(Por Comisión de Apoyo a los Juicios) El ex camarista Néstor Luis Montezanti será indagado el próximo viernes 16 de febrero a las 10 por el juez federal Walter López da Silva, en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad. Será la primera vez que no pueda escudarse en sus fueros.

Está acusado de haber integrado la Alianza Anticomunista Argentina -conjuntamente con miembros de la CGT local e integrantes de las fuerzas de seguridad- de activa participación en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y de haber sido cómplice del plan criminal desplegado posteriormente durante la última dictadura.

El ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el genocidio y se salvó de ser destituido por la rápida aceptación de su renuncia por parte del presidente Mauricio Macri.

Invitamos a todas las organizaciones y a la comunidad a encontrarnos este viernes a las 9 en Alsina y Lamadrid para seguir exigiendo Juicio y Castigo a Montezanti.

Adonde vayan los iremos a buscar!

COMISIÓN DE APOYO A LOS JUICIOS

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Este lunes y martes, a pesar del boicot oficial, se realizaron los festejos del Carnaval en el centro de Bahía Blanca. Los escenarios montados en la Plaza Rivadavia recibieron a decenas de murguerxs y artistas que aprovecharon los micrófonos para denunciar el desguace cultural que ejecuta el gobierno municipal de Cambiemos (PRO-CC-UCR).

“No se puede desguazar una práctica que es popular. Ustedes no lo saben, porque no huelen a pueblo. Jeden a country y club de golf. Pretender ahogar con falta de recursos esta experiencia hecha de amor y abrazos se explica únicamente porque solo conocen el lenguaje del billete”, leyeron Belén López, Alberto Rodríguez, Sasha Quindimil y Ángel Dantagnan en representación de las agrupaciones de la comunidad artística y cultural que organizaron el festival.

Compartimos el documento completo.

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El Estado argentino reconoció el Feriado de Carnaval en el año 2011, tras una larga pelea del movimiento murguero. En 1976 la dictadura había decretado la muerte de los farolitos, los banderines y el encuentro popular a través de esta expresión de larga raigambre en nuestro país.

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En 2017, el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó la ordenanza que creó el Fondo Municipal de Financiación de Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo, cuya letra prevé la financiación de eventos como el Corso Céntrico.

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En cambio, el gobierno municipal de Bahía Blanca, por decisión del intendente Héctor Gay y su referente en cartera de cultura, Ricardo Margo, deciden gobernar abiertamente en contra de la legislación del propio Estado, cuyas normas son los primeros llamados a cumplir.

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Como si esto fuera poco, el funcionario público que oficia de Director del Instituto Cultural se refirió, en una conferencia de prensa memorable por el destrato hacia los/as trabajadores/as de prensa, a las murgas como “contestatarias” y “en contra del estado”. Lo primero que hay que decir es que se trata de una provocación de baja estofa. Las murgas son un movimiento diverso que no puede reflejarse (salvo en estos términos de provocación) como una suerte de movimiento anarco-cultural que se propone destruir al Estado. Mucho menos suprimir las miles de miradas que cada barrio propone a una sola ideología.

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En segundo término, es preciso desmentir abiertamente tal afirmación: las murgas, agrupaciones murgueras, asociaciones civiles, gremiales y espacios culturales bregamos por un Estado grande y presente, que tome en sus objetivos prioritarios los derechos culturales, tal como ha suscripto este país en su reforma última constitucional. Queremos que cada carnaval sea organizado con las entidades de base de casa territorio en articulación con un Estado que nos tome en serio. Estamos seguros/as de que lo que no queremos son funcionarios que se mofen de nosotros/as y le mientan a la comunidad.

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Más allá de la opinión personal de cada servidor/a público/a con respecto a esta expresión popular de la cultura bahiense, reclamamos que cumplan con sus obligaciones con la comunidad o que den un paso al costado.

Ha sido expresado públicamente que el retiro de fondos producido este año hacia el Carnaval es resultado de la orden del intendente de recortar gastos públicos. Somos conscientes de que este ajuste afecta a otros/as trabajadores/as de diferentes área vitales e indelegables del estado (salud, educación, cultura, etc.) y nos solidarizamos con todos/as y cada uno/a que se vea afectado/a por decisiones de política económica cuyo resultado conocemos: marginación cultural y pobreza económica.

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Por eso este lunes vamos a carnavalear en el Plaza Rivadavia y les invitamos. Queremos comunicar a nuestros/as vecinos/as lo que está ocurriendo. Queremos que sepan que el gobierno decide atacar a los/as pibes/as que en el barrio trabajan todo el año para tener su traje y cantar en carnaval, en lugar de buscar a los responsables de los déficits contables en las contrataciones abusivas, en los sueldos onerosos de funcionarios de dudosa labor o en los sobreprecios de las empresas amigas.

Queremos que sepan que, por decisión política, hoy en Bahía Blanca han puesto al “Carnaval en desguace”.

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Intentan desmantelar los recursos que deberían garantizar, pero desconocen que no podrán contra la energía de la fantasía, del/la bombista o del/la barilarín/a. Cuando hay mucho por decir se canta más fuerte. Y el letrista no se olvida.

 No se puede decretar la muerte de los festejos populares. No sé pueden ajustar los pasos y la crítica. No se puede desguazar una práctica que es popular. Ustedes no lo saben, porque no huelen a pueblo. Jeden a country y club de golf. Pretender ahogar con falta de recursos esta experiencia hecha de amor y abrazos se explica únicamente porque solo conocen el lenguaje del billete.

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Si quieren transparentar y achicar gastos, expliquen por qué siempre hay fondos para el sector privado (que no juega al libre mercado sino a la patria contratista). El carnaval no tiene nada que esconder. Por el contrario, tiene todo por mostrar. A ustedes la mascarita se les cayó hace rato y su política de ajuste es pura espuma: gastan para los que no necesitan.

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Este lunes bailaremos y cantaremos en este Carnaval en Desguace. Y el martes desfilaremos abrazados/as a este amor con brillantina.

“Debe dar tristeza y frío” verlo a solas desde una oscura oficina.

La empresa Cargill S.A.C.I. despidió más 40 trabajadores, distribuidos en las localidades de Punta Alvear, Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca. En respuesta, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros lleva adelante un paro por tiempo indeterminado. La medida busca la reincorporación de los operarios. En nuestra ciudad afecta a un operario pero temen que los despidos se extiendan con personal en uso de licencia.

