Alertan peligro por contaminación en la ría

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(Por Mauro Llaneza) Profesionales de la Universidad de Buenos Aires recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

“Estos metales pesados sobrepasaron ampliamente los niveles de concentración permitido por el Código Alimentario Argentino”. Así lo advierte una pericia recibida por el juez Contencioso Administrativo, Agustín López Coppola, en el marco de la causa “Schroeder”.

La investigación impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.

Según el estudio, “al menos en un grado de probabilidad muy elevado”, la concentración de metales pesados en los peces analizados se debe a la actividad de las empresas del polo petroquímico.

La “constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies”.

La pericia fue realizada a pedido de la Fiscalía Federal por las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica y por el ing. agrónomo Gustavo Mozeris de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Utilizaron las muestras producidas durante los allanamientos a las empresas del polo, 28 informes preexistentes “de fuerte relación y relevancia” y, principalmente, el producido en el marco de la causa ‘Meninato, Rolando, PBB Polisur y otros s/inf. Ley 24.051′” que tramita en el fuero federal.

Peces tóxicos

La presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

Especies como la corvina rubia, langostinos, mejillones, camarones y ostras evidenciaron la presencia de ambos metales “en valores que superan 10 y 40 veces respectivamente lo permitido por normativa nacional e internacional para el consumo humano”.

“La gravedad de esta situación determina que sea necesario abordar un monitoreo permanente de la fauna marina del estuario, con un diseño muestral que permita entender la dinámica de la contaminación con metales pesados en el estuario de Bahía Blanca”.

El documento manifiesta la alteración del ecosistema marino local destacando “las altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

Esto afecta el desarrollo y crecimiento normal de las especies presentes en la ría y en la totalidad de la cadena trófica, desbalanceando el nicho que ocupa cada especie en este ecosistema.

“Debería asimismo encontrarse una relación directa entre esta pérdida de biodiversidad por bioacumulación de metales pesados y los parásitos que forman parte de esta cadena en comparación con sistemas por fuera de los límites de la ía de Bahía Blanca”, afirma.

Los pocos ejemplares enteros evaluados impidieron estudiar otros indicadores de la contaminación y que estarían asociadas a la presencia de metales pesados e hidrocarburos.

ABSA “está provocando un daño casi irreversible”

Respecto a ABSA, la pericia advierte que “los valores DBO (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), fenoles y sólidos sedimentales del sistema cloacal” exceden los límites permitidos, por lo cual, deben tomarse medidas urgentes de saneamiento “ya que el vuelco de 84 millones de litros por día está provocando un daño casi irreversible”.

“La permanente transformación operada en el área del puerto de Ingeniero White en los último treinta años ha dado lugar a un cambio morfológico del paisaje y, consecuentemente, a la transformación de mecanismos y procesos naturales que tienen en su sistema hidrológico”.

La dificultad para descontaminar la ría se evidencia en la “imposibilidad” de “realizar una actividad productivo-comercial como la pesca artesanal”, por “la salida de actividad de gran cantidad de pescadores”, “la baja de la actividad económica de agentes relacionados” con la pesca y “la baja disponibilidad de especies de calidad comercial y su imposibilidad de consumo”.

Por otra parte, ante los niveles de DQO que superan “ampliamente” lo permitido para agua de mar abierto, el análisis sugiere evaluar globalmente a “las empresas que tienen autorización” para arrojar vertidos en proximidades del Sitio 18-19 a la salida del colector de ABSA y la posible existencia de otras que lo hagan de manera clandestina.

Controles en la mira

La prueba que tiene en sus manos el juez López Cóppola y su par federal, plantea una “duda razonable” sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos provinciales.

Llama la atención la presencia de metales pesados en vertidos de las industrias en las márgenes de la ría –“aunque todos ellos dentro de los niveles guía permitidos”- frente al nivel de metales pesados hallados en todas las especies analizadas.

“Se plantea el concepto de la ‘duda razonable’ ya que si evaluamos el conjunto de vertidos a la ría de empresas del Polo Petroquímico este sistema aporta un total de entre 11 y 18 millones de litros de efluentes por día, sumándose a esto lo volcado por el sistema cloacal que suma 84 millones de litros por día”.

Contra las leyes

El documento de la FAUBA explica que existen tres factores que deben asegurarse como mínimo para el logro de “una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable de una región”.

  • Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas.
  • Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos.
  • Y asegurar la conservación de la diversidad biológica.

Todos los ítems están contemplados por la Ley General del Ambiente Nº25.675.

El dictamen es lapidario: “Ninguno de estos puntos está siendo asegurado con la intervención antrópica que existe en la actualidad en la Ría de Bahía Blanca”.

Por otra parte, existe “incompatibilidad” con la Ley provincial de Pesca Nº11.477 (prohíbe arrojar al agua sustancias nocivas para la biología marina- y mediante los vuelcos se viola la Ley de Residuos Peligrosos Nº24.051.

Por un estuario vivible

Los profesionales de UBA proponen generar un “marco de  convivencia con visión sistémica del problema” ante la “complejidad que significa mantener un equilibrio entre las actividades económicas, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente que apuntan a generar situaciones viables, vivibles y equitativas”.

Para ello y frente la “gravedad de los resultados obtenidos”, proponen:

  • Utilizar nuevas tecnologías como los caudalímetros con dosificación dinámica de efluentes líquidos sin la intervención de la mano del hombre, ya utilizados en otras industrias.
  • El monitoreo constante de contenido de metales pesados en peces con una metodología validada por los organismos de control y aplicada al ecosistema marítimo de la ría.
  • Y la evaluación permanente de sedimentos del estuario.
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Nuestros abortos no vuelven más al clóset

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(Por Giuliana Crucianelli) Ayer en las inmediaciones del Congreso hice cola para todo porque nada alcanzaba.

Fui a un baño que encontré y por supuesto no era la excepción. Las chicas que estaban adelante mío estaban comentando que una conocida se hizo un aborto con misoprostol con recomendaciones de una médica que le había dicho “ponete dos en la boca y cuatro en la vagina” y comentaban que por suerte funcionó.

Yo, que estaba inmediatamente atrás de estas pibas, no pude disimular mí cara fastidio y asombro, ellas respondieron con una risa nerviosa y me miraron. Es muy peligroso hacerlo de esa manera, les dije. Son 12 pastillas. 4 cada 3 horas, debajo de la lengua. Siempre en la boca. Y esperar media hora a qué se disuelva. Y que te produce ? Me preguntó una. Contracciones, le contesté. Son como cuando tenés cólicos, ubicas ? Dolores que van y vienen. Podes tomar ibu.

Y por qué entonces le dijo eso la médica? Preguntó una.

Y, que se yo. Tal vez por ignorancia o porque quería darle una lección. Cómo un castigo, le respondió la otra.

Si, dijo la de al lado. Cómo un castigo. Nos quieren castigar por ser mujeres. Nos quieren obligar a la muerte. Por qué imagínate que le pasaba algo ? Ella hizo lo que le dijo un médico. Qué se iba a imaginar que era falso. Eso quieren: castigarnos.

