Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

Lo dijo el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Acción Social del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Carlos Quiroga (FdT), en relación al ejercicio de gobierno correspondiente al año pasado. Fue en el marco de la discusión por la rendición de cuentas, aprobada por el doble voto del presidente del cuerpo el jueves pasado.

“Las escuelas a la miseria y se dieron el lujo de subejecutar casi la mitad del total. Pasa al ejercicio posterior de manera nominal, cuando tuvimos una inflación de más de 50 por ciento en 2019”, dijo el edil a FM De la Calle, a modo de ejemplo.

En referencia a lo invertido en materia artística, “desde que está Gay, del total del presupuesto del municipio, la participación del área de cultura, particularmente el área artística ha ido disminuyendo paulatinamente su participación”.

Sin embargo, “acá no pudieron subejecutar mucho porque todavía hay una serie de ordenanzas que protegen recursos afectados como son Espacios Culturales Independientes, Fondo Municipal de las Artes, Eventos Permanente, la Comedia Municipal. Pero en todo lo demás…”, explicó.

Como paradigma de la gestión cultural del mandato anterior, “el hilo se corta por lo más delgado: los talleres desaparecieron. Y ni que hablar cuando rindan cuenta de este año de pandemia porque los pocos talleres que quedaban, producto de la imposibilidad de la presencialidad, prácticamente los borraron del mapa. El cierre del teatro fue sustancial para eso. Los pasaron al MAC. Hubo ocultamiento de los talleres para que se fueran cayendo solos. Talleristas que cobraban 5800 pesos cada dos meses, incluyendo los insumos y el material pedagógico que tuvieran que utilizar”.

Quiroga sostuvo que “no le pusieron garra a nada. Hay una partida donde blanqueaban el aporte de Profertil para el ciclo cultural y, como el teatro estaba cerrado, no le buscaron una alternativa”.

Por último, la situación del teatro municipal “es increíble: lleva cerrado más tiempo que el tardó en ser construido”. El oficialismo sostiene que se debe a que se están haciendo obras. Sin embargo, una planificación adecuada podría haber evitado tanto tiempo de inactividad. “En 2008 se lo intervino por adentro y por afuera. En 2011 todo el equipo de sonido nuevo. Puede que haya cosas para hacer, pero nada justifica tener al teatro cerrado durante tanto tiempo”, finalizó.

La Ley “Micaela Ortega” recibió media sanción en el Senado Nacional. La normativa plantea la implementación de una campaña nacional contra el grooming. Deberá sancionarse en la Cámara de Diputados para que se transforme en ley. 

El proyecto está impulsado por Mónica Cid, mamá de Micaela, una niña de 12 años víctima de grooming seguido de femicidio. Por el crimen se encuentra detenido con prisión perpetua, Jonathan Luna. 

Antes de votar el proyecto de ley, se dio lectura a un texto de Mónica dirigido al cuerpo legislativo: “Mi hija Micaela está mirando cada una de sus actitudes, a Mica le quitaron la inocencia y su muerte se podía haber evitado. Mica no tendría que haber muerto y el Estado es responsable, pero hoy todo cambiará. La Ley que lleva su nombre es un mimo al alma, todos tienen que saber qué es el grooming y quién fue mi hija”.

“En el 2013 se votó la ley que tipifica el delito penal y ahora lo que se pide es la campaña nacional de prevención contra el grooming y el ciberacoso. Además otro proyecto que apunta a la educación. Estuvimos reunidos con Trotta, el ministro de Educación, lo que quiere es llevarlo a la currícula de educación y esperemos que para el 2021 se pueda hacer realidad, articulamos con todos los ministerios”, comentó a FM De la Calle

Destacó que “es muy amplia la campaña” y en uno de sus aspectos busca que las notebooks del Plan Conectar la tengan incorporada “porque les entregamos (a les jóvenes) una herramienta que en el buen uso es excelente pero que el grooming puede llevar a la muerte”. 

Cid mencionó que en Bahía la organización Argentina Cibersegura “está trabajando excelente en estos tiempos en los que la tecnología es diaria para todos. Hay que estar más presente que nunca”.

Desde la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud (APMS) manifestaron su preocupación frente al relajamiento social y la relativización del aumento de casos en los niveles oficiales. A partir de declaraciones públicas de un funcionario que no se identificó, Marina Papucci, quien preside la entidad, dijo a FM De la Calle que se sienten “realmente heridos cuando nos empiezan a culpabilizar a nosotros de los contagios que se están sucediendo en el sistema de salud. Invitamos a este funcionario a que venga un día a una guardia a ver cómo se está trabajando”.

Sostienen que es difícil trabajar en las condiciones actuales frente a los rigurosos protocolos. “Al ver que muchas veces no son las condiciones ideales de trabajo, cuando se trata de una urgencia, cuando los protocolos que existen y tratamos de cumplir el protocolo a rajatabla, los venimos practicando desde marzo, que un funcionario desde un sillón venga a culpabilizar a los trabajadores de la salud realmente cayó muy mal en todo el sistema de salud”.

Respecto de las diferencias de criterios en torno a la información que circula sobre de la cantidad de camas disponibles planteadas entre el municipio y la Sociedad de Medicina Interna, la kinesióloga coincidió con la entidad científica en que “no podemos contabilizar las camas pediátricas como camas disponibles”.

“Estamos en una situación complicada”, expresó, refiriéndose al estado de cosas al día de ayer. “En el Hospital Municipal, seis de ocho camas de terapia están ocupadas y en el sector clínica tenemos una ocupación del ciento veinte por ciento”.

Más allá de las camas, el problema central está en la disponibilidad de profesionales de la salud. El personal está “cansado” y “si bien tenemos talleres de apoyo y hay un departamento que está destinado al apoyo y al seguimiento del profesional de salud, básicamente comenzamos desde el diecinueve de marzo con esta pandemia y nadie se iba a imaginar que íbamos a estar en el sexto mes y con la curva en asenso esperando el pico. El mayor problema que estamos teniendo justamente son los contagios que están habiendo y los profesionales que están siendo retirados de sus trabajos o por síntomas o por ser contactos estrechos de otros profesionales que están en el momento ateniendo. En este momento tenemos ochenta personas con aislamiento en su domicilio”.

Concretamente, “detrás de cada cama hay un enfermero, un médico, una persona que limpia el piso, el que lleva la comida. Cuando uno habla de camas es un tema bastante subjetivo porque detrás de cama hay un equipo de trabajo. Y si no después viene cuando empezáis a hacer horas extras, lo que lleva al estrés laboral”.

