#EsLey: “Feminismo y cooperativismo están íntimamente conectados”

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Sabrina García, integrante de KÜDAW, cooperativa que asesora a otras cooperativas, participó de la transmisión especial de FM De la Calle durante el debate de la IVE en el Senado y puso de manifiesto las relaciones entre cooperativismo, feminismo y autonomía para decidir.

“Feminismo y cooperativismo están íntimamente conectados. Como cooperativista hay valores y principios dentro del movimiento que tienen que ver con el feminismo y la lucha por la autonomía, es una forma de hacer economía, de organizarnos en territorio, de ser dueñas del propio destino”, enfatizó.

Señaló que desde KÜDAW “hemos visto crecer la cantidad de cooperativas de mujeres y disidencias que han surgido en estos últimos tiempos. Eso viene a plantear una forma de economía distinta. Por ejemplo, el cooperativismo de cuidado. Hay una discusión alrededor de esto, nos preguntamos si volvemos a asignarle las tareas de cuidado a las mujeres y las disidencias. Ahí marco una diferencia porque el sistema ha asignado valores a las actividades, el cuidado no tiene un valor económico, el cooperativismo viene a decir tenemos el rol de cuidado, queremos hacerlo pero vamos a cobrar, nuestro servicio tiene un valor económico. Viene a romper la lógica con el cuidado gratuito”.

García es co-conductora de Impulso Cooperativo, programa que lleva tres años consecutivos en el aire de la 87.9: “Relacionándolo con el aborto yo pienso en las cooperativas de nuestra zona, el estar tan lejos de los centros urbanos, aunque sea 100 km, hace que no se esté cerca de los derechos de otros y otras y el que sea ley va atener que ver con una militancia territorial”.

Respecto a las cooperativas de mujeres y disidencias surgidas ante las crisis señaló que es necesario “no pensar el cooperativismo como una rueda de auxilio ante las crisis. Se lo relaciona como la economía de los pobres, hay que plantear un cooperativismo de transformacional social que venga a decir que hay una forma distinta de organizarse económicamente que transforma a la comunidad”.

“El plus que agrega el cooperativismo es que también sos parte de una organización en la que tenés voz y voto y en la que podés acceder a la dirigencia. Ahí las mujeres participan políticamente, es cierto que no sucede fácilmente porque todo está atravesado por un sistema patriarcal. El cooperativismo bien organizado es la democracia perfecta”, finalizó García.

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Encuentro de querellantes y víctimas del espionaje político en la provincia

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Más de 60 referentes de organizaciones sociales y políticas, militantes de organismos de derechos humanos y sindicatos, familiares de víctimas de la violencia policial, docentes y estudiantes, participaron de un primer encuentro organizado por la Comisión por la Memoria (CPM) con el objetivo de informar sobre el estado de las causas que tramitan en los tribunales federales de Dolores, Lomas de Zamora, La Plata y Comodoro Py, en las que se que investigan las acciones de espionaje ilegal desplegadas entre 2016 y 2019 por el gobierno de Cambiemos.

Quienes participaron, entre ellas/os un representante de FM De la Calle, forman parte de las querellas o fueron víctimas principales del espionaje realizado en estos años.

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, inauguró el debate explicando que el objetivo principal del espacio era “compartir información para poder reflexionar sobre la trascendencia de la inteligencia ilegal y el espionaje político e ideológico en la Argentina, visibilizarlo y fundamentalmente dejar de naturalizarlo. La CPM tiene una expertiz sobre estos temas, ya que desde su fundación le fue conferida la custodia del archivo de inteligencia de la ex DIPPBA”.

La experiencia de la CPM en el trabajo de investigación y peritaje de documentos de lo que fuera la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), la ubican como un actor clave para reflexionar en torno a las rupturas y continuidades de las prácticas de inteligencia ilegal en tiempos de dictadura y democracia, y proponer acciones concretas para definir políticas de Estado.

Por su parte, Sandra Raggio, directora general de la CPM, precisó que “la política debe comprometerse con la erradicación de la inteligencia ilegal, ya que no se trata de algo que haya quedado en la opacidad de los pliegues del estado represivo sino que, por el contrario, es una trama muy compleja que llega hasta nuestros días y constituye una de las vulnerabilidades de nuestra democracia”.

En el mismo sentido se expresó Víctor Mendibil, integrante de la CPM: “La democracia no ha resuelto muchas de las demandas que tiene nuestro pueblo y una de ellas son las acciones de espionaje ilegal que tienen el objetivo de perseguir, espiar y disciplinar al conjunto de la sociedad que resiste”.

Estas acciones de espionaje que investiga la justicia y cuyo blanco fueron centralmente personas que militan en organizaciones del campo popular, comenzaron a consumarse en decisiones políticas tomadas inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 2015. A partir de ese momento volvieron las reservas sobre la identidad de los agentes de inteligencia y se repusieron los gastos reservados: el crecimiento del presupuesto de inteligencia entre 2016 y 2019 llegó a los 8 mil millones de pesos, de los cuales más del 90% fueron gastos reservados, imprescindibles parea el despliegue de acciones ilegales.

Luego, Federico Schmeigel, director del Programa contra la corrupción y la inteligencia ilegal de la CPM, expuso con detalle las características de esta red de espionaje que investiga la justicia en la que aparecen trabajando de manera articulada los referentes políticos de la AFI con ex comisarios de la policía bonaerense o agentes de la misma fuerza y el SPB. “Las bases creadas por el gobierno de Cambiemos en los puntos calientes del conurbano empezaron a funcionar de manera secreta entre 2016 y 2018. Aunque su objetivo formal era la investigación de delitos complejos como el narcotráfico, las investigaciones muestran que su motor real era el espionaje social y político”.

Por estos hechos, el juzgado federal de Dolores acaba de dictar el procesamiento de 11 ex funcionarios y agentes de la AFI acusados de formar parte de una red de inteligencia ilegal en el AMBA durante los años 2017 y 2018. La prueba acumulada en la causa y los hechos acreditados revelan la gravosa magnitud del sistema de vigilancia política implementado durante la gestión CAMBIEMOS, con rémoras de viejas prácticas autoritarias. Las tareas de inteligencia ilegal alcanzaron a centenares de militantes opositores y de diversas extracciones políticas. Asimismo, se produjeron infiltraciones en partidos políticos, cooperativas, organizaciones sociales y  gremios.

