Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1, Agustín López Cóppola, ordenó a dos instituciones educativas que brinden los materiales necesarios para garantizar la continuidad escolar de cuatro hermanas en situación de extrema vulnerabilidad.

“Es un fallo interesante para pensarlo desde la sociedad, qué es lo que sucede mientras algunos están entre la presencialidad y la virtualidad”, dijo a FM De la Calle María de los Ángeles Rosón. La abogada agregó que “la crítica no es para destruir al Estado, ni a los docentes ni a los padres. Es para construir, para que se mejore la realidad”.

Se trata de cuatro chicas de 8, 11, 14 y 16 años que viven Loma Paraguaya y concurren a las escuelas Primaria N°65 y Secundaria N°43. Las niñas son asistidas por la ONG Hogar Mamá y Yo.

“La ONG se encarga de hacer acompañamiento de adolescentes hasta los 21 años que han sido mamás recientemente. En este caso, la joven de 14 años les transfiere su angustia por no poder acceder a los contenidos mínimos del ciclo escolar. Ella fue mamá hace poco, pero en el 2020 su situación había sido tremenda porque no podía acceder a materiales o a lo que accedía era escaso y este año está haciendo dos años juntos”, comentó Rosón.

La letrada entendió que “hay una clara vulneración al acceso a la educación. Es una familia de 4 hermanas que dependen de su mamá que está sin trabajo. Viven en situación de pobreza extrema. Sumado a que la pandemia y las nuevas modalidades hicieron que las niñas no puedan acceder a los contenido mínimos a través de clases virtuales. La mamá cuenta con un teléfono antiguo y puede cargar datos cuando tiene dinero. Les entregaban el material de las materias en un pdf que tenían que imprimir”.

Mediante una medida judicial “el magistrado tiene en cuenta esta situación de desamparo económico, de vulnerabilidad de todo el grupo familiar y le planteamos que vea cómo la vida de cada niña ha sido afectada”.

López Cóppola “ordenó a la Dirección General de Escuelas que le entreguen el material impreso, que organicen la vinculación, que organicen encuentros de manera presencial y cualquier otra medida para que el servicio educativo sea brindado”.

Rosón comentó que “este fallo expresa una realidad dura que vive Bahía y una realidad de la que el sistema educativo no se hace cargo como las resoluciones lo indican. Lo importante es que aquí la madre y las chicas fueron escuchadas a través de un fallo judicial que valora el derecho a la educación de las chicas”.

La abogada destacó que el juez pidió dos informes a las escuelas y “fueron bastante magros. Cuando el juez les preguntó específicamente cómo se impartía la educación a estas niñas respondieron en términos generales. Las escuelas conocen que la mamá tiene un solo celular. Recibieron el oficio y al otro día la citaron a una de las chicas para darle el material”.

“Desde la escuela esperaba una reacción de alegría en el sentido de estar contentos con que han sido escuchados, que son reconocidos los chicos, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta en ese sentido”, finalizó.

El director de Espacios Públicos, Pablo Bianco, solicitó a la CTA el retiro del cartel que señaliza la Plaza Lavalle/del Sol como Plaza de la Memoria y la Resistencia. Sin embargo, antes de recibir respuesta mandó quitarlo del lugar.

Hace más de una década, la reactivación de obras en el edificio de Saavedra y O’Higgins eliminó el paredón que tenía inscriptos nombres de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado. Por ello, el 10 de marzo de 2009 el Concejo Deliberante ordenó implementar un sitio de la memoria en la plaza. Desde entonces, la normativa fue incumplida por todos los gobiernos comunales.

“Bianco me dijo que tenía que sacar el cartel porque no tenía permiso. Le contesté que dábamos por descontado que no nos iban a dar el permiso y que la militancia de los derechos humanos nunca pidió permiso a los poderes de turno”, dijo a FM De la Calle Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la central.

Agregó que Bianco fue “muy duro, me dijo ‘si lo sacan ustedes lo conservan si no lo sacamos nosotros’. (…) Le dije que le hacía una nota solicitando el permiso. Me dijo que no. Le dije, a modo de anécdota, tantas chanchadas que hicieron en el espacio publico y me venís a reclamar esto y me contestó: una cosa no justifica la otra”.

El secretario de Derechos Humanos de CTA declaró que quitaron la señalización “en menos de 24 horas sin siquiera poder charlarlo entre nosotros. Al día siguiente, a la mañana temprano, una cuadrilla de la Municipalidad se lo llevó. Acá hay una cuestión ideológica detrás, la fuerza política que gobierna la ciudad ha tenido una política de negar los crímenes de la dictadura, de ralentizar los juicio de lesa humanidad”.

“El mismo día (que se quitó el cartel), en la sesión del Concejo Deliberante la bancada oficialista se negó a aprobar una declaración relacionada con el asesinato del estudiante David ‘Watu’ Cilleruelo, víctima de la Triple A, si la oposición no votaba el aumento del boleto de colectivo. Con la bajeza que los caracteriza pretendieron usar su nombre como moneda de cambio por una medida a todas luces impopular”, manifestó la CTA en un comunicado.

Patrignani agregó que “tiene el mismo trasfondo ideológico, las declaraciones formales los 24 de marzo las hacen para quedar bien, no tuvieron nunca un compromiso con la política de derechos humanos. Si bien el nombre Plaza de la Memoria y Resistencia no es oficial vamos a ver si pedimos que se la rebautice por ordenanza”, dijo Patrignani.

Doce años de incumplimiento municipal

La Ordenanza 15.190, promovida por Norberto Martínez (Integración Ciudadana), insta al Municipio a convocar “a las organizaciones de derechos humanos y agrupaciones interesadas en la temática, como así también a los colegios profesionales a conformar una comisión que proponga los elementos valorados para el llamado a concurso de propuestas para la implementación del lugar”.

También autoriza a la comuna a “llamar a concurso de propuestas para la realización de un proyecto tendiente a erigir el denominado Sitio de la Memoria”.

El fiscal a cargo de la Fiscalía General de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, y la titular de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, solicitaron que no se hiciera lugar al recurso de apelación interpuesto por el Partido “NOS” de la provincia de La Pampa contra la decisión del Juzgado Federal de Santa Rosa que había rechazado la demanda de inconstitucionalidad promovida por la organización política contra la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“El planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”, afirmaron.

El y la representante del MPF argumentaron que la demanda no ha demostrado la existencia de un caso individual ni colectivo y que los demandantes no tienen legitimidad, al tiempo que ingresaron en el fondo del asunto, para lo cual analizaron la normativa nacional e internacional.

El planteo de inconstitucionalidad realizado el 1° de febrero por los representantes del partido NOS de La Pampa había sido rechazado en marzo por el juez federal Juan Jose Baric, en concordancia con lo solicitado por la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Iara Jésica Silvestre.

La fiscala había remarcado la constitucionalidad de la IVE, haciendo un recorrido sobre distintos pronunciamientos del derecho internacional sobre el tema, y cuestionó la procedencia de la demanda, ya que no había un caso concreto que les cause un perjuicio tal que amerite la utilización del último recurso posible respecto de una ley.

