Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

Referentas de organizaciones del movimiento feminista de Bahía Blanca opinaron en FM De la Calle sobre el proyecto de despenalización y legalización del aborto enviado por el gobierno nacional.

La iniciativa ingresó al Congreso por la Cámara de Diputados y será debatida en las próximas semanas. Esta tarde habrá acciones conjuntas en localidades de todo el país para insistir en la urgencia de su aprobación. En Bahía será una caravana a las 18 en la Plaza Rivadavia con cobertura de la 87.9Mhz.

“Es la posibilidad de hablar de mayor autonomía, de sacar a nuestros cuerpos del Código Penal y de la criminalización. Como Campaña hemos presentado históricamente nuestro proyecto de ley. Más allá de eso, sé que las leyes son el piso en la posibilidad de conquista de derechos. Una vez sancionada la ley vamos a tener que seguir generando estrategias para contrarrestar a los grupos antiderechos que van a hacer lo posible para que no se lleve a cabo”, dijo Fernanda Pertersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

Agregó que hay que prestar atención “es la objeción de conciencia, la posibilidad de que se nieguen a llevar esta práctica médica, esto es incompatible con el sistema de salud público. Este es el debate que hay que dar. Haberlo enviado con la protección de los mil días y otras medidas responde a negociaciones políticas. Nuestro lugar es la lucha”.

Verónica Herrero, medica del primer nivel de atención e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, destacó que “nos parece fundamental que el proyecto tenga apoyo desde las calles. Queremos que la ley sea federal y garantice que cualquier mujer con menos de 14 semanas pueda entrar por la puerta del hospital o salita y decir quiero abortar y que no por eso vaya presas o tenga complicaciones. Que tengan derecho a un aborto seguro y acompañado por profesionales”.

“Una cosa que nos parece importante es que pena la objeción de conciencia. No puede pasar que esta objeción obstaculice el acceso al derecho al aborto. Tenemos derecho a que se nos garantice esta práctica y no morir en el intento”, agregó.

Griselda Cifuentes, integrante de Socorristas en Red- Feministas que Abortamos, mencionó que “el envío del proyecto es un paso muy importante. No hubiera sido posible sin la marea verde, nuestra tarea es estar en las calles, hay que seguir muy de cerca sin perder la capacidad de reclamo, para que el debate implique la votación favorable que nos merecemos. El Congreso tiene una posibilidad histórica, saldar una de las deudas materiales y simbólicas con los deseos, proyectos, vida y salud de quienes abortan”.

La coordinadora de Ciudadanas Trans, Saira Millaqueo, afirmó que acompañan la propuesta para “acompañar la reivindicación de la autonomía de los cuerpos. Conocemos de opresiones sobre nuestros cuerpos, entendemos el sufrimiento y padecimiento que eso acarrea, por eso apoyamos la IVE. Todas las travestis y trans estamos apoyando y acompañando siempre junto al movimiento feminista”.

“El proyecto de la Campaña no establece penas para alguien que desee abortar luego de las 14 semanas, el del Ejecutivo sí lo hace. El proyecto de la Campaña no establece objeción de conciencia de ningún tipo, el de Alberto Fernández habilita la objeción de conciencia en general sin especificar sobre el tema, planeta que se debe garantizar derivación”, apuntó respecto a las diferencias entre los dos proyectos, Daniela Rodríguez de Pan y Rosas dentro del FIT.

Cecilia Epherra, integrante de UMSUR criticó la extensión de cinco a diez para la aprobación de la IVE a partir de su solicitud y la incorporación de la objeción de conciencia para profesionales de la salud. “Tal vez no representa un problema en grandes ciudades pero sí en comunidades más pequeñas donde no abundan profesionales que brinden asistencia segura para un aborto”.

“Es momento de debate serio, democrático, plural y pronto. Legalizar el aborto permite salvar cientos de vidas, se termina con un negocio oculto como los lugares donde se aborta de manera ilegal, reafirma la ESI, dignifica nuestras vidas, nos permite decidir sobre nuestros cuerpos”, dijo Belén López de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Verónica Bajo, de Acciones Feministas, comentó que “estamos mirando positivamente que por fin sea ley pero con dudas. Se puede traslucir el problema de la objeción de conciencia y las consecuencias que sabemos que trae. Pareciera que tiene más que ver con un proyecto de despenalización que de legalización. Se trasluce que han habido pactos con la Iglesia, que puede llegar a tener que ver con el proyecto de los mil días”.

El empresario Jorge Longoni pidió al presidente de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante, Federico Tucat, que el cuerpo trate “con la mayor premura” un nuevo estudio sobre el impacto del proyecto de construcción de cocheras subterráneas en Plaza Lavalle/ del Sol/ de la Memoria.

Días atrás, el secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, dijo a FM De la Calle que la iniciativa «no es algo que nos interese desde la Secretaría. Desde el Ejecutivo no vamos a impulsarlo. La intención es la revalorización manteniendo la fisonomía de la plaza tal cual existe hoy».

“Lo primero que haría falta es que el oficialismo se ponga de acuerdo. Semejante contradicción entre ellos mismos es lo menos indicado para un tema de este estilo”, comentó el concejal del Frente de Todos Gustavo Mandará.

Agregó que “si querían aportar otros datos técnicos nuestra obligación es considerarlo. Ayer apareció un anillado de varias páginas con argumentos de porqué no pasaría nada de lo que se creía que iba a pasar”.

Mandará mencionó que la forestación es “un tema que no se puede pasar por alto, sacar un árbol así como así. Se habla del movimiento de suelos, la excavación que insinúan es menor de la que se creía. Invariablemente cuando se hace una excavación afloran las napas que son elementos cambiantes, según nos explicaban”.

“En el edificio de Saavedra y O’Higgins tuvieron problemas de este tipo, las reformas de Big Six también. Cuando se consideró hacer reformas en el ex centro de compras de Colón y Brown también se preveía en tema de las napas”.

“Esto viene torcido desde el vamos, hay vecinos y usuarios que no se han mostrado para nada conformes. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, la primera es que haya un mensaje claro y en base a eso discutimos”, finalizó el concejal.

Los Colegios de Trabajadoras Sociales, Psicólogos/as y Abogados/as solicitaron al intendente Héctor Gay y a la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Juliana Cerritelli, que atiendan los reclamos por la precarización laboral y la falta de recursos en los Servicios Locales de Niñez.

