Luego de la absolución de Víctor Hugo Iglesias y otros dos imputados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual, desde “Bahía contra la Trata” solicitaron que las autoridades nacionales y el Consejo de la Magistratura incorporen la perspectiva de género como requisito para la futura conformación del Tribunal Oral y la Fiscalía de juicio.
Gabriela Galetti dijo a FM De la Calle que apelan a “la no naturalización de la explotación” y agregó que “muchas veces la explotación sexual tiene que ver con la vulnerabilidad de las mujeres que habían sido sometidas, con la falta de oportunidades, con el silencio y con la complicidad”.
La organización reclamó que el fiscal Santiago Roldán apele el fallo de los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu “para que estas causas avancen” y que la justicia “actúe con celeridad”. “Por ejemplo en la causa del club Kaos, que todavía no se elevó a juicio” y que involucra a Víctor Hugo Iglesias, uno de los absueltos.
“Consideramos que ya hay un inicio en el cambio cultural. Como sociedad tenemos que evitar la naturalización y que los proxenetas sean condenados. La ley de Trata es del 2008, recién en 2012 se establece el tema del aparente consentimiento porque hay que ver las oportunidades que tuvieron esas mujeres. El consentimiento no quita que se esté cometiendo un delito por parte del tratante. Esa complejidad también tiene que darse desde la justicia”, comentó Galetti.
Señaló que pretenden un pacto social: “Nos preguntamos: todo el sistema prostibulario que la sociedad bahiense conoce que existía en Ingeniero White, en la zona del puerto, en los cabarets, ¿era una ficción , un montaje que no existió?”.
Una absolución “no niega la realidad ni controvierte lo que toda la sociedad bahiense vio y calló por años”, concluyó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/10/vhi.png?fit=1020%2C488&ssl=14881020FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2018-10-23 18:19:142018-10-23 18:19:14“Apelamos a desnaturalizar la trata de personas”
Con la lectura de la acusación arrancó este viernes el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. Es el segundo tramo de la causa que investiga crímenes del terrorismo de Estado ordenados y ejecutados en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.
De los 18 imputados uno solo llegó esposado en un móvil del Servicio Penitenciario. Otros tres se acercaron por su cuenta a Colón 80 desde sus prisiones domiciliarias y el resto hizo lo propio, hacia sedes judiciales de Capital Federal y Necochea, para seguir la audiencia por videoconferencia.
El fiscal Miguel Ángel Palazzani afirmó que el debate mostrará una vez más “el circuito de Baterías, Comando de Operaciones Navales y la comunidad de la Armada Argentina operando junto con el V Cuerpo de Ejército. Vamos a escuchar algunas cosas que ya conocemos como hechos notorios y otras que se van a ventilar por primera vez, con todo lo que significa la realización de un juicio para seguir construyendo la memoria, la verdad y obtener justicia”.
Las próximas audiencias serán el jueves 1 y el viernes 2 de noviembre desde las 15.
El tribunal está integrado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de H.I.J.O.S. y APDH, respectivamente.
El fiscal Palazzani destacó ante FM De la Calle que “hay un contexto discursivo, simbólico, de cierta regresión. Es la instalación de discursos que uno pensaba que estaban superados a esta altura”.
“Es una conquista de toda la sociedad argentina, hay un hecho notorio -y eso tiene su significación judicial, es un hecho que no debemos probar ni discutir- que es la existencia del terrorismo de Estado. Y uno viene escuchando en ciertas esferas de producción discursiva reverberancias de la teoría de los dos demonios, de la palabra guerra, de reivindicaciones del sector que fue victimario y no víctima”, afirmó.
Miguel Ángel Palazzani.
Palazzani aseguró que ver “en el público algunos cursos de chicos del secundario” hace que los juicios “tengan sentido”.
Consultado respecto a la generalización de las detenciones domiciliarias, el fiscal explicó que fueron recurridos en Casación y en la Corte todos los casos que consideran injustos o en los cuales los genocidas, incluso con alguna dolencia, pueden ser atendidos dentro del Servicio Penitenciario Federal. “El resultado es este que estamos viendo. Fiscalía no deja recurso ni petición por efectuar. Luego, los que deciden son los jueces”.
Mario José Bilesio.
Minutos antes del inicio de la audiencia, integrantes de la Agrupación H.I.J.O.S. leyeron un comunicado en el cual repudiaron las domiciliarias y el escaso tiempo dedicado por el Poder Judicial para las causas de lesa humanidad.
“En momentos de profundos retrocesos en materia de derechos humanos y de derechos en general en nuestro país, a lo largo y ancho de Argentina, se sigue juzgando genocidas gracias a la convicción y valentía de los sobrevivientes y testigos, de un sector del Poder Judicial que continúa avanzando a pesar de las dificultades y del compromiso de organismos y ciudadanos que sostenemos los juicios”.
Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.
El secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Dante Patrignani, afirmó que estamos atravesando “un momento histórico en el cual desde el gobierno se están ralentizando estas cuestiones y hay una clara política en contra de la memoria, la verdad y la justicia, desde el negacionismo de Lopérfido a poco de asumir el gobierno pasando por el intento del 2×1 se trata de silenciar todo esto y, como organización de los trabajadores, teníamos que estar presentes”.
El dirigente agregó que la designación como fiscal del ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, a pesar de las impugnaciones presentadas por organismos de derechos humanos por su complicidad con los genocidas, va “en la misma dirección que el nombramiento de Carlos Rosenkrantz (como presidente de la Corte) y las presiones hacia los jueces que cumpliendo las normas legales se niegan a seguir las directivas del gobierno. Hay toda una ofensiva del Poder Ejecutivo, de los pro genocidas del gobierno, para que el Poder Judicial se someta a sus políticas”.
Arturo María Quintana.
Tras la lectura de la acusación, la Fiscalía adelantó que su alegato contendrá el pedido para que los delitos sexuales cometidos o avalados por varios de los imputados sean considerados de manera autónoma a las torturas, tal como se plasmó en la sentencia del primer debate de la causa.
Las defensas se escandalizaron aun antes de escuchar el planteo fiscal y deberán argumentar su oposición en la apertura de las sesiones de principios de noviembre.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/10/IMG_4076.jpg?fit=912%2C608&ssl=1608912FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2018-10-22 23:11:202018-10-22 23:11:20En noviembre continuará el Juicio Armada II
El ex presidente de Huracán Víctor Hugo Iglesias y el prefecto Eduardo Horacio Gutt fueron absueltos por el tribunal oral en el mayor juicio por trata de mujeres para explotación sexual de la historia judicial bahiense. El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.