Los dirigentes gremiales esperan que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comprenda la gravedad de la situación y que, en consecuencia, los funcionarios del ámbito laboral dicten la conciliación obligatoria.

SOEA denuncia que la decisión empresarial no se condice con el “buen momento económico por el que atraviesa” la firma sino con “una estrategia de presión hacia el movimiento obrero sindical aceitero”. Esta situación ocurre en cercanía del momento de llevar adelante las paritarias del sector.

El lunes de la semana anterior, los gerentes locales de Cargill ofrecieron retiros voluntarios. Dieron 48 horas para recibir respuesta. Pocos trabajadores aceptaron. Asimismo, la empresa garantizó al sindicato que no se tomaría ningún tipo de represalia contra esos trabajadores. En cambio, la respuesta concreta tronó ayer: despedidos.

La entidad gremial solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo. Finalmente, serán recibidos mañana a las 8:30, por autoridades de la cartera. De igual manera ocurrirá con sus pares rosarinos, a las 9:30.

Hace una semana, el presidente Mauricio Macri se reunió con el CEO de Cargill, David MacLennan, durante su campaña en “búsqueda de inversiones” en la ciudad suiza de Davos.

Comunicado de la familia de Santiago Maldonado. Ascienden a los gendarmes implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago.

En el Boletín Oficial del día de hoy se publica la Resolución 1473-E/2017 del Ministerio de Seguridad, por la cual se dispone el ascenso de varios gendarmes(entre otros) del gendarme Emmanuel Echazu.

Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago.

El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas.

Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos.

VERDAD y JUSTICIA x SANTIAGO.

#JusticiaParaSantiago

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(Por Coalición por una Comunicación Democrática) Nuevamente el gobierno de Mauricio Macri está aprovechando las Navidades, los Días de los Inocentes y el filo del almanaque para traspasar las competencias constitucionales y normativas en la regulación las comunicaciones. Con repudiable creatividad, sin antecedentes internacionales en la materia, concentran en unos pocos grandes grupos el control de un sector estratégico para la economía, la cultura y la democracia.

Así lo hicieron entre gallos y medianoche por sucesivos decretos de necesidad y urgencia a fines de 2015, y van por más en estos días. En nombre de la modernización y la competencia congelaron el ingreso de las empresas de telecomunicaciones (ya autorizadas en 2014 por la Ley 27.078) que amenazaban la hegemonía del operador dominante y así permitieron la creación de Cablevisión Holding (Telecom, Cablevisión, Nextel, Personal, Fibertel, Arnet): el gran jugador del Cuádruple Play, sin rivales a la vista y con mercados asegurados en televisión por cable, telefonía celular, internet y telefonía fija en todo el país. A partir de acá habrá una convergencia en cuentagotas.

La criatura que alumbra la gestión del macrismo está apañada por el ENACOM, un ente regulador de comando automático a las órdenes del gobierno y bajo el ala del ministerio de Modernización. También analizan nuevos decretazos para “compensar” a Telefónica, DirecTV, y Claro. Y en paralelo desmantelan todo vestigio de política pública de acceso gratuito como la Televisión Digital Abierta (TDA) y sus señales de contenidos, cuyos trabajadores están despidiendo en medio de un gran ajuste.

Lo hacen en clara violación de las obligaciones legislativas que la Constitución impone al Congreso en su artículo 75, inciso 19) en cuanto a la promoción y protección del patrimonio audiovisual y cuando aún la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del Decreto 267/15 ante un recurso extraordinario que prosperó, promovido por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social.

Al suprimir en las leyes 26.522 y 27.078 los límites a la acumulación local y/o nacional de medios y plataformas en un mismo propietario, el gobierno actual ha ignorado tanto la jurisprudencia argentina (CSJN, 2013) como la de Estados Unidos (C.Columbia 2011) y la europea. Todas ellas, mediante diversos pronunciamientos, han sentado con claridad el principio de que la regulación de la concentración mediática constituye “una vía constitucional razonable para garantizar la libertad de expresión” y que el “mercado de las ideas” no puede regularse bajo los principios de libre mercado y defensa de la competencia.

Este fin de año nos encuentra denunciando la mayor concentración de medios audiovisuales y de infraestructuras de comunicación de América Latina. El Gobierno consagra posiciones cuasi-monopólicas mientras precariza el esquema regulatorio legal argentino con decretos o resoluciones que violentan leyes para satisfacer los negocios de un puñado de grandes empresas locales y transnacionales del mercado del entretenimiento, la información y la conectividad. Más aún, dispone con discrecionalidad de un recurso natural finito, escaso y estratégico, como el espectro radioeléctrico, para direccionarlo a la satisfacción del modelo de negocios de un sistema cartelizado de cable, telefonía celular y conectividad de internet al mismo tiempo en que se niegan llamados a concurso para nuevos operadores que aportarían diversidad y pluralismo.

Cualquier nueva voz que nazca en estas condiciones estará en clara desventaja para ser escuchada.

Clausuraron el debate público: no mostraron en estos dos años ningún proyecto que mejore o sustituya a las leyes 26.522 y 27.078, ambas modificadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15. Se habían comprometido a hacerlo en Washington, en abril de 2016, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras haber sido emplazados por presión de numerosos organismos reunidos en la Coalición por una Comunicación Democrática.

Sr. Presidente: usted está a cargo de uno de los poderes de la República. Ni más ni menos. No se extralimite. Respete la Constitución Nacional. Todos tenemos derechos constitucionales. La libertad de expresión es un pilar de la democracia que no puede quedar a merced del mercado, ni silenciada por la represión policial como sucedió con periodistas y fotógrafos que cumplían su labor informativa en recientes manifestaciones públicas.

Permítanos disentir. No nos mande a las fuerzas de seguridad si nos reunimos en la vía pública, ni nos haga investigar, ni eche a los trabajadores que defendemos, ni acalle las voces que pueden dar cuenta de otros puntos de vista.

Permítanos debatir. No esconda su Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que por Decreto se comprometió a elaborar hace DOS AÑOS, y viene demorando sistemáticamente su envío al Congreso”.

Recordamos que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y sólo lo habilita, “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…” (CN art. 99. Inc. 3).