Ante la apelación interpuesta por el presidente de la organización política, Azzolin y Labozzeta expresaron su coincidencia con lo dictaminado en primera instancia por Silvestre y ampliaron los fundamentos sobre el fondo del asunto.

La falta de caso y de legitimación para accionar

Ante los argumentos de la parte demandante de que la ley de IVE lesiona un derecho de incidencia colectiva, el y la representante del MPF sostuvieron que la cuestión no puede ser abordada en el marco de una causa colectiva, ya que “un bien colectivo es aquél que pertenece a toda la comunidad, por lo que es indivisible y no admite exclusión alguna; en el caso de la ley 27.610, no se encuentran en juego los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, ni ningún otro de incidencia colectiva”.

En ese sentido, Azzolin y Labozzeta expresaron que, al no verificarse la existencia de un caso en el que se compruebe una lesión concreta a un derecho individual o colectivo, “el planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede entonces ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”.

Es decir, que para que haya competencia del Poder judicial, se requiere que la demanda “se funde en la existencia de una afectación concreta de un derecho constitucional, haya derechos lesionados o una amenaza seria de daño”.

Por otra parte, remarcaron la falta de legitimidad de quienes realizan el reclamo, ya que se trata de un partido político que no solo no ha sido hasta el momento constituido, sino que además las personas que lo integran “carecen de representación partidaria en el Congreso de la Nación para impugnar genéricamente los términos de una ley que regula con detalle el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente su embarazo”.

Añadieron que “es desmesurado pretender que diez personas que no representan a los ciudadanos de su provincia para debatir una ley nacional puedan hacerlo ahora en los tribunales”.

Marco general de derechos en juego

Azzolín y Labozzetta se expresaron sobre el fondo del asunto, haciendo referencia a los distintos instrumentos del derecho internacional en los que se inscribe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y al libre desarrollo de vida de las personas gestantes.

Al respecto sostuvieron que “de acuerdo con la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el derecho a la vida consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) es compatible con normativas internas que despenalicen el aborto voluntario”.

Agregaron que estos órganos señalan que las elecciones y las decisiones en relación con la maternidad “forman parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” y, por consiguiente, que “la decisión de ser o no ser madre o padre pertenece a la esfera de las decisiones autónomas de los individuos respecto a su vida privada y familiar”.

El fiscal y la fiscala titular de la UFEM pusieron de relieve el caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica”, en donde, si bien no se abordó un caso de aborto sino de fecundación in vitro (FIV), se discutió el derecho a la vida. Recordaron que la Corte IDH puntualizó que todo ser humano debe poder “auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia”, por lo que “juega un papel fundamental el principio de la autonomía de la persona”.

En este sentido, remarcaron que la Corte IDH ha entendido que la salud sexual y reproductiva “se relaciona, por una parte, con la autonomía y la libertad reproductiva, en cuanto al derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y discriminación. Por el otro lado, se refiere al acceso tanto a servicios de salud reproductiva como a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer su derecho a decidir de forma libre y responsable el número de hijos que desean tener y el intervalo de nacimientos”.

Azzolin y Labozzetta también citaron pronunciamientos de otros organismos internacionales:

  • Remarcaron lo sostenido por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) respecto a la necesidad de “que se tomen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad”.
  • Añadieron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6.1 tampoco refiere desde cuándo debe entenderse que comienza la vida y que el Comité de Derechos Humanos, organismo encargado de vigilar el cumplimiento de este tratado, ha analizado la cuestión del aborto como un tema de derechos de las mujeres en las observaciones generales N°28 y N°36 y en los casos “K.L. vs. Perú” y “L.M.R. vs. Argentina”.
  • Pusieron de relieve que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 12 el derecho a la salud integral y que “esta obligación internacional se hace efectiva con la atención sanitaria a través de los funcionarios públicos del Estado”. Citaron al respecto la Observación General N°22 y recordaron que en su 46° período de sesiones (2011), el Comité indicó como uno de los principales motivos de preocupación en el Estado Argentino que los abortos no medicalizados seguían siendo una de las principales causas de mortalidad materna. El organismo, señalaron, recomendó adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto legal, a fin de reducir el número de muertes maternas evitables, y que se garantice el acceso a instalaciones, suministros y servicios de salud para reducir los riesgos previos y posteriores al aborto.
  • Destacaron que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Observación General Nº 3/2016, puso de manifiesto que suele negarse a este colectivo “el acceso a la información y la comunicación, incluida una educación sexual integral, sobre la base de estereotipos nocivos que suponen que son asexuales y, por tanto, no necesitan esa información en igualdad de condiciones con las demás”.

Por otro lado, la fiscalía recordó el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema, donde el máximo tribunal se expidió sobre la constitucionalidad y convencionalidad de los abortos despenalizados desde 1921 en el Código Penal e interpretó que la referencia del inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional a un marco normativo de protección social al niño desde el embarazo “integra un supuesto concreto del mandato del constituyente para que se establezcan, en general, políticas públicas promotoras de derechos humanos” y que “de dicha norma no se deriva ninguna clase de deber u obligación constitucional de prohibir los abortos no punibles”. La Corte, recordaron Azzolín y Labozzetta, citó al respecto al jurista Carlos Nino, quien afirmó que “de la dignidad de las personas, reconocida en varias normas convencionales, se desprende el principio que las consagra como un fin en sí mismas y proscribe que sean tratadas unilateralmente”.

Por eso, indicaron el fiscal y la fiscala, “puede afirmarse que la pretensión de exigirle a una persona que lleve adelante un embarazo forzado es violatorio de su dignidad como persona”.

En el final, el fiscal y la fiscala señalaron que, en el debate de la ley 27.610, el cuerpo legislativo tuvo en cuenta y sopesó el conflicto entre los derechos e intereses en juego, en procura de otorgarles un adecuado equilibrio, como consecuencia de lo cual se dictó la ley.

“Por tal razón, cuando se controla la constitucionalidad de la ley, los tribunales deben hacer un estricto juicio de ponderación y proporcionalidad entre el interés por la protección de la vida intrauterina, y los derechos a la autonomía sexual y reproductiva, a la igualdad y a la vida libre de violencias, a la vida y a la integridad psicofísica de la persona gestante, en las particulares circunstancias de cada caso”, dictaminaron.

En tal sentido, sostuvieron que esta ley como otras legislaciones “estipulan diversos niveles de protección, de acuerdo con la evolución de la vida intrauterina”, y señalaron que “los legisladores argentinos entendieron que el valor de la vida intrauterina antes de la semana 14 de gestión no justifica imponer a las personas gestantes la carga extraordinaria de seguir adelante con un embarazo no deseado”, pues “esa carga implica relegar el ejercicio de su vida privada, su autonomía sexual y reproductiva, así como sus derechos a la igualdad y a la vida libre de violencia”, e incluso puede “poner en riesgo el derecho a la vida de las mujeres porque la experiencia evidencia que la prohibición del aborto induce a las personas gestantes a recurrir a abortos no seguros”.

“Hay un complicado equilibrio de cuán dura es la medida, eso permite bajar la circulación. Por otro lado, si se prolonga en el tiempo, el acatamiento puede disminuir y eso provocar que sea menos efectiva”, dijo a FM De la Calle Rodrigo Quiroga, bioinformático, docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC.