El fiscal Sebastián Roldán había requerido ayer una pena de diez años para Iglesias por trata y facilitación de la prostitución, cinco años y medio para García y cinco años para Gutt. Respecto al propietario de El Gran Chaparral, Martín Vargas, había pedido su absolución por falta de pruebas.
En los próximos días los jueces Luis Salas, Oscar Albrieu y Marcos Aguerrido darán a conocer los fundamentos del fallo. Víctor Hugo Iglesias, quien fue defendido por Maximiliano De Mira y Dámaso Larraburu, deberá afrontar otro juicio oral por una investigación iniciada en 2012.
Nora Dinoto, integrante de la Red Local de Violencia de Género y firmante del documento, agregó que consideran a la trata de personas “como una forma de violencia extrema en el que se vulneran todos los derechos; el derecho a la identidad y a la vida misma. Lógicamente la ciudadanía y los organismos que peleamos por los derechos humanos tenemos que estar presentes aquí para reivindicar una vida digna para todas las personas”.
Además opinó sobre la actuación del tribunal: “Tendrían que haber difundido más toda esta cuestión que está en discusión. Hay que evitar la revictimización de las víctimas rescatadas en toda esta situación de trata pero sí quedaron algunas cosas pendientes que nos hubiera gustado que se manejaran de otra manera”.
Miriam Iantosca, integrante de Bahía Contra la Trata, aseguró a FM De la Calle que “se debatió muchos años y costó mucho. Verlos acá y que tengan que rendir cuentas hace que nosotros sigamos luchando, por esto que es una violación a los derechos humanos. A las mafias hay que seguirles los pasos, porque estas mafias mutan, hay que perseverar y permanecer en esta lucha porque es la única manera que vamos a estar rescatando a las niñas, niños y ahora, adolescentes”. Antes de conocer el veredicto afirmó que “lo que queremos es que queden adentro, lo que parece es que puede haber un poco de impunidad”.
Para la concejala de Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani el juicio fue “hermético”, con irregularidades y poca información. “Hay algunas cuestiones con las pruebas que fueron bastantes dudosas, en un juicio que ha sido el operativo más grande en la ciudad de Bahía Blanca. Nos preocupa porque seguimos viendo que se declama desde los estados municipales, provinciales y nacionales pero cuando vamos a la práctica, cuando realmente tenemos que demostrar lo que se hace y dar fallos ejemplificadores, todo queda muy licuado. Ellos mismos solicitaron la Declaración de Emergencia en Materia Social de Violencia de Género que sigue vigente y hemos pedido dentro del marco de la emergencia saber qué medidas se tomaron. Acá murieron tan solo este año cuatro mujeres y nos parece que el Ejecutivo al no responderte claramente nos está diciendo qué es lo que hace”.
Al ser consultada por los vínculos de Iglesias con el peronismo y en particular con el dirigente Dámaso Larraburu, Ghigliani dijo que “cuando estuvo en la interna del Partido Justicialista nosotros fuimos en la otra lista y es uno de los puntos que planteamos y, por suerte, ganamos la interna porque nos parecía que era aberrante que figurara como si fuese una persona que pudiera venir a decidir en un espacio político partidario”.
El documento leído este jueves frente al tribunal fue firmado por más de cuarenta organizaciones. La ex diputada nacional Virginia Linares, integrante del Frente Julieta Lantieri, aseveró que “Bahía y Punta Alta le han dado la espalda a la trata de personas, como si no existiera en esta ciudad. La idea es empezar a decir esto: existe en Bahía Blanca la trata de explotación sexual y también la laboral y que hay que empezar a denunciar”.
Verónica Bajo de Acciones Feministas brindó un marco más amplio desde dónde pensar la explotación sexual: “Siempre decimos que la prostitución es la cosificación extrema de un ser humano, de las mujeres en este caso. Es la conjunción máxima entre capitalismo y patriarcado. Usar a las mujeres para hacer un ejercicio de poder sobre los cuerpos es la visibilización más patriarcal que hay. Y no es casual que hoy estemos asistiendo a un juicio que ha sido invisibilizado por los medios donde hay un silencio muy grande y donde hay complicidad. No es casual que sea uno de los negocios más grandes del mundo, tiene complicidad de los estados, de los gobiernos, de los poderes económicos y de la justicia”.
Ana Canullo, integrante de CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, instó a que “la gente que va a la Cantina Royal sepa a dónde va, que sepa quién es el dueño de la cantina y dónde se sienta a comer. Evidentemente estas cuestiones de poder son tan dificiles de desenmarañar que es una tarea de las militantes salir a denunciar”.
Finalmente Laura García Vázquez, secretaria adjunta de CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, agregó que “lo importante es todo lo que se ha avanzado en conciencia social. Hace unos años parecía que estar en contra de la trata estaba bien pero daba un poco de miedo. (…) Lamentablemente todos estos delitos aberrantes para la condición humana, y en este caso para las mujeres, cuentan con el apoyo del poder real: económico, político, judicial. Y esa es una batalla muy grande que tenemos que dar por las mínimas garantías democráticas”.
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Este viernes a las 9 comenzará el debate oral del segundo tramo de la causa Armada. Mientras, se demoran una cuarta parte de Ejército, el juicio a integrantes de la Triple A y otras investigaciones contra responsables civiles del genocidio en Bahía Blanca y la región.
18 imputados, 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias orales y públicas serán cada quince días en Colón 80. Habrá alrededor de veinte testigos y, probablemente, solo un represor en la sala. El resto seguirá el debate por videoconferencia.
Es el sexto juicio que se realizará en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Es el lento camino de una etapa del Juicio y Castigo iniciada en junio de 2011.
En septiembre de 2012 fue la histórica sentencia con condenas de prisión perpetua para 14 genocidas y otras tres de entre 17 y medio y 18 años. El grupo de criminales estaba conformado por integrantes del Comando V Cuerpo de Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181, de la Policía Federal de Viedma y por ex responsables de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.
Además, el fallo incluyó decisiones relevantes en el proceso judicial como fue la orden de abrir y profundizar investigaciones contra genocidas civiles: el clan Massot y La Nueva Provincia, el capellán Aldo Omar Vara y de quienes ocuparon la Secretaría del Juzgado Federal: Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti.
Hubo cuatro penas a prisión perpetua y el resto a once, cuatro y tres meses y tres años y cinco meses. Los siete condenados pertenecían al Batallón de Comunicaciones 181 y al V Cuerpo de Ejército, entre ellos se destacaba un grupo de guardias del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.
