Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

El periodista Miguel Bonasso destacó la relevancia del juicio contra ex integrantes de la Triple A de Bahía Blanca. Este jueves, La Fiscalía cerrará su alegato con el pedido de penas para los cuatro imputados.

“Puede mostrar el vínculo perverso de la derecha peronista con la Marina que ha aparecido siempre como el arma más gorila, más antiperonista, y, por supuesto, con La Nueva Provincia que es un órgano directo del Servicio de Inteligencia Naval”, dijo el ex secretario de Prensa de Héctor Cámpora a FM De la Calle.

La entrevista se realizó días después de las declaraciones de Mario Simón y Héctor Álvarez, presidente y vice del Partido Justicialista bahiense respectivamente, quienes defendieron a dos de los represores y desconocieron los crímenes de la banda parapolicial en la región.

“Para cualquier persona con dos dedos de frente y uno de memoria, no cabe duda: la Triple A no solo existió sino que desgraciadamente no puede negarse la responsabilidad de altos dirigentes del peronismo en su participación directa o en su encubrimiento”, afirmó Bonasso.

¿Por qué el PJ no tiene una mirada crítica respecto a los años previos al golpe de Estado?

No se ha hecho el juicio a Isabel Perón y no se ha calado a fondo en la responsabilidad del propio Perón en la creación de la Triple A y en la persecución brutal desatada después de su regreso con Ezeiza.

El elemento central es que los crímenes perpetrados por la Triple A -más de 1500 asesinatos entre 1974 y el golpe, durante el gobierno ‘constitucional’ de la señora María Estela Martínez, alias Isabel Perón- fueron perpetrados desde el Estado, con autos y armas del Ministerio de Bienestar Social. En Bahía Blanca también con el apoyo de la universidad conducida por el nazi rumano Remus Tetu, de triste memoria.

Todo es terrorismo de Estado y son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Cuando algunos pseudo periodistas como Ceferino Reato presentan a José Ignacio Rucci como un pobre mártir del sindicalismo olvidan el vínculo que, por ejemplo, está explícito y claro en el tema de Rodolfo Ponce, mencionado reiteradamente en el juicio. En este criminal, que fue diputado justicialista, Cámpora tenía confianza al comienzo -me consta por haber sido secretario de prensa del Frente Justicialista de Liberación- y era un hombre de los servicios vinculado a la Marina. No es casual que este juicio esté ocurriendo en Bahía Blanca, esto tenía que ver con lo que significa La Nueva Provincia y el Servicio de Informaciones Navales.

Para cualquier persona con dos dedos de frente y uno de memoria, no cabe duda: la Triple A no solo existió sino que desgraciadamente no puede negarse la responsabilidad de altos dirigentes del peronismo en su participación directa o en su encubrimiento.

Si no se quiere tratar y estos señores contestan cosas que dan la sensación de que viven dentro de un frasco, tanto el presidente como el vicepresidente del Partido Justicialista de Bahía Blanca, les diría que salgan del frasco, saquen la tapa de la olla porque se van a ahogar con los olores fatales que hay adentro y vean la realidad. Es cierto que ha pasado mucho tiempo pero también sabemos muchas cosas que pasaron hace tiempo…

Usted menciona en uno de sus libros “el somatén para Perón”, ¿cómo se fue gestando y cómo lo veían desde dentro de las filas del movimiento peronista?

Cuando escribí ‘El presidente que no fue’ fui el primero que denunció lo del somatén, me hago responsable. Decirlo fue un acto de valentía porque de alguna manera he pertenecido al peronismo, no al PJ sino a la JP, estuve vinculado a Montoneros pero no al PJ específicamente.

Desgraciadamente tengo el testimonio grabado de Gloria Bidegain, la hija del dr. Oscar Bidegain -quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires- en un viaje que hizo a España en abril de 1973 para ir después a China con José López Rega, uno de los jefes de la Triple A, y con Isabel Perón.

Perón se refirió a algunos actos de violencia que habían ocurrido en Argentina. Algunos posiblemente cometidos por el ERP, no recuerdo exactamente. Dijo: ‘lo que hace falta en Argentina es un somatén’. El somatén fue aplicado en la dictadura española de Miguel Primo de Rivera, el padre del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera, y era un organismo paramilitar, parapolicial, creado desde el Estado para reprimir actividades fundamentalmente de la izquierda social, sindical, de la que peleaba al nivel de la clase trabajadora.

La Triple A es eso, es un somatén. Perón estaba esbozando ahí la idea de crear un aparato estatal secreto, paraestatal, no oficial sino oficioso, con los recursos del Estado para reprimir a la izquierda, sobre todo a la de su propio movimiento que era la que más le preocupaba. Está comprobado, es histórico, hay numerosos documentos, hay una reunión a la que se convocó a los dirigentes del justicialismo con el objeto de denunciar, investigar y señalar a personas que pudieran ser infiltradas, que fueran subversivos.

¿Por qué ese Perón que había hablado de la juventud maravillosa, que había elogiado al Che Guevara como el mejor de nuestros compañeros, que se había reunido con los Montoneros, que había aprobado el tema Aramburu -muy espinoso- que alentaba a la juventud guerrillera, militante, de golpe se convierte en el tipo que dice hay que hacer el somatén?

Por una razón muy sencilla. Vuelve con un pacto con fuerzas internacionales, incluido obviamente Estados Unidos. El pacto se hace a través de la gente de Licio Gelli de Propaganda Due, los tipos que tuvieron que ver con el asesinato del papa Luciani, le estoy hablando de cosas gruesas, han provocado varios muertos en el mundo, son una mafia internacional muy pesada.

Hay un viaje clave que hacen a Roma Isabel Perón y López Rega para entrevistarse con Gelli. Le plantean que el único que puede parar a la izquierda revolucionaria, a las organizaciones armadas a la Argentina, es Juan Perón con su retorno. Esto explica Ezeiza.

El autor de ‘Recuerdo de la muerte’ y ‘Diario de un clandestino’, entre otros libros, destacó la responsabilidad en la organización de aquella masacre de López Rega y el teniente coronel Jorge Osinde y excluyó al ministro del Interior Esteban Righi y a la Policía Federal.

La Federal había aconsejado armar una especie de círculo alrededor del palco donde iba a hablar Perón para evitar incidentes –recordó-. Osinde, con un argumento aparentemente popular, se negó diciendo que la gente no iba a querer ver uniformes de la Federal que había reprimido hasta el día anterior en la dictadura. Era un argumento de izquierda para hacer una política de derecha. La policía quedó a 1500 metros de distancia. Eso permitió que grupos fascistas como la CNU, el CdO de Brito Lima y otras porquerías siniestras y armadas por el estilo, ocuparan militarmente el palco y el Hogar Escuela que estaba enfrente, lo cual hizo que hubiera una apariencia de enfrentamiento pero eran todos del mismo bando, la extrema derecha peronista. En el medio quedó la multitud.

El periodista destacó que “así como Perón tuvo una primera presidencia brillante, ejemplar desde el punto de vista de la distribución -por algo se generó el peronismo- también es cierto Perón regresó en un negocio con el imperialismo y la oligarquía y fue un Perón represor. No alcanzó a desplegar toda su represión total porque se murió”.