El investigador del CONICET dialogó acerca de los resultados de las medidas de restricción, la presencialidad en los colegios, las vacunas y la nueva cepa de coronavirus.

“Lo que se ve en las curvas es que las medidas tuvieron efecto y lograron que los casos comiencen a bajar, el problema es que no alcanza. Tenemos una altísima cantidad de infectados por día, ahí está la dificultad de que esa baja continúe en el tiempo, necesitaríamos como mínimo sostener este nivel de cuidados, restricciones y socialización”.

En cuanto a los números planteados por la provincia para fundamentar el pase del AMBA a fase 3, Quiroga explicó que “toman fecha de inicio de síntomas, que es lo que dice el DNU, pero se toma hasta el último día cuando el Ministerio hace el cálculo a semana vencida. Tiene lógica porque por fecha de inicio de síntomas si tomamos hasta ayer vamos a tomar muchos días donde la carga viral no es completa. Hay que ver qué dice el Ministerio de Salud y cuáles son los municipios que ya no van a estar en alerta epidemiológica”.

Desde el CONICET proponen utilizar el Aislamiento Selectivo Planificado e Intermitente para bajar la circulación. “9 días (de cierre) es un número suficiente para tener efectos, sabemos cómo se comportarían las curvas si cerramos 9 y abrimos 21 días. Se elimina todo esto de la ansiedad y la incertidumbre, al estar planificado se puede manejar mejor los efectos en cuanto a lo económico, lo social y lo educativo”.

Nuevas cepas

Un numeroso grupo de científicos propone controlar rigurosamente el asilamiento de quienes ingresen al país “porque en los primeros 4 días de infección la probabilidad de que el test dé positivo es muy aja aunque la persona esté infectada. Si la PCR se hace en Ezeiza y las jurisdicciones controlan poco a quienes ingresan, ocurre que muchas personas dan negativo y están infectados, vuelven a la casa y pueden contagiar”.

“La Delta es la variante mas contagiosa que conocemos hasta el momento: es 50 a 70% más contagiosa que la Manaos, la Andina, la variante Reino Unido. Además, las vacunas parecen tener una eficacia reducida para prevenir el contagio de la variante y la tasa de hospitalización parece ser más alta de las que tenemos hoy circulando”.

Quiroga comentó que en el país “todavía no se ha demostrado la circulación comunitaria, solo se detectó en 2 viajantes. Lo más probable es que algunos casos hayan pasado. Ante una posible ola de contagios de esta variante, su magnitud va a depender de cuántos casos ingresen”.

Presencialidad en las escuelas

“La suspensión de la presencialidad ayuda a que los casos bajen y bajen rápido. Es cierto que es muy complicado sostener la virtualidad en el tiempo por razones educativas, emocionales. Recomendamos que no sean solo las escuelas lo único que se suspenda sino que haya otras medidas que permitan volver a la presencialidad segura y sostenida”.

Quiroga mencionó que “el riesgo de contagio depende de varios factores, uso barbijo, distancia y ventilación disminuye el contagio. El invierno dificulta la ventilación de las aulas, las variantes más contagiosas hacen que una situación de bajo riesgo pueden hacer que sea de alto riesgo, y la circulación viral es el tercero, cuantos casos hay por día”.

El investigador destacó que “se anunció la adquisición de 33 mil sensores en la provincia de Buenos Aires, uno por escuela. Eso va a rotar por las aulas e identificar las que estén mal ventiladas para que podamos intentar reducir al mínimo el impacto epidemiológico de esa presencialidad”.

Vacunas

En relación a la desinformación por parte de algunos medios que ponen el foco en las personas que se enfermaron o incluso fallecieron a pesar de haber recibido alguna vacuna, Quiroga afirmó que “la protección es alta pero no del 100%. Reducen significativamente la probabilidad de fallecer por Covid pero no es del 100%”.

“En nuestro país era lógico que empezáramos a ver fallecimientos en personas vacunadas, cada fallecido con 1 o 2 dosis de la vacuna lo sacan como una noticia cuando no debería serlo. Salió una nota que dice que preocupa la cantidad de gente que no se vacuna, obviamente, ¡si tenemos medios que generan desconfianza!”.

El Concejo Deliberante ya cuenta formalmente con la propuesta para crear una sobretasa extraordinaria que apunte a los sectores que más recaudaron en pandemia y puedan realizar un aporte para aquellos que fueron directamente afectados por el aislamiento.

La iniciativa partió de una Multisectorial integrada por diversas organizaciones políticas, sindicales, sociales y del ámbito de la cultura. Ahora, esperan ser convocadas por las autoridades del cuerpo para debatir la iniciativa.

“La redacción de la propuesta, de la mano de economistas y otros profesionales especializados, da cuenta de los antecedentes en la provincia y en el mundo, demostrando que están dadas las condiciones reales que hacen posible la implementación de una sobretasa extraordinaria a las grandes empresas, para destinar el recurso a quienes más los necesitan”, señalaron.

Nicolás Fernández Vicente, integrante del Consejo Cultural Consultivo dijo a FM De la Calle que “con el intento de derogación de la ordenanzas culturales, que hemos logrado no suceda, y con la ejecución de hecho de esa derogación, en asamblea se decidió que viendo las experiencias de otros distritos se podía generar una sobretasa extraordinaria, que era una posibilidad real”.

“Vemos que lo discuten las principales potencias mundiales y hasta una multinacional como Facebook plantea pagar más impuestos incluso de los que el mismo G7 les propone. La ciudad cuenta con sectores productivos de gran porte financiero que pueden afrontar de manera extraordinaria un aporte para aquellos sectores que mas han sufrido esta pandemia”, aportó.

En relación a la realidad de los barrios de la periferia, que han sido de los más vapuleados por la crisis, Leticia Batista, integrante de un equipo pastoral de Villa Talleres, mencionó que “el año pasado no afectaron tanto al barrio los contagios pero este está pegando fuertísimo, lo que más vemos es la dificultad para salir a trabajar para quienes tienen trabajo”.

“Como ciudadanos bahienses tenemos que reaccionar: la desigualdad. Como hemos vivido la pandemia y se ha vivido en los barrios, intentar trabajar y ver como sociedad qué podemos aportar. Me preocupa la realidad de los barrios desde el alimento, la salud, la educación, la conectividad en los barrios. Ahí hay que poner recursos para que eso cambie. De alguna manera con esta sobretasa y con otras propuestas podríamos hacer algo, es urgente, es posible y tiene que ser ahora”, finalizó.

Eugenia Justo, docente del SUTEBA, señaló que “como sector de la docencia vimos la pandemia de cerca, vimos como tuvimos que alimentar a nuestras comunidades educativas. Entendemos que esta sobretasa es necesaria y que aquellos que más ganaron pueden hacer este aporte. Entendemos que hay quienes pueden hacer más esfuerzo en función de la rentabilidad que han tenido. Los tiempos son ahora, el hambre es ahora, la desigualdad duele”.

Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría realizaron esta mañana un corte en el acceso a Unipar (ex Indupa) ante la falta de respuestas por parte de la justicia y de las autoridades políticas.

Días atrás se movilizaron desde Ingeniero White hacia la Municipalidad, donde no fueron recibidos por el intendente ni ninguno de sus funcionarios. También cortaron durante algunas horas el acceso al puerto.

