Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo analizó la situación económica y opinó acerca de la situación que atraviesa Bahía.

“Es un dato la saturación de gente en el Tren Sanitario demandando servicios. Si la salud pública funcionara con los recursos necesarios no habría necesidad de esto. La falta de laburo, la pelea por la vivienda, las tomas por vivienda estigmatizadas por el poder pero que responde a un derecho que tiene toda la población. Cuando los trabajadores pelean tratando de organizarse los estigmatizan y les dan palos por todos lados”, dijo a FM De la Calle.

Respecto a la media sanción del proyecto de Emergencia Alimentaria votada en la Cámara de Diputados, señaló que “la emergencia alimentaria es poco, desde las PASO se fueron alrededor de 14 mil millones de dólares en fugas de capitales, son 100 emergencias alimentarias. Es un problema estructural, evidentemente los comedores están saturados, el servicio escolar es poco, el aumento fue de 6 pesos. Te dan menos raciones de las que se demandan en los colegios”.

“Alberto Fernández les está diciendo a cada uno lo que quiere escuchar, se reunió con la mesa de enlace y la Sociedad Rural. La gente lo votó para rechazar a Macri. Ahora, ¿qué va a ser Fernández? . Uno se preocupa cuando lo escucha decir que el dólar a 60 está estable, eso es un problema porque si la clase obrera no se moviliza va a terminar pagando”, finalizó Castillo.

En Argentina, la tasa de casos de sífilis en varones y mujeres se cuadruplicó entre 2013 y 2018, con un pico en el grupo de los jóvenes de 15 a 24 años. Esta tendencia acompaña un fenómeno mundial de estabilización o caída de los casos de VIH y aumento de esta enfermedad.

“Tiene que ver con la conciencia, tendría que haber difusión, prevención, hay mucha vergüenza, les da vergüenza o miedo preguntar. Y en cuanto al acceso a preservativos, están a disposición de salas médicas y centros de salud”, comentó a FM De la Calle la bioquímica de Lucía Boccatonda.

Hoy se realizó una jornada de testeo de carácter gratuito, confidencial y abierta a la comunidad organizada por la Secretaría General de Bienestar de la UNS, el Equipo de Salud del Hospital Penna y el Programa de VIH-ETS y Hepatitis Virales de la Región Sanitaria I.

“Es la primera vez que vamos a hacer la detención de sífilis. Este año se le dio más importancia porque en los últimos se dispararon los números, se cuadruplicó entre 18 y 25 años”.

La profesional del Hospital Penna afirmó que “la sífilis es una infección que se transmite sexualmente o por contacto con la lesión. También la transmite la mamá embarazada al bebé. El tratamiento es simple, con penicilina, tres inyecciones por semana. Se cura. Si uno tuvo y se trató, se tiene que seguir cuidando, no es que tiene inmunidad de por vida”.

Boccatonda señaló que “la sífilis primaria se presenta con una lesión denominada chancro donde entra la bacteria. Esa lesión es indolora, por lo tanto, si está en un lugar que el paciente no lo ve, como puede ser la zona genital, uno no se da cuenta. Luego pasa a un estado secundario donde se trasmite a la mucosa y queda una fase latente y si llegara a la fase tardía tiene complicaciones multisistémicas”.

Consultada por el faltante de reactivos para los controles de carga viral de personas que viven con VIH comentó: “En el Penna tenemos un programa de Nación y provincia que nos proveen los reactivos y estuvieron mandando mails que estábamos escasos de reactivos, por ahí habrá que ver de hacer los controles más espaciados”.

“Este gobierno fue un representante fiel de los intereses del patrón. Se ha caracterizado por seguir el camino que ofrece el capitalismo. Su práctica dentro de estos cuatro años de gobierno es que han pedido que los trabajadores pongan el hombro pero que los empresarios sigan consiguiendo ganancias”, dijo a FM De la Calle el secretario de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra.

Desde ayer se realiza en Bahía Blanca una jornada de formación sindical con participación de dirigentes nacionales y abogados laborales y penalistas.

“Piensan como la patronal y siguen sus consejos. Además tienen la costumbre del castigo, algo común en los patrones”, aseguró Yofra tras tres años y medio de caída de la industria y cierre de fábricas.

El dirigente planteó el objetivo de la lucha sindical frente a la adversidad económica y social: “Hay un 50% de trabajadores que cobran por debajo de la línea de pobreza. No podemos esperar mucho tiempo más. Necesitamos que nos allanen el camino para ciertas cuestiones y poder cerrarlas nosotros con los empresarios. Queremos paritarias libres para poder acordar nuestros derechos. Tiene que haber menos accidentes de trabajo ,y por ende, menos muertes”.

Pretenden “un salario que pueda satisfacer las necesidades que establece la ley de contrato del trabajo y la Constitución Nacional. Siempre y cuando sea un consenso donde los trabajadores participen”.

Yofra aseguró que “el patrón siempre considera que el salario es un costo y que, si es muy alto, perjudica a la empresa. Esta es la famosa lucha de clases. Que el empresario gane un poco menos para que podamos tener una vida mejor. El presidente no habla desde su rol como presidente sino como el de un patrón. Quieren zafar del conflicto de tener que echar a una persona. Es mentira que no pueden echar a nadie, de hecho, hoy lo hacen”.

