciones muy difíciles que el pueblo de Cuba ha enfrentado por más de 60 años. El bloqueo busca subvertir el orden político y constitucional que nosotros hemos elegido, que votamos el 86% de los cubanos. La revolución cubana goza del apoyo mayoritario de la población”, dijo.

En relación a Estados Unidos dijo que, solamente en el mandato de Donald Trump, “adoptó 243 medidas de carácter quirúrgico, medidas que iban a cerrar los pequeños resquicios a partir de los cuales se lograba hacer cosas por la economía y comercio”.

Dichas políticas tienen implicancias en la actualidad: “Al aplicar esas medidas extremas, al adoptarse un conjunto de acciones en función de perfeccionar el modelo económico, de poder garantizar los insumos para combatir el coronavirus, se aprovechó una operación mediática, que es una guerra informativa, utilizando la tecnología, emitiendo mensajes falsos, toda una campaña de desacreditación e imágenes que no tienen que ver con Cuba. Toda esa manipulación hizo que un grupo de personas, con clara intención de manifestar su disgusto por la falta de energía eléctrica, y otras financiadas y promovidas por EE.UU. produjeron una situación que los cubanos nunca deseamos”.

“Esta manipulación ha llevado a determinados sectores extremistas dentro del propio Estados Unidos a pedir que Cuba sea agredida o que reciba una ‘intervención humanitaria’, que sabemos a dónde van a parar. El gobierno de Cuba es un gobierno activo y presente preocupado por la vida de los cubanos”, concluyó Arias.

Juntos por el Cambio aprobó, sin el acompañamiento de la oposición, una ordenanza que requiere incorporar la perspectiva de género en los medios de comunicación que reciban pauta publicitaria municipal.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo establece que la comuna elaborará para su difusión seis campañas temáticas por año y capacitará a los titulares de los medios.

En noviembre la Red de Comunicadoras se reunió con la Comisión de Género y Diversidades del HCD para manifestar que no avalaban el proyecto y expresar la necesidad de establecer criterios para regular la pauta oficial. Presentó, además, los resultados del relevamiento sobre condiciones laborales de trabajadoras de prensa en la ciudad para dar cuenta de las desigualdades del sector.

La semana pasada el proyecto se aprobó sin considerar dichas propuestas y modificaciones ni las planteadas por el Frente de Todos.

En relación a la regulación general del uso y distribución de los fondos públicos destinados a pauta oficial, la concejala Soledad Martínez (JxC) dijo a FM De la Calle: “No estoy en desacuerdo con eso, este proyecto establecía seis campañas que se podían trabajar en conjunto. Hay que trabajar los otros puntos, coincido, pero no era el espíritu de esta ordenanza”.

Respecto a las relaciones de desigualdad que viven las trabajadoras de los medios de comunicación expresadas por la Red señaló que “no pasa solo en medios, pasa en varios ámbitos de la vida donde nos desempeñamos. Creemos que hay mucho para trabajar pero que no iba en ese momento con la esencia de este proyecto. Sí coincidimos en muchos aspectos. Me parece que son muchos puntos para seguir trabajando”.

En su artículo sexto, la ordenanza establece que el Municipio, el HCD y los entes descentralizados “tendrán la facultad de resolver unilateralmente el vinculo celebrado en el área de su jurisdicción cuando el medio de comunicación, producción independiente y periodistas, no cumplieran con los compromisos asumidos”.

“Como Concejo Deliberante somos órgano de contralor y estaremos haciendo el seguimiento de los puntos de esta ordenanza, obviamente cuando uno recibe pauta tiene que entregar las campañas para que el municipio controle”, dijo Martínez respecto al registro del cumplimiento de la norma.

“Me da vergüenza ajena”

El Frente de Todos emitió un despacho en minoría sugiriendo algunas modificaciones y manifestando su rechazo al proyecto.

La presidenta de la Comisión de Género, Analía López, dijo a FM De la Calle que “las tres concejalas de la Comisión hicieron oídos sordos al reclamo de ciudadanas bahienses que trabajan en los medios”.

“El oficialismo no tiene voluntad de diálogo, tienen los votos. Este proyecto tiene más de un año dando vueltas, conocían nuestro posicionamiento. De parte de las integrantes del oficialismo de la Comisión de Género que después de haberse reunido con las comunicadoras, tomar conocimiento de las condiciones de las trabajadoras, saquen adelante el mismo proyecto sin incorporar ninguna modificación, a mí me da vergüenza ajena”, sentenció.

López agregó que “el proyecto nunca volvió a la comisión, desde el momento que tomamos contacto con el proyecto y elaboramos el despacho tuvimos una reunión con el área de Comunicación y de Gobierno Abierto, donde las funcionarias que vinieron a conversar no mostraban objeción a los artículos sino que les parecía que lo mejor era presentar otra ordenanza alternativa”.

“A partir de ahí las concejalas del bloque oficialista, que tienen mayoría, hicieron su propio despacho que es lo que llamamos el tratamiento exprés sin debate previo”, concluyó López.

La Casa de la Amistad Argentino Cubana de Bahía Blanca cumple tres décadas de solidaridad con la isla y lo conmemora con un encuentro virtual con militantes, autoridades de la Embajada y la próxima publicación de un libro que repasa su rica historia.

“La Casa, como la mayoría de las que se crearon en el mundo, tiene un desarrollo y se dedica a diversas actividades colectivas de solidaridad con Cuba pero no confundir solidaridad con asistencialismo ni ayuda económica”, dijo a FM De la Calle la secretaria de la entidad, Adriana Rodríguez.

La docente destacó el rol del presidente Edgardo Fernández Stacco: “Fue quien dio el puntapié junto a un grupo más grande. La década del 90 es cuando el movimiento de solidaridad comienza a tener una intensidad más fuerte. Esto es solidaridad argentino cubana, un país y una filial de Bahía. La solidaridad es recíproca, después del asalto al Cuartel Moncada, fecha en la que se crea nuestra casa, ya comienzan las acciones de solidaridad hacia revolucionarios, resistentes”.

“Esos actos tienen que ver con un actor importante que es el estudiante. Está bien documentado en el libro de Stacco cómo esos estudiantes de la Federación Universitaria del Sur también iniciaron la solidaridad a través de manifiestos así como todos los movimientos estudiantiles a lo largo del mundo”, manifestó Rodríguez.

La historiadora enfatizó que “hablar de solidaridad e internacionalismo van de la mano. Casas como la nuestra se dirigen a validar y argumentar porque definen toda la acción cubana de la republica socialista. Primero, la defensa de la revolución, respeto por la libre autodeterminación de los pueblos y, a partir de ahí, se planificaron distintas actividades a lo largo del tiempo”.

“Estos 30 años han cristalizado muchas actividades, ente ellas destacamos la reciprocidad con Cuba. Los vínculos se fortalecieron, tiene que ver con vínculos con actores populares. Nuestra casa ha tenido una excelente proliferación de becas y becarios que se están desarrollando ahora con la Escuela Latinoamericana de Medicina y obró como evaluadora de esas becas, han intervenido médicos y médicas”.

En relación a la retroalimentación de ambas naciones en el ámbito cultural destacó que “el hermanamiento con Cienfuegos, una ciudad con una geografía parecida, y también las brigadas propias, grupos de vinculación fuertes, hemos traído muchos artistas e intelectuales desde Cuba. Se ha trabajado mucho en salud gracias a la mano de Horacio Romano, su familia y sus hijos que han ido a estudiar, a dar seminarios, a trabajar”.

“La Casa es la matriz de todas las actividades que hemos elaborado. Tenemos el único centro especializado en el Caribe del país, el CEINA, que depende del Departamento de Humanidades de la UNS, 24 investigadores, todo eso salió de un trabajo voluntario y coherente de la Casa de Solidaridad”, concluyó.

(Por Yica Guardia) El proyecto de etiquetado frontal de productos alimenticios, con media sanción del Senado, obtuvo dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el 13 de julio y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión.

La iniciativa prevé la promoción de una alimentación saludable, mediante un etiquetado informativo, claro y visible que advierta sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en los productos alimenticios.

Una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y de Industria avanzó con la propuesta de colocación de sellos frontales en los envases de alimentos. En total, en el extenso debate, se firmaron cuatro dictámenes: uno de mayoría, dos de minoría y uno de rechazo.

