Tras una semana de reiterados ataques al personal de salud, este sábado explotó una bomba en la casa familiar de la máxima autoridad sanitaria de la zona y se amenazó a profesionales de hospitales públicos de reconocida labor durante la pandemia. Además, se “sentenció a muerte” a la referente mapuche atacada en noviembre.
Guardavidas de Monte Hermoso se reunieron con el intendente Marcos Fernández luego del corte de ruta que realizaron el viernes en el acceso a la localidad. Reclaman la reincorporación de 30 rescatistas.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC) presentó en FM De la Calle su historia hecha libro: “Unicornio Sindical – SITRAIC: de fenómeno local a una realidad nacional”.
A pocos días de iniciada la temporada estival, guardavidas de Monte Hermoso continúan con el reclamo de reincorporación y denuncian que contabilizan casi 30 despidos debido a que el Municipio apartó a 15 rescatistas por solidarizarse con sus colegas.
Mariángeles Galeano, integrante de la Federación de Cartoneros, Recicladores y Recolectores -adherida al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)- expresó en FM De la Calle que buscan “organizar una cooperativa de trabajo con inclusión social para reconocer la labor de cartoneros, carreros y recicladores”.
El gobierno lanzó un programa para reducir la informalidad de las trabajadoras de casas particulares y promover su bancarización. “A partir del 4 de octubre se van a habilitar los canales informativos de recepción de la AFIP, estamos con expectativa de ver cómo va a funcionar”, dijeron desde la UPACP.
La abogada Fernanda Petersen destacó la elevación a juicio por violencia machista del secretario general de la UTA, Ricardo Pera. Afirmó que “la validación de la justicia de cada uno de los hechos que se denuncian es parte del camino de recuperación de la víctima”.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo de Mar del Plata ordenó al Municipio de Monte Hermoso la reincorporación de guardavidas apartados y garantizar la contratación de quienes hayan trabajado la temporada anterior.
Dow Argentina anunció el cierre y desmantelamiento de su fábrica de Puerto General San Martín, Santa Fe. Es la única productora de poliuretano del país y ocupa a 120 trabajadores. Advierten que es una decisión política para priorizar la importación desde Brasil.
“Es un día especial, pasaron personas que han trabajado mucho. Gente que ha trabajado por este gremio y por la lucha de los trabajadores. Lo ideal hubiera sido hacer una fiesta pero lo festejamos con algo especial”, dijo a FM De la Calle, Horacio Tolza, secretario general de SATSAID en el 50° aniversario del gremio en consonancia con el Día de les Trabajadores de la TV.
Está tarde sortearán desde una concesionaria un auto 0KM entre las afiliadas y los afiliados. Podrá seguirse en vivo desde las 19 por Cotidiano – El día a día del SAT SAID Seccional Bahía Blanca.
En relación a las situación salarial y las condiciones laborales del sector Tolza mencionó que “después de un paro y una mesa de negociación bastante extensa hemos logrado llegar casi al 42%, estamos en la quinta o sexta paritaria nacional en el monto. Eso significa que se equipare o pase un poco la inflación. Esperemos que mejore la economía, esta pandemia ha hecho un desastre, la gente está adentro, el universo del entretenimiento que tiene es la televisión o películas, las empresa han ganado dinero, exigimos que se recompense a trabajadores”.
El dirigente comentó que la representación del sindicato es amplia “porque tenemos canales abiertos y circuitos cerrados. En canales abiertos, son productor, editor, director, camarógrafo y en el rubro cerrado también hay noticieros, ahí también es importante el cableado, las conexiones, atención al cliente”.
El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó por unanimidad a cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina y calificó a los hechos como “crímenes de lesa humanidad”.
Raúl Roberto Aceituno recibió la pena de prisión perpetua al ser considerado coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Hover Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Raquel Cilleruelo, hermana de “Watu”, manifestó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que “logramos que uno de los cómplices llegara, los otros se fueron muriendo. Después de 46 años falta mucha gente acá. La perpetua de Aceituno tiene mucha fuerza para mí”.
Forcelli, Pallero y Curzio fueron castigados con 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita.