“Los planteos tienen una trayectoria de larga data y atienden a dos cuestiones: las condiciones de trabajo de profesionales de equipos técnicos y la segunda está vinculada a los recursos profesionales, técnicos, financieros económicos, que impactan sobre las condiciones de trabajo. Esto se ha agudizado en la pandemia donde las condiciones de pobreza y desigualdad han recrudecido”, dijo a FM De la Calle la presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales Marta Cimarosti.

Manifestó que “lo esperable de la gestión es aunar esfuerzos. La niñez a nivel nacional está sobrerrepresentada en las categorías de pobreza y lo que hallamos es reducción de recursos humanos, congelamiento salarial y ningún resguardo de las condiciones de trabajo de profesionales”.

“Eso deviene en un impacto negativo sobre las posibilidades de acompañamiento y contención a la niñez. Hemos desarrollado un accionar significativo y de alto impacto que es convocarnos los tres colegios profesionales y pensar colectivamente una intervención y la apertura a una demanda de intervención a la Municipalidad”.

La carta fue enviada luego de la presentación de otras seis notas que no obtuvieron respuesta.

Entre las problemáticas mencionadas “se plantea por una parte una equidad en las funciones profesionales desempeñadas y una diferencia negativa en la remuneración de alrededor del 50% en relación a sus pares profesionales que pertenecen a la planta permanente de la Municipalidad. A ello se suman las desventajas inherentes a la condición de contratación que requiere por parte de los/as profesionales contratados el pago del monotributo, obra social; aportes jubilatorios, retención por IIBB e impuesto al cheque, lo cual profundiza aún más dicha diferencia negativa”.

Respecto del reciente despido de una trabajadora del equipo de Ing. White, Cimarosti relató que “la gestión tiene la facultad de evaluar periódicamente pero resulta extraño en una coyuntura de reclamo lo hagan con una de las referentes que tuvo un accionar más visible. Al momento de asignar funciones todos tienen las mismas y al momento de evaluación solo se evalúa a los monotributistas que son quienes con más fuerza han llevado el reclamo. Todo indicaría que se inscribe en el marco de la una sanción moralizadora e intimidante a un proceso de reclamo, la amenaza de la pérdida de trabajo como respuesta al reclamo”.

Por último, adelantó que apelarán a “la posibilidad de diálogo con la gestión municipal y si no la hay, estamos analizando otras acciones con organismos vinculados a la niñez y pronunciamientos públicos”.

Referentes de El Nido y Creer Sí lograron un acuerdo de palabra con el secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, para continuar su tarea en la Galería Visión 2000.

La mudanza de sus actuales sedes en el Mercado Municipal fue forzada por las autoridades comunales que pretenden instalar un “polo gastronómico” en el sector.

“Nos propusieron elegir los locales que estaban desocupados y que pudieran adaptarse. Es lo que hicimos, elegimos dos, uno para Nido y otro para nosotros”, destacó a FM De la Calle, la referente de Creer Sí, Clelia Severini.

Agregó que “verbalmente Marisco nos dijo que sí, que nos lo iban a otorgar, y fue un alivio grande. Nos dijeron que se van a hacer cargo de las reformas. Fue todo de palabra y nos dijo que esta semana íbamos a ultimar los detalles, creemos que será un comodato”.

Campaña contra el grooming

La semana pasada los ministerios de Educación y de Justicia de la Nación lanzaron una campaña de prevención del grooming en el marco de la cual Creer sí participa como entidad asesora desde nuestra ciudad.

Severini señaló que “es una de las formas de abuso sexual que se está visibilizando pero que existe desde hace mucho tiempo. Estamos trabajando esta problemática, hay que hablar con los chicos y con los padres. La mejor manera de prevenirlo es preparar a los chicos para que se puedan defender”.

Asimismo destacó que el 19 de noviembre es el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual hacia Niñxs y Adolescentes: “El tema se ha visibilizado bastante, se ha avanzado en el Código Penal, se avanza en los casos y se llega a juicio, hay condenas. Todavía falta mucho, se estima que por cada caso de abuso sexual que se denuncia hay nueve que no”.

SUTEBA envió una carta al intendente Héctor Gay para que informe cómo fueron utilizadas las partidas del Fondo Educativo. Se trata de $164.225.685.

Según el gremio, funcionarias de la Unidad Educativa de Gestión Distrital y del Consejo Escolar dijeron “desconocer” los destinos de los fondos.

“El uso discrecional de esos recursos ya fue cuestionado, como también el criterio de prioridades. Pero en lo que va de este año, ni siquiera la información de cómo se está usando ha sido provista, al menos, a los organismos educativos provinciales locales. A la brevedad, exigimos conocer el detalle de la distribución de esos recursos y el criterio de prioridades utilizado”, expresó el sindicato.

En relación a lo dicho en la reunión de UEGD destacó que “se plantearon las obras que se van a llevar adelante en las escuelas, en la última reunión preguntamos en qué se estaba gastando el Fondo Educativo y las dos funcionarias nos respondieron con lo que era del año pasado. Ya sabíamos eso pero no sabíamos qué pasaba este año. Mañana iremos al Municipio a entregarle esta nota al intendente para ver en qué se está usando este dinero. El 40% sería para infraestructura escolar, el resto es una gran fuente de ingresos de las que intendente puede hacer un uso discrecional sin dar explicaciones”.

“Hace un mes retomaron esas obras grandes de principio de año y se están empezando a realizar todas aquellas obras que sin arreglos y refacciones dificultarían en inicio de clases el año que viene”, agregó Delfino.

Agregó que “hay un altísimo porcentaje de subejecución del año pasado, se pidieron cuentas y no hay respuesta de eso, el Fondo Educativo se ha destinado en principio a sostener las ganancias de empresas privadas del transporte público con el boleto escolar para que los chicos paguen menos, se han pagado salarios, becas en negro en los jardines municipales que ahora se provincializaron, se pagaron acompañantes terapéuticos para las escuelas que debían ser sostenidos por Salud y no por Educación. Como siempre las escuelas peleando con la sábana corta, cómo se establecen prioridades cuando todas las escuelas necesitan arreglos de infraestructura, es muy injusto”.

Sindicatos y organizaciones populares realizaron una Jornada de Lucha frente a las negociaciones en curso y la presencia en nuestro país de una nueva misión del FMI.

