Seis nuevos casos de Covid 19 fueron confirmados entre el viernes y el domingo en Bahía Blanca. El secretario de Salud Pablo Acrogliano advirtió que, si bien “no se puede afirmar taxativamente, estamos cerca del primer caso de circulación comunitaria”.

Del conglomerado del Hiper de la Cooperativa Obrera, a los cuatro conocidos hasta el jueves, se sumaron dos hombres de 43 y 38 años y una mujer de 48.

En este último caso no se trata de una trabajadora sino un caso con nexo epidemiologico detectado en una de las Unidades Centinelas de los centros respiratorios del primer nivel de atención del Municipio.

Otros tres están vinculados a un transportista que está internado en la terapia intensiva del Hospital Municipal desde hace varios días: son una mujer de 39 años y dos menores de 3 y 6.

Por otra parte, este fin de semana se informó la recuperación de un trabajador del Parque Eólico de 42 años y una mujer de 82 quien había contraído la enfermedad en el geriátrico de Noroeste.

El total de casos en la ciudad es de 86: 68 recuperados, 4 fallecidos y 14 activos. Permanecen como sospechosos 10. 878 personas están en aislamiento por ser considerados contactos estrechos y 1999 se encuentran en aislamiento preventivo.

El tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid19 es de 38 días.

Desde el jueves funciona la Red de Comercialización de la Economía Solidaria, “un servicio integrado por trabajadoras y trabajadores informales que impulsan emprendimientos familiares, unipersonales o asociativos”.

Conocé los productos y servicios que ofrece en http://www.reddecomercializacion.com/

Es una iniciativa del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca y FM De la Calle.

“Hace años trabajamos con estos principios donde principalmente la persona ejerce todo tipo de transacción económica y también va tejiendo lazos de solidaridad y de comercio justo donde por ejemplo alguien que produce no puede ganar menos de quien transporta. Teniendo en cuenta todo lo que veníamos trabajando pensamos una nueva forma de comercializar dado que las instancias en las que los emprendedores vendían se complicó por la pandemia”, comentó Marina Huentenao desde EcoSol.

Agregó que “participan más de 20 emprendimientos asociativos, familiares o unipersonales. Pensamos cómo hacer para que la persona que transporte las producciones lo haga en este marco pero que podamos reconocer el valor de este intermediario. Se trata de que no haya intermediarios pero en este caso era necesario”.

“Pensamos que no podían cruzarse toda la ciudad y lo que invitamos a hacer es que se haga dentro de la Delegación en la que vos vivís. Se pueden dar de una Delegación a la otra pero incentivamos que la compra sea dentro de la Delegación para que no haya grandes traslados”.

Para ello, “hablamos con el sindicato ASTRAMyC y ellos designaron una cadetería de su bolsa de empleo que va a hacer este servicios de transporte, con los protocolos vigentes pero también eso con el cuidado de lo que va pasando en Bahía. En principio fomentando la compra por Delegación y después pudiéndolo ampliar”.

Huentenao mencionó que en la página de la Red se pueden encontrar varios rubros: “gastronomía, cosmética natural, sahumerios, textiles, bolsos, carteras, mochilas, pantalones, joggins, camisetas, ropa de abrigo, reparación de calzado. Hay otros rubos que hay son categorías de servicios, una que es de fletes, la cadetería de los envíos y servicios culturales, por ejemplo, se suma UMSur con su catálogo”.

(Testimonio de Dr. Medardo Avila Vazquez – Médico Pediatra y Neonatologo MP. 16696) Hasta ahora y desde hace 18 años me desempeñaba como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría de una clínica privada de la ciudad de Córdoba (Clínica Caraffa), el pasado jueves 4 de junio me llaman desde la obra social de los empleados de la Provincia (APROSS) para que recibamos un niño de 2 años con supuesta bronquiolitis.

T.F. vive en Villa de María de Rio Seco, este es un pueblo del norte cordobés donde se extendieron los cultivos de soja y maíz a base de agrotóxicos y los niveles de contaminación son altísimos y también las protestas de los vecinos que tratan de que dejen de fumigarlos. El padre de T.F. murió en un accidente de tránsito, ahora vive con su madre, tíos y el abuelo. Su abuelo lo llevó ese día al centro de salud municipal porque está muy flaquito y hace 3 semanas que tiene fiebre. Desde el centro de salud lo mandaron directamente a Córdoba (a 300 km), con la ropa puesta, sin plata y en plena cuarentena.

En realidad tenía una LEUCEMIA, al llegar volaba de fiebre y estaba sumamente debilitado y asustado llorando sin parar aterrado y dolorido. Solo acompañado de su abuelo paterno (un trabajador de la leña de los montes que destruye el agronegocio), porque su madre esta internada en Deán Funes teniendo otro bebe…

El niñito lloraba llamando a su madre, quien no va a venir y quizás por mucho tiempo más aún. Al pobre niño le tuvimos que hacer todo tipo de intervenciones, incluso punción de medula ósea. Su estado era muy delicado, con una anemia severísima, lo trasfundimos y logramos compensarlo un poco. Al día siguiente, el viernes 5, teníamos confirmado el diagnostico de leucemia linfocítica aguda de células B.

El panorama se empezaba a esclarecer ya que es fuertísimo el vínculo entre exposición a agrotóxicos en la madre y leucemia en los hijos, incluso en revisiones de “medicina basada en la evidencia” como el metanálisis que ilustra esta crónica.