Por la vigencia de los mandatos de la Constitución Nacional sobre Libertad de Expresión, Derechos Humanos y el equilibrio de los poderes de la República.
Reclamamos reglas democráticas que fomenten la diversidad y pluralidad necesarias para fortalecer la democracia hoy amenazada.

Coalición por una Comunicación Democrática
www.coalicion.org.ar

Foto: FM La Tribu

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó ayer una audiencia con el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, para manifestarle su preocupación frente a los cambios producidos en el último tiempo en el equipo de relevamiento y análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas argentinas, que obran en poder del Ministerio, y que ponen en riesgo la continuidad de esta política de estado.

Estos cambios implicaron, entre otras acciones, el despido de trabajadores de vasta trayectoria, muy valiosos para las tareas de preservación. Con estas decisiones se afecta el funcionamiento de los equipos, y esto podría provocar el deterioro de una política pública crucial para nuestra democracia.

El trabajo que estos equipos vienen realizando desde el Ministerio de Defensa es indispensable para el fortalecimiento de las políticas de verdad, justicia y memoria, ya que no sólo da cuenta de la historia reciente de nuestro país sino que constituye una prueba fundamental para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de estado.

En la presentación realizada, la CPM manifestó su preocupación por el rumbo que puede tomar la gestión y preservación de estos archivos, solicitándole que revea estas decisiones y garantice la continuidad en sus tareas de las trabajadoras y los trabajadores. Además, expone su consideración sobre la importancia del trabajo que se viene realizando y la necesidad de sostenerlo como política de estado.

Esta preocupación se basa en el reconocimiento de la importancia que tiene el trabajo con los archivos del terrorismo de estado a la hora de conseguir justicia y conocer la verdad sobre lo sucedido. Desde el año 2001, CPM custodia y gestiona el acervo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, parte del acervo del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina. Todo esto ha marcado, desde nuestros orígenes, una de nuestras misiones fundamentales y redunda en una preocupación constante por la preservación y desclasificación de todos los fondos documentales vinculados al terrorismo de estado.

La semana pasada la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la modificación del sistema jubilatorio del Banco Provincia y la quita de jubilaciones de privilegio para lxs funcionarixs con altos cargos de gobierno.

El legislador provincial por el FIT Guillermo Kane explicó que “ya en el discurso e Macri en el Centro Cultural Kirchner puede haber negado que iban por una reforma jubilatoria, y bueno tuvimos esta crisis que terminó con el repudio popular”.

“En el discurso de Macri, se unió el problema jubilaciones de privilegio a regímenes especiales de distintos sectores de trabajadores que son conquista de muchos años y que ellos pagan con sus propios aportes. Entonces, esta operación que fue reproducida después en medios de comunicación ligados al gobierno, trata de mezclar el gobernador o el juez, que no está incluido en la ley de Vidal, con la docente que puede jubilarse a los 55 años, luego de 30 años de servicio al frente de un curso con el desgaste que eso implica, entonces me parece que estamos escondiendo las cosas”.

Kane se manifestó a favor “de que no tengan jubilaciones de privilegio ni los gobernadores, ni los legisladores, ni los jueces, que no están incluidos en este proyecto. Pero sobre todo creo que este es un mascarón de proa para avanzar sobre los trabajadores”.

Régimen impositivo para cooperativas

También fue aprobada la modificación del capítulo del Código Fiscal que alcanza a las cooperativas. La ley 10.397 y modificatorias pretenden lograr mayor equidad y reforzar la finalidad de esxs asociadxs.

Al respecto, el diputado Kane sostuvo que “justamente en una provincia donde se ha eximido a cientos y cientos de empresas de ingresos brutos y de otros impuestos de la provincia, se ha quitado, por ejemplo, la tasa especial para vender en la provincia de Buenos Aires a empresas que no están radicadas en ella; ha habido eximiciones de todo tipo para grandes empresas, se aumenta la carga impositiva sobre las cooperativas”.

“Lógicamente que nos interesaría diferenciar entre cooperativas impulsadas por sus trabajadores, las fábricas recuperadas (…), con cooperativas que existen como subsidiarias del Estado o de grandes empresas, que también las conocemos”.

“El puerto de Mar del Plata, por dar un ejemplo, está lleno de tercerizadas de las grandes empresas que figuran y tributan como cooperativas. Me parece que acá hay que diferenciar el fraude fiscal y laboral de la defensa de los trabajadores, y bueno esta ley lo que hace es golpear sobre la voz más débil, mientras le regalan en la votación reciente del presupuesto de Vidal, extensiones millonarias a las grandes empresas, los grandes bancos de la provincia de Buenos Aires”, finalizó.

Las fiestas no son una fecha fácil para las personas con autismo y sus familias, a pesar de ser un momento de celebración no la pasan bien cuando de pirotecnia se habla. FM De la Calle charló con Pamela Moya, integrante del Comité de Autismo Bahía Blanca, sobre la campaña #BahiaSinPirotecnia.

La campaña surge por “el desconocimiento general de asociar a la gente con autismo y el ruido de la pirotecnia, generalmente lo asocian con los animales. Nos parecía importante empezar a hablar y relacionarlo, entender que estamos afectando a una persona no solo a los animales”, explicó Moya.

La gente con autismo recibe de otra manera la estimulación sensorial del ambiente exterior, además de haber diferentes grados de sensibilidad y casos de una hipersensibilidad “muy marcada, que es como si la pirotecnia la estuviesen tirando dentro de su cabeza; es tal la desesperación que le agarra a la persona que muchas veces se lesionan, se golpean, porque no saben qué hacer con esto que les está pasando, con este estímulo que reciben”, manifestó.

La campaña tuvo una respuesta positiva por parte de la comunidad, se sumaron muchas personas, pero quizás la adhesión más significativa vino de la mano de los jugadores de Olimpo, quienes se sacaron fotos y las subieron a las redes. Moya comentó también que se han sumado desde empresas, vecinxs, y desde ONGs que protegen a los animales. “Hicimos una campaña global, tanto nosotros como ellos”.

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La integrante del Comité de Autismo Bahía Blanca explicó que hay una ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia, que también rige en Punta Alta, sin embargo no se cumple. “La ordenanza está, lo que nosotros instamos es a que la gente tome conciencia y no vaya a comprar, porque si nadie va a comprar no harían falta estos controles”.