Foto: Diego Goldberg

En cuanto a José Ignacio Rucci, sostuvo que tuvo una participación directa en la masacre de Ezeiza:

Lo que queda demostrado con este vínculo con Ponce y la gente de Bahía Blanca es que Rucci no era un angelito, un pobre mártir del movimiento obrero, lo cual no significa que hubiera que asesinarlo. No estoy para nada de acuerdo con eso, creo que es un hecho terrible y lamentable, que no debió haberse producido. Pero no por sus características morales sino porque Perón lo había elegido como secretario general de la CGT y hacerle eso a alguien que acababa de ganar con el 62% de los votos desde el punto de vista político era una barbaridad descomunal.

Rucci no era un santo. Lo prueba el juicio de Bahía Blanca. Prueba que Rucci estaba decidido a cazar militantes de izquierda. Él decía ‘hay que acabar a los bichitos colorados’. ¿Quiénes eran los bichitos colorados? Nosotros. Por eso 1500 compañeros quedaron tirados en las cunetas, perforados a balazos por la Triple A.

Nunca se debió responder a la violencia con violencia sino con una política de masas. En aquel momento, afortunada y desgraciadamente también, la Juventud Peronista respondía a Montoneros como organización revolucionaria y la visualizaba como conducción, eso sindicaba que había que haber dado una batalla política enorme para quedarse con la conducción del peronismo.

En el juicio se evidenció el alineamiento de Ponce con Rucci y se juzga la toma de la sede local de la UTN en el marco de un proyecto que ese sector del sindicalismo tenía para las universidades y en el contexto de instalación del polo petroquímico. ¿Qué intereses había detrás de ellos?

Rucci era un producto del vandorismo, tuvo una fuerte presencia en la UOM. Hay todo un sector del sindicalismo argentino vinculado al sindicalismo norteamericano. Detrás está el poder económico. Para mí la derecha es derecha, puede ser peronista o no, pueden ser los que pusieron las bolsas (NdR: en Plaza de Mayo) el otro día u otros, representa el poder económico frente a un modelo distinto de justicia social, distributiva. El vandorismo se caracterizaba por simular una lucha sindical, incluso a veces con acciones audaces, huelgas y lo demás, para después negociar. (…)

Lo que querían hacer en las universidades era limpiarlas de toda presencia militante de izquierda peronista o no peronista. Por otro lado, vincularlas al desarrollo técnico pero no por el propósito benefactor de generar técnicos sino de establecer un control político sobre un sector que les resultaba adverso.

Durante la entrevista el ex diputado nacional recordó una conversación con el padre Hernán Benítez, confesor de Eva Duarte:

Él sabía que yo era amigo de Carlos Mujica, asesinado por la Triple A. Me dijo, ¿quién asesinó a nuestro amigo Carlitos? Le digo: la Triple A. Me dice, no, eso ya se sabe, la Iglesia lo sabe bien, yo le preguntó quién disparó la ametralladora. Le digo que, según un testimonio de un sobreviviente que fue herido con Mujica, fue el comisario Rodolfo Almirón. ¿Y qué era el comisario Rodolfo Almirón en ese momento? Le digo: era el jefe de la custodia de Isabel Perón. ¿Usted no cree en el carácter transitivo?, me preguntó.

Por eso, Bonasso repudió semanas atrás el saludo del papa Francisco a Isabel Perón cuando la ex presidenta cumplió 90 años: “Isabel tendría que haber sido convocada por lo menos para la investigación del asesinato de Carlos Mujica”.

En nuestra ciudad el debate oral del juicio continuará mañana a las 9:30 con el tramo final del alegato del fiscal Pablo Fermento. El viernes, comenzará la exposición de la dra. Mónica Fernández Avello por la querella.  Las audiencias son transmitidas en directo por el canal de youtube Audiovisuales UNS y el sitio juiciobahiablanca.wordpress.com

A Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, se les imputa haber integrado la asociación ilícita y en el caso de Aceituno, además, haber sido uno de los asesinos del dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo.

La Municipalidad informó que en las últimas 24 horas se registraron 402 casos positivos de Covid-19 y tres fallecimientos. Ayer se habían reportado 222 contagios y una muerte.

El sistema de salud tiene un 77,4% de ocupación de Unidades de Terapia Intensiva, solo quedan siete camas disponibles. En las áreas Covid la ocupación es del 67,1% con 51 lugares disponibles.

El médico Horacio Romano dijo este martes en su columna de FM De la Calle que “hay colegas de La Plata y Buenos Aires que afirman que ya hay hospitales y clínicas colapsadas, que no tienen donde poner más camas, por Covid y por no Covid”.

Se prevé que esta tarde el presidente Alberto Fernández anuncie medidas vinculadas a la circulación nocturna, las reuniones sociales en espacios cerrados y a actividades recreativas, deportivas y culturales, entre otras.

Romano aseguró que “este año ha sido muy lesivo para mucha gente que no se ha hecho los controles (de enfermedades crónicas) y ahora aparecen con descompensaciones. La no circulación hizo que otros virus respiratorios no circularan, si seguimos con todo abierto vamos a tener Covid más todo lo otro”.

“El sistema de salud terminó tan agotado y desmotivado porque advertís algo y todo el mundo va en sentido contrario. El cansancio y la frustración la sentimos todos. Cuando nos tenemos que poner a trabajar para enfrentar la segunda ola nos gana el día a día, que tenemos mucho laburo y lo dejamos pasar pensando que va a llegar en junio”, aseguró.

Respecto a las autoridades políticas opinó que ahora las “encuentra apurados haciendo reuniones” cuando “hubo tiempo para prepara algunas cosas”.

Más de un centenar de familias sin vivienda intentaron este martes tomar tierras en Pacífico al 3300. Hoy fueron desalojadas por la Policía Bonaerense.

El supuesto dueño de los terrenos, Gustavo Ionni, había intentado echar a las familias el mismo lunes. A su vez, difundió mediante La Nueva Provincia una foto del dirigente del Partido Obrero, Néstor Conte, a quien denunció como organizador de la toma.

“Es una operación de prensa tratando de recaer sobre un militante de izquierda y no sobre el problema que es que la gente esté saliendo a tomar terrenos”, dijo Conte a FM De la Calle.

Contó que “apareció un individuo hablando en algunos medios que aparentemente es el dueño pero no tiene el título. Supongamos que fuera el dueño, tenemos un problema que es que los que tendrían que hablar en los medios son políticos y concejales. En Bahía se necesita un banco de tierras ociosas públicas o privadas para afectarlas a la construcción de viviendas populares”.

Conte dijo que el problema habitacional “es muy grave, entonces la gente ha decidido tomar esos terrenos que están abandonados con la idea de construir y hacer algo que dé una respuesta o solución al hacinamiento que viven miles de bahienses”.

“No hay ninguna política de Estado, lo único que hacen los poderes constituidos es mandar una orden de desalojo. Escuchando el discurso de Gay en la apertura de sesiones, habló de un futuro maravilloso con inversiones pero los problemas concretos son la pobreza, la marginalidad, la falta de vivienda y comida. Miles y miles de trabajadores son pobres”, finalizó.