En este estudio de Wigle et al. revisando 14 estudios publicados la conclusión es que la madres expuestas a agrotóxicos tiene dos veces y media más posibilidades de que sus hijos desarrollen una leucemia comparado con el riesgo norma de las madres no expuestas a estos venenos. Algo que se verifica claramente en nuestro paciente T.F. Y también verifica la injusticia ambiental y social de este caso, familia pobrísima que solo recibe las consecuencias sanitarias del agronegocio que destruye el ambiente y enferma a los vecinos.

A la tarde de ese viernes nuestra onco-hematóloga nos pide que empecemos con las altas dosis de Deltisona B (metilprednisona). No teníamos en gotas y la farmacia de la Clínica me informa que recién el lunes podría conseguir…. Deltisona B gotas hay en todas las farmacias y sale $470. Le aviso al Director médico que no teníamos la deltisona, pero que los pediatras la podríamos comprar en la farmacia del lado y arreglamos el lunes, todo OK.

El sábado concurro nuevamente a ver los pacientitos y compro en la farmacia unos autitos de juguete, una segunda Deltisona B porque por las altas dosis que necesitaba el niño solo alcanzaban para día y medio y en el almacén comestibles y bebidas para el padre.

Bueno, el lunes 8 el niño estaba mucho mejor, las enfermeras le habían traído ropa y juguetes para él, nosotros ropa al padre, las chicas de laboratorio le compraron comida, agua y golosinas.

Esa mañana, como a las 09:00 fallece Débora una niña de 6 años con un cuadro neurológico metabólico progresivo incurable que cuidábamos desde hace más de un mes, su estado era terminal y fue algo muy triste y doloroso para la familia y para todos nosotros.

Mientras estábamos acompañando a la familia en ese momento tan desgarrador y humano, justo en ese momento me llama el joven y neoliberal abogado que junto con otra joven contadora, hijos de los dueños fundadores están manejando la clínica desde hace muchos meses. Bueno, me llama este gerente para reprocharme y retarme muy enojado por haber comprado la Deltisona supuestamente sin autorización, vociferarme diciéndome que esto no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de CARIDAD!, situación que emotivamente me sobrepaso harto de meses de bullyng y falta de respeto y lo reputie como la situación, por lo menos, se lo merecía.

Conclusión, al medio día me llama para despedirme… y que arregle con su padre los términos de mi indemnización después de 18 años.

Sorprendido aunque sentía que este final no estaba muy lejos. En todos estos años trabaje como empleado en negro (como casi todos los médicos en dependencia privada de esta provincia) bajo mi responsabilidad estuvo el cuidado de más de 12.000 niños y 1800 recién nacidos y por suerte y dedicación tuvimos una excelente sobrevida y alta satisfacción de las familias, claro que también cometimos muchos errores, a algunos no pudimos ayudar a sobrevivir otros no supimos tal vez, pero no dejamos nunca de aprender de ellos. También forme varias camadas de residentes de los que me siento absolutamente orgulloso.

En toda esta época, si bien la clínica era un negocio para los dueños, para nosotros era un lugar más para cuidar y ayudar a niñes enfermos y nos manejamos con amplio criterio hospitario, seguramente que esta condición se lograba porque la sociedad de los propietarios de la clínica eran en un 80% médicos que también trabajaban allí mismo. Esta situación desapareció, hoy la maneja un exclusivo criterio empresarial y este quedó expuesto en la patética situación de mi despido.

Y en medio de la pandemia, esta situación parece ser la gota que colmó el neoliberal vaso de los empresarios, seguramente les dolía que siempre apoye los reclamos por los derechos de los residentes, que siempre reclamamos por nuestro sueldo retrasado y los insumos y medidas de protección adecuadas, seguramente les molestaba de sobremanera que era público mi rechazo a la Declaración Jurada individual de que no tenemos Covid… y que si hay contagios es culpa del médico y deslinda de responsabilidad a las empresas y ministerios. Y que en todo mi sector de la clínica no pudieron hacérselo firmar a ningún médico. En esta época donde se mezcla en la trituradora los intereses de la “economía”, los derechos de los trabajadores de la salud y la salud como valor social, en esta trituradora, aprovecharon y me despidieron.

Esta supuestamente prohibidos los despidos, pero si Techint lo hace con 1400 operarios, porque Clínica Caraffa no lo va a hacer conmigo, parece ser la realidad.

No me arrepiento de nada, volvería a hacer lo mismo, volvería a proteger como pueda a ese niñito fumigado y enfermo de muerte, volveríamos a comprarle su remedio y sus juguetes y volvería a decirle al patrón que no me lo diga por teléfono, que venga a decírmelo aquí en la cara que te voy a cagar a trompadas.

Fue un enorme placer para mí haber trabajado con todos los compañeros de esa Clínica, siempre todos tratando de dar una buena atención de salud. Los médicos de todos los servicios, las excelentes enfermera/os, las administrativas, camilleros, personal de limpieza, de la cocina, de mantenimiento, de diagnóstico.

Gracias amigos y compañeros, nosotros cada uno de nosotros sabemos todo lo que ponemos, cuanta pasión, cuanta compasión, cuanto dolor, para tratar de ayudar al enfermo, al doliente, al desvalido, porque esa es nuestra función en esta vida. Les agradezco poder haber trabajado con ustedes, muchas gracias a todos. Y si, se aprovechan de nuestra nobleza, pero algún día tendremos que levantarnos para defender nuestra dignidad.

Dr. Medardo Avila Vazquez
Médico Pediatra y Neonatologo MP. 16696

La Feria del Parque Independencia funciona por segunda vez y se suman la de Artesanos en la Plaza Rivadavia y la del Parque de la ciudad. Por excepción, funcionan desde hoy para aprovechar ventas por el Día del Padre.