Papucci aclara que es su vocación, que es la profesión que eligieron y que “hoy por hoy nos toca estar al frente de esta batalla y realmente se la está peleando de frente al virus. Cuando vez desde una maniobra de un traslado de un paciente hasta una maniobra de atención de terapia intensiva y en clínica médica vez que necesitas un equipo fuerte. Y justamente así es como tratamos de estar”.

En general, los responsables políticos de las diferentes instancias estatales pronuncian discursos en los que se destaca la importancia de los y las profesionales de la salud. Sin embargo, no existe reconocimiento concreto en materia salarial. “Sabemos que no va a haber apertura de paritarias. No tenemos aumento desde noviembre del año pasado. El famoso bono de cuatro cuotas de cinco mil pesos, vamos cobrando dos. Y lo estamos cobrando solamente los que estamos en internación”. La asociación pidió una reunión con la Comisión de Salud del Concejo Deliberante y reclama “que se haga efectivo el pago del bono”.

Si bien se reunieron con el intendente Héctor Gay, “no nos puede prometer un aumento. Nos dijo que a partir de septiembre quizás haya un pequeño aumento pero no va a estar dentro de las paritarias porque no está mandando las partidas la provincia”.

“La verdad es que estar en frente de todos esto, no tener una remuneración acorde… Nosotros no vamos a hacer paro porque no es momento y no vamos dejar de atender a la gente. No necesitamos el reconocimiento ni los aplausos pero por lo menos ser tenidos en cuenta. Un mínimo reconocimiento, el pago del bono a los trabajadores que no lo recibieron y un reconocimiento a futuros aumentos para que nuestros sueldos no queden por debajo de la inflación. Estamos trabajando más y ganando menos”.

Por último, dirigiéndose a la comunidad, la profesional de la salud pidió que “aguanten un poco más. Tratemos de hacer actividades esenciales y cuidar a los adultos mayores. Sabemos que existe este virus y muchas veces es asintomático. No nos estamos metiendo con las fases, sabemos que la gente tiene que salir a trabajar pero con los cuidados necesarios. Hacer actividades recreativas al aire libre pero con mucho distanciamiento, mucho cuidado y el correcto uso del tapaboca. Necesitamos que nos quedemos más limitados en cuanto a lo social por lo menos durante quince días más. Apelamos a la conciencia de cada uno. Entendemos que la gente esté cansada, pero no minimicen lo que está pasando porque realmente sucede”.

Ante el aumento de casos positivos de Covid, desde el SUTEBA Bahía Blanca expresaron preocupación porque observan que las docentes se ven expuestas al virus en la entrega de bolsones alimentarios, sumado a falta de protección y de elementos de limpieza que llegan de parte del Estado.

“Siempre fue algo que en las escuelas, muchos y muchas docentes, lo han tomado en forma voluntaria y solidaria. Al arrancar el ASPO empezaron a pasar situaciones más complejas económicamente y laboralmente. En muchas escuelas donde no había servicio alimentario se entregan bolsones. Esto lo han tomado las directoras y docentes que en las escuelas nos ponemos a concurrir solidariamente y acompañar la entrega”, comentó a FM De la Calle, Ana Canullo. 

Agregó que lo han hecho en soledad. “Reclamamos que nunca se nos proveyeron de elementos de protección”. Además, “la entrega de elementos de limpieza es a cuenta gotas.  A veces los bolsones se arman en las escuelas, otras veces nos traen armados desde el Consejo Escolar”. 

Mencionó que los bolsones alimentarios “se preparan en un gimnasio al lado de la secundaria 3. Como no les alcanza el personal al Consejo Escolar, hay directores que van a buscar los bolsones. A veces llegan los productos pero hay que armar los bolsones”. 

A esta preocupación se le agrega que “las familias también se exponen, porque vienen en colectivo, tienen que hacer cola afuera. Todas situaciones donde el virus circula, donde se ven familias con Covid positivo en todas las escuelas. La escuela se termina haciendo cargo de cosas que son responsabilidad de otras áreas como es Desarrollo Social”. 

“La entrega es cada quince días. En esos momentos aprovechamos a ver alguna familia. Es algo que de entrada nos sirvió para mantener el contacto. Lo que vemos es que no era lo mismo en marzo, abril donde había pocos contagios que ahora donde la circulación es tan grande. Si alguna de nosotras se enferma no te ponen suplente. La situación del IOMA es compleja si alguien necesita internación. Tiene que ver con la salud de compañeros y de al exposición de las familias”, finalizó Canullo.

La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, dependiente del Ministerio de Economía, elaboró un informe que mide el aporte económico que el trabajo doméstico y de cuidados realiza al PBI. 

“El sector de cuidados es el que mayor aporte hace al PBI. Es aproximadamente del 15,9%. En relación al aporte de otro sectores, es el que más contribuye y sería más importante que la industria o que el comercio o el sector inmobiliario, que son los que encabezan el top 3. Si pudiéramos remunerar el trabajo doméstico sería más importante que eso”, destacó Maria Julia Eliosoff, en su columna de economía en FM De la Calle. 

La economista mencionó que “este informe también muestra que el 75% lo realizan mujeres y solo el 24% los varones. Es muy importante para visibilizar y darle efectivamente importancia a la cantidad de tiempo. O debería tener importancia para tener políticas públicas para mejorar la distribución de esas tareas. También muestra cómo los trabajos de cuidado se distribuyen desigualmente no solo entre mujeres y varones sino que también en las otras esferas: el Estado, el mercado y la comunidad”.

Agregó que esto contribuye a seguir pensando un debate álgido hacia adentro del movimiento feminista: “tiene que ver con la cuestión de remunerar o no el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. La frase de trabajo de Silvia Federici, ‘esto que llaman amor es trabajo no pago”, es una consigna que nos permite reflexionar acerca de las posibilidades del trabajo doméstico, es una fuente de debate”. 

En torno a este debate Eliosoff citó a la economista Corina Rodríguez Enríquez, quien señala que “en países como el nuestro, donde las condiciones del mercado laboral son tan frágiles y precarias, el pago por el trabajo no remunerado podría contribuir a perpetuar la feminización del trabajo de cuidado, permitiendo que las mujeres se sostengan en este tipo de tareas, en vez de contribuir a la redistribución de los cuidados”. 

“Es un nudo con infinidad de hilos”, explicó nuestra columnista, ya que “hay varias políticas públicas que, aunque no se pensaron de esa manera, abordan esta temática”. Respecto de la AUH, “si bien es un derecho para niñes, el ingreso lo percibe mayoritariamente la mujer, es un ´pago´ en cierta forma, de un trabajo que hacen las mujeres en garantizar que sus hijos vayan a la escuela y tengan las mínimas condiciones de salud”.

