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El economista Francisco Cantamutto explicó los alcances de la denuncia presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, sobre el acuerdo con el FMI.

La “querella criminal” contra funcionarios macristas había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández y recayó en el Juzgado Federal a cargo de María Eugenia Capuchetti

Los denunciados son “el ex presidente Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central.

Se les imputa “defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos”.

“La querella es algo de lo que no hay antecedentes, en esta demanda no están incluidos los funcionarios del Fondo porque tienen inmunidad diplomática”, comentó Cantamutto a FM De la Calle.

Agregó que “la movida que está haciendo el gobierno no va por el lado de poner un castigo o una amenaza a futuros gobiernos que planeen hacer lo mismo. Las penas no serían de cárcel efectiva, tampoco es que les ocasionaría un daño patrimonial. Sí sería una suerte de amenaza y funcionaria como palanca para discutir el préstamo en el Fondo”.

El economista dijo que “en las últimas semanas se reveló que el FMI le propuso a Dujovne poner controles de capitales para evitar que el préstamo se fugara y Dujovne se negó. No solo generó daño en Argentina sino que generó daño en el FMI que le prestó la mitad del patrimonio a un país que no podía pagar”.

¿Estas denuncias van a permitir que la Argentina consiga que le condonen deuda? “No, es un elemento más de presión diplomática y social”.

Por otro lado, Cantamutto destacó que todavía no se conoce la postura de Estados Unidos. “Ha tomado relevancia la premura por lograr un acuerdo. En un principio era abril, mayo, pero ahora no va a pasar. Quieren un acuerdo que vaya en línea con un plan a 20 años sin reformas estructurales. El FMI plantea uno a 10 años y sin reformas estructurales o que solo insistan en ajuste fiscal”.

“El otro alivio proviene de que el gobierno de Biden aceptó ampliar la emisión Derechos Especiales de Giro (DEG) que es la moneda del FMI”.

Cantamutto explicó que “el FMI se maneja con DEG, cada país tiene una cuota de participación y en función de eso es lo que se le puede prestar. Argentina tiene cuota bastante pequeña, comparte espacio con países del Cono Sur. En la otra punta esta EE.UU. que comparte el 16,5% de los DEG, el truco es que para cualquier decisión se requiere el 85% de los votos y sin EE.UU. no se puede hacer nada”.

Posponer los plazos de la negociación significa que “gana tanto el FMI como el gobierno, es poco probable que haya novedades antes de la elecciones”.

El fiscal auxiliar Pablo Fermento comenzó esta mañana el alegato en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra cuatro ex integrantes de la Triple A. “Nos acostumbramos a vivir sin justicia porque a las muertes naturalizadas, lo natural, valga la redundancia, es que no se las investigue y no se las juzgue”, afirmó.

La apertura de la exposición incluyó un pedido de disculpas por la demora de más de cuatro décadas y una reivindicación a una de las “primeras instancias institucionales en la que muchos de quienes vivieron la violencia y las muertes pudieron superar el silencio y el miedo”.

Fermento aseguró que la sentencia del juicio “va a ayudar a abrir caminos en el proceso colectivo de Memoria, Verdad y Justicia y en la recuperación del sentido histórico tanto en el país como en la comunidad bahiense”.

Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Las audiencias continuarán mañana y pasado desde las 9 con transmisión en vivo por el canal de youtube Audiovisuales UNS.

Fermento recordó que el juicio analiza el accionar de “una organización criminal a la cual se le atribuyen 24 homicidios que fueron cometidos en los años 74 y 75”.

“Uno de los testigos, Fortunato Mallimaci, dijo en la audiencia que se empezó a naturalizar la muerte. Estamos hablando de 24 asesinatos alevosos y con ensañamiento cometidos entre septiembre de un año y diciembre del siguiente, es decir, poco menos de dos muertes por mes”.

El fiscal manifestó que “casi medio siglo nos llevó como sociedad estar concluyendo este debate del juicio, por estos motivos adherimos al pedido de disculpas que realizó el tribunal por tamaña demora”.

Comentó que esta falta de respuesta a tiempo ” no es inocua, se perdió muchísima prueba en el camino, pero por sobre todas las cosas perdimos a las personas, víctimas, familiares, amigos, muchísimos testigos y también personas que deberían ser sindicadas como responsables y que murieron en la impunidad”.

Durante el debate fallecieron al menos cinco testigos: Marta Beatriz Fabini, esposa de la víctima Rodolfo Gini; Miguel Ángel Pereyra, Eugenio Ángel Navarrete, Víctor Melchor Basterra y Jorge Alberto Bernardi.

“Pero además se perdió algo fundamental como es el debate como sociedad sobre lo que sucedió en un período histórico muy doloroso, muy sentido del país y de la sociedad donde la justicia, que cumple un rol necesario, estuvo ausente durante muchas décadas”.

“Lo que quedó es el silencio y el miedo. Miedo que vimos atravesar cada una de las audiencias testimoniales porque, a pesar del medio siglo que sucedió, sigue vigente y se actualiza”, dijo.

Sin embargo, el fiscal alegó que “la justicia aunque tardía sigue siendo justa porque se la sigue reclamando y necesitando y continúa siendo un logro encontrar los canales institucionales para su realización”.

“Esta parte de la historia de la ciudad de Bahía Blanca que fuimos recorriendo es una parte censurada, porque así como el brazo genocida clausuró espacios sociales también se clausuraron las representaciones de lo sucedido”.

Aseveró que “de todo lo que escuchamos en las audiencias se supo y se sabe mucho, se habló y se habla muy poco aun en la actualidad. Este proceso de verbalización de lo vivido tuvo que ser un proceso privado de cada sobreviviente, de cada familia, porque no se habilitaron las instancias colectivas”.

“En este juicio estamos asistiendo a una de las primeras instancias institucionales, tal vez la primera en Bahía Blanca, en la que muchos de quienes vivieron la violencia y las muertes pudieron superar el silencio y el miedo y lo hicieron para poder contar su verdad y reclamar justicia con gran valentía y coraje”, reconoció.