Respecto a las alternativas que tiene el movimiento obrero para lograr sus objetivos, el referente aceitero afirmó que “no podemos permitir que nos saquen el derecho a huelga porque es el último bastión que tiene el trabajador. Es como pelear contra un enemigo sin ningún arma. Necesitamos un movimiento unido sin importar el color político que esté en el poder”.

“Como espíritu del protocolo está el sentido de la prevención y la formación, no tiene un carácter netamente punitivista”, comentó a FM De la Calle la subsecretaria de Derechos Humanos de la UNS,  Andrea Montano, respecto al “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género” que se pondrá en marcha en los próximos meses.

Comentó que están en la búsqueda y selección de personas para conformar los órganos de ejecución del proceso.

“La idea es que cualquiera sea la situación, haya un ámbito donde presentarla, el Comité de Actuación tomará las medidas inmediatas y luego analizará si esas medidas deben sostenerse en el tiempo o si requieren que se aplique sanciones. Pero el foco está puesto en la prevención”, señaló.

La medida abarca a toda la comunidad universitaria y a todos los ámbitos donde se desarrolla alguna relación laboral o educativa, puede ser un aula, cualquier dependencia o la plataforma virtual.

“Hasta ahora las situaciones las viene atendiendo al Secretaría de Derechos Humanos con lo que tenemos. Es todo muy a pulmón, ni siquiera estaba iniciado el canal directo para hacer las presentación y se hacía o en el centro de estudiantes o en el departamento y después llegaba a nosotros. Desde febrero, cualquier problemática vinculada debe presentarse en la Secretaría, eso allanó el camino. Ahora habrá un único camino institucional con personas capacitadas en materia de género”.

Montano señaló que están en la búsqueda de profesionales para cubrir tres cargos del Comité de Actuación: “Ya está en marcha la convocatoria para conformar el Comité que va a recibir las denuncias y a poner en marcha el procedimiento. Lo pensamos conformado por profesionales con experiencia específica”.

El gremio de docentes privados elaboró un proyecto de ley contra despidos abusivos que busca garantizar la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras del sector.

La secretaria general de la delegación bahiense, Margarita Orellano, dijo a FM De la Calle que “desde hace un tiempo nos preocupa la cantidad de despidos sin causa que se produjeron en su mayoría en establecimientos con subvención estatal”.

La iniciativa que deberá analizar la Legislatura pretende que en caso de despido arbitrario se suspenda la subvención. “Sería por 12 meses en el caso de cualquier docente y por 14 meses en caso de que ese trabajador esté sindicalizado”, señaló.

La dirigente comentó que “a veces se despide a los docentes por el reclamo de sus derechos, como una manera de adoctrinar al personal. Pero, por otro lado, envían un telegrama así sin más, sin haber seguido los canales que deberían: presentar un sumario, antecedentes para presentar un telegrama”.

“En general, nos levanta sospechas el hecho de que se vuelve a cubrir ese cargo. Sabemos de 300 casos en lo que va del año en la provincia, seguramente hay más, no nos hemos enterado del resto porque no se acercan al sindicato”.

Respecto a las estadísticas locales, Orellano señaló que en los últimos meses “hemos tenido 8 despidos. 5 de esos fueron sin causa y en su mayoría de colegios subvencionados. Hay otras delegaciones donde ha habido 40 despidos. Si además tenemos en cuenta que nuestro sector está mayormente representado por mujeres y ellas se han transformado en jefas de hogar, tiene un impacto muy grande”.

Tras mantener una reunión con Orellana, el concejal Walter Larrea presentó un proyecto de resolución expresando el beneplácito del Concejo Deliberante por la propuesta de modificación a la Ley Provincial Nro 13.688 (Ley Provincial de Educación).

Consideró que la norma “ayudará a solucionar los problemas de aquellos establecimientos de gestión privada que solicitan recursos para su funcionamiento, ya que permitirá reordenar el sistema, re-direccionando los recursos estatales hacia a aquellas instituciones educativas que tengan una imposibilidad real de pago y fomentando el uso mesurado y responsable de los dineros públicos que pertenecen a la sociedad en su conjunto”.

El próximo domingo se reactivaría la planta LHC II BB de Dow donde se produjo la explosión del 28 de junio. Autoridades de la empresa informaron sobre el avance de las reparaciones al Comité de Control y Monitoreo.

“Volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento, la cual se prevé finalizar el 30/11/19”, registró el CTE.

El titular de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, comentó a FM De la Calle lo conversado ayer en la reunión del organismo de control. Participaron autoridades de Dow y los peritos que intervienen en la causa judicial.

“Nos dijeron que entre una semana y dos va a estar llegando el recipiente nuevo. Lo fabricaron en Rosario según la normativa internacional. En manos de los peritos quedó realizar las preguntas técnicas. La empresa respondió todo lo que se le consultó, quedaron algunas dudas a despejar, por ejemplo, la pertinencia de la colocación de una válvula de seguridad que trabaje en forma independiente a la mano del ser humano”.

-¿Es la válvula que dijeron los peritos que debió estar desde la puesta en funcionamiento del recipiente?

Hay una divergencia porque la empresa dice que según la normativa ASME pueden colocar una válvula de bloqueo manual entre el equipo presurizado y la válvula de alivio porque dicen que, en el caso de tener que calibrar la válvula de alivio con una válvula de bloqueo, pueden trabajar tranquilamente.