Es un proyecto integral que busca la protección de nuestros derechos y pone el foco en las infancias y adolescencias. Existen antecedentes de este marco regulatorio en otros países, trae una normativa muy completa similar a la experiencia mexicana, considerada la mejor a nivel mundial.

Se establece que de manera obligatoria se implementen en el frente de los alimentos y bebidas que se comercializan envasados un sello, octógono de color negro, que nos advierte cuando un producto tiene una cantidad excesiva de calorías o nutrientes críticos, grasas, azúcares, sodio, y también está contemplado previsto que se incluyan leyendas cuando contengan edulcorantes o cafeína. El objetivo de este último punto es desalentar el consumo de este tipo de productos en las infancias. 

También establece que los envases que tengan más de uno de estos sellos no podrán incluir información nutricional complementaria para inducir a su venta. Tampoco logos de entidades científicas con el mismo fin o crear una ilusión acerca del contenido y calidad del alimento que pretende venderse. Los que incluyan publicidad engañosa como personajes o caricaturas que generen una manipulación en el consumidor, promesa de regalos, sorteos, premios, falsa atracción para los más chicos quedarán fuera de lo permitido.

Todo estaría regulado en esta ley que prohibiría toda publicidad, patrocinio, sorteo, dirigidos a niñas, niños y adolescentes cuando tengan más de un sello. Además, prevé una regulación para mejorar los entornos escolares al respecto. Se establece que se incorpore educación alimentaria en la currícula escolar. También la oferta de alimentos en las escuelas, no sólo lo que se comercializa sino también qué alimentos se ofrecen por parte de los comedores escolares. Se intenta proveer información acerca de una sana y completa alimentación, brindar claridad ante las estrategias de marketing de venta y publicidad de la industria alimentaria que terminan incidiendo en nuestra intención de compra.

Brindar opciones más justas, verdaderas, reguladas, sanas y seguras, donde el Estado brinde herramientas adecuadas y de fácil acceso y disponibilidad para toda la población de consumidores. Nos referimos a un acceso fácil e instantáneo, omitiendo la letra chica que existe hoy en los paquetes que puede resultar confusa y poco clara. El lenguaje es de suma importancia ya que tanto las infancias como los grupos sociales de menor nivel educativo son los más vulnerables, donde la capacidad de distinción entre estrategia de venta y publicidad es difícil de distinguir. Así, tienen menos elementos para hacer lecturas críticas desde lo simbólico y el lenguaje poco legible que se brinda.

Son objetos comestibles que están autorizados para su venta desde el Código Alimentario Argentino pero esto no quiere decir que sean aptos para una sana nutrición. Define la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Son formulaciones listas para comer o beber. Se basan en sustancias refinadas, con una cuidadosa combinación de azúcar, sal y grasa y varios aditivos. Incluyen bebidas azucaradas, snacks y comidas rápidas”. Tal es así que impactan negativamente en la salud y son los principales causantes de la malnutrición por obesidad en adolescentes y adultos, exceso de peso en niñas y niños, enfermedades no transmisibles, etcétera.

Una de las principales causas en aumento de enfermedades y muerte es el consumo de estos productos. Listos para consumir, productos- servicio, productos de consumo instantáneo.

Entonces, apoyar y conocer este tipo de proyectos de ley nos hace más conscientes y responsables de nuestra salud y de nuestro rol político como consumidores interpelando nuestra decisión de compra desde qué queremos consumir, cómo, dónde, de quién, por qué, etcétera.

Volver a una alimentación casera, sencilla y saludable es la propuesta que deriva no sólo de esta ley sino también de este tiempo que vivimos donde la soberanía alimentaria, la agroecología para productores y consumidores, el derecho a la alimentación, a la salud y a la información son prioridad conocer y defender. Por ende, la seguridad alimentaria -la disponibilidad, accesibilidad cultural, de calidad y cantidad- deben ser prioritarias en un Estado Democrático, Plurinacional y de Territorio Biodiverso que brega por el bien común y la salud de su comunidad.

Les invitamos a escuchar los podcasts de Conexión Socioambiental con las entrevistas a Miryam Gorban y a Marcos Filardi.

A pocos días de la lectura del veredicto del juicio a cuatro ex integrantes de la Triple A, el Tribunal Oral bahiense restringió aún más el acceso a la audiencia impidiendo el ingreso de familiares y víctimas a Colón 80.

El miércoles pasado el juez Roberto Amábile informó que, el próximo 2 de agosto a las 11, “solo estarán habilitados a ingresar las partes, es decir, los querellantes y sus representantes legales (autoridades de HIJOS Bahía Blanca, autoridades de la UNS y familiares de Luis Jesús García), los familiares de David Hover Cilleruelo, los acusados y un acompañante, el Defensor y/o la Defensora Oficial y el representante del Ministerio Público Fiscal”.

Será así “en virtud de lo informado por el representante de la Universidad Nacional del Sur respecto de la imposibilidad de llevar a cabo las modificaciones edilicias necesarias para habilitar la concurrencia de público en el estado de emergencia sanitaria actual (fase 3) y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios (nacionales y locales)”.

Consultado por FM De la Calle, el rector de la UNS, Daniel Vega, destacó que el problema de la sede del rectorado es que es “un edificio muy encajonado” con dificultades para garantizar su ventilación. “Existen alternativas, son obras en altura y hacer una intervención en un espacio tan emblemático de la institución requiere de procesos difíciles de llevar adelante en tiempos inferiores a un mes. No nos daban los plazos”.

“De todas maneras, entiendo que uno de los querellantes, H.I.J.O.S., solicitó que el aforo fuera mínimo -no fue indicado solamente por el jurado sino además por uno de los querellantes- y que la lectura del fallo se realice con un aforo similar al que venía sucediendo”.

Vega dijo que pusieron a disposición otras instalaciones como el Salón de Actos en Alem 1253 que cuenta con una habilitación para unas 80 personas. “El tribunal ha decidido mantener el desarrollo del juicio en Colón 80, tenemos las restricciones que hay por la pandemia, el aula magna no cuenta con la ventilación adecuada que vaya más allá que el aforo que tuvieron los juicios hasta ahora”.

El juicio

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero fueron juzgados por haber sido parte de la asociación ilícita que cometió los 24 secuestros, torturas y homicidios que integran a causa. La mayor parte de las víctimas de la banda comandada por Rodolfo Ponce y Remus Tetu pertenecían a los ámbitos gremial y estudiantil.

La Universidad Nacional del Sur es querellante y está representada por el dr. Francisco Fuster. Respecto al veredicto, el rector afirmó que está “esperando con ansiedad” la lectura tras “un proceso muy largo” y adelantó que participará de la audiencia.

Recientemente el Consejo Superior aprobó un proyecto para otorgar un reconocimiento académico a David “Watu” Cilleruelo y las víctimas de la Triple A que pertenecían a la comunidad universitaria.

“Estamos a la espera del dictamen del jurado, en breve tendremos novedades, con lo cual el proyecto volverá al Superior en el transcurso de las próximas semanas”, aseguró.

Más información en juiciobahiablanca.wordpress.com

El fin de semana cerró una nueva etapa en el cronograma electoral de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que definirán las candidaturas a ocupar espacios en el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar y diputaciones en la Legislatura Bonaerense y del Congreso Nacional.

En la boleta municipal hay más de una lista en el Frente de Todos y el Frente de Izquierda Unidad. Juntos consensuó una propuesta en Bahía pero tendrá interna en la Sexta Sección entre la lista del PRO y la Coalición Cívica, representada por el presidente del Concejo Deliberante Fernando Compagnoni, y la de la UCR y aliados quienes le dieron la bienvenida al locutor Lorenzo Natali.

Estas son las listas locales presentadas este sábado ante la justicia electoral.

La presidenta del bloque del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, va por la reelección seguida por Mariano Arzuaga. Dentro del espacio oficialista en provincia y Nación, el Grupo Sudoeste presentó su propia lista con el secretario general de AEFIP, Sebastián Más, y Mariana Ranilla en los primeros lugares.

La alianza del PRO, UCR y Coalición Cívica ahora se llama Juntos y sumó a dirigentes locales del Frente Nos de Juan José Gómez Centurión como el pastor evangélico Luis José. El actual secretario de Gobierno, Adrián Jouglard, y la titular del Consejo Escolar, Fabiola Buosi, ocupan el primer y segundo puesto.