El Municipio informó que e resto abrirá una vez presenten los protocolos correspondientes.

“Estamos armando y todavía no ha llegado gente, esperamos que sea un lindo día de venta. Hoy hasta las 17, mañana de 9 a 13 y el domingo hasta las 17”, comentó esta mañana a FM De la Calle Adriana López, coordinadora de la Feria del Parque Independencia.

180 familias viven de la feria aunque López mencionó que actualmente hay 50 participando porque muchas son personas de riesgo que eligieron quedarse en su casa.

“Cumplimos el protocolo, tenemos que acostumbrarnos a que son 50 personas, nos parece poco, en cuanto a ventas tenemos que remontar. Hay una sola entrada, la gente se va a encontrar con que hay 50 números, a medida que va saliendo la gente entran otras personas, cada puestero tiene alcohol en gel, la gente no puede tocar la ropa ni la mercadería”, destacó.

Por último, señaló que “se nos hizo bastante largo, difícil, hay gente que todavía no tiene mercadería, reponer es difícil. Algunos vendían por internet, algunos se la rebuscaron de otra manera. Los precios subieron muchísimo, a Buenos Aires no se puede viajar, hay que conseguir teléfonos, es un tema encargar por teléfono ver que te mandan”.

El Instituto Cultural difundió una reunión que mantuvieron sus autoridades con integrantes de los Espacios Culturales Independientes para elaborar protocolos para una futura reapertura.

El encuentro ocurrió mientras organizaciones culturales reclamaban la intervención de la Defensoría del Pueblo por la violación de derechos culturales y laborales en el sector. Elisardo Tunessi, representante de los ECI, dijo a FM De la Calle que fue “una tomada de pelo”.

Comentó que participaron miembros de la Comisión de Protocolos. “No estoy de acuerdo porque me parece que es dilatar el tema, no se puede hablar de protocolos en este momento donde ni remotamente sabemos cuándo vamos a poder volver a abrir. Mientras tanto no hay respuestas a las cosas verdaderamente urgentes como, por ejemplo, la ejecución de partidas y recursos afectados que las ordenanzas indican.

“Seguimos firmes en cuanto a la solicitud de diálogo y de que el intendente y responsables reciban a la Mesa de Diálogo compuesta por Actores, UMSur y ECI. Lo que sucedió es que salió en el Boletín Oficial el protocolo de provincia para los espacios culturales independientes, recibimos un llamado a la red donde se nos decía que había que presentarlo esta semana. Obviamente la gente está desesperada por abrir los espacios”.

La Unión de Músicxs del Sur, la Asociación Argentina de Actores y los Espacios Culturales Independientes presentaron un pedido de intervención de la Denfensoría del Pueblo ante la ausencia de políticas públicas que atiendan la emergencia cultural y el incumplimiento de las ordenanzas que regulan la actividad.

Tunessi aseguró: “Estoy de acuerdo con la seguridad y protocolos pero no podemos estar hablando de protocolos cuando no hay sostenimiento de los espacios. No se está disputando el presupuesto afectado a la ordenanza de ECI que no depende para nada de un porcentaje de la tasa, tienen un monto determinado que es de alrededor de 27 sueldos de una categoría. Eso fue aprobado en febrero, ese dinero no depende de la recaudación, ese dinero tiene que estar por eso se le da intervención al Tribunal de Cuentas”.

En cuanto a la reunión con Morena Rosselló y José González Casali, afirmó que la participación, “se pensó también en función de que después no usen el argumento de que uno no se acerca. El problema es para qué nos llaman. Intentaron apaciguar las aguas, hablar del tema del presupuesto y la gente que se presentó de ECI dijo que no, que ellos venían a cumplimentar protocolo y que lo que sea presupuesto lo tienen que hablar con la Mesa de Diálogo”.

El Comité de Contingencia para Coronavirus informó anoche que se registraron tres nuevos casos positivos y uno recuperado.

Se trata de una enfermera del Hospital Municipal de 42 años y otros dos trabajadores del Hiper de la Cooperativa Obrera de de 47 y 49, quienes se encuentran bajo investigación epidemiológica.

Una mujer de 92 años del conglomerado del geriátrico de Avellaneda al 700 se curó de la enfermedad. En Bahía Blanca hay 80 confirmados, 10 activos, 66 recuperados y 4 decesos.

En un comunicado, la Cooperativa Obrera aseguró que ayer “realizó el hisopado PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) a trece colaboradores que se desempeñan en el Hiper de Aguado. El estudio de once personas arrojó resultado negativo, lo que indica que hasta el momento no han sido agentes de contagio”.

“A partir del primer caso identificado el martes, se realizaron un total de veinticinco hisopados PCR, de los cuales veintidós arrojaron resultados negativos y tres positivos, totalizando de esta manera un total de cuatro COVID-19 positivos en dicha sucursal”, agregaron.

Un nuevo caso positivo de Covid 19 reportó anoche el Comité de Contingencia para coronavirus. Se trata de otro trabajador del Hiper de la Cooperativa Obrera de 28 años, vinculado al empleado de la carnicería que motivó el cierre del supermercado.

Horas antes, se había conocido la recuperación de dos hombres y dos mujeresque habían contraído la enfermedad en el geriátrico de Avellaneda al 700. De esta manera, la ciudad cuenta 76 casos confirmados, 7 activos, 65 recuperados y 4 decesos.

En un comunicado, la Cooperativa Obrera informó que a partir del primer contagio “el área epidemiológica de la Municipalidad de Bahía Blanca identificó a las personas consideradas contactos estrechos, indicándoles aislamiento preventivo en sus domicilios”.

