Las agencias internacionales anuncian un alto al fuego entre Israel y Palestina. Once días atrás el Estado sionista de Israel reanudaba los ataques sobre los territorios palestinos ocupados.

Desde el 10 de mayo, los ataques costaron la vida de al menos 232 palestinos -incluides 65 niñes y 39 mujeres- y más de 1.900 heridos en Franja de Gaza y en 12 personas -dos menores- en Israel.

Esta semana la Federación De Entidades Argentino-Palestinas adhirió a la huelga general convocada en Cisjordania y entregaron en Buenos Aires un petitorio a la Cancillería para que se solidarice con el pueblo palestino. “Se manifiesta el pesar frente a la tibieza de las expresiones de Cancillería donde pone en pie de igualdad a ocupados con ocupantes”, señaló a FM De la Calle Tilda Rabi, presidenta de la Federación.

Afirmó que “desgraciadamente cada cierto tiempo, años, meses generalmente, comienza esa masividad de crímenes, esto tuvo algo diferente que fue que comenzó con el desalojo de familias en un poblado de Jerusalén por parte de colonos judíos, que alegan ser titulares de los palestinos que allí habitan, en contra de los acuerdos internacionales”.

Rabi contó que una vez finalizado el Ramadán, “el mes sagrado para los musulmanes del mundo, y después del ayuno se puede salir a festejar -por así decirlo- estos días sagrados. Estuvo bloqueada la mezquita cerca de un mes y hasta que, días antes de esta andanada en Gaza, comenzaron las agresiones lo que llevó a grandes enfrentamientos con colonos judíos en las puertas de la mezquita de Al Aqsa con la ayuda de la soldadesca de la ocupación”.

“El 11 comienza una gran escalada bombardeando Gaza porque Hamas había manifestado que si no dejaban de agredir a nuestros hermanos en Jerusalén Oriental iban a manifestarse y lo hicieron con cohetes, la verdad tampoco tienen un mayor alcance. Ahí comenzó la oleada de terror que devino en la muerte de más de 200 hermanos gazatíes palestinos, más de 1400 heridos hasta ahora, paralelamente, cerca de 30 y pico de muertos en Jerusalén Oriental, más de 3000 heridos”.

Una mirada del conflicto expresa que podría tratarse de una nueva ofensiva de Netanyahu, el primer ministro de Israel, para sostenerse en el poder. “Estamos acostumbrados, más allá de los sucesivos gobiernos, a que estas políticas de limpieza étnica se lleven casi cotidianamente. Cuando estallan estas cosas y empiezan a visibilizarse, lo que se plantea desde los medios hegemónicos es la agresión de Hamas como un cuerpo aparte de la sociedad palestina, nos parece terriblemente tramposo. Más allá de que pueda estar a favor o no de los adeptos a Hamas, lo que no se puede negar es el derecho de los pueblos en ocupación a defenderse”.

El relación a la respuesta de la comunidad internacional, Rabi afirmó que fue “triste, tibia y es una cachetada. Se ve que hay un sistema de ocupación de colonización y limpieza étnica. Es una de las manifestaciones que salen de la idea de lo que fue el Apartheid sudafricano”.

“En Cisjordania se sigue adentrando la colonización con ese muro ominoso, se planteó después del 10 llamar a los reservas israelíes, que hay gran mayoría argentina que presta servicio allí, para ir a reprimir a la población palestina que está separada dentro de un poblado de una ciudad y que tiene que pedir permiso para poder ir a visitar a sus parientes, a su trabajo, a la escuela”.

Agregó que “lo que hace la ocupación es atacar de noche, es muy común casi todos los días en Cisjordania, que entre a diferentes localidades a las casas de los supuestamente terroristas, llevarlos los presos, con instancias que violan el derecho internacional, con las prisiones administrativas, que implican puedan llevarte preso sin haber comprobación de algún delito”.

“Ahora estamos en las instancias del tribunal penal internacional por delitos de crímenes de lesa humanidad y está bastante paralizado, estamos viviendo una situación de mucho dolor, ya son 73 años desde que se crea la entidad sionista en que los palestinos sufrimos estas persecuciones. El ente sionista fue creado por las Naciones Unidas que no respetó la recomendación que era del 55% del territorio ancestral palestino, que expulsó a más de 750 mil palestinos de sus hogares dentro de lo que conocemos ahora como Israel, llevando al exilio a refugiados que tenemos en Líbano, Siria y Jordania. Es una constante donde han habido muchas sanciones pero nunca fueron ejecutadas”, finalizó.

Foto: Resumen Latinoamericano.

El médico Horacio Romano comentó en su columna semanal de FM De la Calle el avance en la implementación de la historia clínica electrónica en el Hospital Municipal.

El Leónidas Lucero “tiene un sistema informático que viene desde la década del 90 y ha tenidos distintas etapas, pero en 2015 se decidió estratégicamente abordar esta metodología para eliminar la historia clínica papel”.

Esto “da una versatilidad y utilidad enorme, mejora los procesos. Eliminar el papel incluso está relacionado con evitar el contagio y fue un requerimiento por parte de los trabajadores. Lo habíamos empezado de forma modular, en consultorios externos hace 2 años. Excepto en algunas cuestiones sí o sí tiene que quedar en formato físico, como por ejemplo, el consentimiento informado”.

En este sentido, Romano aseguró que “probablemente en un mediano plazo se pueda acceder por el teléfono a los análisis y estudios y el paciente lo va a poder llevar a donde vaya. Esto sirve para saber los antecedentes a la hora de una emergencia. Es el desarrollo del hospital público el que está marcando el camino”.

“Hay que invertir en conocimiento, en formación de gente y en instrumentos. En la pandemia, gracias a la telemedicina, el paciente muchas veces no necesitó ir al hospital. Algunas especialidades han quedado en esa modalidad. Sea donde sea que se haya atendido, para cuestiones básicas y en la emergencia, el objetivo es ganar tiempo y no repetir estudios”.

El personal de salud está cansado

Por otro lado, el columnista se refirió a la situación de las y los trabajadores de la salud en Bahía Blanca en contexto de pandemia: “La gente está cansada. Se puede aguantar fuertes cargas de trabajo en cortos períodos de tiempo pero cuando esto se sostiene, sin verano, sin vacaciones, el sistema se va agotando”.

En vigencia de la fase 3 acordada por las autoridades municipales y provinciales “hubo otra colega fallecida, Miriam Barreneche, que siguió trabajando presencialmente. Lamentar pérdidas es muy doloroso. Hay gente que se enferma aún vacunada, esto conlleva temores, miedos, dudas existenciales. ¿Es necesario todo esto? ¿No nos podemos quedar quietos un tiempo?”, se preguntó Romano.

Agregó que “hemos analizado si debe ser mitigación o eliminación del virus. Estamos en un medio, dejamos mucho que dependa de la gente, que tiene que saber que no se puede reunir. Estamos viendo muchos casos de reinfecciones, la mayoría de los contagios son domiciliarios, más sociales que laborales”.

El director de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, dijo a FM De la Calle que nuestra ciudad pasó el sábado de fase 2 a la 3 “porque las condiciones estaban dándose y, en diálogo con el intendente, el gobierno provincial estuvo de acuerdo”.

Sin embargo, afirmó que “hoy los parámetros están todos como para que retrocedamos de fase” y que “después cada municipio tiene que hacer cumplir las normativas para cual está convocado”.