“El gobierno plantea que el FMI es más amigable, nosotros vemos lo contrario, no creemos en ninguna dulcificación ni en que se vuelvan amigables quienes prestaron 47 mil millones de dólares para facilitar la reelección de Macri. Esa plata nadie la vio, se la fugaron. Esa gente viene a asegurar que se siga pagando la deuda ilegal y fraudulenta”, dijo a FM De la Calle el secretario de la CTA Enrique Gandolfo.

En cuanto a la política económica del gobierno afirmó que “estas semanas van en sintonía para hacer buena letra: la primera medida es la presentación del presupuesto en donde se eliminan el IFE y las ATP; otra señal es el cambio en el índice de la movilidad jubilatoria; y la tercera, que va a verse en el tiempo, es el aumento de las tarifas de los servicios públicos”.

“Dar estas señales para contentar al FMI es ir en sentido inverso de las necesidades de la mayoría”, apuntó.

En relación al aporte extraordinario de las grandes fortunas, insistió en la necesidad de una réplica local “con las grandes empresas vinculadas a la industria petroquímica”.

“El proyecto nacional va a en un buen camino, es insuficiente pero va en buen camino. Va en el sentido de tocar intereses mínimos, son 9 mil personas, casi se les pide permiso. Tiene que haber un debate público en ámbito local, con concejales, con representantes del Municipio, con las grandes empresas”.

El proyecto sobre la contribución extraordinaria se analizará mañana en la Cámara de Diputados. El oficialismo descuenta su aprobación con votos propios y aliados. Juntos por el Cambio manifestó su rechazo y el Frente de Izquierda su abstención.

“La objeción del FIT es significativa. Una parte no trivial va para financiar el fracking en Vaca Muerta, algo que sistemáticamente denunciamos como un ecocidio, un desarrollo insostenible. Otro porcentaje va a préstamos a pequeñas y medianas empresas y hay que ver cómo las definen”, dijo el economista Francisco Cantamutto.

Propuso “pensar contribuciones especiales a quienes obtuvieron grandes ganancias en los últimos años en dimensiones locales. Tendríamos antecedentes en varios municipios de la provincia de Buenos Aires que lo han aprobado, hay espacio para avanzar y apoyar a los múltiples sectores que han sido afectados durante este año terrible y no recibieron apoyo sostenible por parte del gobierno municipal”.

Por otro lado aseguró que la carta que el bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos envió al Fondo Monetario Internacional “es un documento bastante duro”.

Sin embargo, el columnista de FM De la Calle destacó que “no pide anulación, ni quita, ni juicio sino que reconoce problemas no solo en torno al rol de la deuda sino, además, la existencia de problemas en cuanto a los actos administrativos que sustentan en acuerdo con el FMI”.

“La inexistencia de cualquier regulación en cuanto al monto que prestó el FMI a Argentina, el problema de haberle prestado por encima de sus cuotas y para financiar la fuga de capitales. Además, no existen actos administrativos que habilitaran a Macri a contraer deuda. Como esto no estaba, no se entiende para qué se llegó al acuerdo, no hay razones, no hay estudio de prefactibilidad, no hay consenso explícito para tomar la deuda, son actos que están denunciados ante la justicia”.

“De lo que hablan (en la carta) es de la corresponsabilidad, el Fondo debería hacer un esfuerzo también. En la coyuntura actual el FMI sigue funcionando como funcionó durante la era Trump y lo dejó en claro cuando apoyó la reestructuración con los acreedores privados donde dijo que la deuda era insostenible pero que tenían que hacer el esfuerzo”.

Cantamutto señaló que “el gobierno va a tratar de negociar este acuerdo, pasar de stand by a uno de facilidades extendidas de cuatro a diez años, un horizonte más amplio para conseguir los fondos y que va a requerir reformas estructurales”.

“Dentro de esas reformas puede estar la laboral. Habrá que ver cómo se comporta la CGT que no tenía una postura muy combativa. Y otra es la reforma previsional, el cambio de fórmula del régimen jubilatorio que se puso en vigencia la semana pasada, por ejemplo”.

“De aquí a febrero-marzo del año que viene planean cerrar, no es lo previsto que esta misión se vaya con un acuerdo cerrado. Para que se cierren las conversaciones y se discuta en el Congreso no creo que se resuelva en la inmediatez. No se puede deslindar este hecho de -tras meses de dilatarlo- poner en discusión el aporte extraordinario. El FMI no se opone a esta discusión”.

Integración Ciudadana recurrió a la Defensoría del Pueblo ante “la posible vulneración del derecho al medio ambiente” por parte del Municipio en el dragado del arroyo Napostá.

“Pensamos que es un tema que atañe a toda la ciudadanía y le damos un enfoque desde los derechos humanos. El dragado y la intervención en el Napostá podría traer aparejado un impacto negativo al ambiente y el derecho al ambiente sano es un derecho constitucional y también se habla del principio preventivo”, dijo a FM De la Calle la abogada María de los Ángeles Rosón.

Destacó que “estuvimos asesorándonos con biólogos, entendemos que los informes tienen que ser remitidos a la Defensoría. Pedimos informes del IADO, de la UNS y al Colegio de Arquitectos porque entendemos que el dragado tendría un impacto en lo paisajístico y lo urbano”.

“Nuestra posición es decir no al dragado del arroyo Napostá, queremos que institucionalmente esto tenga una validez tal que haga que el Municipio vaya para atrás en esta decisión inconsulta”, señaló.

Comunicado:

En el transcurso de la mañana desde Integración Ciudadana solicitaremos la urgente intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, ante la posible vulneración del derecho al medio ambiente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal representado por el Sr. Matías Insausti, Subdirector de Gestión Ambiental, quien, mediante manifestaciones públicas aseveró que se procederá a dragar el Arroyo Napostá de nuestra ciudad.

Ante el posible impacto negativo ambiental, y siendo un espacio significativo para la conservación y reproducción de especies de agua dulce y desde el punto de vista urbanístico por encontrarse vinculado tanto a la recreación como al disfrute de los espacios públicos, solicitamos que el Sr Defensor del Pueblo Provincial, previo pedido de informes a organismos competentes, emita dictamen sobre la actuación del funcionario y el Municipio de B Bca, y la inconveniencia de que se efectúe dicha medida.