“Cansados, saturados, golpeados por la realidad que les tocó, hoy vuelven a la lucha activa. Decidieron volver a hacer algo que no les gusta, que no están acostumbrados, cortar calles, manifestarse, impedir que los que a ellos le hicieron tanto daño, puedan seguir su actividad como si nada pasara”, aseguró uno de los abogados de la asociación.

Lamentó que haya personas “que solo entienden de este modo y han arrastrado a los pescadores hasta el fondo, lugar donde no se merecen estar y seguirán luchando para salir”.

Las causas judiciales en el fuero federal y el contencioso administrativo llevan 11 años de trámite. Están denunciadas las empresas del polo petroquímico y organismos estatales como el Municipio, ABSA y el Consorcio de Gestión del Puerto.

“Ese es el tiempo que llevan 52 familias de pescadores artesanales de Ingeniero White luchando para lograr que el Estado (en cualquiera de sus estamentos) les reconozcan lo evidente, que la contaminación provocada por el polo petroquímico y la actividad portuaria ha destruído su única fuente de trabajo”.

Desde la Asociación de Pescadores Artesanales reconocieron que “los avances judiciales han sido muchos y muy buenos pero la justicia es lenta”.

“Pese a ello, sabiendo los funcionarios públicos que el estuario local se encuentra altamente contaminado (40 veces más que el permitido legal), nada hacen y siguen dejando que las empresas contaminen”.

La Comisión por el reconocimiento académico de David “Watu” Cilleruelo denunció que el concejal Federico Tucat (JxC) pretendió utilizar como “moneda de cambio”, para la aprobación del aumento del boleto del transporte, el apoyo a una adhesión al pedido para que la UNS entregue el título honoris causa al dirigente asesinado por la Triple A.

“Nos parece repudiable este toma y daca en este tipo de iniciativas de memoria y justicia por una víctima del terrorismo de Estado”, dijo a FM De la Calle, Gabriel Cena, desde el colectivo de organizaciones.

Mencionó que tomaron conocimiento a través del concejal Walter Larrea (FdT) del pedido para que el bloque opositor habilite el tratamiento sobre tablas del aumento del transporte. “Entendemos que el parlamento local tiene mecanismos de acuerdo pero no todo es negociable”.

En un comunicado, la Comisión manifestó que “estas expresiones demuestran la praxis de una política no solo intimidatoria, sino carente de sensibilidad, sentido histórico y de una mínima ética de reconocimiento de nuestros asesinados y desaparecidos. Invocar el nombre de David Cilleruelo como moneda de cambio pone de manifiesto una concepción de la política sujeta a la lógica de mercado en la que el valor de cambio arrasa con los valores humanos.”.

Consultado por FM De la Calle Tucat reclamó “a quienes enviaron ese comunicado que rectifiquen y pidan disculpas porque lo que dicen es mentira y lesionan gravemente la memoria de lo que pretenden reivindicar”.

“Es una falta de respeto no solo a mí, sino a toda la institución y la memoria de Watu. No se merece semejante mentira y boludeo por algo que es tan importante como el título honoris causa”.

En cuanto al condicionamiento insistió en que “es mentira” y “no hay negociación posible si el proyecto no está pedido”. “Lo que nosotros sí dijimos, esto si fue parte de labor parlamentaria, es que entre los otros expedientes solicitados (por el FdT) -donde no estaba el de Watu- íbamos a dar el acompañamiento para el ingreso y no el acompañamiento sobre tablas, dado que no eran expedientes urgentes. Considerábamos que es urgente el tratamiento del boleto”.

Por su parte, Walter Larrea declaró que “es cierto que no estaba formalmente presentado. No sé si es así en términos de condicionamiento pero dijeron: el bloque nuestro tiene una postura, no nos están dando el tratamiento del boleto y nosotros no le vamos a aprobar nada”.

“No lo presentamos porque, incluso admitiendo que pudo haber algún error administrativo, si hay acuerdo de tratar un expediente se incorpora. No es que lo sacamos de la galera, se viene conversando de hace tiempo, lo hablé con (Nicolás) Vitalini, (Marcos) Streitemberger y con el propio Federico (Tucat)”.

Por último, Larrea afirmó que su postura fue “no presentemos si no van a acompañar, vamos a manosear un expediente que tiene mucho valor simbólico”.

Siete proyectos de la agricultura familiar y la economía solidaria de Bahía Blanca recibieron financiamiento mediante un convenio entre la Red Nacional de Economía Solidaria de Cáritas y el Ministerio de Desarrollo Social.

“Fue una gran alegría”, dijo a FM De la Calle Marina Huentenao, integrante del área de EcoSol de Cáritas, entidad que el próximo fin de semana realizará su tradicional Colecta Anual. Se puede colaborar virtualmente desde este sitio.

El Banco de Herramientas y Materiales para la Emergencia Social seleccionó emprendimientos individuales -textiles y de construcción- y de grupos asociativos: la cooperativa de baldosas Las Flores de Spurr, Cocinando Ilusiones de Grunbein y Runtu Thani (huevos saludables).

https://www.caritasbahiablanca.org.ar/herramientas-para-una-salida-solidaria-de-la-emergencia/

Las maquinarias fueron recibidas a la par del aumento de la demanda que trajo la apertura del Mercado del Puerto. “Tuvimos que cerrar por las fases y eso nos desafió a pensar otros tipos de estrategias”, contó Huentenao.

Por ejemplo, en el caso de Runtu Thani “incorporámos huevos en bolsas que organizan otras instituciones, en dietéticas y mandamos a la zona mediante un proyecto de La Madrid que acompaña el INTA y vienen a comprar verduras los viernes”.

“Teníamos un fondo rotativo para comprar alimentos que ahora se tiene que reconvertir para ser capital inicial para arrancar esta planta. Estamos en esa transición, tenemos que hacer una compra para mezclar con el nuevo alimento, no se les puede cambiar de manera abrupta a los animales”.

Comentó que es posible “que la planta la trabajen tres productores, dentro del costo de esa bolsa de alimento va la mano de obra. Si querían, podían armar un proyecto asociativo entre ellos para generar un ingreso para sus familias. Decidieron que se pague la mano de obra y el fondo sea para compras del grupo, necesitan bolsas, hilos y otra infraestructura. Es la primera experiencia que hay en Bahía en esta escala”.

Huentenao destacó el seguimiento técnico del INTA, en la gestión de los gallineros y los insumos, y su complementariedad con la búsqueda de recursos y la construcción de acuerdos que realiza Cáritas.

“Logramos un intercambio y un punto de reflexión muy bueno: no es de manera individual sino que hay un componente colectivo. Es muy satisfactorio ver cómo, después de andar un tiempito, la gente descubre que la fortaleza y el crecimiento están en ir juntos y juntas pensando cosas”, dijo.

En Cocinando Ilusiones participan siete mujeres que suman, ocasionalmente, a otras cuatro. “Nos conocimos en plena pandemia. Elaboran todos los días, arrancan bien temprano. Pudieron sistematizar el trabajo, se organizan, tienen venta ambulante, otras cuidan a los hijos de las que salen, otras empaquetan o ponen etiquetas, se encargan de los números, de las compras de harina, etcétera”.