“La incidencia ha bajado en algunos días nada más, no mucho más que eso, hay varios puntos que tomar en cuenta. Eso tomó el Ministerio con cada municipio: la cantidad de camas, la razón cada 100 mil habitantes y la incidencia. Esos puntos les dieron para que Bahía esté en esta fase”, dijo.

“Bahía sigue estando en código rojo, con aumento exponencial de los casos”, advirtió Núñez Fariña y agregó que “hay fundamentos científicos de que al disminuir la circulación de gente disminuís la circulación del virus. Cuando vos habilitás mayor circulación y que se junten y haya reuniones intrafamiliares, hacés que haya mayor circulación. Es fundamental eso y las normas están para cumplirlas”.

En relación al suministro de algunas drogas dijo que “es un faltante a nivel nacional y provincial, tiene mucho que ver con el insumo que se necesita para personas respiradas con personas con Covid y no Covid. Ha aumentado mucho el uso de este producto, ha mermado la cantidad y por eso se busca la posibilidad de asistir a los centros hospitalarios”.

Núñez Fariña comentó que en la reunión del Comité de Crisis de este miércoles se habló “acerca de complejizar las UCMAS de Cono Sur con concertadores de oxígeno, 10 de la provincia, 5 de la municipalidad y van a incorporar 5 más. Hoy hay estos 15 y 12 que tiene el Penna, cuantas más personas utilicen este mecanismo y no tengan que ser respiradas con un aparato de mayor complejidad es más fácil para el desarrollo de todas las patologías”.

“No es un dato falso pero es engañoso porque hace creer que la situación no es tan grave cuando en realidad es muy grave”, dijo a FM De la Calle la docente e investigadora de la UNS, Valentina Viego, en relación al número de camas informado por el Municipio para pedir el pase a fase 3.

Agregó que luego “salió un funcionario de provincia a decir que esto había sido una negociación. Sería interesante saber a cambio de qué se negoció. Estaban al tanto de las cifras y aun así lo aprobaron. Hay un nivel de responsabilidad, estaban al tanto de que la situación no ameritaba un cambio de fase”.

Respecto de la cantidad de camas hospitalarias, Viego explicó que se cambió la forma de cálculo y se adoptó el formato de la provincia. “Considera camas totales de terapia y no solo las de Covid. Cuando se mira el porcentaje los valores están relativamente bajos porque las camas que se utilizan para otras patologías suelen tener menores tasas de ocupación. Si uno considera el total el porcentaje da más bajo. Eso fue lo que hizo el Municipio para pedir el pase a fase 3”.

“No es solamente dónde acostar al paciente sino el personal, equipamiento, las drogas necesarias. Habría que seguir esos dos indicadores, las camas totales y el porcentaje de ocupación Covid. Eso venían publicando desde el Municipio, lo que convalidaban y corroboraban los médicos. En los últimos días ese indicador bajó pero por decesos, tristemente. Eso es lo que ocurre, tampoco es un buen resultado”.

En relación a la incidencia de casos, otro requisito requerido para definir las medidas que se aplican según la situación epidemiológica de cada jurisdicción, la investigadora dijo que al pasar de la 2 a la 3 “no se cumplía”. “En la nota que presentó la municipalidad estaba ese índice y la provincia conoció que estaba dando la aprobación con una incidencia del doble de lo aconsejable”.

“El límite se estableció en 500. En otros países es de 100 o 150, acá fueron muy permisivos. No se entiende en términos sanitarios”.

Por otro lado, Viego señaló que “la decisión de volver a fase 3 se tendría que haber tomado 14 días después de haber implementado la medida. Acá no habían pasado ni diez días. En general, la dinámica en Covid tarda 14 días en verse, fue un poco apresurada. Y tenemos una herramienta bastante precisa que son los datos de movilidad de Google que muestran que no bajó sustancialmente la circulación. No a los niveles que se necesitan para retrotraer el nivel de camas. Eso revela que los controles no se hicieron, hasta el propio Gay lo admitió”.

Por último, la docente comentó que el alto nivel de contagiosidad respondería a las nuevas cepas del virus. “En olas anteriores la velocidad fue menor, esto fue un salto muy empinado. Viendo que estaba el peligro de nuevas cepas, que no se controlaba el ingreso de personas de otras localidades, la probabilidad de ingreso era altísima y no tener ninguna medida de mitigación parecía peligroso”.

El secretario de Salud municipal, Pablo Acrogliano, afirmó en diálogo con FM De la Calle que “después de un año y 4 meses de pandemia el sistema está totalmente agotado, está sensibilizado e irascible y está harto como dice la solicitada del Colegio de Médicos. Está harto como está harto todo el mundo, el hartazgo es generalizado”.

Respecto a la disponibilidad de camas de terapia intensiva declaró que “la notificación la hacen los hospitales. Nosotros simplemente las levantamos y las transmitimos. Cada hospital tiene una clave única, acceden al sistema y cargan las camas. Desconozco cómo porque yo tengo acceso al tablero pero no a cómo informan, si es por paciente, por número, por cama”.

“Esto tomó más relevancia porque se utiliza como indicador para tomar conductas. La realidad es que las camas sean 100, 60 o 70, están todas ocupadas, eso es lo importante, si son 100 o 77 es anecdótico”.

Bahía es el único municipio que avanza de fase, ¿cómo se explica eso?

El tema de fases es algo que baja provincia, no tengo explicación. Ayer, el mismo (jefe de Gabinete Carlos) Bianco se manifestó al respecto, desde el aspecto sanitario la fase no reviste mayor importancia porque los cuidados tienen que ser los mismos en fase 1, 2 , 3 o 4.

No tenemos que estar esperando conductas de los estamentos superiores para saber lo que tenemos que hacer en este punto de la pandemia.

¿No amerita que haya alguna definición por parte de estamentos superiores para acotar la circulación?

La Plata está en fase 2 desde hace mucho tiempo, mirá los números. Una cosa es lo que querés hacer y otra lo que podés hacer. Insisto que como ciudadanos tenemos que dejar de estar pendientes de lo que nos dicen que tenemos que hacer.

Y la participación ciudadana en el cuidado personal y del otro. Si uno ve si hay algún comercio que está excedido con gente hay que hacer la denuncia, va el personal policial y de fiscalización y el lugar se cierra.

¿No vieron como municipio que hay actitudes que no se cumplen?

Por supuesto, por eso te digo, en La Plata están en fase 2, hay que hacer el mismo cuestionamiento, no pasa por si estás en fase 2 o 3, tenés que tener otras estrategias. ¿Cómo lo hacés cumplir? ¿Con qué personal? ¿En qué circunstancias? ¿Qué hacés? ¿Lo metés preso? ¿Le cobrás una multa? ¿La puede pagar? ¿No la puede pagar? Tenemos el 40% de pobreza, ¿qué hacés con la gente?

Y me parece, con todo respeto lo digo, las radios y los lugares donde hay poco tiempo para discutir no son ámbitos de discusión, uno puede plantear la situación y punto. No es tiempo de polemizar sino de decir cómo colaboramos. Con el diario del lunes somos todos Gardel.