“El IFE también podemos pensar que funciona de esa forma, lo reciben muchas mujeres que se encargan de esas tareas. El Potenciar Trabajo, que tiene líneas para remunerar el trabajo de cuidado comunitario que hacen muchas mujeres”.

La pregunta obligada que se realiza la economista es si solo remunerar los trabajos de cuidado es suficiente para pensar una distribución igualitaria. “Tiene que ir acompañado de muchas cuestiones, desde fortalecer la ESI para desentrañar estereotipos que contribuyen en que las mujeres terminemos trabajando en la extensión de cuestiones vinculadas a los cuidados, hasta que las empresas privadas se hagan cargo de tener espacios de cuidado para que padres y madres puedan tener dónde dejar a sus hijos, así como ampliación de licencias de maternidad y paternidad que están por debajo de lo que recomienda la OIT, aumentar dispositivos de cuidado, que las vacaciones escolares tenga coherencia con vacaciones de padres”. 

“Hay muchas cuestiones que se pueden pensar que no son solo remunerar el trabajo de cuidado, que en cierta forma hay estrategias que ya se dan en ese marco, y que sin lugar a duda las organizaciones sociales siempre llevan la vanguardia en eso”, finalizó.

Hace años que Cecilia Bravo, chofer de transporte urbano e interurbano, busca trabajo en las empresas de colectivo y se lo niegan sistemáticamente sin darle explicaciones.

Días atrás, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hizo lugar a su reclamo. A partir del viernes, las empresas de transporte local deberán informarle de manera escrita cada vez que haya un puesto vacante. Y “en el caso de que no fuera aceptada que me den por escrito el motivo por el cual no fui aceptada”, agregó.

En el 2017 recurrió a la Justicia para que las empresas de servicio de transporte público San Gabriel, Rastreador Fournier y la estatal, Bahía Transporte SAPEM, cesen “en las medidas discriminatorias” en su contratación y la de mujeres en general.

“Es una avance gigante para mí, es paso chiquito. Recién hace un par de años puedo hablar de discriminación, se comprobó a través de un pedido que hizo la Defensoría que desde que yo presento CV, se han tomado choferes, se han jubilado, y yo jamas fui tomada en cuenta”, explicó.

Respecto del ámbito político local, Bravo informó que “la última presentación de ordenanza que se hizo fue con el Dr. Radivoy y Corvalán hace un año, como para que la municipalidad fuera quien tomara la decisión y jamás tuve una respuesta de nadie”.

Agregó que “Bahía se sigue destacando por poner trabas. No es falta de capacidad mía sino que es ignorancia de parte de la municipalidad y de las empresas”.

“Lo que expone este fallo es que se puede crear un regsitro de choferes mujeres para que se cumpla la Ley de Cupo. Ya lo tiene ciudad de Buenos Aires. Creo que yo empecé poniendo el cimiento, el marco, la cerradura y abriéndole la puerta a las mujeres que crean que están capacitadas y que simplemente pueden hacerlo”, finalizó.

El gobierno logró cerrar dos tramos del canje de la deuda externa. El economista y columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, explica qué implica el acuerdo y qué panorama hay por delante.

“El primer acuerdo es en moneda extranjera bajo legislación extranjera, que logró una aceptación del 93% que con la aplicación de cláusulas de acción colectiva llegaba hasta el 99%. Quiere decir que si alcanza una mayoría de bonos que son canjeados, el resto o toma esa decisión o se queda con papeles que no valen nada. En el segundo tramo el canje que era con moneda extranjera bajo legislación argentina, se realizó con una ley que aplicaba las mismas condiciones que bajo a ley extranjera, con el 98% de adhesión”, explicó. 

Enfatizó que “estamos hablando de 189 mil millones de dólares fueron negociados, equivale al 58% de la deuda total. Una re estructuración bastante grande y amplia, y en términos de monto más grande que la del 2005”. 

Por un lado se generó un ahorro “de unos 34 mil millones de dólares, equivale a una quita nominal del 18%. Está basada en los intereses, no en quita de capital. Se corrieron los vencimientos próximos. De 59 mil millones que vencían, 56 se patearon para adelante, lo cual hace que la necesidad de dólares para este gobierno sea significativa. En el siguiente mandato, sea de quien sea, se provocaba un ahorro de 15 mil millones. Pero en los siguientes tramos del 2029 en adelante se acumula más deuda de la que había antes”. 

Todavía resta la negociación con el FMI al que se le deben 44 mil millones, organismo que no está dispuesto a discutir una quita.

Las opciones son dos, la primera es “un préstamo de tipo stand by, de tres años como el actual, y la segunda es un acuerdo de facilidades extendidas que dura 10 años. Este último sería por el cual estaría yendo. Si fuera otro stand by de 3 años en el próximo gobierno no hay ahorro y hay vencimientos que no sabríamos cómo hacerlo”.

Cantamutto señaló que “el problema de un acuerdo de facilidades extendidas requiere de reformas estructurales. ¿Por ganar vencimientos vamos a aceptar que el FMI nos imponga reformas? Se va a enviar una ley al congreso para ver cuál va a ser la propuesta, es un hecho inédito en la historia argentina”. 

“¿Cómo se va a considerar esta agenda con, por ejemplo, la recuperación de ciencia y técnica y presupuesto? Hace dos años los asesores del gobierno hablaban de la necesidad de avanzar a un esquema más regulado de controles cambiarios, de comercio administrado, de fondo de impulso a las exportaciones con mayor contenido tecnológico, de control selectivo de las importaciones, todo eso no solo que no sólo que no está en marcha sino que en la negociación con el FMI se descartaron”. 

Finalmente, el economista destacó que “en donde hay un hueco gigantesco es el tema fiscal, todos los grupos del actual gobierno insistieron en que era necesario una reforma fiscal integral, donde aumentara el IVA a los bienes suntuarios, aumentar el impuesto a los bienes personales, gravar los patrimonios, las grandes fortunas, hacer pagar a los grandes ganadores incluyendo a los bancos. Nada esto ha avanzado. En este marco, hay una agenda pendiente que incluso se puede recuperar desde quienes hoy son gobierno, que es importante revisar de cara a las negociaciones que siguen”. 

El subcomisario Pérez (Policía Federal) comunicó a la familia de Facundo Castro que fue encontrada una mochila con dos celulares en cercanías de Cerri.

“Es una mochila, aparentemente con dos teléfonos, un Blackberry y un Nokia. Se ordenó precintar y no tocar el lugar para poder peritar el material ADN”, dijo a FM De la Calle el dr. Leandro Aparicio.

La querella está en comunicación con los fiscales del caso.

Leandro Aparicio, abogado de Cristina Castro, afirmó a FM De la Calle que “hay pericias telefónicas que marcan una señal del celular Facundo” en cercanías de la comisaría de la Policía Local de Bahía Blanca de Pacífico 281.