Durante más de dos horas participaron del debate referentes de estas organizaciones espiados y abogados querellantes en las diferentes causas. Gabriela Troiano, diputada nacional mandato cumplido por el Partido Socialista, agradeció a la CPM por el espacio y la iniciativa de llevar adelante las acciones necesarias, y manifestó: “Esto es algo que no podemos dejar pasar, somos responsable de hacer las cosas que hagan falta para vivir en una democracia, y para eso tenemos que hacer cumplir sus principios básicos: el espionaje ilegal no está dentro de estas premisas, pertenecen a una etapa oscura de nuestra historia”.

Por su parte, Guillermo Torremare, abogado y presidente de la APDH Nacional, habló también como querellante en una de las causas. Desde ese lugar explicó que “lo que resulta novedoso en este caso es la magnitud y la línea de responsabilidad política en los acciones de inteligencia que se advierte en la investigación judicial y que están diseñados para orquestar una represión hacia sectores opositores o enemigos”.

El juez Alejo Ramos Padilla llama la atención sobre el impacto que estas acciones de espionaje han tenido sobre la educación. Son numerosos los casos de trabajadores de la educación y estudiantes espiados y perseguidos. Muchos de ellos estuvieron hoy presentes en el encuentro y como contracara de estas acciones represivas reivindicaron su derechos a la organización y la protestas por los derechos.

En este sentido, Sergio Zaninelli de ADUNS señaló que “cualquier gobierno que espía a los sindicatos por lo hacen en defensa de sus representados, nos espía porque somos un peligro para quienes nos gobiernan”. En este punto también resultó conmovedor el testimonio de Clara, joven de Moreno que tenías 16 años y era estudiante secundaria cuando fue espiada en 2016 por sus actividades políticas. Clara participaba del programa Jóvenes y memoria de la CPM y militaba en la JP Cámpora de su localidad.

Quienes participaron del encuentro coincidieron en reforzar la línea de investigación iniciada por los juzgados de Dolores y lomas de Zamora y permanecer en alerta ante posibles acciones que pretendan derivar estas causas hacía los tribunales de Comodoro Py con el objetivo de frenarlas y garantizar impunidad para quienes diseñaron e implementaron este plan de espionaje ilegal.

También hicieron uso de la palabra la Secretaria Adjunta de SUTEBA Maria Laura Torres, el Secretario de DDHH de la  Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Mariano Fernandez, y el Secretario de DDHH de la CTA Autónoma y ATE provincia, Emiliano Huevarillo. A ellos se sumaron representantes del CEPRODH y otras organizaciones presentes. Asimismo participaron la concejal platense Victoria Tolosa Paz y la consejera escolar de Mar del Plata, Eva Fernández.

Por otro lado, se remarcó la necesidad de hacer visible estos hechos ante la opinión pública y alertar a la sociedad, desde todas las organizaciones, sobre la gravedad que tienen para la vida institucional de la democracia. En este punto, desde la CPM se anunció la realización de un encuentro sobre democracia e inteligencia para el año próximo y la coordinación de una serie de acciones tendientes a generar mecanismos institucionales de control adecuados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: CPM.

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Vacunas y fake news: “La solidaridad es la única opción para la prevención”

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El Foro de Sociedades Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades llamó a “asumir el compromiso y la responsabilidad de brindar información veraz y de fuentes oficiales” ante la proliferación de noticias falsas sobre las vacunas contra la Covid 19.

Destacan la necesidad de “fortalecer la confianza pública en la campaña de vacunación” y de robustecer “la solidaridad y la necesidad de ampliar el vínculo social que puede contener y mitigar las consecuencias de la pandemia”.

“El método científico ha dado muestras de ser el mejor procedimiento para el avance del conocimiento general y para validar la seguridad, eficacia y calidad de las vacunas”, afirmaron.

El texto, compartido a nivel local por la Sociedad de Medicina Interna, sostiene que “la adhesión colectiva a la vacunación develará el justo reconocimiento y el apoyo que merecen los y las trabajadoras/es de la salud que mantienen su compromiso irreductible con el cuidado de la salud de la población, mientras que las falsas noticias conspiran contra este apoyo”.

“Para sumarnos al enorme esfuerzo de estos trabajadores, es imprescindible no circular mensajes que no hayan sido debidamente cotejados con fuentes confiables y oficiales”.

Por último, las organizaciones que componen el Foro manifiestan que “de la misma manera en que la humanidad ha sorteado otros grandes desafíos, saldremos adelante si mantenemos las medidas de cuidado entre todos y todas, reafirmando nuestra convicción en que la solidaridad hoy es la única opción disponible para la prevención y el alivio definitivo del sufrimiento pandémico”.

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#EsLey: “Somos las hijas y nietas, nuestro deber es seguir esta lucha”

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En una plaza repleta de pibas a la espera de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Victoria y Milagros, de 15 y 18 años, formaron parte de la mesa de las juventudes durante la transmisión especial de FM De la Calle.

“Es un momento histórico, único, se lo vamos a contar a las próximas generaciones. Atravesamos muchas situaciones que me interpelan, somos las hijas y nietas, nuestro deber ser seguir esta lucha”, señaló Milagros.

Victoria comentó que el feminismo “es de las mejores cosas que me han pasado. Nos saca una venda, empezamos a ver, nos empezamos a empoderar, es algo muy enriquecedor. Se da con amigas, en la escuela, empezamos a hablar, a pegar carteles, y se suma otra que pega otro cartel y así se arman redes”.

Consultada sobre cómo se acercó al feminismo, Micaela contó: “Viví en un hogar donde había mucha violencia doméstica. Mi viejo nos crió bajo ese mandato y fue decir yo no apoyo esa violencia. El caso de Micaela Ortega nos conmocionó mucho, era una conocida de mi mamá. Ver esa situación, vernos tan chicas, reflejadas en ella, lo que nos podía pasar, eso fue el punto de partida para empezar a luchar”.

Agregó que una de las primeras marchas que recuerda es la del Ni Una Menos del 2015: “Vine con amigas más grandes, a mis viejos mucho no les gusta pero ellos han vivido otras cosas, mi vieja es más grande, se cuestiona constantemente. Meses después, una de mis amigas abortó y casi se muere desangrada, son situaciones que a mis 18 años me pesan mucho”.

La relación con los varones

“Por momentos se torna difícil, hay todo tipo de compañeros, hay muchos acompañándonos aunque se puede tornar complejo entender que dejás de ser protagonista, que tenés que dejar privilegios de lado”, dijo Victoria.

Milagros comentó: “Tengo amigos varones de los que me he distanciado, yo siempre voy a defender a las pibas, aunque seas mi compañero, mi hermano, lo que sea. No tolero la violencia, está bueno replanteárselo, replantearse los privilegios”.