Si bien hay alternativas para celebrar sin hacer uso de pirotecnia –además de que puede resultar en un accidente para quien hace uso–, y brindan otra opción “hay distintas luces que se pueden implementar”, Moya consideró que desde el Comité intentan cambiar el concepto de “asociar las fiestas con la pirotecnia, (…) que la celebración sea por otro lugar”.

“Aquella persona que se quiera sumar, se saca una foto con un cartel que diga #BahiaSinPirotecnia, la sube a sus redes, para ayudarnos a difundir. Está bueno este mensaje de que la gente sepa que se está afectando a una persona que tiene todo el derecho de pasar las fiestas lo mejor posible con sus familias. (…) A veces las acciones que nosotros tenemos afectan a otros”, concluyó.

Luego de que la semana pasada se conformaran las distintas comisiones dentro del Concejo Deliberante, FM De la Calle habló con el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Carlos Quiroga, quien está al frente de la Comisión de Educación Cultura y Acción Social.
Ante la intención del oficialismo de derogar la Comisión de seguimiento del Fondo Educativo, Quiroga manifestó que su bloque quería “modificar la ordenanza existente porque si bien era un avance tampoco tenía mucha eficacia (ya que) el Consejo Escolar no tenía voto, los del sindicato tampoco”.
Además, “se sustrajeron recursos del Fondo Educativo para otros fines cuya justificación estaba muy difusa, y se subejecutaron partidas”, comentó. La última reunión del año de la comisión de seguimiento del fondo educativo “debió haber sido convocada el viernes pasado por Morena Roselló. No solo no la convocó sino que no la pude ubicar por teléfono”.
Quiroga explicó que se destinaron 123 millones de pesos del presupuesto 2018 para el Fondo Educativo, pero aseguró que el oficialismo tiene “la pretensión de manejar a su antojo sin que nadie se meta, nadie que controle ni que sugiera nada”.


También aseguró que hay que poner el ojo en la infraestructura de las escuelas, “donde hay una deuda extraordinaria. Fijate que en el presupuesto participativo que banca la empresa Dow, los tres proyectos más ambiciosos, de un millón de pesos, eran de problemas de infraestructura escolar, (…) en White se mataban por tres millones de pesos entre tres escuelas públicas, que te obligan a una situación enojosa dentro de la comunidad”.
En cuanto a la situación cultural del próximo año, el presidente del bloque Unidad Ciudadana expresó: “veo muy bien lo que quieren porque en realidad, es muy cómico, el proyecto de presupuesto que nos llegó es copiado y pegado del del año pasado, ni siquiera le corrigieron el número”.
“El Consejo Consultivo debe ser jerarquizado en sus decisiones. Que la ordenanza de Espacios Culturales Independientes debe tener plan vigencia”.
“Este año, paradójicamente, una de las propuestas es ampliar el horario de atención de los museos y sucedió todo lo contrario”. Van a esperar a reunirse con el Director de Cultura, Ricardo Margo, para profundizar sobre esas cuestiones.
Al consultarle respecto a la ordenanza fiscal impositiva, aseguró que se va “30% para arriba todo. Salvo algunas excepciones a las que se les reduce la tasa, como los que tiran fibra óptica, o alguna promoción para instalar parques eólicos (energías renovables). El resto, aun cuando dicen que la inflación va a ser de 16% (…) no va a ser un buen año desde el punto de vista de los contribuyentes; desde el ABL hasta el resto de los tributos, 30% para arriba”.
Una vez que el Secretario de Hacienda, Esandi, se presente para defender la ordenanza fiscal impositiva, tendrán “que empezar a desfilar los miembros del gabinete para explicar cómo van a gastar los 4.305 millones de pesos que componen el presupuesto 2018”, explicó Quiroga.
Si bien confirmó que se aprobaría todo junto, tanto el presupuesto como la ordenanza fiscal impositiva, advirtió que “lo vamos a tomar con calma, no vamos a permitir que vayan tres o cuatro funcionarios en un solo día, que se queman la cabeza y terminas no entendiendo nada. Hay que hacerlo con serenidad”.
Sobre el supuesto recorte de gabinete que se había anunciado para ‘ajustar’ comentó que “quedó en nada. Lo que dice un poco el prólogo del presupuesto es que estos cambios tienen que ver con optimización de la gestión. El valor es el mismo, así que ahorro ninguno, le cambian los nombres pero nada que signifique ahorro”.
Finalmente, Quiroga se refirió a su bloque: “Tenemos minoría en todas las comisiones, tenemos minoría en el Concejo; procuraremos algunas negociaciones que faciliten, que ayuden, pero es complicado. (…) Por lo menos vamos a estar ahí, observando con mucha minuciosidad todo para contárselo a los vecinos y las vecinas”.

El jueves pasado, el gobierno de Cambiemos no logró quorum para aprobar el proyecto de ley de reforma previsional. Frente al creciente rechazo social que generó la difusión de la medida y sus consecuencias (3 meses no contemplados para el cálculo final y aumento menor al que la actual fórmula alcanzaría de no ser modificada), Mauricio Macri negoció con los gobernadores el apoyo de los/as legisladores/as de cada distrito. En cambio, con el congreso argentino rodeado de organizaciones sociales, gremiales y políticas que evidenciaron el corte antipopular de la normativa impulsada, la mayor parte de los bloques retiró su apoyo.

Esa misma tarde, una vez que la diputada Elisa Carrió hablaba de “los violentos” en referencia a quienes se manifestaban fuera del recito y sugirió posponer el debate, su gobierno dio orden de reprimir con balas de goma y otros artefactos. Fueron agredidos jubilados, periodistas y fotógrafos.

La Ministra de (in)Seguridad, Patricia Bulrich, aún no dio a conocer a la opinión pública el protocolo por el cual se regiría el procedimiento represivo. En tanto, el oficialismo intentará dar aprobación al proyecto este lunes. Introducirían una compensación por los tres meses que no son contemplados por la nueva norma. Aunque el nuevo proyecto aún no fue dado a conocer.

A nivel local, varias organizaciones gremiales convocaron a concentrar a partir de las 14 en la Plaza Rivadavia y se llevará a cabo una consulta popular para difundir y discutir la medida.

La reforma y sus víctimas en Bahía

FM De la Calle habló con María Rosa Buffa, integrante del Movimiento Independiente de Adultos Mayores Jubilados “La Norma Plá”.