Yo permanecía en silencio mientras ellas dialogaban conmigo y con ellas mismas.

Ojalá que salga esta ley, yo estaba en contra hasta que me enteré que mí mejor amiga abortó y nunca me lo dijo porque sabía lo que yo opinaba. Y lo hizo sola, sin mí digamos, porque sabía cuál era mí opinión. Y la pasó re mal. Fue el cierre de una de ellas hasta que una voz nos interrumpió: Che, chicas, ustedes están en la cola del baño? Si, le decimos a coro.

Acto seguido ellas entran al baño, yo me quedo esperando.

Cuando se van me dicen, ojalá que salga esta ley. Así mí amiga ya sabe que cuenta conmigo.

Y la otra responde: y con un montón de pibas más.

Y así como nosotras hablamos de aborto en la cola de un baño público, otras lo hacen en la cola de un supermercado, esperando el bondi, en el recreo de la escuela, en el aula tambien. En la oficina, en el campo, a la salida de misa, en la cola del banco, en el mate de la mañana.

Está marea verde logró sacar a los abortos de clóset. Logró poner nuestra subjetividad en primer plano. Logró que podamos decir que abortamos sin temor a ser juzgadas, sabiendo que hay alguien allá afuera o acá adentro que nos va a entender.

Esa es nuestra victoria, como así lo es el movimiento de pibitxs organizadxs e independientes que aprendieron de política y organización con esta ley. Estoy segura de que en las próximas elecciones no se van a olvidar la cara ni el nombre de lxs senadores que avalaron el aborto clandestino y que nos despreciaron abiertamente frente a los ojos del mundo.

Nuestros cuerpos son políticos, nuestros abortos también. El feminismo logró politizarlos y ponerlos en el medio del asunto. Discutan esto. Por qué discutir aborto si o no, no es válido.

Nuestros abortos no vuelven más al clóset.

#VaASerLey

Mientras tanto en Bahía Blanca…

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Nueva denuncia contra Sasso

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El presidente de la Sociedad de Fomento de Villa Nocito, Marcos Yáñez, denunció por calumnias, falsas imputaciones y deshonra a Germán Sasso, Guillermina Machado y Patricia Díaz, periodistas radio La Brújula.

La querella es producto de las acusaciones mediáticas que Sasso desarrolló desde el 21 de febrero a partir del mensaje de un oyente que relató que durante las entregas de los bolsones de PAMI, realizadas por el Centro de Jubilados en la Sociedad de Fomento de Villa Nocito, se solicitaba dinero a los jubilados como método extorsivo para la entrega de los mismos.

En esa misma emisión, la producción del programa, se comunicó con Yáñez, quien se negó a salir al aire argumentando que los bolsones del Instituto Nacional de la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados eran distribuidos por los centros de jubilados inscriptos ante este organismo y, por ende, la sociedad de fomento no tenía competencia alguna en el tema.

Según la transcripción del archivo de audio del programa que detalla la denuncia, el periodista -sin investigación previa- dictaminó: “Bueno que nos diga cuál es la sociedad de fomento, así denunciamos públicamente a estos chorros de mierda que le están afanando a los pobres… (…) Esto es un curro de algún puntero político, o de alguien que está ahí, o de alguno que está en la sociedad de fomento, algún ladri. (…) El nuevo robo… O sea se van modernizando en el choreo estos hijos de puta… (…) Eh… Podemos llamar en vivo, eh… ahí tenemos un teléfono de un representante… de un fomentista de Villa Nocito… Uno de los acusados. A ver, llamemos en vivo al Sr. Marcos Yáñez, está a cargo de la sociedad de fomento de Villa Nocito, a ver si está cobrando los bolsones… (…) Ahí está. Los chorros de Villa Nocito. El señor Yáñez, eh. El tránsfuga. Ya lo hemos denunciado públicamente”.

Marcos Yáñez dijo a FM De la Calle que “nos sentimos muy injuriados por el periodista. El Centro de Jubilados está a tres cuadras de la Sociedad de Fomento. Sin decirme que iba a salir al aire, yo me había negado, me sacaron diciéndome que era parte de un sistema de corrupción donde le robaba a los abuelos y yo le decía que entendía que no. Traté de explicarle de alguna manera que ese bolsón primero es de PAMI y que la Sociedad de Fomento no tiene nada que ver”.

La querella transcribe además la conversación que Sasso mantuvo en programas posteriores con Francisco Díaz Martínez y con Liliana Ciaccio, director y coordinadora de PAMI, respectivamente. Ambos aseguraron no haber recibido ninguna denuncia formal o anónima sobre la situación.

“Él se ensañó con nosotros y empezó a injuriarnos, a decirnos malas palabras, a putear al barrio. Y lo que uno no está preparado es para el público que lo oye al señor Sasso, porque la gente empezó a putearnos a nosotros como creyéndole al cien por ciento lo que estaba diciendo y nosotros lo único que le decíamos es que viniera a ver, que averigüe bien, que haga una mínima investigación, porque para él eran todas verdades las que decía, no usaba infinitivos, usaba los verbos más duros. Sus únicas pruebas eran unos mensajes de whatsapp que le enviaban y para colmo esos mensajes eran de otros barrios. Le buscaba la vuelta a todo como para decir que son unos chorros, y son abuelos”, agregó.

El Centro de Jubilados de Villa Nocito tenía 55 socios/as y actualmente reparte 280 bolsones aproximadamente. Según comentó Yáñez, luego de las acusaciones de Sasso, perdieron 15 adherentes. “Es como que le tienen todos miedo a Sasso, a nosotros nos hizo quedar mal y a PAMI no le importó quedar mejor. Los abuelos están ofreciendo un servicio gratuito para PAMI y lo hacen porque acá hay una necesidad enorme”.

Tanto las calumnias como la deshonra, no se constituyen como delito si la acusación es asunto de interés público. Respecto a este tema la denuncia presentada por Yáñez y su abogado Emiliano Tellechea, diferencia entre “interés público” o “interés del público”. En el caso, se aplicaría este último concepto en relación al interés de la audiencia del programa Bahía Hoy.

“¿Cómo es que los representantes del Interés Público no ejercieron acción alguna en su defensa? Claramente, porque no hay interés público comprometido. Tanto es así que la jurisprudencia bonaerense ha dicho: ‘No comete el delito de calumnia quien se limita a la promoción de una investigación administrativa, con la finalidad de determinar la existencia de supuestas irregularidades imputadas a los querellantes. Pero ni siquiera eso ha tenido lugar”, advierte la querella.

No es la primera vez que el denunciado tiene problemas con la interpretación del concepto. En 2009 fue condenado por el juez correccional José Luis Ares a pagar cuatro mil pesos de multa y cumplir dos días de arresto.

El magistrado probó en la causa 5375 que Sasso reveló al aire la identidad y domicilio de trece pibes y pibas en conflicto con la ley penal, acción prohibida por el art. 94 quater del Dec. Ley 8031.