En cuanto a los daños ambientales, peticionamos que se tenga especialmente en cuenta, que la Ley 25.675 (Ley Gral. De medio Ambiente), regula el principio preventivo (artículo 4º) mediante el cual se tiende a evitar un daño futuro pero cierto y mensurable, y el principio precautorio, que se aplica cuando la evaluación del riesgo del daño es mucho más compleja dada la falta de certeza de su producción y da cuenta de un criterio de cautela y prudencia en el que los posibles riesgos deben ser analizados con rigurosidad.

Ya que esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo Municipal, puede causar daños ambientales y urbanísticos irreversibles, y la vulneración de derechos que ello provoca, peticionamos la intervención y la recomendación de la Defensoría del Pueblo Provincial.

El ing. Horacio Varela se manifestó de acuerdo con la limpieza del arroyo Napostá. Afirmó que para evitar inundaciones la tarea debería incluir el entubado y el paso del cauce por los barrios del sur de la ciudad.

“Limpiar es dejarle el cause natural, sacarle las totoras y ramerío que tiene. Estoy de acuerdo con que el arroyo tiene que tener su historia natural, pero hay una convivencia, interacción entre el arroyo y la ciudad. No es lo mismo que en medio del campo. Hay que limpiarlo porque se va estancando, porque aparecen ratas, todas esas cuestiones traen consecuencias sanitarias”, dijo Varela ante la consulta de FM De la Calle.

La intención de dragar fue anunciada por el subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, y recibió el rechazo de organizaciones ambientalistas e instituciones académicas.

Varela sostuvo que “lo que se plantea es limpiar el cause en la zona del Parque y de entrada a la ciudad. Una cosa es limpiar el cause, asegurar que el agua corra y otra es canalizarlo. Canalizar el arroyo es contraproducente porque se aumenta la velocidad con la que entra a la ciudad, tenés la misma cantidad agua pero mucho más rápido”.

Agregó que “en la zona del Club de Golf el arroyo necesita que haya un freno pero dentro de la ciudad el arroyo tiene que correr pero necesitamos limpiar el cause y el entubado, las dos cosas”.

El ingeniero destacó que es necesario limpiar también en las zonas de Spurr y el barrio 5 de Abril para que no se estanque.

Años atrás, en el marco del debate sobre la conveniencia de la obra del Río Colorado para abastecer a la ciudad de agua potable, Varela junto a otros profesionales de la UTN señalaron que se debían priorizar obras en la cuenca del Napostá para prevenir las inundaciones y potabilizar el agua.

“Planteamos que la mejor alternativa era la regulación del Napostá porque la obra del Río Colorado estaba prevista para una ciudad de mas de 500 mil habitantes. Se estancó el crecimiento demográfico y posiblemente al 2050 Bahía tenga 350 mil habitantes, con lo cual el consumo sería un poco más que ahora, por ende, no iba a ser necesaria esta obra pero sí nos podíamos abastecer con una retención del Napostá en Canessa”.

“Esa obra le daba la seguridad de que la ciudad no se iba a inundar, cosa que pasó en 1944 y desde entonces no se hizo ninguna obra. Se hizo el canal Maldonado pero eso no asegura que la ciudad no se vuelva a inundar. Si pasa una lluvia como la del ’44, la ciudad va a tener los mismos problemas o peores porque ahora tenemos más superficie de suelo impermeable, más construcción”.

Respecto al Maldonado el ingeniero mencionó que le falta mantenimiento y recordó que “en 2002 llegó el agua arriba, al fondo de los puentes, y levantó placas. El canal está revestido con placas de hormigón, detrás está hueco, entonces cuando el agua filtra saca a la placa y el canal empieza a perder la forma”.

El profesor Sergio Zalba sumó la preocupación del equipo de investigación de la UNS que dirige respecto a las consecuencias que podrían tener las “acciones de dragado y de remoción de vegetación” del arroyo Napostá anunciadas por el Municipio.

En una nota dirigida al intendente Héctor Gay y al subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, aseguró que “resulta fundamental que cualquier intervención como la propuesta incluya una adecuada evaluación de impacto ambiental y socio-cultural, y un análisis interdisciplinario que evite eventuales efectos indeseados y, al mismo tiempo, optimice el uso de los recursos públicos a partir de la búsqueda de soluciones sostenibles”.

Recordó que “en 1982 se tomó la decisión de entubar la mayor parte del tramo del arroyo Napostá que atraviesa nuestra ciudad, bloqueando el acceso público a recursos naturales, culturales y paisajísticos que muchísimas ciudades querrían tener. Creemos que es fundamental evaluar de forma integral las opciones de manejo de la porción del trazado que aún conservamos los vecinos bahienses pare evitar la repetición de errores ambientales como ese”.

Zalba destacó que “la diversidad biológica de los ambientes urbanos es valorada cada vez más a nivel global, tanto por los aportes que la ciudad puede hacer para la preservación de las especies silvestres, como por los reconocidos efectos positivos que las comunidades naturales producen sobre la salud psico-física de las personas”.

“El curso de agua mencionado constituye una pieza única del paisaje natural de Bahía Blanca, que se diferencia de las áreas verdes que lo circundan, y del resto de los paseos ubicados en el ejido urbano, porque en él predominan elementos nativos de la biodiversidad regional. Fauna y flora silvestre habitan y se reproducen en este ambiente proporcionando una oportunidad única de entrar en contacto con el patrimonio natural típico de un humedal pampeano”.

Para el investigador “el área tiene un enorme potencial para convertirse en el escenario de actividades de educación ambiental y promoción de la valoración pública de los ecosistemas regionales. Distintas disciplinas de la Universidad Nacional del Sur, de hecho, ya aprovechan este escenario para desarrollar allí parte de las actividades formativas de sus estudiantes, pero esta dimensión podría ser mucho más explotada en la medida que se preserven las características silvestres que el ambiente aún conserva”.

Por otra parte rechazó que la intervención propuesta pueda resolver problemas de la proliferación de mosquitos y roedores urbanos. En el primero caso puede complicarlo al correr aves que “son controladores naturales de estos invertebrados incluso a distancias importantes del propio arroyo”. Respecto a los roedores afirmó que el inconveniente sea provocado por el vertido de residuos en el lugar”.

“Si el problema a resolver tiene su origen en un comportamiento social inapropiado es allí donde debemos poner el acento, corrigiendo las conductas que resultan en problemas ambientales sobre la base de la valoración de los componentes afectados. Desde esta perspectiva, una obra como la propuesta podría resultar completamente inapropiada y contraproducente para la búsqueda de formas armónicas y sostenibles de convivencia entre los vecinos de la ciudad y el resto de las especies con las que compartimos el espacio urbano”, concluyó.