Tras la introducción, Fermento destacó que la de la Triple A es “una historia compleja que tiene numerosas tramas” e inició el desarrollo de la primera de ellas: la alianza entre el diputado nacional peronista y secretario de la CGT de Bahía Blanca, Rodolfo Ponce, y la familia Massot, propietaria de La Nueva Provincia.

El secretario de Gobierno, Adrián Jouglard, y el propio Fabián Tuya confirmaron esta mañana que el director de Delegaciones Municipales dejó el cargo tras el incidente de tránsito que protagonizó el fin de semana en Salta al 100.

El Municipio emitió un comunicado el sábado al mediodía en el cual referían que no había sido posible medirle el alcohol en sangre por “deficiencias en el soplido”. Tuya declaró que había sufrido un fuerte golpe en la cara.

El inspector que intervino en el caso escribió en el acta de infracción muestra que Tuya circulaba “en presunto estado de alcoholemia positiva por negarse en forma manifiesta a realizar el control según las indicaciones del agente en forma reiterada”. El informe policial, por su parte, refirió que el ahora ex funcionario tenía “aliento etílico”.

Jouglard dijo a la prensa que “el comunicado dice que se le intentaron tomar hasta 10 veces la alcoholemia y no se pudo hacer efectivo. A raíz de eso la normativa dice que en el acta hay que poner que es una negativa al test de alcoholemia”.

“Por ahora no pensé en nadie”, argumentó Jouglard sobre quién reemplazará a Tuya. “Si condujo bajo los efectos del alcohol es algo irregular”, detalló.

Desde el Frente de Todos presentaron un pedido de informes pidiendo explicaciones respecto al procedimiento llevado a cabo esa noche.

“Tuya aparece hablando por teléfono momentos más tarde y si estaba en condición de hablar por teléfono también lo estaba para hacerse el test de alcoholemia (…). Un funcionario público es funcionario las 24 horas y tiene el doble de responsabilidad”, refirió a FM De la Calle, el concejal Carlos Quiroga .

Se piden explicaciones de los “motivos por los que el director Tuya decidió trasladarse al hospital más lejano, pese a estar a menos de 300 metros del Hospital Municipal Leónidas Lucero”.

“Terminó en el Italiano vinculado a (Santiago) Nardelli que es su padrino político, capaz es solo una suspicacia nuestra”, señaló Quiroga.

agregó que “no conocemos las consecuencias del golpe, queremos saber si las cámaras de seguridad registraron la presencia de otro vehículo que es el argumento que se da cuando se habla de la pérdida del control del vehículo”.

El reclamo por una reforma judicial feminista encabezó las últimas expresiones del movimiento de mujeres e identidades disidentes ante el recrudecimiento de los femicidios y la ineficacia del sistema.

La Asociación Abogadas Feministas (ABOFEM) presentó ante el Consejo de la Magistratura un pliego de reclamos, entre ellos la impugnación de una lista de 52 jueces y juezas que no cuentan con las capacitaciones en perspectiva de género obligatorias por ley.

“El planteo de la reforma judicial ya no alcanza solo a lo referido a la administración de justicia y no concentración de poder en los fueros, sino a una lógica que tenga relación con que se aplique la perspectiva de género, de derechos, que haya paridad en los cargos. Y que, además, quienes se presenten, cumplan con la formación en género que exige el reglamento para que de una vez y por todas veamos sentencias judiciales que tengan perspectiva de género actualizadas y acordes a la realidad que estamos viviendo”, detalló a FM De la Calle, la abogada Melisa García.

La presidenta de ABOFEM mencionó que, respecto a la capacitación obligatoria en relación a la perspectiva de género, “el Consejo de la Magistratura se ha arrogado que la implantación total de estas normas será en 36 meses, pero por otro lado la misma normativa plantea que los jueces y juezas deben acreditar -aunque sea- haber comenzado un curso de género para presentarse a concurso”.

El femicidio de Ursula Bahillo conmocionó a la sociedad. La joven había denunciado en 17 oportunidades a su ex pareja quién finalmente la asesinó. A este hecho se le agrega la renuncia del juez de la causa por haber tenido un informe de peligrosidad que alertó que la vida de la joven corría peligro 12 días antes de su femicidio. ¿De qué depende la prioridad de una causa en una fiscalía o un juzgado?

“La situación deviene de no haber una formación, un seguimiento y una consecuencia para quienes toman las denuncias. El gran problema es que se abra lugar a la arbitrariedad, no entender cuál es la gravedad, pareciera que no hubiera ningún tipo de consecuencia. En una causa de violencia de género, cuando una mujer denuncia y menciona que está en peligro su vida no tiene que haber dilaciones, ni quién es el imputado, ni si es parte de una fuerza, o de la justicia, ni de ningún otro espacio”, comentó García.

“Se empezó a poner la mira en la ineficacia de la toma de las denuncias. La falla es sistemática y está en la falta de formación, en la falta de equipos interdisciplinarios, falta de evaluaciones de riesgo”.

En muchas oportunidades quienes alertan a los agentes policiales son personas cercanas a la víctima pero que, en determinado momento, se encuentran con los obstáculos del sistema que obliga a que la víctima ratifique la denuncia.

“Debería mínimamente poderse tomar una denuncia y hacer un mínimo seguimiento cuando denuncia una persona cercana a la violentada. Si se requiere una ratificación, que la persona violentada se pueda acercar a ratificar. Pero si una mujer está en situación de violencia no se le puede pedir que ratifique un proceso. Quizás no pueda salir de su casa, reciba amenazas, es ahí donde el Estado tiene que tener equipos especializados”.

La abogada señaló que “la Comisaría de la Mujer es una lógica que responde al derecho penal y si no va la víctima a ratificar se archiva. En el medio hay un montón de mujeres que mueren justamente por este tipo de abordaje, llegan a un femicidio porque el Estado no responde como corresponde”.

“Vivimos una gravedad respecto a los femicidios que hace que haya que pensar de otra manera y con perspectiva para auxiliar a las mujeres en peligro y no para cubrir al sistema que dice que si no se da de determinada manera no se puede seguir la causa”, finalizó García.