“Esperamos que sea un aporte para avanzar en las responsabilidades sobre todo de sectores civiles y del poder fáctico”, dijo el fiscal auxiliar Pablo Fermento. Aseguró que “el debate sirvió para que la investigación tomara estado público. A diferencia de lo que pasa en otros juicios donde se llega con todo elaborado, al ser un fenómeno de violencia colectivo fue sorprendente cómo se fue incorporando prueba nueva en función de gente que se acercaba a decir yo viví esta situación. Por ejemplo, el hijo de (Jorge) Argibay que introdujo información y nos permitió corroborar lo que estábamos explicando. Es fundamental el debate y por eso lo planteamos para causas como las de (Vicente) Massot o (Néstor) Montezanti”.
Al respecto, Raquel recordó que Daniel Argibay -quien con 12 años fue testigo de acciones y relaciones de su padre- les envió una carta pidiendo disculpas: “Creo que eso lo sana tanto a él como a nosotros. Después del mal que hicieron su papá y su hermano él pudo reconstruir su vida y elegir el lado bueno de las cosas. (…) Siempre le agradecí por su actitud, no cualquiera lo hace, mirá estos que están condenados ahora, no se arrepienten, para ellos está bien lo que hicieron”.
En el veredicto, los jueces comunicaron que Raquel tendrá derecho a ser informada y expresar su opinión cuando se sustancie cualquier planteo en el que se puedan decidir salidas transitorias, régimen de semi libertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, discontinua o semi detención, libertad asistida y régimen preparatorio para su liberación.
Por otra parte, el tribunal remitió copia del veredicto y de los fundamentos de la sentencia para que evalúen las solicitudes de la Fiscalía para anular las resoluciones de cesantías de empleados no docentes, docentes y alumnos, otorgar el título de doctor honoris causa a David Hover Cilleruelo y colocar en espacios de circulación pública una referencia histórica sobre la puesta a disposición en el período de tiempo investigado de sus instalaciones y sus recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados. “Ello así toda vez que imponer a las universidades una serie de decisiones como las solicitadas, sin cumplir con los procedimientos administrativos previstos a esos fines, constituye un exceso a la competencia que la ley otorga a este tribunal teniendo en cuenta los principios de autarquía y autonomía de las universidades”, aclaró el juez Roberto Amabile.
“Los únicos planteos de la Fiscalía que no fueron tratados son la calificación de genocidio y queda pendiente resolver las cuestiones atinentes al modo de detención de los imputados que están excarcelados, si se les va a dictar prisión preventiva hasta que esté la pena firme y la domiciliaria de Aceituno”, afirmó Fermento. Aceituno continuará en su casa hasta que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema le realice un examen médico completo.
El tribunal no hizo lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción ni por la insubsistencia de la potestad persecutoria por agotamiento de plazo razonable. Tampoco al pedido de inconstitucionalidad respecto de la pena de prisión perpetua, del delito de asociación ilícita y de las consecuencias accesorias de la condena.
Julia García, hermana del “Negrito” García, destacó la condena a Aceituno y se quejó porque “no se investigaron los otros 23 casos de secuestros y asesinatos. ¿Qué estuvimos haciendo para llegar a un fallo como este? Es muy doloroso irnos con las manos casi vacías”.
Verónica Alduvino, hermana de Fernando Alduvino, sostuvo que “hay que rescatar que esto pasó en un gobierno constitucional y este fallo es el primer paso para que cada uno se haga cargo de las distintas áreas que estaban en el gobierno, en la justicia, en los partidos políticos y los sindicatos”.
Los fundamentos del fallo de los jueces Amabile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido se conocerán dentro de los próximos 40 días.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la condena al secretario general de la UTA, Ricardo Pera, por las lesiones leves y amenazas proferidas a Sergio Massarella y Gustavo Mandará. Los hechos ocurrieron en 2015, durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del Concejo Deliberante.
El fallo rechaza las quejas de la defensa, a cargo de Sebastián Martínez, las cuales apuntaron a la prescripción de la causa, el estado de salud del imputado y la valoración de los testimonios.
La resolución de la Sala II -compuesta por Guillermo Emir Rodríguez, Alfredo Hernán Mones Ruiz y Guillermo Federico Petersen- confirma la pena a un año y diez meses de prisión dictada por el juez en lo Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani.
En mayo, el fiscal Juan Pablo Schmidt solicitó la elevación a juicio oral de otra causa que tiene al ex concejal del Frente Renovador como protagonista, en ese caso imputado por amenazar y provocar lesiones leves a su ex pareja. La defensa se opuso y ahora debe definir la jueza de Garantías Claudia Olivera.