Foto: Telefé Bahía

Desde la Mesa de Salud Mental consideraron que “se agudizó el aislamiento provocado por la aparición de algunos síntomas dentro de los cuadros con los que trabajamos”.

El Jefe de Hospital de Día del Servicio de Salud Mental del Hospital Penna, Jorge Moyano, explicó a FM De la Calle que la labor prioriza que “las personas se vinculen, si podemos pensar en una ‘cura’ apuntamos a la socialización, al encuentro, al diálogo de los usuarios. Lo que sucede es que no hay una sociedad ni instituciones preparadas para la contención y el acompañamiento en un contexto de pandemia”.

El proyecto para conformar una mesa social que prevengan el impacto de la segunda ola de coronavirus, el cual fue rechazado por el oficialismo, proponía incorporar la mirada del espacio que funciona en el ámbito del deliberativo.

Moyano especificó que la Mesa de Salud Mental “está conformada por muchos actores de la sociedad, instituciones municipales, provinciales, nacionales, organizaciones civiles y familiares de usuarios”.

Cuenta con cinco comisiones: consumos problemáticos, infancias y adolescencias, dispositivos asistidos de hogares, capacitación y crisis. La coordinación alertó que “crecieron los conflictos, las situaciones hogareñas con personas con algún padecimiento se profundizaron y por momentos son insostenibles”.

El director del Centro de Día afirmó que “el mayor diálogo que tenemos es con los participantes de la mesa y con una concejala de Cambiemos. Queremos creer que hay una visibilización de las problemáticas al resto del gobierno. Es la única instancia donde podemos debatir, consultar, conversar, pero nunca hemos sido convocados oficialmente a contar nuestro diagnóstico”.

Sobre este trabajo de relevamiento, Moyano especificó que “hace seis años analizamos cómo viven las personas en los quince hogares y, en algunos casos, llegan a tener cuarenta usuarios. También nos enfocamos en observar qué necesitan los pibes y las pibas en los barrios. Recordemos que hay una situación de cierre de talleres culturales en el último tiempo que apuntaban a lo cultural y, transversalmente, a la salud mental. Muchos quedaron desarticulados y esto no es leído por las autoridades”.

“Desde el oficialismo no hay una visión de integralidad respecto a los padecimientos, de cómo se vinculan las cuestiones sociales, habitacionales, sanitarias y educativas. Todos los temas se van entrelazado y son parte de un mismo núcleo. Hay una visión fragmentada, no se está pensando en poder hacer una lectura integral para dar una respuesta integral”, denunció el docente.

En relación al funcionamiento de la mesa, Moyano dijo que “dentro de esta nueva normalidad, nos juntamos mensualmente y cada comisión está trabajando proyectos que tienen como objetivo fortalecer nuestra presencia en la administración de la políticas y de los recursos en relación a salud mental. Más allá de la lectura de lo gubernamental, en particular el espacio funciona con mucha intensidad con actores que se suman reunión a reunión, con gente que quiere ser parte”.

Sobre el tratamiento que brindan las empresas de medios de comunicación a temas referidos al comportamiento de los y las adolescentes, reflexionó: “No todo pasa por una fiesta clandestina sino que según la Comisión de Niñez de la Mesa de Salud Mental, hay cuestiones de consumo, necesidades habitacionales, depresiones y también hay muchos que se organizan en talleres, militando. Hay una respuesta que sólo la encontrás si te acercás desde un lugar más próximo a los jóvenes”.

Por otro lado, Moyano comentó respecto a la soledad como factor de riesgo que “nuestra propuesta se basa en el paradigma de la salud mental comunitaria, tiene que ver con un tratamiento sostenido en las vinculaciones. Si bien existen los psicofármacos, las terapias, los grupos de reflexión, los talleres, todo eso debe apuntar a crear y sostener lazos sociales. La pandemia vino a plantear otro modo de circular, hubo descompensaciones y problemáticas en la administración de la vida cotidiana que fueron muy intensas, de mucho costo”.

“Lo central es recuperar vinculaciones familiares y personas que hacen un sistema de apoyo”, finalizó.

Desde hace un año, alrededor de 400 familias esperan por un plan que les permita acceder a las tierras que ocupan en Don Bosco al 3900.

Parte de los lotes habían sido entregados en comodato por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado a la Unión Ferroviaria para la construcción de viviendas. Eso nunca ocurrió y vecinas y vecinos comenzaron a lotear.

“Estamos organizados, hemos hecho manzanas, somos más de 390 familias. No supimos más nada del Ferro, nunca se comunicaron, tampoco la Municipalidad, han firmado un acuerdo para ceder las tierras a la gente que está ocupando. Seguimos como al principio”, comentó a FM De la Calle Carina, una vecina del barrio .

A principios de marzo, el Municipio informó sobre la firma de dos convenios con el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura (TAI), Alexis Guerrera, para el uso de tierras ferroviarias. El primero se trata de un predio ocioso que será utilizado para la construcción de instalaciones y desarrollar actividades de protección ambiental. En el segundo, las tierras serán destinadas a la inclusión social a través de proyectos deportivos.

Carina agregó que una “parte iban a ceder para emprendimientos y otra parte para viviendas, supuestamente a quienes estamos ocupando no nos iban a mover. La Unión Ferroviaria tenía 5 años para hacer un proyecto de vivienda y por lo que tengo entendido nunca se hizo por presupuesto”.

Las familias decidieron comenzar a lotear los terrenos para intentar obtener la conexión a los servicios. “En Tierras Argentinas están conectados a la red de Puertas del Sur, mucha presión de gua no hay. Del lado de Don Bosco no se han podido enganchar porque nos denuncian. Están la mayoría a vela” .

Muchas familias viven precariamente “porque tienen miedo que los saquen, y muchas por la pandemia y la desocupación ya se fueron instalando”.

“Hay gente que alquilaba y que con la desocupación no les quedó otro remedio que ocupar. Hay gente desocupada, otros que tienen su trabajo pero alquilan y hay muchos que no les da el presupuesto para seguir alquilando”, dijo la vecina.

Comentó que “seguimos con el merendero, estamos todos los sábados desde las 16 en Pampa Central y Calvo. Recibimos donaciones, ropa, alimento, chapas, tirantes, todo sirve”.

Se trata de un proyecto que reúne a diversos sectores del campo popular para solicitarle a las autoridades de la UNS la entrega del título Honoris Causa para David “Watu” Cilleruelo.

Este sábado se realizó la reunión constitutiva en el marco del 46º aniversario del asesinato del dirigente estudiantil a manos de la patota de la Triple A en los pasillos de Alem 1253.

Participan y adhieren, entre otras personalidades y dirigentes, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la hermana de Watu, Raquel Cilleruelo.

“Impulsamos una comisión de apoyo plural. Pedimos un reconocimiento que acepta méritos no académicos para un Honoris Causa, aquel actor universitario o no que merece tener ese título de honor por ser referente, por haber llevado aportes a la humanidad”, señaló a FM De la Calle Adriana Rodríguez, docente y ex decana de Departamento Humanidades.

En relación al rol de la UNS, institución que supo albergar a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado, Rodríguez afirmó que “la historia es una contradicción, la universidad cumplió un papel diferente en cuanto a la historia reciente. Me acuerdo de actos muy fuertes en cuanto al pedido de la querella, pedir en el Consejo Superior que la universidad sea sede de los juicios, en eso hubo un impulso muy grande de actores de la UNS, de dirigentes sociales, de gente que no tiene que ver con la universidad, de distintos espectros de la política”.

