El economista Julio Gambina advirtió que el cambio discursivo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en favor del financiamiento del Estado a partir del aumento impositivo a los sectores más ricos y la liberación de patentes de vacunas contra la Covid 19 apuntan a reposicionar al país del norte como “gendarme mundial”.

“Biden dice que EE.UU. tiene que volver a mundo como líder, como país hegemónico e imperialista, lo que plantea es retomar la presencia militar, política, diplomática e ideológica y dice que el principal debate es con China que les está ganando en varios terrenos”, dijo a FM De la Calle.

El titular de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas agregó que “ese retorno de EE.UU. para hacerse realidad debe ser sobre la base de algunos logros, el primero es la vacunación. Se habían propuesto una meta de vacunación en los primeros cien días que han, prácticamente, duplicado. A EE.UU. le sobra stock e incluso plantea suspender las patentes de vacunas”.

“Pero también hay que lograr consenso en la ciudadanía de que hay que poner plata en le bolsillo de la gente. ¿Quién va a poner plata sino son los ricos? Lo está diciendo el jefe del Estado imperialista más importante desde el punto de vista militar, económico e ideológico”, argumentó.

“Algunos dicen que China tiene más capacidad productiva”, dijo Gambina y aclaró que “una cosa es tener capacidad productiva y otra es tener hegemonía económica”.

En relación a este punto comentó que “lo económico no es solo producir más bienes y servicios sino pensar que el mundo funciona con dólar y no yuan. El sistema financiero y las reservas mundiales se hacen en dólares. EE.UU. sigue siendo la potencia número uno aunque China tenga mayor capacidad fabril. Es el único país que tiene un despliegue de tropas en todo el territorio mundial. A EE.UU. le preocupa que el despliegue de China en América Latina sea por el lado de vacunas, de los acuerdos comerciales y productivos, pero en en el plano militar es indiscutible la primacía y ni hablar en el plano ideológico”.

Respecto a la referencia al discurso del norteamericano por parte de Alberto Fernández, Gambina opinó: “Que un presidente hable de Juan Domingo Biden me parece subestimar el tema, ahora nuestro aliado es el jefe del gobierno invasor, de un gobierno que está retirándose de Afganistán pero que presiona a Cuba que es el país ejemplo en vacunas”.

Apuntó que dar la imagen de que “Argentina dice lo mismo que Estados Unidos es erróneo, aunque coincida la cuestión tributaria y que los ricos son cada vez más ricos. Puedo usar ese argumento y decir apliquemos la misma política económica y tributaria pero no imaginar que Argentina puede exportar ideología del peronismo, eso nos llevaría a discutir qué es el peronismo o quién expresa el peronismo”.

“No nos comamos el amague de Biden”, afirmó Gambina, “es el jefe de una potencia cuya política exterior es de intromisión, que en América Latina tiene un costo muy fuerte sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua o sobre cualquier país que intente un proceso de autonomía. ¿Quién sostiene a Iván Duque y la política de Colombia? Es EE.UU.. Es engañoso creer que por muy bien que suene cierta parte del discurso se puede asociarlo con una pretensión de participación popular”.

“Se puede pensar qué bueno que el presidente de EE.UU. esté por la suspensión de las patentes, puede ser un aliado para un debate en la Organización Mundial del Comercio, la propiedad intelectual de las patentes es un tema calve del orden capitalista contemporáneo”.

Sin embargo, para Gambina “no hay que banalizarlo y creer que EE.UU. es nuestro aliado. Es peligroso en un momento que hay que debatir mucho hacia dónde va Argentina, hemos tenido discusiones de la política económica con el ministro de Economía. Eso sería mucho más interesante, más que en la discusión por las tarifas se ha puesto en evidencia que lo que fracasó fue la privatización de los servicios públicos. Habría que discutir la energía y la vuelta no solo a la gestión estatal de los servicios sino en la participación popular en la gestión, administración y desarrollo de los servicios, sería discutir la política de fondo”.

Días atrás se conformó una multisectorial para discutir la implementación de una tasa especial de emergencia en el ámbito municipal para afrontar la crisis que atraviesa la ciudad producto de la pandemia.

Se trata de un aporte económico de parte aquellos sectores que se beneficiaron durante el último año, el cual se destinaría a paliar las necesidades de sectores vulnerables y afectadas por el receso económico.

“Si no se pone reparo para solventar la crisis el riesgo de inestabilidad política y social es real, no acá, sino en el mundo. Lo que interesaba pensar desde lo local es cómo se puede hacer para apuntalar esto dado que a nivel nacional no hay previstas nuevas inyecciones de ayuda social”, comentó el economista y columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto.