Profesionales del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia reclamaron al intendente, Héctor Gay, la reincorporación de la trabajadora social del equipo técnico de Ing. White, Brenda Maceratesi.

“Trabajamos para proteger derechos, para acompañar, motivar, aprender modos más saludables de relacionarse con otros, en un contexto laboral que no respeta derechos, mucho menos a las personas, donde los que están a la cabeza de estos espacios laborales no son motivadores, sino hostigadores”, destacaron.

Denunciaron “los débiles argumentos brindados en relación a una supuesta evaluación llevada adelante por la Coordinación del Servicio Local y por la Subsecretaría (de Niñez)” a los que calificaron como “claras falacias” dentro de “un accionar autoritario cuyo real sentido es aleccionar y disciplinar a los trabajadores del área que desde hace unos meses venimos haciendo más visible la repudiable gestión del área y específicamente a la precaria condición laboral de los compañeros contratados”.

Afirmaron que desde la asunción de las actuales autoridades del área “los canales de comunicación y la apertura al diálogo son casi inexistentes (…) pero las situaciones de amenazas, destrato y maltrato, se han ido multiplicando, dejando ver con claridad el abuso de poder que se ejerce”.

Les firmantes advirtieron que “desde hace aproximadamente un año y medio, en consonancia con el cambio de autoridades tanto en la Secretaría de Política Social como la Subsecretaría de NAF, el estilo de trabajo ha cobrado una impronta diferente, que no solo se trata de toma de decisiones que afectan directamente a la tarea y función que ejercemos los trabajadores de Niñez, sino que además se trata de una modalidad que ha implicado un avasallamiento a los derechos y denota un desconocimiento, o total desinterés, o peor aún, un intento por desmantelar lo poco que se había avanzado en la construcción de un sistema de promoción y protección integral de la niñez”.

Le recordaron al intendente que la subsecretaria actuó meses atrás de la misma manera con otra profesional del Programa Caballo de Troya: “La decisión fue intransigente e inconsulta con el resto del equipo y se debió a diferencias de índole personal que la subsecretaria tenía con ella”.

Las y los trabajadores del Servicio Local mencionaron las gestiones realizadas ante distintos organismos para explicar el impacto de la vulneración de sus derechos laborales en la política pública de niñez.

Expusieron que “desde la Subsecretaría NAF se hace un abuso de las condiciones de precariedad laboral de los trabajadores contratados condicionando los reclamos de todo el área, solicitándoles tareas extras a la función que desde la Ley 13.298 y siendo concretamente el personal de ajuste de cualquier medida haciendo uso de la vulnerabilidad de la modalidad de contratación y la necesidad de trabajar de cualquier persona”.

Responsabilizaron a la subsecretaria Juliana Cerritelli por la no renovación del contrato que Maceratesi había firmado el día anterior. “Entendemos que dicha evaluación sería entonces a través de la lectura de los informes de altas y renovación de ayudas económicas, ya que no ha existido otra instancia desde la cual se tome contacto con el trabajo realizado ni con los profesionales intervinientes”.

“Ni desde la Coordinación ni desde la Subsecretaría se advirtió a la profesional previamente que hubiera algún aspecto del desempeño profesional que fuera necesario revisar, modificar o reevaluar. Mucho menos se consultó a las profesionales que comparten la tarea cotidiana con ella entendiendo que al tratarse de un abordaje interdisciplinario las competencias y desempeño profesional influyen directamente en todo el equipo de trabajo”.

Agregaron que “ante la falta de solidez del discurso y de la decisión tomada e informada, se plantea desde la Coordinación que la no renovación de su contrato se debía a ‘cuestiones políticas’. No es necesario ahondar o intentar dar un marco explicativo a algo que remite directamente a la violencia laboral e institucional”.

“El 147 no podía seguir en base a voluntarios, esto estaba pensado para dos meses o tres y fue desde junio o julio hasta ahora”, señaló el médico Horacio Romano en su columna semanal en FM De la Calle.

Romano es uno de los responsables de la puesta en funcionamiento de la línea 147 para el seguimiento de pacientes con síntomas de Covid 19. Días atrás, la Secretaría de Salud anunció que el sistema será reemplazado por una plataforma de autogestión.

Según se informó, “permite realizar una simulación o enviar los datos de un primer contacto con el fin de auto agendarse en el panel de control de los puestos de tele seguimiento, de personas con síntomas o contactos de control epidemiológico”.

El médico comentó que “atendimos cuatro mil llamados, con seguimiento de 2800 aproximadamente, no todos positivos. Fue un trabajo muy intenso, cada llamada implica familias, era una llamada pero tres o cuatro personas detrás. Se realizó con 30 voluntarios que pusieron todo, con médicos y médicas coordinadoras que sudaron la camiseta”.

“Lo empezamos a pensar en marzo. Cuando llegó a Italia vimos que íbamos a tener que reeditar lo que habíamos hecho con la gripe en 2009. Fuimos seis o siete que estuvimos con mucha tarea, haciendo programas, tratando de unir cabos, lo público y privado, la UNS, la puesta en marcha en base a un protocolo, a un triage que clasificaba de acuerdo a gravedad, por antecedentes, por cuestiones sociales, ambientales. Los profesionales lo podían leer desde cualquier lugar y cargar datos desde ahí”, destacó Romano.

Subrayó que “es la primera vez de que hay un esbozo de historia clínica común en Bahía, que es un logro interesante. Hasta mediados de octubre fue intensísimo, ahí se popularizó y se empezó a desbordar, también pasó en las guardias, no había camas de internación”.

“Una vez que estás en el pico no hay sistema que aguante, pasaron dos meses así, preveíamos que en noviembre iba a ser el mes en el que tendríamos que evolucionar a otro sistema. Armamos el autotriage y autoseguimiento, que se puso en marcha el lunes, entrando a la página del Municipio vas cargando datos cada 24 horas y nosotros vemos del otro lado cómo evolucionás. Si empeoran los síntomas te llamamos, no tienen llamadas frecuentes pacientes de cuadros leves y que no son de riesgo”, aclaró.

Respecto al funcionamiento de la plataforma mencionó que “somos coordinadores, becarios que trabajan en la Secretaría de Salud, que todas las mañanas ven los datos y, según criterios, evalúan el seguimiento, cómo evoluciona, si son casos que son leves los llaman y si son graves pasan a profesionales del Hospital Municipal”.