¿Esa discusión dónde se da? No parece que como funcionarios de un color u otro estén discutiendo alguna alternativa. Si no dan resultado estas medidas tampoco parece que se haya intentado concientizar o insistir o de buscar con quién hacer los controles que haya que hacer.

No los verán, estamos trabajando. Se está trabajando en el primer nivel de atención, el 70% de la población que está enferma está en la ciudad, estamos trabajando sobre eso para que no lleguen a los hospitales.

¿Cómo?

Con los centros respiratorios, con los centros de testeos, con vacunación antigripal, campañas o programas de educación para la salud. Obviamente que eso no tiene foto porque lo que quema es el hospital, tenemos que ver el bosque no solo el árbol.

Más allá de las camas, ¿qué otro índice hay vigente para la determinación de medidas?

Por lo que dijo el ministro toman dos indicadores, porcentaje de ocupación de camas de terapia y la incidencia de 14 días. Esos datos toma todas las semanas el Ministerio para establecer acciones sobre cada uno de los municipio.

¿El de la incidencia se cumple?

La incidencia está alta, esto no tenés que preguntarme a mí sino a la gente del Ministerio.

Se lo preguntaremos en cuanto tengamos la posibilidad, vos sos la autoridad a nivel local, ¿tenés es el dato?

Está alta, arriba de 1000.

¿Y eso no debería estar por debajo de 500?

Sí.

¿Y entonces creés que la ciudad debería estar en fase 2?

No voy a polemizar porque no tiene sentido esto, desde el punto de vista sanitario los controles de autocuidado son independientes de las fases. Lo que me estás preguntando se lo tenés que preguntar a las autoridades superiores de las que dependemos y ver por qué tomaron esas actitudes.

Son las que ustedes estaban pidiendo igualmente.

Tenemos que aprender a convivir con el virus, tenés gente que se muere en las camas de terapia y la gente que se muere porque no puede trabajar y está quebrada y no puede comer.

Es una situación complicada aunque no se si es directamente así.

¿No? A ver contáme cómo es.

¿Vos tenés gente que se murió porque no pudo trabajar o abrir el negocio?

Por supuesto que sí, ¿sabés cuanto aumentaron los problemas psiquiátricos, los infartos, los acv, los suicidios? ¿Tenés idea?

No. ¿Cuánto?

Bueno, averigualo.

¿Y a quién querés que le pregunte? Sos el secretario de Salud de la Municipalidad.

Llevarme a este terreno me parece muy mediocre. Que tengas buen día.

¿Cortó?

No corté.

Si vamos a comunicar tiene que ser algo constructivo. Este no es el ámbito de polemizar. Esto ocurre porque lo partidario se metió en algo que estamos muy quebrados que es la salud, tenemos que transmitir un mensaje para que la ciudadanía no se espante, no tenga incertidumbre y podamos entre todos salir. Una pandemia es una guerra, no podemos estar discutiendo si vamos a tirar con honda, fal o con cañones, tenemos que apuntar a un mismo objetivo. Esta cosa de la fases no nos lleva a ningún terreno.

Si vos como ciudadano ves algo que te parece que está mal o que hay que controlar es tu responsabilidad como vecino, llamá. Sabés que no hay policía, que no hay inspectores.

¿Entonces para qué llamo?

Para que vayan puntualmente. Pasó con la cervecería, fue la denuncia de un vecino. Lo mismo pasa con los geriátricos, la denuncias que hacen los vecinos. No podés tener un policía al lado de cada vecino.

Sin intención de polemizar. Decís que es una guerra, se supone que tiene que haber alguna coherencia en las medias que se toman colectivamente. Hay un decreto a nivel nacional, un sistema de fases a nivel provincial y a nivel local plantean que no tiene ningún sentido. Asumo la parte de los cuidados que toca a cada quien, ahora, no es coherente el mensaje que bajan. Lo que plantea el Colegio de Médicos no es una polémica, ¿o sí?

Es totalmente comprensible porque después de un año y 4 meses de pandemia el sistema está totalmente agotado, está sensibilizado e irascible y está harto como dice la solicitada del Colegio de Médicos. Y está harto como está harto todo el mundo, el hartazgo es generalizado.

Miremos el bosque y no el árbol. El sistema de salud es el mismo desde hace 50 años, todos los años para esta época está totalmente completo, ahora tenés un agregado más. Sin duda que esto genera todo este malestar, este llamamiento que se hace desde los hospitales. Insisto, el cuidado personal y del otro es lo único que tenemos sumado a la vacunación, independientemente de las fases y de lo que opine fulano o mengano.

¿Qué puede venir? ¿Qué esperan?

Esperamos que los casos empiecen efectivamente a bajar, estamos en las últimas reuniones hablando con el Ministerio de Salud, pensamos que se venía la declinación y se vino un repique y tenemos que extremar las medidas de cuidado y tratar de seguir sosteniendo el sistema de salud para desagotarlo.

Estamos viendo si podemos habilitar concentradores en los centros extrahospitalarios, estamos testeando a los maestros, estamos largando un sistema de cuasi visita domiciliaria.

Acá hay un gran actor ausente que es la seguridad social. El 70% de los internados son de la seguridad social, independientemente de lo que uno puede polemizar, tenemos que apuntar la flecha para un solo lado.

Nada va a alcanzar, si alguien cree que a la pandemia le vamos a ganar, está equivocado. Esto es un partido que entramos 6 a 0 perdiendo y tenemos que trabajar para perder lo menos posible.

¿No se puede hacer un esfuerzo más? ¿No hay un contexto distinto con el avance de la vacunación para decir banquemos un poco más?

Evidentemente no porque ocurre no solo en Bahía, ocurre en el resto del país. Evidentemente, no.

Ante el fracaso de la mediación con las empresas que contaminan el estuario bahiense, la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría reclama avanzar con el juicio y citar a indagatoria a gerentes y funcionarios.

“Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. (…) Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar”, dijo a FM De la Calle el abogado Luis Arellano.

La semana pasada la Cámara Federal revocó una serie de acuerdos individuales entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de las firmas investigadas y reprochó la demora de más de una década que lleva el trámite de la causa. Horas después, Martínez planteó a la jueza Gabriela Marrón que quedó “claramente en crisis” su continuidad en el caso.

Para el representante de los pescadores artesanales, con las resoluciones de la Cámara Federal “se abre una nueva instancia para ver si de una vez por todas podemos, todas las partes involucradas, sentarnos en una mesa común a discutir este tema y no jugar a las escondidas”.

“El motivo fundamental por el que habíamos apelado –los acuerdos con las empresas- era porque se habían hecho a espaldas de la parte querellante. Es el primer argumento que tiene en cuenta la Cámara. Después hay otros, la falta de un adecuado control técnico, el no citar a los peritos, decir que intervino la UFIMA, la oficina fiscal especializada en temas ambientales, que se dice que fue consultada y no es cierto”, detalló.

¿Falta un análisis técnico serio respecto a lo que propone cada una de las empresas?

El estuario no es un ambiente sencillo y los aportes contaminantes tampoco lo son, entran aportes cloacales e industriales. No se puede resolver atomísticamente con cada uno de ellos como si fueran una isla y no tuviera nada que ver con los demás. Hay que hacer un estudio de cómo cada actividad de las empresas contribuye a un mejoramiento global. No se puede hacer individualmente.

¿Para la Asociación de Pescadores cuál el camino que debería seguirse a partir de estas resoluciones de la Cámara?