Los magistrados ordenaron abrir una investigación sobre la responsabilidad del ex juez provincial Francisco Bentivegna durante el terrorismo de Estado y, a modo de reparación, dictaron la nulidad absoluta de una sentencia del Consejo de Guerra del V Cuerpo.
El 25 de noviembre de 2015 el TOF bahiense condenó a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Los sentenciados fueron miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.
Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “el diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía” que ocho militantes peronistas “fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y, en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.
Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que señalice “el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías” como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados”.
En mayo de 2017, el comisario Gustavo Abel Boccalari fue condenado a prisión perpetua por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a Julio Argentino Mussi. Tras el debate los jueces Luis Roberto Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido ordenaron señalizar como “sitio de la memoria del terrorismo de Estado” el predio de Chile y España donde funcionó el centro clandestino de detención de la División Cuatrerismo.
El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo requerido por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.
Luego de realizarse la audiencia preliminar del juicio que ahora comienza, los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti renunciaron a sus subrogancias en el tribunal oral y fueron reemplazados por Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.
16 de los imputados serán juzgados por primera vez en la ciudad. Otros dos ya fueron condenados a prisión perpetua en el primer tramo del juicio. De todos ellos, uno solo está en la cárcel.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/10/BANNER-BLOG.png?fit=1200%2C300&ssl=13001200FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2018-10-18 15:39:452018-10-18 15:39:45Lentos pero vienen: arranca el sexto juicio
Organizaciones sociales, políticas, sindicales y feministas convocamos a la comunidad a la lectura del documento “No a la impunidad” en el marco del juicio por trata de mujeres para explotación sexual más importante de la historia judicial bahiense.
Será este jueves a las 11 frente al Tribunal Oral de Chiclana y Lavalle donde se escucharán los alegatos contra el dirigente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.
La investigación del fiscal Antonio Castaño y del titular de la Protex, Marcelo Colombo, destacó la “evidente connivencia policial y política” con la que actuaban los proxenetas en Ing. White. 25 mujeres y niñas fueron rescatadas.
Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.
ANTE EL JUICIO DE TRATA MÁS IMPORTANTE
DE LA HISTORIA DE BAHÍA BLANCA, NO A LA IMPUNIDAD
En el marco de un juicio histórico por trata de personas con fines de explotación sexual que se está llevando a cabo en la ciudad, queremos transmitir un mensaje claro.
Se llega a esta instancia judicial con evidencias concretas de un armado en red, destinado a la trata de mujeres. En este marco, se efectuó el mayor operativo de desarme de tramas de explotación sexual en la ciudad, en el cual fueron rescatadas 25 mujeres. Asimismo, señalamos que en este caso se destacó la connivencia entre los explotadores y las fuerzas de seguridad, lo cual constituye una de las principales características de este delito a nivel mundial. Nuestro objetivo es hacer ver lo que se pretende silenciar o invisibilizar: que la explotación sexual es una forma de vulneración de Derechos Humanos, la cual no puede ser tolerada, naturalizada, ni avalada por los Poderes de la República.
Es por lo mencionado que, desde organizaciones y referentes sociales, políticas/os, sindicales y feministas, hacemos un llamamiento a que la explotación sexual no quede impune, y a que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas, en pos de restituir todos sus derechos vulnerados.
ADHIEREN:
Bahía Contra la Trata – Frente Julieta Lanteri – Red Local de Violencia de Género – Consejo Local de las Mujeres – Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur – Grupo de investigación UNS Prostituir es tratar – El Nido – Acciones Feministas – Desbandadas – Comisión de Género y Diversidades sexuales del Colegio de Psicólogos Distrito 1 – Bahiensas Feministas – Asociación Civil Manos Entrelazadas de Punta Alta – Colegio de Psicólogos – La Misión – Centro de estudiantes de trabajo social Bahía Blanca – Centro de pensamiento jurídico Inclusivo – FM De la Calle – Centro de estudiantes de Abogacía UNS – Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca – Equipo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Congregación Claretiana Bahía Blanca – Comisión de Cultura y Deportes venezolana de Bahía Blanca – Programa Aquelarre Radio Urbana Bahía Blanca.
Ate Bahía Blanca – Suteba Bahía Blanca– Sadop – Adef Bahía Blanca – CGI (Comisión Gremial interna) Banco Credicoop – Jaime Linares Senador Nacional MC – Frente feminista nacional y popular – Integración Ciudadana – Nuevos Vientos – Unidad Ciudadana – Bloque de Concejales Cambiemos – Bloque de Concejales PJ Cumplir – Frente de Mujeres Nuevo Encuentro – Juventud Radical – Jóvenes Pro Bahía Blanca – Puño y Letra Comunismo Revolucionario – Juventud Sindical Peronista – Socialistas para la Victoria – Melina Rebollo secretaria de DDHH e igualdad de género Secasfpi Anses – CTA Autónoma Nacional Pablo Micheli secretario general y Dora Martinez secretaria adjunta – CTA Provincia de Buenos Aires Cristian Echeverría secretario general, Laura García Vazquez, secretaria adjunta – Jesús Felix, secretario general CTA Autónoma Bahía Blanca Coronel Dorrego.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/06/iglesias-a.png?fit=3240%2C926&ssl=19263240FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2018-10-17 17:49:192018-10-17 17:49:19Trata, policía y política: el juicio invisible
(Por Mauro Llaneza) La justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría en el marco de las causas que investigan la contaminación del estuario.
En el ámbito federal se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento.
Los representantes de los pescadores habían solicitado a la justicia federal la citación a indagatoria a los directores de ABSA S.A., Compañía Mega S.A, Solvay Indupa SACI, Cargill S.A., Petrobrás Argentina S.A., Profertil S.A., Dow Argentina S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a funcionarios del OPDS y la Secretaría Ambiental de Bahía Blanca.
“Los directores de cada una de las empresas han tomado la decisión, con conocimiento y voluntad, de instalarse en una zona con características morfológicas particulares que provocan que el agua no sea renovable, que asimismo es una zona de reproducción y cría de muchas especias marinas y en donde se ha instalado una ‘polo petroquímico’, sabiendo que cada una de las empresas incorporan sinérgicamente sustancias nocivas al ambiente”, denunciaron.
No hay estudios que certifiquen que el aporte individual de contaminantes de cada empresa del polo petroquímico genere daño ambiental en un área sin renovación de agua y donde se reproducen y crían muchas especies marinas.
Sin embargo, los directivos decidieron instalarse allí y “continuar produciendo y arrojando sus desechos industriales constantemente al estuario” sabiendo que su “aporte no es el único” y que “la sumatoria de todos los desechos industriales son los que realmente importan cuando se debe prevenir la contaminación”.
