La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe anual 2021 sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de un año marcado por la pandemia que evidenció aún más la crisis humanitaria del sistema penal luego de cuatro años de crecimiento sostenido de la población detenida. “La gestión del ministro de seguridad Sergio Berni consolidó las mismas políticas punitivistas de sus antecesores”, advierte.

La actual gestión de gobierno reconoció y asumió en los primeros meses la tarea de descomprimir un sistema penitenciario con elevados índices de sobrepoblación y hacinamiento. Una posición positiva que logró un leve descenso de la población en cárceles rompiendo la tendencia creciente de la última década.

Estas iniciativas no tuvieron su correlato en las decisiones del Poder Judicial ni en las políticas del Ministerio de Seguridad: a pesar del descenso de los delitos, aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial, y las comisarías tuvieron la sobrepoblación más alta de los últimos 15 años.

El reporte es el primero que se presenta luego de la designación formal de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

El informe en detalle

El gobierno de la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires profundizó la tendencia de los últimos 20 años: reformas regresivas, discursos punitivistas y crecimiento sostenido de la población detenida. El nuevo gobierno asumió transitando una profunda crisis provocada por la falta de alimentos y medicamentos en el sistema penitenciario y una huelga de 16.000 personas detenidas. Reconociendo la profunda crisis del sistema de encierro provincial y con el compromiso de transformarlo, convocó a una Mesa Interinstitucional de diálogo entre los tres poderes del Estado y organizaciones de derechos humanos, entre ellas la CPM. Esta iniciativa fue un importante mensaje político que se desactivó luego de iniciada la pandemia.

Los discursos e intenciones del Ministerio de Justicia, los avances importantes en salud mental y otros índices alentadores como la leve caída interanual de personas detenidas, y el descenso de jóvenes y mujeres en el encierro, no encontraron su correlato en el poder judicial que continuó reacio a los cambios, convirtiéndose en el sostén de esta política de sobre encarcelamiento. La excepción fue el fallo del Juez de Casación Víctor Violini, que rápidamente fue revocado por la Suprema Corte. Por su parte, la gestión del ministro de seguridad Sergio Berni, consolidó las mismas políticas punitivistas de sus antecesores.

En un contexto atravesado por la pandemia, la habilitación de los teléfonos celulares fue una valiosa iniciativa: ante la suspensión de las visitas, garantizó a las personas detenidas el acceso a su derecho a la comunicación y al vínculo familiar. También se constituyó en una herramienta para visibilizar y documentar casos de torturas, malos tratos y nula atención médica.

La angustia y desesperación de las personas detenidas demandó una mayor intervención de la CPM que lanzó el programa Punto Denuncia Torturas, junto a ocho organizaciones de familiares y ex detenidos/as de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa novedosa permitió fortalecer la capacidad de recepción de denuncias y la intervención frente a las violaciones a los derechos humanos en lugares de encierro.

De este modo, durante el 2020 los equipos de la CPM y del Punto Denuncia Torturas, realizaron 21.500 entrevistas a personas detenidas o sus referentes afectivos en las que se relevaron 34.500 hechos de tortura o malos tratos; casi la mitad de estas denuncias, más de 16.000, fueron por hechos de violencia o morosidad judicial. Esto confirma la sistematicidad de la tortura como forma de gobierno de la población encarcelada.

A partir de estas comunicaciones, se presentaron 16.200 escritos judiciales, entre ellas 3.200 habeas corpus individuales y 13.000 acciones urgentes. También se presentaron 120 acciones colectivas por hacinamiento, escasez de alimentos, falta de atención médica, falta de insumos de higiene, protestas, huelgas de hambre, represión, casos sospechosos o positivos de Covid-19.

Además, durante el 2020 la CPM continuó realizando inspecciones a cárceles, comisarías, alcaidías y centros de detención de jóvenes, la mayoría de carácter urgente frente a los conflictos que se presentaron.

Durante las protestas producidas los días 21 y 22 de abril en las unidades 10 de Melchor Romero y 23 de Florencio Varela y las ocurridas en nueve Unidades de toda la provincia el 31 de octubre y 1 de noviembre, los equipos de la CPM se constituyeron en todas ellas, realizando un seguimiento de las víctimas de la represión los días posteriores.

El informe sobre este último hecho habla de la magnitud de lo ocurrido: más de 1.500 personas padecieron represión extrema, torturas y traslados compulsivos. Sobre este universo, en 516 personas se constataron judicialmente un total de 634 lesiones. En 113 casos las lesiones fueron provocadas por postas de goma disparadas contra la cabeza, lo que está expresamente prohibido; 17 personas perdieron un ojo, una ambos ojos y otra parte de su oreja, lo que produjo discapacidades permanentes. Las represalias se vieron incluso en los incendios intencionales provocados por los agentes penitenciarios en los centros universitarios de las cárceles 48 de San Martín y 31 de Florencio Varela.

Antes de la represión, el Servicio Penitenciario Bonaerense ya había mostrado su accionar criminal provocando y fogoneando la protesta, incitando a los detenidos a subirse a los techos, sosteniendo las escaleras para que lo hagan o abriendo las puertas de los patios sin custodia.

También cabe recordar que durante esos hechos falleció Joel Román Carretero por una “lesión sufrida por la caída desde uno de los techos” en la UP 46 de San Martín. En la represión de abril en Florencio Varela, Federico Rey fue asesinado por penitenciarios que dispararon con bala de plomo, a pesar de estar prohibido su uso en el interior de las cárceles.

La reiteración de las recetas punitivistas en la cartera de seguridad

En las políticas de seguridad de la Provincia se intensificaron tres rasgos: retroceso en la conducción civil de las policías y unificación de las jefaturas, profundización del esquema de saturación policial como mecanismo de gestión territorial y agravamiento de la crisis humanitaria en las comisarías. A diferencia de otras áreas de la actual gestión, el Ministerio de Seguridad insistió en una receta que ya tiene 20 años y un fracaso reiterado: el punitivismo como única respuesta a los problemas de seguridad.

Como el mismo gobierno reconoció, los delitos se redujeron en promedio casi un 30 % por efecto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; sin embargo, crecieron exponencialmente las aprehensiones policiales: de 280.000 en 2019 se pasó a 410.088 en 2020, es decir 130.000 personas más. De estas 410.088 personas aprehendidas, apenas 37.607 (9,2 %) fueron privadas de su libertad por imputación de un delito y sólo 15.249 (3,7 %) ingresaron luego al Servicio Penitenciario Bonaerense porque se les dictó prisión preventiva o fueron condenadas.

Es decir, casi 9 de cada 10 personas fueron aprehendidas sin vinculación con la comisión de delitos. Esa hiperactividad y arbitrariedad de las fuerzas policiales en el despliegue territorial tuvo dos consecuencias directas: el aumento de la violencia policial y la saturación de las comisarías como lugares de detención.

Sobre el primero de los puntos, sólo la CPM registró durante el año 400 casos de violencia policial que involucran 577 hechos y 123 muertes por uso letal de la fuerza en territorio bonaerense. Si bien los 123 casos registrados en el 2020 marcan un descenso interanual, 21 menos que en 2019, es relevante incorporar al análisis la disminución de las denuncias de ilícitos; elemento que debe considerarse porque la mayoría de las muertes producidas por policías se generan en circunstancias en las que, supuestamente, son víctimas de robo.

Los casos de gatillo fácil, que terminaron en la muerte de Lucas Verón, Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, son una muestra de prácticas estructurales que se reiteran. A estos se suma la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, donde innumerables indicios dan cuenta de la actuación policial, no investigada por la justicia federal.

Sobre las violaciones a los derechos humanos en comisarías, el incremento de personas detenidas en dependencias policiales alcanzó en noviembre el record de los últimos 15 años: 5.600 personas se alojaron en 1.221 plazas. El promedio anual fue de 4.849 personas, esto implicó una sobrepoblación del 295%, casi 80 puntos más que el año anterior.

En ese contexto crítico, 18 personas murieron en comisarías bonaerenses durante 2020; la misma cantidad que en 2018 aunque tres personas menos que en 2019.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad continuó incumpliendo con las órdenes judiciales de clausurar comisarías, incluso con una resolución del propio Tribunal de Casación provincial y también con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares sobre 21 dependencias.

A diciembre de 2020, se informaron 304 comisarías ocupadas, de las cuales 131 se encontraban inhabilitadas para alojar personas ya sea por inhabilitación ministerial o clausura judicial. Sin embargo, en esta condición alojaban al 36% del total de personas detenidas.

Finalmente, no sólo el Ministerio continuó incumpliendo órdenes de clausura, sino que también demostró su desdén con las instancias de diálogo y se ausentó sistemáticamente de las mesas de trabajo convocadas por el gobierno en el marco de las medidas cautelares en trámite ante la CIDH.

Algunos indicios alentadores que deben consolidarse

A nivel provincial el número de personas detenidas se mantuvo estable, pasando de 51.215 en enero de 2020 a 50.520 en enero de 2021, es decir una diferencia de 695 personas (-1%). Como puede observarse, no existió ninguna liberación masiva de personas. No obstante, la variación interanual fue negativa por primera vez en 13 años. Y como se dijo, luego de cuatro años en donde el crecimiento de las personas detenidas fue exponencial, a un promedio interanual del 9%.

Sin embargo, este leve descenso también debe analizarse considerando que la cantidad de delitos disminuyó en la provincia de Buenos Aires, conforme fuera anunciado conjuntamente por el procurador general de la Provincia Julio Conte Grand y el ministro de Seguridad Sergio Berni en septiembre de 2020. Es decir, si bien el delito disminuyó de manera considerable no hubo un correlato similar en la disminución de personas detenidas.

Con todo esto, la tasa de encarcelamiento cada 100.000 habitantes (mayores de 18 años) bajó de 415 a 399, equiparando el registro de 2018. Si bien 2020 interrumpió la tendencia ascendente iniciada en 2014, la tasa de encarcelamiento actual es 55% más alta que hace diez años.

La sobrepoblación del sistema carcelario descendió de 118% en 2019 a 106 % en 2020. Esto significa que todavía la mitad de los/as detenidos/as no tuvo espacio para dormir. Sin embargo, puesto en la serie histórica, 2020 rompió una tendencia ascendente iniciada en 2008 y exacerbada desde 2014.

Por otro lado, la pandemia evidenció la crisis sanitaria en el encierro y reforzó un reclamo ya histórico de la CPM: el pase de Salud Penitenciaria a la órbita del Ministerio de Salud para integrarse a las políticas sanitarias provinciales. Durante el 2020 murieron 178 personas en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires; 30 más que el año anterior. Esto es un promedio de 15 muertes por mes o una cada dos días. De las 178 muertes, 29 fueron por Covid-19; 152 fueron por cuestiones de salud no asistidas, en su mayoría cuadros que de haberse tratado a tiempo las personas hubieran vivido o al menos extendido su sobrevida.

Las políticas de encierro durante el 2020 también muestran el descenso de la cantidad de mujeres, travestis, trans y jóvenes en prisión, datos alentadores porque hablamos de poblaciones particularmente vulnerables.

Al finalizar el año, había 2.028 mujeres privadas de su libertad en el SPB, esto es un 10,5% menos que el año anterior. Particularmente notorio fue el descenso de mujeres embarazadas o detenidas junto a sus hijos/as menores de 4 años: a diciembre de 2020, eran 33, un 57% respecto del año anterior.

Por su parte, la cantidad de personas trans y travestis detenidas se redujo un 19 % pasando de 101 en 2019 a 82 en 2020.

Con respecto al fuero de responsabilidad penal juvenil, la cantidad de jóvenes detenidos en dispositivos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) se redujo de de 676 en enero a 503 en diciembre del año pasado, un dato positivo que redujo el histórico problema de hacinamiento. Sin embargo, se denuncia en este informe la muerte de dos jóvenes por falta de políticas adecuadas de prevención de los suicidios. Uno de ellos había sido víctima de torturas el día anterior.