Establecer una línea de base, que ya está bastante bien establecida por la pericia de la FAUBA y la Policía Federal Argentina, y lo que hay que hacer para revertir este proceso es evitar estas emisiones, bajar la carga contaminante o eliminarla como establece la Ley de Pesca, dice que está prohibido arrojar sustancias nocivas a las aguas, no hay ningún guarismo, es cero, no se pude arrojar sustancias nocivas al estuario. Eso hay que revertirlo.

Va a tener que ser un proceso, que va a llevar varios años hasta que podamos lograr que los aportes de residuos al estuario sean inocuos para la biología marina. Eso es un proceso que requiere aporte de técnicos de primer nivel, han sido dejados de lado acá el organismo ambiental de la provincia, el organismo del agua, el Comité Técnico que tiene gestión en Bahía. Tenemos que volver todos en un trabajo muy complejo, en una misma mesa, con un soporte técnico científico adecuado para establecer un plan que involucre a cada cosa y saber cómo interactúan.

¿De aquella mesa ordenada por la Cámara Federal a estos acuerdos anulados no hubo nada en medio?

Lo que pasó fue que el fiscal, con muy buena voluntad, intentó juntar a las partes varias veces después de esta medida cautelar. Luego sobrevino a la pandemia, tuvimos varios zoom donde comparecimos la Fiscalía y la querella, las empresas estaban invitadas a participar y no vinieron ni a uno. Salieron corriendo a la noche, hicieron un documento de 4 o 5 carillas diciendo cómo iban a arreglar ellos el estuario y lo presentaron para evitar que la causa siga avanzando, el camino es el llamado a indagatoria y, por otra parte, es mi visión, frenar la causa civil que los va a condenar a reparar. Es otro punto que no tienen en cuenta las homologaciones que están siendo revocadas. No se tiene en cuenta la reparación.

Aparte de tener la voluntad de no seguir cometiendo el delito hay que reparar los efectos. Pueden tener su mejor buena voluntad de dejar de verter sustancias nocivas al agua, han dicho durante 30 años que no vierten pero ahora vienen a decir vamos a mejorarlos, ¿en qué quedamos?

Por otra parte, un punto que muchas veces está en tela de juicio, dicen la Cámara y los abogados piden una reparación de perjuicios suponiendo que pedimos plata para los pescadores o para alguien. Lo que hay que conformar en realidad es un fondo de reparación ambiental que tiene que ser destinado a beneficios comunitarios, a un fideicomiso, a la Municipalidad. Esa es la reparación que se exige.

Sí existe en la causa civil en la que los pescadores piden que se los indemnicen por la merma de la pesca, están en todo su derecho, no es ningún pecado al reclamar la indemnización de un daño.

Otro punto que destaca la Cámara es el que da cuenta de la demora de la causa de más de 10 años incluso de la demora de la cautelar. ¿Qué significa la última parte que dice que “es dable señalar que la ejecución de la medida cautelar no suspende el proceso principal por lo que sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”? ¿Tiene relación con la falta de respuesta de las empresas a las convocatorias a buscar soluciones?

No, porque eso sería parte del acuerdo. Lo que está diciendo la resolución es que los  juicios penales tienen como destino obtener sentencia condenatoria o absolutoria. Nosotros queremos una sentencia condenatoria, que se condene a los responsables a una sanción penal. Ahí tiene que apuntar este juicio.

En estos dos años que estamos dando vueltas con este acuerdo, hemos presentados distintos escritos al juzgado penal diciendo “señora jueza la causa no está suspendida y el siguiente paso por la prueba que se ha recolectado es citar a indagatoria a los responsables”. Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. A partir de la indagatoria se dispara el derecho de los eventuales delincuentes de defenderse. Las empresas no han podido acceder al expediente hasta ahora y no va a ocurrir hasta que los citen a indagatoria. Es una garantía constitucional. Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar.

Respecto a la prescripción, ¿cómo están los tiempos?

Mal, estos trámites no implican una suspensión del curso de la prescripción. No tengo el cómputo, el plazo va a depender de cuál sea el delito que definitivamente se les impute. La causa lleva más de 10 años.

¿Es habitual que la Cámara se exprese de esta manera?

No, para nada. La Cámara se expresa con idioma correcto pero es un severo tirón de orejas esta resolución.

162 años pasaron del 19 de mayo de 1859 fecha en la cual la historia oficial registra “el último malón” aunque esconde una verdadera masacre indígena.

“Es un hecho histórico. En este contexto de pandemia, dentro de la Kumelen hemos podido realizar ceremonia pero cada uno desde su lugar. Hemos encontrado la forma de poder fortalecernos, nos están ayudando mucho las hermanas jóvenes que entienden la tecnología que se nos dificulta”, dijo a FM De la Calle Fabiana Méndez, integrante de Kumelen Newen Mapu.

Por razones sanitarias este año no se realizará el ciclo Bahía Originaria, espacio en el que desde Kumelen y nuestra radio, promovemos la reflexión  sobre la historia, el presente y las culturas originarias de nuestro territorio.

Sin embargo, “el sábado vamos a estar prendiendo pelontuwe, que es un candil, sumándonos a lo que van a realizar las hermanas en Congreso que es encender esta vasija en el traspaso de la oscuridad a la luz. Venimos visibilizando y se está sumando gente joven, nos da la posibilidad de tener mucha más llegada en la virtualidad”. Será en el centro cultural La Nave.

Noelia Quiñelaf dijo que, además, armarán “un proyecto investigativo en el que recopilamos lo que sabe la gente sobre lo sucedido en 19 de mayo de 1859 mediante audios que van a concluir en una pieza audiovisual. Vamos a realizar una pieza en serigrafia en conmemoración de más de 200 originarios que la masacre asesinó y 200 pañuelos que serán dejados en calle 19 de mayo, desde Estomba a la plazoleta, como símbolo de la resistencia del pueblo”.

“La idea es ver qué saberes se transmiten a través de la escuela, que es la que nos cuenta la ‘verdadera’ historia desde el lado de los ganadores y la historia de los pueblos originarios desde una perspectiva colonial y después pensar cómo seguir, cómo mostrar, visibilizar, cuestionar y recordar la masacre que fundó a Bahía”, dijo.

Fabiana agregó que “siempre está el mismo relato, la fecha, la hoguera pero la idea es poder generar acciones que visibilicen. Hemos tenido la oportunidad de preguntarle a personas que conocemos, la mayoría desconoce y quienes lo saben no se enteraron por la escuela. Que esta fecha no pase como algo más, es una fecha en la que asesinaron más de 200 hermanos y que ese genocidio como el genocidio hacia los pueblos originarios sigue invisibilizado”.

“Este 19 de mayo 2021 en pandemia vale recordar que los pueblos siguen visibilizando el terricidio como que quieren hacernos creer que el mundo se ha detenido, el extractivismo, la minería, la tala de árboles y la contaminación del agua no ha parado”, concluyó.

La Biblioteca Popular Rosario Sur realiza una campaña de préstamo de libros a domicilio. Asociándose por una módica suma vecinos y vecinas del sector pueden acceder a los ejemplares. Además, dictan talleres y cursos online y de manera gratuita.

