Hugo Héctor Álvarez, vicepresidente del PJ y dirigente local y nacional del gremio de la AFIP, declaró en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A. Convocado por la defensa de Osvaldo Pallero siguió el mismo camino del desmemoriado titular del justicialismo, Adalberto Simón. 

Embanderado en el “ejemplo” de José Ignacio Rucci afirmó que -aún hoy- no podría explicarles a sus hijos qué fue la Alianza Anticomunista Argentina que funcionó durante el gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez.

Pallero es un ex militante de la Juventud Sindical Peronista e integrante de la seguridad de Remus Tetu. Según el ex interventor de la UNS, integró la primera tanda de represores contratados porque “habían enfrentado los ‘problemas subversivos’ en la UTN y, en tal carácter, se habían postulado espontáneamente para hacer lo propio en la UNS”.

Álvarez conoció al imputado en las colonias de Maldonado durante su infancia. Según manifestó, entre 1973 y 1976 no lo frecuentó. “Yo seguí la carrera de técnico automotor, teníamos taller a la mañana y clases a la noche. En el mediodía mi padre, que era ferroviario, se iba a Darregueira y yo tenía que encargarme de unas vacas”.

Tras la vuelta de la democracia se reencontraron en la militancia en distintas líneas del peronismo aunque no recordó a cuál pertenecía el acusado. Dijo que Pallero trabajaba en la Junta Nacional de Granos y que no le consta que haya sido empleado de la Universidad del Sur.

Respecto a la banda parapolicial comandada por Rodolfo Ponce y Remus Tetu, el dirigente afirmó que “lo que uno veía es lo que mandaban los diarios, no estaba en eso (…) Decían que había una Triple A y las cosas que decían los periódicos en ese momento. No le podría especificar”.

Recordó que José López Rega “fue ministro” aunque no sabe si se lo vinculaba con la organización paraestatal. Ignora si Pallero participó en algún grupo violento: “Nunca lo vi armado ni me contaron”.

Con el correr de los años tampoco conoció más que “lo que llegaba en los diarios” sobre los crímenes que hoy son juzgados. Dijo que eso no se habla “en nuestro ámbito de militancia”.

Consultado si en alguna ocasión se enteró de la vinculación de Ponce con grupos armados declaró: “Le tengo que contestar lo mismo, tenía una edad diferente en ese momento, ellos eran más grandes, no lo conocía a Ponce, lo que decían los medios lo decían los medios”.

“Si lo tuvo ni me acuerdo tampoco”, dijo cuando el fiscal le preguntó si el diputado nacional del FreJuli  y secretario de la CGT bahiense había ocupado algún cargo.

-¿Hoy tiene algún conocimiento, si le tuviera que explicar a sus hijos, sobre qué era la Triple A?, preguntó la querella.

-No.

-¿Escuchó hablar de la patota de Ponce?

-Por los diarios, que había una patota, que había un Falcon verde.

-¿Qué actividad tenía?

-No me acuerdo.

En cuanto a los crímenes de militantes en la época dijo: “Me acuerdo en la universidad, lo que decían los diarios es que parece que estaban repartiendo volantes, vino alguien y le pegó un tiro”. No sabe si Remus Tetu tenía guardia de seguridad o alguna relación con Ponce.

Álvarez afirmó que José Ignacio Rucci es “un ejemplo” para él aunque desconoció si Ponce tenía la misma línea política que el ex jefe de la CGT nacional.

“La petroquímica se construyó casi a punta de bayoneta”

El periodista Néstor Busso declaró en el juicio a cuatro integrantes de la Triple A bahiense a partir de un informe realizado por el Servicio de Documentación e Información Latinoamericana sobre el asesinato del sacerdote Carlos Dorñak y la persecución a sectores católicos progresistas.

“El clima de Bahía Blanca era de terror, pánico, miedo. Principalmente de los sectores cristianos comprometidos con los más humildes, de la comunidad salesiana”, dijo el ex director del Sedipla y agregó que, en ese contexto, la actitud del arzobispo Jorge Mayer fue “lamentable y claramente de complicidad con el poder”.