En cuanto a la prescripción de los delitos ocurridos en el HCD, el fallo remite a la ley 25.188, la cual establece que “también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubieren participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. En el caso de Pera, destitución y reposición en el cargo de por medio, terminó su mandato el día 10 de diciembre de 2017.
Respecto a la supuesta inimputabilidad del ex concejal al momento del juicio, la Cámara afirma que “la incomparecencia del procesado a la Asesoría Pericial denota una falta de colaboración para que se pueda llevar a cabo la pericia, y al no existir otras constancias probatorias que constaten la mentada incapacidad procesal, debe inferirse a ese momento la capacidad procesal de Pera para asistir e intervenir activamente en el debate”.
El tribunal destacó la fundamentación de la sentencia de Giuliani respecto al análisis de las pericias médicas y las declaraciones de las víctimas y de Pablo Rosenfelt, José Antonio Vidal y María Florencia De Caso Dupont. “No se puede poner en tela de juicio la credibilidad de tales testimonios por las circunstancias de compartir un mismo espacio político, aun dando por cierto que tengan una relación cercana a la amistad y/o dependencia”, aseguró Mones Ruiz.
En referencia a las amenazas recibidas por Massarella, el juez manifestó que “resulta grave objetivamente, ya que en el contexto histórico en que se produjo tuvo la entidad necesaria para atemorizar a la víctima; máxime si tenemos presente la conducta de Pera -que sin discusión previa, en forma intempestiva, profiere el giro lingüístico amenazante: ‘a vos te voy a matar, sos un hijo de puta, cagón'”.
“Le pregunté qué pasaba, quedamos más próximos. Me pegó un cabezazo en el ojo izquierdo y cuando me doy vuelta veo a Mandará y cuando me acerco veo que le estaba pateando. A Pera lo saca Morini. (…) A mí me intimidaron, sentí miedo por la forma, la virulencia con que me dijeron las cosas. Fue el primer día que sentí miedo ya que estaba ante una persona que era capaz de hacer cualquier cosa. Yo soy una persona tranquila, sí con debates o diferencias políticas. La situación alteró mi vida, tuve y tengo miedo, porque vi una persona capaz de cualquier cosa. Pedí que mis hijos tuvieran presencia policial en su casa. ‘Qué casualidad que a meses de ocurrido este hecho me prenden fuego una casa que tenía en Monte Hermoso'”, declaró Massarella en el juicio.
Por último, los camaristas reafirmaron los agravantes por la condición de funcionario público de Pera y por haber cometido los delitos en el Concejo Deliberante. El dirigente de la UTA no solo vulneró “la integridad física de las personas y la libertad”, también lesionó “la confianza pública, lo cual de alguna manera evidencia el efecto nocivo que provocan en la sociedad tales circunstancias, en relación a la legitimidad de las instituciones públicas, lo que implica, en el caso, un mayor grado de culpabilidad”.
Personal de clínicas privadas realizará una medida de fuerza jueves y viernes en reclamo de mejoras salariales. Se trata de un cese de actividades convocado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina.
“Estamos reclamando paritarias anuales, un 45% de aumento que va escalonado, julio, septiembre, noviembre y diciembre, con una revisión en febrero. No hemos tenido una contestación favorable, es complicada en el contexto de pandemia”, comentó a FM De la Calle Juan Forchino, miembro de comisión directiva de ATSA.
El trabajador del Hospital Italiano destacó que “no hubo ni siquiera negociación, no hubo respuesta favorable. La contestación es que no hay plata como para bancar los aumentos salariales. Seguimos quedando abajo por los salarios, perdemos poder adquisitivo día a día, es imposible palear la situación. Estamos a la espera de una negociación de último momento”.
Señaló que “el agotamiento es generalizado, los empleados de sanidad están muy cansados, estresados”.
Por otra parte, informó que durante la protesta se garantizarán “la atención de emergencia que lleguen a los hospitales, servicios de emergencia privados, pediátricos y clínicas.
Por último, en relación a la pandemia, enfatizó que “si bien los hospitales se han armado de diferente manera para palear la situación en algunos momentos llega a colapsar el servicio sanitario”.
Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ria se reunieron con autoridades de la Unión Industrial, entidad a la cual están afiliadas las empresas investigadas por la contaminación del estuario.
