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El tribunal oral leerá el veredicto del segundo tramo de la causa Armada el próximo miércoles 28 de agosto por la mañana. Dos días antes, los genocidas serán trasladados por primera vez al Aula Magna de Colón 80 para decir sus última palabras.

“A este juicio nunca fueron traídos, lo siguen por videoconferencia. Están todos con prisión domiliciaria, la mayoría en Buenos Aires, salvo tres casos que están en libertad”, dijo a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento.

El debate giró en torno a los secuestros, torturas y homicidios cometidos en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano contra 64 víctimas, casi un tercio de cuales continúan desaparecidas.

Esta semana terminaron los alegatos de las defensas. El miércoles 14 será el turno de las réplicas y dúplicas en la sede del TOF de Chiclana y Lavalle.

Fermento comentó que las defensas hicieron los planteos habituales, entre otros puntos, cuestionaron la calificación de genocidio y se opusieron a la ampliación de la imputación por delitos sexuales.

“Solicitamos que se revoquen las domicilarias en función del dictado de la pena. Es una de las cuestiones a las cuales se opuso la defensa. Queda a criterio del tribunal. Consideramos que de dictarse la condena aumenta la expectativa de que esa pena quede firme, recordemos que hasta que no se agotan las instancias de revisión el imputado sigue como imputado y no como condenado”, explicó.

De cara a las PASO, la candidata a concejala Daniela Rodríguez, dijo a FM De la Calle que cuando se vota al Frente de Izquierda “sabes a quién vas a votar y sabes lo que vamos a hacer porque no lo ocultamos en una campaña chata. Privilegian el mal menor, no hay propuestas reales”.

“Nuestra expectativa es hacer la mejor elección posible, hay un sector de la población bahiense que nos acompaña con el voto, este año desplegamos una política de colaboradores, nuestra campaña no está bancada por las empresas sino que nos bancamos con la militancia, amigos, familiares del partido. En estos últimos días la idea es captar a esos indecisos”, agregó.

Rodríguez comentó que “una de nuestras cuestiones principales es con los privilegios de la casta política. No puede ser que el intendente gane medio millón de pesos con un gran porcentaje de pobreza. Proponemos que cobren como un docente con antigüedad, ya lo hemos presentado en el Congreso y se ha cajoneado porque nadie quiere ceder a sus privilegios”.

Consultada respecto a los riesgos ambientales del polo petroquímico, afirmó que “lo que planteamos es transicional porque el polo está, que haya una comisión de seguridad e higiene controlada por trabajadores del polo, por vecinos de White, por técnicos de la UNS y de la UTN. Los que saben lo que se hace, lo que contaminan, son los que laburan ahí adentro y el vecino que lo sufre diariamente. Y luego ir a la cosa más estructural, cómo se produce sin riesgo ni contaminación”.

Desde la organización Sureando destacan que la urbanización y acceso a la vivienda no es una problemática de agenda política y que tampoco se destina el presupuesto suficiente para garantizar un hábitat digno a cientos de familias.

Damian Funk dijo a FM De la Calle que “las villas y asentamientos son alrededor de 32, más del 10% de la ciudad vive en esas condiciones. No es prioridad para las políticas públicas que se avance en cuestiones de integrarlas urbanística y socialmente. Esto debe hacerse con participación vecinal, debe involucrar infraestructura, equipamiento, seguridad en la tenencia de la tierra, debe ser sustentable en el tiempo”.

“En los últimos años esto se ha profundizado. En términos concretos cuando vemos el presupuesto, cada vez es menos el  que se adjudica a política públicas relacionadas al hábitat y se subejecuta”.

Sureando tiene tres ejes principales de trabajo: “Acompañar las demandas de los vecinos, tratar de avanzar con proyectos que puedan mejorar el espacio -ya construimos una biblioteca, plantamos más de 300 frutales, hemos revocado espacios de fútbol- y el tercero es avanzar en el análisis de presupuestos y revelamientos, para tener números concretos. En el Barrio Evita hay más del 50% de la población que tiene necesidades básicas insatisfechas, el 46% vive en condiciones de hacinamiento. Ese número en la ciudad es del 6,2%”.