Si bien la cantidad de casos comienza a descender, Romano enfatizó en que “lo más importante es no bajar la guardia, todavía hay virus circulando, de 140 bajamos a 90 la semana pasada, pero igual no es la situación ideal”.

Por último, destacó que “no hemos pensado demasiado para adelante, hay cuestiones que estoy convencido que a nivel provincial y local se tendrían que haber hecho distinto, hemos subtesteado muchísimo, no hemos tenido los cuidados que teníamos que tener, no fueron capaces de transmitir la preocupación de la gente en estos meses”.

“En diciembre los lugares de veraneo van a tener complicaciones y van a repercutir sobre Bahía. No creo que baje a cero sino que se va a sostener en una meseta de 15 o 20 casos”.

Un grupo de militares retirados, vinculados a mutuales y organizaciones de las fuerzas armadas y de seguridad, anunció la creación de la “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín” con el supuesto objetivo de intervenir en el debate público en temas de defensa y seguridad.

FM De la Calle consultó a la integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), Elsa Bruzzone, quien manifestó que la agrupación “busca el regreso de la Doctrina de Seguridad Nacional donde el enemigo es interno, son los movimientos socioculturales, partidos políticos que no son afines a las derechas, a callar todas las voces de protesta y ver las posibilidades de retomar el poder”.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, señaló que quieren “conspirar, desestabilizar y desgastar” al gobierno nacional y advirtió que no va a permitir que se utilice el dinero que el Estado destina a los salarios de las Fuerzas Armadas para “financiar operaciones políticas”.

“Lo que proponen es volver a dejar que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interior, cosa prohibida por la Ley de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y por la Constitución. Es un pedido que viene desde el Comando Sur, desde Obama intensificado por Trump. A uno lo toma por sorpresa pero no demasiado porque sabemos que hay núcleos de militares retirados que adhieren y que justifican el terrorismo de Estado”, enfatizó Bruzzone.

Bruzzone afirmó que “por suerte yo creo que son minoritarios, van a ir despareciendo por razones generacionales, no creo que tengan gran predicamento ni siquiera en el sector interno de los retirados ni tampoco de las FF.AA. que están en actividad”.

“Lo que pregonan es formar una especie de poder paralelo, hacia en interior de las fuerzas y de los ministerios de Defensa y Seguridad para incidir en las decisiones del Ejecutivo Nacional”.

La especialista aseguró que “la buena fortuna que tenemos es que los juicios a crímenes cometidos contra los derechos humanos han dejado un mensaje claro: toda aquella persona que promueva o que intente generar terrorismo de Estado va a ser sentado en el banquillo de los acusados y se le va a dar algo que ello nos les dieron a las víctimas que es el derecho la defensa”.

Respecto a los sectores que integran la mesa, destacó que “hay grupos ligados a agencias de seguridad, hay gente que perteneció a los carapintadas, están ligados a los alzamientos. Otros están en organizaciones supuestamente de estudios de geopolítica y defensa, en fundaciones que conocemos que están en manos de ultra liberales o fuerzas implicadas en los golpes cívicos militares”.

Por ejemplo, Pablo Bressi, ex jefe de la Policía Bonaerense de María Eugenia Vidal. “Todo apunta a que estuvo implicado en este alzamiento de la policía en Olivos y en la casa del gobernador que todavía estamos esperando a ver qué hace Berni. Más allá de un reclamo legítimo eso no habilita a que hagan ese alzamiento estando armados. Si no se toman medidas los hechos van a volver a repetirse”.

“Yo ligo esto con el alzamiento, vemos que Juntos por el Cambio está desestabilizando constantemente, eso no es oposición. Cuando uno es oposición no alienta el odio, discute cara a cara, dar su punto de vista y no realiza estas tareas desestabilizadoras”.

Marcelo González, ex cuñado de Facundo Castro, reclamó ser incorporado al Programa de Protección de Testigos. Luego de denunciar los aprietes de la Bonaerense tuvo que dejar su casa y su trabajo en Buratovich e instalarse con custodia en Bahía Blanca.

“Es complicada mi situación porque me encuentro sin trabajo, las deudas empiezan a aparecer, estoy encerrado hace tres meses. Me gustaría que algún funcionario público me pueda ayudar”, dijo a FM De la Calle.

González comentó que la oferta para ingresar al Programa estuvo al principio de la investigación. Mientras vivía en Villarino “pedimos un tiempo para organizarnos con la casa que tuve que dejar, cuando me organizo y tengo todo resuelto y decido ingresar al programa me lo niegan y me dicen que no cumplo con los requisitos. ¿Tengo que perder algún integrante de mi familia o me tiene que pasar algo a mí para que se den cuenta?”.

“Salir a buscar trabajo es complicado porque como saben que soy testigo de la causa de Facundo prefieren no darme un empleo, se me complicó todo”, argumentó.

Contó que sus hijos “se adaptaron rápidamente, aunque están tomando conductas extrañas por el cambio, incluso yo no soy el que era antes, vivo nervioso, preocupado, asustado, mi denuncia es contra la Policía Bonaerense, estoy enfrentado directamente con una fuerza”.

Finalmente, destacó que continúa recibiendo amenazas: “Me abrieron el Facebook de lugares diferentes de Villarino, me aparecieron mensajes en el teléfono, he recibido mensajes en Facebook de amenazas directas: ‘Ya sabemos que estás en Bahía’. Más allá de que tenga custodia, ¿cómo puedo retomar mi vida de ante?”.

La dra. Celeste López Abbate, integrante del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), dijo en FM De la Calle que el dragado del arroyo Napostá que proyecta el Municipio podría no tener el efectos que se pretende en el control de plagas como roedores y mosquitos.

“Creemos que es importante preguntarnos si los beneficios que se esperan obtener en cuanto al control, compensan las pérdidas que se pueden generar en el ecosistema teniendo en cuenta la envergadura de la obra que se planea”.

“Las larvas de mosquito no se crían en agua en movimiento sino en agua estancada. Hemos encontrado larvas en la fuente del parque pero no en el arroyo, los roedores no están asociados al Napostá”, comentó.

López Abbate agregó que “en la zona rural, en otra parte de la cuenca, no encontrás ratas. En general están asociadas a que hay otras fuentes de alimentos que producimos los humanos con nuestras actividades, polos gastronómicos, basura domiciliaria, etcétera”.