La “actualización” de la línea, cuyo aparato nunca fue encontrado, correspondería al 1 de mayo. Un día después de la desaparición y durante la misma jornada en la cual la oficial Siomara Flores realizaba una captura de pantalla del Facebook de la madre del joven.

A dicha sede pertenece el móvil Toyota Etios número interno 20610 que presentó movimientos sospechosos en la zona de Villarino Viejo donde apareció el cuerpo. El perro del perito Marcos Herrero detectó el olor de Facundo en su interior.

“Ese patrullero aparece el 8 de mayo en la zona donde apareció el cuerpo, el mismo día que Siomara Flores desactivó su WhatsApp”, subrayó el abogado. Agregó que “se está llenando el rompecabezas. Tenemos muchísimas más certezas de las que teníamos antes”. 

Al analizar los avances de la causa, el letrado destacó la declaración de un testigo que vio luces cuatro días antes de la aparición del cuerpo en Villarino Viejo. 

Valoró “la espontaneidad del relato ya que había mandado un mensaje a su pareja cuando vio las luces. Es una persona que está en un lugar privilegiado, que está en la Posta Inflamable, que conoce movimientos y el lugar. Pudo explicar cuándo hay luces y cuándo no. Eso es cuando se puede pescar que es en verano y no ahora, explicó cómo es la secuencia de la marea”. 

“Le llamó la atención la gran cantidad de luces durante media hora, las ve muy claras. Son luces identificables a móviles, a autos”. 

En cuanto al peritaje con perros a la camioneta Toyota Hilux de la Subestación Policial de Mayor Buratovich Aparicio afirmó que “nos dijeron hace dos días que se iba a hacer, más que nada por las ganas que tiene Marcos de volver”.

“Queremos hacer el peritaje en la comisaría en Origone y queremos peritar con el equipo de (Virginia) Creimer el lugar donde se encontraron dos esqueletos -el cuerpo de Facundo y otro más- queremos ir con los perros de Herrero”. 

El Concejo Deliberante aprobó la Rendición de Cuentas del Presupuesto 2019 a través del doble voto de su presidente, Fernando Compagnoni (Juntos por el Cambio). 

Según declaraciones de la jefa del bloque Frente de Todos, Gisela Ghigliani, la oposición no acompañó porque “la constante en la gestión de Cambiemos en Bahía es la subejecución, haber presupuestado una cantidad de dinero y terminar gastando menos”.

De las observaciones que manifestaron, señaló que “del total del fondo educativo del 2019 la mitad no se utilizó. Ese dinero pasó a este año, unos 80 millones de pesos”. A pesar de eso “se cerraron las salas maternales” de lo que se desprende que “no era un tema económico: había una decisión política de cerrar. ¿Cuál fue el motivo? Debe explicarlo el Ejecutivo”. 

Para la edil “hay una matriz ideológica y una forma de gestionar. Nosotros no nos vamos a poner a discutir cuántas cuadras de asfalto, que bienvenido sea porque habla del progreso. Para algo uno arma un presupuesto: para contarnos cómo va a desarrollar la política y en la rendición se ve qué fue a contramano”. 

Respecto a la subejecución de 17 millones en políticas sociales, la concejala destacó que “eso es alimento, vivienda, en términos de lo que pueda necesitar una familia, una ayuda económica. En políticas sociales nunca pudo no haber gastado 17 millones de pesos porque cualquiera que pasa ve las necesidades que hay en la ciudad”. 

También señaló que se dio de baja el convenio con la UNS vinculado a los datos de accidentología. “Doscientos mil pesos anuales, irrisorio en un presupuesto municipal de más de nueve mil millones. Este convenio se dio de baja sin una explicación coherente, no hubo ninguna alternativa superadora”. 

“Todo el equipamiento que se compró en Bahía Ambiental Sapem, cuéntenos por qué la van a privatizar. El intendente habla de que hay observaciones del Tribunal de Cuentas pero no hay observación a la estructura societaria, son cuestiones de formas. Pero no hay una observación de fondo. Se gastó dinero en 2019 para capitalizar y ahora estamos hablando de privatizar”, cuestionó.

Por otro lado, en relación al período 2019, mencionó que para el Plan Federal “tenían que enviar 55 millones de pesos y no vino ni un solo peso. Se habló de la modificación del servicio alimentario escolar, se contrataron nutricionistas, y que la provincia iba a enviar esos fondos y no envió un solo peso”. 

Familias de la toma de Don Bosco y Pampa Central se reunirán el lunes con representantes de la Unión Ferroviaria, gremio que se presentó como propietario de los terrenos. 

“Somos más de 300 familias y pudimos conseguir una reunión que venimos pidiendo hace semanas porque no se presentó nadie, solo intimidan con denuncias a gente al azar. A mi cuñado le hicieron la denuncia de que es el supuesto puntero y le cayó Gendarmería a la casa cuando no tenía nada que ver. Estamos pacíficamente y solamente queremos un terreno para vivir dignamente”, comentó Cecilia a FM De la Calle

Agregó que “Gendarmería ha ido hasta la puerta del trabajo de mucha gente, dicen como que hay gente que está repartiendo terrenos. Somos familias necesitadas, no nos quedó otra que hacer esto. La gente está dispuesta a tener un diálogo con la Unión Ferroviaria y si hay que pagar los terrenos no tenemos problemas, necesitamos que sean cuotas accesibles. Nos tratan de vividores pero somos gente trabajadora, albañiles, niñeras, no estamos en blanco y no tenemos cómo cumplir los requisitos del PRO.CRE.AR.”. 

Días atrás,  particulares no identificados cerraron la calle Fanny Fideleff de Nijamkin bloqueando el tránsito que va de Don Bosco hasta el barrio Tierras Argentinas.

“Dicen que es porque no es una calle formal, para el lado de los terrenos nos pusieron montículos de tierra. Nadie se ha presentado a charlar con nosotros y solamente a intimidarnos y diciendo que amenazamos. Nada que ver porque nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo”. 

La toma permanece desde hace casi cuatro meses, “ahora dicen que son dueños pero nadie presentó un papel. Apareció un dueño de uno de los terrenos, presentó papeles, hablaron bien y la gente pacíficamente se retiró”. 

“Gracias a la gestión de Héctor Gay estamos haciendo lo que hacemos. Esto del déficit habitacional no es de ahora, esto viene hace rato, y nadie se hace cargo, y cuando alguien empieza a moverse ahí hacen algo”, comentó la vecina.