El Mercado del Puerto les permitió centralizar la producción y no tener que salir todos los días. La incorporación de un horno convector amplió la variedad de panificados que ofrecen.

El grupo produce parte de los panes de harina de trigo candeal que se comercializan quincenalmente en la Bolsa de las Producciones de la Agricultura Familiar. Otra parte los elabora Soledad Velázquez.

Panificados Sole recibió del Banco de Herramientas una amasadora y un horno pizzero. “Amasaba todo el día. La participación de Sole era reducida porque con el horno de su casa casi no dormía cuando había bolsa. Hoy, en una horneada saca 16 panes cuando antes sacaba cuatro” detalló Huentenao.

El local Reloj de Arena y la Feria del Puerto son otros puntos de comercialización de las producciones de la economía solidaria. En el caso de la cooperativa de baldosas Las Flores apuestan por el boca a boca y la difusión en redes.

Los proyectos que acompaña el área de Economía Solidaria están, mayoritariamente, integrados por mujeres. Las máquinas son propiedad de Cáritas Bahía Blanca durante los primeros diez meses. Luego, si las iniciativas avanzan en el camino previsto, pasan a manos de sus protagonistas.

“La llegada de las máquinas repercutió muy favorablemente en sus familias porque puso en valor su trabajo. Ven que no es que hace ‘unos pancitos’ sino que se proyecta, hay quien la acompaña, gente de Bahía que requiere el producto de su mamá o su compañera. Y en los grupos ahora todas piensan cómo crecer y tener acceso a un banco de herramientas”.

Huenteno destacó que “las vemos con un humor que en algunas ni conocíamos, volver a escucharlas reír a carcajadas es muy impactante porque tienen vidas muy complicadas, hay historias difíciles”.

Por otra parte, mencionó que el Banco de Herramientas “es uno de los ejes del Ministerio de Desarrollo Social. Tuvimos una reunión donde hicimos una devolución del proyecto y nos sucede que la gente beneficiada no se puede presentar en una segunda instancia”.

“Es verdad que las máquinas ayudan a mejorar y aumentar la producción pero después tiene que haber un sostenimiento, un segundo programa que fortalezca. Son unidades productivas que si bien venían funcionando, algunas quedaron de subsistencia durante la pandemia. Esto es un impulso importante pero no soluciona del todo la vida de la gente. Es muy replicable con un montón de mujeres y se hace en distintos lugares del país”.

Colecta Anual

En cuanto al dinero que recauda la colecta de Cáritas, Huentenao explicó que “los programas del Estado permiten gastar en determinados rubros y a veces se necesitan otras maquinarias. Ahí es donde los fondos de Cáritas nos permiten complementar los desarrollos o acciones que no están financiadas en ningún programa”.

“Se puede colaborar por Mercado Pago y también haciéndose socios, el trabajo es durante todo el año. Agradecemos a la sociedad porque desde el año pasado estamos en una colecta extendida que permitió sostener estos proyectos nacidos en pandemia”, concluyó.

En el contexto de crisis agravado por la pandemia, el economista Francisco Cantamutto detalló los argumentos planteados por la Multisectorial por una sobretasa extraordinaria para poder apoyar a los sectores más afectados. La iniciativa se presentó este jueves en el Concejo Deliberante.

Cantamutto, columnista de FM De la Calle, expresó que la alícuota “es posible, urgente y necesaria: los datos de pobreza y desempleo se sostienen y al mismo tiempo encontramos que diversos sectores no sólo se ven menos afectados, sino también en algunos casos tienen beneficios por la crisis. Subir algunas tasas existentes, no implica la creación de una nueva sino una recaudación pronta para girar los fondos a los sectores afectados que hemos encontrado”.

En este sentido, el integrante de la Multisectorial que lleva adelante la propuesta dijo que “es legal, existe en nueve municipios de la provincia. La discusión si es constitucional o no por una doble y triple imposición se cae porque no se cambia el hecho imponible sino que se modifica la alícuota”.

“Se ha señalado que las tasas que cobra el municipio tienen que tener como contrapartida una contraprestación específica. No se puede insistir con que el municipio cumpla esas funciones que tiene en las tasas ante una situación de crisis donde hay mayor demanda y menor aporte contributivo. Entonces, la idea de que tenga que cambiar e incorporar una contribución extra es un contrasentido ya que lo que estamos haciendo es que el municipio pueda cumplir con las funciones que debe cumplir”.

En relación a las y los ediles bahienses, Cantamutto comentó que “el propio Concejo Deliberante reconoció en al menos cuatro ordenanzas que existe una crisis que impacta de manera diferenciada, porque no exime del pago de tasas a todos los contribuyentes sino a sectores muy específicos, entonces reconocen que la crisis es asimétrica, que hay un estado de emergencia sanitaria, económica y alimentaria. Esto se inscribe en una situación que cuenta con todos los requisitos legales para avanzar de una manera rápida” en la alícuota que propone la Multisectorial.

El economista detalló que “los sectores a los que estamos apuntando en el cobro de la tasa, serían concretamente las entidades financieras que operan localmente, la actividad portuaria de gran escala que tuvo un excelente primer trimestre de la mano de las exportaciones del agro. No buscamos alcanzar ninguna PyME ni cuentapropista ni trabajadora ni trabajador”.

“Apuntamos a las superficies de comercialización grandes, no al autoservicio ni al supermercado sino a las grandes mayoristas, que le han ganado a la inflación, siendo los sectores que más han crecido. También al sector de telecomunicaciones que con la pandemia y el pase al teletrabajo ha tenido muy buenos resultados. Y además, alcanzar a las actividades que están insertas del polo petroquímico, en el Parque Industrial, que cuentan con diversas eximiciones y bien podrían hacer un aporte extra dado que ni siquiera atravesaron una crisis”.

“Por último, se suma el pago de una alícuota diferencial a los propietarios de múltiples inmuebles, de grandes extensiones rurales y a quienes habitan en barrios cerrados de altísimo poder adquisitivo”. Cantamutto afirmó que “la voluntad de la Multisectorial, es avanzar con argumentos claros y con velocidad”, e invitó a la reflexión: “Si alguien está dentro de estos sectores, que piense si su situación no es realmente más beneficiosa que el resto de la sociedad bahiense”.

Cáritas realizará el próximo fin de semana su colecta anual y nuevamente centrará los esfuerzos en las plataformas digitales en el marco de las medidas de cuidado.

“La pandemia nos puso en esta situación y termina siendo algo para bien, porque nos ayuda a pensarlo desde otro lugar y se hace una donación más directa. Hay comunidades y parroquias que siguen abiertas utilizando protocolos para recibir donaciones, insistimos que sean bolsas pequeñas y que estén lavadas las prendas”, dijo a FM De la Calle el vicedirector de la sede local, Miguel Vidal.

Agregó que “se intenta pensar que la construcción de la promoción humana tiene que ver con la sociedad en general, pensar la caridad como algo asistencial es bastante nefasto hasta como ciudadano sin perspectiva de la fe, porque yo tengo te ayudo y ni siquiera estoy en la perspectiva de una construcción más humana y justa”.