“El hecho del juicio a la Triple A es importante y ejemplar, a mí me gusta quedarme con lo positivo de la lucha. Rescato la institucionalización de la lucha, la UNS que fue promotora de la Triple A, en sus mismos pasillos se asesinó a David, y es sede de los juicios”.

Destacó que otra contradicción “es que nos intervienen los murales de Watu, se trata de unir a Watu con una cuestión solamente ideológica. Obviamente que él tenía su ideología, era comunista, pero eso no implica que nos escriban los murales, desaparezca el chapón, que se tire un cuadro. No lo vemos solo con Watu, sino con los pañuelos de las Madres”.

Lo que trasciende a Watu es la unión: “Fue votado por sus pares, más allá y tan acá de su militancia, es un caso emblema”.

El director del Hospital Interzonal Dr. José Penna, Gabriel Peluffo, dijo a FM De la Calle que “hay un aumento claro de consultas” por síntomas de Covid y “un aumento de la ocupación de camas”. Destacó que “la velocidad de aparición es más rápida que la de la primera ola”.

“Esto nos genera una dificultad porque, al ser más veloz la aparición, el número de camas ocupadas crece más rápido y esto pone en problemas al sistema. Estamos tratando de reorganizar y rehabilitar las camas que teníamos disponibles durante la primera ola”.

Peluffo mencionó que esta situación “es multicausal: seguramente son las nuevas cepas, es probable que tenga que ver con el aumento de la movilidad social, la relajación de los cuidados y el incumplimiento de los protocolos. Esto se ha dado en todo el mundo”.

“Han habido algunos casos de gente bastante joven, de entre 30 y 50 años, con un gravedad manifiesta que por ahí no era tan común ver en la primera ola. Esto tiene que ver con posibles nuevas cepas”.

En relación al sector privado, que plantea que no puede sostener la atención de pacientes con Covid, mencionó que “la suma de sus camas da parecido a la suma de camas de los públicos, vamos a tener que compartir pacientes. El problema es con aquellos que no tienen cobertura social, es nuestra mayor preocupación. Esto lo hablamos con el Municipio porque nos preocupa mucho y porque la velocidad de aparición hace que los casos sean crecientes y nos sobrepase”.

Por otro lado, confirmó que mañana habrá una reunión entre autoridades del Hospital Penna y del Hospital Municipal para armar un pool de camas para coordinar y socorrer al nosocomio que así lo requiera.

El Penna cuenta con 19 camas de UTI, la mitad son para Covid y la mitad para no Covid. Hay cuatro unidades más en pediatría destinadas a adultos jóvenes. Peluffo señaló que “hay alguna unidad más de emergencia y dependiendo de la ocupación de la terapia polivalente, incluiremos allí pacientes”.

“No estamos en situación acuciante pero si se sigue así y no se hace nada seguramente alguna restricción a las actividades vamos a tener que tener. La población está cansada y relajada, hay que reactivar el mensaje, pedir colaboración”, finalizó.

“La falta de relaciones sociales o la soledad son factores de muerte, incluso con más incidencia que los que conocemos tradicionalmente: diabetes, colesterol alto, sedentarismo”, afirmó el médico Horacio Romano en su columna semanal en FM De la Calle.

Se trata de un análisis que reúne información de varios estudios publicado en la revista Plos Medicine en el cual dan cuenta que la calidad y cantidad de relaciones sociales está directamente relacionada no solo con la salud mental sino con el riesgo de morbilidad y mortalidad. Se detallan qué aspectos de los vínculos sociales previenen y cuáles moderan los riesgos.

“En países donde las poblaciones tienden a vivir cada vez más solas, sin relaciones sociales, conocidos, ni círculos de amistades pareciera que tienen mucho más riesgo de morir. En Nueva York a más del 10% de personas que fallecen por Covid no las reclama nadie”, contó Romano.

“En los 80’s cuando era residente en Buenos Aires nos tocó atender a una persona que había tenido un ACV y había estado casi 24 horas tirada en su casa. Luego de una semana su hijo no la había ido a ver y eso nos parecía increíble. No me llama la atención ahora lo que sí cuando tenía 21 años y era practicante. Una de las cuestiones que tenemos que hacer es fomentar el acompañamiento, tenemos que promoverlo en relación al Covid”

En el marco del aislamiento por la pandemia “estas cuestiones se ven más, tenemos vías telefónicas, distintas plataformas para vernos la cara y acompañar a los mayores”.

En relación al acompañamiento que reciben pacientes internados con Covid mencionó que “se hicieron protocolos, se pusieron a trabajar en eso. Después de mitad de año cambio mucho, ya había protocolos para acompañar”.

Por otro lado, señaló que “la soledad va de la mano con lo social y con el individualismo. Los griegos lo conocían muy bien, el castigo no era la muerte sino el ostracismo”.

“Hay mucha gente con mucha soledad, uno debería como Estado salir a procurar que la gente se encuentre de alguna forma”, finalizó.

El fiscal Pablo Fermento avanzó con el alegato contra cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense para quienes pedirá condenas en la audiencia del 8 de abril.

El lunes pasado continuó con la exposición de los hechos y las pruebas que dan cuenta de los homicidios que son juzgados.

Se refirió a Luis Jesús García, Alberto Noé Bayarsky, Carlos Dorñak, María Isabel Mendivil, Fernando Antonio Alduvino, José Manuel González, Angel Enrique Ogues, Ovidio Oscar Ancel, Carlos Anibal Nakandakare, Alberto Mario Pojomovsky, Víctor Eduardo Oliva Tronocoso, Hugo Norberto Ardiles, Orlando Walker, Manuel Santiago García y Salvador Julio Trujillo.

Luis Jesús “Negrito” García, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). Al ser asesinado tenía 18 años y trabajaba en la empresa constructora Interamerican en Ingeniero White, donde había sido designado delegado de obra.

De acuerdo con las pruebas señaladas por la fiscalía, en la madrugada del 22 de septiembre de 1974, un grupo de entre cuatro y cinco personas armadas ingresó violentamente en su domicilio alegando pertenecer a la policía. En el acto, procedieron a su secuestro, arrastrándolo y golpeándolo. Los captores se retiraron del lugar en dos vehículos. Por la mañana de aquel día, y luego de una intensa búsqueda por parte de familiares y compañeros de militancia, el cadáver de García fue hallado junto a un camino de tierra perpendicular a la ruta N° 3, cerca del paraje conocido como “El Pibe de Oro”.

Para la fiscalía, la realización de aquel operativo por parte de la asociación ilícita dirigida por el fallecido diputado provincial Rodolfo Ponce quedó acreditada –junto al patrón de actuación– por los testimonios que dieron cuenta de una tarea de “fichaje” por parte de la C.G.T. local, entre cuyos blancos se encontraba el propio García.