Foto: Notas Periodismo Popular

Este lunes a las 9 comenzará el alegato de la fiscalía ante el Tribunal Oral en el juicio que tiene como imputados a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno.

Se los acusa de haber pertenecido a la organización criminal Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. Se llega a esta instancia luego de haber escuchado la declaración de más de 90 testigos.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a través del fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento.

Como partes querellantes actúan Hijos Bahía Blanca, la familia de la víctima Luis Jesús García y la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Se estima que la exposición de la fiscalía requerirá al menos de las jornadas del lunes 15, el martes 16 y el miércoles 17 de este mes. Luego continuará en las que se establezcan con posterioridad.

El juicio oral y público por la actuación de la Triple A en Bahía Blanca se había iniciado en marzo del año pasado, pero fue postergado a raíz de la pandemia. Luego, en julio, se retomó con un sistema mixto: por un lado se llevaron a cabo las audiencias en el Aula Magna de la UNS a puertas cerradas -con el objetivo de cumplir el distanciamiento social entre las personas presentes-, y también hubo participación por conexión virtual remota para quienes integran grupos de riesgo.

Finalmente, se hicieron por un sistema totalmente virtual. En este marco, la fiscalía había señalado la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización. Es por ello que las audiencias del debate oral se pueden seguir a través del canal de YouTube de la Universidad.

Durante el debate, la generalidad de los testimonios se refirieron a la existencia de la organización criminal que los acusados integraban, a la que aludieron como la Triple A o la patota del diputado nacional Rodolfo Ponce y, en el ámbito universitario, del rector interventor Remus Tetus. Se describieron distintos aspectos de su accionar, tales como el patrullaje en la “fiambrera” -un Fiat 125 azul- y otros vehículos, las prácticas de intimidación en los edificios universitarios, diferentes episodios de agresión e intimidación armada y los asesinatos cometidos.

Las declaraciones también graficaron distintas situaciones que dieron cuenta de los vínculos del grupo paraestatal con el Estado, y del marco de impunidad con el que operaba.

El homicidio de David “Watu” Cilleruelo

El 3 de abril de 1975, la víctima fue asesinada de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sur, mientras se encontraba junto a otros compañeros convocando a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, con el fin de revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que él mismo presidía.

Durante el debate, distintos testimonios refirieron que los responsables del homicidio se dirigieron en el vehículo del Rectorado hasta el lugar donde se encontraba Cilleruelo, lo ultimaron y se retiraron inmediatamente en el mismo automóvil. Diversos testigos señalaron que Jorge “Moncho” Argibay fue quien le disparó a la víctima, y que junto a él estaban su hijo Pablo -ambos fallecidos- y el propio Aceituno.

Fuente: fiscales.gob.ar

Comunidades mapuche resisten en territorio frente al avance del fuego en la zona de El Maitén, sin asistencia estatal y con el fuego rodeando las casas.

Marilin Cañio y su familia viven a 10 km del pueblo, al pie del cerro. Están intentando cortar el fuego para que las llamas no avancen hacia uno de los únicos sectores de bosque nativo que todavía sigue en pie.

“Unos amigues fueron y brigadistas, bomberos y demás no llegaron. Elles se están autoconvocando y se organizaron para apagar el fuego. Los aviones dieron vueltas ayer a la tarde”, comentó a FM De la Calle.

“Arrasaron con todo, no quedó nada. Digo arrasaron porque esto estaba planeando. Esto no fue casualidad, esto es político. Lograron su objetivo. Creo que tiene que ver con las mineras y con empobrecer más a la gente”, afirmó.

Los focos de incendio se originaron en enero aunque esta semana avanzaron hacia las comunidades. “No entendemos, no les darían la orden para que los apaguen. Este incendio que llegó el martes empezó el domingo en el límite entre Maitén y Río Negro”.

Las versiones de algunos medios hegemónicos y autoridades políticas señalaban a los mapuche como los responsables del fuego. “¿Los mapuche nos vamos a quemar? Es una tomada de pelo, ellos son los que no quisieron apagar los incendios, ellos empezaron esto. El fuego que llegó el domingo podrían haberlo combatido, lo dejaron avanzar, dejaron que se queme todo el bosque. No quedó ni un árbol”.

“Ayer subieron 20 personas con un tractor, mi papá con 74 andaba apagando focos. Estamos solicitando que apaguen esto porque mañana vuelve a hacer calor y hay viento y esto vuelve a prenderse”, sostuvo Cañio.

Destacó que “Defensa Civil nos dijo que mandaban gente para sacarnos, no quisimos. Empezamos a hacer ceremonias y a las dos de la mañana empezó a llover. La lluvia nos ayudó un montón pero ya había avanzado bastante el fuego”.

El concejal Walter Larrea opinó acerca del traspaso de las líneas 502 y 504 de Bahía Transporte Sapem a San Gabriel. El bloque del Frente de Todos señaló que Juntos por el Cambio “predica transparencia pero ejerce corruptela”.

“Presentamos un pedido de informes referido a la necesidad del Consejo de conocer cuáles son los alcances del decreto municipal, que no solamente omitió olímpicamente el tratamiento en el directorio de la empresa de la cual yo soy integrante sino que todavía no se conocen aspectos básicos”, dijo el edil a FM De la Calle.

Larrea expuso los interrogantes de la oposición: “¿Se convocó a otros interesados a prestar el servicio? ¿O se le concedió con absoluta discrecionalidad? ¿Se transfirieron a San Gabriel unidades de colectivo? ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? ¿Qué precio pagó San Gabriel? ¿Se vendieron en plazos? ¿Al contado? ¿Se vendieron con un plan de pago que se solventa con la venta de boletos? El Estado municipal tiene la obligación de informar no solamente al directorio de la empresa sino a la ciudadanía”.

Agregó que “BTS se solventa con recursos públicos, se crea con la 519 A, si es como dice el intendente que tampoco en un futuro se va gerenciar esa línea, qué va a pasar con el personal pensado para tres líneas, para la unidad de negocios parquímetros o de venta de SUBE. ¿Va a quedar reducida a la nada?¿Debemos seguir solventando una estructura operativa que no tiene objeto de ser?”.