De reciente formación, el espacio surge “de la necesidad de defender nuestros intereses como jubilados y nuestros derechos. Ahora somos un grupo importante, nos estamos organizando y estamos tramitando la personería jurídica”.

Si bien hay problemáticas que las personas jubiladas enfrentan hace años (PAMI, ANSES, etc.), “nunca como estos dos últimos años”. PAMI no “está funcionando como corresponde en la ciudad: hay problemas con los médicos de cabecera”, que dejan sin atención a muchos/as afiliados/as.

“Justamente ahora cuando necesitamos más atención medica –porque no nos regala nadie esta atención (ya que) lo aportamos en el período de actividad–, nos damos cuenta que no tenemos la atención que merecemos”.

“Como movimiento independiente hemos concurrido a entrevistarnos con el director de PAMI” pero siguen sin respuesta desde 4 meses.

Lo mismo les ocurrió en el palacio municipal: “Hemos solicitado entrevista con el intendente (Héctor Gay) para reclamarle nuestros derechos y toda la problemática de PAMI, ANSES. No nos han atendido” Buffa sostiene que si PAMI “no está cumpliendo con su deber como obra social, se tiene que hacer cargo la intendencia porque nosotros pagamos una tasa de salud en los impuestos”.

A la reforma previsional “yo la llamo ‘ajuste brutal’ porque justamente lo hacen en el sector que menos posibilidades de defenderse tiene. Somos jubilados, no somos de cuarta ni somos descartables”.

“Nos tocó a nosotros y les va a tocar a los que están en actividad porque esto es un ajuste implementado por el Fondo Monetario Internacional en base a la deuda que va adquiriendo el país, que hay que pagarla. Y se paga con la plata de los jubilados porque es donde más plata hay”.

La Norma Plá es un movimiento apartidario. “En las reuniones se trata la política jubilatoria, la política previsional, la que nos afecta a todos. Los centros de jubilados lo toman como que es algo partidario. Tratamos de agruparnos para defender nuestros derechos porque esto se agrava; la deuda hay que pagarla y lo van a hacer con este ajuste de los jubilados que son 140 mil millones de pesos”.

Cuando escucha al presidente y al resto de los representantes, a Buffa le genera “gran indignación, impotencia y bronca porque es el presidente de todos los argentinos. Indignación porque no han cumplido con respecto a los jubilados lo que han dicho. La palabra del presidente se diluyó porque no cumplió nada, al contrario, lo agravó”.

Esta mañana centenares de bahienses se manifestaron en las calles del centro de la ciudad y en el Concejo Deliberante contra el ajuste que pretende implementar el gobierno nacional mediante las reformas laboral, previsional y tributaria. Además se presentó una consulta popular que se desarrollará desde el lunes hasta el miércoles.

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La Multisectorial contra las Reformas conformada por sindicatos, partidos políticos, centros de estudiantes, movimientos territoriales y pastorales y ciudadanos y ciudadanas de a pie impulsan una consulta popular que aporte al debate y la difusión de las reformas estructurales que pretende imponer el gobierno de Cambiemos.

Desde el 18 y hasta el 20 habrá urnas y boletas en distintos puntos de la ciudad para “votar y sobre todo, conocer, reflexionar e intercambiar opiniones sobre estas gravísimas medidas que el gobierno pretende hacer pasar en beneficio del empresariado y las multinacionales”.

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El miércoles a las 18 en la Plaza Rivadavia cerrará el escrutinio con un gran festival y acto final.

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“Pensamos que cuando se vota se puede elegir un concejal, un diputado o un senador pero nadie da mandato para que un día, de golpe y porrazo, se lleven 100 mil millones de pesos de la Anses, que se le sacan a los jubilados y pensionados, a quienes cobran la asignación universal por hijo”, afirmó Enrique Gandolfo.

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El docente agregó que la reforma previsional es “parte de un paquete integral junto con la reforma laboral y las leyes fiscales que se pretende consumar antes de fin de año. Esta indignación, este descontento que recorre las calles, las plazas, los lugares de trabajo, las escuelas, las universidades, tiene que expresarse de todas maneras. La principal es en la calle, tenemos que estar juntos y movilizados, pero también abrimos otra herramienta que es esta consulta”.

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Gandolfo cuestionó además “quién les da mandato a estas personas para que voten estas cosas, quién le dio mandato a los concejales para que aumenten de golpe el boleto del colectivo al 38 por ciento”.

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Ana Canullo, secretaria general de CTA, manifestó que “venimos exigiendo a las dirigencias centrales que convoquen a planes de lucha, a paros, a movilización. Hoy estamos en paro algunos sindicatos, movilizados y en estado de alerta pero sabemos que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no tienen sindicato, que trabajan en forma precaria y por eso no tienen un canal de expresión. Nuestra idea es esa, que puedan decir esto no lo quiero, y para decirles a ellos, a los que nos gobiernan, que somos muchos y muchas los que nos oponemos”.

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“Aquí si se aprueban estas reformas no hay excepciones ni para mujeres, ni para hombres, ni para peronistas, ni de la izquierda, ni para trotkistas ni comunistas. Debemos resistir como lo venimos haciendo aquí y en todas las plazas del país”, dijo el titular de ADUNS Sergio Zaninelli.

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César García de PTP repudió “la represión a las organizaciones sociales en el día de ayer, tanto a la CCC, a la CTEP y a Barrios de Pie y que convocaron más de 150 mil compañeros en la Plaza Congreso” y destacó que “el gobierno está demostrando lo que tiene para el pueblo: represión, se acabó el diálogo”.

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La reforma jubilatoria aprobada por el Senado a instancias del gobierno nacional “ha tenido el rechazo unánime de la mayoría de la población”, dijo a FM De la Calle el dirigente de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados (CTA), Marcos Wolman.

“Estamos hablando de (un haber) del 44% de la canasta básica, que es una canasta muy básica, de un adulto mayor, o sea que es realmente de un ajuste, algo que no puede aprobarse en la Cámara de Diputados, estamos luchando para que esto no ocurra”, aseguró respecto al resultado de la fórmula del oficialismo.