Ayer, la empresa “realizó el hisopado PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) a los 15 contactos estrechos que trabajan en la entidad. El estudio de 14 personas arrojó resultado negativo, lo que indica que hasta el momento no pueden haber sido agentes de contagio. Por otra parte, un colaborador del Hiper de Aguado fue diagnosticado como COVID-19 positivo, por lo que fue derivado para su internación y tratamiento”.

Desde la mañana de este jueves, “conjuntamente con los profesionales de la autoridad sanitaria y de nuestro Servicio Médico Laboral, realizaremos la investigación para determinar posibles contactos estrechos, para su aislamiento y estudio inmediato”.

Los centros de investigación Corporate Europe Observatory y Transnational Institute publicaron una investigación sobre cómo los abogados especializados en inversiones se preparan para demandar a los Estados ante tribunales internacionales de arbitraje por las medidas tomadas en respuesta al COVID-19.

Argentina es uno de los países que corre el riesgo de ser demandado en caso que incumpla con el pago de los bonos de deuda. “Esto es en relación a todo el andamiaje de tratados internacionales que firmaban todos los países del mundo en los ’90”, dijo a FM De la Calle la economista y especialista en Tratados de Libre Comercio, Luciana Ghiotto.

“Estos tratados permiten que los inversores demanden cuando ven puesta en peligro su ganancia pero no en el marco de la justicia nacional sino ante los centros de arbitrajes internacionales. Son abogados privados que deciden si la medida que tomó el Estado es correcta o no. Por un lado, mega privilegios de los inversores y, por otro, los Estados que al firmar estos tratados quedaron con las manos atadas”, comentó.

La investigación muestra cómo los bufetes están asesorando inversores extranjeros sobre la posibilidad de iniciar demandas de arbitraje porque los gobiernos, entre otras medidas, “aseguraron que no se corte el suministro de agua potable para lavarse las manos; evitaron los cortes en agua, gas y electricidad por falta de pago; tomaron control de hospitales privados y hoteles para tratar a los pacientes; adoptaron medidas para que medicamentos, vacunas y tests estén disponibles para todas las personas y suspendieron las actividades comerciales que habrían propagado el virus”.

La economista agregó que “el derecho está del lado del inversor, esto significa que si miramos estas demandas -hay alrededor de 1000 en los últimos 20 años- el 30% son contra países de América Latina y en esas demandas ganaron los privilegios. También somos los primeros en el triste ranking en países más demandados del mundo, tenemos más de 60 demandas y muchas las perdimos”.

Ghiotto es una de las investigadoras espiadas por la AFI en el marco de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio y las reuniones del G20 durante el macrismo.

La especialista explicó cómo se vincula el espionaje con estas propuestas: “Uno de los que elaboró este reporte es el Trasnational Institute. Es la organización por la cual yo iba a entrar a la reunión de la OMC, una de las espiadas por la AFI. Nos encargamos de investigar, de presionar a los gobiernos. Si vos estás activando contra el poder, al poder le molesta y por eso hicieron toda esta movida para que no entremos”.

La demanda de políticas públicas que atiendan la emergencia cultural y el incumplimiento de las ordenanzas que regulan la actividad en Bahía Blanca motivaron un pedido para intervenga la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Así lo anunciaron la Unión de Músicxs del Sur, la Asociación Argentina de Actores y los Espacios Culturales Independientes. Es por “la vulneración de los derechos culturales de la comunidad y de los derechos laborales del sector cultural de Bahía Blanca”.

“Ambos derechos fundamentales que hoy se encuentran transgredidos a consecuencia de las acciones, omisiones e incumplimiento de las ordenanzas que regulan la actividad cultural, por parte del Departamento Ejecutivo”, afirmaron las organizaciones.

La abogada María de los Ángeles Rosón explicó a FM De la Calle que quieren “generar un ámbito de encuentro y de participación que el Municipio ha negado dese hace tiempo, no tiene que ver con la iniciación de la crisis sino que tiene que ver con una negación de la participación que viene con anterioridad. Lo que se recalama es el cuplimiento de ordenanzas que están vigentes, las que intentaron derogar”.

Reclaman que el defensor solicite al Tribunal de Cuentas información sobre la partida presupuestaria para el área de cultura en los últimos dos períodos, detalle sobre la ejecución presupuestaria y se expida informando si existe subejecución presupuestaria.

Además, demandan que se ordene al Municipio presentar actas que comprueben la existencia de las reuniones que dice haber mantenido con distintas organizaciones de la cultura y se establezca y gestione, en forma urgente, una audiencia con el intendente Héctor Gay, responsables del Instituto Cultural y el delegado de la Defensoría.

Finalmente, pretenden que se informe al ministro de Cultura provincial sobre el inicio del trámite “en virtud de la posible gravedad institucional municipal en el área de su incumbencia”.

Se cumplen 65 años del bombardeo a Plaza de Mayo en el cual la Aviación Naval y parte de la Fuerza Aérea dejaron caer toneladas de explosivos para derrocar a Juan Domingo Perón. Se estima que el ataque a la población civil dejó más de 350 muertos y centenares de heridos.

Alejandro Horowicz, doctor en Ciencias Sociales y autor de “Los cuatro peronismos”, dijo a FM De la Calle que se trató “un fenómeno tan inusitado como bombardear la Plaza de Mayo, fue un objetivo civil que no tuvo más objeto que sembrar el terror directo y mostrar hasta que punto estaba dispuesta, en este caso, la Marina de Guerra a destruir lo que haga falta para conseguir su objetivo”.