El concejal afirmó que “todas estas preguntas ameritan que el Municipio informe, salvo que haya razones que no se pueden dar a conocer u oscurantismo. ¿Está favoreciendo a empresarios amigos o está incurriendo en actos irregulares?”.

El abogado señaló que desde la Unión Tranviarios Automotor “me manifestaron que velaron por la continuidad laboral de sus afiliados y que la garantizan. Desde el HCD no le puedo exigir respuesta a San Gabriel o la UTA pero sí se lo tengo que exigir al Municipio”.

“Durante toda esta gestión, BTS ha incrementado su capital y se ha constituido en una especie de bolsa de trabajo. Si se analizan balances de desde 2015 ha ido incrementándose el quebranto de la empresa”, mencionó.

San Gabriel administraba dos líneas y sumó otras dos con 32 trabajadores. “¿Eso quiere decir que la línea 519 de SAPEM se queda con cuántos? ¿69 o 70 trabajadores? Ahí hay algo que no cierra”, sentenció Larrea.

“Si vos escuchabas a los empresarios de transporte cuando fue la declaración de emergencia que motivó la prórroga de cinco años estaban fundidos. ¿Cuál es la ecuación económica financiera que ahora lo hace rentable?”.

Gustavo Mandará se refirió a la censura de la edición impresa del periódico La Nueva del sábado del 27 de febrero en la cual se difundía una causa armada por la Policía Bonaerense.

“No estoy enterado que haya análisis desde lo político en el Concejo. Desde lo personal me preocupa, me indigna, trabajé 15 años y sufrí y padecí muchas cosas pero nunca nada como esto”, dijo el concejal del Frente de Todos.

Agregó que “el diario de papel no es ni por asomo lo que era hace 15 años. Lo que se perdieron fueron 700 ejemplares pero simbólicamente es alevoso. El clima de los trabajadores es de una indignación grande, ellos están con la espada de las condiciones de trabajo. En otro momento hubiera sido un escándalo pero es un tema gravísimo”.

“No digo que no corresponda que se trate aquí (en el Concejo), pero tampoco tengo claro si más allá de la difusión del tema hubo alguien que se haya agraviado personalmente como para que el Concejo como órgano político pueda expedirse. Al Concejo se le complica muchas veces intervenir cuando no hay una instancia concreta”, apuntó.

Mandará sostuvo que “lo más grave es que a la opinión pública le importa poco. Entre los que estamos metidos en el mundillo periodístico hablamos, pero nadie te lo plantea como una situación de dominio público”.

Continúan encendidos varios focos en la Patagonia. Las llamas alcanzaron a las comunidades de la comarca andina -El Hoyo, Lago Puelo, El Maitén y el paraje Las Golondrinas- y provocaron la evacuación de al menos 200 familias.

“Por la mañana en conferencia de prensa participó el ministro de Ambiente de la Nación (Juan Cabandié) comprometiendo los recursos anunciados, pero los hidrantes todavía no aparecen. El incendio avanza muy rápidamente por el viento pero no hay recursos materiales y humanos”, comentó a FM De la Calle el cronista de FM Alas, Martín Vallejos.

Agregó que les genera “resquemor cómo se incendió el segundo foco, ya tuvo cinco incendios forestales previamente. Es una zona que tiene grandes intereses inmobiliarios. Las comunidades mapuches están viendo muy afectados sus territorios”.

En relación a las versiones respecto a la intencionalidad, Vallejos mencionó que “a quienes se identifica como presuntos culpables desde la derecha son sectores del pueblo mapuche, un sector que además está siendo afectado en sus territorios”.

Vallejos destacó “el desconocimiento de los diputados nacionales y ex dirigentes del PRO que han hecho esas acusaciones teniendo como referencia las diferentes formas de lucha de los mapuches cuando están en disputa los territorios con empresas trasnacionales, pero nunca incendiarían un bosque nativo”.

Por último, argumentó que la zona está sujeta a intereses mineros e inmobiliarios. “El lugar donde comenzó el incendio está loteado ya. Chubut en estos días está recibiendo fuertes presiones para aprobar un proyecto de zonificación y lo que se especula es generar estrategias para que la gente no esté en la calle para protestar”.

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Comenzó el juicio contra Axel Moreyra, joven acusado de haber cometido un robo en la zona de El Pinar en agosto pasado. Su familia denuncia que fue señalado por error.

Luego de un robo en la zona, la policía interceptó a Axel y a su hermana, quienes caminaban en el lugar, y se lo llevó detenido. Tras más de cuarenta días de encierro en una comisaría local y otra de la zona, le otorgaron el arresto domiciliario por cuestiones de salud. El viernes serán los alegatos.

“Son tres días duros, estamos con fe y tranquilos porque esto es por un error. Es un lugar que frecuentamos siempre, ese día le pedí a mi hijo que acompañe a mi hija a caminar. Me llama mi hija y me dice que se querían llevar al hermano por no tener DNI. Cuando llego al lugar me dicen que es por procedimiento, después me dicen que es por un llamado al 911”.

“Lo llevan a la Comisaría Cuarta donde nunca me dejaron ingresar. Lo acusaron de robo agravado por uso de arma. Esperaba que mis hijos declaren, nunca lo hicieron. Todavía estamos viviendo un momento terrible, por algo que no cabe en la cabeza”, señaló a FM De la Calle, la mamá del chico, Carolina Ojeda.

La mujer señaló: “31 días caminé El Pinar buscando cámaras y testigos”. Los camaristas Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou apartaron a la jueza de Garantías Marisa Prome por haber realizado una mala valoración de la prueba y designaron a Guillermo Mércuri, quien finalmente le otorgó la prisión domiciliaria a Axel por falta de pruebas.

“El 14 de febrero nos aceptaron todas las pruebas. Están los testigos, las cámaras, si bien las del Municipio no están porque se hizo mal el oficio y llegó tarde (las imágenes ya habían sido borradas), hay dos fundamentales porque enfocan a mis hijos caminando”, sentenció.