El Barrio Evita surgió entre 2006 y 2007 y es una de las zonas en la cual más creció la ocupación de tierras: “Son familias empujadas a esta situación. La zona sur tiene tierras anegadas, tierras inundables. En 2006 hicimos un revelamiento con el RENABAP, que arrojó que vivían 260 familias. En el 2018 el barrio se duplicó, hay más de 500 familias, desde calle Juncal hasta Harris. En los últimos cuatro años, en las últimas cuadras del barrio se observan las viviendas más precarias que es lo que veíamos cuando comenzó”, señaló Funk.

Por último, comentó que “el empleo alcanza para subsistir, de parte del Estado hay gran ausencia por responder a estas cuestiones estructurales y de fondo. Se van tapando cuestiones menores, parches, el delegado avanza en mejorar algunas calles, está muy bien, pero las cuestiones de fondo no se reparan. Con este gobierno, con el anterior, vemos que esas cuestiones se mantienen y siguen. No puede ser que muchas familias no tengan agua potable, no entra el camión de la basura, hay cuatro contenedores para 500 familias, pasan tres o cuatro días y están que explotan”.

En Uruguay un prerreferéndum contra la Ley Integral para Personas Trans no obtuvo los votos del 25% del padrón electoral, por lo cual no habrá consulta para derogar la norma.

En Bahía, la concejala del Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani presentó en marzo de 2018 un proyecto de ordenanza estableciendo el “Programa de Inclusión Laboral Trans” el cual propone un cupo en el ámbito local. A casi un año y medio de su presentación, todavía no se trató en el Concejo Deliberante.

Saira Millaqueo, activista trans y candidata a concejala por el Frente de [email protected] comentó a FM De la Calle que “estamos esperando la respuesta del oficialismo y que generen alguna propuesta. El proyecto ya está. Piden la modificación de una serie de puntos, estamos esperando que se presenten por escrito”.

“Los estatutos plantean ciertos requisitos para la incorporación de personas en la planta de municipios, planteamos que estos requisitos no sean excluyentes y que se plantee un régimen que acompañe la capacitación de las compañeras. Lo puntual que hay que saber es que la comunidad travesti-trans ha progresado, y que tenemos la idoneidad y capacidad para afrontar cualquier situación”.

Dentro de los considerandos, la ordenanza señala que “en septiembre de 2015 se aprobó la ley N°14783 que estable el cupo laboral trans en las reparticiones de la provincia de Buenos Aires. Que contempla que el 1% de los puestos laborales de la órbita estatal –incluyendo los municipios– sean reservados para personas transexuales, transgénero y travestis” y que ” la comunidad travesti, transexual y transgénero de Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente”.

Millaqueo dijo que “el cupo en Bahía es necesario, es una problemática que el municipio y el cuerpo deliberante debe afrontar de suma urgencia, sabemos que vivimos una situación problemática para todos los sectores de la sociedad, para una de las poblaciones más vulnerables como es la población travesti trans es una herramienta para que se genere una política pública”.

Trabajadores de PAMI advierten que algunos médicos de cabecera “han comenzado a cobrar una suma determinada de dinero en concepto de la realización de recetas para comprar medicamentos”.

“Como gremio venimos hace bastante planteando el deterioro de las prestaciones, a lo largo de estos cuatro años vimos como han ido menguando”, señaló Stella Navarrete, delegada de ATE.

Dijo que “en un primer momento con un cambio en el pago de médicos de cabecera, teníamos casi 10 mil afiliados sin médicos, luego, con la quita de la cobertura de medicamentos al 100%. Y todo el tiempo nos encontramos con un gobierno que lo único que está haciendo es quitar derechos”.

Cobrar un “plus” por las recetas está prohibido: “Podemos entender que el PAMI hace bastante tiempo que no les está ajustando el pago, hace dos años que no tienen aumento. El jubilado no tienen la culpa, la culpa es de la obra social, a la obra social hay que reclamar no al pobre viejo que con 11 mil pesos tiene que afrontar todos estos gastos”.

Navarrete comentó que “hay aproximadamente 4 mil afiliados sin médico de cabecera. El director del PAMI salió diciendo que iban a echar a los médicos que cobraron plus, hay que hacer algo, hay que sancionar. Pero si echamos a esos médicos, nos quedamos sin médicos. Cada uno tiene una cápita de entre 700 y 1000 afiliados”.