El argumento del condenado en aquel entonces fue que “más allá de que sean menores, el interés público está por sobre todas las cosas”. En marzo de 2010, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal ratificó la sentencia, tras lo cual Sasso recurrió a los buenos oficios de sus padrinos políticos para que la causa muera en un cajón de la Suprema Corte bonaerense.

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Aborto: liberaron a las cinco mujeres detenidas

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Las cinco mujeres del Frente Feminista Nacional y Popular que habían sido detenidas anoche por estar pintando un paredón lindero con un terreno baldío, fueron liberadas cerca del mediodía de este martes.

Por la mañana, un grupo de personas se autoconvocó en laFiscalía General de Gorriti y Vieytes y pidió la liberación de las compañeras.

Maggie Itten, una de las cinco detenidas, habló tras su liberación y sostuvo que “nos habían dicho que nos iban a largar las dos de la mañana,  entonces cuando se hacían las siete u ocho nos preocupaban porque no sabíamos que podía pasar”.

Varias organizaciones bahienses repudiaron las detenciones y exigieron la libertad de las mujeres. Desde la CTA y en diálogo con FM De la Calle,  Dante Patrignani comentó que “no es un hecho aislado, los permisos que ha dado el gobierno y su ministra de Seguridad, habilitan para que la policía haga cualquier cosa. La verdad que es un hecho aberrante”.

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Buzones antinarcos: “Fulbito para la tribuna”

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El 19 de abril el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad un proyecto de instalación de buzones para “denunciar a narcotraficantes”. La iniciativa fue propuesta por el empresario y periodista Germán Sasso. A su vez, contó con el apoyo de funcionarios judiciales como el fiscal general Juan Pablo Fernández  y el titular de la UFIJ Nº 19 (Drogas), Mauricio del Cero.

FM De la Calle consultó a diferentes especialistas sobre la flamante ordenanza: “Fulbito para la tribuna”, “No protege a los ciudadanos”, “Es discriminatoria”, “Podría generar situaciones de violencia”, “Es una acción superficial”, fueron algunas de las respuestas.

Adriana Rossi, doctora en Filosofía y especialista en lucha contra el narcotráfico.

No me gusto para nada. El punto de partida del municipio es una política represiva y no de intervención social en el territorio. Convierte a los ciudadanos en policías, lo cual ha sido desaconsejable siempre por las derivaciones autoritarias. Se da pie a distorsiones (acusaciones por venganza, por ejemplo).

Podría tener efectos adversos. Podría transformarse en un instrumento que grupos narcos podrían utilizar para deshacerse de los rivales. No protege a los ciudadanos por el hecho mismo que al acercarse al buzón el denunciante podría quedar marcado.

Es discriminatorio porque apunta a los circuitos de venta de los barrios más marginales. Los otros circuitos para clase más alta son generalmente menos visibles y más protegidos.

Se apunta a los puntos de ventas. Se elimina uno y surge otro si no hay otro tipo de política. El consumo no se elimina con la intervención en la venta. Para enfrentar la oferta sobre todo en el narcomenudeo se debería tener en cuenta no sólo la dimensión puramente social sino también cultural para contrarrestar la cultura o subcultura que se genera en esos circuitos.

Denunciar, arrestar, solo va a atiborrar a las cárceles e institutos de menores con “delincuentes” de poca monta y, como dije antes, en lo referente a destruir un punto de venta lo mismo vale para las bandas. Sale una de la escena y se arma una violencia terrible (y no sólo narco) ejercida por pequeños grupos para apoderarse del territorio dejado libre por esa banda. La solución está por otro lado, y estas medidas, como la del buzón, terminan con la criminalización de grupos sociales desfavorecidos dejando intacto el circuito.

Carlos del Frade, diputado provincial, Santa Fe. Autor de la investigación “Geonarco, narcotráfico, poder y esperanza” y del libro “Ciudad blanca, crónica negra: historia política del narcotráfico en el Gran Rosario”.

Los buzones por la vida en Rosario y Funes, que es una localidad cercana a Rosario en el sur de la provincia de Santa Fe, fue una idea que comenzó a desarrollarse en los años 90. Después de casi 20 años de implementación arrojaron un resultado muy malo porque de hecho el desarrollo del negocio fue cada vez creciendo con mayor proporcionalidad, incluso la aritmética.

Así que estamos convencidos de la inutilidad. Supone filosóficamente que el vecino se tiene que convertir en una especie de celador y perseguidor de sus propios vecinos, algo que en realidad tiene que ver con la prevención y las tareas de las fuerzas de seguridad tanto nacional como provincial.

Allí hay una cuestión fundamental: mientras las principales fuerzas policiales de cada provincia sean en realidad las que manejan el negocio del narcotráfico en las principales provincias argentinas como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán la cosa no se va a solucionar con un buzón de denuncias anónimas contra el narcotráfico.

También es fundamental decir que los jueces federales, por lo menos en las dos grandes ciudades de la provincia, Rosario y Santa Fe, no se han caracterizado por trabajar mucho el tema. Al contrario, la principal banda narco en la provincia ha sido juzgada y condenada por asesinatos y asociación ilícita, pero no por narcotráfico.

Estas cuestiones también marcan que son respuestas espasmódicas, fulbito para la tribuna, pero nunca determinan un ataque en serio al gran corazón de todo esto que es el negocio del dinero a partir de los inversores y los que después lavan el dinero. Estamos muy lejos de encontrar una solución con los buzones de denuncias anónimas.

ILSED (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia).

La propuesta de instalación de Buzones Anti-Narco en Delegaciones Municipales, Salas Médicas y otras reparticiones aparece como una medida innecesaria frente a la existencia de múltiples instancias en las que es factible la realización de denuncias anónimas, tal como se plantea en los mismos considerandos de la ordenanza. Así, sin sumar de manera contundente al abordaje del problema, la medida podría generar situaciones de violencia desplegadas en el territorio y en lugares en los que se carece de las herramientas de contención adecuadas frente a estas situaciones.

Como aporte a la prevención del narcotráfico en el ámbito municipal, un camino más fructífero podría ser el de avanzar en diagnósticos más precisos de las manifestaciones del problema en el territorio, generando evidencias que sustenten las políticas concretas que podrían ser impulsadas localmente.

Victoria Darraidou, Investigadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS.

La iniciativa ya ha sido probada en varios municipios del país, si bien no se conocen evaluaciones de los distritos que implementaron estas acciones, las mismas suelen desactivarse con el tiempo. En ese sentido, este tipo de respuesta está más orientado a generar una idea de intervención que a crear acciones involucradas en la resolución de conflictos.