“Hay aportes de los vecinos que se los ve caminando los dos solos. bajan por el empedrado, hay un testigo que dice que los ve, que vio una discusión con la Policía, también testigos dentro de El Pinar que asistieron a las victimas”

Ojeda destacó la recolección de pruebas que hizo la familia: “Me levantaba a las siete de la mañana y recorría el Pinar, baje 20 kilos porque no dormía, nunca vi a un fiscal. Estaban mis abogados sacando medidas, los fiscales sacan las medidas con Google Maps. Hay que buscar pruebas y ser objetivos”.

Argumentó que “es el día de hoy que yo recuerdo esta situación y es terrible todo lo que tuvimos que vivir. Estamos con ayuda psicológica para poder soportarlo, te duele que un fiscal hable de tu hijo como un delincuente”.

Representantes vecinales y concejales del oficialismo y oposición se reunirán con funcionarios provinciales para conocer detalles del plan de obras que apunta a mejorar la provisión del servicio de agua potable.

“Vamos para ver si podemos traernos el papel de las obras que se van a hacer a futuro. Está contemplada una cisterna en Planta Patagonia de un millón de litros de agua, otra en la zona de Bosque Alto, algunos acueductos dentro de la ciudad y alguna línea más de potabilización en la Planta Patagonia”, comentó a FM De la Calle Dante Lange.

Agregó que “venimos trabajando desde noviembre, en la reunión con Jelinsky (subsecretario de Recursos Hídricos) hablaban de marzo así que ya tendrían que haber un avance de las obras costeadas por provincia pero todavía no tenemos ni un bosquejo y nos preocupa”.

Durante la reunión de la Mesa del Agua de ayer participaron especialistas de la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica y el Colegio de Ingenieros.

“Los días de mucho calor el consumo se dispara, muchos paliativos no hay más allá de estar atentos a los camiones de agua a domicilio. Como vecinos no tenemos límite para gastar agua porque el sistema de cobro es por metro cuadrado del inmueble”, finalizó.

“La pandemia deja en evidencia todo lo que está pasando respecto a las salud y al gran impacto de las políticas neoliberales con respecto a cómo están todos los sistemas divididos y empobrecidos”, dijo el médico Horacio Romano en su columna semanal en FM De la Calle.

Agregó que “los sistemas actuales de salud con una gestión privada muy fuerte van en detrimento de una salud pública, podría no pasar, podrían convivir, pero no es fácil”.

“En Brasil, mientas estuvo Lula, se le quiso dar un ordenamiento al sistema único. Luego, una de las medidas fue ir para atrás con esas modificaciones y Bolsonaro directamente lo destruyó. Con lo cual la crisis de Brasil, además de lo que se conoce, es también por el sistema de salud”, argumentó el doctor.

Se trata de la salud como un todo: “Tiene que ver con las condiciones de vida: el ambiente, género, servicios esenciales, seguridad, divertimento y dónde el sistema de salud va a poner su grano de arena. Si esas cuestiones no se saldan el sistema va a tender hacia la enfermedad, incluso hacia las más redituables, con medicamentos costosos para cada vez menos gente”.

Señaló que en Argentina la salud pública “tuvo una impronta fuerte con Carillo en el ’45 cuando todos los grandes gremios crearon sus obras sociales, esto habla de un sistema de pleno empleo que en el ’70 se va a consolidar con los gobiernos militares y pasan solamente las obras sociales a aquellos sindicatos que estuvieran en orden para hacer negociaciones salariales. Desde los ’90 el tema de prepagas es cada vez más fuerte”.

“Tenemos un sistema público al que a partir de los ’90 se le transfiere inversión a los municipios, tenemos un sistema público municipal y provincial, tenemos obras sociales y prepagas. La situación está divida e interconectada. Ni siquiera lo público está bien organizado. Una reformulación del sistema de salud es necesaria”, finalizó.

Siguiendo el camino abierto con Profertil, el fiscal Santiago Martínez avanzó en la firma de acuerdos unilaterales con los abogados de Dow (PBB Polisur), Mega y Oiltanking. Los convenios fueron homologados por la jueza federal Gabriela Marrón y recurridos por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría.

El querellante Luis Arellano dijo a FM De la Calle que las empresas accedieron a firmar los convenios porque está próxima la resolución de la causa que busca resarcir a los pescadores por la pérdida de su fuente laboral. “Las pruebas son abrumadoras, la sentencia civil ambiental va a salir condenatoria, están tratando de dar un barniz de mejora, para luego ir a decirle al juez contencioso administrativo: nosotros arreglamos la situación, archive la causa”.

“La ría está contaminada, todo el mundo lo sabe, y una parte es reparar las consecuencias del delito. Se violó la ley, hubo actitudes antijurídicas que ocasionaron que la ría esté contaminada. Eso tiene que ser reparado. Estamos hablando de cuestiones comunitarias más allá de indemnizaciones particulares”.

El representante de los pesadores destacó que “esta etapa de acuerdo ha transitado en la más absoluta soledad, nadie se enteró, aparecieron un día en el expediente los acuerdos, propuestas de cuatro o cinco páginas firmadas por un abogado sin aval técnico. No es viable y descalificaría el trabajo de hace once años en los fueros federal y provincial. Estaríamos tirando todo a la basura si los arreglos terminan de esta forma”.

“Un eventual acuerdo por el saneamiento, remediación y finalización de la contaminación merece un interés y participación más importante de los actores que ya están en ese proceso judicial para que opinen respecto a soluciones técnicas que advertimos en los acuerdos homologados son pobrísimas”.

Arellano subrayó que en el expediente hay pruebas relevantes como la aportada por la Facultad de Agronomía de la UBA o las realizadas por Delitos Ambientales de Policía Federal. “Han sido totalmente dejadas de lado y se le dio el 100% de veracidad y procedencia a las manifestaciones de las empresas sin haber consultado con nadie”.

“Es sorprendente que pase esto cuando hay mucho material para hacer algo mejor. El estuario es un ambiente complejo, no solo desde lo biológico y ambiental sino desde los aportes cloacales e industriales. No están todos los actores metidos en un acuerdo, no está la provincia, ¡ni siquiera siquiera está el OPDS!”.