Aprender en el momento de los hechos

Muchas adultas tuvieron que desaprender lo aprendido, sin embargo, las jóvenes aprenden sobre la marcha: “Me genera mucha felicidad llevarle un debate a mi vieja, a mi hermana de seis años empezar a involucrarla en estas cosas, convencidas de que somos las hijas, más que agradecida de que me haya agarrado de pendeja”, comentó Victoria.

Por último, Milagros enfatizó que “está bueno recordar la lucha, la lucha de las abuelas, es algo que viene de generaciones, anteriormente a mí hubo muchas mujeres, murieron muchas mujeres por esto”.

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¿Qué es y a quiénes beneficia la prestación básica de telefonía, internet y TV?

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Desde hoy queda operativa y en plena vigencia la Prestación Básica Universal y Obligatoria. Es para servicios de telefonía móvil, fija, internet y TV por cable.

Está destinada a personas que ya tienen un dispositivo móvil, un celular, pero que hasta ahora se manejaban con un Plan Prepago por falta de recursos. Esta modalidad de cargar cuando se cuenta con algo de dinero en el bolsillo tiene finalmente un costo mucho más caro.

La misma tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas.

“La Prestación Básica Universal persigue el horizonte de la expansión de derechos establecidos por el Gobierno nacional como lineamiento general para asegurar que todos los argentinos y argentinas gocen de las mismas oportunidades”, indicó el Delegado Regional del Encom, Nicolás
Bartolozzi.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 del Poder Ejecutivo Nacional, determina que la TELEFONIA CELULAR, TELEFONIA FIJA, INTERNET y la TELEVISION POR CABLE (TIC’s-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) son servicios públicos, esenciales, estratégicos y en competencia.

¿Cómo se concreta el Beneficio?

*Se debe completar esta declaración jurada, la cual se envía la misma a las Compañías de Telecomunicaciones.

*Las Empresas tienen la obligación de iniciar el trámite para el otorgamiento de la prestación, la disposición de Enacom es de cumplimiento obligatorio.

*No es necesario cambiar de Compañía, aplica para personas que ya tenían Servicio, o que lo pueden pedir desde cero.

¿Quiénes son los Beneficiarios de la Prestación Básica, Universal y
Obligatoria?

El Padrón de Beneficiarios está construido con anterioridad, es clara su individualización y alcanza los 10.000.000 de Argentinas y Argentinos.

Los Usuarios y Usuarias que podrán optar por adherirse a las Prestaciones Básicas, Universales y Obligatorias son los siguientes:

1) Beneficiarias y Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo. También están incluidos sus hijos e hijas entre los 16 y los 18 años, y los miembros de su Grupo Familiar (Padre, Madre, Cónyuge, Conviviente).

2) JUBILADOS y PENSIONADOS que perciban un Beneficio en Bruto menor o igual a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($41.000). También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

3) Usuarias y Usuarios inscriptos en el REGIMEN DE MONOTRIBUTO SOCIAL. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

4) Beneficiarias y Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

5) Trabajadores y Trabajadoras en RELACIÓN DE DEPENDENCIA que perciban una Remuneración Bruta menor o igual a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

6) Trabajadores y Trabajadoras inscriptas en el REGIMEN DE MONOTRIBUTO, en una Categoría cuyo ingreso mensual no supere los 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

7) Usuarias y Usuarios que perciban SEGURO DE DESEMPLEO, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

8) Trabajadores y Trabajadoras incluidas en el Régimen de PERSONAL DE CASAS PARTICULARES (Ley 26.844), y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

9) Beneficiarias y Beneficiarios de una BECA DEL PROGRAMA PROGRESAR. (Jóvenes entre 18 y 24 años, Estudiantes Argentinos de Nivel Primario, Secundario, Terciario o Universitario, o que estén realizando una Curso de Formación Profesional). Además, todos los Jóvenes pueden navegar por las Páginas Web Educ.ar y Edu.ar sin costo alguno, sin consumir Paquete de Datos.

10) Personas que se encuentren DESOCUPADAS, o que se desempeñen en la ECONOMIA INFORMAL, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

11) Beneficiarias y Beneficiarios de PROGRAMAS SOCIALES, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

12) Entidades de Bien Público tales como Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones, Fundaciones, que no persiguen Fines de Lucro (Ley 27.218); Organizaciones Comunitarias con Reconocimiento Municipal; Clubes de Barrio y de Pueblo (Ley 27.098); Asociaciones de Bomberos Voluntarios (Ley 25.054).

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Violencia en el Concejo: condenaron a Ricardo Pera

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El ex concejal del Frente Renovador, Ricardo Pera, fue condenado esta semana a un año y diez meses de prisión de ejecución condicional por agredir a dos de sus pares en el recinto del Concejo Deliberante.

Los hechos, de los cuales resultaron víctimas Sergio Massarella y Gustavo Mandará, ocurrieron durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del 2015. Fueron calificados como lesiones leves y amenazas.

El titular del Juzgado Correccional N°1, Gabriel Giuliani, determinó que el secretario general de la UTA deberá realizar “un tratamiento sicológico para abordar la problemática que subyace del hecho por el cual fuera condenado, previo dictamen que efectúe la Asesoría Pericial Departamental”. Por otro lado, el ex edil no podrá “entablar contacto por cualquier medio con las víctimas”.

El juez tuvo por probado que Pera amenazó de muerte a Massarella manifestando “a vos también te voy a matar, sos un hijo de mil puta te voy a matar” e inmediatamente le propinó un golpe con la cabeza en el rostro. Luego pateó a Mandará.

El fallo destaca el temor de Massarella “por la forma y la virulencia esgrimida por Pera”. “Sintió que estaba ante una persona capaz de hacer cualquier cosa. Dijo que desde ese día tuvo y tiene miedo. Sintió miedo por sus hijos, porque no sabía cómo iba a continuar la situación, de hecho pidió custodia para sus hijos. Dijo que a los pocos meses que sucedió el hecho, le prendieron fuego una casa que tenía en Monte Hermoso. (…) También dijo que todo se desarrolló en un contexto, y que como antecedente habían sucedido una serie de actos violentos que habían tenido como centro de la escena al agresor”.

Giuliani tomó como agravantes la condición de funcionario público de Pera y que los hechos haya ocurrido en el recinto del Concejo Deliberante. “Es sabido que se debe guardar el respeto por la opinión contraria y ello es propio del sistema republicano de gobierno”, afirmó el fiscal Marcelo Romero Jardín durante el debate.

El representante del Ministerio Público había solicitado una pena de dos años de prisión en suspenso por ser la primera condena y el defensor, Sebastián Martínez, la absolución.