La especialista argumentó que la opinión del IADO apunta a “aprovechar el capital científico y técnico que hay en la ciudad, que durante muchos años han generado evidencia científica para conocer los cuerpos de agua locales”.

Explicó que el ecosistema del Napostá “alberga muchas especies, que están en época reproductiva y eso significa que el ecosistema está en equilibrio. Así como está nos brinda un montón de beneficios, los recreativos, área de esparcimiento, todos esos servicios podrían estar en peligro y no compensar lo que se espera obtener como control de mosquitos en este caso”.

“Toda la vegetación, tanto las plantas vasculares, como las algas generan un servicio de retención de contaminantes, retención de suelo. Si se limpia se va a fomentar la erosión de todo el sistema generamos nuevos focos de riesgo. Estamos trasladando el problema aguas abajo”.

“Gran parte de la basura, si no se hace un control pleno en el lugar donde la generamos, la vamos a tener después en el estuario de Bahía que es la desembocadura, que ya está muy impactado por las descargas cloacales, por toda la influencia del centro urbano e industrial”, concluyó López Abatte.

Tellus se ofreció a colaborar en la búsqueda de una alternativa

La comisión directiva de Tellus – Asociación Conservacionista del Sur también requirió evaluar la obra “con una mirada integral sobre el ecosistema” y afirmó que “es fundametal contar con información precisa de la intervención que se propone realizar en el arroyo, para conocer los objetivos del proyecto, los sitios donde se planea trabajar y las metodologías que se utilizarán”.

“En un contexto de pérdida de ambientes naturales, de flora y fauna silvestre y de espacios verdes urbanos, creemos que la conservación de la naturaleza debe ser una prioridad para cualquier gobierno”, afirmó.

La Cámara Federal de Bahía Blanca aceptó el recurso de queja presentado por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín –acompañado por las querellas particular e institucional– y ordenó a la jueza María Gabriela Marrón revisar su decisión de denegar medidas de pruebas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas.

Los camaristas sostuvieron que la decisión de la jueza podría acarrear un daño irreparable en la instrucción porque afectaría el avance de la línea de trabajo que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, principal hipótesis de la parte acusadora.

El allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares relacionados con los policías vinculados a la causa, entre las medidas de prueba en debate.

El pasado 15 de octubre, la titular del Juzgado Federal Nº 2 rechazó masivamente medidas de pruebas solicitadas por los fiscales de la Procuvin y de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, la querella particular y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La decisión fue cuestionada por la parte acusadora y casi diez días después, el 26 de octubre, la jueza declaró inadmisible el recurso de apelación. En ambos casos, Marrón desestimó los planteos del Ministerio Público Fiscal y las querellas, quienes advirtieron que el rechazo de las diligencias solicitadas ponía en serio riesgo el avance de la investigación de lo que, hasta el día de hoy, siguen considerando la hipótesis más robusta de la causa: la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

Ante el rechazo de la apelación, los fiscales Heim y Azzolín presentaron un recurso de queja que fue aceptado por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Con el voto de los dos magistrados, el fallo declaró que la apelación estuvo mal denegada y, por lo tanto, obliga a la jueza Marrón a volver a considerar lo pedido por fiscalía y querellas.

Al momento de rechazar la apelación, Gabriela Marrón había argumentado que, si bien las partes pueden proponer diligencias investigativas, el juez tiene la potestad de practicar sólo las que considere pertinentes y que su resolución es irrecurrible. Sin embargo, los dos jueces de Cámara le recordaron que la potestad de dirigir el proceso no es un principio irrestricto y cede cuando se ven afectado intereses superiores.

“La magistrada podrá compartir o no los pedidos que formulen las partes, pero en modo alguno puede definir e indicar qué hipótesis y qué elementos de la misma deben seguir y considerar los acusadores”, habían sostenido los fiscales en el recurso de queja.

Para los jueces Pablo Candisaro Mera y Pablo Larriera, la denegatoria de las medidas de prueba solicitadas podría afectar el avance de una de las vías de investigación que, por imperio de ley, se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal. Y podría traducirse en un perjuicio de imposible reparación ulterior.

Entre las medidas de prueba que están en debate, se encuentra el pedido de allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone, donde ya se encontró un amuleto que pertenecía a Facundo Astudillo Castro, y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares de policías vinculados con los agentes que tuvieron contacto con Facundo el día de su desaparición.

Sobre el puesto policial en Origone, cabe recordar que la jueza Marrón ya rechazó tres veces el allanamiento. A pesar de los reiterados pedidos de la querella para que se preserve el lugar, tampoco dispuso ninguna medida cautelar que ordene la inalterabilidad del edificio y sus adyacencias.

Tal como vienen sosteniendo los fiscales y las querellas, la demora de estas diligencias atenta contra la posibilidad de encontrar elementos de pruebas valiosos para la investigación. La misma situación ocurre con los teléfonos celulares; esto último, incluso, ya fue corroborado en la causa: los informes realizados por DATIP sobre los celulares secuestrados a las y los policías que tuvieron contacto con Facundo el 30 de abril dan sobrada cuenta de los intentos por eliminar información del día de la desaparición y los días posteriores.

El fallo de la Cámara abre una nueva posibilidad para que la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro se siga investigando. Coincida o no la jueza con la hipótesis de la parte acusadora.

Fuente: Andar.

El Municipio difundió ayer el listado de beneficiarios del Fondo para la Reactivación Turística y Cultural el cual distribuye ayudas financiadas por la provincia. La directora del Instituto Cultural, Morena Roselló, aseguró que los criterios fueron definidos de manera “consensuada”.

“No nos sorprende que se consensue una cosa y se diga otra”, dijo a FM De la Calle el representante de la rama Literatura del Consejo Cultural Consultivo, Pablo Duca.

Las organizaciones culturales habían propuesto que el Concejo Deliberante fije los criterios para la recepción del dinero por ordenanza. Sin embargo, denunciaron que desde la comuna se actuó “unilateralmente”.

Requirieron ayuda 109 espacios de los cuales 73 cumplen con los requisitos. Son 52 establecimientos culturales que recibirán $2.525.068,50 y 21 establecimientos turísticos a los que se entregarán $ 1.118.148,50.

“Se hace una reunión, se enfrentan opiniones que muchas veces son dispares, al término se llega a un acuerdo. Dos horas después, el acuerdo se desvanece porque lo que deciden es totalmente distinto y la manifestación pública es una mentira porque decir una verdad parcial lo es”, agregó Duca.