Pero el dato insoslayable resulta ser, según se indicó en el alegato, que tanto los captores como los vehículos utilizados para la concreción del secuestro fueron identificados por la madre y la hermana de la víctima como pertenecientes a la organización criminal conocida como Triple A. De acuerdo a las actuaciones judiciales de la época, el automotor fue hallado en el hall de la Universidad Nacional Tecnológica de la ciudad, cuyas instalaciones se encontraban por entonces bajo ocupación armada del mismo grupo paraestatal.

Otro aspecto destacado en la exposición fue la profusa actividad de inteligencia que se realizó sobre el acto de sepelio de García —según consta en archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense que fueron expuestos en pantalla durante el alegato— en donde figuran los nombres y las banderas políticas de quienes asistieron. Tal es así que la gran mayoría de las personas apuntadas luego fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Por otra parte, se expuso la prueba sobre una serie de crímenes cometidos por la misma organización criminal en la madrugada del 21 de marzo de 1975, en la que fue asesinado el sacerdote Dorñak, y secuestrados y posteriormente ejecutados Mendivil y Alduvino.

Esa misma madrugada, hicieron detonar además una bomba en el domicilio del militante universitario Jorge Riganti, atacaron con armas una escuela de Cáritas (en donde intentaron secuestrar a la hermana Norma Gorriarán) y tuvo lugar la tentativa de secuestro de Carlos Entraigas, también militante estudiantil.

A su vez, se analizó la prueba del caso de Alberto Mario Pojomovsky, quien en la madrugada del 29 de junio de 1975, al retirarse junto a su esposa en vehículo de la casa de unos amigos, fue interceptado por un grupo de personas armadas que se trasladaba en un Ford Falcón verde con techo blanco y una camioneta doble cabina, ambos vehículos propiedad de la Universidad Nacional del Sur.

Tras hacerlos descender del automóvil y pedirles que acreditaran la identidad, los agresores intentaron secuestrar a la pareja de la víctima, quien logró escapar corriendo, pero recibió un disparo en una de las piernas. Mientras se alejaba, escuchó los disparos efectuados a su marido.

Según el análisis de la fiscalía, Pojomovsky fue abandonado herido por los captores, junto a la camioneta que estos utilizaban, la cual un día más tarde fue reclamada a la policía por uno de los integrantes del grupo paraestatal en representación de la Universidad Nacional del Sur, bajo la cobertura de que el automotor había sido robado del rectorado la noche anterior. Antes de fallecer veinte días más tarde en el Hospital Municipal, la víctima llegó a manifestar a su familia que el Falcon que usaron los atacantes también pertenecía a esa casa de altos estudios.

La fiscalía enfatizó en el modo en que los casos de García y Pojomovsky ponen de manifiesto la práctica de utilización de los vehículos y recursos de las universidades, al servicio del accionar delictivo de la asociación ilícita. Por aquel entonces, el rector de la Universidad Nacional del Sur era Remus Tetu, señalado por la acusación como uno de los jefes de la Triple A bahiense.

Durante el desarrollo de los restantes casos analizados en la jornada, se exhibió en pantalla un volante de la época —aportado por un testigo— en el que compañeros de militancia de los trabajadores “Negrito” García, González, Ardiles, Walker, Trujillo y Santiago García apuntaban al sector de Rodolfo Ponce como el responsable de sus asesinatos. Cabe destacar que para la fiscalía el diputado nacional y secretario de la CGT Bahía Blanca era el otro de los jefes de la Triple A local.

El juicio continuará el 8 y 9 de abril a las 8.30. La fiscalía estima que en la primera jornada concluirá su exposición y formulará el petitorio de las penas para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la organización criminal y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.

Integración Ciudadana presentó sus precandidaturas para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) e inauguró un local en Thompson 287.

La lista estará encabezada por la abogada María de los Ángeles Rosón a quien secundará el ex secretario del bloque de IC, Nicolás Marín. Participan también Vanesa Troncoso, integrante del Concejo de Niñez y de la ONG La Misión; Diego Márquez, prosecretario del Sindicato Aceitero; la presidenta de Salud Ambiental Gladys Girotti y el docente de la UNS Mariano Santos.

“Hemos decidido a volver a los orígenes, una alternativa local que conoce los problemas de la gente y que quiere solucionarlos desde Bahía Blanca darle participación a los ciudadanos y generar normativa para dar soluciones en el HCD”, comentó Rosón a FM De la Calle.

Señaló que dentro del recinto “el doble voto debería ser una excepción y se ha instalado como una modalidad. Integración Ciudadana generaría discusión y debate, trataría de generar puentes, equilibro y consensos, siempre anclados en lo local. Aspiramos a llegar a dos bancas, sería cambiar la dinámica del Concejo, criticamos al oficialismo y también a la oposición, hay cierta pasividad, hay mucho más para trabajar”.

En relación a la problemática de la falta de agua, Rosón destacó que “el oficialismo echó la culpa y se desligó del problema diciendo que es de competencia provincial. Es cierto pero de ninguna manera se puede justificar una pasividad por parte del gobierno local”.

“Que se cree una Mesa del Agua es positivo, se trató de dar participación, pero es menguada. Hay un trabajo a nivel provincial de solucionar este tema, creemos que es algo que hace muchísimos años que está presente y recién ahora por las manifestaciones de vecinos se ha pedido un crédito y se está dando una solución”, resaltó.

Respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes mencionó que “desde el Consejo Local de Niñez se está pidiendo la emergencia hace años. En esta situación de emergencia ni siquiera el gobierno ha llamado a los distintos sectores de la ciudad para resolverlo, cada cual desde su conocimiento podría haber aportado muchísimo”.

Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín recurrirán ante la Cámara de Casación tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones bahiense a la recusación contra la jueza federal María Gabriela Marrón.

También apelarán el rechazo de nuevas medidas investigativas, mientras se continúan realizando diligencias en el estuario de Bahía Blanca. Por otra parte, Santiago Ulpiano Martínez ya tiene reemplazante.

La vacante del funcionario inhibido en la causa será cubierta por la fiscal federal de Santa Rosa Iara Silvestre, designada días atrás por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

La Cámara Federal de Bahía Blanca, con el voto de Pablo Larriera, rechazó el planteo de recusación de Marrón. La Fiscalía consideró que su imparcialidad había quedado afectada luego de disponer de oficio y sin control de las partes una medida de prueba por sobre la estrategia de litigación del caso que tienen los representantes luego de que se les delegara la instrucción del sumario.

Heim, Azzolín y Silvestre están elaborando un recurso de casación contra dicha decisión, ya que consideran que sus argumentos no fueron valorados en su totalidad, en especial en lo relativo a nuevas irregularidades cometidas por la titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca en las últimas semanas, como no suspender la ejecución de la medida pese a varios planteos en ese sentido y el efecto suspensivo del recurso interpuesto.

Además, informaron ante la Cámara Federal, en el marco del trámite del incidente de nulidad que plantearon contra esa decisión de la jueza, que consideraron que no estaba adecuadamente fundada y afectaba la independencia del organismo. Si bien la jueza rechazó la nulidad, los fiscales esperan revertir esa situación en instancias superiores y, como consecuencia, apartar a la magistrada del caso tal y como lo prevé el Código Procesal Penal.

Nuevas medidas realizadas y solicitadas

Los y la representante del Ministerio Público solicitaron en los últimos días, con el secreto de sumario vigente, la concreción de una serie de medidas de prueba que fueron rechazadas por la jueza, decisión que también fue apelada.