Los peritos dicen que no, que esa válvula tiene que estar conectada directamente como sucede con cualquier recipiente a presión. Entendemos que las medidas que va a implementar Dow no solamente son en el V907 sino el V908, que es el que está al lado y cumple la misma función. Es un equipo que reúne el condensado de vapor de ciertos circuitos y luego hace una recuperación energética y redistribución en la planta. También van a aplicar el mismo mecanismo de seguridad aportando una válvula de alivio automática para poder enviar al panel de control de la empresa una serie de señales que lo que harían sería independizar el sistema de la decisión de alguna persona.

El Comité Técnico Ejecutivo recorrió el jueves pasado el sector donde ocurrió la explosión. Según consta en sus actas, la empresa aseguró que “al equipo afectado se le agregará una alarma por alta presión, una de muy alta presión con set a 5,5 barg con cierre automático de la válvula de ingreso al equipo, alarma por alto nivel, alarma por muy alto nivel con cierre automático de válvula de ingreso de condensado. Además se agrega la válvula de alivio de presión PSV 90701”.

“El 15/09 la planta volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento”.

-¿Qué significa que la planta se reactive “sin la recuperación del condensado de hornos”?

A los efectos de la producción y funcionamiento de planta no implicaría una modificación. Podrían operar con la planta en funcionamiento, independientemente que no trabajen con estos equipos de recuperación de condensado. Es a los efectos de optimizar pero no hace al proceso en sí mismo. Van a bypassear el sistema y parte de ese condensado lo van a arrojar a unas piletas de tratamiento dentro de la misma planta. Según dijeron va a ser algo costoso para la planta porque el agua que recuperan es una agua tratada que circula dentro de las cañerías.

-Pero más costoso es tener la planta parada…

Exacto, más costoso es tener la planta parada.

-¿No hay ningún riesgo de seguridad?

No, no. Siempre hay un riesgo en la puesta en marcha de cualquier planta pero tomando los recaudos necesarios suponemos que no debieran tener inconvenientes. La propia representante del municipio se encargó de considerar esta cuestión de seguridad. Uno mínimamente tiene que tener la confianza en la empresa de que en la puesta en marcha no va a suceder nada.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS llama a inscripción de postulantes para cubrir tres cargos del Comité de Actuación creado en el “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género”.

Son requisitos ser profesional en el campo de la abogacía, la psicología, el trabajo social y/o especialidades o profesiones afines, acreditar formación en perspectiva de género y experiencia en proyectos y/o actividades orientadas a promover la igualdad de género, el respeto por la diversidad sexual y/o la prevención y erradicación de la violencia de género.

Las personas designadas serán retribuidas con un estipendio equiparable a un cargo de Asistente de Docencia con dedicación simple (10 horas semanales). En el caso de profesionales externos a la UNS será necesaria la inscripción como monotributista para realizar la factura correspondiente. La designación será por dos años y podrá ser renovable.

Según el “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género”, las funciones del Comité de Actuación son:

1) Recibir consultas y/o denuncias.
2) Asesorar, brindar información y acompañar a quien denuncia en todo momento.
3) Informar de la denuncia al Consejo Asesor y de Intervención.
4) Intervenir en el procedimiento de acuerdo con lo establecido en el Art. 12º del Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género.
5) Efectuar las investigaciones correspondientes pudiendo citar a terceros/as a ofrecer testimonio.
6) Elaborar y elevar al Consejo Asesor y de Intervención el informe con todas las actuaciones y la denuncia para su resolución.
7) Proponer al Consejo Asesor y de Intervención mediante dictámenes fundados, la aplicación de medidas de protección o la apertura del procedimiento sancionatorio cuando correspondiere.
8) Disponer la aplicación de medidas de protección urgentes en los casos previstos en este protocolo.
9) Tramitar la ejecución de las medidas de protección que disponga el Consejo Asesor y de Intervención ante quien corresponda (Rectorado, Decanatos, Direcciones, etc).
10) Registrar las consultas y denuncias recibidas y realizar un relevamiento sistemático de los datos a los fines estadísticos, garantizando siempre la 11) confidencialidad de las actuaciones y la preservación de la identidad de las personas denunciantes.
12) Facilitar la consulta de expedientes bajo su custodia a quienes tengan derecho a hacerlo.
Los interesados deben enviar un CV con valor de Declaración Jurada al correo institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS: [email protected]

Las postulaciones serán  recibidas entre el 16 y el 27 de septiembre de 2019 hasta las 17 hs. Por consultas dirigirse a [email protected]

El Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género, puede verse ingresando aquí

Fuente: Prensa UNS

Alejandro Herlein declaró días atrás en el juicio contra los ex funcionarios municipales Marcelo Caramelli y Leonardo Pombo, imputados por extorsionar albañiles para permitirles trabajar en el cementerio.

“Somos nosotros los que tuvimos que ir a buscar las pruebas. Todo esto se origina en una taller de una herrería donde una persona me comenta lo que pasaba en el cementerio. Que se cobraban coimas, que se robaban mármoles, que hubo 238 tumbas rotas, que Caramelli los amenazaba con que les iba a llenar el auto de droga. Todos han declarado lo mismo, es muy difícil tapar la verdad”, dijo a FM De la Calle el padre de Daiana Herlein.

Adelantó que presentarán una nueva denuncia contra Pombo, ex delegado de Harding Green, por apropiarse ilegalmente de terrenos en el barrio Novaterra.