Wolman comentó que el proyecto propio de la Mesa “plantea los temas que hay que discutir. En primer lugar, que el haber mínimo jubilatorio no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil y debe cubrir la canasta básica. El segundo, que el haber sea el 82% móvil del trabajador activo, esto no es una dádiva, es un aporte que durante 30, 40 o más años la gente está haciendo para tener un sustituto del salario. Y otro aspecto es que hay que terminar con el manejo de los fondos que se está haciendo”.

La modificación de la Ley 26.417 propuesta por el gobierno nacional para actualizar semestralmente jubilaciones y pensiones establece que se aplicará trimestralmente a partir de marzo, con una fórmula de actualización compuesta por el 70% del índice inflacionario del INDEC, más el 30% de la variación salarial del índice RIPTE.

Según advirtió la Mesa Coordinadora, esto significa que la jubilación mínima actual de $ 7246 en marzo se incrementaría solo un 5,7 % y quedaría en “7659. Si se aplicara en cambio la fórmula vigente la jubilación mínima sería aproximadamente de $8.115.

“Es decir que cobraremos $456 menos por mes. Un nuevo ajuste sobre los magros ingresos de la mayoría de jubilados, que aportamos un salario o ingreso diferido durante toda la vida activa para tener una jubilación digna, sustituto del salario o ingreso”.

Como referencia vale mencionar el costo de la Canasta Básica de un Adulto Mayor, actualizada semestralmente por la Defensoría de la Tercera Edad de CABA, que alcanza un costo de $17.523 y la jubilación mínima, “como viene ocurriendo en los últimos 10 años, y peor aún con esta fórmula, no llegará a cubrir en marzo el 44% de la misma”.

La semana pasada se realizó la muestra anual de los cursos dictados durante el ciclo lectivo 2017 en el Centro de Formación Profesional N° 401 Anexo Unidad Penal N°4 de Villa Floresta. FM De la Calle habló con su regente, Andrés Contreras, y con varios alumnos e instructores de los talleres.

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En comunicación con ¿Quién te Juna?, Contreras comentó que las muestras anuales previas se realizaban extramuros, acoplada al CFP 401 con sede en Ingeniero White. Diferente fue la exposición realizada el lunes pasado, donde además de ver lo que producido, se encontraban los internos trabajando en las aulas.

El director del centro puntualizó que durante el ciclo lectivo tuvieron 500 inscriptos, de los cuáles 372 son egresados certificados, “sobre una población de 700 internos; habla de un interés de ellos, y de una oferta muy importante de oficios dentro de la unidad”.

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Cabe destacar que se dictaron 36 cursos durante el 2017 y que el Centro de Formación Penal cumple 30 años en el 2018.

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Respecto a los talleres, Contreras explicó “la complejidad que tiene el hecho de dar un oficio, brindar conocimientos y, a la vez, generar expectativas a los internos para cuando salgan”. “Los cursos intramuros son igual a los extramuros”, sin embargo, hay trabajo extra porque es “trabajar sobre una persona que esta privada de su libertad”.

También afirmó que la “educación dentro del Servicio Penitenciario sirve para tratar de cortar el día de la cárcel, pensar en otra cosa; y que uno de los “logros dentro del Centro de Formación fue lograr con el grupo de instructores que adentro en las horas de clases no se hable del penal, se hable del afuera, se hayan bajado niveles de violencia”.

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En la muestra había trabajos de herrería, zapatería, diseño gráfico, reparación de PC, carpintería, cocina, peluquería, mecánica, electricidad, seguridad e higiene, estampado, serigrafía, huerta, cultivo de hongos y marketing, entre otros.

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Fotos: Cáritas Bahía Blanca.

En el marco de los cambios en el gabinete municipal anunciados por el intendente Héctor Gay y durante la previa al aumento del boleto que aprobó el jueves el Concejo Deliberante, el presidente del Bloque FPV, Gustavo Mandará, habló con FM De la Calle.

“Uno tiene la sensación de que, Gay da noticias de que está arreglando platos rotos que rompió él, y lo llamativo es que mucha gente lo cree. Y por ahí la gente en la calle dice que achique; sí, pero el achique es de lo que se había agrandado desmesuradamente”, sostuvo el edil.

“El ejemplo más palmario es el de la Secretaría de Innovación Tecnológica. Se creó con un nombre rimbombante y pomposo y llamativo y, si se quiere propositivo y proactivo porque está bien que en estos tiempos se hable de innovación tecnológica. Pero la verdad es que eran espejitos de colores, porque eran una secretaría en la que había más personal político que gente trabajando y a las pruebas nos remitimos”.

Mandará aseguró que el recorte anunciado por el gobierno municipal es más “cosmético o es más esta sensación de generar un nuevo anuncio para hacerles creer a los que por allí les parece muy lindo que está haciendo algo”.

Respecto al presupuesto 2018 el concejal del FPV comentó que “el primer indicio inquietante es que en una reunión, que si bien fue privada, pero se estaban tratando temas públicos por lo cual no infringimos ninguna norma moral, es cuando vino el Secretario de Hacienda Esandi a pedirnos y a tratar de conseguir consenso para lograr la moratoria (…). Lo cual nos llamó a sospecha porque: ¿Por qué tienen tanta necesidad de plata sin una afectación específica?”.

“Después vino lo que vino con todas estas versiones a un presunto quebranto de las cuentas públicas, que esperamos se puedan conversar, se puedan debatir de aquí a pocos días más (…). Cuando uno habla de presupuesto, uno habla de lo que va a ser todo lo que va a ser la gestión política de este año y si vamos a escuchar a cada uno de los secretarios y ahí vamos a poder preguntarle. Por ejemplo en mi caso, yo voy a conocer al nuevo Jefe de Gabinete Tomassi y podemos preguntarle específicamente, si es que se refirió a quebranto y tener una certeza (…)”, agregó.

Mandará agregó que “muchas veces se suele decir que el presupuesto es un dibujo. En este caso, suena más a dibujo que nunca porque ya partimos de la base que muchas de las cosas que están presupuestadas ya no existen más, por ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente”.

“De muchos años a esta parte uno empieza a ver que hay porcentajes que son inamovibles y uno se permite dudar si esto es realmente así o en realidad falta meter mano donde correspondería meter mano porque, una cosa que se advierte también de este presupuesto también es que, se termina centralizando más poder en el intendente, secretaría privada y jefatura de gabinete, que absorben un montón de otras áreas”, aseguró.