Afirmó que se encuentra con su familia: “Somos cinco, estábamos alquilando, mi marido es persona de riesgo, doble operación de riñón, la única que mantiene todo soy yo. Así como yo hay mucha gente, nadie nos da respuesta y lamentablemente nosotros no nos vamos a mover. Hay que pelearla y seguir aguantando sin luz y sin agua. Tampoco podemos pagar un alquiler y con los chicos es complicado”. 

Durante el lunes, martes y miércoles de la semana pasada se desarrollaron nuevas audiencias de debate en el juicio a la Triple A de Bahía Blanca. Entre los testimonios recibidos estuvo el del sociólogo e investigador del CONICET Fortunato Horacio Mallimaci, quien transitó la Universidad Nacional del Sur (UNS) como estudiante y trabajador en las escuelas medias de la institución, hasta que tuvo que exiliarse del país en mayo de 1975.

Las audiencias del debate oral -en el que se ventilan 24 asesinatos cometidos entre 1974 y 1975– continuarán el 15, 16 y 17 de septiembre desde las 9 de la mañana, y se transmitirán en vivo por el canal de YouTube de la UNS.

El testigo hizo un amplio y detallado análisis del proceso de persecución en el ámbito universitario y en el de los grupos de militancia religiosa, entre otros espacios sociales, y la articulación con la etapa represiva posterior al golpe de Estado de 1976, adjudicando todos los crímenes investigados en el juicio a las tres A: “El ’76 es un punto importantísimo de inflexión, pero no se puede comprender sin lo que pasó en el ’74 y ’75, sin ver la preparación, cómo se iban aglutinando, haciendo asesinatos y viendo qué reacción había”.

En este sentido, exhibió informes de inteligencia administrados por la Comisión Provincial por la Memoria sobre actividad de espionaje realizada en el año 1974: “los nombres que figuran, hay que esperar seis meses, un año, dos años, y están todos detenidos, desaparecidos. Los Junquera, los Santucho, Pizá, Graciela Tauro, Rivera”, expresó.

Mallimaci habló sobre su militancia en la Juventud Peronista desde 1973, con la gestión del rector Víctor Benamo, hasta la llegada de Remus Tetu y su patota, integrada con la gente de Rodolfo Ponce, y describió la circulación de vehículos por la ciudad exhibiendo itakas y amedrentando a los ciudadanos: “sonaban los nombres de Argibay padre, Argibay hijo y la patota, los que los acompañaban, los que habían estado con Ponce y con Urgara, entre otros. Si usted ve alguien con una itaka se acuerda más de la itaka que de la cara”, graficó.

Sobre el asesinato del estudiante David Cilleruelo en los pasillos universitarios, recordó que en el velatorio eran poquísimos las personas presentes, al igual que sucedió en el funeral del cura Carlos Dorñak: “Si vamos, nos matan, nos fichan, pero ahí había que tener un deber de amigo, de compañero, de cristiano, de estar, de acompañar. Ir no era fácil, porque si habían podido asesinar adentro [de la universidad], por qué no iban a poder hacerlo ahí. Y era ir y después tratar de no ir, buscar un no-lugar, es decir, ir a un lugar a dormir que nadie conociera”.

“No podía ser pero fue. He aquí algo para aprender: uno cree que hay lugares que no se pueden… Cuando este tipo de situación se naturaliza, no hay lugar que quede libre, no hay iglesia, no hay templo, no hay universidad, no hay casa, no hay embarazada, no hay nada: la totalidad de que aquellos que se creen que son llamados por Dios o por el orden, a aniquilar y destruir”, reflexionó el testigo, y agregó: “Si alguien asesina donde están los salesianos, alguien asesina a Mendivil en su casa, alguien asesina al ‘Negrito’ García, alguien asesina dentro de la propia Universidad Nacional del Sur, ¿Cómo no se los detenía? ¿Qué protección había? ¿Cómo era posible que en esa ciudad de Bahía Blanca sucedieran este tipo de acontecimientos? El diario La Nueva Provincia ya sabía, no se hacía eco, al contrario, la policía de la provincia, la Policía Federal, el Ejército, la Marina, dejaban que sigan, que caminen, que recorran, que creen miedo”.

Evocó también numerosos episodios de ataques y persecución a grupos eclesiásticos, como el asesinato del mencionado Dorñak, el incendio de la casa del cura José Zamorano y la colocación de una bomba al padre Hugo Segovia, quienes debieron exiliarse al igual que los diocesanos Miguel Sarmiento y Emilio Flores y el salesiano Benito Santecchia.

Contó que tras el asesinato de Dorñak, “tuvimos una reunión urgente en la curia, con el que era el obispo auxiliar, García, diciéndole pero cómo, por qué no salimos a denunciar, a pedir que se sepa quiénes fueron, dónde están, y ¿saben cuál era la respuesta? ‘y… ¡es mucho! ¿quién va a querer denunciar? ¿quién va a querer agarrar esto? Es decir, se empezaba a naturalizar la muerte”.

Sobre la persecución a los religiosos, explicó: “era la idea de una traición: ¡Cómo estos curas y estas monjas que tendrían que estar con nosotros para luchar contra los comunistas y la subversión, sin embargo aparecen acompañando al pueblo y a los pobres! Es lo que le pasó al sacerdote Yorio, detenido y desaparecido también. Su superior le decía ‘no podés estar con el mundo de los pobres, tenés que estar en la casa de la compañía’”.

También apuntó a la complicidad empresarial y mediática: “si la muerte se hacía natural, esas empresas se creían dirigiendo Bahía Blanca, siendo recompensadas. El dinero que ellos ponían para todo esto, se veía recompensado en el orden, en la disciplina, en la tranquilidad que ahora había en Bahía Blanca, porque la ‘subversión’ había sido desaparecida, aniquilada”.

Dijo que en aquellos años, el diario La Nueva Provincia no solo informaba, sino predecía lo que iba a pasar: “predecían, no porque fueran profetas o magos, sino porque era un vínculo híper racional, de intereses. Los intereses del poder militar, el poder económico, el poder mediático tienen larga historia”.

Por último, destacó la necesidad de homenajear a las víctimas, y de los juicios como forma de reparación: “Estos juicios ayudan a comprender todo ese proceso para que no vuelva a pasar”.

Otro de los testimonios recogidos fue el del docente Orlando Balbo, quien desde su desempeño en el período investigado como estudiante y trabajador de la Universidad del Comahue, describió el esquema represivo instaurado por Remus Tetu en esa casa de estudios, y las similitudes con su gestión en la Universidad del Sur. Habló sobre la presencia de un grupo armado, entre los que estaban Raúl Guglielminetti -oficial de inteligencia del Ejército- y José Luis Cáceres, quien –según él mismo reconocía– respondía al comisario Benigno Ardanaz, jefe de la policía rionegrina. Estas personas se encontraban bajo las órdenes de Tetu, quien se paseaba armado por la universidad. Más tarde, Guglielminetti participaría del secuestro y las torturas sufridas por el testigo-víctima tras el golpe de Estado de 1976, hechos por los cuales fue condenado por el Tribunal Oral de Neuquén en la causa “Luera, José Ricardo”.