“Se les van a seguir sumando causas. Están todos (los testigos) diciendo lo mismo, tienen todas las pruebas. Un albañil me dijo que ya había hecho la denuncia en Fiscalía. Hablé con otra persona que me dijo que había trabajado 18 años en el panteón de los españoles, que porque se peleó con Caramelli se quedó sin trabajo, me decía que no tuvieron para comer por seis meses. Yo soy el dueño, decía Caramelli, como hacía en el parque”, comentó.

Por último, Herlein afirmó que “ahora estamos con los terrenos de Novaterra. Pombo fue delegado en Villa Harding Green y Novaterra es un barrio que hizo detrás de Punta Blanca donde él se quedó con muchísimos terrenos. Lo que hacía era censar a todo el barrio y saber qué terreno estaba desocupado y el que no estaba: adentro. Hay una parte en Harding Green a la que le dicen Villa Pombo”.

Un adolescente de 18 años venía viajando desde Choele Choel y necesita ropa, calzado y dinero para volver a Formosa. La Policía lo echó de la terminal cuando lo encontraron durmiendo. Su familia lo ubicó esta mañana luego de cuatro días sin conocer su paradero.

Su tío viajó a buscarlo a Bahía Blanca pero en la Comisaría Cuarta de Villa Mitre no le tomaron la denuncia y le dijeron que debía realizarla en Formosa.

Marcela Torres, integrante del colectivo Familiares y Amigos de Daniel Solano, colaboró con la búsqueda del chico y confirmó a FM De la Calle que “Nicolás está en el barrio Thompson, está muy bien, solamente necesita ropa y zapatillas”.

Para colaborar comunicáte con Marcela al +54 9 298 478-3740.

“Nicolás Camilo Rivarola salió para Formosa el lunes pasado. Tenía que hacer el trasbordo en Bahía, se quedó dormido y se equivocó de colectivo. Perdió el colectivo y lo llamó al papá que le dijo que espere dentro de la terminal que le iba a mandar el pasaje. La policía encuentra a Nico en la terminal, lo sacan a la calle, le averiguan los antecedentes pero no lo ayudan, queda varado en Bahía”.

“Luego va a la comisaría cercana para denunciar que no tiene el documento y le dicen que ahí no se hace el trámite. A Nico se le rompió el teléfono y no sabía los números, por eso no se pudo comunicar más. Está viajando para allá César, su tío”.

Torres comentó que “César fue hasta Bahía Blanca, para hacer la denuncia de que su sobrino no aparecía y le dicen en la Cuarta de Villa Mitre que no se puede hacer la denuncia sino que hay que hacerla en Formosa de donde es Nicolás. Al tío le dijeron eso ,y pobrecito, se volvió para Choele. Luego publicaron en las redes sociales y desde anoche que lo estamos buscando”.

“Nicolás está en el barrio Thompson, está muy bien, solamente necesita ropa y zapatillas. Ropa limpia en buen estado para que pueda manejarse, zapatillas número 43 para un adolescente, necesita plata también. A tío César le falta una mano, trabaja en su huerta en Choele, vende su verdura y frutas y con eso vive. Con eso ha tenido que movilizarse para buscar a su sobrino, necesitamos plata para que Nico pueda llegar hasta Formosa”.

Torres destacó el gesto solidario de Andrea Galietti y su hijo Javier, quienes brindaron a Nicolás ayuda y un lugar donde alojarse.

“Para nosotros, desde Familiares y Amigos de Daniel Solano, poder reencontrar a un chico con su familia nos llena el corazón. Gualberto Solano se murió esperando encontrar a su hijo”, concluyó.

Suteba Bahía Blanca realizará un paro este martes junto a la CTA, Aduns y la Asociación Judicial Bonaerense. La semana pasada más de 500 maestras y maestros definieron medidas de protesta ante el deterioro de la situación económica.

Gabriela Delfino, secretaria general del sindicato docente, analizó además en FM De la Calle el impacto del aumento de fondos para los comedores escolares anunciado por la gobernadora María Eugenia Vidal. “¿Yo quisiera saber qué es lo que le puede dar cualquier funcionario a sus hijos con 33 pesos?”, se preguntó.

“Para los comedores se tenía que implementar la administración por parte de Municipio, el suministro de recursos es una cuestión compleja por la logística que necesita y por la modalidad de entrega. El año pasado se entregaba toda la mercadería en un solo día, teníamos muchos problemas para mantener fresco lo que nos entregaban, las escuelas no tienen heladeras, aunque se cubrieran las necesidades alimenticias era muy complicado poder sostenerlos, ahora con 33 pesos la calidad ha bajado”.

Delfino comentó que “la ampliación de los cupos siempre fue una batalla que había que dar, había argumentos como que no lo necesitaban o que la gente mandaba a los chicos al comedor para no cocinar”.

Por otro lado, manifestó que durante la última asamblea docente “en la Técnica 2 hubo más de 500 compañeros y compañeras, lo que expresa el descontento de las cosas que estamos viviendo”.

“Toda esta corrida cambiaria, el dólar, originó que de un día para el otro perdiéramos todo nuestro poder adquisitivo. ¿Qué hubiera pasado si el día de cobro nos hubieran depositado el sueldo con el 20% de menos? Creo que hubieramos salido todos a la calle a reclamar que nos paguen el sueldo entero, es la misma situación”.