Denuncian a Ricardo Pera por violencia machista

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor es investigado por la justicia en otra causa iniciada a partir de una denuncia realizada por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

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Es ley

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Con 38 votos a favor y 29 en contra el Senado convirtió en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hubo una abstención y cuatro ausencias. También se aprobó el Plan de los 1000 días para el acompañamiento a las maternidades deseadas.

La votación llegó a las 4:12, luego de doce horas de debate que fueron seguidas con vigilias frente al Congreso y en muchas ciudades del país. En Bahía Blanca el encuentro fue en Plaza Rivadavia desde donde FM De la Calle realizó una transmisión especial de la histórica sesión.

Con el correr de las horas se conocieron las posturas de las senadoras y los senadores que aun no las habían explicitado y fueron los que permitieron revertir el resultado negativo del debate del 2018 cuando el proyecto fue rechazado por 38 votos contra 31.

El Poder Ejecutivo se comprometió a realizar un veto parcial de dos artículos para sumar, entre otros, el voto del ex gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck. El cambio implicará una mirada más restrictiva para la realización del aborto luego de la semana 14.

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Ratifican a la jueza Marrón en la causa de Facundo

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El camarista Pablo Candisano Mera ratificó a la jueza Gabriela Marrón al frente de la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

Para el magistrado las querellas encabezadas por Cristina Castro y la Comisión Provincial por la Memoria “no han logrado demostrar la existencia de elementos que abonen a la afectación de la garantía constitucional invocada”, es decir, el temor de parcialidad.

La causa continúa con apelaciones pendientes en la Cámara Federal bahiense y con la producción de medidas de prueba. Las querellas recurrirán nuevamente la resolución contra el apartamiento de Marrón y la denunciarán ante el Consejo de la Magistratura.

Defensa corporativa de la Bonaerense

Mediante sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la madre del joven de Pedro Luro cuestionó a la jueza por denegarles medidas de prueba orientadas a dilucidar la responsabilidad de la Policía Bonaerense en los hechos.

Se le reprochó a la titular del Juzgado Federal N°2 hacer “una defensa corporativa” de la fuerza de seguridad y reclamaron revisar el comportamiento de los efectivos en el marco de las infracciones por violación al aislamiento obligatorio.

La querella denunció que la Bonaerense actuó de manera discrecional, sin control judicial y con criterio de selectividad -apuntando a personas humildes y migrantes– y abusando de la fuerza física.

De hecho, Facundo fue interceptado en Mayor Buratovich y en Teniente Origone y no hubo consulta a la propia jueza Marrón ni al fiscal Ulpiano Martínez -ambos de turno-, ni lo trasladaron a su domicilio.

Por otra parte, la querella planteó una queja por las sospechas de Marrón sobre la propia Cristina Castro, su orden de investigar al perito Marcos Herrero y la denuncia contra uno de los abogados de la familia.

Al rechazar su recusación, Marrón advirtió “una deformación del instituto utilizado para apartar al juez natural de la causa, tergiversando el alcance y contenido de reglas básicas del debido proceso, de los derechos de las víctimas, las garantías constitucionales, la validez probatoria, descontextualizando las circunstancias y los hechos de la causa”.

Candisano Mera afirmó que “el temor de parcialidad en el juzgador, aun cuando no esté incluida expresamente en el catálogo de motivos o causales de apartamiento de magistrados reglados en el art. 55 del CPPN, resulta una causal válida de recusación”.

“Sin embargo, los supuestos de recusación no deben constituir para las partes un instrumento para separar al juez interviniente del conocimiento de la causa”.

El camarista sostuvo que “la Corte Suprema ha sostenido la improcedencia de la recusación de los jueces fundada solamente en su intervención oportuna en un proceso, en el marco de sus propias funciones”.

“No compartir el criterio utilizado por quien decide, sólo habilita al presentante a deducir los recursos pertinentes pero carece de entidad como supuesto objetivo capaz de generar un ‘temor de parcialidad’ que justifique su recusación”.

Candisano Mera manifestó que “más allá del acierto o no de aquellas decisiones y de la terminología utilizada, en razón de tratarse de una resolución dictada en cumplimiento de una obligación constitucional, sobre los puntos sometidos a su consideración, habilitada y fundada, descalifica de plano la alegada parcialidad, por no verificarse sospechas objetivamente justificadas que permitan afirmar –fundadamente– que la magistrada no utiliza como criterio de juicio el previsto por la ley”.

Por último, aclaró que aún están pendiente de resolución las apelaciones a muchas de las medidas tomadas por la jueza Marrón.

Foto: LB24.

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Ocho meses sin Facundo: “La justicia no tiene los mismos tiempos que nosotros”

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El 30 de diciembre se cumplen ocho meses desde la partida de Facundo Castro de Pedro Luro y de su interceptación por parte de efectivos de la Policía Bonaerense. Nada más se supo de él hasta que sus restos fueron encontrados a mediados de agosto en Villarino Viejo.

“La justicia no tiene los mismos tiempos que nosotros, se nos hacen lentos pero en la tardanza han surgido siempre más pruebas que conllevan a no descartar la desaparición forzada y la muerte de Facu”, señaló Virginia Góngora, madre de uno de los amigos del joven.

Días atrás, la jueza Gabriela Marrón rechazó la recusación que en su contra habían planteado las querellas y la Fiscalía. Ahora es la Cámara Federal de Apelaciones la que debe definir si continúa o no al frente de la causa.

“En lo personal he pasado por todas las emociones, lo hemos vivido con tranquilidad, mis hijos, yo, el equipo Turmalina que son sus amigos. Nos hemos contenido muchísimo, siempre entre todos. Se que se va a hacer justicia, va a tardar. Confío plenamente en los abogados, esto no tiene que volver a pasar más”, afirmó Góngora.

Señaló que “se tranquilizaron los hostigamientos policiales gracias a que se hizo público”. Sin embargo, hace algunos días el Municipio de Villarino multó a un amigo del joven con más de 200 mil pesos por realizar una pintada pidiendo justicia.

“Pensamos que nos iban hacer pagar lo que hicimos como para dejar tranquila a la gente, pensé que quedaba así nomás. El intendente le puso precio al pedido de justicia”.

“Lo que queríamos era visibilizar, no dejar que la gente vea que se tiene que hacer justicia. Primero se había organizado hacer con stencil algo lindo, en color violeta, el color de Facu y después seguimos haciendo pintadas”.

Al momento de balancear los resultados de la semana que pasó Cristina Castro en Buenos Aires, durante la cual se reunió con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, entre otros funcionarios, Góngora manifestó que “fueron más palabras que promesas”.

“Personalmente no esperaba nada de los políticos pero no dejó de ser positivo que vaya a Buenos Aires, se integraron dos fiscales nuevos y eso hizo que se movieran un montón de cosas. Pero las palabras se las lleva el viento”.