La jueza Gabriela Marrón, a instancias del fiscal subrogante Horacio Azzolín, falló que aun con el resultado de la pericia realizada por la UBA y la Policía Federal es “prematuro” aceptar las medidas cautelares.
En el fuero contencioso administrativo los pescadores artesanales insistieron al juez Agustín López Coppola que dicte medidas precautorias ante el riesgo para la salud de la población por la contaminación y para frenar el crecimiento de las empresas que lo generan.
“Sabiendo que el estuario no admite más carga de contaminantes y que este proceso judicial seguramente durará muchos años más hasta tener una sentencia firme, el dictado de una medida cautelar es la única medida idónea para cumplir el mandato legal y constitucional de prevenir más efectos nocivos”, le reprochó el abogado Lucas Beier en su apelación.
Más allá de la pericia, en nueve años y decenas de miles de fojas, la causa incorporó resoluciones ministeriales, del Comité de Control y Monitoreo y documentos en los cuales las propias empresas reconocen “la constante y continua deposición final de sustancias peligrosas en el estuario”.
“¿Que sería más prudente, preventivo y responsable ante la afirmación científica de que existe un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies que prohibir su captura y consumo?”, se preguntó el abogado.
El juez argumentó que la pericia está en etapa de “bilateralización” -durante la cual las partes analizan el estudio- y si bien el análisis “será ampliado y explicado luego de las impugnaciones”, vale destacar que ya no es posible pedir su nulidad.
El magistrado rechazó dar a publicidad los resultados de la pericia y advertir a la población sobre los riesgos del consumo de peces del estuario aunque aclaró que la querella podría realizarlo por su cuenta y destacó que, de hecho, la noticia fue difundida por los medios de prensa.
En su apelación, Beier recordó al juez que “ningún acto de las partes puede suplir los actos de imperio del juez que, dicho sea claramente, son también actos de gobierno” y que sobre su cabeza pesa “cumplir los objetivos y principios de la Política Ambiental Nacional”.
López Coppola se contradijo al no impedir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales que utilicen el estuario para descargar sus efluentes argumentando que los pescadores no informan sobre una fecha precisa de inicio o existencia de proyecto en ese sentido.
“La consideración de lo público y notorio por parte del juez es errónea por parcial pues ha considerado la difusión mediática de ciertos aspectos de la pericia de la UBA pero no ha considerado que, previamente, se viene informando por los mismos medios de prensa que existen concretas intenciones de grupos empresarios, inclusive parte de las empresas demandadas, de invertir sumas millonarias en ampliaciones industriales en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, complejo industrial que tiene al estuario homónimo como cuerpo receptor de todos sus detritos nocivos y contaminantes”.
El punto no solo alcanza a firmas del polo sino de cualquier industria cuyos residuos líquidos lleguen por la red cloacal a la ría sin tratamiento. Por obvio, excluyen de la prohibición reclamada a “las que lo hacen en forma clandestina”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/10/just-contaminacion.png?fit=853%2C353&ssl=1353853FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2018-10-16 20:02:532018-10-16 20:02:53Contaminación en la ría: tras la pericia, como si nada
Este jueves la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur realizará elecciones para renovar su Comisión Directiva y la Revisora de Cuentas.
La Lista 1 “Docentes por la Unidad en la acción” con 144 avales está encabezada por Sergio Zaninelli y Ana Tablar, mientras que la Lista 2 “Recuperación Gremial (La Naranja + Independientes)” con 65 avales propone a Juan Cappa y a Eugenia Fermento para la conducción gremial.
Días atrás, el actual secretario general y candidato a renovar el cargo, Sergio Zaninelli y su compañera de lista Ana Tablar visitaron FM De la Calle y presentaron su proyecto.
“La intención es seguir siendo protagonistas fundamentalmente de la unidad en acción teniendo en vista quién hoy nos gobierna; un gobierno netamente conservador, oligarca, que claramente quiere destruir a la educación pública y, obviamente, a la universidad tal cual la concebimos. Ese es nuestro norte y nuestro norte particular es seguir reclamando y trabajando por la plena aplicación de nuestro convenio colectivo de trabajo, que también es una herramienta que venimos construyendo, desarrollando y trabajando en el marco de la comisión paritaria que tenemos en la Universidad Nacional del Sur”, afirmó Zaninelli.
Agregó que “este espanto que nos gobierna movilizó a sectores docentes que quizás años anteriores estaban más calmos y fundamentalmente movilizó al sector estudiantil, eso es indudable. La potencia y la vitalidad que recobró el plan de lucha de la docencia tuvo que ver también con el posicionamiento que tuvieron los estudiantes de todos los niveles cuando regresamos del proceso invernal”.
Sobre los desafíos que se están debatiendo en el ámbito académico universitario Ana Tablar aseguró que “hay muchas cosas que tenemos que resolver: la incorporación de titulares en los concursos ordinarios de gente que ha venido trabajando de forma interina, eliminar la forma de asignaciones complementarias, eso requiere un esfuerzo constante de discusión porque la universidad es bastante compleja en su estructuración. (…) También en las escuelas medias tenemos un proceso de titularización que todavia no se ha completado, en ese sentido tenemos mucho trabajo por delante”.
Añadió que estas discusiones están relacionadas “con lo que se está configurando a nivel nacional, en lo que es el movimiento de trabajadores universitarios”. Respecto a la situación de los y las docentes universitarios/as dijo que “la lucha cobró la dimensión que tomó porque se trabajó con otras federaciones. Conadu Histórica ha sido históricamente la confederación combativa pero esa unidad es lo que nosotros pretendemos, creemos que en esta lucha es indudable que tenemos que hacerlo en conjunto y eso en la lista ha sido nuestro ideario”.
El actual secretario general de ADUNS opinó sobre las articulaciones políticas opositoras que se están generando en el contexto actual como el 21F: “Mientras tengamos claro quién es el principal enemigo de nuestra clase, de nuestro país, mientras tengamos claro que la salida es luchar, movilizar, hacerse presente, desde ADUNS, nos va a encontrar presente y articulando como venimos haciendo fundamentalmente desde el 10 de diciembre de 2015, cuando el ataque se perpetuó virulento a la educación. Y así venimos trabajando la articulación con sindicatos históricos como puede ser el sindicato de SUTEBA Bahía Blanca, pero también con otros sindicatos que antes por ahí no articulábamos porque estaban más retraídos a la hora de luchar. Lo cierto es que antes no veíamos el ataque a nuestra clase, por eso no era tan necesario pegar con un solo puño. Mientras estén claros estos factores, desde de ADUNS siempre vamos a estar presente apelando al no sectarismo. Creo que el sectarismo termina beneficiando a quienes nos están gobernando”.