“Esto amerita que PAMI, el Círculo y Asociación Médica hagan un acuerdo que los beneficie a ellos pero que no vapulee a los jubilados. Tenemos afiliados con medicamentos oncológicos, cardíacos. No es una pavada. Son cuestiones donde se les va la vida si ellos no ponen esos 100 o 200 pesos que les cobran”, finalizó.

Roberto Daniel Carmona, prófugo en la causa por la estafa habitacional de DyF, fue detenido el viernes. El condenado a nueve años de prisión se hacía llamar “Ronnie Standford” y actuaba y dirigía una obra de teatro infantil.

“Fue identificado por un ex empleado al que le debía un dinero, hay una suerte de venganza. Fue a la policía y le aportó los datos. El contexto de las detenciones de Díaz Flaqué -capturado en un operativo de tránsito- y de Carmona son ajenas a la causa. Son situaciones muy específicas”, comentó el abogado Maximiliano Gorg.

La investigación judicial por la que fueron condenados reveló que el modus operandi consistía en presentar un fideicomiso, vender los terrenos y contratar a constructoras. Sin embargo, los clientes jamás recibían la propiedad y a los contratistas les entregaban cheques sin fondos de compañías quebradas.

“Se va aquedar en una prisión de la provincia, en definitiva no hay necesidad que venga hasta aquí, cualquier unidad penal sirve para el cumplimiento de esa pena de nueve años”.

El titular del fideicomiso DyF, Sergio Favretto, fue detenido en Brasil semanas atrás y aun debe ser juzgado en nuestra ciudad. Gorg señaló que “se mandó a través de Cancillería el exhorto pidiendo la extradición, traducida al portugués, para que autoricen el traslado a Bahía”.

Desde el punto de vista patrimonial de las familias estafadas, el abogado comentó que “no hay cambio alguno con respecto a lo que ha sucedido. Hay algunos que han tomado o intervenido la administración de los fideicomisos, buscándole una alternativa en ese sentido, pero más del 90% no va a poder recuperar nada”.

Una válvula de operación manual cerrada en la cañería de salida del recipiente V-907 impidió liberar la sobrepresión y provocó la explosión en el Cracker 2 de Dow el 28 de junio.

Así lo plantea el informe final presentado por la multinacional al Comité Técnico Ejecutivo. Dicha válvula “debió ser la primera en abrirse” al poner en marcha la planta luego del corte nacional de energía del domingo 16.

El documento firmado por el apoderado Víctor Seguí, describe que “la presión del equipo V-907 aumentó como consecuencia del ingreso de la corriente de condensado proveniente del horno H-123 (90bar) que es la situación operativa normal de diseño, puesto que la válvula de alivio de presión que asegura el equipo no estaba alineada correctamente”.

“No se siguió con la metodología del sistema operativo de manejo del equipo para su puesta en marcha. Ello generó un sonido explosivo en el momento en que se liberó el vapor de agua allí contenido. El incidente no generó la liberación controlada ni descontrolada de ningún producto químico, tóxico o inflamable”, concluye.

Dow explota, CTE explica

Dos días después de la explosión, Dow habló de su “compromiso con la transparencia”, rezongó por las fakes news sobre el episodio y prometió “continuar informando” sobre sus causas. Desde entonces, ningún representante de la empresa dio la cara.

Ante el mutismo de la multinacional y tras varios días de silencio forzado por parte de las autoridades municipales, el titular del CTE César Pérez fue el vocero del informe final: “Confirma una de las posibles hipótesis que teníamos, que habíamos evaluado con la información que teníamos”.

“Esto se maneja así, la empresa hace su análisis y nosotros recibimos la información. Evaluamos, en función de eso, si técnicamente es viable o es una causa justificada de la explosión”, dijo y explicó: “Podemos resumirlo como una falla operativa, un error humano en llevar adelante el procedimiento de alineación del equipo para la puesta en marcha del mismo”.

Toda la documentación fue remitida al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y a la Fiscalía. El primero deberá resolver si cabe alguna sanción, en tanto desde el ámbito judicial resta determinar si la explosión implicó la comisión de un delito, es decir, si hubo o no afectación a personas o bienes de terceros.

Pérez estimó que, “en función de los daños, la empresa puede estar dos meses más sin producir, dependiendo del tiempo que demore la construcción de un recipiente similar, más la adecuación de las cañerías menores anexas a este equipo”.