El Frente de Izquierda Unidad llevará a Néstor Conte (PO) y a Daniela Rodríguez (PTS), quienes se enfrentarán a la lista del MST encabezada por Cristina Zaris y Héctor Zaris.

Integración Ciudadana repite propuesta netamente local llamando a cortar boleta con María de los Ángeles Rosón y Nicolás Marín.

El ex director de Parques Municipales, Oscar Abraham, fue el elegido por Florencio Randazzo para pugnar por una banca en el Concejo. Lo secundará en la lista de Vamos con Vos, Claudia Velázquez.

  • Concejales Titulares
    Abraham Oscar Elias
    Velázquez Claudia Esther
    Zerneri Hernán Antonio
    Stemphelet Maira
    Cañueto Jose
    Zaldarriaga Andrea
    Carrera Eduardo
    Bolaño Gisela
    Rocha Facundo
    Vazquez Maria
    Hermosilla Sergio
    Celedon Alejandra
  • Suplentes: Condell Pedro; Rodríguez Barbara; Pellegrinatti Juan; Pérez Griselda; Alarcón Sergio; Saravia Celeste; Ramírez Héctor; Cornejo Paula.
  • Consejeros Escolares Titulares: Dietmar Alejandro; Pellegrinatti Lucía; Monje Antonio; Pollio Camila; Gutiérrez Fabián.
    Suplentes: Faur Silvana; Pezoa Paul; Moya María; Conenna Cayetano; Contreras Ludmila.

El Partido Federal -fundado por el ex ministro de Bienestar Social de la dictadura de Levingston, Francisco “Paco” Manrique- propone a Marisa Volpi y a Alejandro Andría.

El Partido Republicano Federal de Guillermo Moreno lleva al canillita Luciano Martos y a Romina Aramburu.

Todos x Bahía también ofrecerá solamente precandidaturas locales que estarán encabezadas por Sebastián Gómez y la empresaria turística Mabel Maneiro.

Por último, la UceDé Avanza Libertad de José Luis Espert, presentó como precandidatos en primera y segunda ubicación a Carlos Alonso y Mariela Vitale.

Las PASO se disputarán el próximo domingo 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre.

Cristina Pitsch, directora de Ordenamiento Forestar Urbano, dialogó con FM De la Calle tras la aprobación en el Concejo Deliberante del Plan Regulador y el Plan Director de Arbolado Urbano.

“El Plan Director pasa a formar parte de lo que es el Plan Regulador de la provincia. El primero establece las especies por calle, dando marco de distinta floración y follaje, se tienen en cuenta el Código de Edificación y las veredas. El Plan Regulador se refiere al mantenimiento, al manejo del arbolado”, señaló.

En el Plan Regulador se prevé la proyección de una serie de actividades. “Una de las más importantes es conocer la situación del arbolado urbano a través de un censo. Luego, el análisis de los datos, de las distintas especies, cómo están, qué problemas sanitarios tienen, qué dificultad de desarrollo radicular, si hubo o no podas, si fueron mutiladas por las podas agresivas”.

“Este Plan Regulador se presenta en la provincia por un período de 5 años en el cual uno anualmente tiene que demostrar avances con lo que se presentó”, explicó la ingeniera.

En referencia al censo de arbolado, mencionó que “se hizo el convenio con la UNS, había un parte censada y seguimos censando, la idea es seguir cubriendo toda la ciudad. Por año se va a hacer un 20% de la superficie de la ciudad. Es dinámico el arbolado urbano, es un trabajo constante de supervisión”.

De lo ya censado aseguró que en la Delegación Centro “hay faltante de árboles, están faltando casi 15 mil, esto es de recintos que los vecinos han cerrado o que están sin plantas”.

En relación a los vecinos y las vecinas que sacaron plantas señaló que “desde principio de año estuvimos trabajando en las intimaciones para la apertura del recinto, tenemos algunos ejemplares para reponer. 14 mil plantas no es poco, es importante trabajar con la gente que capaz quieren reponer ellos mismos los árboles. Eso nos va a permitir saber qué especies tengo, cómo están distribuidas, qué tengo que hacer”.

“Más adelante nos va a permitir saber qué especies hay, cómo están distribuidas, qué tipo de trabajo hay que hacer. Esto lleva a que en un futuro sepamos qué problemas podemos tener y para saber si se trabaja desde el piso, desde altura”, mencionó Pitsch.

En el diseño de las nuevas normativas trabajaron de manera coordinada con el Observatorio de Discapacidad. “Los recintos elevados no están permitidos. No es solamente por el daño que se puede producir a la planta, muy pocas personas riegan los árboles y con la pendiente mínima de la vereda el agua de lluvia entra en un recinto que no es elevado. Con el Observatorio de Discapacidad trabajamos porque es una barrera para una persona discapacitada que se baja de un vehículo o para una persona con disminución visual son un problema los canteros elevados”.

En relación a la poda señaló que “lo mejor es no podar (…) Lo que se hace es el diagnóstico. Existe un registro de podadores que pueden podar en la vía pública, cobran como un jardinero y es un alternativa en cuanto al apuro que tenga la persona. Si es que no hay cables o es un trabajo de altura”.

Por último, destacó que “ellos hacen la poda pero tanto el frentista como la persona que ejecuta la poda tiene un diagnóstico en papel desde la Dirección de Ordenamiento Forestal. Si el podador hace bien el trabajo queda registrado, si hace una mutilación, pasa un inspector, multa a frentista y el frentista puede decir qué podador hizo ese trabajo y se lo saca del registro para que después no tengamos riesgo en el rebrote”.

“El maricón de los chilenos” entrelaza la historia personal de su autor, Cristián Prieto, hijo de exiliados nacido en el corazón del barrio Avellaneda, y la de Piti, un reconocido homosexual de los 70 perseguido por el terrorismo de Estado.

“Tiene que ver con el trabajo que llevo sobre los desaparecidos LGBTIQ en la última dictadura, es una invisibilización de más de 40 años, no hay mucho registro ni mucho se habla. Recién este año ha cobrado fuerza la cifra 30.400 que tiene que ver con visibilizar y no con poner en cuestión los 30 mil”, dijo Prieto a FM De la Calle.

En 1985 el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, Carlos Jáuregui, afirmó que según el rabino integrante de la CONADEP, Marshall Meyer, hubo 400 personas homosexuales detenidas.

Prieto trabajó durante 15 años en la Comisión Provincial por la Memoria. Buceando a través de los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) fue reconstruyendo la memoria histórica de las marcas de la persecución a gays y lesbianas durante el genocidio.

“Al haber nacido en Bahía siempre tuve alguna insistencia en ver cómo las diversidades sexuales habían transcurrido en mi ciudad y el archivo me devolvió un montón de personas, por ejemplo, el protagonista de “El maricón de los chilenos”. Piti es un seudónimo que utilizo. Es un homosexual reconocido en los 70 en la ciudad, voy cruzando momentos históricos con mi propia historia”, comentó el periodista.

El protagonista “estuvo detenido por un armado en relación al consulado chileno en 1978, cuando estaba el conflicto del Beagle con Chile. Decían que el Piti tenía una red de espionaje argentino chileno. Cuando lo revisa, uno se da cuenta que es una causa armada en la que él puede relatar en declaraciones a la justicia en 3 oportunidades que necesitaban algún chivo expiatorio y fue él. Además, cuenta lo que era ser detenido desaparecido y ser homosexual y con ascendencia judía”.

“El personaje y la ficción me ayudaron a poder contar lo que de otra manera sería difícil. La ficción me sirve para contar casos reales, darles un contexto, armar un personaje. Piti es una invención a partir de entrevistas a familiares, compañeros, legajos y artículos”.

Prieto opinó que “como comunidad nos debemos una discusión en relación al período de dictadura. No sé si podríamos ponernos de acuerdo. ¿Qué sentimos y pensamos de cómo fuimos víctimas de la dictadura? Tendríamos que generar acciones para que el Estado tome cartas en el asunto, no puede ser que el Estado hoy no tenga una lectura en relación a nuestra comunidad, para saldar algo que tiene que ver con la reparación. La reparación no solo es económica, tiene que ver con algo de lo social, decir que eso aconteció”.