Consultado sobre su universidad “ideal”, Zaninelli aseguró que le “gustaría una universidad donde haya más debate, más discusiones pensando en qué país queremos, pensar la universidad como un gran cerebro, una gran maquinaria que defina las grandes líneas de un país, de una gran república; como una gran fábrica de ideas para construir un país, algo que le falta a la Universidad del Sur. Las autoridades deberían ser más confrontativas cuando del otro lado hay ajuste y achique”.
Por su parte, Tablar invitó a pensar la matriz de desarrollo científico que propone la UNS: “¿Qué queremos nosotros? ¿Qué queremos desarrollar? ¿Ciencia para qué? ¿Con qué proyecto? El rol de la universidad nacional en el proyecto nacional tendría que ser debatido y yo creo que eso estamos lejos de hacerlo. Lo mismo con la formación de nuestros profesionales (…) En cuanto a derechos humanos tenemos los claros o la luz para que la universidad ceda espacios para los juicios, tenemos la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero por otro lado tenemos un juicio a Gloria Girotti que todavía no terminó y eso es toda una contradicción”.
Mesa 1: Av. Alem 1253 (Hall de ingreso UNS) de 8 a 18h Mesa 2: 11 de Abril 445 (Hall de ingreso EMUNS) de 8 a 20h Mesa 3: Av. Cabrera 3300 (Escuela de Agricultura y Ganadería) de 8 a 18h Mesa 4: 12 de Octubre y San Juan (Hall de ingreso Humanidades UNS) de 8 a 20h Mesa 5: Campus UNS Altos de Palihue (Hall ingreso Departamento de Cs. de la Administración) de 8 a 18h
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“Tenemos el primer vencimiento y no tenemos la plata”, dijo a FM De la Calle, Rubén Panciroli, secretario del Club Vista Alegre. Es la primera factura de EDES que reciben tras reconectar el medidor en julio.
Son más de 300 chicos y chicas los que asisten a la institución. Tienen ocho categorías de fútbol infantil y menores en Liga del Sur. Dos equipos femeninos en la Liga Interbarrial de Fútbol Femenino y un equipo de sub 23. También ofrecen ajedrez.
“Los chicos tienen que entrenar, la mayoría de los entrenamientos son a partir de las seis de la tarde y no hay posibilidad en invierno y, por más que le pedimos poner los horarios lo más temprano posible, los técnicos son voluntarios que tienen su trabajo y cuando salen van a club, no es que nosotros le pagamos y podemos fijarle un horario”, dijo Panciroli.
El dirigente comentó que pidieron al Concejo “una reunión con la Comisión de Cultura y Acción Social para ver qué posibilidades hay de llegar un acuerdo y también pensábamos en ir a la parte de Deportes del Municipio”.
La cuota social es de 50 pesos aunque son pocos quienes pueden abonarla. “Un club de barrio en Bahía Blanca no es una prioridad para el gobierno, esperemos que a nivel local podamos llegar a alguien con un poco más de sensibilidad que el gobierno nacional”.
Quien quiera colaborar puede acercarse a Coulin 2051, entre Santa Cruz y Río Atuel, desde las 18.
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Esta mañana, presentaron un recurso de amparo. “Vinieron sin orden de desalojo”, dijo Juliana a FM De la Calle, y reprimieron “sabiendo que hay chicos menores”. “Se metieron a las casas”, agregó su vecina, en situación de calle con dos niños a cargo. “Hay menores con balas de goma”.
Ambas se acercaron a la municipalidad, en otras oportunidades, frente a la difícil situación económica que atraviesan. “En este caso vivieron con agresión y amenazas” sin mediar diálogo político.
“Por algo estamos acá” suma Luciano, quien recuerda que están anotados en “planes de vivienda desde el 2006. Son tierras que el municipio quiere negociar porque es mucha plata. Queremos un lugar donde poder vivir dignamente”.
“No queremos que nos lleven a un hogar donde hay más mugre que acá. Queremos una respuesta. Queremos que se haga cargo el intendente. Que se haga responsable. Que no se olvide que estamos en un rincón de Bahía Blanca. Que les dé una solución a la familia. No estamos usurpando. Estamos ocupando un lugar que nos pertenece como bahienses. No queremos que nos den materiales, lo vamos a levantar de cero”.
A su vez, denunciaron que durante la represión de ayer el municipio les “robó lo poco que teníamos. Se llevaron chapas, todo. Buscan que nos peleemos entre pobres y no lo van a lograr”.
Mientras tanto, el intendente Héctor Gay, junto a un puñado de dirigentes nacionales, lanzan la Unión Industrial de la Patagonia Argentina en el Teatro Municipal.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/10/MG_3985.jpg?fit=3648%2C2048&ssl=120483648FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2018-10-11 14:34:352018-10-11 14:48:18Toma de viviendas y represión: “Que el intendente se haga cargo y dé una respuesta”
Por 33 votos a favor y 20 en contra el Senado aprobó ayer el pliego de Santiago Ulpiano Martínez para que asuma la titularidad de la Fiscalía Federal Nº2 de Bahía Blanca. De esta manera, la mayoría de las y los senadores desoyó las graves denuncias de los organismos de derechos humanos y de víctimas del genocidio.
“Ulpiano Martínez es parte de la estrategia del gobierno de Mauricio Macri para garantizar la impunidad para los culpables de crímenes de lesa humanidad”, afirmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, y Rosana Heinrich -hija de Enrique Heinrich, obrero gráfico de La Nueva Provincia asesinado por la última dictadura cívico-militar-.
Una de las impugnaciones presentadas en abril fue realizada por el CELS y planteaba que Martínez “carece de idoneidad para el cargo” dado que “sus tres años a cargo del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca dejaron un cuadro de atraso y falta de organización de las causas sobre las cuales debía resolver. Además, tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad”.
En cuanto a las investigaciones sobre el genocidio, los organismos destacaron que las “reiteradas irregularidades” se “convirtieron en estrategias de impunidad”.
“Entre los beneficiados está Vicente Massot, uno de los responsables de La Nueva Provincia, acusado por el secuestro y asesinato de Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas, y Miguel Ángel Loyola, tesorero del mismo sindicato”.
“Además, Ulpiano Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, rechazó el pedido de detención de Aldo Vara, capellán acusado por delitos de lesa humanidad, lo que facilitó que se fugara y muriera impune, y omitió informar sobre prisiones preventivas cuyos plazos estaban vencidos”.