Hay otro dato poco alentador: sólo 245 de los 753 niños, niñas y jóvenes ingresados a dispositivos del OPNyA durante el 2020 tuvo algún contacto previo con el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y jóvenes. Es decir, el Estado llega tarde y con respuestas punitivas a trayectorias marcadas por la vulneración de derechos.

El otro dato preocupante que se sostiene en el tiempo tiene que ver con los jóvenes inimputables de 15 años o menos que ingresan al sistema de encierro; durante el 2020, fueron un 12% del total.

Por último, una mención especial merecen las políticas de salud mental que presentaron notables avances en la elaboración y presentación de los planes de readecuación de los manicomios públicos para cumplir con la ley de salud mental, y también en las acciones tendientes a fortalecer los dispositivos de externación. Como consecuencia, bajaron la cantidad de personas encerradas en manicomios públicos y la cantidad de fallecimientos en estos ámbitos. A 10 años de la sanción de la ley, esa deuda comienza a saldarse.

En esa línea, urge ahora consolidar la fiscalización y control de las comunidades terapéuticas; a diferencia del sector público, las muertes se incrementaron en las instituciones privadas. También es necesario intervenir las unidades carcelarias 34 y 45 que alojan a personas con padecimiento mental, lugares que no siguen una lógica tratamental sino securitaria sin cumplirse con la ley de salud mental.

La CPM presenta este informe, el Sistema de la crueldad XV, como una herramienta para la transformación profunda de la política criminal en la provincia que promueva y consolide el paradigma de los derechos humanos como garantía fundamental de la democracia.

La CTA y un grupo de organizaciones pidieron al intendente Héctor Gay que cumpla con una ordenanza del 2009 que establece que se implemente un sitio de la memoria en la Plaza del Sol/Lavalle/de la Resistencia y la Memoria.

“El municipio debería llamar a las organizaciones de derechos humanos, a los colegios profesionales y hacer una especie de concurso público para establecer de qué manera se iba a establecer para recordar la memoria de los 30 mil desaparecidos. Estamos reclamando que se cumpla con esa ordenanza. Ninguna de las administraciones municipales la ejecutó”, dijo a FM De la Calle, Dante Patrignani, secretario de derechos humanos de la central.

Semanas atrás retiró el cartel de Memoria Verdad y Justicia. “Como son tan exigentes con el cumplimiento de las ordenanzas, como me dijo el secretario de Espacios Públicos en su momento que deberíamos conocer las ordenanzas para poner un cartel”, pretenden que la comuna cumpla con la 15.190 aprobada en 2009 por el Concejo Deliberante.

Patrignani agregó que “vamos a hacer una campaña de firmas personales, además de las organizaciones que acompañan la nota. Mientras tanto consideramos que el cartel que pusimos vino a suplir al falencia por parte de la Municipalidad y pedimos que se habilite para volver a colocarlo”.

“Pedimos una entrevista con el intendente para discutir esto. Históricamente es el lugar de la memoria en Bahía Blanca, desde el primer mural con los nombres de los desaparecidos de la ciudad siempre fue un lugar emblemático”, señaló.

Por último, en relación a la sentencia por el juicio a integrantes de la Triple A por crímenes de lesa humanidad que se conocerá el 2 de agosto, mencionó que “tenemos acordado llamar a quienes quieran participar, los que no puedan ingresar a la sala, hacerlo desde la calle, acompañar esto con las imágenes de víctimas de la Triple A y hacer un acto y reconocimiento. Entendemos que debe haber una manifestación pública”.

Con mentiras y descalificaciones respondió el ministro de Seguridad, Sergio Berni, a la consulta sobre el estado de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro. “Hablemos claro, la justicia determinó lo que pasó, después hay una contraparte que no quiere aceptarlo y recusa permanentemente”, afirmó el jefe de la Bonaerense.

“Tremendo mansplaining recibí”, dijo la periodista Catalina De Elía luego de la entrevista en el programa “Fuego amigo” en referencia a las intervenciones machistas del funcionario que la trató de mal informada y le intentó explicar el funcionamiento de la justicia.

Berni agregó que “quienes acusan son los fiscales, un juez determina si lo que acusan tiene coherencia y verosimilitud para avanzar en la investigación. La jueza ha dicho, en todas y cada una de las oportunidades que los fiscales pidieron ridiculeces, señores esto no existe”.

La Cámara Federal bahiense efectivamente rechazó las quejas contra la jueza Gabriela Marrón presentadas por la Fiscalía. Por eso, Horacio Azzolín, Iara Silvestre y Andrés Heim, esperan una definición por parte de la Cámara de Casación.

En cuanto a las medidas probatorias que Marrón rechazó sistemáticamente, la Alzada tuvo otra postura. En febrero habilitó el secuestro de celulares de varios policías y un nuevo allanamiento en Origone en base a indicios que la jueza no quiso ver: el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el patrullero que el 30 de abril conducía Alberto González, en ese momento a cargo del puesto policial de Origone; el amuleto de Facundo encontrado en un viejo calabozo del mismo lugar y la declaración de una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado a funcionarios municipales comentar que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer.

“Todas las veces que se recursó (sic) a la Cámara e inclusive intentaron sacarla, la Cámara dijo que lo que está haciendo hasta acá es correctísimo. Y para la semana que viene le voy a traer un regalo”, dijo Berni. Según sus palabras, se trataría de “una información bastante interesante”. La periodista destacó la necesidad de “que la mamá de Facundo sepa qué pasó con su hijo” porque “la justicia todavía no lo dijo”.

Por otro lado, el ministro afirmó que “la justicia federal tomó la causa no de manera inmediata sino pasado un tiempo, la estaba llevando adelante la Policía de la provincia de Buenos Aires” y agregó que el día que aparataron a la fuerza a su cargo “lo estábamos buscando en el lugar donde se encontró el cuerpo”.

Cabe aclarar que la Bonaerense fue separada en el momento en que se evidenciaron las sospechas sobre algunos de sus integrantes y se comenzó a investigar los hechos como una posible desaparición forzada.

Previamente, la policía de Berni intentó sostener que Facundo había llegado a Bahía Blanca, que se lo había visto vendiendo bolsitas de residuos o que tenía vínculos con el narcotráfico. De hecho, recurrió a uno de los suyos: Jorge Agustín Galarza se presentó ante Fiscalía como un vecino de Cerri que había estado en contacto con el joven, quien le habría dicho que iba camino a Ing. White y luego a Devoto.

Por otra parte, fueron Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores -dos de los policías sospechados- quienes llevaron a la testigo H a la Policía Federal y al fiscal Santiago Martínez. La mujer declaró que levantó a Facundo en la ruta y lo acercó hacia nuestra ciudad en un testimonio que se contradice en varios puntos con el del oficial González. 

Tampoco se privaron los hombres de Berni de intimidar y perseguir a amigos y familiares de Facundo para que se hicieran cargo de “algo” que justificara su desaparición como denunció, Marcelo González, ex cuñado del joven de Pedro Luro.

Durante los últimos días, la causa que investiga la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro incorporó nuevas medidas de prueba que contradicen la hipótesis de una muerte por accidente en la ría de Bahía Blanca y obligan a profundizar la investigación sobre la participación de los agentes de la Policía bonaerense en el hecho.

A instancias del Ministerio Público Fiscal, la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se realizó un nuevo reconocimiento al lugar donde fueron hallados los restos óseos. El fiscal Horacio Azzolin y la fiscala federal de La Pampa Iara Silvestre –designada en la causa en reemplazo de Ulpiano Martínez– estuvieron en el lugar y acompañaron el recorrido que realizaron las personas que encontraron los restos óseos y dieron aviso a las autoridades.

Durante ese reconocimiento, uno de los pescadores dio precisiones sobre las características de esa zona de la ría, que visita asiduamente desde hace más de 20 años: “Podés caminar hasta la vera del agua sin enterrarte, sólo te vas a embarrar”, describió. Y agregó que “tendrías que ingresar más de diez metros a la ría para que el agua te llegue a la altura de la rodilla”. Sobre el lugar específico en donde se encontró el cuerpo, el pescador reconoció también que, cuando la marea sube, sólo queda cubierto por unos pocos centímetros de agua.

Estos nuevos elementos en la causa significan, prácticamente, descartar la hipótesis de un accidente que pueda haber sufrido Facundo mientras caminaba por la zona de cangrejal. Hipótesis que sigue construyendo la jueza federal María Gabriela Marrón y cuya única prueba para justificarlo era un informe del Instituto Argentino de Oceonografía (IADO) que, sin ningún tipo de rigor científico, aventura hipótesis sobre un posible recorrido de Facundo para concluir que se trató de una muerte accidental. Un informe que fue rechazado y recusado por el Ministerio Público Fiscal y aún así incorporado por la jueza.

El testigo también recordó que, además de los restos óseos, habían encontrado a pocos metros una zapatilla y otras prendas de vestir. En su momento, les señaló esos elementos al fiscal federal Ulpiano Martínez –a cargo de la instrucción– y el subcomisario de la Policía Federal José Pérez que dirigieron el operativo el día del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, los funcionarios incumpliendo con sus obligaciones, no secuestraron esas pruebas. Recién al día siguiente, cuando ya estaba en el lugar el Equipo Argentino de Antropología Forense, la mamá de Facundo, Cristina Castro, vio la zapatilla y se ordenó su secuestro para la causa.

Cabe recordar que, a partir de una presentación de la CPM, ya existe un expediente en la Procuración General de Nación por mal desempeño en las funciones del fiscal Ulpiano Martínez. Con esta declaración se ampliará esa denuncia, se solicitará a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Nación la investigación sobre la actuación de Pérez y se presentará una denuncia penal para que se investigue la conducta de ambos funcionarios.

Por otra parte, recientemente se incorporó a la causa la pericia sobre los trozos de piedra de turmalina hallados en el puesto policial de Teniente Origone y en el baúl del móvil de la Policía Local de Bahía Blanca que según el registro de AVL, el 8 de mayo del año pasado estuvo varias horas en la zona del cangrejal donde semanas después se encontraron los restos óseos de Facundo. El informe pericial determinó que había coincidencias entre los dos trozos analizados, que por otro lado fueron encontrados a partir del señalamiento de uno de los perros rastreadores que intervinieron. Cabe recordar que al momento de la desaparición, Facundo llevaba en su cuello un colgante con una piedra de turmalina.

También se conocieron los primeros resultados de nuevas pericias a los teléfonos celulares incautados a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Xiomara Flores, Jana Curruhinca, Alberto González y Mario Sosa; los cuatro efectivos que tuvieron contacto con Facundo el día que fue visto con vida por última vez. Sobre el peritaje sobre estos teléfonos, el informe realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) destaca el particular contacto entre González, el policía que estaba cargo del destacamento de Teniente Origone y detuvo a Facundo en la ruta el 30 de abril, y sus superiores.

También resalta un comentario que hace sobre su declaración ante la Ayudantía Fiscal a cargo de García Dimas, donde tramitó en un principio la causa antes de pasar al fuero federal. “Después de eso es que me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”, escribió.

Como ocurrió en peritajes a teléfonos anteriores, hubo mucho material que no pudo recuperarse porque había sido eliminado por los policías, las aplicaciones desinstaladas o, incluso, dadas de baja las líneas telefónicas. Todavía restan los peritajes sobre los últimos teléfonos secuestrados en el allanamiento a la casa de Flores y Sosa.

“A pesar de los intentos por entorpecer la investigación, que las querellas venimos denunciando desde hace tiempo, tanto en la actuación del fiscal Ulpiano Martínez y la Jueza Marrón, aún se sigue produciendo pruebas valiosas y que no hacen más que ratificar la hiper intervención policial en torno a los hechos de esta causa, en la desaparición el 30 de abril y en las circunstancias en que se encontró el cuerpo de Facundo”, señalaron desde la CPM.

En se sentido, la Cámara de Casación debe aún resolver el pedido de recusación de la jueza Marrón realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Andar.

Fotos: Luciano Peretto y Cristina Castro.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) envió a la Fiscalía un informe sobre los datos obtenidos de los celulares de Mario Gabriel Sosa, Siomara Anyelén Flores, Jana Curuhinca y Alberto González. Habían sido entregados a Gendarmería el 19 de febrero.