Por último, en relación a su infancia en Bahía Blanca, Prieto dijo que la recuerda “con muchos años de terapia. Mucho inmigrante chileno en el barrio Avellaneda. Siempre hubo discriminación, ya eras el hijo de chilenos y imagináte además si eras afeminado y medio maricón y se te notaba”.

“Yo viví mi niñez en los 80. En ‘Fichados’, el libro anterior, menciono el informe psicopedagógico del jardín al que iba. Dice: le proponemos a los padres que lleven a Cristián a un deporte para que asuma su masculinidad porque le cuesta estar con los varones, prefiere estar con las chicas. Esa era nuestra realidad, la de las mariquitas de los 80 en Bahía Blanca. No solamente por la cuestión migrante sino por orientación sexual”.

“Pasaron muchísimos años, hemos avanzado pero siempre están estas discriminaciones por lo que uno es. Si no me hubieran dicho maricón, chilote, negrito capaz que me hubiera identificado con lo que hubiera querido de manera más saludable”, finalizó.

La concejala Gisela Ghigliani le reprochó días atrás al intendente Héctor Gay la reglamentación incompleta de la ordenanza que establece el cupo laboral trans en el Municipio. Fue tras la difusión de una reunión que mantuvo el jefe comunal con dos trabajadoras integrantes de dicho colectivo.

“No logramos la reglamentación como queríamos. El último punto, el de la mesa de monitoreo e implementación, no fue reglamentado. Los espacios de participación y discusión, a este Ejecutivo no le gustan. Una política pública sería darle categoría o rango de dirección o secretaría a políticas de género y hoy es un área”, manifestó Ghigliani.

En diálogo con FM De la Calle repasó el estado de tratamiento de una serie de proyectos vinculados a temáticas de género que con distinta suerte analiza el Concejo Deliberante.  

La Municipalidad abrió la inscripción en el Registro Único de Aspirantes para las personas interesadas en acceder a un puesto laboral. La edila expresó que el “Estado tiene que acompañar, facilitar, generar, propiciar, que esto sea habitual y que vaya creciendo y que genera una invitación al resto de organismos y universidades que están en la misma ciudad. Liderar estos procesos”.

“Anotarse en el programa de inclusión laboral no es lo único, hay dificultades por ejemplo con la finalización del secundario para acceder a un trabajo, situaciones que hay que atender su singularidad. Hablamos de crear el programa y acompañar y ampliar derechos y llegar a un piso y ahí poder hablar en términos de igualdad”.

En este sentido, la concejala explicó: “Un registro es importante, pero ¿qué hacemos con este registro? Ahí se abre un abanico de información para trabajar una política pública y generar los dispositivos. Estamos en la vereda de enfrente pero bueno, vamos a apoyar para que se inscriban. Faltan varias cosas, hay que reconocer cuando hay una ordenanza local, votada y reglamentada después de mucho esfuerzo”.

Guía de lenguaje no sexista

A principios de julio se aprobó la creación de una guía de lenguaje no sexista, iniciativa que había sido presentada en marzo de 2020. Según Ghigliani, el objetivo es “tener una comunicación en un plano transversal de igualdad y respeto de las identidades diversas en todo tipo de documentos y resoluciones que se publiquen. Falta la reglamentación y esperamos que sea rápida. Tengo que reconocer que pudimos acordar cediendo en algunas cosas sin alterar el espíritu nuclear”.

Ley Micaela

La presidenta del bloque Frente de Todos manifestó que “la municipalidad lanzó capacitaciones previo a nuestra propuesta de adherir a la Ley Micaela. Sumarse era muy importante para cumplimentar el registro de capacitaciones obligatorias anuales, insumo importante para acceder a ciertos cargos en carreras profesionales. Es una política que no hay que abandonar y tiene que ser central en cualquier gestión más allá del color político”.

Asimismo, declaró que “compañeros varones han avanzado y han obtenido su primer certificado. Es fundamental para profundizar los debates que tenemos, ponerse los anteojos violetas para poder mirar con esta perspectiva a todo el mundo. Las concejalas habíamos hecho una capacitación más intensa en el 2020, junto al Ministerio de Mujeres provincial, lo que nos habilitó para ser formadoras en esta línea”.

Con respecto a la participación y fomento de una agenda con perspectiva de género, Ghigliani contó que “en marzo del 2020, las cinco compañeras del bloque presentamos varias propuestas”.

“El proyecto de decreto de conformación de la Comisión de Género, Diversidad y Equidad en el Concejo Deliberante integrada por concejalas es importante para tener perspectiva de género en los debates que se dan”, ejemplificó la edila. “No es lineal, es una construcción. Cuesta que muchos proyectos tengan la mirada de dicha comisión, la cual podría marcar una línea de discusión de algo que otras comisiones también podrían hacer un análisis. Es fundamental que esté constituida”.

Por otro lado, “hubo un reconocimiento a María Luisa Cosentino, primera concejala, y quedó pendiente la colocación de una placa en el palacio municipal, está el compromiso del presidente del Concejo de concretarlo”.

Por último, Ghigliani comentó que “han quedado en el camino otros proyectos como el de mujeres conductoras, licencias por embarazo para las concejalas. Tenemos pendiente diseñar un protocolo para prevención de violencias contra las mujeres en el Concejo Deliberante y votar el cupo femenino en los eventos culturales municipales en la ciudad, por el cual nos reunimos con Analía López y el director del Instituto Cultural”.

Este último proyecto, que abarca las actividades o ciclos culturales organizados o financiados por la comuna, fue aprobado por unanimidad días atrás. Por otra parte, el oficialismo aprobó por mayoría una ordenanza estableciendo “la importancia de la incorporación de temáticas con perspectiva de género en los medios masivos de comunicación que reciben pauta oficial del Municipio, el Honorable Concejo Deliberante y/o entes descentralizados”.

En una audiencia prevista para el 5 de agosto las empresas responsables de la contaminación del estuario deberán responder si aceptan o rechazan una oferta económica para reparar el daño que hicieron. 

Los pescadores artesanales propusieron a la justicia que se hagan cargo del costo de la planta de tratamiento para el reúso de líquidos cloacales, la cual no solo mejoraría la calidad ambiental de la ría sino que aliviaría el abastecimiento de agua potable de la ciudad.

“Hace tres años que está acreditada la contaminación y la cruel realidad es que no hay ninguna resolución sobre este tema”, dijo a FM De la Calle el abogado Lucas Beier. Los trabajadores realizaron cortes y protestas en Ing. White y las empresas respondieron con denuncias penales.

La Cámara Federal dictó la nulidad de una serie de convenios que el fiscal Santiago Martínez y las empresas firmaron sin participación de la querella ni la fiscalía especializada. Siguieron días de protestas y negociaciones frustradas dentro y fuera de los ámbitos judiciales.

Uno de los intentos involucró a la Unión Industrial, entidad integrada por varias de las empresas imputadas, ante cuyas autoridades se ofreció a mediar. “Respondieron que no quieren hacer ningún arreglo, que van a dejar que siga la vía judicial. El Consorcio (de Gestión del Puerto) dijo que si las empresas no participan ellos tampoco”.

Las multinacionales apuestan a llegar a la última instancia judicial, trámite que les podría garantizar una década más de impunidad y avanzar con la ampliación de algunas plantas.

“Queremos que el Poder Judicial tome esto seriamente y dicte de una vez por todas una cautelar más seria, no tratar que se llegue a un arreglo sino tomar decisiones e imponer obligaciones. Así como la jueza de Garantías en menos de 48 horas obligó a los trabajadores a levantar las manifestaciones también podrían obligar a las empresas a intentar ir mejorando el tema ambiental”, afirmó Beier.

Las investigadas son Unipar (Solvay Indupa), TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, Dow (PBB Polisur), Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.

Hace dos años, la Cámara Federal le impuso al fiscal Martínez un plazo de 90 días para que disponga la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».

En los próximos días, la vía del “consenso” tendrá una última oportunidad. “Las empresas tienen que manifestar si, además de lo que propusieron que era mejorar el sistema de tratamiento -que ellas dicen que es óptimo- en un plazo de 18 meses, aportan dinero para sanear el ambiente cumpliendo con los parámetros de la Cámara”.