El informe relata que luego del corte de energía y la parada de planta siguieron varios días de “preparación para iniciar las maniobras de puesta en marcha”, incluyendo reparación de equipos.

La madrugada del viernes 28 de junio escuchamos la explosión. Dice Dow: “Durante las maniobras de preparación para la puesta en marcha de la planta Cracker BB2, se produjo un evento de seguridad de proceso que motivó la rotura del aparato sometido a presión identificado como V-907 (en adelante, el ‘Equipo’), destinado a la contención de condensado y vapor”.

Según la versión oficial, la explosión “no produjo heridos ni afectación al ambiente, en tanto el equipo no era destinado al uso, transporte ni almacenamiento de sustancia química alguna que pudiera causar impactos negativos”.

El proceso de mantenimiento del equipo estallado y sus tres válvulas de seguridad había estado a cargo de SAIPP S.R.L. y contaba con habilitación del OPDS.

En cuanto al origen de la sobrepresión, Dow sostiene que “constató la condición de cerrada de una válvula de operación manual que debió ser la primera en abrirse de acuerdo a lo que indica el procedimiento crítico de puesta en servicio, en la cañería de salida superior del recipiente V-907, circunstancia que impidió el funcionamiento del dispositivo de alivio de presión”.

“Ello provocó la presurización del equipo por encima de su valor de diseño y posterior rotura. La explosión ocurrió a las 00:20 debido a una sobre presión mecánica. Se estima que la presión alcanzó entre 5 y 10 MAWP (6.91 BAR)”.

El análisis de precios del IPC Online arrojó un aumento de 2,18% respecto a junio. La inflación en Bahía Blanca acumula un incremento del 21,83% e 2019. Si se toman los últimos 12 meses la cifra llega al 48,63%.

El economista Juan Larrosa detalló los rubros que más se encarecieron: “Alimentos y Bebidas no superó el 3%. Que se quede tranquilo es bueno porque ahí está la canasta de alimentos. Elementos del Hogar es el que más subió, sospechamos que tiene que ver con los planes de Ahora 12, muchos subieron los precios porque van a vender en cuotas. Ya tenemos dos meses seguidos por arriba del 4%. Se une Atención médica y gastos de salud, por la suba de las prepagas. Transporte y Comunicaciones tiene que ver con naftas y el aumento del colectivo”.

“El mes pasado nos cerró 2.09%. O sea que los últimos dos meses vienen pasando el 2%, comparado con principio de año viene más tranquilo. Es una tendencia que hay que ver en agosto si INDEC corrobora que viene bajando”, comentó.

Las mayores alzas puntuales se registraron en precios de Cerveza en botella, Agua sin gas, Lámpara bajo consumo, Vino fino y Mermelada, todas con subas superiores a 50%.

Las mayores bajas puntuales se encontraron en precios de Fideos secos tipo tallarín, Vacío, Yogur bebible, Harina de trigo leudante y Galletitas dulces envasadas sin relleno, todas ellas mayores a -25%.

Se destacan aumentos en Gas natural por red, Afiliación a sistema de salud, Colectivo urbano, Gasoil, Nafta de 93 a 97 octanos, Nafta de más de 97 octanos y Servicio de televisión por cable. A su vez, destaca baja en el precio de Servicio de Internet domiciliaria.

En el marco del 53º aniversario de La Noche de los Bastones Largos dialogamos con la dra. en Biología María Eugenia Fermento sobre la situación de las y los científicos precarizados.

“Estamos siempre organizados tratando de defender nuestros derechos. Los investigadores no tienen convenio colectivo de trabajo, tampoco aporte, luego de ocho años quedan en la calle. Tenemos compañeros que han quedado afuera, muchos de ellos tuvieron que emigrar. Muchas de las investigaciones que se realizan, que también benefician a la sociedad, quedan truncas debido a esta situación”, describió.

Fermento integra el laboratorio de biología del cáncer del INIBIB: “Mis investigaciones son acerca del cáncer de mama. Necesitamos un marcador molecular y tenemos que ver de dónde sacar la plata. Esto se compra afuera, hay que esperar a que lleguen los productos, los subsidios y tenemos que empezar a optimizar los tiempos y recursos. Es una situación desesperante porque uno ve día a día como se deteriora la ciencia e investigación. Todo lo que estamos haciendo acá se va a tener que llevar a cabo en otros lugares y se pierden muchas líneas que son importante para la ciencia”.