Busso dedicó su testimonio a la memoria de Eugenio Navarrete, presidente de la Asociación de Presos Políticos de Rio Negro, quien declaró en el juicio en diciembre y falleció en Viedma el 29 de enero.

El Servicio de Documentación e Información Popular Latinoamericano (Sedipla) surgió a principios de la década del 70 como iniciativa de un grupo de matrimonios vinculados a la Pastoral de la Conferencia Episcopal.

Su objetivo era difundir “la presencia de la Iglesia Católica en la realidad de la Patria Grande y el compromiso de los cristianos con los más pobres”. Dicho espíritu era fruto “del Concilio Vaticano II, la Conferencia Latinoamericana de Obispos en Medellín y su concreción en Argentina que tuvo como resultado el documento de San Miguel”.

Anoticiados del incremento de la violencia en Bahía Blanca y del asesinato del cura salesiano Carlos Dorñak, Néstor Busso viajó a nuestra ciudad junto a Alberto Aguirre el fin de semana del 25 de mayo de 1975.

“Entrevistamos a distintas personas, volví a La Plata y redacté el texto que fue publicado en la revista en junio. Fue un viaje muy intenso en un clima de mucha tensión y de gran terror”, recordó ante el tribunal.

Afirmó que “en Bahía Blanca solo estaba el padre Del Col. Santecchia y Stochetti se habían ido por las amenazas y los hechos sucedidos en marzo. Ingresé al lugar donde asesinaron a Dorñak y saqué fotografías. Era un zaguán con un hall al que daban varias habitaciones, estaba destruido, con rastros de un incendio, se veían las marcas de disparos”.

En los paredones del centro bahiense vio inscripciones con la sigla de la banda paraestatal y le llamó la atención “una leyenda en la fachada del Instituto Juan XXIII que decía ‘las AAA son nuestros compañeros, que sigan reventando zurdos’”.

“Varias personas me hablaron del trabajo de la religiosa Norma Gorriarán en Villa Nocito donde lideraba una escuela que, además, brindaba asistencia a los vecinos y vecinas. La hermana ya se había ido a causa de las amenazas y ataques que había recibido ese lugar”.

El informe del Sedipla de junio de 1975 destacaba que en aquel clima de terror “todos los entrevistados pidieron no ser identificados”. Busso mencionó que le “hablaban de la patota de Ponce y la patota de Remus Tetu”.

“Grupos armados que circulaban por la ciudad a los cuales se le atribuía los hechos de violencia. Se sumaba la presencia muy fuerte de la Marina. (…) Además de a Dorñak, esa noche asesinaron a Marisa Mendivill y a Fernando Alduvino. El padre José Zamorano, estaba en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, también fue atacado y unos días antes habían asesinado a un militante cristiano con mucha participación en la iglesia, José ‘Pepe’ González”.

El periodista dijo que “en aquel momento no había diferenciación entre las patotas y se las vinculaba con la Triple A, que tenía un discurso de defensa de la patria, anticomunista y atacaba especialmente a sectores religiosos que ellos calificaban de izquierdistas, zurdos, subversivos”.

Para justificar los crímenes estaba La Nueva Provincia: “Acusaba a las víctimas de ser los originantes de esos asesinatos y esa violencia, quienes pensaban de determinada forma debían ser eliminados”.

“Era evidente que esos hechos, ese desfile de patotas portando armas de las que muchos me hablaron, no podrían haber sucedido si no hubiera habido un ‘permiso’ de parte de las fuerzas del Estado. En el caso de Dorñak llegaron los bomberos y luego la policía apenas miró el lugar, no tengo noticias que haya habido investigaciones judiciales”.

La complicidad de Mayer

Busso aseguró que la actitud del arzobispo Jorge Mayer, a quien entrevistó para la publicación del Sedipla, “fue lamentable y claramente de complicidad con el poder. Muy diferente a la actitud anterior de monseñor Esorto quien había acompañado a sus sacerdotes amenazados y mantenía dialogo con las comunidades cristianas de los barrios populares”.