“Es un mensaje político, si la sociedad argentina no se anoticia de esto tiene el ’76 para saber cómo la ESMA es la continuación de ese bombardeo”, destacó.

Es necesario entender en qué contexto se inscribe el bombardeo: “Una sociedad que lleva sus conflictos a un punto donde ya no es posible resolverlos sino por vía militar. La oposición al gobierno legítimo del general Perón, no solo por ganar elecciones sino porque de hecho constituye un período que no por tener manchones deja de ser centralmente democrático, no niego el comportamiento del gobierno peronista con la oposición, pero conviene destacar el comportamiento de la oposición con Perón. En la misma plaza, apenas dos años antes, en un acto de la CGT y la presidencia ponen bombas donde murió mucha gente en el subterráneo”.

En relación al rol de la oposición y la Iglesia Católica en aquella jornada, Horowicz recordó que “participó un sector radical -Miguel Zavala Ortíz participó personalmente en el bombardeo, un hombre que fue canciller del gobierno ‘democrático’ del dr. Illia-. La participación de la Iglesia Católica es producto del enfrentamiento que tiene el gobierno peronista desde el ’54, enfrentamiento que llevó a terminar con la educación católica en la escuelas públicas, terminar con la proscripción de los prostíbulos y a establecer el divorcio vincular”.

“Estamos hablando de enfrentamientos delicados. Las buenas relaciones de la Iglesia con el gobierno peronista producen un nivel de enfrentamiento porque se atribuye a la aparición de la Democracia Cristiana como partido y al hecho de que Perón consideraba la constitución de este partido contra su gobierno. En rigor era una política mundial de la Iglesia contra la izquierda”, agregó.

Para el investigador el motivo fundante es que “Perón le pisa los callos a la Iglesia y tiene que ver con la educación de las mujeres. El peronismo plantea la educación física, esto a la Iglesia la sacude, en consecuencia estamos diciendo que la autopercepción que las mujeres jóvenes empiezan a tener de su propio cuerpo empieza a ser distinta a las anteriores. Las mujeres que tienen más de 60 años rara vez sepan nadar y es difícil que las chicas de menos de 30 no lo sepan. estamos hablando nada más ni menos que el uso del cuerpo y la autodefensa”.

Horowicz mencionó que la respuesta al bombardeo existió: “Fue el primer momento donde efectivamente el gobierno se planta pero empieza a quedar claro que esto avanza en una dirección de guerra civil. Perón tiene que decidir si está dispuesto a sostener la guerra civil o se retira. Luego queda claro, en septiembre del ’55, que dispone la capacidad armada para reprimir efectiva y eficazmente y que decide no hacerlo”.

Comienza la etapa de la Revolución Libertadora y esto “impone al movimiento obrero y a los sectores más duros del peronismo, a los que sobreviven. Basta comparar las elecciones de 1951 donde el peronismo gana por paliza, cuando se producen las elecciones constitucionales de 1957 el peronismo gana las elecciones pero obtiene la mitad de votos, de cuatro millones pasa a dos. Es un retroceso es enorme. Estamos hablando del costo político de la derrota de 1955, lo cual le costó 17 años remontar y no fue producto de la estrategia de Perón sino de la crisis política argentina, del Cordobazo y del Viborazo”.

El fiscal Marcelo Romero Jardín requirió que el Municipio informe quién ordenó destruir o enterrar el material reciclado existente en el galpón del relleno sanitario.

Es en el marco de la denuncia de un grupo de recicladores contra el subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño a la propiedad.

Los trabajadores afirman que el funcionario mandó sacar y enterrar el material reciclado que acopiaban en un galpón bajo llave. Esto habría ocurrido el 25 de marzo, sin aviso y tras haberse decretado el aislamiento obligatorio.

Según informó el abogado de los recicladores, Leonardo Urruti, el pedido de Romero Jardín apunta a conocer “si existió algún acto o autorización para que opere la Asociación 23 de Agosto y los denunciantes en el predio y para recuperar material reciclable” y “si por alguna normativa local o acto administrativo se dispuso la destrucción y/o entierro del material separado y/o reciclado que se encontraba en el galpón”.

“Creemos que es un buen primer paso en la investigación y aguardamos que la Fiscalía tenga en cuenta también las restantes medidas de prueba que se ofrecieron, entre ellas, numerosos testigos, documentación aportada sobre las autorizaciones de los trabajadores y la propiedad de lo recolectado, pedidos de informes, videos y el pliego de bases y condiciones de la licitación del relleno”, afirmó el letrado.

Agregó que “la declaración formulada por Insausti la semana pasada demostró que no tiene tapujos para afirmar mentiras y atacar sin fundamento a las víctimas. El subsecretario se ríe en la cara de los bahienses cuando dice que están haciendo un buen trabajo en Medio Ambiente. Son buenos humoristas. Todo indica que existe una pésima gestión, no les interesó enterrar toneladas de materiales reciclados; nunca tomaron medidas para cuidar la salud de los trabajadores y, desde hace tres meses, impiden que haya reciclaje en Bahía Blanca”.

Manifestó su preocupación “por la inacción de los diversos bloques del Concejo Deliberante que toman medidas de control. También creemos que las asociaciones ambientalistas deberían pronunciarse”.

Relajo ambiental en el HCD

La Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, presidida por la whitense Marisa Pignatelli no se reunió desde su conformación y mucho menos la Comisión Asesora Ambiental. Está última fue creada por ordenanza e involucra la participación de diversas instituciones de la ciudad. Está desactivada -de hecho- por parte de Cambiemos desde noviembre de 2018.