Delfino comentó que “a fines de octubre nos corresponde la cláusula gatillo y tuvimos en agosto un reajuste. Una de las demandas es que la indexación sea mensual y la reapertura de la discusión paritaria. Para todos los estamentos nacionales, menos docentes, se plantea un bono de emergencia, en el caso de la provincia los anuncios de la gobernadora tienen el tenor de una aspirina frente a una neumonía”.

Integrantes del Consejo Local de Niñez y Adolescencia mantuvieron una reunión con el secretario de Salud municipal para evaluar falencias en las prestaciones de salud mental.

La presidenta del Colegio de Psicólogos Alba Picardi dijo a FM De la Calle que “se dieron algunas situaciones con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad con problemáticas de salud mental que se les complicaba mucho abordar”.

“Al no haber instituciones especializadas, por ahí algunos niños y adolescentes permanecían en internaciones más prolongadas. Lo que nos planteaba el secretario de Salud es que han abierto algunos dispositivos y a través del trabajo organizando con algunas ONG están pudiendo resolver estas situaciones de urgencia”.

Picardi comentó que  los dispositivos mencionados por Acrogliano refieren  a “un equipo de trabajo que lo que hace es coordinar recursos entre Niñez y Salud y que se coordinen las acciones para que se haga un trabajo más rápido. Armar una estrategia terapéutica para que el chico no permanezca internado cuando ya está compensado”.

“Lo que sí venimos planteando es que faltan dispositivos a la internación, como centros de día, para chicos que tienen algunas dificultades puedan recibir, antes de llegar a la crisis, algún tipo de abordaje que prevenga que lleguen a esas situaciones”.

Según la psicóloga, las falencias obedecen a que “estos centros de día estaban compensados con dispositivos comunitarios, talleres y Enviones que, al pasar los años, se han ido cerrando o recortando. No requiere tanto recurso sino de articulación de lo que hay para mantenerlos en una necesidad útil para los adolescentes. Los Enviones han sido sumamente importantes, pero se han cerrado algunos, se han cerrado talleres, entonces, la respuesta no es la esperable. Los trabajadores son los que sostienen en estos casos”.

Por último, Picardi señaló que “pedimos la Banca 25 porque dado que no hemos tenido respuesta a la Emergencia en Niñez queremos expedirnos respecto de este diagnóstico. Está pedida desde fines de junio. La respuesta es el silencio”.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación se manifestó, junto a otros gremios del puerto, ante el Consorcio de Gestión por la falta de materia primera para los frigoríficos locales.

La asistencia es fundamental para preservar más de 150 fuentes laborales en White Gulf y Roucomar. Por otra parte, se demandó obras de infraestructura y mejoras laborales.

“El sector pesquero hace varios años que viene con dificultades. Desde el  2014 que no pudimos ingresar al puerto los barcos para operar, tenemos plantas como Roucomar, que hoy están sufriendo los embates de no poder tener la materia prima”, comentó el delegado regional Juan Pablo Moreno.

Desde el gremio informaron que plantearon al presidente del Consorcio, Miguel Donadío, “la urgencia de liberar de forma inmediata fondos con un atraso de más de 6 meses, lo que nos permitirá poder contar con la suficiente materia prima nuevamente para poder elaborar normalmente en la planta”.

“El frigorífico White Gulf es una empresa que exporta, que depende pura y exclusivamente de frutos del mar, que la posibilidad que tiene de adquirir materia prima es a través de camiones, que vienen desde el sur. Veíamos la imposibilidad a través de un retraso en las gestiones del Consorcio y es preocupante porque atrás hay puestos de trabajo, queremos que se entienda nuestra situación”.

Moreno comentó que “en líneas generales la situación es muy preocupante, siempre decimos que cuando al crisis llega a nuestra actividad, fabricamos alimentos, imagínenese en el resto de actividades. La situación es crítica, los compañeros no llegan a fin de mes, se ha dolarizado la economía y con los sueldos no ha pasado eso”.

“A  la víctima se le infunde terror y es lógico, más aun con un Estado ausente, que esa víctima se pierda, se extravíe para el sistema, posiblemente en alguna nueva victimización en otra parte del país”, dijo Franco Di Santi tras conocer el fallo que revocó las absoluciones de la causa Iglesias.

La Cámara de Casación ordenó al tribunal oral que reconsidere la sentencia respecto a Víctor Hugo Iglesias y Eduardo Horacio Gutt.

Di Santi, integrante de Bahía contra la Trata, afirmó que “no haber considerado la declaración de las víctimas había sido uno de los elementos por lo que se los absolvió y Casación marca que deben ser tenidas en cuenta, tener en cuenta las escuchas, los antecedentes que iban manteniendo una línea de que se dedicaban a explotar personas y tratar a las mujeres como cosas o como si nada valiera”.

“Es muy difícil de reparar el daño porque son personas que no tienen nombre, no solo en la resolución judicial, tanto para el Estado que habilitaba esos lugares, para varones prostituyentes y para los explotadores también. Si llega algo de justicia por la persecución de algo que puede entrar dentro un expediente, contribuye a que no se repita. Si del otro lado miden que es una práctica muy redituable y con baja probabilidad de ser juzgado es más factible de realizar”, dijo.

El fallo de Casación revocó, además de las absoluciones, el rechazo al decomiso de los bares Broadway y Kaos.