Por otra parte, Mandará opinó sobre el incremento de las tasas municipales y el boleto de colectivos, al respecto comentó que “en el ALC, estaríamos hablando de un 27 o 28 por ciento, no habría demasiadas modificaciones en la tasa de Seguridad e Higiene, que es otro de los ingresos importantes que tiene el municipio”.

“Se viene aumentando el boleto de colectivo de manera asimétrica (…). Se anteponen los intereses de las empresas por sobre los intereses de los pasajeros”, agregó.

Antes de que el deliberativo aprobara el aumento del boleto de 12,50 a 17,30, Mandará advirtió que “están inflexibles y porque también se asientan en el tema de que tendrían los votos como para poder sacarlo más temprano, más tarde. Una cosa que estamos intentando es que se haga rever el tema de los abonos, porque se estarían eliminando los abonos de 20 y 40 pasajes. La verdad que el de 20 uno podría llegar a aceptar, pero decirle a una persona que compra 40 pasajes por mes que no es un usuario frecuente, etimológicamente es difícil, porque es una persona que viaja más de una vez por día” concluyó.

En el marco desfavorable que sufre el sector de prensa, el 25 de noviembre el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA) realizó una asamblea en la que reformaron su estatuto, incorporando así a integrantes de medios comunitarios, alternativos y populares. También reclamaron la declaración de emergencia laboral. FM De la Calle habló con Agustin Lecchi, secretario de organización del gremio, quién nos contó las novedades.

El comunicador aseguró que “desde diciembre de 2015 a la fecha al menos 2500 puestos de trabajos se perdieron bajo distintas modalidades: cierre de empresas, despidos directos, retiros voluntarios compulsivos a los que muchas veces los trabajadores no se pueden oponer porque cuando se oponen son despedidos. Es un contexto muy adverso, nosotros lo caracterizamos como el peor momento de los medios de comunicación desde la vuelta de la democracia”.

También explicó que no es una situación que solamente esté atravesando la prensa sino que lo sufren otros sectores de la comunicación: “los trabajadores de distintos oficios de la radio, lo mismo en la televisión con la paritaria del SAT (Sindicato Argentino de Televisión)… está siendo extorsionado con la apertura de los convenios. Los empresarios tienden a violar los convenios colectivos, el estatuto del periodista en este caso, con un Ministerio de Trabajo y un Estado que miran para otro lado”.

El dirigente refirió que el sindicato se fundó bajo el anterior gobierno, y aseveró: “siempre tuvimos una premisa fundamental: es un sindicato de trabajadores. Defendemos los intereses de los trabajadores que están en empresas de medios, (…) y que hacen comunicación en otra situación, como los autogestivos”.

Sin embargo, respecto al debate entre la real situación de los/as trabajadores/as y ‘la grieta’ dijo: “a nosotros los posicionamientos políticos de cada compañero que integra la comisión directiva, los cuerpos de delegados del sindicato obviamente que nos importan pero están en un segundo plano en relación a nuestra pertenencia de clase como trabajadores”.

Y agregó que “la cuestión de la grieta la conocemos muy bien, y conocemos la construcción que hicieron distintos empresarios de medios sobre eso. Pero sabemos que para los trabajadores no hay grieta y que la grieta en todo caso es entre nosotros y los empresarios. Esa fue una definición fundacional nuestra porque nacimos enfrentándonos a (Sergio) Szpolski, a Cristóbal López y al Grupo Clarín”.

sipreba-dyn larevanchaprograma com arEn referencia al reclamo de emergencia laboral Lecchi indicó que “la gota que rebalsó el vaso fue el cierre de la agencia DyN. De nuevo el Ministerio de Trabajo no hizo absolutamente nada”. Diarios y Noticias es una empresa que no está vinculada “al crecimiento a través de la pauta oficial de la administración anterior (pretexto rápido que utiliza el actual gobierno)”, sino que es una empresa cuyos principales accionistas eran Clarín y La Nación.

“DyN cerró de un día para el otro dejando a 96 compañeros en la calle. En ese marco, y ya que se cuentan de a miles las situaciones de pérdidas de puestos de trabajo, planteamos un anteproyecto en la comisión de libertad de expresión del Congreso de la Nación para que se declare la emergencia laboral en los medios de comunicación, que prohíba por 180 días hábiles que haya despidos para que podamos tener una navidad sin despidos y que le dé prioridad a la bolsa de trabajo del sindicato para los nuevos puestos que se generen”, arguyó.

La inclusión de medios autogestivos, alternativos y populares dentro de SiPreBA se da en el marco de una reforma del estatuto social del sindicato “que nos había impuesto el Ministerio de Trabajo y lo asumimos para poder sacar la inscripción gremial en el menor tiempo posible”. Dicha medida no incluía minorías, “no permitía que jubilados y compañeros de medios autogestivos tuvieran derecho pleno. Creemos que tenemos un estatuto más democrático que nos pone en mejores condiciones también para enfrentar esta situación”, aseguró.

Si bien a los sindicatos con inscripción gremial simple les falta un segundo estamento (personería gremial) para tener el reconocimiento estatal completo, el secretario explicó que tienen “pleno derechos excepto dos cuestiones: el tema de obra social y la paritaria a nivel cámara. Nosotros sí en algunas empresas discutimos salarios entre la comisión interna de SiPreBA de la empresa y determinada patronal”.

No obstante tres o cuatro empresas, “en un claro ataque a nuestra organización y en connivencia con el otro sindicato –Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires–, en algunos casos tratan de obstaculizar nuestra libertad sindical: no quieren que los trabajadores se organicen libremente. A esto lo estamos judicializando porque es ilegal lo que hacen”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca dio a conocer esta semana los fundamentos de la sentencia del Juicio Ejército III en la cual 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua, otros nueve recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

2024 páginas tiene la argumentación del fallo de los jueces José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava en el expediente caratulado “FBB 93000001/2012/TO1 caratulada ‘González Chipont Julio Guillermo y otros s/ Privación ilegal de libertad (Art.144 bis inc.1) (Lesa Humanidad)’ Querellante: Secretaria de Derechos Humanos Ministerio de Justicia, seguridad y derechos humanos de la Nación y otros”.

La causa incluía hechos en perjuicio de 105 víctimas calificados todos como delitos de lesa humanidad cometidos en jurrisdicción del V Cuerpo de Ejército desde donde se comandaba la Zona de Defensa Cinco, dividida entre las Suzonas 51 (Bahía Blanca) y 52 (Neuquén).