“La biblio tiene que permanecer cerrada y no puede abrir al público, ofrecemos poder pedir libros en por teléfono, hay un intercambio para ver qué le interesa a la persona, y luego se le alcanza al domicilio. Primero hay que hacerse socio, son 200 pesos el semestre o 400 pesos al año”, comentó a FM De la Calle la bibliotecaria, Miriam Gil.

Agregó que “la idea es que lo libros no estén en la biblioteca parados, qué mejor opción que tener algo para leer. Tenemos un surtido super amplio”.

“Cuando sucedió la pandemia, tuvimos que cerrar, estuvimos unos meses viendo qué podíamos hacer y surgió la posibilidad de hacer talleres de manera virtual. Tuvimos mucho éxito, hicimos uno de huerta, muchos se coparon con la idea. Y después hicimos otro de cactus, plantas y suculentas. Fue algo nuevo para nosotros porque nunca nos habíamos animado a hacer un taller de manera virtual, trasmitimos en vivo desde la biblioteca”, señaló.

La semana pasada habilitaron una nueva capacitación: pastelería para principiantes. “Todos los miércoles va a haber un video nuevo, en este caso es una señora del barrio que se dedica a hacer pastelería. En el primer encuentro vamos a aprender a hacer un bizcochuelo”.

“Hace 20 años que estamos en el barrio, el local es alquilado y a una cuadra estamos haciendo el edificio de la biblioteca, nos falta levantar el techo. Tenemos los materiales, fuimos consiguiéndolos por concursos y proyectos. Nos faltaría el dinero para la mano de obra. Vamos a hacer una rifa. Teniendo un lugar propio con más espacio, vamos a poder ofrecer talleres y más lugares de apoyo escolar”, dijo Gil.

Encontrá más información en las redes sociales buscando Rosario Sur Biblioteca.

El ex jefe comunal Rodolfo Lopes dijo a FM De la Calle que “el bloque del Frente de Todos debería estar haciendo una denuncia” contra las autoridades municipales que “falsearon” los número de camas de terapia intensiva para que la ciudad pase a fase 3.

“El intendente quiere quedar bien con sus amigos bolicheros, con la Corporación del Comercio. La situación es gravísima, los hospitales tienen prácticamente ocupadas sus camas al 100%, los pacientes que salen de alta en terapia es porque se mueren. Esto no se quiere entender ni interpretar, entonces, alegremente falsean un informe porque al aumentar la cantidad de camas se bajan porcentajes. Con ese criterio, cuando se analiza la letra fría de lo escrito dice está bien puede volver a fase 3. Bahía nunca tuvo 100 camas de terapia, no sé si llegan a 80”, afirmó.

Hoy se registraron 546 casos confirmados y un fallecido. El número de camas UTI se redujo a 72, 49 de las cuales están ocupadas.

“Es una barbaridad lo que está ocurriendo en lo que respecta a decisiones institucionales. Estamos en una situación realmente seria, el Covid en Bahía está haciendo estragos, basta mirar los números de todos los días y eso que tenemos un subregistro. Si a eso le agregamos que el intendente salió a decir que los sanatorios esconden las camas, es una falta de respeto”, señaló el médico.

Puntualizó que “haber armado y darle al ministro un informe que no tiene que ver con la realidad es una barbaridad. El bloque del Frente de Todos debería estar haciendo una denuncia, es lamentable”.

Esta mañana el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, ratificó la decisión de mantener a Bahía en fase 3: “Quizás hubo un error de cierto sector de la autoridad provincial local que no le abrió los ojos al ministro (Gollán) y le dijo este informe no es el correcto”.

Lopes agregó que “acá hay una autoridad sanitaria que es Región Sanitaria I que es la representación del Ministerio de Salud de la provincia y tiene capacidad para definir y decir, mandar informes. Siendo director de Región Sanitaria, cuando tuvimos la gran crisis del agua, vimos que el Municipio no tomaba cartas en el asunto y asumimos la responsabilidad de controlar la provisión a la ciudad”.

El ex intendente aseguró que las decisiones del gobierno municipal apuntan a “arreglarle los problemas a algunos amigos” y aclaró que “nadie le tiene bronca a los bolicheros y gastronómicos, simplemente son los lugares donde se congrega la gente y hay que evitar aglomeraciones. Hay que tener conciencia de eso, lo escuchaba al director del Hospital Español, convaleciente del Covid, que estaba avizorando que puede haber conflictos en los próximos días”.

Lopes destacó la incidencia de las muertes por Covid en el número de camas: “El último fin de semana fallecieron 13 pacientes, las camas que quedan libres son porque los pacientes se mueren. De 10 que entran a terapia 7 salen muertos. La enfermedad tiene un comportamiento muy errático, ha bajado la edad de pacientes que ingresaban en función de que los adultos mayores están vacunados, lo grave es que ingresan personas de menor edad”.

“Hemos perdido 500 bahienses. Hay 500 familias destrozadas, ¿nadie piensa en eso? Es un problema naturalizar esa situación. Perdí 20 pacientes de mi padrón de PAMI y eran 20 pacientes que podían estar vivos, podían vivir con sus tratamientos tranquilamente 10 o 15 años más y hoy no están. Pareciera que si no nos toca en carne propia no nos damos cuenta, que por favor la sociedad se de cuenta”.

La gerenta del Instituto de Custodia y Adaptación para Disminuidos Psicofísicos (INCUDI), Viviana Gómez, comentó en FM De la Calle la difícil situación económica que atraviesa la institución producto del desfasaje de los pagos de las obras sociales y la nula respuesta del Estado. Iniciaron una campaña de donación: Salvemos a Incudi.

“Es bastante crítica la situación, hace unos años que venimos informando que con los aranceles que pagan las obras sociales es muy difícil seguir adelante. Este año se complicó muchísimo, las obra sociales se olvidaron de incrementar aranceles, hay salarios, necesidades que cubrir, INCUDI no tiene ahorros, se están pagando sueldos como se puede. Se pidió ayuda a las autoridades municipales, provinciales y nacionales pero parece que nadie escucha”, dijo.

La entidad solicita un subsidio de 2 millones de pesos mensuales por un año, suma que “alcanzaría a cubrir vacantes que todavía tenemos, que no pudimos ingresar durante la pandemia”.

Gómez señaló que la institución brinda cinco servicios: dos hogares de residencia permanente “con personas con distintas discapacidades, hay algunos que viven hace más de 30 años que viven en INCUDI”; dos centros de día; y una escuela primaria, que atiende niños de 8 a 14 años y que hace integración con otras escuelas.

“Somos 74 empleados, los hogares tienen 3 turnos, porque se trabaja 24 horas del día, y hay 72 concurrentes entre residentes. Es una atención casi uno a uno”, enfatizó.

La responsable aclaró que “INCUDI trabaja con inmuebles propios, su gran predio en Alvarado al 2300 se hizo todo con dinero que se cobraba de obras sociales, tenemos colaboración del Bingo, pero estuvo cerrado. Dejamos de recibir casi 10 millones de pesos durante 2020”.

“En su momento el pago por una persona equivalía a 2 sueldos y medio hoy apenas alcanza para pagar un sueldo. Los aranceles los regula el Ministerio de Salud, incluido PAMI, y IOMA lo asigna la provincia. En IOMA los aranceles son muchísimos más bajos, hay un desfasaje de 400 mil pesos por mes con respecto a las obras sociales”.