Con relación a la ordenanza de Bahía Blanca: 

o    la iniciativa propone una vía de denuncia anónima, pero no facilita a los ciudadanos la posibilidad de realizar un seguimiento sobre su denuncia;

o   las denuncias no necesariamente contienen los datos esenciales para motorizar un proceso de investigación, no hay control de calidad sobre lo que se denuncia. Por otra parte, ello posibilita que muchas cuestiones que se denuncien no necesariamente constituyan delitos;

o   alienta a la participación de la ciudadanía aportando pruebas y “colaborando en la tarea investigativa”, siendo que estas no son responsabilidades de la sociedad, sino del Estado. Ello puede alentar a la escalada de intervenciones punitivistas y estigmatizaciones sobre sectores la sociedad;

o   nada indica sobre fortalecer las capacidades en investigación de las áreas de gobierno del municipio con el supuesto de nuevo caudal de denuncias;

o   tampoco detalla cómo se va a gestionar, sistematizar y evaluar la cantidad y calidad de la información recibida y cómo esa información va a ser tenida en cuenta para tareas de prevención.

Experiencias previas de este tipo de iniciativa suelen demostrar una recepción positiva por parte de las comunidades que se va desmoronando con el tiempo. Ello ocurre o bien porque la información recibida es de baja calidad, o porque los gobiernos no cuentan con estructuras con capacidad de gestión. Es por ello que este tipo de iniciativas suelen ser consideradas como acciones superficiales que poca capacidad tienen para abordar los conflictos en los territorios.

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Condenaron a siete policías por el asesinato de Daniel Solano

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(Por Fernando Tebele para La Retaguardia)  El tribunal presidido por María Evelina García Balduini condenó a prisión perpetua por el crimen del joven salteño de origen guaraní, a los policías de Río Negro Sandro Berthe, Pablo Albarrán Cárcamo, Diego Cuello, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Francisco Barrera y Pablo Quidel.

En una larga lectura de más de cuatro horas que comenzó hoy a las 10, el tribunal tomó casi todos los pedidos de los abogados de la familia, Sergio Heredia y Leandro Aparicio. El fallo fue seguido en una sala colmada, por referentes de Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle, familiares de víctimas de represión estatal como Mónica Alegre (mamá de Luciano Arruga) y Sergio Casas (papá de Matías Casas), entre muchos otras personas que acompañaron la causa.

La lectura completa pudo escucharse a través de una transmisión especial de Radio Zona Libre, la radio de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y Radio La Retaguardia la replicó. A las 14:23 se escuchó la condena a perpetua que fue festejada en la sala. El actual embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, fue vicepresidente de la empresa Expofrut, la empresa para la que trabajó indirectamente Daniel Solano, cuyo cuerpo aún no fue encontrado. 

Los 7 policías que llegaron a juicio por el crimen del joven salteño Daniel Solano, fueron condenados esta tarde a prisión perpetua como coautores del delito de homicidio agravado por alevosía y por el hecho de ser policías.

Daniel Solano era miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta; en octubre de 2011 viajó desde su Tartagal (Salta) natal a la zona de Valle Medio de Río Negro para trabajar en forma temporaria en la cosecha de manzanas, a través de la empresa tercerizadora Agrocosecha SRL, en el establecimiento de la multinacional belga Expofrut, ubicado en la localidad de Lamarque. Al cobrar su primer sueldo, un mes más tarde, descubrió que el dinero recibido era menor al acordado y comenzó a organizar un reclamo junto a sus compañeros. En la madrugada del 5 de noviembre fue visto por última vez mientras era sacado por policías del boliche Macuba, en Choele Choel.

Su papá, Gualberto Solano, y otros familiares de Daniel, vivieron en un acampe en esa ciudad durante estos años de impunidad hasta llegar al juicio. Gualberto murió durante el juicio y no alcanzó a ver la justicia que llegó para su hijo, aunque según contó su abogado Sergio Heredia a La Retaguardia pocos días después de su muerte “Gualberto Solano murió sabiendo quiénes mataron a Daniel, cómo lo mataron y quiénes encubrieron”. La tristeza que lo llevó a la muerte hoy se mezcló, en muchas de las personas que lo acompañaron en la larga lucha, con la emoción de haber conseguido desarmar la trama de impunidad que hay detrás de su crimen.

El caso de Daniel Solano desnuda la trata de personas, explotación y violencia de todo tipo a la que son sometidas miles de personas que cruzan el país para trabajar en las peores condiciones como “golondrinas”, la manera en la que se conoce a los laburantes que vuelan kilómetros incontables para llegar a realizar esas tareas generalmente mal pagas, y poco tiempo después regresan a sus lejanos hogares.

Solano había viajado por segunda vez para realizar este tipo de trabajo. Con su entereza quiso organizar a sus compañeros tras asumir la estafa a la que estaban siendo sometidos. Eso le costó la vida, pero su muerte no ha sido en vano y hoy se levantan su nombre y su rostro como bandera para denunciar que, aún con esta condena, la situación de miles de personas en los campos de las grandes empresas agroexportadoras continúa siendo la misma. Lo que intentó ser una lección para el resto de los laburantes, quizá pueda terminar siendo la bandera que ayude a cambiar esa realidad.

Así como durante estos 7 años costó una enormidad denunciar que Solano estaba desaparecido, el actual gobierno premia a los empresarios de este tipo de empresas con las embajadas más importantes. Será interesante escuchar la opinión acerca de esta condena de Fernando Oris de Roa, nuestro representante ante los Estados Unidos. Aunque uno supone que quizá sea imposible.

Vale acotar que la emisión de la señal que nos permitió hoy escuchar la larga lectura de la sentencia, la generaron los integrantes de Radio Zona Libre, Fermín Martínez y Nadia París. Ambos están mencionados en el nefasto informe acerca de la RAM que generó hace unos meses el Ministerio de Seguridad de la Nación. A Martínez se lo acusa incluso por la participación en un supuesto hecho de sabotaje contra un pozo petrolero de la región. Hoy quedó claro que en realidad son culpables de hacer cosas peligrosísimas como la de esta jornada: difundir causas demasiado incómodas para el poder. Sus armas estuvieron a la vista de todo el mundo: consolas, micrófonos y cables que nos permiten informar lo que gente muy importante quiere ocultar.

Foto: Jóvenes por la Memoria.

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Militarización y bases yankees en territorio mapuche

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Tras la autorización para la instalación de una base militares estadounidense cerca del yacimiento petrolífero Vaca Muerta y ante el decreto que otorga a las fuerzas armadas la posibilidad de intervenir en asuntos de seguridad interior, conversamos con Jorge Nahuel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén.

“Esta noticia que anunció el presidente se suma a todo un estado de preocupación, porque se ha dibujado una imagen de terrorismo, de violencia extrema, de atentando que no tiene nada que ver con la realidad. Porque acá, si hay alguien que está actuando al margen de la ley y violando todos los preceptos constitucionales y legales, es la industria petrolera que ingresa con total libertad y protegida por la fuerza pública que sea necesaria y que le permite a estos grupo corporativos explotar a plena luz del día”, manifestó.

“Nosotros tenemos a Gendarmería apostada. Hay un contingente de 400 gendarmes para proteger Vaca Muerta, el Municipio de Añelo ya ha otorgado un predio para construir una base de operaciones para Gendarmería”.

“Entonces, cuando se suma eso, la base militar que ya también tiene un terreno otorgado, más el anuncio presidencial, sentimos todo verde oliva acá alrededor”, enfatizó.