La sentencia involucró a oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, Policía Federal, Servicio Penitenciario Bonaerense y Policía de la Provincia de Río Negro. Por otra parte se abordó la metodología represiva aplicada en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio “La Escuelita”, Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y “La Escuelita” de Neuquén.

Las condenasa prisión perpetua correspondieron a Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel, Víctor Raúl Aguirre, Enrique José Del Pino, Carlos Alberto Ferreyra, Pedro Ángel Cáceres, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Alejandro Lawless, Raúl Artemio Domínguez, Arsenio Lavayén, Andrés Desiderio González, Gabriel Cañicul, José María Martínez, Pedro José Noel y Jesús Salinas.

Además, se dispuso condenar a Jorge Horacio Rojas, Miguel Ángel Nilos y Miguel Ángel Chiesa a la pena de 9 años de prisión; Héctor Luis Selaya, a 6 años de prisión; a Andrés Reynaldo Miraglia, a 3 años de prisión; a Osvaldo Vicente Floridia, a 10 años de prisión; a Oscar Lorenzo Reinhold, a 14 años de prisión; a Osvaldo Antonio Laurella Crippa, a 9 años de prisión, y a Antonio Alberto Camarelli, a 3 años de prisión.

Alberto Magno Nieva fue absuelto por el principio de la duda razonable.

DESCARGAR FALLO

(Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Desde su primer acto de disciplinamiento, el Protocolo de seguridad de febrero de 2016, el gobierno de Macri, con la anuencia de un amplio sector del Poder Legislativo y Judicial ha transitado un sendero de achicamiento de los espacios democráticos y liquidación de las garantías constitucionales transformando al Poder Judicial en un burdo instrumento de persecución política y disciplinamiento.

Con el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que luego se comprobó que fue seguida de muerte por inmersión e hipotermia en el río Chubut, denunciamos una y otra vez que se estaba liquidando el Estado de Derecho manteniendo las apariencias pero disolviendo lo importante de dichas garantías que tienen que ver con el grado de libertad en que viven los argentinos.

Es imposible no vincular estos hechos con el avance de los EE.UU. sobre Jerusalem, la sanción de una ley de Excepción en México, el fraude electoral en Honduras y el incumplimiento de los Acuerdos de Paz en Colombia y de mejores relaciones EE.UU. Cuba a la que se la sigue bloqueando y saboteando.. Mucho más que diez operacones Condor.

El crimen de Nahuel, la persecución a los Mapuches y a Facundo Jones Huala, la decisión de la Corte Suprema de dar por validos los engendros jurídicos de Morales en Jujuy, los avances de las fuerzas estatales que portan armas sobre el conjunto de la vida social, la sumisión ciega a las políticas de EE.UU. de destruir cualquier espacio de autonomía a nivel mundial, son algunos de los pasos que nos traen a esta situación de intentar encarcelar a quienes defendieron un acuerdo entre naciones soberanas, que fue avalado por el Senado y que además, colmo jurídico, nunca se ejecutó y por lo tanto es nulo de toda nulidad.

Hoy Bonadio, como antes otros y muchos jueces de Comodoro Py han vuelto a la tradición genocida de los Jueces de la dictadura militar, aquellos que avalaban las desapariciones forzadas y los crímenes encubiertos como enfrentamientos. La restitución de la identidad de la nieta 126 debería servirles de advertencia que nada es para siempre y que la verdad triunfa al final de toda lucha histórica.

Convocamos a una respuesta unificad de todas y todos los que quieran vivir en una sociedad que tenga limites jurídicos y garantías de sus legítimos derechos.

Ahora es la hora.

El Concejo Deliberante analiza la propuesta oficial de aumento de del boleto de transporte público que llevaría el costo de la tarifa base de $12,50 a $17,30 y recortaría dos categorías de pasajeros frecuentes.

Mariana Guatta, integrante de la Comisión de Usuarios Testigos, dijo a FM De la Calle que en dicho incremento del 38% “todo lo que son impuestos nacionales y municipales no se pagaban, como por ejemplo, la Tasa de Seguridad e Higiene o el IVA que no corresponde que se aplique sobre servicios.

La usuaria explicó que la fórmula utilizada por el Municipio surge de la ordenanza por la cual se adhirió a resoluciones nacionales. “Cuando Nación manda la SUBE, también manda un proyecto de ley que tiene la tablita con todos cálculos ya hechos”.

Comentó que tuvieron una reunión el viernes pasado a la cual asistieron “los concejales que comprenden la Comisión de Tránsito y con parte del Poder Ejecutivo, que sería en este caso, Ramiro Frapiccini y Fernando Compagnoni como concejal del oficialismo”.

Guatta aseguró que los planteos que realizaron como comisión de usuarixs apuntan a “la quita de algunos beneficios como el pasajero frecuente de 40 viajes,  el de 20 viajes y la bonificación del 10% de la tarjeta personalizada; y además de eso, el aumento del boleto en sí”.

Consultada sobre la quita de dos categorías de pasajerxs frecuentes sostuvo que “hay una posibilidad. Por lo menos Fernando Compagnoni se fue con esa voluntad. La verdad que todavía no hemos hablado con él porque salió de la reunión nuestra con usuarios y se fue a la reunión con la Municipalidad”.

Sobre la calidad del servicio, Guatta dijo que “en cuanto a frecuencias mantienen en la mayoría de las unidades, el nivel de frecuencia de hace dos años, no han mejorado. Lo que si hemos pedido hace dos años es que, la frecuencia de los domingos y los sábados la achiquen.”

“Es cierto que hay barrios con calles de tierra y la tierra que tiran no es tierra es talco, entonces vos te la pasas limpiando, eso es una verdad. Pero sacando eso, el Municipio dijo que para 2018 iban a tener todas las calles de recorridos asfaltadas, por ejemplo, la 503 es una línea que en todo su recorrido solamente transita por tres calles, y eso es simple mantenimiento por parte de las empresas”.

“En todos lados cualquier empleado de cualquier de cualquier empresa, tiene que mantener la limpieza del lugar donde trabaja (…). Acá a los choferes, el gremio no los deja limpiar el colectivo, entonces tienen que poner personal especial para hacer la limpieza del colectivo, es una locura” finalizó.