El 19 de abril el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad un proyecto de instalación de buzones para “denunciar a narcotraficantes”. La iniciativa fue propuesta por el empresario y periodista Germán Sasso. A su vez, contó con el apoyo de funcionarios judiciales como el fiscal general Juan Pablo Fernández y el titular de la UFIJ Nº 19 (Drogas), Mauricio del Cero.
FM De la Calle consultó a diferentes especialistas sobre la flamante ordenanza: “Fulbito para la tribuna”, “No protege a los ciudadanos”, “Es discriminatoria”, “Podría generar situaciones de violencia”, “Es una acción superficial”, fueron algunas de las respuestas.
Adriana Rossi, doctora en Filosofía y especialista en lucha contra el narcotráfico.
No me gusto para nada. El punto de partida del municipio es una política represiva y no de intervención social en el territorio. Convierte a los ciudadanos en policías, lo cual ha sido desaconsejable siempre por las derivaciones autoritarias. Se da pie a distorsiones (acusaciones por venganza, por ejemplo).
Podría tener efectos adversos. Podría transformarse en un instrumento que grupos narcos podrían utilizar para deshacerse de los rivales. No protege a los ciudadanos por el hecho mismo que al acercarse al buzón el denunciante podría quedar marcado.
Es discriminatorio porque apunta a los circuitos de venta de los barrios más marginales. Los otros circuitos para clase más alta son generalmente menos visibles y más protegidos.
Se apunta a los puntos de ventas. Se elimina uno y surge otro si no hay otro tipo de política. El consumo no se elimina con la intervención en la venta. Para enfrentar la oferta sobre todo en el narcomenudeo se debería tener en cuenta no sólo la dimensión puramente social sino también cultural para contrarrestar la cultura o subcultura que se genera en esos circuitos.
Denunciar, arrestar, solo va a atiborrar a las cárceles e institutos de menores con “delincuentes” de poca monta y, como dije antes, en lo referente a destruir un punto de venta lo mismo vale para las bandas. Sale una de la escena y se arma una violencia terrible (y no sólo narco) ejercida por pequeños grupos para apoderarse del territorio dejado libre por esa banda. La solución está por otro lado, y estas medidas, como la del buzón, terminan con la criminalización de grupos sociales desfavorecidos dejando intacto el circuito.
Carlos del Frade, diputado provincial, Santa Fe. Autor de la investigación “Geonarco, narcotráfico, poder y esperanza” y del libro “Ciudad blanca, crónica negra: historia política del narcotráfico en el Gran Rosario”.
Los buzones por la vida en Rosario y Funes, que es una localidad cercana a Rosario en el sur de la provincia de Santa Fe, fue una idea que comenzó a desarrollarse en los años 90. Después de casi 20 años de implementación arrojaron un resultado muy malo porque de hecho el desarrollo del negocio fue cada vez creciendo con mayor proporcionalidad, incluso la aritmética.
Así que estamos convencidos de la inutilidad. Supone filosóficamente que el vecino se tiene que convertir en una especie de celador y perseguidor de sus propios vecinos, algo que en realidad tiene que ver con la prevención y las tareas de las fuerzas de seguridad tanto nacional como provincial.
Allí hay una cuestión fundamental: mientras las principales fuerzas policiales de cada provincia sean en realidad las que manejan el negocio del narcotráfico en las principales provincias argentinas como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán la cosa no se va a solucionar con un buzón de denuncias anónimas contra el narcotráfico.
También es fundamental decir que los jueces federales, por lo menos en las dos grandes ciudades de la provincia, Rosario y Santa Fe, no se han caracterizado por trabajar mucho el tema. Al contrario, la principal banda narco en la provincia ha sido juzgada y condenada por asesinatos y asociación ilícita, pero no por narcotráfico.
Estas cuestiones también marcan que son respuestas espasmódicas, fulbito para la tribuna, pero nunca determinan un ataque en serio al gran corazón de todo esto que es el negocio del dinero a partir de los inversores y los que después lavan el dinero. Estamos muy lejos de encontrar una solución con los buzones de denuncias anónimas.
ILSED (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia).
La propuesta de instalación de Buzones Anti-Narco en Delegaciones Municipales, Salas Médicas y otras reparticiones aparece como una medida innecesaria frente a la existencia de múltiples instancias en las que es factible la realización de denuncias anónimas, tal como se plantea en los mismos considerandos de la ordenanza. Así, sin sumar de manera contundente al abordaje del problema, la medida podría generar situaciones de violencia desplegadas en el territorio y en lugares en los que se carece de las herramientas de contención adecuadas frente a estas situaciones.
Como aporte a la prevención del narcotráfico en el ámbito municipal, un camino más fructífero podría ser el de avanzar en diagnósticos más precisos de las manifestaciones del problema en el territorio, generando evidencias que sustenten las políticas concretas que podrían ser impulsadas localmente.
Victoria Darraidou, Investigadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS.
La iniciativa ya ha sido probada en varios municipios del país, si bien no se conocen evaluaciones de los distritos que implementaron estas acciones, las mismas suelen desactivarse con el tiempo. En ese sentido, este tipo de respuesta está más orientado a generar una idea de intervención que a crear acciones involucradas en la resolución de conflictos.
Con relación a la ordenanza de Bahía Blanca:
o la iniciativa propone una vía de denuncia anónima, pero no facilita a los ciudadanos la posibilidad de realizar un seguimiento sobre su denuncia;
o las denuncias no necesariamente contienen los datos esenciales para motorizar un proceso de investigación, no hay control de calidad sobre lo que se denuncia. Por otra parte, ello posibilita que muchas cuestiones que se denuncien no necesariamente constituyan delitos;
o alienta a la participación de la ciudadanía aportando pruebas y “colaborando en la tarea investigativa”, siendo que estas no son responsabilidades de la sociedad, sino del Estado. Ello puede alentar a la escalada de intervenciones punitivistas y estigmatizaciones sobre sectores la sociedad;
o nada indica sobre fortalecer las capacidades en investigación de las áreas de gobierno del municipio con el supuesto de nuevo caudal de denuncias;
o tampoco detalla cómo se va a gestionar, sistematizar y evaluar la cantidad y calidad de la información recibida y cómo esa información va a ser tenida en cuenta para tareas de prevención.
Experiencias previas de este tipo de iniciativa suelen demostrar una recepción positiva por parte de las comunidades que se va desmoronando con el tiempo. Ello ocurre o bien porque la información recibida es de baja calidad, o porque los gobiernos no cuentan con estructuras con capacidad de gestión. Es por ello que este tipo de iniciativas suelen ser consideradas como acciones superficiales que poca capacidad tienen para abordar los conflictos en los territorios.