La querella considera “suficiente” que se hagan cargo del financiamiento de una planta para la reutilización de líquidos cloacales. “El fiscal consideró que correspondía, les dio traslado y el 5 de agosto tienen que decir si están de acuerdo. Si no están de acuerdo definitivamente se cierra la etapa de conciliación y si dicen que sí habrá que empezar a trabajar en eso”, afirmó el abogado.

El estancamiento de la causa impuesto por Martínez y la jueza Marrón es funcional a la prescripción de la acusación contra los empresarios y funcionarios denunciados. “La causa no prescribiría nunca porque es un delito de ejecución continua -en este momento están arrojando desechos industriales-, a no ser que dejen de arrojarlos y empezaría a correr el plazo. Pero sí corre sobre la persona que deja de ser director. Denunciamos a diez empresas, cada directorio estaba formado por veinte personas, son 200 personas”.

Por último, Beier se refirió a la reciente captura  de peces ulcerados. “No es lo cotidiano que salgan tan visibles pero recordemos que todos los peces analizados en la pericia salieron con úlceras cancerígenas que, según el Departamento de Delitos Ambientales de la Federal, es consecuencia directa del alto grado de contaminación del estuario, no es normal”.

“Dijeron claramente que consumirlos es peligroso para la salud, no es posible el desarrollo de la biodiversidad dentro el estuario. Ninguna de las pericias fue impugnada ni declarada nula pero pasaron tres años y todo sigue como si nada”.

“Las empresas en vez de hacer tantas cuestiones de responsabilidad social empresarial, donando plata o construyendo placitas, se tendrían que hacer cargo del saneamiento del estuario y dejar de contaminar. Es principalmente un reclamo a los funcionarios del Poder Judicial, Legislativo, administrativo, al Concejo Deliberante, al intendente. Cuando salió la pericia hubo un poco de revuelo y después nadie más habló de este tema”, dijo el abogado.

Tres de los 14 jóvenes detenidos en Puan por una causa de supuesto narcotráfico obtuvieron la detención domiciliaria por motivos de salud y otro por una situación familiar. Para la Comisión Provincial por la Memoria el expediente a cargo del fiscal Mauricio Del Cero presenta “debilidades probatorias muy evidentes”.

“Nico tiene un problema de salud que tenía que ser atendido con urgencia. Tenía los prequirúrgicos para hacerse (cuando fue detenido), empezamos esa lucha de hacer presentaciones. Lo vieron 3 médicos, el perito del penal, el médico de partes y una tercera observación hizo que le otorgaran la domiciliaria”, comentó a FM De la Calle Fabiana Herrero, madre Nicolás Lupín.

Herrero informó que para este jueves estaba prevista la pericia caligráfica a Kevin Torres, quien negó haber sido el autor de la denuncia que originó la causa y denunció la adulteración de su firma por parte de la Policía Bonaerense.

“Al enterarse que está siendo denunciante se presenta voluntariamente diciendo que él no hizo esa declaración y desconoce la firma. Es el punto neurálgico, la denuncia da inicio a la investigación con posterioridad, si se comprueba que es falso se caería toda la causa”, afirmó la madre de Lupín.

La causa incluyó una serie de allanamientos en Puan ocurridos en diciembre de 2020, los cuales fueron utilizados propagandísticamente por el ministro de Seguridad Sergio Berni. Nueve jóvenes permanecen detenidos en el Penal de Villa Floresta. Familiares y amigos de los imputados se manifestaron en varias ocasiones reclamando su liberación. A Nicolás le secuestraron «plantas pequeñas (de cannabis) que no estaban sexadas».

“Desde el primer momento que Kevin se presenta voluntariamente a decir que la declaración y firma no son de él, todas las miradas desde fiscalía fueron hacia nosotros diciendo que estábamos instigando a que hiciera estas declaraciones, nosotros no tenemos contacto, no nos conocíamos”, dijo Herrero.

Agregó que “el juez Guillermo Mércuri otorgó la domicilia y la Cámara de Apelaciones la aprobó. En el caso de los chicos, la misma Cámara que nos denegó la excarcelación es la que les otorgó la domiciliaria”.

“Por lo que nos dicen que el tiempo de investigación es de 10 meses, se estaría terminando a fin de año, y ahí veremos si se eleva a juicio la causa”, concluyó.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe anual 2021 sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de un año marcado por la pandemia que evidenció aún más la crisis humanitaria del sistema penal luego de cuatro años de crecimiento sostenido de la población detenida. “La gestión del ministro de seguridad Sergio Berni consolidó las mismas políticas punitivistas de sus antecesores”, advierte.

La actual gestión de gobierno reconoció y asumió en los primeros meses la tarea de descomprimir un sistema penitenciario con elevados índices de sobrepoblación y hacinamiento. Una posición positiva que logró un leve descenso de la población en cárceles rompiendo la tendencia creciente de la última década.

Estas iniciativas no tuvieron su correlato en las decisiones del Poder Judicial ni en las políticas del Ministerio de Seguridad: a pesar del descenso de los delitos, aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial, y las comisarías tuvieron la sobrepoblación más alta de los últimos 15 años.

El reporte es el primero que se presenta luego de la designación formal de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

El informe en detalle

El gobierno de la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires profundizó la tendencia de los últimos 20 años: reformas regresivas, discursos punitivistas y crecimiento sostenido de la población detenida. El nuevo gobierno asumió transitando una profunda crisis provocada por la falta de alimentos y medicamentos en el sistema penitenciario y una huelga de 16.000 personas detenidas. Reconociendo la profunda crisis del sistema de encierro provincial y con el compromiso de transformarlo, convocó a una Mesa Interinstitucional de diálogo entre los tres poderes del Estado y organizaciones de derechos humanos, entre ellas la CPM. Esta iniciativa fue un importante mensaje político que se desactivó luego de iniciada la pandemia.

Los discursos e intenciones del Ministerio de Justicia, los avances importantes en salud mental y otros índices alentadores como la leve caída interanual de personas detenidas, y el descenso de jóvenes y mujeres en el encierro, no encontraron su correlato en el poder judicial que continuó reacio a los cambios, convirtiéndose en el sostén de esta política de sobre encarcelamiento. La excepción fue el fallo del Juez de Casación Víctor Violini, que rápidamente fue revocado por la Suprema Corte. Por su parte, la gestión del ministro de seguridad Sergio Berni, consolidó las mismas políticas punitivistas de sus antecesores.

En un contexto atravesado por la pandemia, la habilitación de los teléfonos celulares fue una valiosa iniciativa: ante la suspensión de las visitas, garantizó a las personas detenidas el acceso a su derecho a la comunicación y al vínculo familiar. También se constituyó en una herramienta para visibilizar y documentar casos de torturas, malos tratos y nula atención médica.

La angustia y desesperación de las personas detenidas demandó una mayor intervención de la CPM que lanzó el programa Punto Denuncia Torturas, junto a ocho organizaciones de familiares y ex detenidos/as de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa novedosa permitió fortalecer la capacidad de recepción de denuncias y la intervención frente a las violaciones a los derechos humanos en lugares de encierro.

De este modo, durante el 2020 los equipos de la CPM y del Punto Denuncia Torturas, realizaron 21.500 entrevistas a personas detenidas o sus referentes afectivos en las que se relevaron 34.500 hechos de tortura o malos tratos; casi la mitad de estas denuncias, más de 16.000, fueron por hechos de violencia o morosidad judicial. Esto confirma la sistematicidad de la tortura como forma de gobierno de la población encarcelada.

A partir de estas comunicaciones, se presentaron 16.200 escritos judiciales, entre ellas 3.200 habeas corpus individuales y 13.000 acciones urgentes. También se presentaron 120 acciones colectivas por hacinamiento, escasez de alimentos, falta de atención médica, falta de insumos de higiene, protestas, huelgas de hambre, represión, casos sospechosos o positivos de Covid-19.

Además, durante el 2020 la CPM continuó realizando inspecciones a cárceles, comisarías, alcaidías y centros de detención de jóvenes, la mayoría de carácter urgente frente a los conflictos que se presentaron.

Durante las protestas producidas los días 21 y 22 de abril en las unidades 10 de Melchor Romero y 23 de Florencio Varela y las ocurridas en nueve Unidades de toda la provincia el 31 de octubre y 1 de noviembre, los equipos de la CPM se constituyeron en todas ellas, realizando un seguimiento de las víctimas de la represión los días posteriores.