En el marco de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, la justicia aún busca dispositivos utilizados por los agentes involucrados. De hecho, otros tres aparatos fueron secuestrados por orden de la Cámara Federal, en un allanamiento a la vivienda que comparten Flores y Curuhinca en Pradere.

“El diablo en persona”

Según la pericia de la DATIP, del equipo Samsung SM-701M aportado por Sosa se extrajo una tarjeta SIM Claro con una agenda de 99 contactos entre los que se prestó particular atención al de Flores -“Amor”-, al del comisario Luis Alberto Godoy, jefe de turno de la Estación de Policía Comunal Villarino 1° y a otro identificado como “Berrios”.

Roberto Carlos Berrios fue uno de los primeros agentes señalados en el marco de la búsqueda de Facundo por sus antecedentes de hostigamiento contra les pibes del Semillero Cultural.

El subteniente fue trasladado el 8 de julio de 2020 desde la Estación Policial 2° de Mayor Buratovich -donde se desempeñaba desde octubre de 2011- a la Policía de Seguridad Departamental de Bahía Blanca y, una semana después, a la Comisaría 7° bahiense.

Consta en su legajo que está casado con Paola Fabiana Aguilera, oficial de la Unidad de la Policía de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca, sede de la cual se secuestraron los libros de guardia y el Toyota Etios donde se encontraron restos de una piedra turmalina similar a la del collar de Facundo.

Cristina Castro declaró en septiembre que durante un rastrillaje vio llegar un patrullero desde Médanos, del cual bajaron el comisario Marcos Navarrete y Berrios. “Cuando lo vi le dije a Luciano (Peretto) ‘a mi flaco me lo mataron, me lo mataron acá. Esa persona que viene ahí es el diablo mismo en persona. Es el mismo oficial que ha hostigado y maltratado tantos años a los chicos del Semillero Cultural al que asistía Facundo acá en Pedro Luro’. Se reía y tuvo el descaro de ir a saludarme y darme la mano”.

Recordó que en Luro no tenían dónde denunciar a la Bonaerense “cuando llamaban las mamás que los peques estaban en la comisaría porque Berrios los cagaba a patadas, junto a otro oficial que había en Pedro Luro. Los golpeaba y les decía negros chorros, drogones. Se los subía arriba del patrullero y se los llevaba a la comisaría”. Castro mencionó que el subteniente “fue a la primera persona que apartaron y la llevaron a Bahía Blanca” y que, años atrás, había estado involucrado en otro “incidente feo” con Facundo. A su hijo le tocaron la rueda de atrás de la moto, cayó y lo trasladaron al hospital. La moto quedó intacta y fue levantada por la policía. Cuando la fueron a retirar del corralón “estaba destruida. Toda golpeada y rota por todos lados”.

Respecto al comisario de Médanos, Luis Alberto Godoy, cabe destacar que fue quien tomó testimonios relevantes durante la primera etapa de la causa junto al sargento Dmitrij Janovskis, quien el 8 de mayo de 2020 fue destinado a Origone con Alberto González. Los tres están sospechados de haber manipulado el libro de inspección y visita del Puesto de Vigilancia donde se encontraron el amuleto y otros objetos de Facundo.

¿Dónde están las fotos?

Jana Curuhinca entregó un celular Samsung SM-A605GN del cual no se pudo extraer información porque la pantalla no funcionaba y otro marca XIAOMI Redmi M2003J15SS en el cual, si bien presentó dificultades, se pudo constatar la existencia de imágenes fechadas a partir de agosto de 2020.

“No se encontró ninguna de las cuatro fotos originales que Jana Curuhinca le habría sacado a Facundo José Astudillo Castro el 30/04/2020. En consecuencia, las fotos originales de Facundo y de su DNI, presuntamente tomadas por Curuhinca (y los metadatos que indiquen fecha, hora y eventualmente lugar) aún no han sido halladas”, destacaron los peritos.

Una luz en el camino

Alberto González entregó un celular SAMSUNG SM-G532M con una tarjeta SIM Movistar. El análisis de su contenido permitió identificar otro número de abonado a partir de un testimonio recogido durante el operativo de secuestro de la libreta con anotaciones sobre Facundo y sobre la testigo H.

En otros chats, el policía de Origone coordina un encuentro en su casa del barrio Patagonia Norte con el editor de La Brújula, Germán Sasso, quien le realiza consultas referidas a la zona en la cual detuvo a Facundo. “Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. La verdad, fuiste una luz en el camino oscuro que tuvimos”, agradece el Bonaerense a quien “nos pone más inocente”.

Con Sosa coordinan para firmar la designación del abogado del Municipio de Villarino, Sebastián Martínez, como defensor de los cuatro sospechados y la asistencia de un psicólogo a cuenta del gobierno provincial que acerca Federico Montero, delegado del ministro Sergio Berni.

González le cuenta al responsable de La Brújula que había sido citado junto a todos los jefes de dependencia a Médanos donde “Navarrete nos empieza a cagar a pedos”. “Se la agarra conmigo, me dice que yo tenía que saber (…) que él había pasado por ahí, que yo lo tenía que haber visto. Un estúpido Navarrete porque te imaginás no me voy a poner en la ruta a ver quién pasa y quién no pasa”.

Según el policía, relacionó el día con la descripción de Facundo y llamó a su ayudante para que le acerque su libreta. “Yo más que nada para taparle la jeta a Navarrete y le dije ‘ves que me cagás a pedos a mí al pedo si yo tengo acá todo anotado, yo lo paré y tengo todo, es más yo le aviso a Reynoso por teléfono que el pibe iba para Bahía’. Y, claro, ahí se destapa toda la olla, te imaginás, Reynoso quedó como un estúpido (…)”.

A partir de allí, afirma González, lo mandan a declarar a la Ayudantía Fiscal a cargo de Dimas García. “Como que se sacaron un poco el peso ellos de encima, porque hasta ese momento no tenían nada, ninguno. O sea, al ser yo el último que lo para y aportar todos los datos que yo aporto, es como que zafan todos del cuello porque si no estaban todos hasta las manos, tanto Navarrete como Grilloni que era el jefe de Luro. Los cagaban a pedos de la departamental, había un quilombo bárbaro”.

“Después de eso es que me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”.

Esta última referencia llamó la atención de los peritos informáticos y sumó contradicciones a la coartada de González. En la fotocopia de la hoja de la libreta aportada a la justicia el 2 de julio de 2020 sí está anotada la patente del vehículo en el que la testigo H diría luego haber trasladado a Facundo. En la misma libreta puede leerse arriba del número de chapa “HR-V GRIS”. Sin embargo, el 22 de julio González le dice a Janovskis que él nunca afirmó que Facundo se había ido “en una Honda” sino que “siempre sostuve lo mismo (…) para mí era una Oroch”.

“¿De dónde la vamos a conocer?”

Finalmente, el 14 de julio, con la causa ya en manos de la justicia federal, González chatea con el comisario Reynoso, con quien mantuvo reiteradas comunicaciones el día de la detención y desaparición de Facundo.

En este caso se refieren a la “aparición” de la testigo H, la productora rural cuyo testimonio aportaron los sospechosos Sosa y Flores. La declaración la tomó la Policía Federal y la incorporó al expediente el fiscal Santiago Martínez sin notificar a la querella. La Federal, al igual que la Bonaerense, terminaría apartada de la investigación por reiteradas irregularidades. El fiscal, denunciado y autoexcluido por “violencia moral”.

González afirma que con la testigo “prácticamente, zafamos (…) porque la mina no nos conoce, no tiene ninguna clase de relación con nosotros”. Reynoso responde: “Los de Burato por ahí la conocen, si es que alguna vez la pararon, alguno la puede conocer de ahí, pero nada más. ¿Vos de dónde la vas a conocer? Sos de la otra punta, yo estoy de este lado ¿De dónde la vamos a conocer? Pero bueno, gracias a Dios apareció”.

“Está bueno que (la declaración) no la tomamos nosotros, para que después no digan que la salimos a buscar. Aparentemente llegó una información, se comunicó al Juzgado Federal y una comisión de la Policía Federal, mientras se hacían los rastrillajes”, dice González y se ubica “fuera de sospecha”.

El silencio del jefe

Entre la información obtenida en el celular XIAOMI Redmi M1908C3JG y la tarjeta SIM Claro entregada por Siomara Flores, los técnicos destacaron las referencias a la desinstalación de la aplicación WhatsApp, al intercambio de notas sobre la búsqueda de Facundo con sus hermanas y otros policías y a la preocupación por la salud mental de su hermana Jana.

Son reiterados los mensajes que intercambia con Sasso, a quien, por ejemplo, menciona que los policías que fueron a constatar el domicilio de Facundo luego de su primera detención por infringir el art. 205 habrían sido los oficiales Nadia Soledad Maraz y Marcelo Condori, nombres que no constan en el acta firmada por la oficial inspector Tamara Becerra.

Por otro lado, comenta que el policía que habría parado días antes de la desaparición de Facundo “a la productora rural por un tema de tránsito” fue “Marcelo González” y que desinstaló su WhatsApp el 9 de mayo de 2020 ante supuestas amenazas de dos “malandras” vinculados a robos en la zona.

En un grupo compartido con sus hermanas Jana y Y. comentan notas sobre la desaparición de Facundo al igual que lo hace con su pareja -“Mi hermosito”- Mario Gabriel Sosa.

Al comisario inspector Marcos Navarrete -padre de su hijo y jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Villarino- le pregunta si recuerda cuándo había desinstalado su WhatsApp y le pide ayuda para que le saquen el arma a su hermana por la mala situación anímica que atraviesa. Lo mismo hace con el ahora ex jefe de la Estación de Policía Comunal de Villarino 2°, Fernando Gabriel Grilloni, a quien además le pregunta si su hermana podía entregar a la Policía Federal un celular roto que utilizaba “antes que pase esto del chico” para que recuperen los datos y “que sepan que no hicimos nada”. El jefe nunca le responde.

El director de Espacios Públicos, Pablo Bianco, solicitó a la CTA el retiro del cartel que señaliza la Plaza Lavalle/del Sol como Plaza de la Memoria y la Resistencia. Sin embargo, antes de recibir respuesta mandó quitarlo del lugar.

Hace más de una década, la reactivación de obras en el edificio de Saavedra y O’Higgins eliminó el paredón que tenía inscriptos nombres de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado. Por ello, el 10 de marzo de 2009 el Concejo Deliberante ordenó implementar un sitio de la memoria en la plaza. Desde entonces, la normativa fue incumplida por todos los gobiernos comunales.

“Bianco me dijo que tenía que sacar el cartel porque no tenía permiso. Le contesté que dábamos por descontado que no nos iban a dar el permiso y que la militancia de los derechos humanos nunca pidió permiso a los poderes de turno”, dijo a FM De la Calle Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la central.

Agregó que Bianco fue “muy duro, me dijo ‘si lo sacan ustedes lo conservan si no lo sacamos nosotros’. (…) Le dije que le hacía una nota solicitando el permiso. Me dijo que no. Le dije, a modo de anécdota, tantas chanchadas que hicieron en el espacio publico y me venís a reclamar esto y me contestó: una cosa no justifica la otra”.

El secretario de Derechos Humanos de CTA declaró que quitaron la señalización “en menos de 24 horas sin siquiera poder charlarlo entre nosotros. Al día siguiente, a la mañana temprano, una cuadrilla de la Municipalidad se lo llevó. Acá hay una cuestión ideológica detrás, la fuerza política que gobierna la ciudad ha tenido una política de negar los crímenes de la dictadura, de ralentizar los juicio de lesa humanidad”.

“El mismo día (que se quitó el cartel), en la sesión del Concejo Deliberante la bancada oficialista se negó a aprobar una declaración relacionada con el asesinato del estudiante David ‘Watu’ Cilleruelo, víctima de la Triple A, si la oposición no votaba el aumento del boleto de colectivo. Con la bajeza que los caracteriza pretendieron usar su nombre como moneda de cambio por una medida a todas luces impopular”, manifestó la CTA en un comunicado.