Gómez dijo que “estamos pasando de angustia y ansiedad a enojo. Muchas autoridades se han acercado y escuchan pero los tiempos de ellos no son los nuestros. Nuestros tiempos son los de la gente internada que necesita asistencia, pareciera que no los conocen ni tienen ganas de conocerlos”.

Comentó que en la ciudad no existen otros hogares de internación. “La gente que atendemos está atendida por médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, terapistas, están internados porque sus familias no lo pueden atender, porque sus padres son muy grandes o han fallecido, porque no tienen las instalaciones para atenderlos en sus casas. Tienen una calidad de vida muy linda”.

Por último, en relación al trabajo durante la pandemia, dijo que pudieron “resguardar a los pacientes gracias a la responsabilidad de todos los empleados, por día entran y salen casi 50 empelados y no tuvimos casos. Estuvo cerrado al ingreso de familiares por un año. Es muy difícil poder decir lo bien que lo manejaron los empleados, no hubo problemas, crisis, depresiones. Hace dos semanas empezó la vacunación de primera dosis para personal y pacientes”.

INCUDI en el HCD

En la última sesión del Concejo Deliberante, la oficialista Lucía Pendino se mostró “sorprendida” y “avergonzada” por la falta de acompañamiento del Frente de Todos a un proyecto que pretendía solicitar al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia que gestione el aumento de los aranceles de IOMA a las instituciones de custodia y centros de día.

La concejala Romina Pires afirmó que se están haciendo gestiones ante el Ministerio y la obra social. Por su parte, Gisela Ghigliani aseguró que se había solicitado demorar el tratamiento del proyecto para poder incorporar “un gesto local” destinando a INCUDI parte de los fondos que se recaudarán con la incorporación de nuevos boxes de estacionamiento medido y pago.

La noche del jueves 7 de mayo efectivos del Comando Patrulla Rural de Villarino golpearon a dos adolescentes de 14 años que circulaban por Hilario Ascasubi. Se trata de un chico y una chica a quienes agredieron y apuntaron con armas mientras iban a bordo de una camioneta.

El hecho sucedió a pocos kilómetros de Pedro Luro con integrantes de la misma fuerza policial que está señalada como responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

“Si ellos lo agarran, me lo golpean y hoy tendríamos otro caso como Facundo. Lo estaría lamentando. Doy gracias a dios que se escaparon”, relató a FM De la Calle, Juan Carlos, padre del joven.

El 7 de mayo “el chico mío sale en la camioneta, se me escapa con una chica a 200 metros del pueblo. Aparece una patrulla rural, se le pone de frente sin luces. Cuando llegan prenden la sirena. Se baja un oficial y una chica del otro lado y empiezan a golpearles los vidrios con un arma. Los chicos ven eso y disparan, que doy gracias a dios que no se quedaron ahí”, relató Juan Carlos.

El hombre identificó a los oficiales como Luciano Martínez y Cecilia Choque de Mayor Buratovich.

Afirmó que su hijo y la chica “rajan y se meten al pueblo, a 4 cuadras del pueblo le cruzan el patrullero, le fuerzan la puerta, le pegan en los tobillos y le daban contra el portón de la camioneta. A la nena la bajan, le apuntan con el arma y la ponen contra el patrullero. Ahí vino la gente del pueblo porque lo estaban golpeando. Le doy gracias a dios que la gente lo salvó, porque si no lo hubiesen salvado hoy lo estaría lamentando”, agregó.

Juan Carlos relató que los vecinos le avisaron lo que estaba ocurriendo. “Fui hasta la comisaría, me tuvieron hasta las 3 de la mañana. Estábamos la nena, el nene mío, mi señora y yo. Me llevaron la camioneta al corralón, la multa era mía pero no tenían porqué golpear a los chicos. En el momento en el que estaba firmando, este Martínez me agredía de atrás como para que yo le haga algo, él y la chica”.

“A esta gente no pueden darle armas. No sé cómo los tienen, sé que siguen trabajando, todo normal”.

El titular del Juzgado de Garantías N°2, Esteban Usabiaga, hizo lugar a un pedido de habeas corpus interpuesto por la Comisión Provincial por la Memoria para evitar que continúen las amenazas. El abogado de Cristina Castro, Luciano Peretto, representa a la familia del joven agredido.

“Quiero que a estos dos los saquen de Villarino. Pero los van a sacar de acá y los van a mandar a hacer cagadas a otro lado. Ese chico hace 2 años que está de policía y ya está haciendo macana”, enfatizó Juan Carlos.

Cuando el hombre les dijo “están golpeando a un chico de 14 años”, la respuesta fue :”Nosotros sabemos cómo golpear y dónde golpear”.

La Universidad Nacional del Sur recibió el pedido de entrega del título de Ingeniero Industrial Honoris Causa Post Mortem a David “Watu” Cilleruelo, dirigente estudiantil asesinado por la Triple A el 3 de abril de 1975.

El proyecto, que deberá ser tratado en el Consejo Superior, fue entregado al rector Daniel Vega y al subsecretario de Derechos Humanos, Claudio Gallegos, quienes mostraron interés y voluntad para impusarlo.

El pasado 3 de abril un grupo de militantes políticos, sociales, sindicales y miembros de la comunidad universitaria se constituyeron en comisión para la elaboración del homenaje que a un mes de su lanzamiento supera las 500 adhesiones.

Watu fue militante de la Federación Juvenil Comunista y secretario general electo de la Federación Universitaria del Sur. Fue asesinado en el ala de Ingeniería del edificio principal de la UNS, a manos de personal de seguridad designado por el rector interventor Dionisio Remus Tetu, quienes integraban la Alianza Anticomunista Argentina.

La lista de adhesiones y de integrantes de la comisión evidencia un acompañamiento que además de multitudinario es federal y representativo de diversos sectores académicos, variadas identidades políticas, sindicales y sociales.

Familiares de Watu y de otras víctimas de la represión estatal y para-estatal de aquellos años, como Raquel Cilleruelo (hermana de Watu), Julia García (hermana de Luis Jesús “Negrito” García, también víctima de la “Triple A”), Gervasio Díaz (miembro de H.I.J.O.S. Río Negro – Neuquén); referentes en Derechos Humanos a nivel internacional, nacional y local, como Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Mendibil, José Schulman y Dante Patrignani; miembros del Poder Judicial de destacada actuación en defensa de los Derechos Humanos, como el ex juez federal Luis Cotter y el fiscal federal Abel Córdoba; dirigentes, autoridades y funcionarios políticos como el diputado provincial Gabriel Godoy, el diputado nacional Itaí Hagman, el ex intendente de Bahía Blanca Jaime Linares, Claudia Korol, Víctor de Gennaro y Claudio Lozano; autoridades y ex autoridades universitarias, como los actuales directores-decanos de los departamentos de Ingeniería, Física y Humanidades, y el ex-Decano del Departamento de Matemática y ex-dirigente de la Federación Universitaria del Sur Edgardo Fernández Stacco; dirigentes y militantes sindicales como Enrique Gandolfo (CTA Bahía Blanca) y Gabriel Cena (miembro de Agrupación Bordó No Docentes UNS y de la Corriente Comunista Watu); especialistas de las áreas de Historia, Letras, Filosofía, Antropología, Ciencias Jurídicas, Economía, Ciencias de la Educación, Sociología y Ciencias Políticas como el vicepresidente del CONICET Dr. Mario Pecheny, el sociólogo-politólogo Dr. Atilio Borón, el conjunto de renombrados especialistas en Historia Reciente, violencia política, represión y Memoria que integran el Colectivo de Historia Reciente, así como docentes e investigadores de múltiples áreas y especialidades de la UNS y otras instituciones científicas y académicas.