Consultado respecto a las expectativas de la querella en cuanto a las medidas de reparación del estuario, Arellano sostuvo que “para que haya algo sustancioso primero tiene que estar ABSA porque el principal aporte es el cloacal y, luego, las empresas que aportan el material químico contaminante más peligroso. Han dicho durante once años que no arrojan nada, que no tienen que rendir cuentas”.

Fiscalía General: es “imposible” y “contradictorio” un acuerdo sin la querella

El fiscal general Horacio Azzolín dictaminó en contra del acuerdo firmado por el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil, el cual fuera homologado por la jueza Gabriela Marrón. La querella ya había solicitado su nulidad.

Azzolín dijo que no hay explicación a la falta de intercambio entre los sectores involucrados en la causa, “entre los que hay órganos estatales con funciones de control- y la Fiscalía Federal interviniente o la UFIMA”.

La jueza repitió en cada homologación que le resultaban razonables los dictamenes del fiscal Martínez “cuya actuación entiendo está avalada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA)”.

Sin embargo Azzolín advierte que “tampoco surge que haya intervenido nuestra UFIMA, no se establecen mecanismos de control del avance de los proyectos propuestos, reparaciones de ningún tipo, ni sanciones para un eventual incumplimiento”.

El fiscal general mencionó que los acuerdos no cuentan con “aval previo de organismo técnico alguno con conocimientos específicos en la materia” y que sería “fundamental” la participación de organismos de control “tanto para avanzar en modificaciones normativas, opinar sobre la pertinencia de las propuestas que se realicen y monitorear luego su cumplimiento en el ámbito de su competencia”.

“Reconociendo que la problemática de contaminación en el estuario de Bahía Blanca excede ampliamente a una firma, si de acuerdos individuales se trata, deberían realizarse acuerdos con cada una y someter ese conjunto a una eventual homologación”.

Por último, Azzolín dictaminó que “en cualquier caso, el intercambio con OPDS, ADA, CGPBB y Municipalidad de esta ciudad, además de la intervención de la querella, deberían garantizarse de algún modo”.

El testigo que, según la Policía Bonaerense, hizo la denuncia que originó la causa por narcotráfico contra un grupo de jóvenes de Puan se presentó ante la justicia para advertir que nunca realizó esa declaración.

“El muchacho viene teniendo presiones de la policía desde hace tiempo. Hace un mes una compañera de la infancia le cortó la cara, le negó el saludo y después averigua que era familiar de uno de los detenidos. Consiguió una copia de la declaración, fue hasta la comisaría de Puan donde le dicen que no puede ver nada, que se deje de joder porque si sigue con esto va a terminar por falso testimonio en cana con los muchachos”, dijo a FM De la Calle Federico Parodi, hermano de uno de los 14 detenidos.

En un comunicado afirmaron que con “la declaración de Kevin Torres queda claro que ha sido falsa también la declaración del Sargento Andrés Arguello, primer denunciante, que admite tener conocimiento de que los chicos comercializaban estupefacientes siendo Kevin Torres quien le informa cómo la transportaban y cómo la distribuían, todo esto falso”.

“Además también esta denuncia falsa expone que la declaración se la habría tomado a Kevin el comisario Víctor Tevez. Asimismo está implicado el comisario Gómez quien no le dio conocimiento ante insistentes pedidos de Kevin de esta supuesta denuncia. No solo eso sino que a partir de esto patearon la puerta de su casa y continuaron los hostigamientos policiales”.

Parodi aseguró que “ahora más que nunca pedimos que se les baje la prisión preventiva a los muchachos porque la causa está llena de irregularidades”.

“Estos policías van a tener que dar muchas explicaciones, Hablo de Arguello y de Tevez. Las defensas de los chicos van a apelar a la nulidad del caso porque todos se remiten a la declaración del sargento Arguello y a la de Torres que la firma el comisario Tevez”.

Fallo del juez Guillermo Mércuri.

Parodi destacó que “estas causas en Puan se arman así, se buscan denuncias anónimas como para llevarlas a Fiscalía y poder desarrollar las investigaciones. En este caso, si se llega a confirmar el testimonio de Kevin Torres, se les escapó la tortuga”.

Las familias ya informaron del caso a los jueces de la Cámara de Apelaciones, Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri, quienes deben definir la continuidad o no de las prisiones preventivas.

Torres, trabajador municipal de 23 años, denunció el viernes pasado los hostigamientos que padece de parte de la Bonaerense y la falsedad de la denuncia que se le atribuye en la cual se sostiene la supuesta comercialización de estupefacientes desde Guatraché por parte del grupo de jóvenes de la localidad.

“Queremos hacer público esto para protección de Kevin Torres, si algo le sucediera a él hacemos responsables a la policía de Puan”, dijeron los familiares de los detenidos y agregaron que “la Comisión Provincial por la Memoria está acompañándonos desde diciembre y también ahora a Kevin”.

La causa de Puan es uno de los pilares propagandísticos del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni.

Foto cabecera: Anred.

“Espero un mundo donde no sea tan desoladora la realidad de muchas mujeres”, dijo Celeste al ser consultada sobre el futuro de su hija en el marco del Paro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaries.

El pedido de justicia por el femicidio de Susana Melo en Ing. White hace un año, fue una de las consignas principales en Bahía Blanca.

“Además de venir por mí, vengo por muchas que no pueden venir, es terrible el índice de la violencia”, comentó una de las manifestantes a FM De la Calle.

Compañeras de la agrupación mapuche Kumelen Newen Mapu participaron del 8M y denunciaron el chineo -la violación de niñas de las comunidades- y el avance del extractivismo no solo sobre los territorios sino sobre las cuerpas de las mujeres indígenas.

“Lo que nos representa es no tener más miedo, salir a la calle igual. Yo capaz me quedaba en mi casa, ahora creo que todas tenemos que salir”, afirmó una integrante.

También estuvieron presentes mujeres Autoconvocadas de Género Deporte y Diversidad, espacio que está construyendo un diagnóstico para conocer la situación respecto a la inclusión de las mujeres en el deporte: “Es necesario que abran las canchas para que podamos tener injerencia en esas decisiones”.