Azzolín, Heim y Silvestre esperan que la nueva queja sea resuelta por el tribunal revisor en el mismo sentido que lo hizo en febrero, lo que motivó la concreción de allanamientos.

En el marco de los trabajos de campo que desde hace meses vienen realizando en el estuario de Bahía Blanca, días pasados la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron un relevamiento del lugar con drones. También se prevé una recorrida a pie en compañía de testigos.

Los ocho espacios municipales reabrieron al público los miércoles, jueves y viernes con horario reducido de 10 a 13. El director de Museos, Christian Díaz, expresó en FM De la Calle que “durante este año de pandemia perdimos el contacto con los visitantes pero estamos muy contentos con la reapertura”.

Los museos municipales son Ferro White Museo-taller, Museo del Puerto, 2 Museos: Bellas Artes + MAC, Museo y Archivo Histórico, Museo Fortín Cuatreros, Museo del Deporte y Museo de Ciencias.

Díaz comentó que “la propuesta lanzada, fue charlada con directores y equipos de trabajo. Evaluamos la necesidad de abrir con todos los protocolos, sintiéndonos seguros, tanto los trabajadores como los visitantes que pudieran acercarse”.

 “Queremos ir testeando, en esta apertura gradual. Tener en cada uno de los museos entre diez y doce visitantes por día es muchísimo más que durante todo un año que no tuvimos nada. El siguiente paso es abrir un fin de semana, primero un sábado, luego un domingo. Con la experiencia pre pandemia, las visitas eran mayores durante los domingos. Recién hace quince días otros museos de la provincia iniciaron actividades, nos pone contentos que haya expectativa y que nos pidan más horarios”, explicó Díaz.

Desde la Dirección coordinan los espacios museísticos a través de sus patrimonios. La política cultural en este contexto es “hacer un trabajo mucho más social de construcción colectiva del conocimiento, brindar herramientas de transformación. Es complicado en pandemia pero nos preparamos para poder seguir trabajando con la idea de que el museo sea un lugar de encuentro, será más virtual por no poder disponer de la presencialidad”.

Por último, el diseñador en comunicación visual concluyó que “el interés en la dirección es resolver situaciones estructurales tanto en personal y edilicias, planteo que pienso a largo plazo. Veremos qué podemos ir logrando”.

El camarista Pablo Larriera ratificó a la jueza Gabriela Marrón en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

De esta manera rechazó la recusación planteada por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín quienes invocaron “temor de parcialidad” al concluir que Marrón comprende una única hipótesis: que Facundo “en su trayecto hacia la localidad de Ingeniero White, transitó por el complicado terreno del estuario en el que se anegó y luego se ahogó”.

Plantearon, además, que la jueza se entrometió en asuntos de la Fiscalía al reasumir la investigación para incorporar un estudio de mareas del IADO en el cual el director del organismo oceanográfico “realizó consideraciones que no le fueron solicitadas sobre el posible desplazamiento de Facundo dentro del estuario”.

Azzolín y Heim devolvieron el escrito, “no obstante luego, invocando una medida para mejor proveer y afirmando que no reasumía la instrucción, la dra. Marrón ordenó un estudio que, en los hechos, implicaba realizar las mismas actividades que el IADO realizó sin que se lo haya ordenado”.

Al rechazar su recusación la jueza sostuvo que “la conexión entre el Estuario y la Ría de Bahía Blanca y el aporte que puede llegar a lograrse a partir de su estudio es innegable para la reconstrucción del hecho, ya que esta última zona es donde se vio a Facundo José Astudillo Castro transitar con vida, y luego, se encontraron sus restos y pertenencias”.

Se refiere a lo dicho por la Testigo H, cuyo testimonio fue incorporado a la causa por dos de los policías sospechados -Mario Sosa y Siomara Flores- y se contradice en varios aspectos con el de Alberto González, quien detuvo a Facundo por segunda vez el 30 de abril. Marrón no considera, entre otras pruebas, el hallazgo de pertenencias del joven en un calabozo de Puesto Policial de Teniente Origone.

En definitiva, en el fallo firmado ayer en la Cámara de Apelaciones, Larriera manifestó que la delegación de la investigación en los fiscales “no implica que el juez pierda la dirección del proceso y la decisión final en determinados temas”. Esto independientemente de lo que los camaristas resuelvan respecto a la validez de la prueba del IADO cuya nulidad fue planteada en otro incidente.

Por tercera vez el secretario general de la UTA, Ricardo Pera, evitó ser indagado por el fiscal que interviene en la causa por violencia de género iniciada por su ex pareja. Laura Trespando lo denunció por lesiones agravadas y amenazas.

“El viernes a última hora presentó un certificado en el que dice que está pasando por un cuadro de Covid positivo. Se resolvió por parte de la fiscalía que se fijaba un nuevo horario y, si tenía algún síntoma, previamente tuviera una entrevista telefónica con el médico pericial. No se pudo hacer porque no atendió el teléfono”, señaló a FM De la Calle la abogada de víctima, Fernanda Petersen.

La letrada agregó que “más allá de la autenticidad o no del hisopado, del que no tengo porqué desconfiar, la realidad es que el teléfono apagado demuestra voluntad de evadir a la justicia si tenemos en cuenta que no se lo pudo notificar en el domicilio real”.

El fiscal Juan Pablo Schmidt dejó abierto el acto para llamarlo nuevamente cuando esté en condiciones. Una vez realizada la indagatoria, acto de defensa en el cual Pera puede o no declarar, se elevaría la causa a juicio.

“Esta persona no solo ejerció violencia públicamente, sino que sigue haciéndolo al no presentarse a la justicia. Es el hombre de las mil causas y mil situaciones, esto es una manera de seguir ejerciendo poder”, afirmó Petersen.

El ex concejal fue condenado en febrero a un año y diez meses de prisión por agresiones contra dos legisladores. Los hechos ocurrieron en 2015 dentro del Concejo Deliberante.

“Estamos convencidas de que se va a llegar a una condena y la causa anterior, si es confirmada en la sede de apelación, opera como un antecedente que agrava y que se tiene en cuenta para establecer pena”, explicó Petersen.

Finalmente, destacó que Pera “públicamente ha demostrado su conducta violenta, si a esto le sumamos la privacidad de un domicilio, la situación de trabajo y de poder, estamos frente a una situación donde los elementos sobran”.

El Consejo Local de Niñez expresó su preocupación ante el rechazo al proyecto de ordenanza que proponía la creación de una “Mesa Social de Articulación en la Pandemia”.

“Fue confusa la respuesta del jueves del Concejo, pareciera que en aras de defender un posicionamiento se empieza a desconocer ciertas realidades que a través de las organizaciones que representamos vemos permanentemente”, comentó la psicóloga Alba Picardi.

Señaló que “el planteo puntual da a entender como que la mesa de crisis alimentaria funcionaba y bien. Hemos presentado un informe porque no estaba funcionando. Cuando lo hacía era más un espacio donde se informaba lo que se pensaba hacer pero las decisiones ya venían tomadas, no había un trabajo articulado con las organizaciones”.