El jueves pasado, el cuerpo aprobó un proyecto de Walter Larrea solicitando información al Municipio respecto a la vinculación entre la comuna y los recicladores y el rol de la empresa Ingeniería y Arquitectura -la cual gestiona el relleno-.

Además, en base a lo establecido en el pliego de la licitación de la operación del relleno consulta sobre las “autorizaciones de uso y disposición” de la Asociación 23 de Agosto del “galpón de transferencia e instalaciones complementarias con cercado perimetral a efectos de favorecer el desempeño de los recolectores” y el acuerdo requerido para generar “programas de gestión integral de residuos consolidando un marco de reciclaje con inclusión social”.

El gobierno provincial anunció la asistencia financiera a clínicas privadas. El “salvataje” será a través de un acuerdo entre empresarios y la obra social bonaerense.

El secretario de Salud de SUTEBA, Gabriel Bonfliglio, dijo a FM De la Calle que “están utilizando los fondos de la obra social, 400 millones de pesos mensuales, no se sabe por cuántos meses, prestados a empresas privadas que cuando nosotros acudimos nos cobran sobreprecios, cobros indebidos. Evidentemente la plata que aportamos está pero la desvían para otras cuestiones”.

“En salud no se trata de ahorrar dinero, todo lo contrario. Lo cual nos muestra que hay un agujero negro, ¿dónde van a parar esos fondos de todos nosotros? Es un 5% lo que aportamos todos los meses”, apuntó.

Argumentó que la situación es crítica “con prestaciones que están yendo a la baja permanentemente con sobreprecios, trámites interminables para obtener cobertura. Nos venimos a enterar como tantas veces dijimos que la plata de los aportantes está y no es utilizada en lo que tiene que ser que es garantizar la salud”.

“Sabemos de compañeros y comapañeras que acceden a prestamos para atender la salud de su familia, recursos de amparo. Y nos enteramos que hay un ahorro en IOMA, no solo es de extrema gravedad y ofensivo, durante este tiempo se estuvo jugando con la salud de compañeras, teníamos razón cuando hacíamos esas denuncias diciendo que plata había”, comentó.

Bonfliglio señaló que la situación es aún mas grave: “El maltrato que sufrimos en IOMA cada vez que acudimos por una prestación, para cualquier acceso a especialistas tenemos cobros extras. IOMA mira para otro lado, son cobros en negro, sumas altas. Ni hablar si tenés que acceder a una prestación de alta complejidad”.

El Concejo Deliberante sancionaría en su próxima sesión la creación de una comisión específica para atender temas de mujeres, géneros y diversidad.

Según lo acordado entre oficialistas y opositoras, tras su conformación, el espacio diagramará un protocolo interno para la actuación ante casos de violencia machista.

Sigue en discusión el proyecto de emergencia presentado por el Frente de Todos.

La concejala Gisela Ghigliani dijo a FM De la Calle que la creación de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad “la presentamos dentro de un paquete de tres proyectos antes de que comience la cuarentena. Nos parece que llegado el momento de tener una comisión para abordar las temáticas de manera específica”.

En cuanto al protocolo de actuación interno del Concejo ante Situaciones de Violencia de Género y/o Discriminación, la concejala señaló que es una vía para poder “definir de qué manera actuar para cualquier persona que se sintiera hostigada o discriminada por su género”.

“Es muy importante contar con estos espacios porque pueden hacer su aporte con perspectiva de género y desde los derechos humanos del tratamiento de otros temas de otras comisiones, transversalizar la mirada de género en la política pública”.

En relación a la Ley Micaela Ghigliani afirmó que “no hemos recibido capacitación. Ese proyecto también lo presentamos y se aprobó, estamos pidiendo su pronta implementación. Por eso es importante poder tener este tipo de comisiones para trabajar, se ven como cuestiones ajenas y las reacciones son generalmente ante un femicidio, que es la cara más cruenta pero no se pueden ver otras violencias como la simbólica, cuesta identificar que están ejerciendo violencia porque se ha naturalizado”.

Señaló que “no es solo el seguimiento de las políticas públicas, ni analizar el presupuesto sino incluir la perspectiva de género en el Concejo”.

La concejala comentó que desde el Ejecutivo se informó que existieron capacitaciones nConsultada acerca de si la cúpula política municipial había recibido formación en el marco de la Ley Micaela comentó que “hemos preguntado formalmente y nos han dicho que si, pero no encontramos una capacitación formal”.

El Consejo Superior Universitario aprobó “aceptar como válidas las expresiones que supongan usos inclusivos y no sexistas de la lengua en las producciones escritas y orales realizadas por integrantes de los distintos estamentos de la Universidad Nacional de Sur, tanto en las producciones académicas como en la comunicación institucional, administrativa y de gestión”.

“Nos parece un paso muy importante para la construcción de una sociedad más igualitaria y de una educación con más oportunidades y más diversa”, señaló a FM De la Calle Saira Millaqueo, desde el Observatorio de Géneros y Diversidad Sexual.

Agregó que “busca visibilizar la multiplicidad de diversidades que habitan la comunidad universitaria, a partir de ahí promueve y acepta el uso de lenguaje inclusivo. No busca imponer que se hable de determinadas formas sino que se promueve que se empiecen a correr esas costumbres de relacionarnos de forma genéricamente masculina y androcentrista y se generen lenguajes en los que las diversidades se vean reflejadas”.