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El ferrocidio y la resistencia obrera en Ing. White

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Días atrás se estrenó el documental “El Ferrocidio: historia de lucha y resistencia obrera” de María Giovis. El trabajo que puede verse en YouTube aborda el proceso de privatización del ferrocarril.

“Está ligado al primer documental porque intento historizar y contar lo que fue la destrucción del ferrocarril para que después avanzaran las privatizaciones y para pensar el polo petroleoquímico que hay en Ingeniero White”, dijo a FM De la Calle la también directora del film “Ingeniero White, un pueblo que están matando”.

Señaló que para el primer trabajo “fui haciendo pequeños videitos de la Junta Nacional de Granos, sobre precarización laboral y quedaba profundizar algo sobre ferroviarios”.

Giovis contó que “sabía que este trabajo era más complejo e intenso, fundamentalmente porque quería contar esa historia de lucha y resistencia de todo el país. Hacer hincapié en los ferroviarios de White y de los galpones de locomotoras, lo que yo conocí en mi infancia y adolescencia. Quería contar la historia y hacer de alguna manera un homenaje a quienes sufrieron torturas, y fueron perseguidos”.

“Era muy amigo del presidente Roca y entonces cuando falleció le puso su nombre al puerto, fue su único mérito”, dice Osvaldo Bayer sobre Guillermo White y Juan Carlos Cena agrega que el director general de los ferrocarriles ingleses, además, “aportó fondos para la Campaña del Desierto”.

“El testimonio de los mismos ferroviarios me llevó a investigar la huelga del 51. En ese momento fue entre radicales y peronistas, que el mismo gobierno pueda llevar adelante traslados, tantos ferroviarios cesanteados me llevó a entender a algunos ferroviarios de White que recién ahora descubro que sus padres habían estado presos en el año 51 que crecieron con ese relato”, apuntó la documentalista.

Mencionó que su función fue “recoger la palabra y son los testimonios los que van tejiendo el relato”.

“También quería hacer hincapié en el proceso de los años setenta en Bahía Blanca con la Triple A”, agregó. Para ello se nutrió de los aportes surgidos del juicio por crímenes de lesa humanidad contra integrantes de banda paraestatal.

Giovis plantea que derrotados los ferroviarios avanzaron las privatizaciones: Junta Nacional de Granos, Gas, Agua, Luz, Petróleo. “Millones de trabajadores quedaron desocupados, avanzó la precarización laboral y las tercerizaciones. Las multinacionales de la industria automotriz avanzaron y junto a ello las químicas, petroleras, petroquímicas, cerealeras. La dominación del Imperialismo de la mano de estas empresas se expresa en el avance de la barbarie: en la destrucción del trabajo arrojando a millones a la miseria y en la destrucción de la naturaleza convirtiendo varias zonas del país en zonas de sacrificio”.

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Se agrava la crisis hídrica: cada vez más barrios sin agua

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Decenas de barrios de la ciudad tienen problemas con el suministro de agua. Algunos sin servicio y otros con poca presión. Vecinos y vecinas demandaron soluciones esta mañana frente al Municipio, la sede de ABSA y su planta potabilizadora.

En Universitario los últimos días trascurrieron “secos, sin agua, con mucho calor y viento. Por momentos había que estar atento para juntar un poco de agua. Este problema tiene 40 años y se agrava año a año”, comentó a FM De la Calle Marta Daneri.

Añadió que “las respuestas que ABSA y la provincia nos dan son irrisorias, desde 2016 decían que iba a estar solucionado, ahora dicen que en cinco años. Somos mansos, no hacemos nada. Vamos a morir de sed, porque con el Covid y sin agua nos vamos a morir. No quiero pensar donde hay chicos o gente mayor, aglomeraciones, es dramático, tenemos que hacer algo”.

La empresa prestadora ofreció repartir bidones de agua mediante camiones cisternas: “Son un chiste, esto de repartir bidones es de hace 50 años, que el aguatero llevaba agua o cuando se secaban los aljibes iban los aguateros. Es irrisorio, es un chiste la propuesta, ayer fueron a llenar un tanque y la manguera que llevaban era corta. Cosas chistosas, uno se ríe de amargura pero es muy grave”.

“Nos dirigimos a la provincia porque son los que tienen que poner el dinero pero el intendente es el representante político y es el que tiene que solucionar esto. Esperamos que se decrete la emergencia hídrica y sanitaria, yo no me puedo lavar las manos, ¿qué me van a decir a mí?”, señaló Daneri.

Agregó que “por Universitario no pasan las cisternas, me alcanza el mínimo para juntar para tomar. Para bañarme me voy a otra casa. Acá pasamos un día entero sin agua y a la noche viene y junto. Me ha pasado que dejo una canilla abierta y no me doy cuenta cuándo sale agua, no se puede vivir sin agua, es terrible lo que está pasando”.

Por último, la vecina mencionó que “le falta actitud a la dirigencia local. Además nos mienten porque si nos dicen la verdad le vamos a la yugular. No me importa que no se pueda, que las inversiones no se qué, la gente necesita agua. La plata va a los bolsillos de los políticos y no a las obras. Para ellos hacer política es pensar con quién hago alianzas, no tienen la cabeza en pensar cuáles son los problemas de la gente”.

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Avanza la designación de jueces para el Tribunal Oral bahiense

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Dos candidatos a integrar el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca expusieron esta semana en la Comisión de Acuerdos del Senado. Sus pliegos se tratarán en la sesión del próximo martes. Deberán intervenir en causas de lesa humanidad, trata de personas, narcotráfico y delitos económicos.

Son el fiscal Sebastián Foglia y el juez subrogante de Viedma Ernesto Sebastián. El tercer candidato es el juez Eduardo D’Empaire, cuestionado por ser uno de los autores de la condena a ocho años de prisión de Rosalía Reyes.

Por otra parte, Alejo Ramos Padilla fue respaldado para hacerse cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia.

Foglia planteó que tiene una trayectoria de veinte años en el Poder Judicial, catorce de ellos desempeñándose como fiscal del Departamento de Bahía Blanca. Realizó cuarenta juicios orales promedio por año y tiene a cargo a 25 personas.

En cuanto al TOF que pretende integrar describió que cuenta con veinte personas empleadas en tres secretarías: General, Ejecución y Lesa Humanidad. “Es el único del país que no tiene ninguno de los tres jueces. Los tres primeros habían jurado en el 95, en 2013 falleció uno, en 2015 se jubiló otro y desde 2018 no hay ninguno”.