El informe sobre este último hecho habla de la magnitud de lo ocurrido: más de 1.500 personas padecieron represión extrema, torturas y traslados compulsivos. Sobre este universo, en 516 personas se constataron judicialmente un total de 634 lesiones. En 113 casos las lesiones fueron provocadas por postas de goma disparadas contra la cabeza, lo que está expresamente prohibido; 17 personas perdieron un ojo, una ambos ojos y otra parte de su oreja, lo que produjo discapacidades permanentes. Las represalias se vieron incluso en los incendios intencionales provocados por los agentes penitenciarios en los centros universitarios de las cárceles 48 de San Martín y 31 de Florencio Varela.

Antes de la represión, el Servicio Penitenciario Bonaerense ya había mostrado su accionar criminal provocando y fogoneando la protesta, incitando a los detenidos a subirse a los techos, sosteniendo las escaleras para que lo hagan o abriendo las puertas de los patios sin custodia.

También cabe recordar que durante esos hechos falleció Joel Román Carretero por una “lesión sufrida por la caída desde uno de los techos” en la UP 46 de San Martín. En la represión de abril en Florencio Varela, Federico Rey fue asesinado por penitenciarios que dispararon con bala de plomo, a pesar de estar prohibido su uso en el interior de las cárceles.

La reiteración de las recetas punitivistas en la cartera de seguridad

En las políticas de seguridad de la Provincia se intensificaron tres rasgos: retroceso en la conducción civil de las policías y unificación de las jefaturas, profundización del esquema de saturación policial como mecanismo de gestión territorial y agravamiento de la crisis humanitaria en las comisarías. A diferencia de otras áreas de la actual gestión, el Ministerio de Seguridad insistió en una receta que ya tiene 20 años y un fracaso reiterado: el punitivismo como única respuesta a los problemas de seguridad.

Como el mismo gobierno reconoció, los delitos se redujeron en promedio casi un 30 % por efecto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; sin embargo, crecieron exponencialmente las aprehensiones policiales: de 280.000 en 2019 se pasó a 410.088 en 2020, es decir 130.000 personas más. De estas 410.088 personas aprehendidas, apenas 37.607 (9,2 %) fueron privadas de su libertad por imputación de un delito y sólo 15.249 (3,7 %) ingresaron luego al Servicio Penitenciario Bonaerense porque se les dictó prisión preventiva o fueron condenadas.

Es decir, casi 9 de cada 10 personas fueron aprehendidas sin vinculación con la comisión de delitos. Esa hiperactividad y arbitrariedad de las fuerzas policiales en el despliegue territorial tuvo dos consecuencias directas: el aumento de la violencia policial y la saturación de las comisarías como lugares de detención.

Sobre el primero de los puntos, sólo la CPM registró durante el año 400 casos de violencia policial que involucran 577 hechos y 123 muertes por uso letal de la fuerza en territorio bonaerense. Si bien los 123 casos registrados en el 2020 marcan un descenso interanual, 21 menos que en 2019, es relevante incorporar al análisis la disminución de las denuncias de ilícitos; elemento que debe considerarse porque la mayoría de las muertes producidas por policías se generan en circunstancias en las que, supuestamente, son víctimas de robo.

Los casos de gatillo fácil, que terminaron en la muerte de Lucas Verón, Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, son una muestra de prácticas estructurales que se reiteran. A estos se suma la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, donde innumerables indicios dan cuenta de la actuación policial, no investigada por la justicia federal.

Sobre las violaciones a los derechos humanos en comisarías, el incremento de personas detenidas en dependencias policiales alcanzó en noviembre el record de los últimos 15 años: 5.600 personas se alojaron en 1.221 plazas. El promedio anual fue de 4.849 personas, esto implicó una sobrepoblación del 295%, casi 80 puntos más que el año anterior.

En ese contexto crítico, 18 personas murieron en comisarías bonaerenses durante 2020; la misma cantidad que en 2018 aunque tres personas menos que en 2019.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad continuó incumpliendo con las órdenes judiciales de clausurar comisarías, incluso con una resolución del propio Tribunal de Casación provincial y también con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares sobre 21 dependencias.

A diciembre de 2020, se informaron 304 comisarías ocupadas, de las cuales 131 se encontraban inhabilitadas para alojar personas ya sea por inhabilitación ministerial o clausura judicial. Sin embargo, en esta condición alojaban al 36% del total de personas detenidas.

Finalmente, no sólo el Ministerio continuó incumpliendo órdenes de clausura, sino que también demostró su desdén con las instancias de diálogo y se ausentó sistemáticamente de las mesas de trabajo convocadas por el gobierno en el marco de las medidas cautelares en trámite ante la CIDH.

Algunos indicios alentadores que deben consolidarse

A nivel provincial el número de personas detenidas se mantuvo estable, pasando de 51.215 en enero de 2020 a 50.520 en enero de 2021, es decir una diferencia de 695 personas (-1%). Como puede observarse, no existió ninguna liberación masiva de personas. No obstante, la variación interanual fue negativa por primera vez en 13 años. Y como se dijo, luego de cuatro años en donde el crecimiento de las personas detenidas fue exponencial, a un promedio interanual del 9%.

Sin embargo, este leve descenso también debe analizarse considerando que la cantidad de delitos disminuyó en la provincia de Buenos Aires, conforme fuera anunciado conjuntamente por el procurador general de la Provincia Julio Conte Grand y el ministro de Seguridad Sergio Berni en septiembre de 2020. Es decir, si bien el delito disminuyó de manera considerable no hubo un correlato similar en la disminución de personas detenidas.

Con todo esto, la tasa de encarcelamiento cada 100.000 habitantes (mayores de 18 años) bajó de 415 a 399, equiparando el registro de 2018. Si bien 2020 interrumpió la tendencia ascendente iniciada en 2014, la tasa de encarcelamiento actual es 55% más alta que hace diez años.

La sobrepoblación del sistema carcelario descendió de 118% en 2019 a 106 % en 2020. Esto significa que todavía la mitad de los/as detenidos/as no tuvo espacio para dormir. Sin embargo, puesto en la serie histórica, 2020 rompió una tendencia ascendente iniciada en 2008 y exacerbada desde 2014.

Por otro lado, la pandemia evidenció la crisis sanitaria en el encierro y reforzó un reclamo ya histórico de la CPM: el pase de Salud Penitenciaria a la órbita del Ministerio de Salud para integrarse a las políticas sanitarias provinciales. Durante el 2020 murieron 178 personas en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires; 30 más que el año anterior. Esto es un promedio de 15 muertes por mes o una cada dos días. De las 178 muertes, 29 fueron por Covid-19; 152 fueron por cuestiones de salud no asistidas, en su mayoría cuadros que de haberse tratado a tiempo las personas hubieran vivido o al menos extendido su sobrevida.

Las políticas de encierro durante el 2020 también muestran el descenso de la cantidad de mujeres, travestis, trans y jóvenes en prisión, datos alentadores porque hablamos de poblaciones particularmente vulnerables.

Al finalizar el año, había 2.028 mujeres privadas de su libertad en el SPB, esto es un 10,5% menos que el año anterior. Particularmente notorio fue el descenso de mujeres embarazadas o detenidas junto a sus hijos/as menores de 4 años: a diciembre de 2020, eran 33, un 57% respecto del año anterior.

Por su parte, la cantidad de personas trans y travestis detenidas se redujo un 19 % pasando de 101 en 2019 a 82 en 2020.

Con respecto al fuero de responsabilidad penal juvenil, la cantidad de jóvenes detenidos en dispositivos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) se redujo de de 676 en enero a 503 en diciembre del año pasado, un dato positivo que redujo el histórico problema de hacinamiento. Sin embargo, se denuncia en este informe la muerte de dos jóvenes por falta de políticas adecuadas de prevención de los suicidios. Uno de ellos había sido víctima de torturas el día anterior.

Hay otro dato poco alentador: sólo 245 de los 753 niños, niñas y jóvenes ingresados a dispositivos del OPNyA durante el 2020 tuvo algún contacto previo con el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y jóvenes. Es decir, el Estado llega tarde y con respuestas punitivas a trayectorias marcadas por la vulneración de derechos.

El otro dato preocupante que se sostiene en el tiempo tiene que ver con los jóvenes inimputables de 15 años o menos que ingresan al sistema de encierro; durante el 2020, fueron un 12% del total.