Nahuel explicó que “lo que se sabe es la información pública que ha hecho el Gobernador anunciando como una verdadera burla al sentido común de que, acá se va a instalar una base del Comando Sur de Estados Unidos, para realizar tareas humanitarias”.

“Esta base no tiene ninguna lógica más que, poder generar una base militar que controle y proteja todos los interés que el fracking hoy está aplicando. Recordemos que el fracking, hoy es una técnica que está manejada, fundamentalmente, por empresas norteamericanas. Entonces, toda es inversión es la que, se supone, vienen a proteger semejante destacamento militar”, aseguró.

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Rosa Caballín: otro femicidio en Bahía

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El martes 17 de julio ocurrió en Bahía Blanca un nuevo femicidio. Aída Rosa Caballín de 42 años fue encontrada en un descampado aledaño al barrio Los Chañares, luego de ser estrangulada con una soga.

Rosa Caballín es ahora una de las tantas víctimas de las redes de prostitución y proxenetas que profundizan y extreman las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que sufren muchas mujeres, travas y trans en nuestro país.

El fiscal de la UFIJ 5, Jorge Viego, está a cargo de la causa caratulada como “homicidio calificado por mediar violencia de género” la cual tiene como principal sospechoso a Diego Hernán Rogero, alojado en la Comisaría de Carmen de Patagones luego de haberse negado a declarar por recomendación del defensor oficial, Germán Kielf.

La acusación de Rogero se produjo luego de la recopilación de imágenes provenientes de cámaras privadas y del Centro Único de Monitoreo que lo señalaban subiendo a su camioneta a la víctima. Además, las huellas del vehículo coincidieron con aquellas halladas donde Rosa Caballín fue encontrada.

A menos de un día de haberse conocido el femicidio un conjunto de organizaciones de mujeres y feministas brindaron una conferencia de prensa para pedir por el esclarecimiento del caso.

“No queremos hacer uso y abuso de la palabra víctima, pero la verdad es que la historia de Rosa es muy triste. Con este desenlace que tenemos, es la cuarta mujer asesinada en Bahía Blanca, que se suma a todos estos casos donde esperamos que no sea una caso más impune”, expresó Verónica Bajo de Acciones Feministas a FM De la Calle.

La Fiscalía tiene 15 días desde el momento de la detención, más otros 15 prorrogables, para solicitar la prisión preventiva y luego avanzar a la elevación a juicio, mientras tanto se les tomará declaración a otros/as testigos. La principal hipótesis que maneja esta unidad judicial es que Rosa fue asesinada dentro del rodado para luego ser abandonada en el lugar donde fue hallada.

Para Verónica Bajo la violencia en los cuerpos de las mujeres “no es solo el hecho en sí mismo sino que va cargado de un simbolismo; el de los cuerpos descartados, los cuerpos masacrados, los cuerpos desmembrados, ya sea en un contenedor de basura, en un poso de agua o en una vera de un camino vecinal, como es el caso de este último femicidio”.

“Este es un mensaje que lleva implícito, nosotras decimos, un terrorismo machista. Además del tratamiento mediático que ha sido bastante lamentable, principalmente en algunos medios de comunicación y también las expresiones vertidas por el fiscal el primer día, haciendo asociaciones sobre los efectos personales que Rosa tenía en la cartera, vinculándola con ciertas actividades… la verdad que han sido muy desafortunadas esas expresiones del fiscal”.

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Presentan amparo para garantizar presentaciones

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Un grupo de madres y padres de de niñxs con discapacidad presentó un amparo colectivo para que la obra social IOMA garantice las prestaciones que necesitan.

“IOMA tiene un retraso en todas las prestaciones de niños discapacitados tanto de psicología, fonoaudiología, transporte. Todo tipo de prestaciones que necesiten los niños discapacitados están siendo trabadas por el tiempo que tardan en aprobarla. Quizás de algunas niños no las aprueban, entonces nos vemos perjudicados ahí y sobre todo nuestros niños son los mayores perjudicados”, aseguró desde Miramar, María Laura Cela.

Agregó que “esto conlleva una demora muy grande en los pagos tanto de acompañantes terapéuticos, como de transporte. Hay transportes que hace un año les deben, entonces los prestadores tiene que dejar de trabajar porque no pueden seguir sosteniendo su situación y los niños se ven afectados porque no pueden asistir a sus terapias”.

Sobre su caso particular explicó que “por el momento psicología todavía no la tiene aprobada, la chica todavía no cobró y ni siquiera llegó la autorización de la plata. Y las otras las tengo autorizadas pero no han cobrado”.

“Dependo de la buena voluntad, del profesionalismo del profesional. Estamos como arriba de una bicicleta, tambaleando lamentablemente. Por eso estamos en esto que lo iniciamos en Mar del Plata, pero queremos que sea extensivo a toda la provincia”, manifestó.

“Somos muchas mamás y papás trabajando en este amparo y tenemos como estandarte la esperanza de que esta acción sirva para que se protejan y restituyan derechos vulnerados a todo el universo de afiliados y prestadores afectados”.

Cela aseguró que “las adhesiones y las firmas en los amparos colectivos revisten mucha importancia, ya que demuestran la magnitud del reclamo”. Quienes tengan interés en sumarse pueden escribir a [email protected]

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Modificaron regulación de antenas de telefonía celular

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(Por Mauro Llaneza) El Concejo Deliberante derogó por unanimidad la ordenanza 17.130 que regulaba la “instalación de estructuras soportes de antenas de telefonía celular” y exigía “la utilización de la mejor tecnología disponible para conformar una adecuada Plataforma de Comunicaciones Móviles”.

La norma había sido sancionada en 2013 ante las demandas vecinales en distintos barrios y fue resistida judicialmente por las empresas telefónicas. Cuando asumió Cambiemos se propuso “barajar y dar de nuevo” y contó para ello con el acompañamiento de los bloques de Unidad Ciudadana, PJ Cumplir y Frente Renovador.

En diciembre pasado se realizó una audiencia pública de la cual nunca se conocieron sus conclusiones. El texto del proyecto solo fue difundido una vez aprobado de manera exprés en la sesión de ayer y a pesar de los pedidos de la ONG Salud Ambiental en Acción y de vecinas y vecinos que se acercaron al recinto de Sarmiento y Estomba.

La nueva ordenanza legisla solamente sobre las torres y, si bien prohíbe su instalación en escuelas, centros de salud y de ayuda a pacientes oncológicos y hogares de niñxs, ancianxs o discapacitadxs, no establece restricciones en los clubes.

El texto refiere a las “estructuras de antenas de telefonía celular” para “sistemas radioeléctricos que operan entre 100Khz a 300Ghz de frecuencia” exceptuando a las utilizadas por radioaficionados, las de uso domiciliario, las afectadas a la defensa nacional, la seguridad pública y la defensa civil y las del Sistema Argentino de TV Digital.