El dinero recaudado se destina a “microcréditos para ampliación y refacción de viviendas, gente que pone pisos, termina el baño, le ponen el techo a una pieza. También acompañamos a productores, estamos con el INTA, productores de Pro.Sau.Chi., criaderos de cerdos, gente que elabora productos artesanales”.

También va dirigido a “la asistencia directa, se acompaña con recargas de garrafas, mantas, dinero que baja y va a bolsones. Somos un grupo de instituciones que tratamos de acompañar a la gente”.

“Hay situaciones complejas desde lo laboral, uno llega a una casa que por ahí no pensaría es gente pobre y que casi con vergüenza nos pide una colaboración de algo, esa realidad es difícil, es gente que en otro momento nos ayudaba y ahora está pidiendo”, dijo Vidal.

Destacó que “las otras realidades han recrudecido, gente que ya vivía en situación de precariedad, se agrava porque las cadenas de consumo, las changas, se fueron recortando, los accesos a determinadas cosas se fueron haciendo cada vez más difíciles”.

Sobretasa extraordinaria

Cáritas es una de las instituciones que integran la Multisectorial que mañana presentarán en el Concejo Deliberante una propuesta para que las y los ediles discutan la implementación de una sobretasa extrarodinaria a rubros que mantuvieron o incrementaron sus ganancias para solventar los efectos de la pandemia.

“Las instituciones no llegamos a abordar todas las dificultades de la comunidad. Vamos viendo cómo resolvemos comunitariamente las situaciones más complejas”.

“Es interesante porque los conflictos que suceden en otros ámbitos de la política, en espacios de trabajo concreto y de las instituciones que caminan la realidad, que a veces somos dispares, en estos lugares coincidimos. Queremos trasladarlo al Concejo para que sea una decisión de ellos, desde qué lugar creen o piensan”, mencionó Vidal.

Por último, aclaró que “no es que se le saca dinero a quienes han ganado poquito o a quienes estamos peleándola” sino a sectores como los bancos, la actividad portuaria, grandes supermercados, entre otros.

Para colaborar podes hacerlo mediante Mercado Pago:

👉🏻 con $100 acá: https://mpago.la/1MSqcpF

👉🏻 con $500 acá: https://mpago.la/14eJNfu

👉🏻 con $1000 acá: https://mpago.la/2L4d4Sn

En caritasbahiablanca.org.ar/hacete-socio/ podrás aportar una colaboración mensual o ayudar por única vez.

“El hospital está lleno siempre, en ambulatorio se ve una baja. Ha caído un 30% respecto a 15 días atrás, las medidas han sido positivas pese a que no se han cumplido al 100%. Me parece que hay mayores cuidados que antes”, dijo a FM De la Calle el médico Horacio Romano en su columna semanal.

Agregó que aunque “no hay medidas de control en general, vale la pena insistir en el cuidado. La falta de gusto u olfato, trastornos psicológicos continúan y dicen que pueden continuar durante 6 meses. El temor que expresan algunas publicaciones es la carga de enfermedad, que se refiere a la cantidad de pacientes con enfermedades crónicas y cómo impacta en la economía y calidad de vida”.

Por otro lado, señaló que a las estadísticas también habría que agregarles “aquellos millones del mundo que se van a recuperar y van a tener enfermedades cardíacas o respiratorias o a continuar durante meses con algunas cuestiones que van a deteriorar la vida”.

“Si el paciente pasó un cuadro leve es posible a los 15 o 20 días que hasta pueda hacer algún actividad física leve, los pacientes se agitan y se ponen mal, además afecta bastante la concentración”, dijo el médico.

Respecto a las vacunas comentó que hay que “entender que no existe nada con 100% de seguridad, no porque esté vacunado tengo que dejar de cuidarme, no es un carnet para hacer lo que quiera. Disminuye la probabilidad de enfermar y la de morir pero no quita que me enferme y que pueda tener alguna cuestión crónica como las que mencionamos”.

“Lo que uno ve es que hay pacientes sin factores de riesgo que se enferman gravemente. Lo más interesante es ver cómo han caído las cifras de casos graves en pacientes vacunados, aquellos de 70 u 80 años”, finalizó.

La semana pasada se actualizaron los topes de facturación para monotributistas de todas las categorías y se estipuló el cobro retroactivo de los aumentos que AFIP no realizó en enero. Desde Monotributistas Asociados reclaman nuevas medidas para el sector.

“Lo que le pedimos al Congreso y al Poder Ejecutivo es que, como en plena pandemia al monotributistas se le cobró cuando tuvo cero ingresos, nos eximiera del pago o en su defecto congelara la cuota del monotributo. Actualizan las tablas tarde, con deuda retroactiva a enero justificado con las tablas año a año”, dijo a FM De la Calle la contadora Noelia Villafañe.

La presidenta de Monotributistas Asociados de la República Argentina destacó que “el 1 de junio se terminaba la inscripción del subsidio de 22 mil pesos, algunos se habían inscripto y empezamos a detectar que figuraba deuda porque todavía no estaban actualizado las tablas. Además que genera deuda generaba intereses. AFIP dijo que se trataba de un problema administrativo, por ende, no hay intereses pero sí sigue habiendo deuda. ¿Por qué tengo que pagar yo el costo de su inoperancia?”.

“Nos recibió el ministro (Daniel) Arroyo y, debido a todos los reclamos que hicimos, el 14 de junio le pedimos al presidente que nos reciba porque es quién tiene la llave para solucionar esto”, comentó la contadora.

“Le pedimos a los monotributistas que están escuchando que acompañen y difundan porque en este momento podemos hacer historia y hacer que algún gobierno respete la dignidad”.

En relación a las ayudas al sector en el marco de la pandemia, Villafañe detalló que “durante el 2021 la única fue el subsidio de 22 mil pesos. Estamos pidiendo alguna otra para que todos los monotributistas puedan incluirse porque están llevando a darse de baja, no van a aportar al sistema jubilatorio, a la obra social, deberán ir al hospital público. El monotributista está haciendo todo bien y encima aporta al Estado, pedimos que haya medidas en favor del sector para no fomentar la clandestinidad”.

La contadora informó que para consultar la deuda las y los contribuyentes “deberán ir afip.gob.ar, ingresar con la clave fiscal, ir a pestaña CCMA, Cálculo de Deuda y van a ver que todos tienen deuda, producto de esta actualización”.

Por último, adelantó que presentarán ante la justicia un recurso de nulidad. “Vana decir que (el aumento) se da todos los años. Esto demora tiempo, por eso estamos haciendo este llamado hacia el presidente”.

En el Día de los y las Periodistas el Sindicato de Prensa de Bahía Blanca afirmó que no hay “nada que festejar”.

“Esta realidad nos atraviesa desde hace bastante tiempo pero se marcó de manera muy fuerte desde marzo del año pasado. Somos el grupo más castigado durante toda la pandemia y el arrastre lo sufrimos este año”, dijo a FM De la Calle Anabella Tarabelli, secretaria de Acción Social del gremio.

Agregó que “somos esenciales pero no se refleja en las condiciones laborales, con trabajos precarizados, en negro, condiciones que informamos de manera diaria para otras actividades que en nosotros también existe. Estamos atravesando la misma situación que muchos rubros”.