Por último, una mención especial merecen las políticas de salud mental que presentaron notables avances en la elaboración y presentación de los planes de readecuación de los manicomios públicos para cumplir con la ley de salud mental, y también en las acciones tendientes a fortalecer los dispositivos de externación. Como consecuencia, bajaron la cantidad de personas encerradas en manicomios públicos y la cantidad de fallecimientos en estos ámbitos. A 10 años de la sanción de la ley, esa deuda comienza a saldarse.

En esa línea, urge ahora consolidar la fiscalización y control de las comunidades terapéuticas; a diferencia del sector público, las muertes se incrementaron en las instituciones privadas. También es necesario intervenir las unidades carcelarias 34 y 45 que alojan a personas con padecimiento mental, lugares que no siguen una lógica tratamental sino securitaria sin cumplirse con la ley de salud mental.

La CPM presenta este informe, el Sistema de la crueldad XV, como una herramienta para la transformación profunda de la política criminal en la provincia que promueva y consolide el paradigma de los derechos humanos como garantía fundamental de la democracia.

Luego de la obtención de la Copa América por parte de la selección argentina, el Foro Popular de Salud puso el foco sobre el “experimento epidemiológico imposible” que representaron de hecho los festejos masivos con escasas medidas de seguridad. Planteó qué pasaría con los contagios teniendo en cuenta el avance de la campaña de vacunación.

“Todavía estamos recabando datos de todo el país, aclarando que lo nuestro no es un estudio con fines académicos sino una observación de la realidad. Vemos que los casos van disminuyendo en forma leve, que la situación de los hospitales es algo más holgada, todavía tenemos ocupación en terapia intensiva, pero ya no es la complejidad de hace algunas semanas”, dijo a FM De la Calle el director de la Clínica Matera, Pablo Casella.

El referente del Foro agregó que “hoy contamos con una cama libre, cosa que no sucedía en las últimas 7 semanas. Notamos que ha disminuido en forma franca la cantidad de pacientes en seguimiento telefónico, que son positivos pero su sintomatología los hace estar aislados en el domicilio sin tener que ir al hospital. Teníamos 220 aproximadamente y ahora estamos en 96”.

Casella mencionó que esta disminución se atribuye a dos cosas: “La campaña de vacunación, se ha acelerado de manera significativa, tenemos casi un 50% de vacunados en el país con al menos la primea dosis. El otro punto es que ha sido efectivo el control en aeropuertos para retrasar el ingreso de nuevas cepas, no hemos tenido circulación comunitaria de esas en la ciudad.”

En relación a las personas vacunadas, Casella dijo que “vemos que quienes tiene al menos una dosis y se han contagiado no han necesitado el hospital y los que necesitaron no llegaron a terapia intensiva. Con las dos dosis no hemos visto casos graves que hayan requerido asistencia respiratoria mecánica. Hay un descenso significativo en la gravedad de los pacientes vacunados”.

“Creo que si ingresa la nueva cepa (Delta), que va a ingresar, vamos a tener aumento de contagios pero esperamos que no sean de la gravedad de los meses anteriores”.

El médico explicó que “hay una relación directa entre la gravedad y los vacunados. De todas formas es algo que requiere una solución en todo el mundo y en todos los países, si hay países que no tengan acceso a la vacuna las cepas se siguen distribuyendo y siguen mutando”.

Por último, enfatizó que “el hecho de vacunarse no solo es individual sino que es un acto solidario con los demás, con las familias. A uno le cuesta entender que teniendo una herramienta como la vacuna, muy efectiva y que ha demostrado no tener grandes complicaciones adversas, la gente no se vacune”.

“Efectos de los agrotóxicos en la salud infantil” es el nombre del informe que busca concientizar a la comunidad médica para abordar las enfermedades que se asocian a los herbicidas y funguicidas que se utilizan en los cultivos agropecuarios e impactan en la salud de los pueblos, en particular en una de las poblaciones más vulnerables como son los niños y las niñas.

Se trata de un trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatría elaborado por su Comité de Salud Ambiental, a través de un equipo que reunió a doce profesionales.

“Es un hito porque hay varias cosas que suceden cuando se labura en territorito con poblaciones expuestas que vienen denunciando o pidiendo ayuda. Una de las que más se escucha es que no encuentran médicos que digan esto que te pasa puede ser por los agrotóxicos, se encuentran muy desamparados”, dijo a FM De la Calle Ignacio Bocles, médico y docente de la Cátedra de Embriología de la Facultad de Medicina de la UBA.

El coautor de uno de los capítulos del documento, agregó que “hace tiempo que Argentina se debía que una sociedad médica se plantara de esta manera y pusiera una posición respecto a una necesidad efectiva que es la de formar, capacitar y dar herramientas a los médicos que están en territorio para hacer una evaluación que involucre el carácter ambiental. Es algo que se tomó muchísimo tiempo”.

“Desde el 96 que tenemos este modelo en el agro pero la historia de extractivismo y de contaminación viene desde mucho antes. Es algo bienvenido, es necesario y se tiene que tomar en cada territorito para evaluar la situación de cada lugar, para ver qué medidas se necesitan”, dijo el investigador.

¿Qué son los agrotóxicos?

La palabra agrotóxico se acuña desde las comunidades, hace referencia a los químicos y compuestos sintéticos que se utilizan en la producción agrícola. El uso del químico implica un riesgo y ese riesgo es tóxico y no debería llegar nunca a estar en contacto con el cuerpo de nadie. Cuando nos ponemos a hablar de lo socioambiental no debería destruir los ecosistemas.

Son químicos que tienen un poder biocida importante sea cual sea el objetivo que vayan a matar. Al mismo tiempo, mientras más se usa más resistencia se genera, con lo cual se tiene que usar más. Este modelo en los últimos años ha generado un crecimiento exponencial del uso que ha generado que incluso población urbana alejada de los campos tenga en su cuerpo estos venenos.

¿Cómo nos afectan?

De muchísimas maneras, el pensamiento de la salud está formateado y se piensa como antes se pensaban a las infecciones, tal microbio genera neumonía y es eso lo único que puede generar.

Acá estamos hablando de químicos y con la contaminación en general sucede que se pueden producir múltiples afecciones, hasta anomalías congénitas, malformación en embriones, aumento de casos de cáncer, tienen impacto en la herencia, el impacto se puede dar en hasta 4 generaciones después, en aumentos en incidencia de diabetes, hipertensión, etcétera. No estamos expuestos a uno sino a un conjunto de químicos que que pueden tener muchas implicancias, con lo cual altera la forma en la que enfermamos, morimos y también la forma en la que vivimos.

-¿En la actualidad no se mira a la salud desde una perspectiva integral?

Hay una tendencia en todo el mundo en transformar cómo entender la salud y la vida, salir del pensamiento lineal de que una cosa genera otra. Estamos atravesados por muchas variables que hacen que las enfermedades se manifiesten de manera diferente en cada persona y distintos generadores de enfermedad generan distintos problemas.

En ese sentido se torna fundamental que los médicos adquiramos herramientas epidemiológicas de evaluación comunitaria. Si estoy enfocado en diagnosticar y tratar una enfermedad de alguien y no me pregunto si es o no más frecuente en la comunidad, lo único que hago es poner parches a un sistema generador de enfermedades. El punto es diagnosticar y tratar pero, al mismo tiempo, atacar lo que genera el problema, hacer ambientes más sanos que generen menos problemas.

Para ello, ¿una propuesta sería la elaboración de una historia clínica socioambiental?

Es un primer paso para involucrar en la tarea cotidiana de los médicos la evaluación de la problemática ambiental. Es algo que antiguamente se hacía mucho en la medicina, en la industrialización de la medicina, en el sistema urbano donde el médico está en un consultorio y viene un paciente de muchos kilómetros y las formas de vida están borradas en las formas de ejercer la medicina. Es recuperar esto y ver de dónde vienen, a qué están expuestas las personas, si involucran agrotóxicos como pueden ser otros componentes.

¿Qué pasa con las exposiciones crónicas y las normativas laxas? ¿Es más difícil evaluarlas medicamente?