El hombre habló además sobre el cesanteo de numerosos docentes y no docentes por motivos políticos, y sobre la circulación de amenazas en forma de panfletos firmados con las tres A. Hizo referencia a testigos que vieron a uno de los vehículos de dicha institución participando en atentados realizados en la zona, tales como el ametrallamiento al diario de Rio Negro y una bomba en una librería. Sobre la relación entre las universidades, dijo que “la idea que teníamos era que Comahue era una sucursal de Bahía Blanca”.

Fuente: fiscales.gob.ar

Marcelo González identificó ante la justicia a tres de los cuatro policías de Villarino que lo agredieron y amenazaron para que asumiera la responsabilidad de algún delito contra Facundo Castro durante la búsqueda del joven de Pedro Luro.

A partir de la difusión de los rostros de los policías implicados en el caso, el testigo reconoció a Sosa y a Jana Curuhinca. Se trata de los efectivos que el 30 de abril infraccionaron a Facundo por violar la cuarentena. Sosa “todo el tiempo me decía que tenían que entrar a mi casa, que tenían que ver qué era lo que tenía adentro, si tenía escondido a Facundo”, dijo a FM De la Calle.  

González declaró en la Fiscalía Zonal de la dra. Leila Scavarda, en una investigación desprendida de la causa que tramita la justicia federal. La Comisión por la Memoria gestionó un habeas corpus en su favor por la persecución policial que padecía en Buratovich. “Pude salir de Villarino, estoy con custodia. Estoy esperando que este problema se resuelva para retomar mi vida habitual”.

“Entré a mi Facebook, vi la publicación y pude reconocer a uno de los policías. Es el que me llevó en el móvil esa noche que supuestamente me iba a allanar mi casa, ese tal Sosa”, aseguró.

González recordó que el 26 de junio fue convocado a la Comisaría de Mayor Buratovich donde “recibí un apriete de cuatro policías. Me tienen hasta las 23 y me dice el jefe de Pedro Luro (Fernando Grilloni) que tenía que esperar a un móvil que supuestamente eran los agentes que tenían que revisar mi casa. Llegan, una mujer policía que la puedo identificar pero que no vi fotos y este muchacho que vi en la publicación en Facebook”.

Grilloni “me amenazó que me iba a pegar, es la persona que más puedo identificar porque fue la que me hizo pasar un momento muy malo”. Por otro lado, identificó a Jana Curuhinca: “Estaba caminando en el pasillo, nerviosa, preocupada y me observaba muchísimo. Estuve 15 minutos sentado, iba y venía todo el tiempo. En la declaración pude comentar esto. Me parecía rara la actitud por cómo se comportan los policías”.

A diferencia de lo ocurrido en casa de su hermana en Bahía Blanca, en su caso el allanamiento ilegal “no llegó a concretarse porque estaba con mi grupo familiar en mi domicilio y vieron que había mucha gente de testigo”.

Sosa “todo el tiempo me decía que tenían que entrar a mi casa, que tenían que ver qué era lo que tenía adentro, si tenía escondido a Facundo.  Se quedaron 5 minutos frenados con la patrulla frente de casa, se ve que tuvieron una comunicación por teléfono y se fueron”.

La cacería de Sosa

González afirmó que anteriormente había tenido contacto con Sosa. “A principios de abril me agarraron en cuarentena porque Villarino estaba en fase 1. Esta misma persona me llevó a la comisaría, me labraron el acta y me tuvieron dos horas en un calabozo encerrado a mí y a mi sobrino. Yo en su momento no lo hice público, se me pasó por alto”.

“Ellos te veían en la calle y te metían adentro de la patrulla. Me llevaron, me sacaron todas mis pertenencias, el celular, los documentos. Me sacaron todo como si fuera un delincuente. Me metieron en un calabozo, le pusieron una esposa a la puerta para que no pudiera salir. Me tomaron fotos de frente, de espalda, se reían, se burlaban. Me han tratado muy mal. Por suerte los pude identificar e hice la denuncia correspondiente”, detalló.

González agregó que a su sobrino “le hicieron preguntas de todo tipo, le preguntaron si consumía droga, si tomaba alcohol, preguntas que no venían al tema, se supone que nos agarran porque estamos rompiendo la cuarentena”.

En aquella ocasión, antes de liberarlo, “fueron a constatar mi domicilio, charlaron con mi mujer y me llevaron con la patrulla. Me dijeron que tenía que quedarme sin salir a la calle por 15 días y tuve que cumplirlos sin poder salir porque si me agarraban de vuelta me meterían preso”.

La detención fue días antes de la desaparición de Facundo: “Estaban cazando gente, salían a buscar gente, los cargaban en la patrulla, los dejaban dentro de un calabozo. Como se porta la policía en Villarino deja mucho que desear. Yo no sé si algún funcionario público sabe”. González mencionó que su problema “no es con la policía en general” sino que “estoy en contra de estos cuatro que fueron los que me hostigaron y me amenazaron”.

Cristina Castro declaró este martes por primera vez ante la justicia federal en la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de su hijo Facundo.

El testimonio fue por videoconferencia desde Pedro Luro y fue escuchado por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin. Por pedido de Cristina al Procurador General de la Nación no participó Santiago Ulpiano Martínez.

La madre del joven describió cómo, desde el inicio de su búsqueda, fue hostigada por efectivos de la Policía Bonaerense y desoída por el titular de la Ayudantía Fiscal de Médanos, Ariel Dimas García. En el ámbito judicial el maltrato y la falta de consideración a la víctima continuaría mediante el fiscal Martínez y algunes de sus funcionaries.

Castro logró asentar la denuncia el 5 de junio luego de insistir ante efectivos de la Comisaría de Pedro Luro. El comisario Fernando Grilloni fue el primero que tuvo a cargo la supuesta pesquisa aunque permanentemente repetía que Facundo estaba en Bahía Blanca y apuntaba que la ex novia y su entorno lo tenían escondido.

“¿Qué hacés vos acá?”, fue lo primero que le dijeron en la comisaría a Luciano Peretto cuando asumió la defensa de Cristina. Mientras tanto, Grilloni encabezaba los allanamientos ilegales en la casa de la ex novia de Facundo. Por la noche se presentó en la estación de servicio en la cual trabaja la mujer y amenazó: “Me importa un sorete lo que digan las redes sociales pero fijesé lo que están diciendo porque nos están pegando por todos lados”.