“Hay 60 causas para realizar juicio oral y unas 70 personas detenidas con prisión preventiva a la espera del juicio. Esa es la labor prioritaria. El TOF tiene demoras de tres años o más en algunas causas”.

Foglia destacó que, fuera de la sede de Lavalle y Chiclana, en el edificio del Rectorado de la UNS funciona la sala de los juicios de lesa humanidad. “Ha sido un éxito abrir las puertas de esos juicios a la comunidad”, dijo y recordó que resta desarrollar un “megajuicio” en la causa Ejército: “Se puede realizar un juicio integral con todas las elevaciones de los últimos años que restan juzgar”.

Por su parte, el actual juez subrogante del Juzgado Federal de Viedma, Ernesto Sebastián, relató que ingresó al Poder Judicial hace veinte años y que conoce “perfectamente la jurisdicción” de Bahía Blanca.

“Vamos a implementar el sistema adversarial y en particular soy un ferviente partícipe de los juicios por jurados”, afirmó. Agregó que la reglamentación debería tener en cuenta la participación de pueblos originarios en provincias “como Rio Negro y Neuquén”.

En cuanto a la demora en el trámite de las causas del tribunal aseguró que “están limitadas a causas de narcotráfico de popularidad respecto a la gran cantidad de material de estupefacientes pero que están prorrogadas por Casación”. Una de ellas es la de Bobinas Blancas referida a las casi dos toneladas de cocaína secuestrada en el Parque Industrial bahiense.

Respecto al pago del impuesto a las ganancias por parte de jueces y juezas Foglia manifestó que es “justo y razonable”. “La intangibilidad en aras de la independencia del Poder Judicial no se ve afectada por el pago de un impuesto general, eso no puede eso constituir una persecución a los jueces. Hay que contribuir a solventar los gastos del país. No es una garantía sino un privilegio”.

Por su parte, Sebastián también se mostró de acuerdo y afirmó que “para alcanzar la igualdad de cargas públicas y de tributos deberían tributar todos los miembros de los tres poderes del Estado”.

Ramos Padilla se refirió a causas bahienses

Alejo Ramos Padilla subrogó el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca luego de que el Consejo de la Magistratura corriera a Santiago Ulpiano Martínez por obstaculizar las causas de lesa humanidad.

En el marco de la presentación de su candidatura para ser juez federal platense recordó que estuvo a cargo de los procesamientos del juicio pendiente en la causa Ejército mencionado por Foglia y Sebastián.

“Actualmente se está llevando adelante el primer juicio oral y público por los hechos llevados a cabo por la Triple A, me tocó dictar el procesamiento de aquellos miembros. En su momento llegué a convocar a prestar declaración indagatoria al propio presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, que no concurrió en tres oportunidades, fue declarado rebelde, y al poco tiempo el Consejo de la Magistratura llevó adelante una acusación y el tribunal de juicio, un día antes de dictar sentencia se le aceptó la renuncia. Me enteré que hace pocos meses el juez que vino cuatro años después retomó ese camino y lo procesó”, afirmó.

Recordó que tras relevar a Ulpiano Martínez encontró “un grave desorden, enorme, con centenares de personas privadas de su libertad a las que no se les resolvía su situación procesal, a los cuales no se les había tomado declaración indagatoria y más de treinta prisiones preventivas vencidas”. 

Se refirió a cuestionamientos recibidos de dirigentes de Juntos por el Cambio vinculados a la causa Suris y otras derivadas. “Estuve seis meses en el juzgado. Es difícil que a un juez le hagan un cuestionamiento por una demora de seis meses, eso alcanzaría como para no ahondar mucho más. Sin embargo hubo una investigación penal que duró cuatro años y que determinó que yo no demoré la causa sino que la avancé”.

Las acusaciones fueron ampliamente difundidas por varios medios, entre ellos La Nueva Provincia. “Había una investigación que involucraba a Juan Suris con una usina de facturas truchas. Esa causa la elevé a juicio. Había otra causa paralela en el tribunal oral por narcotráfico donde decretan la nulidad de lo actuado por el juez que me había antecedido, que era un secretario, Suris me plantea la excarcelación y digo que la causa tenía que ir rápidamente a juicio y se la deniego. Esta era la causa madre”.

“La otra era la de Ficadenti que era uno de los usuarios de estas facturas. Cuando uno investiga una evasión tributaria necesita una determinación contable. Le pedí a la Corte que determine quiénes habían sido los usuarios de esas facturas”.

Explicó que cuando llegó el primer informe parcial convocó a declaraciones indagatorias. “No solo acomodé el expediente desde el punto de vista procesal sino que la impulsé adecuadamente. Luego se hizo una investigación y el propio fiscal dijo que no había ninguna irregularidad de mi parte”.

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“Pera pero solo escuchó los cargos y pidió estar afuera”

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El martes se conocerá el veredicto sobre la responsabilidad del secretario general de la UTA, Ricardo Pera, en los hechos de violencia ocurridos contra dos concejales en 2015, cuando ocupaba una banca por el Frente Renovador.

“Declaramos a medida que nos fueron llamando y se nos explicó que no podíamos presenciar toda la audiencia por cuestiones sanitarias. Estuvieron el juez, el fiscal, el defensor y el testigo. Podría haber estado Ricardo Pera pero solo escuchó los cargos y pidió estar afuera porque no se sentía bien”, explicó a FM De la Calle Gustavo Mandará, quien junto a Sergio Massarella fueron los agredidos.

Señaló que “el viernes pasado le pidieron a Pera que participe de una pericia médica, se negó y el juez dijo que se hacía la audiencia. De parte nuestra, los testigos que declararon son una empleada del Concejo, Pablo Rosenfelt y otra persona empleada del IOMA que eran mayores contribuyentes y Massarella”.

“De la parte de Pera, declaró alguien que sigue siendo empleado de Concejo pero cumple tareas en otro lado que es el señor Trellini y luego Rafael Emilio Morini que dijo que hacía mucho no lo veía”, agregó Mandará.

El concejal del Frente de Todos destacó que, en su caso, “fue volver a narrar todo, con las obvias cuestiones de que pasaron hace seis años, hay cosas que uno cree que las tiene muy vividas pero pasó el tiempo”.

“Uno de los canales de aire de Bahía hizo un informe y pasó las imágenes de 2015 y a lo que dijimos con Sergio en la salida de ese día tan triste no le agregaría ni una coma. Pedimos que actúe la justicia y eso está ocurriendo”.

Por último, destacó que “hay un correlato de explicaciones de porqué se demoró (el juicio), hubo éxito de las dilaciones de la parte de Pera, esto cayó en las manos del juez Ares que se jubiló un poco antes de la pandemia y cayó en este nuevo juez al que le vi la cara ayer en la audiencia por primera vez”.