Agregó que “hay varios municipios de la provincia de Buenos Aires que aprobaron tasas extraordinarias: 25 de mayo, Castelli, Lavalle, Hurlingam, Lanús, Laprida, Trenque Lauquen, 3 de febrero y Vicente López. Hay algunos gobernados por el Frente e Todos, por Juntos por el Cambio o por el radicalismo”.

El economista destacó que en esos casos “se aprobaron distintas imposiciones sobre sectores que percibieron ganancias y se distribuyó a sectores que necesitan ayuda. La mayoría fue para solventar la ayuda sanitaria -compra de insumos, materiales, bonos para trabajadores de la salud-; para subsidiar pymes; comprar de alimentos; bonos para trabajadores municipales; e incluso para aumentar las partidas sociales. Se les ha cobrado a productores rurales, a distribuidores comerciales a gran escala y empresas de servicios públicos”.

“El municipio gastó 60 millones de pesos para atender la pandemia. En un presupuesto de 12.400 millones de pesos es un chiste, menos del 0.5%. La mayor parte se fue a compras de alimentos, productos de limpieza, con lo cual las necesidades que hay para atender en la segunda ola, ameritan pensar una tasa extraordinaria”, dijo.

¿Cómo se define qué sectores aportan?

“Depende de la propia multisectorial. Para cobrarlo hay que tener en cuenta sectores que hayan estado ganando: bancos, el polo. Pero también la posibilidad de definir con claridad quiénes son los sujetos y cobrarles.

Hay sectores que ganaron en años anteriores por las políticas públicas y, también en el año pasado, por ejemplo, el sector financiero. Este mismo año la construcción recibió un conjunto de beneficio fiscales asombroso, es un sector activo y que podría hacer una contribución”.

¿Es difícil de implementar?

“No debería ser complicado, no es un nuevo impuesto. Es elevar la tasa de lo que ya existe. O una suma fija por concepto de equis cantidad de pesos a quienes tienen una superficie comercial mayor a tal tamaño o explotación mayor a tal tamaño.

No por colocar una sobretasa en alguna actividad se va a provocar que alguna inversión no llegue. Si se le cobra una tasa al puerto o al polo no se van a levantar y se van a ir. No es cierto que se desincentiva la inversión.

La información es la que dispone el municipio, lo único que hace falta es la voluntad política”.

¿Hoy a dónde está esa ganancia, a dónde va?

“A nivel nacional ha habido emisión de deuda a grandes tasas de interés que capta estas ganancias, por eso ganan dinero de la mano de la emisión de deuda del Estado que busca evitar que fueran a correr al dólar paralelo. Otra parte es la construcción, hay programas de blanqueo en la construcción para hacer esto”.

¿Puede repercutir en la reactivación de la economía local?

“En general todo el gasto distributivo que se hace en sectores vulnerables se vuelve a gastar en lo local. El beneficio del blanqueo de la construcción puede ser en Bahía o en otro lado, pero estas ayudas lo más certero es que se destinen al comercio local, con lo cual reactiva la económica local”.

El economista y columnista Francisco Cantamutto analizó en FM De la Calle la reciente aprobación de la reforma al impuesto a las ganancias.

El especialista señaló dos aspectos de la iniciativa. El primero es que “se siguen discutiendo elementos del impuesto sin revisión integral, significaría modificar las alícuotas progresivamente, hoy cuando empezás a pagar muy rápidamente pagás el máximo porque las escalas están muy reducidas”.

“El segundo aspecto a revisar son las exenciones del impuesto, control y fiscalización. Una de las críticas es que se está discutiendo cuántos trabajadores o trabajadoras lo pagan pero no se están discutiendo las exenciones de, por ejemplo, a quienes hacen las operaciones inmobiliarias”.

“Esto no fue parte del debate, lo que se hizo es aplicar una exención por la cual quienes reciben salario bruto de hasta 150 mil pesos, no pagarían”, comentó.

El economista agregó que “esto hace que 1 millón 267 mil personas dejen de pagar, se vuelve a la situación de 2015. Es un 10% de personas asalariadas pagan el impuesto a las ganancias”.

“En el 2019 por la falta de actualización de los mínimos llegó a pagar un cuarto de los asalariados. Esto genera un efecto distributivo desigual”.

Cantamutto comparó que “la canasta de pobreza es de 58 mil pesos por mes y el salario promedio del sector privado es de $56.550. Los asalariados ganaban en promedio por debajo de la canasta de pobreza familiar. La mayor parte de los asalariados ganan mal pero, una vez que logran superar esa barrera, muy rápidamente saltan en la escala y pagan el tope de ganancias”.

“Esto nos habla de que se erosionó el salario de la clase media. Es decir, la mayor parte gana un salario de pobreza y, cuando logra saltar esa brecha, pasa a ser incluido entre quienes más ganan. Esto es un efecto de la desigualdad de distribución del ingreso, es de fondo y va más allá del impuesto”.