Duca aseguró que pretendían que “no salga por decreto sino que vincularan a una ordenanza del Concejo Deliberante. Fuimos desoídos, salió como un decreto, nos parecía que era la manera más democrática del debate. Considerábamos que había un atraso en la mirada con respecto a los centros culturales independientes, las bibliotecas populares”.

“Se confundió en el plan del Instituto Cultural los metros cuadrados, empleados que participaran del protocolo, si vos leías eso hasta Walmart podría estar incluido en el beneficio. Casualmente la provincia instaba a la apertura de lo que más demorado estaba por abrirse”.

“Esto arranca con una intencionalidad del Ejecutivo de derogar las cuatro ordenanzas que involucran a la cultura, entre ellas las que le da lugar al Consejo Consultivo. Como no se pudo derogar hubo una actuación de escucha, fue una escucha de oídos sordos a todo lo que se sugirió con una actitud proactiva, de mirada hacia el sector más relegado”.

El sábado el Consejo realizará una asamblea para informar sobre “lo que tiene que ver con las ordenanzas de fondeo de eventos permanentes, el desguazado Fondo Municipal de las Artes y plantear el uso de este fondo de provincia y lo que unilateralmente se decidió”.

Listado de beneficiarios y montos:

Culturales:

La Asociación Artistas del Sur, la Biblioteca Bernardino Rivadavia y el Centro Luis Braille, recibirán $83.333,33 cada una.

Los siguientes establecimientos recibirán cada uno el monto de $49.420,21: Asociación Bahiense de Tango, Asociación Filarmónica de Bahía Blanca, Asociación Teatristas del Sur, Bahía Blanca Che, Bella Vista Galpón Enciclopédico, las Bibliotecas Populares Daniel Aguirre, Don Germán García, Gabriela Mistral, Domingo Pronsato, José Hernández, Mariano Moreno, Martín Allica, Pajarita de Papel, Roberto J. Payró, Rosario Sur, Simón Rodríguez y Villa Duprat; Centro Cultural La Panadería, Centro Cultural Villa Rosas –Biblioteca Popular Eduardo Mallea, Centro Fomento, Cultura y Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, Cinemacenter Bahía Blanca, Club La Esperanza, Espacio + Rana, Espacio Cultural Independiente Casa del Pueblo, Espacio Cultural Motor Colectivo, Espacio Juanita Primera, Feria Artesanal Bahía Blanca, Guillermo Horacio Galassi (Microcirco), Klas Libros, Librería Don Quijote – Henry Libros, Marcelo Carlos Cebrián, Maroma, Márquez Garabano, Maurizi Alejandro Jorge, Museo y Parque Estereoscópico “El Histórico”;, Pez Dorado Espacio Cultural, Sociedad de Fomento y Cultura del Barrio Tiro Federal – Biblioteca Popular Jorge Luis Borges, Teatro El Tablado, Teatro Gran Plaza, Teatro Ingeniero White, Varietté y Vitró.

Y por último, las siguientes instituciones recibirán $25.000: Amigos de la Estación (Ferrocarril Cabildo), Edgardo Ariel Epherra (El Aleph), Marca en Línea, Milagros Rocío Navarrete Valdéz, Museo de Radios Antiguas “Carlos Gardel” y Vanina Santicchia.

Turísticos

Cipriano (turismo gastronómico, $50.000), Hotel Argos ($65.000), Hotel Austral ($65.000), Hotel Bahía ($60.000), Hotel Muñiz ($65.000), Hotel Victoria ($ 60.000), La Barca (turismo gastronómico, $40.000), La Sociedad de los Chicos (salones para eventos, $ 15.000), Asociaciçon Bahiense de Basquet (infraestructura para desarrollo de deportes turísticos, $50.000), Newtown (turismo gastronómico, $50.000), Olivos del Napostá (turismo de naturaleza, $57.000), Orion Apart Hotel ($60.000), Residencia Napostá ($40.000), Restaurante Gambrinus ($50.000), RIa Express Servicios (turismo de naturaleza, $57.000), Santiago Martínez (infraestructura para el desarrollo de deportes turísticos, $ 50.000), Sofia Soberana Hotel Boutique ($60.000), Villa Barley (turismo gastronómico, $50.000), Villa Magdalena (turismo rural, $57.000), Wellness (Dow Center) (servicio de alojamiento $60.000), Whest Guardián del Estuario (turismo de naturaleza, $57.000).

Recicladores levantaron el corte que realizaban en la entrada del Relleno Sanitario en demanda de mejoras salariales y de condiciones laborales. El subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, a través de la policía, les comunicó que mañana los recibirán en el Municipio.

“Lo que reclamamos es lo que se nos prometió cuando se nos asoció a la cooperativa. Hace 20 años que trabajamos en el relleno, se nos prometió una mejora de trabajo y nos meten en un galpón con dos camiones para que reciclemos y acopiemos. Tenemos que esperar 60 o 70 días para tener una carga para poder vender”, dijo a FM De la Calle Sebastián Núñez, trabajador de la Cooperativa Taller 1.

La medida provocó demoras en la recolección de residuos en distintos sectores de la ciudad. Bahía Ambiental informó que en el transcurso del día se retomará el servicio en forma habitual.

Agregó que “son dos camiones por día, cuatro turnos de nueve personas. Los volquetes no nos dejan meterlos en ese lugar, ayer recibí un mensaje de la cooperativa de que no me presente a trabajar por falta de material y tenemos videos del material que están enterrando”.

Núñez detalló que “la cooperativa nos hace el aporte de monotributo, son $12.700 mensuales, con eso subsistimos durante la pandemia. Hace dos meses atrás, después de 20 años, se nos dio la ropa, no estamos bien, nos tratan como mafiosos”.

Meses atrás, trabajadores del relleno denunciaron a Insausti por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y daño a la propiedad. Alegan que el funcionario enterró material que los recicladores tenía para vender.

“Aprovecharon para vaciar el galpón, se manejaron mal, no llamaron a los dueños. Lo que reclamamos ahora es el puesto de trabajo, seguimos como cooperativa, no nos estamos negando pero que nos den el material como corresponde”, comentó Núñez.

El medio del conflicto iniciado meses atrás, el Municipio dejó cesantes a cuatro trabajadores: “Pedimos también como compañeros el reintegro de la gente que quedó afuera de la cooperativa, les retiraron el sueldo”.