Grilloni dijo que desconocía la infracción que habían labrado a Facundo, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca, por violar la cuarentena. “No le quedó otra que averiguar” y terminó mostrándole la foto de su hijo junto al patrullero, la misma que luego le esconderían hasta su filtración mediante La Brújula.

Castro recordó que un jefe policial le presentó a Siomara Flores en la comisaría: “Esta piba es la que llevó a tu hijo de Buratovich a Origone”. “Sí, lo llevé hasta allá”, dijo mirando al piso. Flores todo el tiempo estaba con un superior de apellido Catalán a su lado.

La madre de Facundo relató la obstrucción policial del ingreso a Buratovich y a Origone en el marco de los rastrillajes realizados a mediados de junio y las amenazas de Pablo Reguilón. “Ustedes no tienen nada que hacer acá, tienen que ir a Origone”, gritaba el subcomisario.

Cuando estaban en el acceso a Origone se les acercó corriendo Alberto González. El policía repetía que había parado a Facundo, que no tenía el DNI y por eso había fotografiado su carnet de conducir y mencionaba la dirección a la que se dirigía. “Delante de todos dijo que vio cómo se alejaba caminando”, afirmó Cristina. Días antes había declarado que Facundo había sido levantado por una Duster Oroch.

Al rato llegó en un patrullero de Médanos el jefe policial de Villarino, Marcos Navarrete, junto al oficial Berrios. “Le dije a Luciano: a mi flaco me lo mataron acá, ese que viene ahí es el diablo en persona, es el mismo oficial que ha maltratado y hostigado a los chicos del Semillero Cultural donde asistía Facundo”, afirmó la mujer.

En otro rastrillaje, los propios Bomberos Voluntarios de Pedro Luro que participaban con sus perros advirtieron que “algo raro” estaba pasando. Castro fue sola en esa ocasión aunque un oficial de apellido Pérez se encargó de marcarle el paso al ritmo del verdugueo policial. Era el mismo que luego aparecería en la Shell para provocarla: “Estamos gastando un montón de tiempo y recursos en un pendejo que no vale nada”.

Finalmente, Castro pudo contar a Heim y Azzolin detalles de la causa tras su paso a la justicia federal: los obstáculos y la desatención por parte del fiscal Santiago Martínez, las filtraciones de datos sobre testigos de identidad reservada y la introducción de la Testigo H mediante dos de los policías bonaerenses sospechados.

El referente de la CORREPI, Ismael Jalil, dijo a FM De la Calle que si la respuesta al levantamiento de la Policía Bonaerense “va a ser agregar 10 mil tipos más a la fuerza con millones de pesos y no modificar las cuestiones de fondo que dan origen a la desigualdad, estas cosas van a suceder y son típicas de una contención policial antes que social”.

“Hay que desvincular rápidamente cuestiones de reclamos laborales que lleven a hacer pensar que el policía es un trabajador. Más allá de que las condiciones de su prestación tengan algunas herramientas típicas como remuneración, jubilación, obra social, en la concepción íntima de la función policial no existen condiciones propias de trabajadores”. 

Jalil mencionó que la diferencia principal “es que es un funcionario que tiene un rol de trascendencia social, que además le impide hacer lo que está haciendo, no tiene la misma capacidad de negociación que el resto de los trabajadores reales porque no son eso”.

“Supongamos que fueran considerados trabajadores, por lo tanto, tienen derecho a huelga y sindicalizaciones. Mañana salimos a discutir los trabajadores una medida de fuerza, ellos van a estar en la discusión. ¿Qué vamos a discutir? ¿Qué van a hacer ustedes de un lado de la valla y qué vamos a hacer nosotros del otro?”.

Advirtió que “detrás de todo levantamiento de las fuerzas de seguridad con el maquillaje del reclamo genuino, lo que se esconde es una movida política seria”. 

Respecto de la conducción política de las fuerzas, el abogado destacó que “al frente de un ejército como termina siendo la policía con 92 mil efectivos armados -que en unos días se transformará en 102 mil- tenés a alguien como Berni que lejos de conducirla con criterios de civilidad lo que hace es pactar y hacer la vista gorda mientras no se levanten. Ese tipo de conducción de ceder y conceder permanentemente termina siendo un aval para estas fuerzas caracterizadas históricamente por tener estas reacciones”.

“Se está hablando de 38 mil millones de pesos destinados al área de seguridad, estos muchachos quieren su parte. Yo creo que el aumento que anunciaron ayer ya lo tenían previsto. De algún modo, esto abre la discusión para discutir un piso salarial para posicionarse en mejores condiciones”, comentó . 

Por último, mencionó que “el modelo en discusión es que en una situación tan grave y crítica que dejó el gobierno de Macri y su banda, la cual se ha potenciado con la pandemia, ha tenido como respuesta el modelo policial y no de contención social. Si la respuesta va a ser agregar 10 mil tipos más a la fuerza con millones de pesos y no voy a modificar las cuestiones de fondo que dan origen a la desigualdad, estas cosas van a suceder y son típicas de una contención policial antes que social”.

Familiares de una paciente del hogar Solar del Rosario, fallecida por Covid 19 el 23 de agosto, advirtieron que las autoridades no aplicaron los protocolos necesarios para prevenir contagios.

La institución ubicada en Rosario 1998, es propiedad de Gustavo Mena y Máximo Sánchez y aloja a personas con discapacidad. Hubo 25 casos positivos y dos víctimas fatales.

Paola y Pablo Galavotti relataron a FM De la Calle que la situación fue denunciada ante el secretario de Salud, Pablo Acrogliano, la titular de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, Gisela Ghigliani, y las autoridades de Región Sanitaria.

“Ninguna autoridad del geriátrico, ni siquiera en el momento del fallecimiento de mi mamá, se comunicó con nosotros.  Todo lo que nos enteramos fue por lo que hablábamos con mi mamá. Si no metemos presión mi mamá moría en el hogar”, agregó Pablo. 

“El 5 agosto donde se produjeron los primeros síntomas de un pacientes del hogar, el 7 se lo hisopó. Desconocemos si esta persona estuvo aislada con los primeros síntomas. Sabemos que estuvo en contacto con otros pacientes. Hacía cinco meses que no veíamos a mi mamá, estaban aislados de sus familiares. El 9 esta persona es trasladada al Hospital Municipal. El 10 comenzó mi mamá con síntomas que aparentaban una gripe, al estar en contacto con un positivo, estábamos todos los familiares en alerta”, dijo Paola. 