Patrignani agregó que “tiene el mismo trasfondo ideológico, las declaraciones formales los 24 de marzo las hacen para quedar bien, no tuvieron nunca un compromiso con la política de derechos humanos. Si bien el nombre Plaza de la Memoria y Resistencia no es oficial vamos a ver si pedimos que se la rebautice por ordenanza”, dijo Patrignani.

Doce años de incumplimiento municipal

La Ordenanza 15.190, promovida por Norberto Martínez (Integración Ciudadana), insta al Municipio a convocar “a las organizaciones de derechos humanos y agrupaciones interesadas en la temática, como así también a los colegios profesionales a conformar una comisión que proponga los elementos valorados para el llamado a concurso de propuestas para la implementación del lugar”.

También autoriza a la comuna a “llamar a concurso de propuestas para la realización de un proyecto tendiente a erigir el denominado Sitio de la Memoria”.

El fiscal a cargo de la Fiscalía General de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, y la titular de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, solicitaron que no se hiciera lugar al recurso de apelación interpuesto por el Partido “NOS” de la provincia de La Pampa contra la decisión del Juzgado Federal de Santa Rosa que había rechazado la demanda de inconstitucionalidad promovida por la organización política contra la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“El planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”, afirmaron.

El y la representante del MPF argumentaron que la demanda no ha demostrado la existencia de un caso individual ni colectivo y que los demandantes no tienen legitimidad, al tiempo que ingresaron en el fondo del asunto, para lo cual analizaron la normativa nacional e internacional.

El planteo de inconstitucionalidad realizado el 1° de febrero por los representantes del partido NOS de La Pampa había sido rechazado en marzo por el juez federal Juan Jose Baric, en concordancia con lo solicitado por la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Iara Jésica Silvestre.

La fiscala había remarcado la constitucionalidad de la IVE, haciendo un recorrido sobre distintos pronunciamientos del derecho internacional sobre el tema, y cuestionó la procedencia de la demanda, ya que no había un caso concreto que les cause un perjuicio tal que amerite la utilización del último recurso posible respecto de una ley.

Ante la apelación interpuesta por el presidente de la organización política, Azzolin y Labozzeta expresaron su coincidencia con lo dictaminado en primera instancia por Silvestre y ampliaron los fundamentos sobre el fondo del asunto.

La falta de caso y de legitimación para accionar

Ante los argumentos de la parte demandante de que la ley de IVE lesiona un derecho de incidencia colectiva, el y la representante del MPF sostuvieron que la cuestión no puede ser abordada en el marco de una causa colectiva, ya que “un bien colectivo es aquél que pertenece a toda la comunidad, por lo que es indivisible y no admite exclusión alguna; en el caso de la ley 27.610, no se encuentran en juego los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, ni ningún otro de incidencia colectiva”.

En ese sentido, Azzolin y Labozzeta expresaron que, al no verificarse la existencia de un caso en el que se compruebe una lesión concreta a un derecho individual o colectivo, “el planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede entonces ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”.

Es decir, que para que haya competencia del Poder judicial, se requiere que la demanda “se funde en la existencia de una afectación concreta de un derecho constitucional, haya derechos lesionados o una amenaza seria de daño”.

Por otra parte, remarcaron la falta de legitimidad de quienes realizan el reclamo, ya que se trata de un partido político que no solo no ha sido hasta el momento constituido, sino que además las personas que lo integran “carecen de representación partidaria en el Congreso de la Nación para impugnar genéricamente los términos de una ley que regula con detalle el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente su embarazo”.

Añadieron que “es desmesurado pretender que diez personas que no representan a los ciudadanos de su provincia para debatir una ley nacional puedan hacerlo ahora en los tribunales”.

Marco general de derechos en juego

Azzolín y Labozzetta se expresaron sobre el fondo del asunto, haciendo referencia a los distintos instrumentos del derecho internacional en los que se inscribe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y al libre desarrollo de vida de las personas gestantes.

Al respecto sostuvieron que “de acuerdo con la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el derecho a la vida consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) es compatible con normativas internas que despenalicen el aborto voluntario”.

Agregaron que estos órganos señalan que las elecciones y las decisiones en relación con la maternidad “forman parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” y, por consiguiente, que “la decisión de ser o no ser madre o padre pertenece a la esfera de las decisiones autónomas de los individuos respecto a su vida privada y familiar”.

El fiscal y la fiscala titular de la UFEM pusieron de relieve el caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica”, en donde, si bien no se abordó un caso de aborto sino de fecundación in vitro (FIV), se discutió el derecho a la vida. Recordaron que la Corte IDH puntualizó que todo ser humano debe poder “auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia”, por lo que “juega un papel fundamental el principio de la autonomía de la persona”.

En este sentido, remarcaron que la Corte IDH ha entendido que la salud sexual y reproductiva “se relaciona, por una parte, con la autonomía y la libertad reproductiva, en cuanto al derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y discriminación. Por el otro lado, se refiere al acceso tanto a servicios de salud reproductiva como a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer su derecho a decidir de forma libre y responsable el número de hijos que desean tener y el intervalo de nacimientos”.

Azzolin y Labozzetta también citaron pronunciamientos de otros organismos internacionales:

  • Remarcaron lo sostenido por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) respecto a la necesidad de “que se tomen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad”.
  • Añadieron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6.1 tampoco refiere desde cuándo debe entenderse que comienza la vida y que el Comité de Derechos Humanos, organismo encargado de vigilar el cumplimiento de este tratado, ha analizado la cuestión del aborto como un tema de derechos de las mujeres en las observaciones generales N°28 y N°36 y en los casos “K.L. vs. Perú” y “L.M.R. vs. Argentina”.
  • Pusieron de relieve que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 12 el derecho a la salud integral y que “esta obligación internacional se hace efectiva con la atención sanitaria a través de los funcionarios públicos del Estado”. Citaron al respecto la Observación General N°22 y recordaron que en su 46° período de sesiones (2011), el Comité indicó como uno de los principales motivos de preocupación en el Estado Argentino que los abortos no medicalizados seguían siendo una de las principales causas de mortalidad materna. El organismo, señalaron, recomendó adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto legal, a fin de reducir el número de muertes maternas evitables, y que se garantice el acceso a instalaciones, suministros y servicios de salud para reducir los riesgos previos y posteriores al aborto.
  • Destacaron que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Observación General Nº 3/2016, puso de manifiesto que suele negarse a este colectivo “el acceso a la información y la comunicación, incluida una educación sexual integral, sobre la base de estereotipos nocivos que suponen que son asexuales y, por tanto, no necesitan esa información en igualdad de condiciones con las demás”.

Por otro lado, la fiscalía recordó el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema, donde el máximo tribunal se expidió sobre la constitucionalidad y convencionalidad de los abortos despenalizados desde 1921 en el Código Penal e interpretó que la referencia del inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional a un marco normativo de protección social al niño desde el embarazo “integra un supuesto concreto del mandato del constituyente para que se establezcan, en general, políticas públicas promotoras de derechos humanos” y que “de dicha norma no se deriva ninguna clase de deber u obligación constitucional de prohibir los abortos no punibles”. La Corte, recordaron Azzolín y Labozzetta, citó al respecto al jurista Carlos Nino, quien afirmó que “de la dignidad de las personas, reconocida en varias normas convencionales, se desprende el principio que las consagra como un fin en sí mismas y proscribe que sean tratadas unilateralmente”.

Por eso, indicaron el fiscal y la fiscala, “puede afirmarse que la pretensión de exigirle a una persona que lleve adelante un embarazo forzado es violatorio de su dignidad como persona”.

En el final, el fiscal y la fiscala señalaron que, en el debate de la ley 27.610, el cuerpo legislativo tuvo en cuenta y sopesó el conflicto entre los derechos e intereses en juego, en procura de otorgarles un adecuado equilibrio, como consecuencia de lo cual se dictó la ley.

“Por tal razón, cuando se controla la constitucionalidad de la ley, los tribunales deben hacer un estricto juicio de ponderación y proporcionalidad entre el interés por la protección de la vida intrauterina, y los derechos a la autonomía sexual y reproductiva, a la igualdad y a la vida libre de violencias, a la vida y a la integridad psicofísica de la persona gestante, en las particulares circunstancias de cada caso”, dictaminaron.

En tal sentido, sostuvieron que esta ley como otras legislaciones “estipulan diversos niveles de protección, de acuerdo con la evolución de la vida intrauterina”, y señalaron que “los legisladores argentinos entendieron que el valor de la vida intrauterina antes de la semana 14 de gestión no justifica imponer a las personas gestantes la carga extraordinaria de seguir adelante con un embarazo no deseado”, pues “esa carga implica relegar el ejercicio de su vida privada, su autonomía sexual y reproductiva, así como sus derechos a la igualdad y a la vida libre de violencia”, e incluso puede “poner en riesgo el derecho a la vida de las mujeres porque la experiencia evidencia que la prohibición del aborto induce a las personas gestantes a recurrir a abortos no seguros”.

La Comisión por el reconocimiento académico de David “Watu” Cilleruelo denunció que el concejal Federico Tucat (JxC) pretendió utilizar como “moneda de cambio”, para la aprobación del aumento del boleto del transporte, el apoyo a una adhesión al pedido para que la UNS entregue el título honoris causa al dirigente asesinado por la Triple A.

“Nos parece repudiable este toma y daca en este tipo de iniciativas de memoria y justicia por una víctima del terrorismo de Estado”, dijo a FM De la Calle, Gabriel Cena, desde el colectivo de organizaciones.

Mencionó que tomaron conocimiento a través del concejal Walter Larrea (FdT) del pedido para que el bloque opositor habilite el tratamiento sobre tablas del aumento del transporte. “Entendemos que el parlamento local tiene mecanismos de acuerdo pero no todo es negociable”.

En un comunicado, la Comisión manifestó que “estas expresiones demuestran la praxis de una política no solo intimidatoria, sino carente de sensibilidad, sentido histórico y de una mínima ética de reconocimiento de nuestros asesinados y desaparecidos. Invocar el nombre de David Cilleruelo como moneda de cambio pone de manifiesto una concepción de la política sujeta a la lógica de mercado en la que el valor de cambio arrasa con los valores humanos.”.

Consultado por FM De la Calle Tucat reclamó “a quienes enviaron ese comunicado que rectifiquen y pidan disculpas porque lo que dicen es mentira y lesionan gravemente la memoria de lo que pretenden reivindicar”.

“Es una falta de respeto no solo a mí, sino a toda la institución y la memoria de Watu. No se merece semejante mentira y boludeo por algo que es tan importante como el título honoris causa”.

En cuanto al condicionamiento insistió en que “es mentira” y “no hay negociación posible si el proyecto no está pedido”. “Lo que nosotros sí dijimos, esto si fue parte de labor parlamentaria, es que entre los otros expedientes solicitados (por el FdT) -donde no estaba el de Watu- íbamos a dar el acompañamiento para el ingreso y no el acompañamiento sobre tablas, dado que no eran expedientes urgentes. Considerábamos que es urgente el tratamiento del boleto”.

Por su parte, Walter Larrea declaró que “es cierto que no estaba formalmente presentado. No sé si es así en términos de condicionamiento pero dijeron: el bloque nuestro tiene una postura, no nos están dando el tratamiento del boleto y nosotros no le vamos a aprobar nada”.

“No lo presentamos porque, incluso admitiendo que pudo haber algún error administrativo, si hay acuerdo de tratar un expediente se incorpora. No es que lo sacamos de la galera, se viene conversando de hace tiempo, lo hablé con (Nicolás) Vitalini, (Marcos) Streitemberger y con el propio Federico (Tucat)”.

Por último, Larrea afirmó que su postura fue “no presentemos si no van a acompañar, vamos a manosear un expediente que tiene mucho valor simbólico”.

“El de Colombia es un gobierno democrático que tiene metodologías exactamente iguales al terrorismo ejercido por la dictadura cívico militar eclesiástica en los años 70 y hasta el 83 en Argentina: se están cometiendo asesinatos, desapariciones, habilitan centros comerciales como centros de torturas y y detención”, describió a FM De la Calle Pablo Pimentel.