A Mayer lo esperó en la puerta de la Catedral un domingo de misa. “Se bajó de un auto importante vestido al estilo que usaban los obispos años antes, con una ornamentación particular. El diálogo que reproduce la revista fue tenso y al mismo tiempo respetuoso”.

“Le pregunté por qué no los protege, él hablaba de enfrentamientos, le dije que las víctima estaban de un solo lado, son los sacerdotes comprometidos con los sectores populares, las religiosas de los barrios, los grupos de jóvenes. No tuve respuesta. Supe también de sus vínculos con la Marina y La Nueva Provincia”, manifestó.

Por otro lado, Busso sostuvo que una de las entrevistas “más reveladoras” fue la que realizaron al padre Hugo “Coco” Segovia en Punta Alta. “Fuimos con mucho miedo porque se consideraba un lugar peligroso. Me contó el proceso que estaban viviendo de amenazas y ataques a Zamorano que ya se había ido, él vivía con su mamá, habían baleado su casa, estaba haciendo esfuerzos por quedarse ahí. Supe que después se trasladó a Mar del Plata”.

La carta de Pepe

En otro tramo de su declaración, el ex secretario de Derechos Humanos de Rio Negro se refirió al homicidio del obrero e integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque, José González.

Busso recibió una carta suya en el monasterio benedictino de Los Toldos. “Me la entregaron como testimonio de un cristiano que había sido asesinado y que le mandó una carta a su amigo que poco antes había ingresado al monasterio. Me impresionó, se declaraba militante cristiano y demostraba no solo una importante formación teológica sino profundas convicciones fundadas en su fe”.

“Firma ‘Pepe’ y habla de su militancia citando textos bíblicos y del magisterio de la iglesia para fundamentar un cambio personal y de estructuras para vivir una sociedad más justa, equitativa, solidaria y fraterna. Me resulta conmovedor cómo una persona, a partir de su fe, puede entregar su vida al servicio de la comunidad”.

El testigo afirmó que “los sectores de la derecha del poder económico y del privilegio siempre pretendieron usar la fe religiosa como un justificativo de su ideología y defensa de sus intereses. En la CNU, la Triple A y los jerarcas de la dictadura estaba muy presente el discurso religioso y el odio a quienes provenían de comunidades religiosas y los consideraban subversivos o izquierdistas”.

El Sedipla y el propio Busso sufrieron amenazas del CNU. “Iba con mi esposa Olga y mi hijo mayor que tenía unos meses, me crucé en Diagonal 80 de La Plata con un señor que amenazó al bebé: a estos zurditos hay que reventarlos antes que crezcan así que tené cuidado”.

El último número de la revista se editó en marzo de 1976. En agosto, el Ejército ingresó al local, secuestró a Busso y robó los archivos del centro de documentación.

En distintos centros clandestinos de detención y torturas del Circuito Camps el periodista fue interrogado sobre la labor de Sedipla. Un par de meses después de su detención ilegal pudo salir del país y vivir en el exilio hasta 1983.

En la audiencia del miércoles 3 de febrero declaró también Raquel Barabaschi, militante por los derechos humanos y víctima del terrorismo de Estado en La Pampa. Este jueves lo hicieron Roberto Adrián Grill, Hugo Alberto Moreno y Víctor Susca en defensa del represor Juan Carlos Curzio y mañana lo harán José Manuel El Alabi, Roberto Armando Ferri y Juan Carlos Ibáñez en favor de Raúl Roberto Aceituno.

Foto cabecera: Va con firma.

Imágenes Revista Sedipla: gentileza Néstor Busso.

La directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, Claudia Bellingeri, declaró, en carácter de testigo de concepto, en el marco del juicio que lleva adelante el TOF de Bahía Blanca contra los responsables de los crímenes cometidos por el grupo parapolicial Triple A entre 1975 y los primeros meses de 1976.