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Triple A: la CPM contextualizó documentos DIPPBA sobre los “grupos de tareas civiles”

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La directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, Claudia Bellingeri, declaró, en carácter de testigo de concepto, en el marco del juicio que lleva adelante el TOF de Bahía Blanca contra los responsables de los crímenes cometidos por el grupo parapolicial Triple A entre 1975 y los primeros meses de 1976.

Como organismo designado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata para la preservación, administración y gestión del archivo de la DIPPBA, la CPM realizó para esta causa un aporte documental de 164 registros, entre fichas, legajos e informes que individualizan a los integrantes del grupo de tareas civil, el seguimiento a muchas de sus víctimas y las conexiones con la Universidad Nacional del Sur y el diputado Rodolfo Ponce, entre otros aspectos que se ventilan en este juicio.

Las audiencias continuarán los días 3, 4 y 5 de febrero.

La exposición de Bellingeri fue acompañada de una serie de diapositivas en las que se mostraban extractos de documentos oficiales de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) con datos de las víctimas de la Triple A en Bahía Blanca, la participación del por entonces interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Remus Tetu, en la coordinación del grupo de tareas sobre los claustros estudiantil y de no docentes, y el rol del diputado nacional Rodolfo Ponce -secretario general de la CGT local- en la conducción del grupo civil, además de la inserción funcional de la DIPPBA dentro del esquema y zonifación del terrorismo de estado.

El testimonio se extendió por más de tres horas y contempló la explicación y contextualización de 164 documentos aportados por la CPM en tres informes distintos que fueron presentados durante los últimos años desde el inicio de la investigación penal.

En primer lugar, la testigo de concepto detalló los principios de integralidad, cadena de custodia y autenticidad de los documentos, a partir del extenso trabajo de desclasificación, organización y digitalización del archivo DIPPBA. En ese marco, también se proyectó en plena audiencia el video titulado “La Inteligencia también fue Terrorismo de Estado”.

En cuanto a la Comunidad Informativa -categoría que designa la articulación, coordinación y colaboración de todas las agencias de inteligencia del país para la ejecución del plan de exterminio-, describió sus organigramas, funcionamiento orgánico, y su expresión local en Bahía Blanca.

De las reuniones de la Comunidad Informativa bahiense, por ejemplo, Bellingeri destacó documentos que prueban que Tetu participó activamente aportando nombres de trabajadores no docentes y estudiantes identificados como subversivos o de izquierda peronista o marxista, además de haber creado en la Universidad el Departamento de Seguridad desde el cual directamente se contrató a integrantes de la Triple A.

Asimismo, con respecto a Ponce los documentos expresan que varios de los integrantes de la Triple A de Bahía Blanca eran considerados como “guardaespaldas” o personal de seguridad del diputado Ponce, provenientes de gremios como el de la Junta Nacional de Granos, URGARA, y otros.

Entre las acciones encomendadas a este grupo de tareas civil se destacan la detección, seguimiento y, en algunos casos, el asesinato de “posibles elementos de izquierda” que intervinieran en los espacios gremial, fabril o universitario.

Cabe destacar que en los documentos de DIPPBA aportados a esta causa aparecen no sólo los nombres y roles de los cuatro que están siendo juzgados -Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero- sino también los de otros integrantes de la Triple A que no llegaron a juicio, como en los casos de Argibay padre e hijo, Sañudo, Chizú, Dodero y otros.

Respecto al nombre de la organización parapolicial, Bellingeri explicó que en ningún documento aparece explicitado como Triple A sino que se los menciona como “grupo civil”, “peronismo histórico”, “peronismo ortodoxo” o “juventud sindical peronista”.

Entre las víctimas que aparecen registradas en los documentos DIPPBA se destaca el caso de David Watu Cilleruelo, estudiante universitario asesinado por el grupo de tareas y cuyo nombre había sido aportado por el rector Tetu en una de las reuniones de la comunidad informativa de Bahía Blanca.

Tras el crimen del joven, y ante las protestas y movilizaciones de la comunidad universitaria, Tetu detalló “el estado rebelde y subversivo en los claustros, provocado por dichos activistas, cuyos antecedentes se adjuntan”.

Bellingeri también puntualizó en la documentación sobre otras dos víctimas -Luis Jesús García y a Rodolfo Gini- aunque aclaró que existe material documental sobre muchas de las víctimas que se contemplan en esta causa.

Fuente: ANDAR.

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“Marisco dijo que el Ejecutivo no tiene intención de apoyar el proyecto de cocheras”

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El Colectivo Abrazo a la Plaza del Sol se reunió con el secretario de Movilidad y Espacios Públicos, Tomás Marisco, para conversar acerca de las mejoras proyectadas para el lugar y el futuro de la iniciativa de Fidetrust para construir cocheras subterráneas.

“Estamos en alerta porque la situación es que, si bien Marisco nos dijo claramente que desde el Ejecutivo no tienen intención de apoyar el proyecto de las cocheras, que no es de interés municipal, esto continúa en el Concejo Deliberante y el expediente está abierto”, comentó a FM De la Calle la abogada María de los Ángeles Rosón.

Integrantes del grupo le preguntaron a Marisco si el intendente vetaría el proyecto en caso de ser aprobado por el Concejo. “Eso no lo podemos afirmar”, contestó.

Rosón cuestionó el “mecanismo de decir que el Ejecutivo no tiene nada que ver y que depende del deliberativo como si se tratara de un tema en el que está escindido de esto, como si no tuvieran mayoría en el Concejo”.

“Por eso estamos haciendo una presentación en el Ejecutivo y en el Concejo solicitando el archivo del expediente “, destacó la abogada.

Agregó que “decir que el Ejecutivo no va a hacer nada si esto se aprueba en el deliberativo es solamente una demostración de voluntad. En cuestiones administrativas la voluntad no tiene cabida, pedimos que se declare patrimonio cultural e histórico -hay una ordenanza que así lo habilita- y eso nos daría la posibilidad de que la plaza quede como está”.

Rosón señaló que el funcionario expresó que “en enero comenzaría la puesta en valor de la plaza. Es una demostración de voluntad. Necesitamos que no que quede abierto ese expediente, supongamos que eso se suspende pero cambia la gestión y eso se retoma con medio expediente dentro del Concejo Deliberante”.

En el encuentro se “explicó el plan de forestación y que hay que hacer la plaza más accesible. Eso está contemplado. Hoy a la tarde estamos haciendo una propuesta en relación a las plantas, de la mano con gente de la UNS. La última charla de forestación se va a hacer en la plaza y ahí le vamos a entregar la propuesta”.