Luego de once años de trámites judiciales y con las causas estancadas en el fuero federal y el contencioso administrativo, los trabajadores comenzaron una serie de cortes y manifestaciones para visibilizar la problemática.
Un grupo de pescadores y el abogado Lucas Beier fueron recibidos esta mañana por Marcela Guerra y Roberto Elissamburu, directora institucional y director Industrial de la UIBB, respectivamente.
“Les dijimos que traten de interactuar ya que la Unión Industrial tiene como principales asociados a empresas del polo o afines al polo. Necesitamos una solución urgente, desde los empresas de manera individual no nos reciben, no están dispuestos a escucharnos. Necesitamos una solución inmediata, para mañana, del daño que han generado a estas familias desde hace 11 años”, dijo Beier a FM De la Calle.
Semanas atrás, la Cámara Federal anuló los convenios firmados por el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico, por no haber incluido en la discusión a los pescadores ni a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente.
Beier comentó que intentan “alguna negociación extrajudicial que derive en un acuerdo judicial. Pero en forma inmediata se necesitan una respuesta, están bastante firmes en su postura, van a seguir con los cortes”.
En cuanto al Consorcio de Gestión del Puerto, organismos que también está denunciado ante la justicia, el abogado destacó que “venimos con buen diálogo hace mucho tiempo, desde hace un año y medio, pero hasta ahora ninguna respuesta concreta”.
“Los pescadores llegaron a un momento de saturación, no quieren escuchar más que hay reuniones. Lamentablemente las causas judiciales están muy lentas y la expectativa es que se demore muchos años más. 2 pescadores fallecieron, algunos se están poniendo viejos y necesitan una respuesta ya”.
Esta semana la jueza Gabriela Marrón rechazó citar a indagatoria a empresarios y ex funcionarios. “No lo van a hacer, dicen que no hay pruebas suficientes y no dicen cuáles faltan. En el delito penal hay una acción típica: dice el que arroja sustancias nocivas, peligrosas para la salud. Ya está demostrado por una pericia que dice que los peces tiene 40 veces más que lo permitido por el Código Alimentario. Faltaría demostrar quién lo arroja: esta más que acreditado por los informes del Comité Técnico Ejecutivo que dice quién y qué sustancias. Hay dos informes en la causa con la nómina de todos los directores. No lo entiendo, le vengo diciendo que si cree que no están identificados que produzca la prueba que tenga que producir”.
“Cuando es una persona jurídica la responsable de arrojar sustancias, los responsables son los directores, lo dice la ley. Parece que acá la jueza quiere que yo pueda acreditar que Juan Pérez un día dio la orden de abrir la canilla. No lo pide la ley, no lo pide la jurisprudencia”, enfatizó Beier.
“Estamos perdiendo el estuario”
“El Consorcio nos atendió pero nos mintió, el Municipio nunca nos atendió, estamos viendo que nos atiendan para llegar a un acuerdo como la gente. Hasta que no haya una solución en concreto vamos a seguir con esta lucha. Van 11 años de tomada de pelo”, dijo Héctor Seijas frente a la sede de la UIBB al móvil de FM De la Calle.
Miguel Córdoba señaló que “la justicia siempre va por debajo de la mesa, siempre quedamos afuera de todas las conciliaciones. A nuestros abogados los atienden mientras nosotros hacemos medidas de fuerza”.
“En este juicio hace 11 años que estamos reclamando por una fuente laboral que teníamos, me pude hacer mi casa, vivía dignamente, le daba una buena vida a la familia. Después del 2008 que se cortó todo tuvimos que reinventarnos”, agregó Fabián Torres.
Córdoba recordó que “había 60 embarcaciones con 7 tripulantes, sumále las familias, los negocios que vivían de los pescadores. De esas 60 lanchas quedan 4 en el agua, el resto las compró el Consorcio. Los permisos de pesca tienen un solo dueño: el Consorcio compró todas las lanchas para desarraigar los pescadores, las compró cuando ya los dueños no sabían qué más hacer para tener esa lancha a flote. Todo eso lo perdimos gracias al Consorcio y las empresas”.
“Que la gente de Bahía tome conciencia de que la contaminación afecta a toda la ciudad, que miren a White, todo lo que viene para acá, estamos perdiendo el estuario. El puerto es lindo para tomar mates el domingo que es lo que le muestra el Consorcio… que metan la mano en el agua”.
Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría realizaron esta mañana un corte en el acceso a Unipar (ex Indupa) ante la falta de respuestas por parte de la justicia y de las autoridades políticas.
Días atrás se movilizaron desde Ingeniero White hacia la Municipalidad, donde no fueron recibidos por el intendente ni ninguno de sus funcionarios. También cortaron durante algunas horas el acceso al puerto.
“Cansados, saturados, golpeados por la realidad que les tocó, hoy vuelven a la lucha activa. Decidieron volver a hacer algo que no les gusta, que no están acostumbrados, cortar calles, manifestarse, impedir que los que a ellos le hicieron tanto daño, puedan seguir su actividad como si nada pasara”, aseguró uno de los abogados de la asociación.
Lamentó que haya personas “que solo entienden de este modo y han arrastrado a los pescadores hasta el fondo, lugar donde no se merecen estar y seguirán luchando para salir”.
Las causas judiciales en el fuero federal y el contencioso administrativo llevan 11 años de trámite. Están denunciadas las empresas del polo petroquímico y organismos estatales como el Municipio, ABSA y el Consorcio de Gestión del Puerto.
“Ese es el tiempo que llevan 52 familias de pescadores artesanales de Ingeniero White luchando para lograr que el Estado (en cualquiera de sus estamentos) les reconozcan lo evidente, que la contaminación provocada por el polo petroquímico y la actividad portuaria ha destruído su única fuente de trabajo”.
Desde la Asociación de Pescadores Artesanales reconocieron que “los avances judiciales han sido muchos y muy buenos pero la justicia es lenta”.
“Pese a ello, sabiendo los funcionarios públicos que el estuario local se encuentra altamente contaminado (40 veces más que el permitido legal), nada hacen y siguen dejando que las empresas contaminen”.
La economista María Julia Eliosoff analizó la situación de las mujeres trabajadoras domésticas en Argentina: “Hay un 77% de informalidad y los ingresos son los más bajos”. Según el informe técnico “La COVID-19 y el trabajo doméstico en Argentina”, publicado por Elva López Mourelo en la página web de la OIT, esta fuerza de trabajo representa el 5,6% del empleo, el 17,4 % de las mujeres ocupadas y el 22% de las mujeres asalariadas: el 99,3% de quienes desarrollan esta actividad son mujeres.
Eliosoff explicó en su columna de economía de FM De la Calle que “en el régimen especial de contrato de trabajadoras de casas particulares, se observa que hasta 2013 no existía ninguna normativa que reconociera sus derechos, no eran consideradas por la ley de contrato de trabajo: no había licencias por enfermedad y ni por embarazo. Ese año es un hito importante, empieza a estar regulado el salario por hora y por mes”.
“El 70% de las mujeres trabajadores de hogares particulares son jefas de hogares monomarentales, el ingreso mensual más bajo por 8 horas es de $22.765 y el más alto de $27.928. El último dato del mes de marzo sobre la canasta básica informa que para una vivienda con 3 personas se necesita de $48.460 para no ser un hogar pobre”.
Durante la pandemia “hubo pérdida de empleo a pesar de la doble indemnización y las mujeres que siguieron trabajando tuvieron grandes dificultades para cobrar, ya que lo hacen en efectivo. Otras trabajan en condiciones de salud y seguridad deficientes: algunas fueron obligadas a quedarse en las casas de sus empleadores para no tener contacto en el transporte público por riesgo al contagio”.
Por otro lado, la integrante del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica comentó que en el informe de la OIT “intentan mostrar que el sector de trabajadoras domésticas está fuertemente en la informalidad: los márgenes de acción y negociación con sus empleadores suelen ser muy acotados, en general negocian de manera individual”.
En este sentido, Eliosoff agregó que “se generan vínculos afectivos entre las trabajadoras domésticas con niñes y adultes mayores, eso refuerza ciertas prácticas discrecionales. Por ejemplo, el empleador se atrasa en el regreso al hogar, entonces la trabajadora se tiene que quedar más tiempo en la jornada de trabajo: ‘No me vas a dejar el pibe sólo’. La trabajadora suele acceder y esto no es reconocido monetariamente como horas extras”.
“Es muy común el trabajo a tiempo parcial, un par de horas a la semana. Por este motivo, hay varias campañas promovidas por el Ministerio de Mujeres, la AFIP, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares y el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que intentan visibilizar la necesidad de registración del trabajo doméstico”.