El titular de la APDH La Matanza integró la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de DD.HH. que viajó para recabar testimonios sobre la represión del gobierno de Iván Duque.

En ese escenario jugará esta tarde la selección argentina de fútbol por las eliminatorias del Mundial de Qatar. Con el hashtag #LaPelotaEstaManchada se realizará un tuitazo durante el encuentro.

“Lo que va a pasar en Barranquilla es pan y circo, nuestro gobierno tendría que haber influenciado sobre la AFA para que no se haga partido ahí, están matando la gente afuera. Tiene que haber empatía del deporte popular, la mayoría de los jugadores nacieron en barrios populares”, dijo Pimentel.

Agregó que “tendría que haber una toma de conciencia de los jugadores y plegarse al paro. Mientras estén matando al pueblo afuera no podemos presentar un acto deportivo que tiene que ver con la recreación, es un mal ejemplo para la juventud. Colombia es un país muy futbolero. El pueblo lo está reclamando, sobre todo los jóvenes de la primera línea que van de 16 a 21 años”.

“Quieren una Colombia libre de violencia, de marginalidad, apuestan a un candidato que proviene de la izquierda, de la guerrilla. Lo que está viviendo Colombia es el fracaso del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016. La esperanza es que llegue vivo al año que viene, fíjense cuál es la máxima de los que apoyan a este candidato. La vida está degrada, hay un montón de organismos de derechos humanos, nos tienen como referencia. Un poco por lo vivido con Madres y Abuelas, hemos marcado un camino de que deben juzgarse adentro las atrocidades de gobiernos fascistas”, sostuvo.

La Misión contabilizó “70 asesinados por la policía y grupos paramilitares amparados por la policía, delitos sexuales, invasión a la propiedad privada. Gente que murió de ataque al corazón por haber sido allanado por el ESMAD que es un grupo parecido al GAD de acá, fuertemente armado”.

El día a día en Colombia “se llevaba adelante con mucha responsabilidad y organización, charlas organizativas ante cada punto de paro, comités de apoyos, comerciantes que apoyan las ollas populares. Los jóvenes decían preferimos estar acá y no en nuestras casas que comemos una a vez al día, acá comemos 2 o 3 veces por día”.

El dirigente subrayó la connivencia empresarial con la estructura represiva: “Fuimos a 5 ciudades, me tocó Cali, al costado de Éxito -una cadena de supermercados- ahora funciona como acopio de infraestructura militar, previo a cada represión se habilitan los sótanos para detener a la gente, los persuaden para que dejen el paro, intentar blanquearlos, negocian con las fiscalías y a otros los desaparecen, han aparecido en ríos flotando o en basurales. También se ve cómo la policía es aliada de grupos paramilitares y balean a civiles”.

“Ya se crearon las Madres del Dolor de los asesinados de hace 40 días, es un pueblo que ha dicho basta a un régimen narcoterrorista que responde exclusivamente a Estados Unidos, un país que ha visto descendientes que fueron por izquierda a cambiar la realidad injusta sumándose a grupos guerrilleros y, por derecha, creando grupos paramilitares para cubrir a los ricos que sigue sometiendo a la comunidad afro, indígenas y campesinos”.

Pimentel relató que “cuando dicen yo soy un desplazado, significa que han sido echados de sus territorios originarios, campesinos o afro y terminan en laderas de la montaña siendo una villa de material, con calles muy chiquitas. Les preguntábamos cómo van a hacer para que esto se pueda urbanizar, por qué no se planifica cuando hay una toma. Ellos dicen no podemos porque primero está salvar la vida y comer”.

El ex presidente Andrés Pastrana señaló a la Misión como parte de un supuesto plan de desestabilización del gobierno de Duque. Para Pimentel “eso responde a la debilidad de una política caduca. ¿Qué podemos desestabilizar 22 personas, de las cuales una no entró porque había una decisión política? ¿Qué podemos desestabilizar haciendo un relevamiento y acompañando?”.

La Cámara Federal ordenó el allamiento del domicilio de Jana Curuhinca y Siomara Flores, agentes de la Policía Bonaerense de Villarino investigadas por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

La Gendarmería Nacional interviene en la vivienda de Juan A. Pradere en busca de los celulares que no fueron entregados oportunamente. En el lugar se encuentran Cristina Castro y su abogado Luciano Peretto y Sebastián Martínez, defensor de Flores y Curuhinca.

“Un procedimiento más que tardó muchísimo. Gracias a la Cámara Federal a lo cual la jueza Marrón no tuvo más que actuar. Tendría que haber sido hace mucho tiempo, los teléfonos supuestamente algunos se habían caído al inodoro, otros muy deteriorados”, dijo la madre de Facundo a FM De la Calle.

Jana Curuhinca.

Agregó que les sorprendió la presencia del abogado defensor de las policías: “Estando yo tan cerquita de este pueblo, son cinco kilómetros de Pradere a Pedro Luro, tardé media hora en llegar y él que es de Bahía Blanca ya estaba adentro con estas mujeres”.

En febrero, la Cámara habilitó medidas de prueba que previamente habían sido rechazadas por la jueza federal Gabriela Marrón, quien pretende cerrar la causa con la hipótesis de muerte accidental.

Ante la apelación de la querella y las Fiscalías, la Alzada ordenó un nuevo allanamiento al puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de los celulares de los cuatro policías más comprometidos en el crimen.

La medida comprendía los teléfonos personales y oficiales que, durante el tiempo de la investigación, tuvieron o fueron asignados a los policías Alberto González, Mario Gabriel Sosa, Flores y Curuhinca.

Son los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, estuvieron en contacto con Facundo el día de la desaparición. Cabe recordar que el pedido de fiscales y querellantes incluía el secuestro de los celulares de más de 40 funcionarios policiales, entre ellos los superiores de los policías directamente involucrados en la investigación.

“Esperamos que surjan nuevas cosas, sabemos que el proceso es largo, que cada pericia lleva mucho tiempo en resolverse y obtener resultados. Pero esperamos poder empezar a pedir imputaciones y detenciones”, concluyó Cristina.

Un equipo de FM De la Calle informa desde el lugar.

Actualización 14:30. Terminó el allanamiento. Fueron secuestrados tres teléfonos celulares. Cerca de las 14 había arribado al luga, Mario Gabriel Sosa, otro de los policías investigados.

Una semana después del atentado a la sede de La Cámpora, la presidenta del bloque de Frente de Todos dijo a FM De la Calle que la teoría “del loquito suelto” no se sostiene y que pensaron el hecho desde la matriz represiva local. “En la AFI, en los juicios de la Triple A que estamos transitando en este momento, el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, esto es motivo de análisis político para adentro”.

“Hay bastante hermetismo en las investigaciones, aparecieron difundiendo videos de cámaras, se sabía que había 2 personas, un coche cercano, se supone que son 3 porque uno manejaba, el tipo de explosivo, el radio por el que habrían circulado. Lo peor que nos puede pasar es que quede la sensación de impunidad absoluta”, afirmó la concejala.

Ghigliani sostuvo que “es un claro hecho de violencia política, quiere amedrentar, silenciar y disciplinar. También lo ligamos a la violencia verbal que existe, estamos en un segundo año particular, donde todos estos discursos calan de manera distinta en las personas. Estás anunciando que tenés 17 millones de vacunas y generan una noticia falsa de 100 mil vacunas de Pfizer que no vinieron y hoy salió el titular del laboratorio a decir que esto no es así, así como con las vacunas con un montón de cosas”.

Por último, enfatizó: “No creo que mis oponentes sean todos lo mismo, hay un recorte muy sectorizado que alimenta este discurso”.

Son dos causas que la Unidad Fiscal bahiense calificó como emblemáticas. En una de ellas están acusados el médico Luis Fortunato Adalberti y el enfermero Adalberto Osvaldo Bonini por la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de 141 víctimas.

Los acusados realizaron la atención médica y sanitaria de las personas recluidas en el centro clandestino de detención y tortura (CCDT) “La Escuelita”. Será la primera oportunidad en que se juzgue, en esta jurisdicción, la participación de profesionales de la salud por su actuación en campos de exterminio.

En la restante causa se acusa a doce oficiales y suboficiales de la misma fuerza por abuso deshonesto en perjuicio de una víctima, cometidos durante su cautiverio en el CCDT que funcionó en el Batallón de Comunicaciones 181. También será la primera vez que en Bahía Blanca se juzguen delitos sexuales en causas de lesa humanidad.

Además de Fermento, intervienen en la causa el fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal subrogante José Nebbia.

Los funcionarios destacaron la importancia de que los hechos sean analizados desde una perspectiva de género, para lo cual solicitaron la citación de distintas testigos expertas en la materia.

Por otra parte, dictaminaron a favor de la concentración de la totalidad de los procesos por crímenes contra la humanidad radicados ante el mismo tribunal en un único debate, pedido que fundó en la coincidencia parcial de los objetos y sujetos procesales, la complejidad del fenómeno delictivo, la correlación entre los aportes criminales, las relaciones orgánicas dentro del aparato delictivo y la sistematicidad en la modalidad de comisión de los crímenes.

Además, consideraron que tal criterio es el que mejor se adecua a la pronta realización de los intereses fundamentales en estos procesos: por un lado, la declaración de las responsabilidades penales acreditadas en juicio y aplicación de sanciones adecuadas y, por otro, la importancia para víctimas y familiares de que los hechos lesivos se ventilen en un debate oral y público en el que puedan ejercer el derecho a ser oídas y obtener una reparación a través de un pronunciamiento por parte de las autoridades jurisdiccionales del Estado Argentino, sin perjuicio del interés de la sociedad argentina en la realización de estos debates.

De hacerse lugar a la acumulación, el proceso se encamina a la realización de un mega juicio –el más grande de los celebrados en esa jurisdicción– donde de juzgarán 42 imputados por los hechos que damnificaron a 175 víctimas.

A su vez, para lograr una mayor celeridad del debate, la Unidad Fiscal solicitó la adopción de medidas tales como la fijación de la mayor cantidad de audiencias por semana, con la mayor duración posible y la menor cantidad de interrupciones, siguiendo las Pautas para la actuación de los y las fiscales en la investigación de crímenes de lesa humanidad de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Fuente: fiscales.gob.ar

Desde la columna cultural de En Eso Estamos definimos oponer reflexión contra la reacción que genera la violencia organizada. Por eso, FM De la Calle invitó a debatir al escritor, poeta y docente Mario Ortiz, a la actriz y delegada general de la Asociación Argentina de Actrices y Actores Belén López, y al actor, director, integrante del Centro Cultural La Panadería y militante por los derechos humanos Alberto Rodríguez.

¿Qué análisis hacen a partir del atentado?

Belén López: Es algo que conmueve, o debería conmover, esto que sucedió, a lo que le doy el nombre de atentado. No cualquier atentado, porque por ahí hay chicos o chicas que salen o atentan contra la propiedad privada y escriben un grafiti… sino que esto tiene un tinte político más ligado a lo terrorista porque está estrechamente vinculado con un partido político, hacia un sector político y casualmente es el que está gobernando, al menos a nivel nacional y provincial. Y que acá en Bahía Blanca tendrá su trabajo en torno a la política.

Levantarme a la mañana y escuchar esta noticia me dejó perpleja. Es algo que no se puede permitir en democracia y no hay que minimizarlo diciendo fue un grupo de dos o tres loquitos que no saben en qué ocupar el tiempo y están enojados con la cuarentena. Hay que tomarlo con la seriedad que esto amerita porque vivimos en democracia, porque las ideas no se deben imponer mediante la violencia, porque para eso están las urnas: para decidir qué rumbos tome el gobierno que fuere.

Me dejó perpleja y a la vez con este estado de alerta que se expresa en el cuerpo; ponerse la piel de gallina, quedarte anonada. Nosotros conocemos del terrorismo de Estado, no queremos repetir. Estamos atravesando un nuevo período de juicios en Bahía Blanca y pensar en la posibilidad de que puede haber este tipo de atentados nos ubica en un lugar en que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cauteloso y sobre todo no minimizar la situación.