Agregó que “el 11 mi mamá ya se encontraba con peores síntomas, lo sabemos porque hablábamos con ella por teléfono. La derivan el 12 al Español, la hisopan, le hacen una placa y detectan que hay un principio de neumonía. Todos estos acontecimientos finalizaron con la pérdida de nuestra madre el día 23 de agosto. Hicimos un relevamiento con mis hermanos y contabilizamos 25 personas positivas”. 

Paola señaló que “lo que nos hace más que ruido son esos primeros días, porque no fue solo el contagio sino el maltrato y destrato que sufrimos de parte de los responsables del hogar”. 

En ese sentido, Paola, Pablo y David Galavotti exceptúan en la denuncia a enfermeras, personal de cocina y mucamas y apuntan como “responsables directas” a “Isabel Pérez (presidenta), Cecilia Alexeinchuk (médica clínica), Nora Garrais (psicóloga), Lucía Lamponi Tappatá (infectóloga), el dr. Orozco (psiquiatra), como los dueños del mismo: Gustavo Mena y Máximo Sánchez”.

En cuanto a las medidas tomadas, Paola mencionó que hubo contradicciones entre las directivas de la infectóloga Lamponi y el protocolo provincial. “Me dijo que tenían que esperar 48 horas para que haya otros síntomas. Según el portal oficial de datos del Municipio se estaba usando un protocolo de marzo y abril donde la situación de la pandemia era otra.  Hay un protocolo provincial que se actualizó en junio y no se utilizó. Allí dice que si tuviste contacto estrecho con alguien positivo deben hisoparte y aislarte”. 

“Se  nos consultó si estábamos dispuestos a afrontar el gasto de 5 mil pesos por el hisopado, a lo que respondimos que no porque los responsables son los directivos del hogar”, explicó. 

Pablo tuvo la posibilidad de despedirse de su madre mientras se encontraba internada: “El día 22 nos dijeron que el estado era grave y que con protocolo la podíamos visitar, bajo nuestra responsabilidad. Pude entrar a verla, con el celular en la mano nos comunicamos con mis hermanos por videollamada, se fue con esa imagen mi mamá, de sus hijos, de nuestro amor. Esa fue la despedida, al otro día se fue”. 

¿Qué nos pasa como sociedad para que, ante un aumento de casos de Covid 19, en lugar de disminuir la circulación y el contacto los aumentemos sin considerar el probable colapso del sistema de salud? 

Se trata de la negación, “un mecanismo sociológico y que le ha permitido a la humanidad, quizás, seguir adelante”.

Parafraseando al sociólogo e investigador del CONICET, Daniel Feierstein, el dr. Horacio Romano dijo en FM De la Calle que “si se piensa en los holocaustos, indudablemente los campos de concentración quedaban cerca de donde vivía la gente y nadie sabía nada. Con los campos de exterminio nuestros pasó lo mismo. Algunos negaban con mala voluntad y otros no querían ver lo que pasaba porque ellos o alguno de los que querían podían correr esa suerte”. 

“No sé si será verdad que la orquesta del Titanic tocó hasta el final pero siempre me pregunté qué pensaba esa gente antes de que se hundiera, es tan grande que no se va a hundir, a mí no me va a pasar, me porto bien, mi familia es buena gente, en general más o menos se cuida, entonces puedo tomar mate con mi sobrino que total no me va a contagiar”, mencionó. 

Comparó y señaló que “frente al hundimiento no todas las clases sociales lo vivieron igual. Si se estratifica por donde iban ubicados, los ricos iban arriba, los pobres abajo en la bodega. De la primera clase se murió el 10% y de los de la bodega el 90. El barco se hundió pero las consecuencias no fueron iguales para todos. En esta situación a algunos les afecta más y les puede costar la vida”. 

El relación a las medidas del gobierno, el médico destacó que “en la primera parte estuvo bien, hasta julio funcionó. Después o les ganó la apatía o la economía le ganó a la salud. Cuando empezó a moverse la gente empezó a moverse el virus”. 

Otro comportamiento que explica la realidad que vivimos es la proyección: “Es fácil tirarle todo el fardo a la víctima, en realidad el problema es que la gente no se cuida. Pero si como Estado veo que hay negación y doy un mensaje ambivalente y digo es cierto que hay mucha infección pero todavía lo podemos sostener la lectura es: está todo bárbaro, salgamos. Eso a nivel inconsciente. A nivel consciente hay un sector muy fuerte que no quiere perder privilegios, que considera que la economía está primero que la salud”. 

Romano agregó que “el Estado tiene que ser mucho más claro a la hora de emitir los mensajes, reconocer que la situación es complicada, hacer controles. Lejos de mí está ser punitivista pero cuando estacionamos mal nos multan, acá si no usamos barbijo, si el lugar está habilitado para 5 personas y hay 20… Me parece que uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando no exponga a los demás”. 

Por último destacó que “al negacionismo se le suma el individualismo a ultranza, creo que la cuestión ideológica es fundamental”. 

Foto: Clarín.

El fiscal Santiago Martínez convocó a peritos adiestradores de perros para cuestionar el trabajo de Marcos Herrero y su perro Yatel en el rastreo de la esencia de Facundo Castro en patrulleros y dependencias policiales de la Bonaerense. Mientras el rionegrino y su can encontraron el amuleto del joven de Pedro Luro en un calabozo y marcaron su olor en tres vehículos, los perros de la Federal pasaron de largo.

Herrero fue convocado por Cristina Castro por recomendación de Mónica Cid, quien esta mañana reivindicó su trabajo al recordar su intervención en la búsqueda del cuerpo de su hija Micaela, víctima de grooming seguido de femicidio.

“Vengo escuchando cada barbaridad, a un perito que dice que es imposible que después de tanto tiempo se encuentren rastros cuando Marcos volvió después de ocho meses y encontramos la billetera de (Jonathan) Luna y otros elementos. Que se lo ponga en tela de juicio a él y a la mamá es terrible. Él trabaja para la justicia, duele muchísimo, cuando la miseria de las personas hace que se piense mal, que su trabajo no es verídico. Dan pena”, dijo a FM De la Calle.

Herrero y su perro Duke encontraron el cuerpo de la niña el 28 de mayo de 2016 luego de seguir su rastro por más de 10 kilómetros. Había desaparecido el 23 de abril. Entre el 11 y el 18 de marzo de 2017 volvieron al lugar y encontraron las llaves de Mica y la billetera del femicida.

Cid recordó que en la búsqueda de su hija “habían trabajado dos perros más, trabajó K9 de Punta Alta y la Policía Federal. Nadie dio encontró nada”.

Al ser consultada acerca de los resultados negativos de los perros rastreadores de las otras fuerzas en el caso de Facundo, afirmó: “No me llama nada la atención, lamentablemente los perros no están preparados o no saben leer lo que el perro les está indicando”.