“Nos parecía que este proyecto era un propuesta superadora en relación a esa mesa que no está funcionando desde septiembre. Era una buena manera de adelantarnos a lo que va a venir y para seguir trabajando con lo que va pasando. La crisis alimentaria no se terminó en septiembre, no entendemos porqué no se convocó más a la mesa”, comentó Picardi.

Insistió que la emergencia alimentaria no se resolvió: “En vistas de la segunda ola se va a profundizar. Más allá de eso, lo que propone el proyecto es articular entre efectores y organismos que trabajan en los barrios para generar redes e instrumentos que no queden solamente en lo que implica lo alimentario e ir hasta algo más profundo. Lo pensábamos saliéndonos del criterio del asistencialismo, para que las comunidades pudieran organizarse y puedan ser generadores de herramientas”.

“Tenemos representantes de las organizaciones en el Consejo Local. Si la idea era plantear que la crisis ya no era real, vemos que sigue siendo real. La desigualdad se ha profundizado, significa que no es solo el alimento que llega o no, sino además la desigualdad con todo, acceso a la salud, quienes quedaron fuera de la cotidianidad de la educación por no tener los elementos, problemáticas de salud mental, violencia y adicciones”.

Picardi concluyó, “es mucho más amplio que una tarjeta alimentaria o un bolsón, pareciera que vivimos en realidades paralelas”.

Desde Creer Sí también manifestaron su preocupación por el rechazo a la inicativa.

“Creemos que las miradas y accionar de distintos actores sociales de la comunidad implicaría un trabajo colectivo más eficiente que redundaría en una mayor protección, amparo y promoción de las familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad y en especial de nuestras infancias”.

En la última sesión del Concejo Deliberante el oficialismo rechazó conformar una “mesa social articulada de trabajo, gestión y planificación en el marco de la pandemia” para analizar la situación de los sectores vulnerables ante la segunda ola de Covid.

Romina Pires, una de las autoras del proyecto, dijo a FM De la Calle que el espacio que se conformó e 2020 “dejó de funcionar en septiembre”.

“El martes se juntaron directores de hospitales, integrantes de Región Sanitaria y el intendente. En esa misma línea, pretendemos sentarnos a pensar y retomar el diagnóstico del año pasado junto a organizaciones sociales y al Consejo Local de Niñez”.

Pires remarcó que “lo social no es sólo lo alimentario, también hay cuestiones de vínculos, de dispositivos, de contención, de propuestas territoriales, con un abordaje más integral: hay personas que no salieron de sus domicilios y otras que quedaron golpeadas por la pandemia”.

“No es menor que se diga que está por venir una segunda ola, esto nos tiene que llevar a pensar que la ciudadanía requiere respuestas distintas a las de estos últimos seis meses. Hay que sumar el frío, las lluvias y la complejidad en los barrios”, afirmó.

Por último, la concejala expresó que “desde el Municipio existen varias tarjetas: una de $860, otra de $1660 y la última de $1860 por mes. Habría que preguntarle a la secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, el criterio de estas tres tarjetas”. Un ejemplo de coordinación podría ser que, a través de la mesa, “junto a las organizaciones sociales, se releve si todos los que la necesitan tienen tarjeta, hay familias que por distintos motivos aún no accedieron a este beneficio”.

El debate en el Concejo

“¿Qué es lo social?”, preguntó durante la sesión el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Nicolás Vitalini. “Creo que se confunde lo social con el asistencialismo. Dicen que no nos interesa lo social. Cuando uno habla de esto, puedo decir que es bregar por el asistencialismo en las escuelas, cosa que se han negado sistemáticamente en post de la obsecuencia al gobernador”.

Vitalini ejemplificó: “Fue año sin presencialidad, ¿dónde está la parte social de la vinculación de los chicos con sus pares? Lo social también tiene que ver con evitar restringir los derechos: durante un año hubo un Estado policíaco, te pedían un permiso para entrar a un lado y otro”.

“A veces se hace un enfoque en los barrios que más necesidades tienen, pero muchas medidas del presidente y del gobernador tuvieron impacto negativo en lo social. Porque esas personas más vulnerables son las que precisan que sus hijos se eduquen para salir de dicha situación, necesitan tener un trabajo y no perderlo. Argentina tiene un índice de alto crecimiento de la desocupación por las medidas desacertadas tomadas durante la pandemia”, afirmó.

Finalmente, el edil expresó: “Terminemos con el planteo de que somos insensibles. Se le da una connotación a lo social que en definitiva es la consecuencia pero no se ataca nunca la causa. Que Argentina tenga una pobreza estructural de más del 30% hace cuarenta años tiene que ver con lo social y si no hay generación de empleo, si no hay libertad, si no hay educación, va a ser cada vez más grave”.

La concejala del Frente de Todos, Analía López, interpeló a la oposición al decir que “ya que desde su espacio político se arengó tanto por la vuelta a la presencialidad y por el sostenimiento de las escuelas, principalmente las de explotación o responsabilidad privada, también pedimos que haya una mirada atenta hacia el cumplimiento de los protocolos y de lo que establece el plan jurisdiccional”.

“Debemos ser promotores de los derechos pero, a su vez, como veedores y fiscalizadores, tenemos la responsabilidad que la normativa se cumpla porque es en pos de la protección y cuidado de todas y todos”, finalizó la docente.

En respuesta al bloque opositor, Lucía Pendino afirmó que “el proyecto que presentaron propone algo que ya existe. Se logró trabajar en forma efectiva y con amplia convocatoria: participaban la Universidad del Sur, representantes de distintos cultos, organizaciones sociales, el Municipio desde la Secretaría de Políticas Sociales y la Secretaría de Gobierno, PAMI, concejales, la senadora provincial, Ayelén Durán, la presidente del bloque Frente de Todos y el Consejo Local de Niñez”.

Pendino dijo que rechazaron el proyecto presentado por Pires “porque la mesa de contención y colaboración social es un trabajo comprometido que se viene realizando desde el 2020 y que sin duda, atento a las necesidades, va a seguir trabajando en forma conjunta”.

Nuevamente, desde el Frente de Todos, Paula Echeverría retrucó que “la mesa que existió no se junta desde septiembre. Esto fue hace seis meses. ¿Vamos a decir que no existieron en estos meses problemáticas y urgencias dentro de nuestros territorios? Estas instituciones no tuvieron un lugar de encuentro” y, a pesar de eso, “las organizaciones sociales, la universidad, las iglesias, la organización comunitaria y territorial sigue dando respuesta y acompañamiento”.

“Nos falta como Estado municipal dónde encontrarnos y articular, pensar desde lo local de qué manera vamos a hacer frente a esta próxima ola de Covid que golpea a todos y todas pero mucho más fuerte en nuestros territorios. Para eso necesitamos no solamente poder decir qué es lo social sino que solicitamos una gestión, una planificación, un abordaje y un trabajo serio, desde los sectores que durante este tiempo le pusieron el hombro a la pandemia”, expresó.

La concejala Lucía Martínez Zara dijo que “perdemos una gran oportunidad de crear un espacio, de tener una agenda común. Pensamos distinto, tenemos concepciones de Estado muy diferentes, pero por fuera de estas cuatro paredes hay una realidad social compleja y delicada. Muchas personas que la pasaron súper difícil y otras que se pusieron a disposición de manera solidaria, voluntaria a ayudar, se merecen ser escuchados, tenidos en cuenta”.