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Un grupo de madres y padres autoconvocades de la comunidad educativa solicitaron a los gobiernos municipal y provincial que “suspendan la presencialidad educativa hasta que las condiciones para un regreso seguro estén dadas, otorgando de manera gratuita dispositivos y conectividad para garantizar la educación remota”.

“Estamos muy preocupados, somos un conjunto de familias organizadas, decidimos que lo primero que teníamos que hacer es visibilizar la existencia del grupo. Generalmente aparecen los padres que reclaman por clases presenciales pero una buena parte estamos en contra de poner la salud de todos en riesgo para volver a la escuela. De esta forma es inaceptable”, dijo a FM De la Calle, Mariano Schlez, uno de los firmantes.

Agregó que “los datos científicos que conocemos nosotros y los gobiernos dicen que la educación presencial impone la circulación de personas en un momento en el que no solo hay un nivel de contagio superior que en el pico del año pasado sino que tenemos el hospital saturado. No solamente tenemos miedo de enfermarnos de Covid sino de cualquier cosa porque no nos podemos atender”.

“Lo primero que comunicamos es informar a todos que pueden dispensar a sus hijos e hijas de la asistencia presencial, tenga o no una persona de riesgo en la familia. El Estado no puede obligarnos al peligro de enfermarnos en la escuela. Hay que presentar una declaración jurada en cada escuela, de eso nos hacemos responsables los padres, estamos en contacto con los docentes de SUTEBA, porque es una lucha de toda la comunidad educativa. Tenemos que logar frenar esta presencialidad en momentos que estamos en alerta y alarma epidemiológica en la cuidad”.

Schlez mencionó que sus hijas están dispensadas: “Lo aceptaron sin problema pero por el contrario aparecen algunas directivas que ponen tensión sobre las familias señalando que es obligatorio y que va en contra del plan jurisdiccional. Estamos reclamando que se siga la modalidad solamente virtual hasta tanto no mejore la situación. Los docentes crearon grupos, envían las tareas, se realizan consultas y cada tanto realizan zooms para despejar dudas y tener clases”.

“La mejor forma de la educación es la presencial pero ahora estamos en emergencia y hay que cuidar la salud”.

Por otro lado, señaló que “los datos científicos con publicaciones en de The Lancet, estudios del CONICET, muestran la incidencia de la educación en el aumento de los casos, eso no se puede discutir, las clases aumentan los contagios, estamos en un momento límite, sin camas, con contagio exacerbado y tenemos que frenar esa circulación”.

Finalmente, enfatizó: “Creo que el gobierno no se movió presionado por padres sino por los principales empresarios que necesitan a la gente trabajando y esas personas tienen que dejar a sus hijos en la escuela. El gobierno tienen que representarnos a los trabajadores y no a los intereses de aquellos que exigen mantener la economía en movimiento no importa a qué costo de vida”.

Abuelos y abuelas suman su apoyo

Integrantes de la Comisión de Jubilados de Suteba se pronunciaron “en favor de priorizar la vida de nuestros nietas y nietos, de nuestras familias, de las comunidades educativas y por ende de la población toda”.

“Otorgamos a la escuela y a la presencialidad un lugar preponderante como espacio de aprendizaje y de construcción social, pero estamos convencidos que atravesamos en este momento un riesgo sanitario grave. Basta mirar los números de infectados, la cantidad de camas UTI disponibles, los fallecimientos que diariamente se producen, los informes y opiniones de  profesionales médicos de la ciudad más los datos brindados por el CONICET es que decimos NO A LA PRESENCIALIDAD”.

Por otra parte, reclamaron que se “garanticen los recursos necesarios para que alumnos/as y familias puedan tener acceso a la virtualidad necesaria” y “que el dinero recibido por el Municipio como Fondo Educativo sea utilizado para satisfacer dichas necesidades”.

“En esta situación de pandemia creemos que la mejor enseñanza que podemos dejarle a nuestros/as niños/as es la de preservar la vida, de cuidarse y cuidar al otro/a, de responsabilidad, compromiso y empatía. No permitamos que el oportunismo político de unos pocos, de personas peligrosas y sin sentido pongan en riesgo la vida de nuestros/as nietos/as y de cada familia”, afirmaron.

Autoridades de los hospitales locales cuestionaron este lunes las cifras de camas disponibles informadas por el Municipio al Ministerio de Salud para avanzar de fase. La comuna mostró un 68% de ocupación mientras el sistema sanitario insiste en que trabaja “a cama caliente”.

“No encontramos las camas, no sabemos dónde están. Entendemos que esas camas no están discriminadas si son para adultos, pediátricas, de neo. Por suerte, neonatología y pediatría no están saturadas porque es una población que no se complica tanto. En las camas de adultos que requieren UTI o asistencia respiratoria ese número de camas no sería el que disponemos para atención”, dijo a FM De la Calle la titular de CICOP, Cristina Ferraro.

Opinó que el cambio de fase fue “apurado” y comentó que están “revisando la consistencia de los datos que en nuestra situación no reflejan esa mejoría epidemiológica que toman. El tema de las fases como números vacíos no sirve si no se llevan a cabo en su totalidad las restricciones. No como un castigo sino de cuidado”.

Ferraro señaló que “también se consideran camas Covid y no Covid en la misma bolsa. En los servicios no se interna al lado un paciente Covid de uno no Covid a menos que quieras que se contagie. Esta falta de discriminación de la información no es necesariamente falsa pero es una forma de decir la verdad a medias”.

“No le podemos dar respuesta a las necesidades de la gente. Hay gente internada en clínica médica que requeriría terapia, hay gente en la guardia que requeriría clínica médica, hay gente en sus domicilios que quizás sería oportuno que estén en clínica. Lamentablemente lo estamos sosteniendo de una manera muy estresante para el equipo de salud”.

La presidenta de CICOP insistió en que “estamos desbordados, no estamos pudiendo llevar a cabo la atención con el nivel de calidad adecuado, no por falta de gente, por más que estamos agotados y decepcionados, sino porque nos sobrepasa el número de pacientes y de consultas. Estamos viendo mucha gente en un rango etario más joven y más complicada también”.

En relación a los recursos señaló que “las camas se cuentan, son números, pero también están los equipos, pero no fueron proporcionalmente engrosados para dar respuesta a esta demanda”.

“Están haciendo demasiados esfuerzos para no perder votos, para quedar bien con la expectativa de la población, pero tenemos una cifra de una mortalidad altísima. Vemos fallecer pacientes jóvenes, no estamos acostumbrados a que se descompensen como con esta enfermedad, en forma tan rápida y sin factores de riesgo. A todos nos gusta dar buenas noticias y nos encontramos con una realidad media esquizofrénica, una cosa se trasmite y otra lo que vivimos”.

Por último, mencionó que para el personal de la salud “nada de esto es gratis, nadie está preparado emocionalmente para transitar esta continua exposición al dolor, la gente de terapia e internación ha tenido otros momentos de encontrarse frente a la muerte pero esto es continuo y agotador”.