El comportamiento irregular de Ulpiano Martínez fue informado por el juez Alejo Ramos Padilla, su sucesor como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, ante el Consejo de la Magistratura y la Comisión Interpoderes.
Ayer votaron a favor: Federico Pinedo, Julio Cobos, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Bullrich, Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Néstor Braillard Poccard, Humberto Schiavoni, Carlos Espínola, Roberto Basualdo, Inés Blas, Inés Brizuela y Doria, Miriam Boyadjian, Mario Fiad, Julio Catalán Magni, Eduardo Costa, Alfredo De Angelli, Silvia Giacoppo, Gladys González, Daniel Lovera, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Dalmacio Mera, Claudio Poggi, Blanca Porcel de Riccobelli, Laura Rodríguez Machado, Guillermo Pereyra, Magdalena Solari Quintana, María Belén Tapia, José Uñac, Marta Varela, Silvia Beatriz Elías de Pérez y Pamela Verasay.
En tanto, los votos en contra fueron los de: Anabel Fernández Sagasti, María Inés Pilatti Vergara, Eduardo Aguilar, Ana Almirón, Norma Durango, Marcelo Fuentes, Silvina García Larraburu, Nancy González, Pedro Guastavino, Ana María Ianni, Alfredo Luenxo, José Mayans, Beatriz Mirkin, María de los Ángeles Sacnún, María Odarda, José Ojeda, Juan País, Eugenia Catalfamo, Sigrid Kunath y María Teresa González.
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La Policía Bonaerense reprimió y desalojó a más de una decena de familias que habían instalado viviendas precarias en terrenos ubicados entre Avda. Arias y 18 de julio.
La Municipalidad no brindó alterativas habitacionales. Tres jóvenes fueron heridos con balas de goma y uno fue detenido por “resistencia a la autoridad”.
En diálogo con FM De la Calle, Marisol relató que “estaba durmiendo, a las 6 de la mañana vinieron y empezaron a tirar ranchito por ranchito”.
“Estaba con mi nene de nueve meses adentro, vino una milica y me dijo que ya tenía que desalojar. Y si no salís ahora te vamos a sacar el guacho y te vamos a mandar al Servicio Local, a vos te vamos a llevar presa y al guacho vas a tener que hacer un montón de apeles para recuperarlo. Me dijeron barbaridades, insultándome, para apurarme”, agregó.
Marisol comentó que luego “empezó el quilombo del tiroteo, con los tiros le pegaron a varios, en la espalda, el pecho, dos menores estaban en el hospital, a una chica también, a mi vecina que vivía enfrente y está embarazada le empezaron a dar ataques”.
“A mí me daban hasta mañana con el Servicio Local, venían para solucionar todo esto pero después qué hago yo, me dan una bolsita de alimentos y nada más. Si me dan una pensión para alquilar es un mes y arreglate, yo no tengo trabajo y mi marido hace changuitas nomas”, manifestó.
Finalmente adelantó que las familias se reubicarían en el lugar: “Me voy a quedar acá, no tengo a donde ir”.
Semanas atrás, el intendente Héctor Gay ordenó una “limpieza profunda” en terrenos que la provincia traspasó al municipio en el barrio Miramar. Funcionarios y policías acompañaron a las topadoras que derribaron las viviendas de varias familias que fueron temporalmente asistidas con el pago de alquileres.
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Vecinas y vecinos e integrantes de organizaciones e instituciones del Barrio Noroeste, Bajo Rondeau y Villa Caracol volverán a manifestarse esta mañana frente a la delegación municipal para entregar un petitorio al representante del intendente, Juan Campos.
Prentenden mostrar su “profunda preocupación por el impacto que las medidas económicas y las decisiones del gobierno están ocasionando en quienes vivimos y trabajamos aquí”. El viernes marcharon hasta la oficina del funcionario quien, aunque fue avisado oportunamente, no concurrió a la cita.
“Nos negamos a naturalizar vivir en el barro, con las calles llenas de agua, con desempleo y con merenderos y comedores barriales. Tenemos derecho a tener viviendas en condiciones que no perjudiquen la salud de quienes las habitamos, contar con calles transitables, con escuelas seguras para nuestros hijos e hijas, con unidades sanitarias que tengan lo necesario para atender a las familias y prevenir enfermedades”, afirmaron.
El informe presentado advierte que:
Se han recortado o eliminado recursos municipales que estaban destinados a paliar las situaciones de vulnerabilidad de la comunidad de estos barrios.
Se han eliminado las tarjetas sociales y ayudas económicas a organizaciones barriales que las necesitaban para desarrollar sus actividades solidarias y culturales.
En los últimos dos años, han aumentado los merenderos que se sostienen por donaciones y sin ninguna ayuda del Estado, que alimentan a una cantidad creciente de familias golpeadas por el desempleo y por la suba constante de precios.
Ha comenzado a producirse escasez de algunos medicamentos para los niños, niñas y sus familias en la Unidad Sanitaria.
Las calles del barrios están en pésimo estado y se deterioran cada día más.
En la Escuela Secundaria N°313, se carece de la cantidad suficientes de cupos para el comedor escolar, lo que ocasiona que las alumnas y alumnos roten el día que les toca almorzar.
Por ello, demandan al intendente y su delegado:
Que el Municipio designe las partidas presupuestarias para contar con todos los recursos necesarios para asistir las situaciones de vulnerabilidad de los/as vecinos/as.
Que sostenga los merenderos y comedores barriales, hasta tanto las familias contemos con nuestros propios recursos ya que seguimos sosteniendo que queremos almorzar y cenar en nuestras casas.
Queremos que todas las calles del barrio sean transitables. En la actualidad hay sectores donde no pueden acceder ambulancias ni bomberos, dejándonos en riesgo. No nos oponemos a las obras de infraestructura como las que se están llevando a cabo, pero necesitamos que esas calles sean accesibles, ya que son el acceso obligado a la Delegación, la Unidad Sanitaria, el Centro de Primera Infancia, el Jardín 950 y la Escuela Especial 510.
Que las autoridades provinciales gestionen lo necesario para que la totalidad de alumnos y alumnas de la secundaria 313 puedan almorzar, desayunar y merendar en el comedor escolar.
Que el delegado. Sr. Campos, de respuesta efectiva y soluciones cuando los vecinos, vecinas e instituciones lo demandan, porque hasta ahora no la hemos tenido.
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El viernes se realizó una nueva entrega de la bolsa con Producciones de la Agricultura Familiar y FM De la Calle emitió desde Avellaneda 416 un programa especial de En Eso Estamos con entrevistas a integrantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, de los grupos de productores/as asociados/as, consumidoras y consumidores.