“Hay un circuito de investigaciones que está catalogado muy bien. Hay que aprovecharlo, hacer que el instituto sea una herramienta para trabajadores e instituciones. Sería importante que la ciencia sea popular y busque el beneficio de la población y no el de algunas empresas. Tendríamos que ser más abiertos y ver cómo nos perjudica este ajuste”, dijo.

Con respecto a la lucha que llevan los jovenxs científicxs precarizadxs, Fermentó afirmó que “uno de logros que tuvimos es que sean aplicadas las licencias por maternidad, es una de las conquistas que se están pidiendo hacen mucho tiempo. Sobre todo, a las becarias que quedan embarazadas y se les termina la beca. Ahora lo que se pide es que tengan aportes jubilatorios y los investigadores queremos que se aplique el convenio colectivo de trabajo que no tenemos”.

Mañana a las 17 en la Plaza Rivadavia se realizará un acto para conmemorar el segundo aniversario de la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante un operativo de Gendarmería Nacional en territorio mapuche. Su cuerpo fue “hallado” 78 días después en el Río Chubut.

Esta tarde habrá una vigilia en el Centro Cultural La Panadería, desde las 19 en Lamadrid 544.

“Hay que apoyar el reclamo de los familiares para la reapertura de la causa, con la misma consigna para que no se caiga y que se pida la investigación de los responsables”, comentó Dante Patrignani desde la Comisión de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca- Cnel. Dorrego.

El dirigente destacó que en la causa “no se peritaron los billetes que se encontraron junto con el documento, no se peritó lo que dice la propia autopsia que dice que el cuerpo había sido congelado, no peritaron los teléfonos de los gendarmes. Mañana también apuntamos a hacer una denuncia de toda la política de la ministra Bullrich: como es el asesinato de Rafael Nahuel o el allanamiento de la semana pasada a otra comunidad mapuche”.

En diálogo con FM De la Calle Federico Tucat se refirió a la explosión en la planta de Dow ocurrida el 28 de junio y a las causas judiciales que investigan la contaminación del estuario.

El 4 de julio el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad convocar a la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, al coordinador del Proceso APELL, Daniel Ayala y al titular del CTE, César Pérez. Por otra parte, avaló el llamado a una reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental ante la inactividad a la cual la sometió el oficialismo durante el último año.

“No tenemos información acerca de las causas de la explosión”, manifestó Tucat y agregó que la reunión con los funcionarios mencionados se realizará “a la brevedad”. “Particularmente después de lo que se manifestó como necesario, la actualización del Proceso de Respuesta a la Emergencia Tecnológica también nos parecía interesante era aprovecharla para modificar la ordenanza a los cánones locales e internacionales que establece el Proceso APELL”.

En cuanto a la paralización de la Comisión Asesora Ambiental -que debe reunirse una vez al mes-  sostuvo que, “independientemente de eso, cuando la temática lo requiere se genera mayor volumen de convocatoria. El año pasado hubo temas importantes que requirieron reuniones asiduas: las antenas de celulares y la pista de speedway. El presidente de la comisión a mantenido diálogo con las personas que la integran”.

Conocida la pericia judicial de la Universidad de Buenos Aires que alertaba sobre el peligro de la contaminación de la ría, el Concejo aprobó -el 13 de septiembre de 2018, también por unanimidad-convocar a las autoridades del CTE y a quienes confeccionan el Plan Integral de Monitoreo para que informen -una vez más- sobre las conclusiones del monitoreo realizado sobre cuerpos receptores y control de los contaminantes del agua.

Las autoras de la iniciativa, Paola Ariente y Gisela Ghigliani, pretendían que la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión Asesora Ambiental escuchen las conclusiones del Instituto de Oceanografía (IADO-Conicet) “a fin de evaluar el real impacto que la actividad industrial y las actividades antrópicas del desarrollo humano tienen en el estuario”.

Nunca sucedió. “A veces quienes movilizan determinadas convocatorias, debido a la coyuntura o a algún otro tema se va llevando su interés y no se terminan de convocar. El mismo requerimiento, las urgencias o la agenda la van estableciendo los propios bloques”, dijo.