En un contexto, además, de pandemia donde seguramente se tomen medidas que no son agradables para nadie pero que tenemos que poner por delante, preservar la vida de la gente. Sabiendo que la situación económica se viene atravesando y se arrastra hace más de cuatro años. Es una situación muy compleja en términos económicos y laborales, nadie lo discute, pero la salud y la vida de las personas tienen que estar por encima de cualquier mezquindad política, personal de algún sector. Creo que lo ocurrido tiene que estar profundamente analizado y que la sociedad tiene que tomar conciencia de que estas cosas no pueden ocurrir. Esto tiene un tinte mucho más político y profundo que no podemos naturalizar.

Mario Ortiz: Ante todo, coincido con Belén. Lo que hemos sentido, en primer lugar, ha pasado por el orden de lo corporal. Por esa sensación de escalofrío, de angustia. Porque, para los que ya peinamos algunas canas, esto nos hace retrotraer a viejas épocas. Yo lo primero que sentí es estamos retrocediendo cuarenta casilleros. Porque es pasar ya a la política por el hecho, a la política por el acto, a la acción directa.

Desde otro punto de vista, es la materialización, la puesta en acto de un estado de violencia que ya está instalado y lamentablemente muy instalado. Lo que pasa es que hasta ahora esa violencia es verbal, es simbólica. Por ahora no ha pasado mucho más allá de las palabras. Sin embargo, hemos estado viendo una escalada de violencia. Efectivamente, lo hemos visto ya en las pintadas del Frente de Todos el año pasado. Pero esto es algo que no se da solamente aquí, es algo nacional e internacional. Lo hemos visto en las pintadas en la escuela hebrea.

Pero esto es algo que estamos viendo cotidianamente en todos lados. En los comentarios de las redes sociales, en los diarios. No nos asombremos que ocurran estas cosas cuando los periódicos, los principales portales de noticias de Bahía Blanca habilitan sus espacios para que los lectores escriban las bestialidades más horrorosas que en otras épocas le hubiese valido la cancelación del diario o la apertura de un juicio por instigación a la violencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado o visto carteles qué se muera la yegua o que hay que limpiar el país de kakarulos, etcétera? Esto está. Era cuestión de tiempo para que esto pasase a la acción. Y es lo que hemos visto.

Bahía Blanca lamentablemente siempre es como un laboratorio político del país. No sé si esto va a desaparecer tan rápido. Si en las próximas horas no hay un esclarecimiento completo y absoluto de la justicia eso va a ser una señal de que aquí va a haber un modus operandi al que lamentablemente vamos a seguir viéndolo en el tiempo.

No quiero ser derrotista o dramático con esto. Pero estos son lamentablemente los modos de hacer política que se están instalando en Latinoamérica y en el mundo. Ayer o antes de ayer, en México, mataron a una precandidata a intendente y, en los últimos años, ya llevan cien muertos políticos. Recordemos lo que ha ocurrido en Colombia. Esto es parte de un clima de recalentamiento social.

Alberto Rodríguez: Comienzo por adherir a lo que dijeron les compañeres. Mi solidaridad con los compañeros de La Cámpora. Y siguiendo con las reflexiones que termina de exponer Mario, creo que Bahía Blanca todavía no ha juzgado lo que sucedió hace más de cuarenta y seis años. Cuando la justicia no llega, deja el camino abierto a que esos grupos sigan operando con total libertad.

Acá se ha tratado de pasar al olvido y cuando una sociedad quiere olvidar hechos trágicos como los que nos sucedieron en Bahía, vuelve como un grotesco a reproducirse con los mismos métodos. Para colmo, en una situación donde escucho a políticos decir que ojalá haya sido un loquito. Otros que me sorprendieron diciendo que Bahía Blanca es una ciudad armoniosa, que no ha tenido nunca sectores fascistas. Entonces, si dos políticos de distintos lugares hablan de esta forma, yo ya me estoy preocupando y mucho. Creo que no va a ser con ellos con los que vamos a tener que contar.

Para colmo, la justicia federal, en un primer momento, dice que no tiene nada que hacer. Así que más me preocupo. Quien va a investigar es un fiscal con el cual evidentemente no tengo muchas garantías, un fiscal que ha dejado a los genocidas en libertad.

Y recuerdo que en la época, como decía el amigo Mario hace cuarenta casilleros atrás, voló el Teatro El Tábano, en calle Estomba, le pusieron otra bomba a la Caja de Crédito Bahiense. Hoy toca a La Cámpora. La justicia esperemos que lo resuelva. Todavía no ha resuelto lo de hace cuarenta casilleros atrás, pongámosle fichas para que este casillero lo pueda cubrir.

Yo tengo mis dudas porque esta es una ciudad donde los grandes sectores de poder han tenido mucho que ver con los atentados de otras épocas, han sido los que pusieron plata y pusieron ideas. Es más, yo tengo la certeza de que los alegatos de la defensa de los imputados en el juicio de la Triple A los escribió un ex juez e imputado también por pertenecer a esa organización. Por lo tanto, es muy difícil dar una sensación de seguridad a una sociedad que no ha sabido llevar adelante un hecho de justicia durante cuarenta y seis años, ni ha exigido como sociedad, no digo como organizaciones políticas que sí lo hemos hecho.

Es un llamado de atención a los sectores populares que todavía miramos de reojo a los compañeros que tenemos al lado. Creo que es un momento donde la necesaria unidad de los sectores que vamos a ser atacados estemos juntos.

Creo que hay que tener en cuenta a la Constitución, que dice que como ciudadanos tenemos derecho a defender la democracia frente al ataque que estamos teniendo. No confío en algunos políticos, no confío todavía en la justicia, en lo único que confió es en mis compañeros. Por eso los invito a conformar una unidad férrea para que podamos indicar y señalar dónde están los culpables.

Han señalado en distintas intervenciones la presencia de la violencia con un grado de plafón social. Pensando desde la cultura, que suele ser un lugar en el que se reflexiona con la mente, con el espíritu y con el cuerpo, donde se interviene en lo que va aconteciendo socialmente, una pregunta es recurrente ¿qué hacer con esta cuestión? Porque lo primero que aparece es la bronca ante la violencia y la bronca suele ser fuente de reacción que es el estímulo al que nos están llevando a jugar. A una reproducción de un modo de la política que va en sentido contrario a la necesidad de unirse en la diversidad. El interrogante abierto, una vez que hemos analizado qué significa este atentado es qué hacer en estas circunstancias y, obviamente, en una situación de poder muy dispar, situados en la cultura.

Belén López: Escuchaba lo que decía Mario con respecto a que son situaciones que no son aisladas o que no son privativas de nuestro país. Hay una escalada a nivel mundial de una ultraderecha que está queriendo pedir pista y que en algunos lugares viene aterrizando con efectividad, si lo pensamos en cuánto a lo que ocurrió hace poco en Madrid con la alcaldesa que ganó las elecciones. La ultraderecha hizo un trabajo muy delicado utilizando el discurso de la pandemia.

Yo creo que, como lo hemos venido diciendo desde el sector cultural en Bahía Blanca, la pandemia no es lo que vino a generar la crisis sino que la pandemia fue para muchos la excusa ideal para establecer desde allí un discurso del odio. Agarraron la idea de la pandemia para que estas ideologías de ultra derecha surjan con un discurso acerca de las libertades y de la democracia en estas épocas cuando en realidad ellos nunca fueron proclives justamente a hablar de libertad y a defender las democracias. Esta condición de pandemia es una bandeja de plata que vino para soportar y dar lugar a este tipo de discursos, donde la gente se envalentona y sale a replicar por las libertades individuales: yo en democracia hago lo que quiero.

Me parece que tenemos que pensar que en democracia tampoco es que se puede decir y hacer lo que se me antoja sin consecuencias. Porque lo que no se miden son las consecuencias. Yo hago y digo lo que quiero total no me hago responsable de lo que pueda provocar en el otre. Y ahí me parece que tiene que estar la justicia.

Lo estamos viviendo en la Argentina. Los medios de comunicación hegemónicos salen y dicen lo que se les ocurre. Inventan mentiras sobre las fantasías más impensadas en estas épocas y no hay consecuencias.

Pasamos cuatro años de un gobierno que contrajo la deuda más grande, que generó un quiebre total en la sociedad argentina, desde el punto de vista que lo mires, y no hay consecuencias de todo esto. El tipo que afanó se puede ir y no va a pasar nada. El tipo que quebró un país y se apropió de infinidad recursos y no pasa nada. Personas que salen en los medios a decir barbaridades y no pasa nada. Y este no pasa nada se replica socialmente, se reproduce en las diferentes clases sociales y no se reflexiona.

Entonces, desde el sector de la cultural, desde el sector de la educación tenemos también una fuerte responsabilidad en cuanto a cómo llevamos nuestro mensaje, en este caso a los adolescentes, a los chicos y chicas de las escuelas, a la gente en los espacios culturales. Me parece que en las futuras generaciones es donde tenemos siempre que aportar en la reflexión, en la construcción de un pensamiento crítico.

No podemos pensar que hacemos y decimos lo queremos sin que haya consecuencias. Las consecuencias son gravísimas y las estamos viviendo día a día con ese discurso del odio. No puede ser que pensemos en términos monetarios solamente. Lo que ocurrió con el decreto del presidente hace un tiempo atrás, que se lleva a la justicia, se judicializa la decisión de un presidente que tiene la facultad para definir destinos de su país en situación de catástrofe. Un intendente, viene y dice yo las escuelas las abro igual y me cago en lo que diga un presidente… me parece que estamos mirando de manera muy parcial y no hay responsables de las consecuencias de esas decisiones.

Culturalmente tenemos que llamar permanentemente al diálogo pero también a la firmeza: hasta acá se llega. Si no hay una reflexión desde el conjunto de la sociedad de ponernos a pensar que tiene que haber un límite a esta escalada de violencia y de discursos del odio, me parece que no nos va a alcanzar con que un sector salgamos y tratemos de abrir los ojos.

El individualismo se instaló y muy fuerte. Digo y hago lo que quiero, total yo pago mis impuestos. No puede ser todo gratuito. Hay gente que se está muriendo, que está pasando hambre, hay gente que no tiene trabajo. Hay que cuidar eso y hay que cuidar las fuentes laborales. Tenemos, como sociedad, que empezar a reflexionar que nuestras acciones tienen consecuencia y no podemos salir de esto solos. La salida siempre será colectiva o no será.

Mario Ortiz: Coincido completamente. Yo creo que a los que somos trabajadores, trabajadores intelectuales, artísticos, los que estamos en el campo de la enseñanza, de la educación, del arte, nos compete una responsabilidad y una tarea muy grandes. Porque precisamente en estos momentos de profunda irracionalidad –y el fascismo es tremendamente irracional, apela a lo peor, a lo más visceral, el odio del ser humano- nos toca la misión de llevar una cuota de racionalidad, de reflexión y de docencia.

Ayer, en las clases que tuve, lo primero que hice fue destinar diez, quince minutos a reflexionar sobre esto. Les decía: chicos, ustedes que son jóvenes tienen que empezar a agudizar el pensamiento crítico y no prenderse en la locura de los adultos porque los adultos están locos, estamos todos locos.

Desde la educación hay una tarea, desde el arte también. Pienso en Alberto que han hecho desde La Panadería obras de Bertolt Brecht, que hacía teatro didáctico, para hacer reflexionar a la clase trabajadora. Ellos hicieron la obra Arturo Ui, sobre como asciende el fascismo. Yo creo que una de nuestras principales tareas en estos momentos es precisamente la de movilizar la reflexión. Como bien se dijo, el primero impulso es de bronca, pero no. Porque eso es entrar en la lógica de ellos, es responder lo que ellos querrían que uno haga, entonces uno reduplica.