En relación a las condiciones de trabajo, Tarabelli destacó que “en Bahía hay colegas por debajo de la línea de pobreza porque no hay cobertura social, no hay aportes. Si no aceptás esas condiciones te quedás sin ese magro ingreso. Apelamos al diálogo, a sentarnos a conversar desde el sindicato con dueños de medios y representantes de grandes cadenas para tratar de llegar a un acuerdo, ¿con quién van a trabajar ellos si no estamos nosotros?”.

“Quizás en Capital Federal tienen ingresos extraordinarios, podemos discutir si son o no periodistas o si son operadores políticos, esa es otra discusión. Quizás ahí se ve reflejado otro nivel de vida y económico que no tiene el 90% de periodistas. Pasa en Bahía y en todo el país”, destacó.

Por otro lado, en relación a las negociaciones salariales con grandes empresas mediáticas, Tarabelli destacó que “cuando nos sentamos a dialogar en el marco de nuevas paritarias, intentamos mejorar la condición salarial, agregamos a aquel que hace multifunción pero le esquivan a esta situación. Sin embargo, vamos e informamos con responsabilidad y respeto”.

“La información se ve afectada por las condiciones de laburo, somos muy buenos profesionales e intentamos llevar lo mejor posible a nuestras audiencias para que el abanico sea grande. Si están precarizado, hay ciertas presiones, autoimpuestas también, claro, aceptás cualquier cosa”.

La demandas en tiempos de pandemia incluyen el pedido de vacunación para cronistas de calle: “Son comunicadores más jóvenes, sabemos que aunque te hayas anotado te va a llegar más tarde”.

Por último, destacó que con el aislamiento “en los medios fue la mujer la que se encargó de ir a su casa para el cuidado y aparte de seguir trabajando pero desde casa”.

Pescadores artesanales se movilizaron desde el puerto hasta el Municipio para pedir una respuesta luego de más de diez años de iniciada la causa por contaminación en la ría. Son 52 familias que perdieron sus fuentes laborales.

“Supuestamente el intendente se iba a hacer cargo de nuestro tema y nunca lo hizo. Estamos hartos de falsas promesas, hace 3 años que la causa esta archivada por el fiscal (Santiago Martínez) y la jueza (Gabriela Marrón), que creo no son gente idónea para estar en esta causa, esto debería estar solucionado”, comentó a FM De la Calle Héctor Seijas.

Agregó que “acá cada vez se contamina más y todos miran para el costado. A nosotros nos sacaron de nuestro puesto de trabajo peor que a los perros, nos mandaban a Prefectura, nos sacaban los materiales y hasta nos podrían meter presos”.

Seijas dijo que “se sigue contaminando, la jueza y el fiscal firmaron que en 18 meses iban a arreglar la ría, no podés arreglar en 18 meses la macana que te mandaste durante 30 años”.

Al respecto, la Cámara Federal revocó semanas atrás todos los convenios firmados entre el fiscal Martínez y apoderados de las empresas por no haber dado intervención a la querella, a la Fiscalía ni a organismos técnicos y de control. Previamente, los acuerdos habían sido homologados por la jueza Marrón.

Seijas recordó que “en el Consorcio (de Gestión del Puerto) se firmó un acuerdo por 6 meses, hasta el día de hoy no tuvimos respuesta. Dicen que trabajan pero no vemos avances de nada, que dejen de contaminar las empresas, que dejen de tirar desechos cloacales a la ría”.

Por último, enfatizó: “Estamos mal lamentablemente, haciendo changas, viviendo como se puede y con la pandemia peor. A veces no podemos salir ni a ganarnos el pan, se nos re complica”.

El Concejo Deliberante aprobó en su última sesión la rendición de cuentas ejecutada por el Municipio en 2020. Los números de la administración central y el Hospital Municipal fueron rechazados por la oposición. En tanto, se avaló por unanimidad las cuentas de DOSEM (Dirección de Obra Social del Personal Municipal) y Si.E.M.Pre.

“Siempre repiten la subejecución en las partidas, las hemos planteado con el término de obsceno. Para ser gráficos, le quedó a la Municipalidad al 31 de diciembre del 2020, 287 millones de pesos con algunos recursos afectados de provincia y Nación”, dijo a FM De la Calle la presidenta del bloque del Frente de Todos, Gisela Ghigliani.

Afirmó que “sabemos que fue un año difícil para la gestión pero ahí quedó dinero que podría haber sido destinado a muchísimas necesidades vinculadas al cuidado de la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad”.

“En alimentación hay un programa de promoción comunitaria, quedaron pendientes alrededor de 7 millones de pesos. Eso podrían haber sido 168 mil litros de lavandina. En la partida de comedores infantiles quedaron 5 millones de pesos, son 75 mil litros de leche. Las becas de provincia para Niñez quedaron sin ejecutar alrededor de 2 millones de pesos que son 7 mil kits escolares”, calculó la concejala.

Agregó que de “los fondos inmovilizados, que es dinero que no se utilizó, encontramos en un ítem de intereses de algunos fondos de 31 millones de pesos, dinero que podría haberse volcado a mejorar la asistencia”.

“Una de las propuestas que llevamos el año pasado a la mesa social, cuando se hacían esos aumentos parciales -había alrededor de 6 mil tarjetas celestes- pongámosle un valor de 3 mil pesos por tarjeta porque eso no solo recibe la familia, lo administra como desea y se puede comprar en otros comercios que dinamizan las economías más pequeñas. Eran 18 millones de pesos, a eso nos referimos con la subjecuciones, es una cuestión de prioridades”.

En relación a la subejecución del Fondo Educativo dijo que “del año anterior, del 2019, quedaron casi 90 millones de pesos sin utilizar y este año se había puesto un piso mínimo para cumplir en términos de obras de infraestructura. Eso no llegó. Se le dieron 2 millones al Consejo Escolar, hay una partida para la Escuela de Enfermería pero nos llamó la atención que se dieron 110 millones de pesos para residencias del Hospital Municipal, puede haber necesidad urgente pero por qué salteamos los mecanismos institucionales, por qué no se habló en el Concejo Deliberante”.

El oficialismo reprochó al Frente de Todos que la comuna no recibió 500 millones de pesos de provincia y Nación que estaban contemplados en el presupuesto.

Al respecto, Ghigliani sostuvo que “mandaron más dinero del que estaba estimado. Provincia puso no solamente lo que mandó, está en los pdf que se ven en la rendición que se hablaba de 400 y llegaron 800 millones. Puede no haber llegado lo que estimaron pero llegaron recursos sanitarios, camas, respiradores, monitores, bombas de infusión, equipos de protección personal. El Servicio Escolar Alimentario invirtió 271 millones de pesos durante todo el año. No se puede hacer una mirada compartimentada”.

Consultada sobre el impacto presupuestario de la eximición de tasas a sectores afectados por el aislamiento, la concejala afirmó que “lo pedimos pero no tuvimos respuesta todavía”.

“Acompañamos esa medida, no podemos permitir que digan el gobierno no hace nada cuando Kicillof anunció a través de Arba la eximición de Ingresos Brutos por la crisis producto de la pandemia, se han tomado varias medidas vinculadas a sostener los puestos de trabajo y créditos especiales para pymes”.