Finalmente fue la Cámara de Apelaciones la que dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

Tucat opinó al respecto que “lo que la justicia falla hay que acatarlo. Es un tema de larga data y Bahía merece un análisis serio y en el corto plazo porque hablamos de la salud de las personas. Sería interesante en los plenarios de la Comisión Asesora Ambiental tratar esto y que los especialistas vengan a plantear las diversas y posibles soluciones. Inclusive que las propias empresas puedan asistir y manifestar su visión y las posibles soluciones”.

“Decir que (Ércoli) puede prestar el voto es subestimar la capacidad de un concejal que ha ejercido su cargo de una manera responsable”, señaló el oficialista Federico Tucat al ser consultado respecto al tratamiento de las designaciones de la ex secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monárdez, y de Carlos Salgado, secretario del edil Roberto Ércoli, como titulares de los Juzgados de Faltas.

“El intendente ha considerado en el uso de sus facultades a las dos personas, el expediente está en trámite. Si bien comprendemos que es un expediente que requiere análisis, entendemos que hay que darle cierta celeridad porque virtualmente la ciudad se podría quedar sin juez de Faltas”, dijo el legislador de Cambiemos.

Tucat comentó que “las consideraciones son criterios políticos y de expertise profesional de las personas, tienen curriculums interesantes ambos para juez de Faltas, particularmente para el área de mediación la doctora Monardez y el doctor Salgado también tiene mucha trayectoria”.

“No vi cuestionamientos cuando se designaban personas que habían manifestado pertenencia partidaria respecto a otros partidos. Sin ir más lejos hubo un pedido de jury de enjuiciamiento de uno de los jueces de Faltas que en su momento no prosperó y en ese momento ninguno de los bloques que hoy manifiestan cuestiones éticas manifestaron cuestiones éticas sobre su continuidad. Si vamos a hablar de ética me parece que deberíamos empezar por ese punto. Si no parece que hay una vara diferente”, dijo.

En 2011 organismos de derechos humanos denunciaron que Ricardo Germani fue agente secreto del Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado. Peronistas, macristas y radicales patearon la definición sobre la realización o no del juicio político a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, la cual finalmente permitió que el espía hoy se jubile del cargo.

Integración Ciudadana-8 de Septiembre pedía la nulidad del decreto de nombramiento a partir de declaraciones del ex intendente Rodolfo Lopes, quien manifestó haber sido “engañado” por Germani.

El concejal de Unidad Ciudadana Carlos Quiroga dijo a FM De la Calle que el oficialismo manejó las propuestas para cubrir las vacantes de los juzgados de Faltas “con cero cintura política”. “Lo van a sacar con el doble voto del presidente pero deberán hacerse cargo de sus negocios”, afirmó.

El intendente Héctor Gay propuso a la ex secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monardez, y al secretario del bloque del Frente Renovador, Carlos Salgado, para reemplazar a Gabriel Nardi y a Ricardo Germani.

“Empezaron con Monardez que se estaba yendo en condiciones difusas, después de subejecutar presupuesto, había una denuncia por la desaparición de materiales. En el caso de Salgado es lo que se esperaba. Sabíamos, cuando Ércoli acompaña y permite que el oficialismo saque el presupuesto, que eso iba a tener un correlato luego y lo estamos viendo acá”, comentó.

Respecto a Monardez comentó que “estamos esperando que agreguen al expediente los cursos que dice que ha hecho, estamos pidiendo que se incorporen los analíticos de la carrera para ver, por ejemplo, el desempeño en derecho penal”.

Acerca de Salgado dijo que “tampoco sabemos si sus antecedentes académicos y de formación son suficientes para un cargo semejante como es el de juez de Faltas”.

“No han dado mucho lugar a discusión. Con Feliú lo planteamos en la reunión de labor parlamentaria pero está decidido, este es el nombre. Lo que promovieron fue intentar obtener unanimidad de respaldo pero no hicieron nada para lograrlo. Lo van a sacar con el doble voto del presidente pero deberán hacerse cargo de sus negocios”.

Quiroga destacó que “lo que se escucha decir es que van los dos pliegos juntos, esa sería  la garantía que esta exigiendo Ércoli, él acompaña a Monardez pero simultáneamente con Salgado para tener certeza que efectivamente le cumplen”.

Un mes y un día después de la explosión del 28 de junio en la planta de Dow, el Comité Técnico Ejecutivo cuenta con el informe final de la empresa sobre las causas del episodio aunque la Municipalidad aun no autorizó su difusión.