La cita en la cual funcionarios/as de la comuna informaran a la comunidad sobre el estado del arbolado será a las 18 abierta a quienes tengan interés en la temática.

Rosón enfatizó que “sigue vigente la presentación de audiencia pública, si se archivan las actuaciones esto no tendría sentido. Hemos puesto en debate público qué sucede con la gestión entre lo privado y lo público, cuál es la mirada del Municipio”.

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Puán: reclaman libertad para autocultivador de cannabis

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“El operativo fue en la madrugada, me entero el martes a media mañana por los medios porque no nos habían comunicado. Me acerco a la casa de mi hijo y veo que estaban haciendo el allanamiento. Se realiza un operativo simultáneo en más de 20 hogares, en la noche, y se procede a la detención de 15 o 16 personas”, relató a FM De la Calle, Fabiana Herrero, madre de Nicolás Lupín.

La medida, que contó con un despliegue policial de más de un centenar de efectivos, fue ordenada por el juez Guillermo Mércuri y estuvo a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

En los últimos días, familiares y amigos de Lupín se manifestaron en varias ocasiones reclamando la liberación del autocultivador de cannabis. A Nicolás le secuestraron “plantas pequeñas que no estaban sexadas”.

Herrero agregó que “el operativo se presenta como el desbaratamiento de una banda de narcotraficantes que en realidad no lo es. Nicolás es un pibe que labura todos los días, anda en bici, es ayudante de albañil y vive en una casa prestada. Caratularlo de narcotraficante está muy lejos de ser lo que él es”.

“Están alojados en la DDI de Bahía Blanca, tenemos que hacer 160 km para llevarle comida y que puedan estar medianamente en condiciones”, subrayó.

Luego de lo que se presentó como un “mega operativo” que sorprendió al pueblo, la mujer señaló que “pusimos a nuestro abogado que esta trabajando sobre la causa pero desconocemos las cuestiones legales. Pedimos la excarcelación, sabemos que los hechos que se le imputan no son excarcelables”.

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Crean un sistema de oxigenación que permite disminuir la terapia intensiva de pacientes con Covid

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El médico y columnista de FM De la Calle, Horacio Romano, entrevistó a su colega Martín Biaggioni, uno de los creadores del Sistema de Alto Flujo para pacientes con insuficiencia respiratoria que funciona en el Hospital Municipal para tratar personas con Covid de alta complejidad.

“Es un sistema que permite dar mucho flujo de oxígeno con alto caudal a los pacientes y estaría disminuyendo la tasa de intubación y ventilación mecánica de los pacientes con Covid”, señaló Biaggioni, especialista en Clínica Médica, médico de planta e instructor de residente en el HMABB.

Romano destacó que “atrás de esta breve síntesis hay un trabajo de estudio, de investigación, de colaboración con el CONICET, de lucha contra el sistema para tratar de imponerlo. Viene a suplir una falla que durante mucho tiempo no se podía importar y hacerlo en Bahía significa que somos pioneros en el país. Acaban de recibir una premiación del Congreso Internacional de Medicina”.

El investigador mencionó que cada aparato importado cuesta alrededor de 15 mil dólares, el equipo logró disminuir su costo a 10 mil pesos. “Junto al CONICET diseñamos un aparato facilitador que permite la terapia. En octubre pudimos probarlo, los resultados fueron increíbles, empezamos a colocarlo cuando en otro momento se hubiera pasado a terapia con respirador y rápidamente permitieron que en un promedio de cinco días los pacientes se recuperen y se vayan caminando a la casa”, destacó.

Biaggioni explicó que “llegamos a tener siete pacientes en simultáneo, esto lo permitió la implementación de esta aparatología por el bajo costo que tiene. Se desarrolló a pulmón porque no tuvimos financiamiento externo y fuimos haciéndolo en conjunto con investigadores. Nos permitió ahorrar 24 camas de terapia intensiva”.

Romano subrayó que “eso fue en un momento donde no había más respiradores. Había indicaciones de que podía ser potencialmente peligroso para el personal porque podía esparcir aerosoles. Sin embargo, eso se descartó y siguieron adelante poniendo plata del bolsillo. No hubo financiamiento y el CONICET dio una mano enorme”.

¿Cómo funciona?

“Es un sistema que brinda oxígeno a muy alto flujo, calentado y humidificado con un sistema de mediciones que permite llegar a una presión determinada y un flujo adecuado. Este calentador usa cánulas y frascos de oxigenoterapia convencional”, señaló el especialista.

Añadió que “la mejora tiene que ver con permitir una oxigenación a nivel del alvéolo, mejora la cantidad de oxígeno que llega, por ahí a la persona no le cuesta tanto respirar sino oxigenar”.

Por último, señaló que “la capacidad de tratamiento depende de las camas que dispongas. Teníamos en simultáneo hasta siete u ocho pacientes, se lo teníamos que desconectar a uno y ponérselo a otro, era permanente uso, hoy tenemos tres en simultáneo. Nuestra meta tiene que ver con lograr la aprobación del sistema para poder replicarlo”.

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Piden dos años de prisión para Pera por agresiones en el Concejo Deliberante

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Esta mañana se realizó el juicio oral contra el ex concejal Ricardo Pera por lesiones leves contra Gustavo Mandará y Sergio Massarella. Los hechos ocurrieron en 2015 cuando participaban como concejales en una Asamblea de Mayores Contribuyentes. Pese a ser un debate público el tribunal prohibió el ingresó de la prensa.

El Fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó la pena de 2 años de prisión en suspenso por ser la primera condena, fijar domicilio, someterse a las normas del Patronato de Liberados y hacerse cargo de las costas del proceso. Su defensor, Sebastián Martínez, pidió la absolución. La sentencia se difundirá el martes 29 a las 12.

Gabriel Giuliani, a cargo del Juzgado Correccional N°1, será quien determine la responsabilidad del secretario general de la Unión Tranviarios Automotor.

Según detalla la investigación del fiscal Marcelo Romero Jardín “Pera habría amenazado de muerte a Massarella y le habría propinado un golpe para luego agredir a Mandará, provocándole una lesión en la pierna izquierda”.

El ex concejal arribó a la audiencia luego de varias medidas dilatorias, entre ellas la imposibilidad de notificarlo por lo cual ayer se había ordenado su detención en caso de que no concurriera a la audiencia. Finalmente se presentó junto a su abogado Sebastián Martínez.

Denuncian a Ricardo Pera por violencia machista

Esta no es la única causa que tramita la justicia con Pera como acusado. En 2019 fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas. Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

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