Obliga a las empresas a “conservar y mantener” las estructuras con los “elementos indispensables de seguridad y señalización” y diferencia tipos de soportes, alturas y distancias de la línea municipal y ejes medianeros, según las zonificaciones del Código de Planeamiento Urbano y si son a nivel del terreno o sobre edificios o terrazas.

La prohibición para su instalación alcanza además a zonas declaradas como patrimonio histórico, cultural, artístico, reservas naturales o ambientales.

Otros “espacios verdes libres y públicos y espacios de equipamiento comunitarios” se podrán utilizar con aval municipal tras la demostración de la “necesidad de la adopción de la localización propuesta y su justificación por la no disponibilidad de sitios alternativos y necesidad de cobertura de servicio, conjuntamente con la evaluación de alternativas posibles”. Además, las empresas tendrán que realizar “obras vinculadas con el interés público dentro del sector de 100 metros radiales”.

Las torres deberán tener un tratamiento arquitectónico integrado con el paisaje circundante para atenuar el impacto visual e informar “de manera clara e inequívoca” la existencia de las antenas.

Finalmente, el Concejo estableció que “no obstante ser competencia provincial y nacional”, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y la Secretaría de Infraestructura controlarán el cumplimiento de la ordenanza.

“En el caso de mediar denuncias o ante sospechas sobre inadecuadas condiciones de funcionamiento de un sistema irradiante, el municipio elevará la denuncia al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y al Ente Nacional de Comunicaciones”.

Fernández Suñer, Girotti y Ghigliani analizaron la ordenanza en FM De la Calle

 

El delegado de ENACOM, Leandro Fernández Suñer, se refirió a las mediciones que realiza el organismo y afirmó que “no hay ningún nivel que pueda estar por fuera de lo que establece la Organización Mundial de la Salud”.

La titular de Salud Ambiental en Acción, Gladys Girotti, comentó que desde la oposición “dicen ‘a los clubes los sacaron porque pidieron que tienen que poner antenas porque necesitan el dinero, no estábamos de acuerdo’. Entonces, ¿si no estaban de acuerdo por qué no votaron en disidencia? ¿Por qué matan la poca democracia que tenemos?”.

Destacó que con la ordenanza anterior “el municipio podía medir” y “las asociaciones civiles podíamos participar”. “Lo que mida ENACOM siempre va a dar bien por dos razones. La primera es porque el límite de potencia máximo es tan alto que siempre va a dar dentro del parámetro establecido. La segunda, lo sabemos por experiencia porque lo ha dicho la misma gente del OPDS en reuniones que tuvimos en La Plata, es que van bajando las potencia de las antenas en la medida que se va sabiendo a dónde se va a medir”.

Por otra parte, aclaró que “la OMS no establece límites, o sea que decir que está dentro de los límites que establece la OMS es una mentira. Me parece un hecho grave que personas que están a cargo de estas instituciones no tengan la suficiente información”.

Gisela Ghigliani, concejala de Unidad Ciudadana, manifestó que algunas propuestas del bloque fueron incorporadas al proyecto y agregó que votaron a favor porque, en el oficialismo, “los votos los tenían y la ciudad se encontraba sin ningún tipo de marco regulatorio”. “Pretendíamos que los clubes estuvieran incorporados (en la prohibición) pero no fue posible”, dijo.

Al ser consultada por su opinión como médica respecto a la afectación a la salud de las radiaciones de las antenas de telefonía celular, Ghigliani afirmó que “hoy nadie puede hacer una asociación directa”.

“Ahora, nadie puede decir que los campos electromagnéticos, las radiofrecuencias, no provocan alteraciones corporales, somos seres vivientes. Una puede ser el aumento de la temperatura corporal -un grado-, pero como es tan diverso el campo de alteraciones que no necesariamente van a confluir en una enfermedad terminal es muy difícil una expresión univoca en esto. Pero no es un tema para decir no pasa nada”.

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Rechazan restricciones a las acciones judiciales colectivas

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Veintinueva organizaciones civiles exigieron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que de marcha atrás con sus intenciones de de impulsar un proyecto de ley que restringe las posibilidades de demandar judicialmente al Estado y empresas.

El proyecto se enmarca en el programa de Justicia 2020 y de ser aprobado por el Congreso de la Nación coartaría las acciones colectivas, herramienta legal que es amparada por nuestra Constitución.

En diálogo con FM De la Calle, el director de Clínica Jurídica de Interés Público de la UNLP, Pedro Sisti, comentó que el anteproyecto “establece una serie de requisitos para entablar un proceso de acción colectivo que claramente es incumplible para ongs y asociaciones civiles porque implica costos millonarios”.

“Esta es una serie de trabas que se ponen para beneficiar, justamente, a quienes van a ser demandadas, lo cual deriva en negación de acceso a la justicia”, aseguró.

Consultado sobre cómo afecta este proyecto a las medidas cautelares, Sisti argumentó que “este proyecto es restrictivo en distintas cuestiones. No nos olvidemos que ya tenemos una ley de medidas cautelares que de alguna manera pone algunas trabas para poder acceder contra el Estado”.

“Esto va más allá de lo que establece eso, sobretodo desnaturaliza muchas cuestiones sobre todo respecto de la gratuidad de manera que se garantice el impacto económico. Simplificando termina haciendo que casi nadie pueda demandar a las grandes empresas, salvo un estudio de los millonarios”, aseguró.

LEÉ EL DOCUMENTO ACÁ

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Represores: la mayoría libre o en sus casas

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La mayoría de los represores imputados en causas por crímenes de lesa humanidad está libre y de los detenidos la mitad está en sus casas. Según un nuevo reporte estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son 867 las personas condenadas por estos delitos y 115 las absueltas.

De los 1038 detenidos por crímenes de lesa humanidad, 602 están en prisión domiciliaria y 375 en cárceles federales. Hay 715 procesados y 36 prófugos. Los procesados son 715, 175 tienen falta de mérito y 76 fueron sobreseídos.

Ese cómputo comprende los juicios realizados desde la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el 15 de junio pasado, período en el cual se dictaron 206 sentencias. En octubre comenzará un nuevo debate oral en Bahía Blanca. 

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El relevo, realizado en base a la información remitida por las fiscalías federales de nuestro país que intervienen en causas por estos crímenes, muestra que son 36 los prófugos y que existen unas 469 personas imputadas que aún no fueron llamadas a prestar declaración indagatoria.

Con relación a las medidas restrictivas de la libertad, el informe devela que son 1038 las personas privadas de su libertad en todo el país, de las cuales 602 (57%) se encuentran cumpliendo arresto domiciliario.

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La cantidad de causas abiertas por crímenes de lesa humanidad asciende a 597. De ese universo, 275 (46%) se encuentran aún en etapa de instrucción, 100 (17%) se encuentran elevadas a juicio, 16 (3%) transitan el debate oral y, finalmente, en 206 casos (34%) se ha dictado sentencia.

El 26 de octubre comenzará el sexto juicio en Bahía Blanca. Será el segundo tramo de la causa Armada la cual tiene 15 represores imputados y 68 casos de secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.

Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu reemplazarán a los renunciantes Jorge Ferro, Martín Bava y Mario Triputti en la subrogancia del Tribunal Oral bahiense. La Fiscalía estará representada por Miguel Ángel Palazzani.

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Caso Manfredini: audiencia preliminar del juicio a Camin

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A casi ocho años del fallecimiento de Juan Cruz Manfredini, víctima de la precarización laboral, la justicia convocó a una audiencia preliminar del juicio a Marcelo Camin, titular de la empresa para la cual trabajaba el joven fallecido tras la explosión de un depósito clandestino. Hugo Fernández, abogado de la familia Manfredini, explicó a FM De la Calle el estado de la causa.

Fernández aseguró que están “bastante animados por el fallo anterior y las cuestiones que se comprobaron” haciendo referencia a lo ocurrido con Norberto Maximiliano Metz, gerente local de la empresa, a quien le revocaron la absolución en el 2016. En esa ocasión la jueza González La Riva había determinado que Metz no tenía responsabilidad por lo ocurrido, razón por la que se excusó en esta ocasión del juicio a Camín. “Ya emitió opinión y no puede fallar en este juicio”, aseveró el abogado.

Sobre la audiencia manifestó que tienen pruebas suficientes como para avanzar, “el 10 será la audiencia preliminar donde se presentan pruebas y se fija la fecha para el debate. Esperemos que los mismos testigos que declararon en el anterior juicio lo hagan nuevamente y se pueda probar lo que se probó con el primer imputado.

Respecto a Camin comentó: “Si uno lo analiza […] parecería que nadie es responsable porque el [gerente] de Capital dice que está lejos, el [gerente] de acá tampoco porque obedece a Capital… Creo que la responsabilidad penal en estos casos, en caso de muerte, es de ambos. […] Ésta gente no solo almacenaba en un depósito clandestino muestras explosivas sino que las mandaban en un colectivo a Capital Federal (donde tenían los laboratorios) y ponían en riesgo a la gente del colectivo porque iban en una encomienda. La peligrosidad que generaron fue un agravante que se tuvo en cuenta”.

Al no estar fija la condena consideró que la pena puede ser “superior a dos años por homicidio culposo y pedimos agravantes en base a la peligrosidad y al conocimiento que tenían. Tendrían que haber tomado los recaudos para que no pase un accidente como este porque podría haber muerto muchísima gente” [El dúplex donde trabajaba Manfredini estaba en un barrio de la ciudad].

El abogado aseguró que buscan la misma imputación de Metz para Camin, “es el gerente –no nos olvidemos que esta empresa es de un familiar suyo– y hay una sociedad local que se hace responsable, Camin firmó hasta el contrato de alquiler del dúplex. Es una persona que sabía perfectamente que ese era su único lugar de trabajo y va a tener que explicar dónde hubiera guardado las muestras si no era ahí”.

También comentó en relación al trabajo del fiscal Zorzano en el juicio a Metz que “le dedicó muchísimo tiempo a la causa e impulsó la última parte del juicio. La Fiscalía dispuso muchos medios para poder llegar al resultado obtenido, estábamos seguros que se iba a dar vuelta y no creemos que se vaya a modificar el resultado de Cámara, que fue bastante contundente”.

Asimismo remarcó la importancia del rol de la familia de Juan Cruz, ya que estuvieron desde el primer día e incluso aportaron información importante para la investigación. Es decir que sin el aporte de la familia Manfredini “seguramente no se hubiese investigado mucho más”, concluyó.

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“La reforma del Fuero Penal Juvenil restringe derechos”

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En la legislatura bonaerense se discute la reforma del Fuero Penal Juvenil planteado por la gobernadora Vidal y el ministro de Justicia y desde la Comisión Provincial de la Memoria publicaron la semana pasada un comunicado donde manifestan que “se trata de un proyecto regresivo en materia de derechos que atenta contra las garantías constitucionales de nuestras niñas, niños y adolescentes”. Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión (CPM) se refirió al respecto en FM De la Calle.

Desde la provincia dicen que hay muchas causas en los juzgados pero según García “el proyecto está fundado en una foto vieja, la situación cambió. Entre 2014 y 2017 el fuero recibió un tercio menos de causas y así el argumento central de la reforma se cae rápidamente”.

También aseguró que “es un reclamo más corporativo de jueces y fiscales, están planteando eliminar al juez de garantías que interviene en la etapa de investigación –primera etapa del proceso– y que todos sean jueces de responsabilidad penal juvenil que intervienen en el juicio –segunda etapa–. Perder especificidades tiene un sesgo punitivo importante porque se saca al juez que controla el cumplimiento de garantías y derechos de imputados, los pibes, en la etapa de la investigación”.

En la actualidad lxs pibxs quedan a disposición de la policía durante un plazo no mayor a 12 horas, sin embargo otro pedido de los jueces es que se amplíen los plazos a 18 horas, alegando que “muchas veces el plazo cae de madrugada y el juez tiene que trabajar toda la noche y esto atenta contra la eficacia. Esas horas que se incrementan… el pibe permanece detenido en la comisaría, incluso en patrulleros, a disposición de la policía; con las reiteradas situaciones de padecimiento de torturas que se han relevado o de violencia policial”, expresó.

Además el secretario aclaró que esta reforma “no va a tener un impacto en el funcionamiento del sistema porque las causas disminuyeron. La etapa de juicio tiene menos causas pero con más trabajo y gestión. El fuero está a cargo de la ejecución de la sentencia –la aplica y controla cómo se cumple–. Esa tarea que ni siquiera es considerada en el proyecto y no tiene relevancia para la justicia, es ir a controlar cómo están esos pibes en los institutos de menores”.

La Comisión lleva publicados once informes anuales que registran los padecimientos en estos lugares y las graves violaciones a los derechos humanos, “eso es lo que hay que atender”, afirmó García. “Todo eso no lo va a controlar judicialmente ninguna autoridad; no están pensando en los problemas del sistema sino en acomodar el sistema a la conveniencia de ciertos operadores judiciales. […] La reforma no apunta a la mejora del sistema sino a que se torne más despiadado y garantice menos derechos”.

Sobre lxs senadorxs de la provincia comentó que se reunieron en un plenario de comisiones donde fueron escuchados y pudieron manifestar su opinión. “Este proyecto de reforma iba a pasar por comisiones de seguridad, legislaciones generales y de asuntos constitucionales pero no por la comisión de niñez, cosa que algunos senadores consideraron necesario. Ahora estamos a la espera de que se acepten los aportes”, concluyó.

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Juicio Armada II: el 26 de octubre comenzará el debate oral

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Con 15 represores imputados y un nuevo tribunal iniciará dentro de cuatro meses el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región. Es un nuevo tramo de la investigación sobre los hechos ocurridos bajo el control operacional de la Armada Argentina desde la Base Naval de Puerto Belgrano de Punta Alta.

Serán los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu quienes reemplacen a los renunciantes Jorge Ferro, Martín Bava y Mario Triputti en la subrogancia del Tribunal Oral bahiense. La Fiscalía estará representada por Miguel Ángel Palazzani.