Desde el área de Prensa se informó a FM De la Calle que el acceso al documento está supeditado a una reunión que mantendrán el titular del CTE, César Pérez, y el secretario de Gobierno Fernando Compagnoni. Se confirmó que la explosión no mereció siquiera una infracción por parte del órgano de control.

La empresa despidió al jefe de Operaciones, Eduardo Carranza, y lo reemplazó por Leandro Furland quien se desempeñaba como superior del primero en la dirección de la planta. El cargo del degradado Furland fue ocupado por José Impolino.

Hernán Zerneri, de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, dijo que en una reunión extraordinaria del Comité de Control y Monitoreo las autoridades de Dow afirmaron que la explosión ocurrió “por un error humano”.

Agregó que Dow tendría que haber sido infraccionada: “Tengo entendido que el monitoreo de ruido detectó niveles por encima de lo permitido. En el caso de emisiones de humo por antorcha cuando son los cortes de energía también se la infracciona, la vara tiene que ser igual en todos los sentidos”.

“La reunión se disparó hacia las fake news y la credibilidad a las empresas. Hubo una enérgica respuesta de nuestra organización, de la cooperadora del Hospital Menor y algunos integrantes que no considerábamos oportuno que se intente adjudicar esta responsabilidad a la comunidad”.

“Siempre hay gente malintencionada pero acá amerita que se revise el PRET, los mecanismos de comunicación. Es un plan que tiene formas de comunicación de hace 20 años. Que la empresa se haga cargo de lo que hizo, que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacer”.

Al ser consultado si el CCyM tuvo acceso al informe de la empresa señaló que “no es un organismo municipal, está creado por ley con muchas instituciones, no es un organismo que pertenezca al organigrama municipal. Lo que se intenta es que el municipio otorgue dentro de la página un espacio a este organismo. La obligación de comunicación es por parte del Estado, debería tener su propia pagina web, un presupuesto, todo esto no está”.

A un año del incendio del histórico edificio de Estomba 52 se realizó esta mañana un abrazo al Banco Nación para visibilizar la demora en la reconstrucción de la cúpula.

Fernando García, titular de La Bancaria, comentó a FM De la Calle que “se ha hecho la limpieza del edificio, losas de compresión para que no haya filtraciones, pero al no comenzar la obra el banco está a la intemperie. La lluvia, el viento, las palomas y roedores hacen lo suyo. El edificio es patrimonio histórico de la ciudad”.

“El 8 de abril estuvimos con el presidente del banco y estaba bastante desinformado de cómo iban las obras y del estado del edificio. Es cada vez peor el estado después del incendio. Hubo que hacer una gran limpieza, le mostramos en fotos cómo estaba y se sorprendió. Si se sorprende es porque no está en conocimiento de lo que está pasando”, afirmó.

Hoy comenzaron algunos trabajos para reconstruir la cúpula central. García destacó que “es la obra principal pero pedimos que haya una continuidad. Las cúpulas que rodean el edificio deben hacerse porque ahí se filtra agua, más allá de los trabajos que hicieron de impermeabilización. Hay un plazo de 90 días”.

En cuanto a la atención de la entidad bancaria, el dirigente comentó que “el local de Brandsen 36 es un poco pequeño para el movimiento que tiene el Banco Nación, hay que volver a nuestra sucursal principal. Hay gente en Donado 123. Queremos reunir a todos en Las Heras y Dorrego”.

Chistian Castillo, candidato a gobernador provincial por el FIT Unidad, se refirió en FM De la Calle a los temas de campaña.

Ante la “multiplicación de los cierres de empresas hay que plantear una ley de prohibición de despidos, que vetó Macri. En la provincia (de Buenos Aires) planteó un plan de obras “que tenga eje en la construcción de un millón y medio de viviendas populares y como planteo de fondo el reparto de horas de la jornada laboral entre ocupados y desocupados sin afectar el salario”.

Apuntaló “la jeraquización de la salud y educación pública” y propuso “la  vuelta atrás en la privatización de las empresas de servicios públicos. Son derechos para toda la población, desde el FIT planteamos que tienen que estar en manos de empresas publicas, gestionadas por trabajadores y participación de usuarios y técnicos especializados”.