Escuchá estas y otras voces en este informe:

Con un nuevo paro se conmemora este 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. A partir de las 17:30 habrá micrófono abierto, intervenciones artísticas y movilización desde la Plaza Rivadavia.

Este año las protestas tienen un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial por la falta de respuestas al incremento de los femicidios.

“Este 8M la violencia machista y los femicidios nos obligan a estar en las calles. En una andanada que no cesa, tenemos el lamentable registro de un femicidio cada 24 horas, la mayoría, fueron víctimas de ex parejas, a quienes ya habían denunciado y murieron sin recibir la protección del Estado. Por esto decimos que ‘el Estado es responsable’. ¿Quién más si no? ¿A quién más que al Estado le exigiríamos que implemente políticas para prevenir la violencia machista y la protección de las víctimas?”, se preguntaron desde la Secretaría de Mujeres y Géneros de la CTA.

En el Departamento Judicial de Bahía Blanca en 2020 asesinaron a Susana Melo y se iniciaron 3.191 procesos penales por violencia familiar y/o de género: nueve denuncias por día. El 21 de marzo se cumple un año del crimen ocurrido en Ing. White y la familia de la víctima advierte que la causa no avanza.

Según el Ministerio Público Fiscal, en la provincia se registraron 94 femicidios. Se trata del 65% del total de asesinatos.

El Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Nación informó que con un femicidio cada 29 horas, el 2020 terminó con 253 femicidios directos, 29 vinculados, ocho personas trans asesinadas y cinco suicidios feminicidas. 212 niñas y niños quedaron sin sus madres víctimas de femicidio, algunes fueron testigos presenciales.

El apoyo de Cristina y Rosalía

“Soy mamá de Facundo Astudillo Castro, quien fuera desaparecido en democracia el 30 de abril del año pasado. Gracias por marchar, para mí el 8 de marzo es un día muy simbólico, es el día nuestro, de la mujer”, afirmó Cristina en su adhesión a la marcha que se realizará esta tarde en Bahía Blanca.

Agregó: “Dentro de cada mujer existe una guerrera y tenemos que despertarla para que así como gritaba mi flaco que el nunca más sea nunca más en serio, que nosotras podamos gritar el vivas nos queremos. Tenemos derecho a que nos respeten y tenemos que exigir el derecho a que nuestras hijas salgan y vuelvan sanas y salvas, que no las violen o tener que ir a buscarlas o reconocer cuerpos en bolsas. Vivas nos queremos chicas”.

Rosalía Reyes, condenada a ocho años de prisión por no poder atender a su bebé tras el parto, llamó a pedir “que no haya más femicidio, violencia, y para que seamos escuchadas y tengamos derechos. Pido por la solución de mi causa y desde mi casa las acompaño en esta marcha. Asimismo pido por todas las mujeres, que sigamos batallando juntas”.

La pandemia profundizó las desigualdades

La economista Agostina Costantino dijo en FM De la Calle que “hubo un impacto desproporcionado de la crisis del Covid en trabajadores informales, en mujeres particularmente, a causa de la sobrerrepresentación que tenemos en algunos de los sectores afectados y en la intensificación de la carga de cuidados no remunerados en los hogares debido al cierre de las escuelas, en una región que ya tenía un déficit importante en cuanto a la desigualdad de la distribución de esas tareas”.

Se espera un aumento de la desigualdad no solo en términos de género sino también en cuanto a cuestiones raciales y étnicas.

Antes de la pandemia “la tasa de actividad de las mujeres era mucho menor que en los varones porque destinamos mayor cantidad de nuestro tiempo a tareas de cuidado y nos queda menos para buscar o tener trabajo remunerado”.

“En el caso de Argentina nos insertábamos en sectores muy ligados al cuidado como educación, salud, trabajo en casas particulares y demás. En países centroamericanos o México también hay muchas mujeres en sectores industriales de muy baja productividad, malos salarios y muy malas condiciones como son las cuestiones de las maquilas, el ensamblado de partes industriales”.

Con las medidas de aislamiento se redujo el empleo regional en mayor proporción para las mujeres que para los hombres. “Las mujeres tienen presencia en sectores económicos más afectados por la crisis como el sector de hotelería y restaurantes y el servicio doméstico”, sostuvo Costantino y agregó que “las mujeres urbanas estuvieron más afectadas que las rurales”.

Detalló que “la pandemia tuvo un impacto diferenciado en trabajadores/as migrantes internacionales que suelen ser más vulnerables al tipo de inserción muy precarias en los países de destino, al menor acceso a sistemas de protección social, la carencia de redes de apoyo, la discriminación, la exclusión legal o el desconocimiento de procedimientos administrativos”.

¿Qué hicieron los gobiernos?

La economista explicó que “en general los gobiernos adoptaron medidas de protección social y apoyos direccionados principalmente a las personas y hogares en situación de pobreza. Se estima que las transferencias monetarias y en especie –alimentos, medicamentos u otros servicios básicos- llegaron aproximadamente a la mitad de la población”.

“Políticas como el IFE argentino tuvieron un impacto diferenciado sobre las mujeres porque están sobrerrepresentadas en el grupo de trabajadores informales y de personas pobres, por eso hablamos generalmente de feminización de la pobreza”.

Cuidados desiguales

Un informe del Centro de Economía Política evidencia que se exacerbó la desigualdad en la distribución de los cuidados por el cierre de escuelas y de los espacios de esparcimiento y de ocio.  

“Antes de las medidas de aislamiento, en promedio, las mujeres destinaban casi siete horas diarias al total de trabajo no remunerado mientras que los hombres dedicaban cinco. Durante el aislamiento, con la sobrecarga -sobre todo en materia educativa y de trabajo remoto- la cantidad de horas que dedicaron las mujeres aumentó un 70%, a casi doce horas diarias, prácticamente la mitad de la jornada de las mujeres se destinó a trabajo no remunerado. En el caso de los varones aumentó a 7,9 horas diarias”.