De Santi destacó en ese sentido que “hay una sentencia de la semana pasada en un cabaret de Palermo donde hubo una reparación de más de 16 millones de pesos, con embargos de inmuebles, cuentas, etcétera”.

“Se tiene que reparar a las víctimas y el decomiso es una forma de hacerse de los bienes para generar ese recurso y en el caso de ser un sobrante que vaya a un fondo de asistencia para víctimas. No es una práctica tan habitual porque era parte de la invisibilización de las mujeres como víctimas, no se las veía como sujeto de derecho que debiera ser reparado. La sentencia de capital es un cambio en ese sentido”.

La Cámara de Casación Penal ordenó dictar un nuevo fallo en el juicio por facilitación de la prostitución y trata de mujeres que se realizó contra el ex presidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y el administrador del bar Broadway Alfredo García.

En octubre de 2018 el Tribunal Oral había absuelto a Iglesias y a Gutt y condenado a cuatro años y seis meses de prisión a García. También se revocó el rechazo al decomiso de los bares “Broadway” y  “Kaos” y su restitución a Iglesias.

Ayer, la Sala IV de Casación afirmó que la sentencia de los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu fue “arbitraria” por haber valorado la prueba de manera “fragmentada y aislada”.

El fiscal Santiago Roldán había apelado el fallo por no haberse incorporado por lectura las declaraciones de seis mujeres rescatadas en diversos operativos, quienes no pudieron ser ubicadas para presentarlas en el debate oral.

El juez Gustavo Hornos sostuvo que el tribunal “restringió arbitrariamente la producción de prueba” y que ante el compromiso del Estado de proteger a las víctimas bastaría con una sola declaración.

Además, cuestionó que no hayan sido tenidas en cuenta escuchas telefónicas que probaban los vínculos entre los imputados y la participación de Iglesias y Gutt en los delitos del condenado García. Las defensas plantearon que las grabaciones demostraban que eran “clientes” del proxeneta.

Hornos advirtió que el tribunal no explicó “por qué la omisión de Gutt de denunciar la actividad de facilitación de la prostitución de la cual asertivamente tuvo conocimiento o, incluso, la conducta de comunicarse con el autor del delito para brindarle información sobre procedimientos que lo involucraran, no son acciones que objetivamente aporten al delito de García”.

En cuanto a Iglesias, el juez de Casación mencionó que el tribunal probó que en el Bar Broadway no había “comercio sexual” aunque estaba ubicado en una zona donde sí lo había.

El fiscal aportó “copiosa prueba de cargo que no fue ponderada por el Tribunal” para demostrar que en el local “funcionaría como un espacio de encuentro entre las presuntas víctimas de la promoción de la prostitución que García coordinaba”, tal como confirmó la sentencia revisada.

De la prueba descartada por los jueces en Bahía Blanca, Hornos rescató: la que ubica a Iglesias como responsable del local alquilado a García y conversaciones entre los imputados en las cuales “surge sin duda que hablan de mujeres para hacer ‘shows’ aparentemente en el bar Broadway y del monto que requerían para tal actividad”; “refieren a clientes y a hacer ‘pases'”; “se refieren a presuntos clientes y que necesitan mujeres para ofrecerles”.

Para el magistrado, tampoco se tuvo en cuenta una escucha entre Iglesias y un tal Toto  en la cual le ofrecía el local “La playa” para poner un prostíbulo, el cual finalmente fue utilizado por García para montar el Broadway. “Yo ando con ganas de abrir algo acá porque tengo muchas mujeres desparramadas viste”, decía Toto.

A su vez, destaca Casación que el tribunal probó que Iglesias administraba sociedades de su familia y varios prostíbulos y tenía contactos policiales como el comisario Marcelo De la Rosa. Además, no valoró el testimonio de la asistente social de la Fiscalía que entrevistó a las víctimas y dio cuenta de su situación de vulnerabilidad.

Hornos concluyó que Salas, Aguerrido y Albrieu absolvieron “con una visión fragmentada del acervo probatorio y con argumentos que no se correspondían con las premisas acreditadas ni con las constancias recopiladas durante el debate oral”.

Por otra parte, respecto a la absolución de Iglesias por el delito de trata, la defensa sostuvo -y el tribunal aceptó- que el imputado no había sido indagado ni procesado por el caso de la víctima L.R.P..

Sin embargo, el juez de Casación demuestra que “este hecho le fue imputado a Iglesias en todas las ocasiones y que incluso esta cuestión fue motivo particular de tratamiento por la Cámara Federal”. Repite: “No hay una mirada global de toda la prueba sino una ponderación fragmentada y aislada”.

El voto de Hornos contó con la adhesión de los otros dos integrantes de la Sala IV, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

El fiscal federal Antonio Castaño analizó en diálogo con FM De la Calle, la resolución de la Cámara de Casación que anuló las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y Eduardo Horacio Gutt.

El funcionario investigó a la red de trata y explotación sexual de mujeres de Ing. White e intervino hasta la elevación a juicio.

Destacó que el órgano revisor “habla de arbitrariedad, de auto-contradicciones, de una situación de evidente falta de sentido común por parte del tribunal, de que no ha evaluado como corresponde y ordena la reedición en lo referente a las absoluciones de Iglesias y Gutt”.