Consultado sobre la posibilidad de que esta fuerza política obtenga una banca en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca y acerca de qué herramientas proponen para incluir esta agenda en el año legislativo, Castillo aseguró que  se propone “siempre articular con movilizaciones. Me tocó estar dos años en la Cámara de Diputados en la provincia y uno de los proyecto que logré que se apruebe fue el boleto educativo gratuito. Articulamos con la Federación Universitaria, con sindicatos de docentes y de no docentes. Después en el senado lo hicieron más light excluyendo a docentes y no docentes. Actualmente la gobernadora hace propaganda y en Bahía no hay boleto. Es una ley que se votó antes que llegara ella”.

Ante los momentos de crisis económica afloran las estrategias populares. Más de cien personas forman parte del Club del Trueque que se instaló en Centro de Jubilados del barrio Loma Paraguaya.

Jose Antonio Pastorutti, uno de los productores de verduras que comenzó con la iniciativa, dijo a FM De la Calle que “hace mas o menos una año éramos un grupo de productores de feria en feria que nos costaba vender la producción. Un día dijimos: empecemos a intercambiar entre nosotros. Así empezamos en el patio de una casa. Ahora somos más de cien”.

Se trata de productores de “panificados, artesanías, alguno que tiene una huerta”.

“Para la mayoría, participar de los clubes de trueque es la única actividad. Uno intenta vender los productos en el mercado formal y cuesta muchísimo”, explicó.

Comenzaron “medio desorganizados” pero en función del crecimiento progresivo fueron estableciendo “normas para la resolución de conflictos. En la ferias tradicionales vimos que empezaban a haber decomisos que el Municipio estaba intentando regular. Nos acercamos y nos dieron un curso de manipulación de alimentos para productores que participaban, para tener resguardo”.

La práctica nos lleva a un pasado muy reciente. “Hay gente que ya sabia de esto en el 2001, pero hay otra que no”. Como entonces “la gente se acerca porque no encuentra otra oportunidad, la situación es conflictiva, no encuentra otra salida laboral o económica”.

Respecto del estatuso social de quienes integran la iniciativa, el productor explicó que “si bien hay personas que tiene planes sociales, hay otra personas que ni siquiera tienen acceso a la tarjeta social que da el Municipio. Hay gente que incluso viene de la zona del Hospital Penna, de Villa Nocito, Villa Rosario”.

Se trata de “un espacio de encuentro” ya que “el intercambio beneficia en lo individual” pero “también genera otras cosas”. Por ejemplo “esa red de contención social que está destruida” porque “en estas crisis aflora el sálvese quien pueda y el beneficio individual”,

Todos los miércoles y viernes 17 hs en Coronel Vidal 754, la sede del Centro de Jubilados de Loma Paraguaya.

Desde la Cannabis Medicinal advierten que la medida anunciada por el Colegio de Farmacéuticos para que familiares de pacientes con epilepsia refractaria puedan realizar el trámite en la farmacia para acceder al aceite de cannabis “es más de lo mismo, lo que ya tenemos”

Karina Romanelli, presidenta de la asociación primero mencionada, destacó en FM De la Calle que “lo que están ofreciendo es que las farmacias van a hacer el tramite que antes hacían los pacientes. Puede hacerse personalmente, luego eso se manda y hay que esperar que llegue el aceite por importación que la droguería lo traiga a Bahía”.

“Después es lo mismo que está en la ley. Es para gente con epilepsia refractaria. Para el resto de las patologías no esta habilitada esta importación”, explicó.

“Se supone que la obra social debería cubrirlo si lo tienen recetado.” El costo de cada frasco recetado “es de 400 dolares que es de 17 mil pesos”. Dependiendo de la dosis “puede durar un mes aproximadamente. El aceite que está autorizado es el aceite de Charlotte que se exporta desde Canadá”.

Romanelli destacó que “hay gente que está haciendo autocultivo para producirse su propio aceite. No nos olvidemos que hay mucha gente que lo utiliza para otras patologías. Los pacientes están accediendo a una sustancia poco segura en el mercado y estamos ante un problema de salud pública grave. Necesitamos el compromiso del Estado para comenzar la regulación de una medicina segura, nacional y accesible”.

“Esta medida soluciona alcanzar el aceite de Charlotte a la gente que contempla la ley. El resto de gente que la utiliza no esta amparada por esta medida”, finalizó.