La Cámara Federal continuó con la anulación de convenios firmados entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico. Habían sido homologados por la jueza Gabriela Marrón en la causa que investiga la contaminación de la ría. Involucran a Dow (PBB Polisur), Oiltanking y Mega.

Tal como ocurrió con Profertil, se los revocó, entre otros motivos, por no haber incluido en la discusión a la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente. Resta resolver la apelación referida a Unipar (Indupa).

La Cámara afirmó en todas las resoluciones que los convenios no cumplen con los estándares que fijó en junio de 2019 cuando ordenó “lograr la minimización del daño ambiental a través de un mecanismo alternativo que promueva la participación de los distintos actores involucrados, tanto de las empresas que realizan sus actividades comerciales e industriales en la zona, como así también de los querellantes, de los organismos con funciones de control (municipales y provinciales), de gestión y de profesionales técnicos en la materia”.

El objetivo es “la concreción de un plan sustentable para la Ría de Bahía Blanca en pos de dar cumplimiento con la manda impuesta por el art. 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a un ambiente sano y equilibrado y establece que las actividades productivas no deben comprometer la atención de las necesidades de las generaciones futuras”.

Los fallos referidos a Dow (PBB Polisur) y Mega S.A. fueron firmados por Roberto Amábile y Pablo Candisano Mera y, en el caso de Oiltanking y Profertil, por este último y Silvia Fariña.

Destacaron que si bien la jueza Marrón designó al IADO para controlar la ejecución de las supuestas mejoras “no se advierte que efectivamente se le haya puesto en conocimiento” de la medida.

¿Qué proponen las empresas?

Dow apunta a la reutilización de agua de efluente en riego y la renovación de intercambiadores de agua por unos de mayor capacidad y mejores materiales para disminuir el efluente y el consumo.

Por otro lado, pretende modificar los patrones de consumo de energías sustituyendo las actuales por renovables, realizar acciones para la sostenibilidad consistentes en promover y facilitar la transición hacia una economía circular donde los residuos se incorporen a nuevos productos y servicios.

Compañía Mega S.A. ofrece reducir a cero –“en condiciones normales”– el vertido de los efluentes líquidos tratados que la empresa actualmente descarga a las aguas del estuario desde su Planta Fraccionadora y reutilizarlos para el riego de espacios verdes dentro de su predio “con la consecuente reducción en el consumo de agua potable que actualmente es utilizada para riego”.

Oiltanking Ebytem S.A. plantea incorporar “un nuevo tanque para realizar separación primaria en un recipiente cerrado con los correspondientes sistemas para control y manejo operativo así como de control de incendio”. Así, afirma, reduciría “hidrocarburos en el efluente final y el riesgo de eventual ignición de vapores combustibles en el espacio abierto, como asimismo, el control de las demandas químicas y bioquímicas de oxígeno; y un ambiente de trabajo más seguro para las personas y autoridades que se acercan a la terminal”.

Profertil, por su parte, pretende mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».

Con récord de muertes por Covid 19 en la ciudad, el intendente Héctor Gay y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires definieron el pase a fase 3 desde este sábado.

En las últimas 24 horas se registraron 13 muertes. Fueron 68 en los primeros 15 días de mayo y 520 desde el inicio de la pandemia.

Hoy hay 3126 casos de coronavirus activos.

Ante la falta de controles evidenciada en las dos semanas transcurridas en fase 2, el principal cambio que se vería en los próximos días será la vuelta a la presencialidad en la educación. En ese sentido, el Municipio informó este mediodía que queda “a la espera de detalles y definiciones del Ministerio de Educación”.

Compartimos el comunicado:

A partir del informe epidemiológico presentado por el intendente Héctor Gay el día jueves, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso oficialmente el traspaso de Bahía Blanca a fase 3 desde de hoy.

Contempla las siguientes actividades:

  • Clases presenciales (a la espera de detalles y definiciones del Ministerio de Educación).
  • Se restringe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana
  • Los locales gastronómicos deberán cerrar a las 23
  • Los comercios deberán cerrar a las 20, salvo aquellos esenciales

Actividades autorizadas:

  • Restaurantes y bares: espacios cerrados con el aforo del 30 %
  • Gimnasios: con aforo del 30 %
  • Shoppings: con aforo del 30 %
  • Museos: con aforo del 30 %
  • Eventos religiosos: hasta 20 personas
  • Natatorios: hasta 10 personas
  • Se podrán realizar eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos con máximo de 30 personas

La Cámara Federal revocó el convenio firmado por el fiscal Santiago Martínez y un apoderado de Profertil en el marco de la causa por contaminación del estuario.

El acuerdo había sido homologado por la jueza Gabriela Marrón a pesar de no haber participado a la querella, a la Fiscalía General ni a organismos técnicos y de control. Se espera que las presentaciones de otras empresas -como Dow, Mega y Oiltanking- corran la misma suerte.

La camarista Silvia Fariña y su par, Pablo Candisano Mera, destacaron la demora de más de una década que acumula la investigación y el “estancamiento” del diseño del plan de inversiones que exigieron en 2019. Por otro lado, advirtieron que “sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban, nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”.

La fábrica de fertilizantes había propuesto mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».

La Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría denunció que «se ha dado a Profertil un trato privilegiado, discriminatorio del resto, casi secreto, otorgándole audiencias privadas sin noticia de nadie y en abierta contradicción con la letra y el espíritu de lo ordenado por la Cámara Federal». Ahora, el tribunal resolvió que la negociación del fiscal Martínez con Profertil “no cumple con los estándares oportunamente fijados”.

El fallo sostiene que “aun cuando se trate de un compromiso individual, un plan superador tendiente a cumplir con el objetivo de recomponer el daño colectivo ambiental provocado en la zona, debió contar previamente con un mínimo respaldo de información actualizada brindada por los profesionales  técnicos y/o peritos que tuvieron intervención en autos, así como la efectiva participación de los organismos que tienen funciones específicas de contralor, tales como el Comité Técnico Ejecutivo (dependiente de la Municipalidad de Bahía Blanca), la Autoridad del Agua o el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que den cuenta de la factibilidad de las propuestas homologadas”.

En ese sentido, Fariña y Candisano Mera recordaron que la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) ya intervino en la causa y podría elaborar un dictamen fundado. “Pese a lo afirmado por la jueza de grado, no se observa del presente legajo la oportuna intervención de dicha unidad especializada en torno a la viabilidad del convenio en particular”.

“La complejidad de los asuntos que se abordan en el marco de la causa hace necesario contar con saberes técnicos especializados previos a la toma de una decisión de tal calibre. Sin esos recursos no es posible realizar un seguimiento y análisis  adecuado  sobre  la  ejecución  del  caso,  máxime  cuando  se  excluye  de  la concreción del mismo a la unidad especializada en la problemática”.

La Cámara concluyó que “teniendo en consideración la pluralidad de intereses de las personas  involucradas en la causa, el diálogo y la oportuna participación de los mismos debe ser garantizada a fin de dar previsibilidad y un adecuado control periódico a las propuestas que se formulen. Es necesario establecer pautas claras acerca del ejercicio para regular, fiscalizar y sancionar las conductas potencialmente dañosas, donde los organismos con funciones de control no pueden ser obviados”.