El fiscal federal Gabriel González Da Silva concluyó su alegato en la causa “Bobinas Blancas” en marco de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína en nuestra ciudad.

“El territorio bahiense era un punto intermedio entre Mendoza y Buenos Aires, que era desde donde pensaban exportar la droga. Ignoro los motivos pero tengo mis sospechas de que eligieron el Parque Industrial de Bahía Blanca porque era un lugar con menos controles que en otros, fueron varios galpones que alquilaron en distintas partes de Argentina, primero los estudiaban y cuando había terceros que empezaban a dudar, cambiaban”, dijo Da Silva a FM De la Calle.

El representante del Ministerio Público señaló que “era una banda internacional, con mucha logística y conocimiento previo, que eligió a la Argentina como punto de paso para hacer exportaciones de cocaína. Tenían una vocación de permanencia donde el producto de ‘Bobinas’ no iba a hacer su única operación sino que tenían pensando afincarse en el país. Hay antecedentes de que habrían realizado operaciones similares con anterioridad a esta causa”.

Los acusados son los mexicanos Max Rodríguez Córdova, Gilberto Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas y los argentinos Marcelo Rafael y Darío Maximiliano Cuello y Amílcar Darío Martino, considerados partícipes secundarios en el tráfico de la droga. Emmanuel García, por su parte, es señalado como responsable de las operaciones de lavado de activos mediante criptomonedas.

En cuanto al funcionamiento de la banda, Da Silva explicó que “estaba compuesta por ciudadanos extranjeros que operaban desde México y Canadá, que tenían una segunda línea de ciudadanos mexicanos que enviaron a la Argentina y se encargaron de acondicionar las bobinas, trasladar la cocaína -presuntamente desde Mendoza- que habría ingresado desde Chile”.

“No era el único método de exportación de cocaína que tenían sino que, además, lo hacían a través de piedras molidas de cuarzo y para eso tenían parte de la organización instalada en Mendoza”, dijo.

El fiscal aseguró que 7 de los 6 acusados confesaron ser responsables de los delitos que se les imputan. “Yo tenía que tomar el recaudo de que esa confesión no hubiese sido por medio de una amenaza o por intención de la gente que estaba procesada para intentar cubrir a otras personas y hacerse cargo de delitos que no les corresponden como ocurre en organizaciones criminales donde el jefe se los pide”.

“A pesar de la confesión tuvimos que apoyarnos en vías independientes que constatamos a través de testigos, conversaciones y anotaciones que tenían en cuadernos donde llevaban contabilidad y detalle de todo los que estaban haciendo”, comentó.

Da Silva recalcó que “fue un trabajo de hormiga por parte de la Fiscalía, de los órganos de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo), pudimos comprobar una cuestión principal a la que no se le prestaba mucha atención y que es un delito de gravedad similar al narcotráfico que es lavado de activo a través de la utilización de criptomonedas. En ese sentido, si bien hay antecedentes de causas de lavado de dinero, no tenemos antecedentes con criptomonedas”.

La salida de la droga

En su alegato, el fiscal destacó que en el Parque Industrial local “había despachantes de Aduana, gente que se dedica al comercio exterior, que advertían que pasaban cosas raras y se despegaron y les advertían a los imputados que entablaban comunicación con ellos. Todo se apoyó en una empresa fantasma de cuarzo molido y empezaron a ver que entraban bobinas que no tenían nada que ver, empezaron a sospechar de los movimientos. Usaron Bahía como punto intermedio y ya estaban pensando en irse a otro lado, más allá de que pensaban continuar con el negocio”.

La proyección era sacar la droga por el puerto de Buenos Aires: “Estaba todo pactado y los agarraron antes, pensaban utilizar un galpón en Quilmes como depósito previo antes de la salida, tenían todo prácticamente embalado, les faltaba el embalaje marítimo e iban a salir desde Buenos Aires. No lo pudimos determinar bien, pero los destinos eran seguramente Canadá o España”.