Ahora, al mismo tiempo hay que exigir también a la clase política que haga una suerte de pacto. Si no hay entre ellos un pacto de convivencia democrática, si ellos mismos no les hacen bajar los decibeles a sus referentes nacionales, vamos hacia un enfrentamiento cada vez peor. Y estoy pensando en las vociferaciones de los referentes políticos que ya conocemos todos. Basta con las arengas porque si todo sirve para hacer una mínima diferencia de voto, entonces la política está yendo muy mal. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué volvamos a épocas antiguas en donde en la mesa de negociación política poníamos muertos arriba? No. Pongamos argumentos, pongamos intereses en pugna, en liza, pero no pongamos muertos en la mesa de negociación.

Alberto Rodríguez: Es así, partiendo de esto último que decís, entonces, falta decisión política. Pero ellos la tienen. Mencionabas México, Belén a Madrid, yo agrego Colombia. Entonces reflexiono, pienso, y digo Chile. Ese es el camino.

No quedan más caminos que buscar una nueva forma de pensar, no solo el pensamiento en la política sino también en la acción. ¿Cuál va a ser nuestro pensamiento desde lo político para la unidad y la unidad en acción para frenar a esta locura?

A la derecha no le importa: llamarlos a una reflexión, si no es con la gente en la calle no lo veo. La reflexión la podemos hacer en una mesa, en un ámbito de compañeres, donde analicemos y obtengamos cuáles son nuestros errores y cuáles son las virtudes de esta derecha fascista. Ustedes han puesto sobre la mesa las virtudes de ellos. Falta que analicemos cuáles serían nuestras virtudes para frenar esta situación. Creo que eso todavía no lo tenemos claro. Sabemos que somos buena gente, de todos mis compañeres, sé que cuento con excelente gente. Pero lo que nos falta es tener claro por dónde y con qué ideas llevar adelante la acción. Y creo que ahí es donde ellos nos van ganando esta batalla.

Espero que los muertos no aparezcan. Espero que los Facundo tengan justicia. Espero que los Watu tengan justicia. Y espero que aquellos que hoy están avanzando nuevamente, podamos frenarlo, pero que reflexionemos, que analicemos y que luego accionemos. De otra forma vamos a ser muy buena gente en las mesas de diálogo pero no vamos a frenarlos si no es en la movilización y en la unidad.

Les propongo hablar a aquellas personas que no se sienten politizadas, que laburan todo el día, que no están haciendo lecturas de la política, fuera de los microclimas, que están estudiando y no encuentran la vinculación entre su estudio y la política, el que está changuendo y el sonido de las tripas le resulta un sonido más fuerte que el estruendo de esta bomba o las resonancias de la discusión política.

Belén López: Hay que pensar en este juego del hartazgo al que nos están llevando, con esta reproducción constante en los medios. Pero no nos olvidemos que estamos en pandemia y hay que ser muy respetuosos de la vida del otro. Porque el contexto nos está también dando los tiempos para decir cuándo y cómo. Yo creo que el día que sea posible, nuestro pueblo va a salir a la calle. Pero también nuestro pueblo es muy consciente de lo que está pasando.

Creo que también la charla uno a uno, con el vecino, con la escuela, con el familiar, con el amigue, con quien nos vamos cruzando, permitirnos ese debate que a veces nos resulta desgastante.

Y también pensar en que no necesariamente está todo perdido. Quiero ser optimista, porque lo que ocurrió me tiró abajo un montón de estanterías. Me parece que es no bajar la guardia, tener una defensa de nuestros principios ante quien quiera venir a hablar en este contexto de pandemia.

Algo que a mí me sostiene es pensar en la defensa de la alegría. Siempre me queda en la mente tintineando esta frase de defender la alegría como trinchera, como bandera. Le agregamos la democracia, los derechos del pueblo, el arte, la cultura. Defenderlas como un destino que necesitamos, parafraseando a Mario Benedetti. Esta gente viene para instalar en nuestras mentes el cansancio, el hartazgo, la frustración. No nos olvidemos que Mauricio Macri quería crear el Ministerio de la Felicidad. Es muy retorcido lo que dijo. Manejan las emociones y las sensibilidades de la gente con sus manipulaciones.

Coincido plenamente con Alberto y con Mario con la idea de sostener una unidad. Llevarla adelante porque cuando se nos diga, el pueblo va a estar donde tiene que estar. Allí seguramente nos encontraremos, nos abrazaremos porque sabemos que esto es entre todes y no de manera individual.

Mario Ortiz: A mí me parece que es el momento en que hay que hablarle mucho a la juventud, a los adolescentes. Hoy, lamentablemente, lo progresista, lo fashion es ser libertario, es Milei, es Espert. Cuidado con eso. Porque en su momento, no nos olvidemos, los muchachos de las camisas pardas también fueron muy populares en la juventud. No me refiero a los boy scouts: me refiero a las juventudes hitlerianas. Lo que pasó una vez, puede llegar a pasar.

Es decir, que el progresismo pase a la retaguardia, a ser lo conservador, y que lo progresista ahora sea Milei lamentablemente puede ocurrir. Tenemos que estar atentos a esto. Tenemos que hablar. En las juventudes tiene que haber un compromiso muy importante. De todos los partidos, porque todos los partidos tienen sus militancias juveniles. Si no hay un acuerdo político de base, que ellos mismos presionen a sus dirigentes, ahí sí estamos complicados.

Es como decir, bueno, marquemos una cancha, un territorio, los límites. ¿Cuáles son los límites dentro de lo que vamos a jugar y cuáles son los que no tenemos que pasar? Este tiempo he estudiado algunas cuestiones históricas de la masonería y tiene una cosa que se llaman los Landmarks, las reglas, los límites, qué es lo que define qué es masonería y lo que no lo es. Tenemos que definir en qué territorio, en qué cancha vamos a jugar: quien se pase de aquí, listo, este es el límite más allá del cual comenzamos a hablar otras palabras… ya no hablamos palabras sino que empezamos a hablar de acción.

Alberto Rodríguez: Las personas que hoy van cayendo en la acción individual, en el sálvese quien pueda, son el caldo de cultivo de aquel fascismo, del ascenso de Hitler, y también de la dictadura en nuestro país.

Hoy la dictadura no va a llegar a través de las fuerzas armadas, quiero pensar. Pero la metodología con la que se maneja esta gente tiene mucho que ver; endeudaron al país para someterlo económicamente y ahora comienzan pequeñas acciones de eliminación de aquellos que no van por el camino que ellos quieren.

Hoy es una bomba. Está bien, que investiguen, pero no seamos ingenuos. Yo le diría a mi vecino o a los jóvenes, que no seamos ingenuos: ellos no vienen para darte la libertad, ellos vienen justamente para atar tus pensamientos, para hacerte obedecer a aquellos que el poder pretende instaurar, que es un poder económico. No vas a salir beneficiado, monotributista, te vas a cagar de hambre, sos una herramienta de la mano de obra que ellos necesitan tener ahí afuera.

Van a venir por achicar el mundo sindicalizado. Vienen por el fin de los sindicatos, el fin de los trabajadores en relación de dependencia. Todo aquello que le va a dar mayor ganancia a los grupos más concentrados del poder económico.

Lo que pretenden los Milei y los libertarios no es libertad, es sometimiento. Estoy seguro que el freno no va a ser solo charlar sino unidad, con estos límites que planta Mario, en el pensamiento, con esta fuerza que plantea Belén, pero en la acción.

No sé cuánto tenemos que esperar. Yo no estoy loco ni quiero el contagio de mis compañeros pero en algún momento tenemos que decirle a nuestros dirigentes dónde están los límites, qué esperamos de ellos y que no se hagan los tontos en Bahía Blanca, por lo menos.

No se puede mirar al costado: hay que decir nombres, hay que decir de dónde viene esta bomba y qué es lo que pretende. Bahía Blanca no es una ciudad armoniosa, en Bahía Blanca el fascismo ha hecho escuela. Aprendamos, por favor.

La Cámara de Diputados avanzó con el debate de un proyecto para la prevención de la violencia institucional. En el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías se escucharon testimonios de familias de víctimas, entre ellos, el de Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro.

“Me ha costado mucho entender de leyes, la ley ya existe, lo que no llega a saberse es el daño y sufrimiento que ocasionan al no cumplir la Ley de Víctimas. Es el continuo amedrentamiento, no lo cumplen jueces y fiscales que no investigan y hostigan a las víctimas y ni hablar de los desaparecidos. No hacen su trabajo, encima de que tenemos que estar lidiando con la muerte de nuestros hijos también tenemos que lidiar con fiscales, jueces y políticos”, dijo Castro.

En relación al control sobre las fuerzas de seguridad y sus responsables políticos dijo: “Nos pasó a nosotros con el ministro de Seguridad (Sergio Berni), no existen leyes para controlarlos a ellos, para que los policías involucrados no sigan trabajando, no sigan ejerciendo, no sigan torturando. No nos escuchan, tampoco hay comisiones independientes”.

En medio de la reunión, el diputado Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) se ofuscó porque no le aceptaron una moción de orden y antes de terminar de escuchar a las madres de víctimas, protagonizó una discusión con otres legisladores y se desconectó.

Luego, la madre de Facundo manifestó que “cuando hablamos de violencia institucional también tiene que ver con estos arranques de violencia y el hecho de no poder dejar un segundo la bandera política de lado para fijarte que acá estamos hablado de personas. Mi hijo no es un número, somos familias que perdieron no solo un hijo, abuelos, tíos, y ver estos arranques de violencia duele y duele saber que estas personas nos están representando. Les pido dejen sus banderas políticas de lado y nos unamos para que no hayan más víctimas y mamás como yo. No hay reparación que calme el dolor que siente una familia”.

Previamente, la diputada radical Karina Banfi le pidió perdón “porque representamos al Estado, porque no pudimos ayudarte en esa búsqueda de ciento y pico de días. ¿Cuáles son los mecanismos que puso el Estado y en qué estado esta la causa?”.

“A mí me han recibido todos. Lo único que he conseguido en la parte de gobernación y nación es un avión sanitario para traer el cuerpo de mi hijo a Pedro Luro. Me interesa que se haga justicia, que se sepa la verdad, que estén a favor de la vida. La causa está con muchas cosas probadas, el accionar policial en la desaparición forzada de Facu, no solo de la policía sino que se ha necesitado muchísima complicidad del gobierno local, del Ministerio de Seguridad. Han seguido bancando un ministro que dice que Facundo se suicidó, que tuvo un accidente, cuando está probado que a Facu lo desapareció y lo mató la policía bonaerense de Villarino”, dijo Castro.

Agregó que “la violencia no solo fue de la policía hacia Facundo sino de la justicia hacia nosotros. Cada prueba que se pide tenemos que ir a pelearla a la Cámara, tenemos una jueza denunciada por los fiscales y por las 2 querellas. Mientras siga habiendo juezas como esta y fiscales como Ulpiano Martínez les pido que nos ayuden porque desde acá no vamos a poder avanzar. En la causa de mi hijo los únicos denunciados son mis abogados. Lo que comprendo es que nos siguen golpeando y tratando mal, denunciándonos, falta que me denuncien a mí y listo, completamos el círculo”.

La noche del jueves 7 de mayo efectivos del Comando Patrulla Rural de Villarino golpearon a dos adolescentes de 14 años que circulaban por Hilario Ascasubi. Se trata de un chico y una chica a quienes agredieron y apuntaron con armas mientras iban a bordo de una camioneta.

El hecho sucedió a pocos kilómetros de Pedro Luro con integrantes de la misma fuerza policial que está señalada como responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

“Si ellos lo agarran, me lo golpean y hoy tendríamos otro caso como Facundo. Lo estaría lamentando. Doy gracias a dios que se escaparon”, relató a FM De la Calle, Juan Carlos, padre del joven.

El 7 de mayo “el chico mío sale en la camioneta, se me escapa con una chica a 200 metros del pueblo. Aparece una patrulla rural, se le pone de frente sin luces. Cuando llegan prenden la sirena. Se baja un oficial y una chica del otro lado y empiezan a golpearles los vidrios con un arma. Los chicos ven eso y disparan, que doy gracias a dios que no se quedaron ahí”, relató Juan Carlos.

El hombre identificó a los oficiales como Luciano Martínez y Cecilia Choque de Mayor Buratovich.