“El tribunal de Casación hizo una labor muy exhaustiva y un desarrollo punto por punto de todo el expediente y llegó a la conclusión que quedó firme la sentencia contra García por facilitación de la prostitución y mandó a reeditar, en base a los argumentos que exponen, en función de que no ha sido evidentemente evaluada toda la prueba que debiera”, dijo.

-¿En la práctica qué significa? ¿Puede intervenir la misma composición del tribunal?

No creo que tenga que ser otra composición del tribunal. El tribunal que en su momento absolvió, de acuerdo a lo que ordena Casación, tiene que condenar a Gutt e Iglesias por facilitación a la prostitución ajena agravada por mediar situación de vulnerabilidad de las víctimas y, en relación a Iglesias, por trata de personas en relación a una de las victimas.

No se tuvo en cuenta en ese entonces, cuando se había propuesto por parte del Ministerio Público Fiscal, dar lectura a las declaraciones de las víctimas. La defensa se opuso y el tribunal hizo a lugar. Eso es una cuestión de sentido común, independiente de las disposiciones internacionales y nacionales con respecto a las víctimas.

-No se comprende cómo el tribunal, en el caso de la víctima L.R.P., acepta lo que dice la defensa respecto a que nunca se lo habría acusado a Iglesias por el hecho.  Casación muestra lo contrario, ¿cómo llega a pasar eso?

Nosotros elevamos la causa a juicio cuando tenemos todo y después cuando llega al tribunal prácticamente la perdemos y nos enteramos a las perdidas si hubo o no hubo sentencia y cuál fue. De hecho, cuando empecé a leer me entero que el fiscal (Santiago Roldán) había pedido por facilitación de la prostitución a todos los imputados y yo había pedido por trata. Es menor la condena en caso de facilitación.

Se pidió trata con relación a una de las víctimas y en relación a las demás, tanto para Iglesias como a Gutt, facilitación de la prostitución ajena agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

-¿Pero es habitual que un tribunal tenga este tipo de resoluciones?

Normalmente no. Pero tengamos en cuenta que -no es cuestión menor- el Tribunal Oral Federal hoy son subrogantes que vienen desde otro lado, no hay un tribunal fijo, están todos en vacante. Hubo propuestas de tres que podrían integrar y eso está todo parado. Antes había un solo camarista, no teníamos un antecedente firme para decir la Cámara resolvió de esta manera, ahora sí tenemos y sabemos qué criterio tiene o cómo resuelve. Ya hay una jurisprudencia. En el caso del Tribunal no tenemos ese criterio.

-¿Puede repercutir este fallo en la libertad de los imputados?

Es el Dr. (Gabriel) González Da Silva, que es el fiscal de juicio, el que evaluará la posibilidad de pedir la detención y, en todo caso, el tribunal resolverá.

El Departamento de Tierras de la Municipalidad informó que Bahía Blanca es la ciudad de la provincia con mayor cantidad de tierras ociosas del Estado nacional. A su vez, la concejala Paola Ariente manifestó que el déficit habitacional es de 20 mil viviendas.

Representantes de diversas comisiones del Concejo Deliberante se reunieron con integrantes de la comuna, la justicia de Faltas y la Defensoría del Pueblo para analizar los protocolos y “consensuar criterios de actuación” ante la toma de terrenos.

La concejala dijo a FM De la Calle que “hay una falta de gestión que no es específicamente de esta gobierno, sino que viene sucediéndose. También por parte del Estado nacional. Se le ha pedido a la ABE que pueda cedérselos al Municipio y la ABE no ha resuelto, o ha resuelto parcialmente, y se los ha dado a clubes. Es muy difícil para un Municipio establecer tierras cuando no son municipales. Te pueden dar la custodia para que se mantenga en condiciones”.

Comentó que “habíamos tenido conversaciones con el Juzgado de Faltas porque tenían casi armado un protocolo a raíz de lo que había ocurrido con el desalojo de Campaña del Desierto. Era un protocolo similar al de provincia. Veníamos trabajando con el juez Germani y organizaciones sociales para ver de qué manera ese protocolo podía ser ampliado a otros fueros”.

“Germani se puso a disposición para que todos pudiéramos trabajar con criterios consensuados porque no podía asegurar que con las denuncias penales se tome el mismo criterio”.

Respecto a la ocupación de terrenos en Spurr, Ariente opinó que “las tomas no es algo que uno comparta, no es la manera. La toma de posesión de terrenos que no son de uno me parece que hay que empezar a revisarla, si bien la justicia acepta el tema de posesión de terreno se olvida que es algo excepcional. El acceso a la tierra no podemos manejarlo ya sea por la fuerza o porque la justicia me lo otorga”.

“Lo que pasó en Spurr queda en manos de la Justicia Federal porque es su competencia. Me parece que el juez está esperando, está dándole tiempo al Municipio para ver cómo se pueden desalojar y acomodar de alguna forma pacífica y algunos instrumentos que se le pueden dar a las personas para que puedan irse de ese lugar. A nadie le gusta tener el peso sobre su cabeza de tener que desalojar a 500 familias”.

“Se tapaba la nariz del olor que teníamos”. Era 1976, Rubén Bustos estaba secuestrado junto a muchos de sus compañeros en un centro clandestino del Comando V Cuerpo de Ejército. Lo habían puesto frente al juez federal Guillermo Federico Madueño. La que no registraba en actas las torturas era la secretaria, Gloria Girotti.