La medida también promueve el uso de estructuras de reemplazo que no contemplen connotación de género y dispone que “en el marco de la Ley 26743 de Identidad de Género, se deberá evitar en los formularios de uso interno la consulta por el sexo de la persona, aun cuando no se limite a las opciones binarias de respuesta: “Femenino” y “Masculino”.

En caso de ser necesaria la consulta por tratarse de una variable que se requiere indagar, se debe preguntar por el género autopercibido. Cuando por necesidades externas a la UNS sea requerida esta información, se aceptará como válido lo indicado en el DNI de la persona”.

Esta resolución encuentra su fundamento en “la necesidad de prevenir y erradicar las violencias que se expresan en las formas de comunicación y nominación que supone el uso del genérico masculino, y de promover lenguajes inclusivos, esto es, usos de la lengua que no sean sexistas, androcéntricos y binarios, que permitan reconocer y nombrar la existencia de una diversidad de identidades y subjetividades”. También se citan allí como ejemplos numeras universidades y unidades académicas del país que ya han adoptado esta media, como las de Río Negro, Cuyo, la UBA, de Rosario y otras, e incluso la del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la UNS. 

Además, se reconocer en la resolución aprobada “que existe material de referencia generalmente aceptado y de acceso gratuito, como es el caso del Manual Pedagógico sobre el Uso del Lenguaje Inclusivo y No Sexista de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del (RAADH) del MERCOSUR” y que si bien “el intento de utilizar lenguaje no sexista, puede conllevar algunas dificultades en la búsqueda de expresiones que no resulten repetitivas o tal vez disruptivas en la expresión oral (…) las mismas son necesarias para visibilizar, desde el punto de vista político e ideológico, a la totalidad del grupo al que se hace referencia”.

Fuente: Prensa UNS y FM De la Calle.

Este fin de semana se realizará la colecta anual de Cáritas. Producto del aislamiento será de manera virtual. Los datos para colaborar se encuentra en el facebook y la web institucional. Algunas parroquias recibirán donaciones en sus sedes. Los aportes digitales se recibirán hasta fin mes.

“Más allá de que siempre ha habido la posibilidad de colaborar virtualmente, ahora lo que queda es esto solamente. Veremos cómo resulta, esperamos que la comunidad colabore, que sea un medio amigable y pueda depositar ahí su confianza”, comentó a FM De la Calle el vicedirector Miguel Vidal.

Respecto a la asistencia en los barrios en el marco del aislamiento, comentó que “el problema es sanitario y las consecuencias están asociadas a la cuestión económica y alimentaria”.

“Sabiendo que la Municipalidad iba a tratar de acompañar esos procesos, fuimos armándonos, nos fuimos encontrando con otros organismos y actores sociales que también están en los barrios y entre todos viendo cómo acompañábamos la realidad de gente que no tiene otra forma de cubrir las necesidades básicas, desde la comida hasta cuestiones higiénicas”, afirmó.

En términos de logística, Vidal comentó que “la primera instancia que pensábamos es cómo hacer que los barrios no vayan al centro de la ciudad, cómo hacer para que los barrios generen un círculo que se auto abastezca, que se abran los negocios para evitar los entrecruzamientos. Esto se ha complejizado porque no todos los barrios tienen la misma red de asistencia, hay barrios que están más desorganizados y con menos asistencia”.

Días atrás se anunció desde la comuna que harán testeos de Covid 19 en los barrios populares. “Podrían ser interesantes en la mediad que tengamos una estructura -dijo Vidal-. Vamos a suponer que se detectan 500 casos más para poner en aislamiento, ¿tiene Bahía un lugar para aislar a esa gente que no sea en sus casas? Va aparejado a un montón de cuestiones que resolver. Detrás de todo eso debe haber una contención en el caso que surjan infectados en lugares donde es imposible hacer el aislamiento”.

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dispuso de las medidas necesarias para la reanudación del juicio postergado, a raíz de la pandemia, a cuatro integrantes de la organización paraestatal Triple A.

Los acusados se encuentran señalados por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según cada caso, en el marco del terrorismo de Estado instrumentado a partir de 1974 por las fuerzas armadas junto a civiles.

Según la disposición del Tribunal, las audiencias de debate se realizarán en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, a puertas cerradas, a fin de cumplir con el distanciamiento social entre los presentes, entre otras medidas, con el mismo fin. Previo a fijar la fecha de reanudación, se dio traslado a las partes para que expusieran las objeciones y solicitaran las medidas que consideraran pertinentes. Las audiencias seguirán una modalidad mixta, participando por conexión virtual remota todas las personas pertenecientes a población de riesgo o que opten por dicha alternativa.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal -a través de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia- compartió las pautas fijadas por el tribunal. Además solicitaron medidas adicionales para reforzar la seguridad y tranquilidad de víctimas, familiares y testigos, y requirieron la fijación de fecha de debate. El juicio había comenzado el 9 de marzo y fue interrumpido por el aislamiento obligatorio.

Entre otras pautas, se pidió que se tenga en cuenta el carácter especial que, en estos procesos, reviste el acto de declaración presencial ante el tribunal, para muchas víctimas sobrevivientes y familiares convocados como testigos; al respecto, marcaron que debe tomarse en consideración su voluntad en cuando a la modalidad de participación en la audiencia. También se señaló la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización.

Cabe recordar que, al requerir la elevación a juicio de la causa, la fiscalía había calificó los crímenes de los acusados como de lesa humanidad y genocidio. Se encuentran señalados por ellos Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. También había sido procesado Héctor Oscar Chisú que murió antes de llegar a juicio y fue declarada extinta la acción penal en su contra.