Hay algunas cuestiones que son más ingenuas y algunas más perversas. En territorio hay instituciones del Estado que han entrado en prácticas aborrecibles. Por ejemplo, al instalar plantas de tratamientos de residuos en una comunidad, facilitando que esa población no va a pagar ciertos impuestos en retribución al daño que se generará a la salud en los próximos años por la presencia de esa planta. Hay cosas que son ingenuas desde el desconocimiento y otras realmente macabras respecto a instituciones que están dañando la salud sabiéndolo. Son cuestiones a problematizar.

-¿Qué podés contarnos en relación al capítulo que desarrollaste junto a Damián Marcov, “Efecto de los Agrotóxicos en el desarrollo embrionario y en el sistema nervioso infantil”?

Yo me aboqué más a la parte embrionaria y Marcov más a lo neurológico. Argentina está entre los países que más conocimiento producen porque es un problema muy presente. Se estudia en modelos animales porque te permite entender qué mecanismo pueden estar atrás de que aparezca un problema.

Los mecanismo son comunes en algunos animales, la forma en la que nos desarrollamos es parecida, los mecanismo para generarse son parecidos. Se ve que los agrotóxicos generan problemas muy marcados al interferir en la red de comunicación celular. Por lo cual hay muchísimos sistemas que se alteran, sobre todo lo que tiene que ver con desarrollo del sistema nervioso central, el cerebro en particular, y muchos efectos de la línea media, involucra alteraciones en el sistema digestivo que pueden ser funcionales, como intolerancias alimentarias en el niño que nace, hasta anatómicas que puede ser nacer con las viseras fuera del cuerpo.

Esto se ve en distintos sistemas porque no ataca a una parte del cuerpo sino que altera una forma de la comunicación entre los tejidos que organiza cómo se desarrollan. Al mismo tiempo se ve que cuando el animal adulto está expuesto se genera el efecto a varias generaciones después. No solamente su cría tiene problemas, sino que la cría de la cría y la cría de la cría de la cría tiene problemas.

En los animales se ven problemas con la formación de la placenta y con la implantación de embriones y eso se vincula con problemas en el parto. Esto tiene correlato con problemas que se denuncian en todos los pueblos fumigados respecto a cosas que ven más frecuentemente. Son correlatos de evidencias animales que acompañan y coinciden con lo que ven las poblaciones afectadas a muchísimo tiempo.

¿Desde el Estado cambió algo en los últimos años en relacion a acompañar estas investigaciones?

Es cierto que hay un poco más de tensiones institucionalmente y que hay personas muy valiosas actuando desde allí, está la Red de Municipios por la Agroecología. La decisión política para abordar este tema brilla por su ausencia, en esas tensiones se beneficia el aumento de uso de estos agrotóxicos. Una de las cosas que se autorizó en pandemia es que se pudiera fumigar. Las personas estaban encerradas en sus casas y las fumigaciones se hacían con mucho menos reparo que se hacían antes. La verdad es que la tensión está inclinada para el sector agroindustrial y poco para el lado de la salud socioambiental.

Fotos Bocles: lavaca.org

La CTA y un grupo de organizaciones pidieron al intendente Héctor Gay que cumpla con una ordenanza del 2009 que establece que se implemente un sitio de la memoria en la Plaza del Sol/Lavalle/de la Resistencia y la Memoria.

“El municipio debería llamar a las organizaciones de derechos humanos, a los colegios profesionales y hacer una especie de concurso público para establecer de qué manera se iba a establecer para recordar la memoria de los 30 mil desaparecidos. Estamos reclamando que se cumpla con esa ordenanza. Ninguna de las administraciones municipales la ejecutó”, dijo a FM De la Calle, Dante Patrignani, secretario de derechos humanos de la central.

Semanas atrás retiró el cartel de Memoria Verdad y Justicia. “Como son tan exigentes con el cumplimiento de las ordenanzas, como me dijo el secretario de Espacios Públicos en su momento que deberíamos conocer las ordenanzas para poner un cartel”, pretenden que la comuna cumpla con la 15.190 aprobada en 2009 por el Concejo Deliberante.

Patrignani agregó que “vamos a hacer una campaña de firmas personales, además de las organizaciones que acompañan la nota. Mientras tanto consideramos que el cartel que pusimos vino a suplir al falencia por parte de la Municipalidad y pedimos que se habilite para volver a colocarlo”.

“Pedimos una entrevista con el intendente para discutir esto. Históricamente es el lugar de la memoria en Bahía Blanca, desde el primer mural con los nombres de los desaparecidos de la ciudad siempre fue un lugar emblemático”, señaló.

Por último, en relación a la sentencia por el juicio a integrantes de la Triple A por crímenes de lesa humanidad que se conocerá el 2 de agosto, mencionó que “tenemos acordado llamar a quienes quieran participar, los que no puedan ingresar a la sala, hacerlo desde la calle, acompañar esto con las imágenes de víctimas de la Triple A y hacer un acto y reconocimiento. Entendemos que debe haber una manifestación pública”.

Un decreto publicado en el Boletín Oficial estableció los alcances y requisitos para que las mujeres  puedan sumar de uno a tres años de servicios por cada hijo o hija.

“Se contabilizan años de aporte por tareas de cuidado para mujeres que tengan la edad requerida para jubilarse pero no tengan los aportes. Se les van a reconocer años en función de la cantidad de hijes que hayan tenido a lo largo de su vida”, explicó la economista y columnista de FM De la Calle, María Julia Eliosoff.

Agregó que “las mujeres tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral porque, dada la división sexual del trabajo, dedicamos mucho más tiempo de la vida a cuidar y a las tareas domésticas no remuneradas”.

Eliosoff señaló que esta medida “tiene que ver con lo que se conoce como la jubilación de amas de casa, que es el Plan de Inclusión Previsional, un programa del 2005 que se ha ido renovando hasta la actualidad”.

“En 2005 no fue una medida pensada en términos de igualdad de género, sino de inclusión, una moratoria, un plan de pagos, para las beneficiarias que dicen me voy a jubilar pero debo plata. No es un regalo, después se pagan los aportes que faltan. Era para cualquier persona que le falten años de aporte, en su momento más del 85% eran mujeres y de ahí fue que este plan toma el nombre de jubilaciones de amas de casa. Actualmente está más o menos en el 73%”.

El nuevo anuncio implica un reconocimiento al que accederán cerca de 155 mil mujeres y que también “reconoce los plazos de licencias por maternidad y excedencia de maternidad. Esos períodos no computaban como meses de aporte porque durante esos meses que se pide la licencia el empleador no es el que paga el salario sino ANSES, entonces esos meses no contribuimos a la futura jubilaciones”.

Si bien es una medida celebrable, la economista destacó algunas observaciones que todavía quedan pendientes:

“El sistema previsional arrastra todas las desigualdades del mercado laboral, es decir, todos los problemas que describimos vinculados al empleo y mujeres y personas LGBTIQ luego se replican en el sistema previsional”.

Agregó que, por ejemplo, “existen las brechas salariales que están alrededor del 30% para empleos formales y 45% en empleos informales. Como lo que se cobra por jubilaciones es una proporción de los aportes, si en general ganamos menos, obviamente en las jubilaciones percibimos un monto menor”.

“Otra de las grandes problemáticas es que las mujeres están más representadas en los empleos informales. Este tipo de medida solamente llega a personas que en algún momento de su trayectoria laboral hayan podido hacer algún aporte. Las personas que hayan trabajado de manera asalariada y no tuvieron aportes no pueden acceder”, enfatizó.

Eliosoff afirmó que la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) es “un parche que apareció durante el macrismo. Es básicamente un ingreso equivalente al 80% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Son $19.526 y es un 7% más bajo que la línea de pobreza para una persona. Los adultos mayores tienen gastos específicos, en general, de altos valores como la medicación y ni hablar si tienen que pagar alquiler”.

“A la PUAM acceden personas de más de 65. En las mujeres tienen que pasar 5 años más que la edad jubilatoria, es una edad puesta arbitrariamente no hay fundamentación y comparada con la canasta básica total o para un hogar de 3 habitantes, que es de 51 mil pesos, la PUAM no llega a ser el 38% de ese valor”.

En conclusión: “Para empezar a pensar en la seguridad social para adultos mayores que garantice la cobertura para todos y todas y no tener miedo a llegar a viejes, esta nueva medida es un gran avance pero sigue llegando a ‘privilegiades’ que son las personas que en algún momento de su vida han podido tener un empleo registrado”.