“Muchas de las mujeres tuvieron que dejar sus trabajo o vieron disminuidos los ingresos porque tuvieron que trabajar menos para hacer frente a las tareas de cuidado”. Por otra parte, “el decreto que obligaba a otorgar licencias por cuidado durante lo que durara el ASPO en la mayor parte del sector privado no se cumplió y en algunas del sector público tampoco”.

La agrupación Watu Corriente Comunista emitió un comunicado respecto a la no distribución del diario La Nueva el sábado 27 de febrero para evitar la difusión de una nota sobre el armado de una causa por parte de la Policía Bonaerense.

Las víctimas de los hechos fueron los hermanos Vidal Ríos, quien hoy son investigados por narcotráfico por la justicia federal. Según el CEO, Fernando Monacelli, el empresario Gustavo Elías prefirió descartar la edición que incluía la nota para no “horadar” la causa que tramita el fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

“Todo está en la resolución de la jueza Promé, que dice cómo ha sido armada esa causa. Nos preguntamos a quién protege La Nueva sin que ese artículo pueda ser leído por la gente. Se nos ocurre que beneficia a la policía, a la justicia, que con tal de tener resultados rápido apela a cualquier cosa”.

Desde el punto de vista político, Lualdi señaló que “nos preocupa el silencio, que desde el HCD no se haya preguntado por qué una edición impresa no se distribuye, teniendo en cuenta que hay un periodista como Carlos Quiroga, por qué hay un silencio del Sindicato de Prensa. Qué será de los liberales de ADEPA, si no van a denunciar eso que casi no tiene precedentes y qué hará el intendente que de profesión es periodista, que no le llama la atención este nivel de censura”.

“Según alguna información que no podemos confirmar se han quemado esos ejemplares para terminar de consumar la censura y barbarie”.

Lualdi agregó que “se está censurando a su propio staff de periodistas, La Nueva y LU2 reciben millonarias cantidades de pauta del Municipio, de provincia y de nación y si uno censura a sus propios periodistas porque hay un artículo que el dueño del diario cree no es conveniente imaginemos la censura que puede ocurrir con los sectores que no sean del agrado de Gustavo Elías”.

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Los hermanos Ricardo Jorge Miguel y Adrián Ángel Ariel Vidal Ríos tienen antecedentes por robo y son investigados por narcotráfico.

También fueron víctimas del accionar violento e ilegal de la Policía Bonaerense.

La historia ocurrió en 2019 y la reconstruyó un periodista de La Nueva. Se imprimió en el periódico del sábado pasado, sin embargo, su audiencia nunca pudo leerla. El dueño del medio, Gustavo Elías, prefirió destruir la edición para no “horadar la investigación en curso de la justicia federal” a cargo del fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

“La nota quería reflotar esto, la causa quedó paralizada en fiscalía: tengo para meter privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio, abuso de autoridad, lesiones graves, había de todo”, dijo a FM De la Calle el abogado Juan Ignacio Vitalini.

Explicó que “gracias a unas cámaras en el domicilio de la madre de Vidal Ríos se pudo comprobar el armado del procedimiento, que no refleja la realidad de lo que dijeron los policías en el acta”.

Los oficiales involucrados son los subtenientes Sebastián Díaz Arana y Adrián Korman y los sargentos Damian Rossetti y Lucas Miranda.

“(El acta) dice que venían en persecución a los Vidal Ríos, a los disparos los Vidal Ríos, y se puede ver cómo se bajan tranquilamente. A los dos minutos llega el patrullero, empiezan a discutir y se producen disparos a quemarropa de la policía contra los Vidal Ríos: De hecho le matan un perro rottweiler, le quiebran una pierna, le disparan en la cabeza. Los hechos no tienen nada que ver con lo que relatan los policías”.

El abogado comentó que “en ese momento estaban en la (Comisaría) Sexta y no tendrían que haber hecho nada porque estaban en Bordeu y es otra jurisdicción (…). Es materia de investigación si estaban ahí en otra causa o realmente fueron a armarle el procedimiento a Vidal Ríos. Lo grave es que estos tipos siguen funcionando hace dos años y no se les hizo ni siquiera un sumario. Uno se queja de cómo tramitan algunas causas en contra de algunas personas y cómo no tramitan en contra de otras. ¿Qué veracidad podemos darle a procedimientos policiales en los que están involucrados estos funcionarios? Es gravísimo esto”.

Destacó que “tampoco se pudo comprobar que llevaran droga y un arma dentro del vehículo. Hay filmaciones previas en la camioneta, en el lugar que luego aparece el arma y la droga, y se advierte que claramente fue plantado por la policía. Si bien se les dio la libertad, la causa contra los policías no siguió de la misma manera o con la celeridad que esperaba, uno se quejaba de eso, eso es lo que yo venía hablando con el periodista La Nueva”.

Los Vidal Ríos fueron sobreseídos de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal y atentado y resistencia contra la autoridad agravado por haberse cometido por más de tres personas y haber puesto manos en la autoridad y desobediencia.

La jueza Marisa Gabriela Prome concluyó que “del contenido de los videos aportados y de su observación se desprende que los hechos no han sucedido como lo ha plasmado el personal policial en el acta procedimental que obra a fs. 1/5 así como tampoco se advierte circunstancia alguna que pudiera razonablemente hacer presumir a la autoridad prevencional que existían motivos suficientes o fundadas sospechas de comisión de un delito para autorizar el procedimiento llevado a cabo; sino que, por el contrario, a partir de ellos es que puede sostenerse que la versión brindada por los aquí imputados ha quedado corroborada”. 

Vitalini afirmó que “la policía se quiso llevar el dvr (registro de las cámaras de seguridad). Se confundieron y se llevaron el equipo de Direct TV sino tampoco podríamos habernos enterado. Gracias a dios ellos lo tenían escondido en otro lugar”.

Señaló que la policía siempre “les tuvo pica” a los hermanos Vidal Ríos. “No son santos de nada, tienen un antecedente cada uno por robo, pero después les han querido endilgar cuanto robo y cuanto comercio de estupefaciente estuviera dando vueltas por Bahía”.