La iniciativa llegó a Bahía Blanca a partir de la experiencia de la Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María -Córdoba-, un grupo de organizaciones e instituciones que desarrollan una lógica de consumo organizado, teniendo en cuenta tres líneas de trabajo: compra directa a productores; compras en el mercado de frutas que no se producen en la localidad; y compra a productores nucleados en pequeña cooperativas.
Aquel espacio nacido en la red de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria impulsa, además, el debate acerca de la cadena de producción de los alimentos que consumen, la formación de precios y cómo lograr un comercio justo.
Luego de participar de una jornada de trabajo en Villa María, integrantes del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca convocaron al CFP 401 Anexo UP4, al INTA Pro Huerta, a Cambio Rural y a FM De la Calle para proyectar la iniciativa a nivel local.
El objetivo era lograr que Pro.Sau.Chi, un grupo de productores del Sauce Chico, vendan más, a un precio justo, de forma directa y sin intermediarios. Luego se incorporaron emprendedoras asociadas con capacidad de producir en mediana escala.
Se trata Moras Brix, un grupo de mujeres que elaboran conservas, Runtu Thani, productoras de huevos frescos, e internos de la Unidad Penal de Villa Floresta, quienes aportan lombricompuesto, hongos comestibles y la serigrafía de las bolsas. También participan pescadores artesanales de Pehuen Co, quienes están en proceso de regularización de su actividad.
Marina Huentenao, integrante del equipo de Ecosol de Cáritas Bahía Blanca
Castorina Chamorro y Alejandra Millán, productoras de mermeladas y panificados
Celina Diotto y Carlos Mojica, INTA Pro Huerta y Runtu Thani
Antonio Gareca, integrante de Productores del Sauce Chico
Pablo García y Alicia Torre, Cambio Rural y FM De la Calle
Eliana Soto y Sonia Zamora, productoras de huevos de Runtu Thani
Analía Guerrero, integrante de La Feria del Lago
“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/10/MG_3937.jpg?fit=3648%2C2432&ssl=124323648FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2018-10-08 15:19:382018-10-08 19:11:39Escuchá las Producciones de la Agricultura Familiar
Más del 40 por ciento de los comercios bahienses achicó su actividad y otros tantos manifestaron su estancamiento según una encuesta realizada por el Centro de Economía Política Argentina.
El economista Juan Cruz Lucero comentó las conclusiones del estudio en diálogo con FM De la Calle.
El relevamiento se realizó en septiembre en un centenar de negocios de 25 barrios de la ciudad. Siete de cada diez manifestaron caída en las ventas y un 63% no realizó inversiones en el año.
El 64% indicó que no hubo variación en la cantidad de empleados, con la particularidad de que tres cuartas partes de los comercios expulsaron trabajadorxs el año pasado y que, en muchos casos, pasaron de tener empleados a que los dueños se encargan de los locales comerciales. Sólo el 4 por ciento aumentó su plantilla laboral.
Los principales problemas manifestados son: el costo de los servicios públicos (8.4), la disminución de la rentabilidad (7.2), la caída de ventas (6.82) y los elevados costos de alquiler (6.81).
Por otro lado, los que menor valoración tienen, de acuerdo con las empresas encuestadas, son: las dificultades para conseguir financiamiento (4), el aumento de los costos de mano de obra (5.1) y la fuerte competencia en el mercado interno (5.7).
En cuanto a las expectativas, el 56% de los encuestados considera que las ventas disminuirán en los próximos meses, mientras que el 10% supone que aumentarán.
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Integración Ciudadana presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para modificar la ordenanza que regula la instalación de torres para antenas en la ciudad. La norma fue aprobada por unanimidad y sin debate en julio tras la derogación de la regulación resistida por las empresas.
Cambiemos, Unidad Ciudadana, PJ Cumplir y el Frente Renovador establecieron límites en algunos espacios e instituciones pero habilitaron su ubicación en clubes.
Para IC, fuerza que participó de la elaboración de la derogada ordenanza 17.130, “cuando se modifica un régimen novedoso de regulación en forma contraria al vigente el debate no puede estar ausente” como ocurrió.
Su proyecto propone extender “los ámbitos restringidos para la instalación de las antenas, establece el régimen de doble lectura con debate, participando los sectores interesados para la afectación de los espacios públicos, espacios verdes, bienes del dominio municipal y los convenios de uso a título oneroso de inmuebles donde se ubiquen las antenas”.
“El HCD se obligará a aplicar ese sistema previsto en su reglamento interno notificando a las organizaciones que se inscriban en un registro habilitado al efecto de los despachos de comisión que aprueben o desestimen la localización. Convocando a un plenario de comisiones que hayan despachado el expediente todo ello con carácter previo y obligatorio a la convalidación del acuerdo”, afirmaron desde la Comisión de Acción Política de la agrupación.
Por otra parte, advirtieron que “el pase del pedido de localización e instalación a Saneamiento Ambiental no puede quedar restringido a evaluar la emisión a nivel sonoro. Por ello se extiende a todos los impactos ambientales en el marco de la competencia ambiental municipal”.
“Se propone que el convenio con el ENACOM no puede limitarse a las mediciones específicas sino que debe constituirse en una obligación subordinando la aplicación de la ordenanza a su existencia y que el incumplimiento de la normativa ambiental determina la falta de permiso o su revocación, atento el carácter precario de este acto administrativo de autorización”.
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La tasa de inflación de septiembre aumentó 6,54% respecto a agosto y es la mayor suba registrada en la historia del IPC Online. La variación de precios fue mayor al mes pasado y acumula en el año 29,60%. El incremento acumulado durante los últimos 12 meses llega a 36,72%.
“Sigue una brecha por cerrarse entre el mayorista y el IPC en lo que es el precio del dólar. Vamos a ver qué pasa con la política monetaria que se empezó a implementar ayer. En tanto el dólar se quede quieto probablemente se traslade menos a precios y tenemos la doble nelson por una política fiscal y una política monetaria recesivas y los vendedores no pueden ajustar todos los precios porque anulan las ventas”, dijo Juan Larrosa a FM De la Calle.
El informe del mes pasado presenta subas en todos los capítulos: Alimentos y bebidas (7,10%), Indumentaria (6,83%), Vivienda y servicios básicos (3,94%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (11,35%), Atención médica y gastos para la salud (5,18%), Transporte y comunicaciones (3,43%), Esparcimiento (10,83%), Educación (7,06%), Otros bienes y servicios (6,93%).