Como organismo designado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata para la preservación, administración y gestión del archivo de la DIPPBA, la CPM realizó para esta causa un aporte documental de 164 registros, entre fichas, legajos e informes que individualizan a los integrantes del grupo de tareas civil, el seguimiento a muchas de sus víctimas y las conexiones con la Universidad Nacional del Sur y el diputado Rodolfo Ponce, entre otros aspectos que se ventilan en este juicio.

Las audiencias continuarán los días 3, 4 y 5 de febrero.

La exposición de Bellingeri fue acompañada de una serie de diapositivas en las que se mostraban extractos de documentos oficiales de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) con datos de las víctimas de la Triple A en Bahía Blanca, la participación del por entonces interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Remus Tetu, en la coordinación del grupo de tareas sobre los claustros estudiantil y de no docentes, y el rol del diputado nacional Rodolfo Ponce -secretario general de la CGT local- en la conducción del grupo civil, además de la inserción funcional de la DIPPBA dentro del esquema y zonifación del terrorismo de estado.

El testimonio se extendió por más de tres horas y contempló la explicación y contextualización de 164 documentos aportados por la CPM en tres informes distintos que fueron presentados durante los últimos años desde el inicio de la investigación penal.

En primer lugar, la testigo de concepto detalló los principios de integralidad, cadena de custodia y autenticidad de los documentos, a partir del extenso trabajo de desclasificación, organización y digitalización del archivo DIPPBA. En ese marco, también se proyectó en plena audiencia el video titulado “La Inteligencia también fue Terrorismo de Estado”.

En cuanto a la Comunidad Informativa -categoría que designa la articulación, coordinación y colaboración de todas las agencias de inteligencia del país para la ejecución del plan de exterminio-, describió sus organigramas, funcionamiento orgánico, y su expresión local en Bahía Blanca.

De las reuniones de la Comunidad Informativa bahiense, por ejemplo, Bellingeri destacó documentos que prueban que Tetu participó activamente aportando nombres de trabajadores no docentes y estudiantes identificados como subversivos o de izquierda peronista o marxista, además de haber creado en la Universidad el Departamento de Seguridad desde el cual directamente se contrató a integrantes de la Triple A.

Asimismo, con respecto a Ponce los documentos expresan que varios de los integrantes de la Triple A de Bahía Blanca eran considerados como “guardaespaldas” o personal de seguridad del diputado Ponce, provenientes de gremios como el de la Junta Nacional de Granos, URGARA, y otros.

Entre las acciones encomendadas a este grupo de tareas civil se destacan la detección, seguimiento y, en algunos casos, el asesinato de “posibles elementos de izquierda” que intervinieran en los espacios gremial, fabril o universitario.

Cabe destacar que en los documentos de DIPPBA aportados a esta causa aparecen no sólo los nombres y roles de los cuatro que están siendo juzgados -Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero- sino también los de otros integrantes de la Triple A que no llegaron a juicio, como en los casos de Argibay padre e hijo, Sañudo, Chizú, Dodero y otros.

Respecto al nombre de la organización parapolicial, Bellingeri explicó que en ningún documento aparece explicitado como Triple A sino que se los menciona como “grupo civil”, “peronismo histórico”, “peronismo ortodoxo” o “juventud sindical peronista”.

Entre las víctimas que aparecen registradas en los documentos DIPPBA se destaca el caso de David Watu Cilleruelo, estudiante universitario asesinado por el grupo de tareas y cuyo nombre había sido aportado por el rector Tetu en una de las reuniones de la comunidad informativa de Bahía Blanca.

Tras el crimen del joven, y ante las protestas y movilizaciones de la comunidad universitaria, Tetu detalló “el estado rebelde y subversivo en los claustros, provocado por dichos activistas, cuyos antecedentes se adjuntan”.

Bellingeri también puntualizó en la documentación sobre otras dos víctimas -Luis Jesús García y a Rodolfo Gini- aunque aclaró que existe material documental sobre muchas de las víctimas que se contemplan en esta causa.

Fuente: ANDAR.