Otros vínculos

Da Silva aseguró que no se pudo determinar si hubo relaciones entre la banda e integrantes de fuerzas de seguridad u otros organismos de control. “Utilizaban mucho ciudadanos argentinos, gente que contactaban antes, llegaban a un nivel de confianza y, cuando veían que no los iban a delatar, los contrataban y los hacían trabajar haciendo que se movieran por distintas partes del país, no necesariamente necesitaban gente de Bahía Blanca. Eran todas personas con niveles de instrucción mediano o bajo que sabían que por las ganancias que tenían los podían callar con eso y listo. De todo lo que estudié no me surge que hubiera otro tipo de conexiones”.

Lavado de dinero mediante bitcoins

Emmanuel García está imputado por haber lavado el dinero del narcotráfico mediante transacciones de criptomonedas. El fiscal comentó que “el financista mexicano le mandaba bitcoins a García. En el 2017 no eran furor que son ahora, había pocos traders que se encargaban de convertir bitcoins por fuera de exchange, que son empresas virtuales pero tienen un comisionista que toma recaudos para ver si los orígenes son lícitos, si comprometen”.

“No era fácil de hacerlo por esos medios, buscaron uno que actuaba de manera independiente y que pudiera aceptar hacer eso de manera irregular. Dieron con García y acredité que fueron 5 transacciones por lo menos, fueron más pero no pude probarlas. El mexicano le trasladaba bitcoins, él los cambiaba por dólares, ganaba una comisión mayor y se los entregaban a los que estaban en Argentina”, señaló.

El trato era de “suma confianza” entre García y el jefe de la la banda “al punto tal que lo llamaba para confirmar si habían hecho la transacciones. Él tenía un rol preponderante y único, si bien no se lo imputó en la instrucción por narcotráfico, tenía conocimiento de quién le mandaba, para qué se usaba, de que era de origen ilegal y hacía las transacciones sin pudor para obtener mayor ganancia. Les cobraba un porcentaje muchísimo mayor al de una transacción normal y de esta forma se pudo financiar parte de la banda, sobre todo la rama que actuaba en Bahía Banca y Mendoza”.

El fiscal planteó que “el mercado de criptomonedas no tiene regulación específica en Argentina. Sí la tiene a nivel internacional, esto va a prevenir al mercado financiero local de que no cualquiera puede hacer cualquier cosa y que el Estado argentino está atrás de este tipo de cosas y no es un paraíso fiscal donde se pueda pasar plata literalmente manchada con sangre sin que se tomen los recaudos y sin que se sancionen a los responsables”.

Próximos pasos

González Da Silva destacó que “es el primer precedente de lavado de dinero de activos con criptomonedas, es el primero que marca la cancha, si es que los jueces aceptan mi tesitura”.

La penas requeridas van de 4 a 20 años: “Estamos hablando de segundas o terceras líneas, las penas máximas son para los jefes -si bien los juzgados eran coautores y armaron todo- por esos motivos no fui más arriba con la pena máxima”.

“Tenemos conocimiento de varios secuestros que no son del nivel de lo que ha sido en Bahía Blanca. Es novedoso que es gente que no eligió a Argentina para hacer una operación de paso sino que es el punto de referencia para hacer las exportaciones, intentaban instalarse en Argentina para hacer canal de paso de droga hacia los países del norte y Europa. No tengo antecedentes donde existiera esta vocación de permanencia que demostraron tener en Argentina”.

La causa se originó en un dato aportado por la DEA norteamericana. Consultado respecto a si algún organismo nacional no debería haber advertido lo que estaba sucediendo, el fiscal afirmó: “Escapa a mi conocimiento, si uno va al sentido común era difícil de detectar la droga porque estaba escondida lo que sí se hubiese podido hacer es observar el movimiento irregular de mexicanos en el Parque Industrial y sospechar, pero no tengo constancia de que haya habido connivencia con gente de fuerzas de seguridad o del Parque Industrial, no lo tengo acreditado”.