El Colegio de Abogados de Bahía Blanca acaba de entregarle a la doctora un diploma de “Reconocimiento al Ejercicio Profesional”. En la foto, posan a su lado el vicepresidente 1º Gabriel Enrique Peri y la vicepresidenta 2º Nerina Santarelli.

Bustos fue uno de los testigos que mencionó a la abogada ante el tribunal oral que juzga crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.

Los genocidas de uniforme también la recordaron. Leonardo “Mono” Núñez fue detenido el 23 de junio de 2008 y murió procesado como partícipe necesario de secuestros y torturas. Era el enlace entre los campos de exterminio y la Unidad Penal Nº 4.

Asumió haber trasladado personas detenidas ilegalmente por el Ejército desde La Escuelita o el Batallón de Comunicaciones hacia la cárcel. Le dijo al juez: “No era mi función presentarme en los estrados judiciales para denunciar estos hechos, pero tengo conocimiento que jueces federales tenían conocimiento pleno de lo que pasaba en la Unidad 4 de Bahía Blanca porque en oportunidad de tener detenidos art. 189 bis, la secretaria del Juzgado N° 1 del dr. Madueño, la dra. Gloria Girotti, visitaba el pabellón de mujeres de la Unidad, porque tenían presas del juzgado ahí y las iba a ver”.

La defensa del represor consideró que las inspecciones que realizaban autoridades judiciales “lejos de justificar” la conducta de Nuñez “implicarían la responsabilidad penal de los funcionarios que, teniendo la obligación de denunciar las irregularidades en que incurría el Servicio Penitenciario en esta ciudad, no lo hicieron”.

Los jueces que condenaron a los primeros 17 genocidas que actuaron en la región, ordenaron en su sentencia abrir la investigación sobre el accionar de los secretarios judiciales durante el terrorismo de Estado.

La Cámara Federal de Apelaciones revocó semanas atrás el sobreseimiento en primera instancia de Girotti y el de su colega Hugo Mario Sierra.

Girotti asistió al juez Guillermo Madueño entre junio de 1972 y septiembre de 1979 y tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos habeas corpus presentados a favor de personas secuestradas. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.

Solo algunos ejemplos de dicha acusación se reconocen en los habeas corpus presentados a favor de Daniel Carrá, Cora Pioli y Darío Rossi, secuestrados a fines de 1976. Carrá y Pioli siguen desaparecidos y Rossi fue fusilado en 1977.

La firma de Girotti acompaña también a la de Madueño en el cierre y archivo de las actuaciones judiciales de la puesta en escena que hizo el Ejército en la Masacre de Calle Catriel.

El 4 de septiembre de 1976 el V Cuerpo informó que “por la población” había tomado conocimiento de una “reunión de delincuentes subversivos” y que cuando fueron a detenerlos “se generó un tiroteo durante el cual fueron abatidos”. La justicia probó que los cuerpos de los militantes peronistas Pablo Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin y Manuel Tarchitzky fueron plantados en el lugar. Habían sido fusilados luego de varias semanas de cautiverio en La Escuelita.

Girotti se jubiló como docente del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Durante años se impulsó un juicio académico que el tribunal terminó diluyendo, al igual que sucedió con los que se iniciaron contra Hugo Sierra y Néstor Luis Montezanti.

Durante la primera etapa de la investigación judicial sobre su participación en el terrorismo de Estado se mostró deprimida y con problemas de salud. Hoy, la cuenta del Facebook del Colegio de Abogados bahiense la muestra festejando su trayectoria junto a sus pares.

¿Será justicia? Ya van 40 años de impunidad.

Mauro Gerardi, dirigente de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, señaló que durante los últimos días se produjeron demoras y fallas en el sistema CUNA. Si bien el servicio se está regularizando lentamente todavía hay algunas liquidaciones que no aparecen.

“El sistema CUNA es de liquidación de la Cobertura Universal para la Niñez y Adolescencia, lo implementaron y falló. Esto ocasionó una demora en el pago de asignaciones universales, familiares y de personas con discapacidad”.

“El tema de asignaciones representa un monto importante para quienes la perciben, hemos sufrido bastante, la gente nos ha entendido a los trabajadores que no tenemos herramientas para brindarles, venían a cobrar o a hacer el reclamo y desde la empleadora no hemos tenido respuesta”.

Gerardi comentó que “hemos tenido gente que se ha largado a llorar. Para un trabajador que tiene dos o tres hijos representa casi un 20% de los ingresos, uno tiene compromisos que cumplir a principio de mes. Los trabajadores sufrimos a la par de los beneficiarios porque no tenemos soluciones”.

Consultado por la aplicación a nivel local de órdenes de las autoridades para acelerar los tiempos de atención por turnos, dijo que “la persecución en el tema de los tiempos existe, piensan el ANSES como piensan todo, mediante una planilla de Excel. Lo que hacemos es defender a los trabajadores y a los beneficiarios. Los tiempos son insuficientes, no vamos a tratar a los beneficiarios como si fuera una mercancía”.

Por otra parte, dijo que las familias acuden a los préstamos de ANSES aunque “no dejan de ser a tasas usurarias, 50 o 53%. En vez de endeudar a los jubilados no le deberían haber sacado la movilidad jubilatoria. Se necesita un aumento de las jubilaciones, no un bono. Están muy angustiados, en muchos casos los mismos trabajadores tenemos que darle dinero para que se vuelvan a sus casa porque no tienen para el colectivo”.