La Cámara Federal ordenó el allamiento del domicilio de Jana Curuhinca y Siomara Flores, agentes de la Policía Bonaerense de Villarino investigadas por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

La Gendarmería Nacional interviene en la vivienda de Juan A. Pradere en busca de los celulares que no fueron entregados oportunamente. En el lugar se encuentran Cristina Castro y su abogado Luciano Peretto y Sebastián Martínez, defensor de Flores y Curuhinca.

“Un procedimiento más que tardó muchísimo. Gracias a la Cámara Federal a lo cual la jueza Marrón no tuvo más que actuar. Tendría que haber sido hace mucho tiempo, los teléfonos supuestamente algunos se habían caído al inodoro, otros muy deteriorados”, dijo la madre de Facundo a FM De la Calle.

Jana Curuhinca.

Agregó que les sorprendió la presencia del abogado defensor de las policías: “Estando yo tan cerquita de este pueblo, son cinco kilómetros de Pradere a Pedro Luro, tardé media hora en llegar y él que es de Bahía Blanca ya estaba adentro con estas mujeres”.

En febrero, la Cámara habilitó medidas de prueba que previamente habían sido rechazadas por la jueza federal Gabriela Marrón, quien pretende cerrar la causa con la hipótesis de muerte accidental.

Ante la apelación de la querella y las Fiscalías, la Alzada ordenó un nuevo allanamiento al puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de los celulares de los cuatro policías más comprometidos en el crimen.

La medida comprendía los teléfonos personales y oficiales que, durante el tiempo de la investigación, tuvieron o fueron asignados a los policías Alberto González, Mario Gabriel Sosa, Flores y Curuhinca.

Son los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, estuvieron en contacto con Facundo el día de la desaparición. Cabe recordar que el pedido de fiscales y querellantes incluía el secuestro de los celulares de más de 40 funcionarios policiales, entre ellos los superiores de los policías directamente involucrados en la investigación.

“Esperamos que surjan nuevas cosas, sabemos que el proceso es largo, que cada pericia lleva mucho tiempo en resolverse y obtener resultados. Pero esperamos poder empezar a pedir imputaciones y detenciones”, concluyó Cristina.

Un equipo de FM De la Calle informa desde el lugar.

Actualización 14:30. Terminó el allanamiento. Fueron secuestrados tres teléfonos celulares. Cerca de las 14 había arribado al luga, Mario Gabriel Sosa, otro de los policías investigados.

La secretaria técnica de Dirección del Hospital Municipal, Graciela Gónzalez Prieto, dijo a FM De la Calle que los altos índices de contagio de coronavirus exponen al personal sanitario un “día a día de trabajo sin descanso”.

“En el área de atención ambulatoria a enfermos respiratorios se atendió ayer a 113 personas, a pesar de los centros respiratorios; en guardia no bajan de 150 a 200 personas por día; en clínica médica Covid hay un 78% de ocupación; la terapia intensiva Covid está al 100 y, del otro lado, con pacientes polivalentes solamente nos quedan 2 camas libres. Esto hace que todos sientan cansancio físico, emocional e intelectual”, describió.

Por ello, además de insistir en la urgencia del cumplimiento de las medidas de cuidado por parte de la población, abrieron una convocatoria para cubrir cargos en emergentología, terapia intensiva, medicina clínica y enfermería.

“Sin dudas es una tarea complicada, sabemos que los médicos siempre somos pocos, a pesar de que parezca que no porque los hospitales siguen funcionando. Como las salas de internación y la guardia siguen en niveles muy altos, seguramente en los meses que vengan tengamos situaciones especiales, compañeros que se enfermen o alguno que decida incluso no seguir trabajando, por eso vemos la necesidad de reforzar personal”, agregó.

González Prieto comentó que “en la zona o en Bahía puede haber médicos que quieran trabajar en la guardia, algún intensivista, necesitamos enfermeros. Son muchos pacientes que necesitan atención y la cantidad de internados no baja”.

La médica destacó que el trabajo de terapia “es especial porque requiere profesionales que tienen que saber el uso de medicación en ciertas dosis particulares que no se hacen un área de internación común y el manejo de los respiradores que es lo más complicado, quienes se internan por enfermedades respiratorias necesitan del personas más calificado y que menos se consigue”.

Para algunos pacientes de Covid se requieren diversas maniobras, por ejemplo, poner a la persona boca a abajo. “Eso colabora a que parte del pulmón inflamado empiece a desinflamar y la parte que no trabajaba empiece a trabajar. Para dar vuelta un paciente intubado o con muchas vías participan por maniobra entre 4 y 5 personas”.

Por otro lado, respecto a la atención de familiares de pacientes en contexto de pandemia, González Prieto dijo que “es un trabajo muy especial que los médicos vamos a prendiendo a hacer a medida que crecemos en la carrera. Esta situación lo hace más complejo porque estamos acostumbrados al cara a cara con enfermos y la familia. Se entra tan protegido que apenas se le pueden ver los ojos, el paciente no sabe quién está detrás de ese ‘disfraz’ y los informes a la familia se dan de manera telefónica”.

En cuanto a las medidas de prevención aplicadas en las últimas semanas, la doctora afirmó: “No hemos visto un impacto significativo ni en las internaciones ni en las consultas. Insistimos en el cuidado personal, respeto de las medidas, evitar las reuniones sociales. Esto genera una preocupación más por ser entendido bien, por explicarse bien”.

*Video ilustrativo: Autoridades del Hospital Raúl Matera de Bahía Blanca mostraron cómo profesionales de la salud asisten a un paciente con coronavirus.

Un incendio destruyó la nave central de la Escuela Agrotécnica de Coronel Pringles. Entre las pérdidas está la documentación y la historia de la institución y su biblioteca, por ello, la comunidad educativa inició una campaña de donación de libros.

Estefanía Kurtz, ex alumna y actual docente de Educación Física de la institución dijo a FM De la Calle que “lo que se quemó es el corazón de la escuela, formado por biblioteca, dirección, preceptoría y alguna que otra aula, la destrucción fue total”.

El colegio está alejado de la ciudad, por ende, cuando uno de los profesores realizó la recorrida diaria se encontró con el incendio bastante avanzado y las pérdidas fueron casi totales.

Las clases continuarán porque las aulas no fueron comprometidas, “se armará de forma provisoria en algún lugar la preceptoría y dirección”.

La docente expresó que “lo que más lamentamos, porque a la larga los libros se recuperan, es que se perdió la historia de la escuela, trabajos de campo, trabajos finales. Seguramente se irá formando otra historia con los chicos que continúan”.

“La Escuela Agrotécnica nació chiquita y familiar y a medida que pasaron los años se hizo gigante sin perder el sentido de pertenencia que le inculcaron los alumnos. Fue increíble la campaña que se generó desde toda la comunidad, es un poco devolver lo que nos han inculcado”, dijo Kurtz.

Agregó que “se forman profesionales que puedan quedar incluso ejerciendo en la escuela o prepararlos para el campo, tambo, maquinarias”.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo aportando artículos de librería y biblioratos, manuales de historia, de biología, química, física, matemática y libros de ganadería, agricultura y maquinaria. El teléfono de Estafanía es el 2923 44 2991.

Fotos: Diario El Orden de Pringles