Las trabajadoras y los trabajadores de la salud de Neuquén continúan con los cortes de ruta para reclamar salarios dignos. La protesta comenzó semanas atrás, en rechazo al acuerdo entre el gobierno, ATE y UPCN por un 12% de aumento.
En la provincia de Vaca Muerta, promesa de “dólares y progreso”, las autoridades realizaron una nueva oferta de un 53% en varias cuotas que ya fue avalado por la ATE y este mediodía era analizada por les autoconvocades.
“Desde enero del 2020 a la actualidad, el personal de la salud recibió un 15% de aumento únicamente. Cuando tenemos en Neuquén una inflación que superó los 45 puntos y la perspectiva del 2021 es similar. El gobierno lo que tendría que haber hecho es intentar recomponer el salario perdido”, comentó a FM De la Calle Martín Álvarez Mullally, integrante del Observatorio Petrolero Sur.
Agregó que “con esta última oferta que ATE aceptó, hasta diciembre es alrededor del 40% del salario real. Tenés una economía que rige al calor de salarios petroleros y el sector público cobra muy poco, no accede a esos salarios”.
“El fracking como técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales le da una característica a toda la economía de enclave, es la dependencia de una sola actividad. Eso ha generado desigualdad, que Neuquén se torne invivible”.
Álvarez Mullally explicó que “así como dicen que Vaca Muerta es la joya de la abuela, la provincia donde se desarrolla está fundida, es la que mayor deuda ha tomado del país, tiene números que son sumamente alarmantes”.
La economía regional “está atada a un mercado internacional que es super complejo de entender. La mayoría son empresas multinacionales o capitales argentinos atados a precios internacionales. El precio del crudo o el precio del gas hace que a ‘la botonera Vaca Muerta’ las empresas las levanten y la bajen todo el tiempo. Ya para 2016 tenías 3500 obreros petroleros despedidos, más 1500 que rotaban y cobraban la mitad del sueldo. Esa variación de despedir mucha gente es constante”.
“Cuando viene toda esa gente demandan viviendas, hospitales, escuelas. En la temporada alta captás más regalías e impuestos y en la baja te quedás sin regalías y con un mar de gente desocupada que te demanda ayuda estatal”, dijo Álvarez Mullally.
“No podés cerrar un hospital o un jardín porque bajó el precio del crudo porque hubo un bombardeo en una fábrica en Arabia Saudita, cosa que pasó el año pasado”, detalló.
El investigador del OPSur mencionó que “hay un problema de desarrollo grave y, sin embargo, la apuesta es defender Vaca Muerta y proyectarlo. Después tenés el impacto ambiental, la cantidad de subsidios que recibe el proyecto es enorme”.
“Siempre estuvo el mito de que Vaca Muerta va a generar los dólares que el país necesita. La relación da negativa, las petroleras perciben subsidios, y giran a empresas de paraísos fiscales parte de eso, entonces hay más fuga de dólares que se capta”, finalizó.
El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) realizará este jueves un paro nacional en canales de aire y productoras tras rechazar la propuesta salarial de las cámaras del sector.
El gremio reclama un incremento del 39% para el semestre abril-septiembre. “Hace 15 días que estamos con ATA-CAPIT discutiendo el tema, estábamos esperando una oferta razonable pero no sucedió”, dijo a FM De la Calle el secretario general de la seccional bahiense, Horacio Tolza.
Comentó que “ofrecieron una propuesta irrisoria de un 20% separador en un 10% y el otro 10 en cinco veces a un 2% por mes. Nos pareció que nos estaban tomando el pelo y por eso se decidió hacer el paro”.
En Bahía Blanca la medida de fuerza será por dos horas por turno y afectará a los canales 7 y 9. “En el 9 va a ser total y en el 7 puede llegar a haber informativo porque no son todos afiliados pero cuando llega el momento de repartir las ganancias logradas también las reciben. Sería bueno que fueran solidarios con sus compañeros”.
“En la pandemia hay industrias que han sufrido la desgracia de venir para abajo y esta ha crecido porque la gente estuvo en su casa. Las tandas que ves, que tienen que ser de 12 minutos, son de 18 o 16. Esto quiere decir que al producto lo están vendiendo bien pero al trabajador no lo quieren hacer participar de las ganancias. No le pedimos más que competir o estar cerca de la inflación”, agregó Tolza.