Por último, desde el mismo bloque, Carlos Moreno Salas planteó que “si hubo un gesto del señor intendente de juntarse con los médicos y con los directores de hospitales, también cabe juntarnos con los referentes que las vivieron en carne propia, gente humilde, sencilla, que ofreció su casa para hacer un plato de comida caliente y poder distribuir en el barrio. Hay hipocresía, dejamos de reconocer las cosas que ocurrieron. Debemos tener la responsabilidad y la madurez política para pasar este difícil momento”.

El economista y columnista Francisco Cantamutto analizó en FM De la Calle la reciente aprobación de la reforma al impuesto a las ganancias.

El especialista señaló dos aspectos de la iniciativa. El primero es que “se siguen discutiendo elementos del impuesto sin revisión integral, significaría modificar las alícuotas progresivamente, hoy cuando empezás a pagar muy rápidamente pagás el máximo porque las escalas están muy reducidas”.

“El segundo aspecto a revisar son las exenciones del impuesto, control y fiscalización. Una de las críticas es que se está discutiendo cuántos trabajadores o trabajadoras lo pagan pero no se están discutiendo las exenciones de, por ejemplo, a quienes hacen las operaciones inmobiliarias”.

“Esto no fue parte del debate, lo que se hizo es aplicar una exención por la cual quienes reciben salario bruto de hasta 150 mil pesos, no pagarían”, comentó.

El economista agregó que “esto hace que 1 millón 267 mil personas dejen de pagar, se vuelve a la situación de 2015. Es un 10% de personas asalariadas pagan el impuesto a las ganancias”.

“En el 2019 por la falta de actualización de los mínimos llegó a pagar un cuarto de los asalariados. Esto genera un efecto distributivo desigual”.

Cantamutto comparó que “la canasta de pobreza es de 58 mil pesos por mes y el salario promedio del sector privado es de $56.550. Los asalariados ganaban en promedio por debajo de la canasta de pobreza familiar. La mayor parte de los asalariados ganan mal pero, una vez que logran superar esa barrera, muy rápidamente saltan en la escala y pagan el tope de ganancias”.

“Esto nos habla de que se erosionó el salario de la clase media. Es decir, la mayor parte gana un salario de pobreza y, cuando logra saltar esa brecha, pasa a ser incluido entre quienes más ganan. Esto es un efecto de la desigualdad de distribución del ingreso, es de fondo y va más allá del impuesto”.

¿Por qué esta medida se sanciona ahora?

“Más allá del gesto político en el año electoral, la lectura económica tiene que ver con reactivar la economía. Mientas se negocia con el FMI, se habla de reducción de déficit fiscal, las exportaciones no reaccionan con la velocidad esperada, la inversión pública está atada, los salarios no suben, la mejora tiene que generar incentivos para que sectores medios y altos vuelquen el dinero en el consumo. No solamente mediante esta medida que libera fondos para que se vayan al consumo atrasado, sino también las iniciativas para el fomento a la construcción”.

El economista señaló que “se habla de un crédito hipotecario que en lugar de actualizar por UVA sea por índice salarial para que, si aumenta la inflación y no el salario, no se vaya la cuota al demonio. Todas las medidas que fomenten a la construcción especialmente, porque es mano de obra muy intensiva, generan muchos encadenamientos”.

“No es solamente un arreglo o un gesto político sino que tiene que ver con cómo hacer para reactivar la economía”, finalizó.

El Municipio cedió a la empresa San Gabriel las líneas de colectivos 502 y 504, las cuales eran gestionadas por Bahía Transporte SAPEM.

Varios días después se informó que el traspaso incluyó 17 unidades a un costo de 16 millones de pesos -incluyendo intereses por el pago en cuotas- y a 32 de alrededor de los 70 trabajadores de la SAPEM .

El ex concejal y dirigente de Nuevos Vientos, Raúl Ayude, analizó en FM De la Calle qué implica el traspaso de líneas para el sistema de transporte público.

“Nos enteramos que le vendieron colectivos a menos de un millón de pesos cada uno, transfirieron 32 empleados, sin debate previo y sin que los miembros del directorio de la SAPEM lo sepan. Eso hace a una complejidad que es repudiable”, señaló.

Agregó que hay “una crisis muy grande debido a que la pandemia bajó la cantidad de gente que circula en transporte, con un agravante que es el aumento automático, sin revisión del funcionamiento del sistema, a partir de la mayoría automática de Cambiemos en el Concejo”.

“Tenes el boleto que aumenta de manera automática, la concentración en dos empresas privadas del sistema público de transporte, el vaciamiento de SAPEM, menos cantidad de pasajeros transportados y mucha dependencia de los subsidios de provincia y Nación para el sostenimiento del sistema”.

Sistema de cobro

El sistema de cobro no es propio de SAPEM sino que depende de SUBE. “Eso implica determinados costos y obligaciones que tienen que ver con SUBE. Durante todos estos años se incorporó personal. Si para una empresa privada el servicio le permite tener ganancia, en el caso concreto parte de esa reinversión se estaba haciendo para brindar trabajo”.

“Pareciera que una misma línea a San Gabriel le da ganancias y al Municipio da pérdidas. Ahí hay una diferencia entre la concepción del Estado, de lo público”.

Rol de la SAPEM al momento de su conformación

En sus inicios el reparto de recorridos estaba compuesto por “combos de líneas estrellas, las que tenían muchos pasajeros en relación a los kilómetros recorridos y otras que se llamaban de carga. Lo que se pedía es que el Estado intervenga para tener líneas testigos”.

“Al no tener pretensión de ganancias puedo tener un servicio para personas con discapacidad, que los pibes lleguen a una escuela de otra manera que capaz no es tan rentable, tengo mi propia estructura de parada, de cambio de parada. Manejar tres líneas permitía tener esos elementos y sentarte a discutir con empresas, gremios y usuarios”, comentó Ayude.

El Estado y lo público

La 19 A “es una línea que da pérdida, SAPEM se quedó con la peor de las tres, con más empleados que los que necesita. Lo que tenés que explicar a los usuarios es porqué tomás esta decisión, explicando números, estrategias”.

El ex concejal mencionó que con SAPEM se aplicó una “concepción en la que se privatizan espacios públicos” donde, por ejemplo, “en gastronomía con experiencias que son rentables se cede a una estructura privada”. “Lo mismo se hizo con SAPEM. Es la visión política que tienen por la cual cerraron talleres en los barrios dejando de atender la primera infancia”.

¿Se debería discutir una reforma integral del sistema?

Queda pendiente una reforma estructural del sistema de transporte, aunque Ayude sostuvo que “no se puede repensar en este momento de pandemia o en plena crisis”.

“La mayoría de líneas pasan por el centro, la mayoría de recorridos son muy largos, sigue habiendo mucha centralidad, pasan por calles angostas, el sistema de transporte escolar hace que sea necesario refuerzos en diversos momentos”, apuntó para la futura discusión.

El dirigente de Nuevos Vientos destacó finalmente que, con la cesión de líneas, SAPEM y el Municipio “perdieron la posibilidad de ganancia cuando mejore el sistema porque ya se quedó con cosas deficitarias”.