Afirmó que su hijo y la chica “rajan y se meten al pueblo, a 4 cuadras del pueblo le cruzan el patrullero, le fuerzan la puerta, le pegan en los tobillos y le daban contra el portón de la camioneta. A la nena la bajan, le apuntan con el arma y la ponen contra el patrullero. Ahí vino la gente del pueblo porque lo estaban golpeando. Le doy gracias a dios que la gente lo salvó, porque si no lo hubiesen salvado hoy lo estaría lamentando”, agregó.

Juan Carlos relató que los vecinos le avisaron lo que estaba ocurriendo. “Fui hasta la comisaría, me tuvieron hasta las 3 de la mañana. Estábamos la nena, el nene mío, mi señora y yo. Me llevaron la camioneta al corralón, la multa era mía pero no tenían porqué golpear a los chicos. En el momento en el que estaba firmando, este Martínez me agredía de atrás como para que yo le haga algo, él y la chica”.

“A esta gente no pueden darle armas. No sé cómo los tienen, sé que siguen trabajando, todo normal”.

El titular del Juzgado de Garantías N°2, Esteban Usabiaga, hizo lugar a un pedido de habeas corpus interpuesto por la Comisión Provincial por la Memoria para evitar que continúen las amenazas. El abogado de Cristina Castro, Luciano Peretto, representa a la familia del joven agredido.

“Quiero que a estos dos los saquen de Villarino. Pero los van a sacar de acá y los van a mandar a hacer cagadas a otro lado. Ese chico hace 2 años que está de policía y ya está haciendo macana”, enfatizó Juan Carlos.

Cuando el hombre les dijo “están golpeando a un chico de 14 años”, la respuesta fue :”Nosotros sabemos cómo golpear y dónde golpear”.

La Universidad Nacional del Sur recibió el pedido de entrega del título de Ingeniero Industrial Honoris Causa Post Mortem a David “Watu” Cilleruelo, dirigente estudiantil asesinado por la Triple A el 3 de abril de 1975.

El proyecto, que deberá ser tratado en el Consejo Superior, fue entregado al rector Daniel Vega y al subsecretario de Derechos Humanos, Claudio Gallegos, quienes mostraron interés y voluntad para impusarlo.

El pasado 3 de abril un grupo de militantes políticos, sociales, sindicales y miembros de la comunidad universitaria se constituyeron en comisión para la elaboración del homenaje que a un mes de su lanzamiento supera las 500 adhesiones.

Watu fue militante de la Federación Juvenil Comunista y secretario general electo de la Federación Universitaria del Sur. Fue asesinado en el ala de Ingeniería del edificio principal de la UNS, a manos de personal de seguridad designado por el rector interventor Dionisio Remus Tetu, quienes integraban la Alianza Anticomunista Argentina.

La lista de adhesiones y de integrantes de la comisión evidencia un acompañamiento que además de multitudinario es federal y representativo de diversos sectores académicos, variadas identidades políticas, sindicales y sociales.

Familiares de Watu y de otras víctimas de la represión estatal y para-estatal de aquellos años, como Raquel Cilleruelo (hermana de Watu), Julia García (hermana de Luis Jesús “Negrito” García, también víctima de la “Triple A”), Gervasio Díaz (miembro de H.I.J.O.S. Río Negro – Neuquén); referentes en Derechos Humanos a nivel internacional, nacional y local, como Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Mendibil, José Schulman y Dante Patrignani; miembros del Poder Judicial de destacada actuación en defensa de los Derechos Humanos, como el ex juez federal Luis Cotter y el fiscal federal Abel Córdoba; dirigentes, autoridades y funcionarios políticos como el diputado provincial Gabriel Godoy, el diputado nacional Itaí Hagman, el ex intendente de Bahía Blanca Jaime Linares, Claudia Korol, Víctor de Gennaro y Claudio Lozano; autoridades y ex autoridades universitarias, como los actuales directores-decanos de los departamentos de Ingeniería, Física y Humanidades, y el ex-Decano del Departamento de Matemática y ex-dirigente de la Federación Universitaria del Sur Edgardo Fernández Stacco; dirigentes y militantes sindicales como Enrique Gandolfo (CTA Bahía Blanca) y Gabriel Cena (miembro de Agrupación Bordó No Docentes UNS y de la Corriente Comunista Watu); especialistas de las áreas de Historia, Letras, Filosofía, Antropología, Ciencias Jurídicas, Economía, Ciencias de la Educación, Sociología y Ciencias Políticas como el vicepresidente del CONICET Dr. Mario Pecheny, el sociólogo-politólogo Dr. Atilio Borón, el conjunto de renombrados especialistas en Historia Reciente, violencia política, represión y Memoria que integran el Colectivo de Historia Reciente, así como docentes e investigadores de múltiples áreas y especialidades de la UNS y otras instituciones científicas y académicas.

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(Agencia Andar) El viernes a la noche sonó el teléfono. Eran más de las 22h y los vecinos llamaron para avisarle que a su hijo de 14 lo estaba golpeando la policía. En seguida fue al lugar y llegó para verlo: dos oficiales pertenecientes al Comando de Patrulla Rural del partido de Villarino tenían al chico agarrado de los pelos y le pegaban patadas en los tobillos.

“Lo salvaron los vecinos”, asegura hoy el hombre que siente que llegó a tiempo y sabe que quienes intervinieron lo llamaron porque conocen el accionar ilegal de la Policía con la gente de pueblo. “Cuando yo hice preguntas por lo que habían hecho, me dijeron ‘nosotros sabemos bien dónde golpear’”, agrega.

Al tomar conocimiento de la situación la Comisión Provincial por la Memoria entrevistó al joven víctima de la violencia policial y a su padre, así como a vecinos y testigos, e interpuso una acción de Habeas Corpus preventivo ante el Juzgado de garantías N°2 de Bahía Blanca para que cesen las amenazas y malos tratos hacia el joven. El juez Esteban Mario Usabiaga hizo lugar al pedido.

Esa noche el joven estaba con una amiga estacionando en una camioneta en un camino de tierra a 200 metros del pueblo cuando llegó la patrulla rural con luces apagadas. Dos oficiales se bajaron, una mujer, que desenfundó su arma apuntando a la camioneta, y un hombre. Gritaban, pero el joven no llegaba a escuchar lo que decían. Se asustó y de la desesperación arrancó hacia el pueblo. A tres cuadras de la entrada frenó voluntariamente, la patrulla le cruzó su vehículo; el oficial bajó y le pegó una piña al vidrio de la camioneta, insultándolo, y lo bajó del brazo con violencia. Después lo empujó contra el móvil policial agarrándolo de los pelos, lo sostenía con la cabeza para abajo mientras seguían los insultos y los golpes “¿cómo te vas a dar a la fuga, hijo de p***?!´´.

Alertada por las sirenas la gente comenzó a salir de sus casas y un vecino intervino: “No lo podés tocar, es menor”, la respuesta de la mujer policía fue apuntarlo con su arma: “no te metas”.

“Podría haber terminado como ocurrió con Facundo”, teme el padre. El joven también sabe que no es la primera vez que se despliega de esa forma la violencia policial en Villarino, otros amigos y conocidos suyos ya la padecieron, y tiene miedo. No quiere salir de su casa por temor a estar “marcado” y le costó hacer la denuncia.

Al aceptar la presentación el juez Usabiaga subrayó que lo que exige no es más que la “absoluta y estricta legalidad en el obrar de las fuerzas de seguridad y prevención del delito”.

La CPM presentó además la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de Bahía Blanca y un informe ante la Auditoría de Asuntos Internos para que investiguen el accionar de los agentes y tomen las medidas pertinentes.

Aunque ahora están más tranquilos y conformes con el fallo el padre del joven atacado espera “que esa gente no esté más en la calle. Es lo único pido, ese tipo de policía no puede estar en la calle”, afirma.

Desde el 28 abril se realizan en Colombia movilizaciones contra la reforma tributaria que quiso aprobar el gobierno de Iván Duque. Si bien las manifestaciones lograron frenar el proyecto, las protestas no cesan debido a la represión por parte de las fuerzas armadas y de seguridad.

La Defensoría del Pueblo colombiana reportó 19 fallecidos, 800 heridos, así como 87 personas desaparecidas en los últimos días.

“Todo explotó y aceleró el proceso una propuesta de ley de una reforma tributaria. Los movimientos sociales no entendemos cómo, en medio de la crisis sanitaria y económica, el gobierno pretendía aumentar el IVA, poner IVA a los bienes de consumo de la canasta familiar, gravar el sueldo. Una reforma totalmente agresiva, contra el bolsillo de la gente. Esto generó que de manera rápida la gente saliera a manifestarse”, dijo a FM De la Calle Gustavo Gallardo, abogado defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación Lazos de Dignidad.

Agregó que “esta movilización ha significado el descontento de la juventud, de organizaciones sociales, barriles, campesinas y sindicales. Además de lo constante de la manifestación, ha sido duramente reprimida, por órdenes del gobierno nacional”.

“Se está desarrollando una masacre contra el pueblo movilizado exigiendo cambios profundos para una nueva Colombia”, sentenció.

Las protestas incluyen un amplio abanico de exigencias: “La falta de implementación del gobierno del Acuerdo de Paz que hizo retornar a Colombia a un conflicto interno, la reforma tributaria y de salud, el tratamiento a espaldas del pueblo que le ha dado el gobierno a la pandemia y no tender a políticas sociales y económicas para que la gente tuviera mayor estabilidad”.

Gallardo comentó que inicialmente hubo un descontento generalizado por la forma en la cual el gobierno abordó la pandemia. “Que los índices de muertos por Covid hayan subido exorbitantemente es por el nefasto modelo de salud que tenemos. Pero, a pesar de eso, el gobierno se atrevió a radicar una reforma a la salud, que no tiene la vocación de enmendar la privatización sino que pretendía que fuera aun más privatizada”.

Con estas demandas confluyen las del movimiento estudiantil que “viene exigiendo una reforma a la educación, gratuidad y mayor cobertura. Exige matrícula cero porque la gente está aislada y eso ha generado para todas las familias una merma en su capacidad adquisitiva pero los gastos son los mismos”.

“En los sindicatos también se viene generando con la pandemia el trabajo en casa y eso produce dificultades muy fuertes porque no existen subsidios para la conectividad”.

Acuerdo de Paz

“Se firmó en noviembre del 2016, estamos cursando el quinto año y esos acuerdos han sido incumplidos casi en su totalidad”, dijo el abogado.

Ese pacto incluía “la reforma rural integral, no existe una sola política que haya sido cumplido por el gobierno, hablaba de la devolución de la tierra al campesino desarraigado, del uso del suelo, de la formalización de la tierra.
En términos de participación política, podríamos decir que en la actualidad las FARC tienen 9 de los 10 curules (bancas) que les dio el acuerdo. Eso implicaba garantías de seguridad para la oposición, el desarme del paramilitarismo, eso no ha sido posible”.


“El tercer punto era el fin del conflicto que implicaba una política integral de reincorporación para quienes dejaban las armas, un punto neurálgico. A los reincorporados no se les ha dado la reincorporación económica, política, social y familiar”, dijo.

El dirigente denunció que “llevamos más de 270 reincorporados asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y algo más de 800 líderes sociales asesinados. No existen realmente políticas encaminadas hacia la consolidación del fin del conflicto”.

Gallardo señaló que el gobierno de Iván Duque “todas las semanas realiza acciones políticas tendientes a desconocer y atentar contra la desaparición de la Jurisdicción Especial para la Paz que es de los únicos puntos medianamente cumplidos”.

“En Colombia estamos ante un nuevo conflicto interno, anteriormente existía una guerrilla unificada, ahora no, hay muchos grupos, se ha exacerbado a partir de que no hay confianza en el Acuerdo de Paz y eso ha aumentando las disidencias de las guerrillas de las FARC. Contamos con grupos paramilitares en los territorios, carteles de diferentes tipos. El conflicto interno es más agudo y complejo que el que existió antes y eso fue producto de una política direccionada del gobierno para no cumplir el Acuerdo de Paz”, finalizó.