Los genocidas acusados son en su mayoría ex altos mandos de la Armada. La causa comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.

De los 15 imputados, 12 serán juzgados por primera vez mientras que los tres restantes fueron ya condenados a prisión perpetua por otros hechos. Se trata del ex capitán de navío Enrique de León, quien actuó como Jefe de la División Contrainteligencia del Departamento Operaciones de la Base Naval de Infantería de Marina (BNIM) “Baterías”; el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi, comandante de la Fuerza de Tareas (FUERTAR) 9; y el ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi, jefe de Informaciones de la Prefectura Naval en esa zona.

Los nuevos acusados son el ex capitán de fragata José Abdala Figueroa, ex jefe de la División Cuartel Base del BNIM; el ex capitán Carlos Enrique Lacoste, que cumpliera diferentes funciones, entre ellas, la de jefe de Personal en el Batallón de Infantería de Marina 1; el ex capitán de fragata Héctor Francisco Lobbosco, quien fue jefe del Departamento de Inteligencia de la BNPB; el ex teniente de navío Alejandro Carlos Lorenzini, quien se desempeñó como ayudante jefe de diferentes secciones de la Brigada de Infantería de Marina 1 (BRN1); el ex capitán de fragata y jefe del Departamento de Inteligencia del Comando de Aviación Naval, Carlos Alberto Louge; el ex teniente de navío y 2do comandante del Batallón de Comunicaciones 1 (BIC1), Arturo María Quintana; el ex 2do comandante y jefe de operaciones e inteligencia del Batallón Comando, Emilio José Schaller; el ex capitán de fragada y subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora, Miguel Ángel Torrá; el ex capitán de corbeta y jefe de inteligencia de la BRN1, Álvaro Hernán Hermelo; el ex capitán de corbeta y jefe del BIC1, Rómulo Augusto Illa; el ex teniente de navío y jefe de operaciones, personal y logística del BIC1, Aristóbulo Nicanor Moreira, y el ex capitán de corbeta y comandante del BIC1, Ricardo César Araujo.

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Caso Almada: denuncian paralización de la causa

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El abogado de la familia de Ángel Almada en la causa que investiga la muerte del joven violinista de Ingeniero White, Leandro Aparicio, dijo a FM De la Calle que en la investigación “hubo algunas pericias muy rantifusas, para decirlo en lunfardo, pero de hecho hay causas conexas donde hay imputados comisarios, ex-delegados, que obviamente uno no puede soslayarlas y que tienen relación a un encubrimiento que se ha realizado, y nadie va a hacer eso por un suicidio”.

“En esto ha trabajado mucho la familia y la gente amiga y la gente que a pesar de tener algún miedo ha declarado. Esta causa ha avanzado por el impulso que le ha dado la querella y se combina un poco la inmovilidad, como pasa ahora que hace tres meses que no tiene ningún tipo de movimiento desde que le llego al señor este fiscal”, manifestó en relación a Jorge Viego.

En cuanto a la causa que investiga el posible encubrimiento del caso, Aparicio explicó que “una vez que pueda ver lo que han declarado, veremos si nos sirve para la causa principal”.

“Estamos pendientes de las pruebas que hemos pedido anteriormente y que no van a llevar a acreditar los autores materiales para nosotros del homicidio de Ángel. Hasta que esas personas no sean halladas o no declaren la causa sigue en un limbo”, aseguró.

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Contra la reapertura de la causa Larrabure

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Los organismos de derechos humanos nacionales presentaron ante la Cámara Federal de Rosario un amicus curiae para pedir que no se reabra la causa Larrabure, un pedido que el Tribunal analiza desde la audiencia del 21 de marzo. La causa tiene como imputado a un ex-integrantes del ERP.

El periodista y diputado santafesino Carlos del Frade, quien investigó el caso, dijo a FM De la Calle que “en julio de 1974, se produce un intento de copamiento de la fábrica militar de Río Tercero en Córdoba, por un célula del Ejército Revolucionario del Pueblo. Como consecuencia del intento de ese copamiento, que no se lleva adelante, es secuestrado el entonces capitán del Ejército Argentino, Argentino Del Valle Larrabure”.

“A partir de ese momento, se dan negociaciones con el Ejército Argentino, y el Ejército se olvida de Larrabure, no quiere saber absolutamente nada con él. Cuando Larrabure se entera de esto se suicida en julio del año 1975, en un lugar donde estaba detenido acá en la zona sur de la ciudad de Rosario y luego su cadáver es encontrado en agosto de ese año, 1975”.

Del Frade comentó respecto a la causa judicial que “hasta muy entrada la década del ’80 en ningún momento se habla del asesinato de Larrabure. El mismo día que se está practicando la autopsia, en donde se habla entre otras cosas de ese potencial suicido y nunca se habla de asesinato, ya en Buenos Aires el juez federal Niklison declara que se trato de un asesinato después de torturas y de haberlo mal alimentado, al entonces capitán del ejército”.

“Por eso la reapertura del caso Larrabure no es solamente la reivindicación de la teoría de los dos demonios, sino que es la justificación hoy, en el presente, de aquellos que pusieron el cuerpo para defender a los titiriteros de los que realmente hicieron el golpe, que son los integrantes poder económico que gobiernan la Argentina a través de sus propios gerentes. Esto es lo más atroz, esto apunta directamente al presente y es lo que se quiere hacer incluso ahora con la idea de meter al Ejército en asuntos internos. Una fenomenal vuelta al pasado, un enorme retroceso y a eso le sirve la reapertura de la causa Larrabure”, aseguró.

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Ocho años de condena para Guillermo Robaina

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El ex integrante del Coro Estable y de la Unión de Músicxs del Sur fue sentenciado este mediodía a 8 años de prisión por abusar de una menor. La secretaria de la UMSur, Irene Abreu participó de las audiencias la semana pasada y se refirió al respecto en FM De la Calle.

Sobre el juicio manifestó que “fue muy duro porque se pone mucha impotencia, frustración y sensibilidad en juego […] El comentario entre todos y todas es que se revictimiza a la persona que sufre el abuso. […] Es clarísimo lo inserto que esta en una cultura machista la responsabilización de la víctima donde es incuestionable, el abuso se cometió y esa persona tiene que pagar por el delito”.

Abreu habló de ‘revictimización de la víctima’ por determinadas preguntas que el defensor de Robaina, Avellaneda, le realizó a integrantes de la familia de la víctima. Si bien el tribunal “marcó escasos límites, fue inteligente la actuación de la fiscalía porque hizo énfasis en las pruebas”.

Robaina además de atleta era integrante de la UMSur, y participaba de varios espacios. Abreu aseguró que desde el gremio de músicxs lo tomaron como “un proceso lamentablemente extenso, profundamente doloroso, pero lo llevamos sin dudas. Respetamos los plazos de las víctimas involucradas, tiempos de denuncias, considerando que no se puede ser tibio en ese tipo de situaciones.

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