De los 13.585 productos y servicios relevados el 47,3% registró alzas, el 2,4% bajas y el restante 50,3% no tuvo cambios. Las mayores alzas puntuales se registraron en precios de Cámara fotográfica digital, Vino fino, Libro infantil, Horno a microondas y Batata, todas con subas superiores a 55%. Las mayores bajas puntuales se encontraron en precios de Yerba mate, Jabón en polvo para ropa, Texto primario, Vino fino y Libro infantil, todas ellas mayores a -25%.
Se observaron aumentos o arrastre estadístico en Electricidad, Afiliación a sistema de salud, Gasoil, Nafta de 93 a 97 octanos, Nafta de más de 97 octanos, Gimnasio y Cigarrillos. A su vez, se destaca baja en el precio de Servicio de televisión por cable.
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La seccional bonaerense de la CTA aseguró que Cambiemos incrementó la deuda pública provincial en más de 202 mil millones de pesos tras las sucesivas devaluaciones que llevaron al dólar a flotar alrededor de los 40 pesos.
El aumento de más del 82% corresponde a un monto superior al total de los recursos presupuestados en 2018 para Educación y cultura ($177.650) y superior a lo correspondiente a Seguridad social, Salud, Promoción y asistencia social, Vivienda y urbanismo, Asuntos laborales, Ciencia y técnica y Promoción del medio ambiente y Agua potable juntos ($199.454 millones).
Los datos surgen del informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA) denominado “Balance Situación Fiscal: Desafíos y Peligros hacia el Presupuesto 2019”. La coordinadora de Economía Política del organismo, Paula Belloni, comentó las conclusiones del estudio en diálogo con FM De la Calle.
El documento advierte que sin las transferencias del Tesoro Nacional el déficit financiero de la provincia hubiese crecido enormemente en los años 2016 y 2017 respecto al 2015 (95,9% y 123,5%).
Por el lado del gasto hubo un ajuste selectivo dado por un crecimiento de los intereses de la deuda, en el marco del enorme endeudamiento que impulsó Vidal y un recorte en las capacidades estatales a partir del achicamiento del Estado provincial.
La planta estatal se encuentra congelada y las remuneraciones cayeron 4,3% entre 2015-2017. Mientras que el gasto que garantiza el funcionamiento del estado provincial se mantiene estancado desde 2015, los intereses de la deuda se incrementaron en un 19,3% en términos reales.
El acuerdo con el FMI (que reduce transferencias, pone en peligro el Fondo Solidario y traspasa subsidios a los servicios públicos y el trasporte) junto a las amortizaciones de deuda e intereses que enfrenta la provincia de Buenos Aires en 2019, ponen en una situación de gran fragilidad a las finanzas provinciales bonaerenses.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/10/Vidal-Deuda.jpg?fit=620%2C341&ssl=1341620FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2018-10-02 07:52:282018-10-02 07:52:28Vidal multiplica la deuda provincial
La docente e investigadora de la Universidad Nacional del Sur, María Celia Vázquez, se jubiló para dar paso a una nueva etapa de su vida después de casi 31 años de trabajo y aporte a la comunidad.
FM De la Calle conversó con ella para conocer sus deseos, expectativas y opiniones sobre la actualidad de la tarea docente.
María Celia se inició en 1985 en escuelas secundarias y nocturnas e ingresó dos años más tarde a la UNS como ayudante de cátedra.
“Desde el momento que empecé a evaluar la posibilidad de jubilarme, un poco apremiada por la coyuntura, empecé a ver como una película de lo que fue la trayectoria. Recuperé imágenes que tenía super olvidadas, se ve que se activa la idea de cierre de algo; la proximidad de eso me activó un montón de recuerdos. Estoy muy contenta de lo que pude hacer, para empezar porque pude trabajar siempre en el contexto de la actividad de la educación pública, a la que reivindico y defiendo. Me parece que es una pieza clave en la construcción del tejido social, de la sociabilidad y de la conciencia, fundamentalmente”.
A lo largo de su historia Celia aseguró haber pasado por momentos difíciles en la docencia pero también reconfortantes: “Pienso en los noventa, que fue un momento tremendamente áspero en la universidad, no sólo en lo que respecta a lo salarial o a lo presupuestario, sino que ahí refundan una universidad copiando el modelo norteamericano, con la idea de la eficiencia, de la productividad… Ese fue un momento muy duro donde los docentes universitarios o los sindicatos que nos representan, no pudimos oponernos con la suficiente fuerza. Esa refundación de los noventa en la universidad todavía tiene hoy muchas cosas que no se desmantelaron”.
Consultada por su mirada de la docencia en perspectiva de su trayectoria, María Celia contó que a pesar de que siempre supo que era un trabajo, “ser docente es desempeñar una función social muy importante, no sólo de instruir, de impartir conocimiento sino de crear conciencia y en los últimos años yo sentía que había que trabajar con la construcción de una sensibilidad y una empatía entre los alumnos como un dato nuevo, había que profundizar e incentivar situaciones que promovieran el desarrollo de la empatía”.
“A mí me impresionaba bastante cierta impronta del individualismo, del encierro, del ensimismamiento, como poco registro más colectivo como una dato que se había agudizado bastante. (…) A lo mejor tiene que ver también con que algunas cosas están y yo no las puedo percibir porque están en un modo muy diferente al modo al que estaba acostumbrada a verlas”.
Además de la docencia, Vázquez continuará su tarea de investigación que en lo que va de su carrera se ha centrado en la historia de la crítica literaria en Argentina, los debates en torno al peronismo clásico del ‘45 al ‘55 y a Victoria Ocampo: “Ese lugar incómodo me cuesta pero lo reivindico”.
“Cualquier docente en cualquier tramo que enseñe literatura ya está ejerciendo un modo de la crítica, esa me parece que es una función política y social fundamental. Qué enseñamos a leer, a quiénes leemos, qué modelos de lectura planteamos, todo eso va construyendo un sentido común, pero también una idea de la inteligibilidad del mundo, de quiénes somos, por ejemplo, si trabajamos con literatura argentina”.
-¿Qué le diría a aquellos/as que están por emprender el camino de la tarea educativa?
“La docencia es un camino de ida, en el sentido de que si uno es docente, cuesta mucho dejar de serlo, pero es un camino áspero, es difícil y, en este contexto, es doblemente difícil. Se trabaja con personas que en este momento están tan vulnerables como uno, entonces es difícil lograr los cometidos, lograr que los alumnos aprendan, compartir entusiasmos comunes… Pero ese es el gran desafío; cómo encontrar el punto en común para que los alumnos digan: ‘A lo mejor esta tiene algo interesante para decir’. Ser docente es tener que remarla para que el alumno te dé esa chance, no viene dada, hay que ganársela”.
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