Aceituno es quien se encuentra acusado “de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”, por el asesinato del militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. La víctima fue asesinada el 3 de abril de 1975 de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS (Universidad Nacional de Sur). Se encontraba en una convocatoria a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, que tenía como objetivo revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que conducía.

Resolución del Tribunal

En su resolución, los jueces recordaron el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, en la que recomendaba a “los tribunales orales que tengan en trámite juicios cuyo objeto de investigación fueran hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y cuya conclusión fuera posible por vía remota y/o sin gran desplazamiento de participantes, a que procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria”. También se citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la instrumentación del “protocolo para la tramitación de causas judiciales durante la feria extraordinaria, el referido a la convocatoria de funcionarios y empleados y lo más importante, el que establece las medidas de higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación”.

De esta manera, el Tribunal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos y señaló “la obligación de extremar los recaudos y considerar las alternativas que permitan continuar con los procesos, siempre bajo la condición necesaria de garantizar los derechos de las partes”. Asimismo, el TOF hizo alusión al deber “impostergable e irrenunciable que tiene el Estado de investigar, identificar y sancionar a los autores de las violaciones a los derechos humanos”, en el marco del cumplimiento “de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (…), garantizando el cuidado de la salud de todas las personas que se vean involucradas en el desarrollo del juicio”.

En este mismo sentido se había manifestado el Ministerio Público Fiscal, cuando consideró que “están dadas las condiciones para la reanudación del debate oral y público en la presente causa, siempre y cuando se adopten rigurosamente las medidas previstas en el Protocolo de medidas de prevención, higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación por la pandemia de Covid-19”.

Fuente: fiscales.gob.ar

Por disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto 498 y Resolución 260, la ciudad de Bahía Blanca se encuentra en la Fase 4.

Es decir?

Fase 4: los municipios que presenten casos confirmados autóctonos de COVID-19 en los últimos 21 días y que no pertenezcan al AMBA.

? Mediante el Decreto se autorizaron y habilitan nuevas actividades y servicios:

?️ Comercio de indumentaria y calzado. Con el correspondiente Protocolo sanitario.
? Comercio de juguetes. Con el correspondiente Protocolo sanitario.

? Servicio doméstico.
? Servicios de estética: tatuajes, peluquerías, manicura, maquillaje, depilación y similares.

?️ Hace 6 días consecutivos que no se registran nuevos casos positivos en la ciudad. Según los protocolos restan 15 días para pasar a la fase 5.

? Más información en www.bahia.gob.ar/coronavirus

El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín y el envío de un proyecto de ley de expropiación al Congreso. Por 60 días la agroexportadora estará a cargo de Gabriel Delgado y será gerenciada por YPF Agro.

Uno de los argumentos para tomar la decisión fue garantizar la “soberanía alimentaria”. Sin embargo, el periodista Patricio Eleisegui aseguró que Vicentín ofrece un modelo “completamente contrapuesto”.

“Soberanía alimentaria implica un control soberano de la producción de alimento y capacidad del pueblo de manejar resortes de la producción, siempre en la perspectiva del desarrollo sustentable. Esto genera seguridad alimentaria. Estamos hablando de una compañía que se centra en el desarrollo de transgénicos y la exportación de la producción. Estamos enfrente de garantizar una producción sana a y agroecológica, además que Vicentin no produce alimentos sino comodities para exportación”, dijo el autor de “AgroTóxico” y “Envenenados”.

Señaló que el modelo Vicentin es “agroexportador atado a la venta exterior de soja y maíz, a través del grano mismo o procesados como la molienda de soja para harina. Esto con perspectivas de abastecimiento a China o Europa, para garantizarle forraje al ganado porcino o a los pollos”.

Se basa en “una agricultura atada al uso del paquete tecnológico: semillas modificadas genéticamente, los agrotóxicos y siembra directa. Vicentin ha basado en la última década su desempeño comercial en ese rubro, esto es el vínculo con exportadores transgénicos, exportación y con una pata de producción de feedlots para ganado encerrado, con todo lo que implica en el uso de antibióticos y otros problemas que tiene ese modelo de ganadería”.

Respecto a la conservación de las fuentes laborales, Eleisegui mencionó que el 40% de la deuda contraída por Vicentin es con productores. “Muchos son pequeños, gente con 200 o 300 hectáreas, muchas son cooperativas. Son productores de soja y maíz transgénico. Se garantiza la posibilidad de seguir vendiendo al exterior, es una continuidad de la operatoria. Si el mensaje era garantizar puestos de trabajo es otra la discusión. Hablar de soberanía alimentaria es innecesario porque no tiene un fundamento y un sostén a partir de las características de la misma Vicentin”.

YPF megaminera

Por otra parte, Eleisegui se refirió al interés de la petrolera estatal a intervenir en la explotación minera. Junto a la Secretaría del área “están definiendo de qué manera se lleva a cabo, si es a través de una subsidiaria de YPF que se ocupa de la provisión de la arena que se utiliza para fracking en la zona de Vaca Muerta o si se va a desarrollar desde cero una unidad específica”.

“La propuesta es desempeñar un rol muy fuerte en los proyectos grandes de oro y litio, activar una megaminería, una especie de Barrick estatal que salga a disputar proyectos a compañías de afuera o que pueda funcionar de manera asociada. Me preguntaba si este modelo asociado de dos compañías está dentro del horizonte y me dijeron que sí, que miran mucho el modelo chileno. Se está avanzando bastante rápido y se inscribe dentro de la línea del presidente cuando dijo que una de las líneas en términos de extractivismo iba a estar orientada a los hidrocarburos”, apuntó.