¿Por qué esta medida se sanciona ahora?

“Más allá del gesto político en el año electoral, la lectura económica tiene que ver con reactivar la economía. Mientas se negocia con el FMI, se habla de reducción de déficit fiscal, las exportaciones no reaccionan con la velocidad esperada, la inversión pública está atada, los salarios no suben, la mejora tiene que generar incentivos para que sectores medios y altos vuelquen el dinero en el consumo. No solamente mediante esta medida que libera fondos para que se vayan al consumo atrasado, sino también las iniciativas para el fomento a la construcción”.

El economista señaló que “se habla de un crédito hipotecario que en lugar de actualizar por UVA sea por índice salarial para que, si aumenta la inflación y no el salario, no se vaya la cuota al demonio. Todas las medidas que fomenten a la construcción especialmente, porque es mano de obra muy intensiva, generan muchos encadenamientos”.

“No es solamente un arreglo o un gesto político sino que tiene que ver con cómo hacer para reactivar la economía”, finalizó.

El presidente Alberto Fernández anunció que llevará a cabo una querella criminal tendiente a investigar las responsabilidades de los funcionarios macristas que acordaron el crédito con el Fondo Monetario Internacional.

El economista Francisco Cantamutto destacó en FM De la Calle que ya “hay cuatro denuncias iniciadas contra las gestiones de toma de deuda. Tal vez la del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas es la más relevante porque lograron demostrar que, más allá de los efectos sociales y económicos, hay vicios de tipo legal”.

“El acto administrativo que inicia el expediente y que da lugar a la acción del Estado se inicia una semana después que el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas presente la denuncia. Ya estaba pactado el acuerdo con el Fondo pero no había ningún acto del Estado que diga que eso existía. Se vulneró la Ley de Administración Financiera porque no hubo ni dictamen jurídico ni técnico, no intervino ni la Procuraduría del Tesoro, ni la Oficina de Presupuesto del Congreso ni el Banco Central, todas instituciones que tienen que decir si la deuda es o no pagable”, afirmó.

En cuanto a otros antecedentes judiciales señaló que hay “un fallo en la justicia federal del año 2000 sobre actos ilícitos cometidos con la deuda de la dictadura. Me parece celebrable que esto se inicie porque significaría credibilidad, certidumbre, respecto al estado de derecho”.

Cantamutto mencionó que “todo este proceso es un elemento más para presionar la negociación (aunque) en en FMI podrían decir son las leyes argentinas las que se tocaron”.

“La Oficina de Evaluación Independiente es un organismo técnico que el FMI tiene para tratar este crédito, si hay un resultado que se pueda ofrecer para mostrar los ilícitos cometidos puede ayudar a obtener alguna opinión pública tendiente a mejorar esto”.

“Si se insiste bajo los parámetros que están habilitados hoy por el FMI la Argentina no va a poder pagar, es inviable. El cronograma original supone que en los próximos dos años paguemos 37 mil millones de dólares, si incluso se pasa a un préstamo de diez años implicaría que Argentina entre en problemas de pago después del 2026 porque se le juntaría con la deuda de acreedores privados”, dijo el economista.

Agregó que “el FMI es una caja de préstamo donde tienen socios que quieren cobrar un rendimiento. ¿Cómo les explicas que la mitad se la diste a un país que te decía que no podía pagar y se lo diste igual ? Por eso es necesario ver cómo resolverlo políticamente, ahí es donde ayuda esto a la discusión”.

Cantamutto aclaró que aun hay que conocer qué política tendrá la gestión de Joe Biden para el Fondo Monetario -donde Estados Unidos tiene poder de veto- y que resolución propone la entidad para la crisis desatada por la pandemia.

El economista Francisco Cantamutto comentó en su primera columna enel aire de la FM De la Calle el panorama económico para el año que comienza: pandemia, FMI y proyectos del Congreso.

“De agosto a esta parte la economía muestra señales de recuperación, va recuperando en casi todas las ramas de actividad con lo cual todo indicaría que lentamente se ve la pre pandemia. Todas las demandas que el año pasado estaban limitadas empiezan a cobrar relevancia y, entre ellas, las de distribución del ingreso”, señaló.

Agregó que “el gobierno lo que dice es que la inflación que se espera es del 29% y que los salarios deberían ganarle levemente a esa cifra. Desde las cámaras patronales no están tan de acuerdo, una recuperación a penas por encima sería moderar las expectativas de los votantes que- entendían que había que ponerle freno al desguace para distribuir mejor el ingreso”.

Esto se piensa desde varios ejes, argumentó el economista, “por un lado, la reticencia de las cámaras patronales a elevar los salarios pero, por otro, la capacidad del Estado de morigerar este proceso. Me refiero a la inflación, el mercado habla de una inflación estimada del 40%, bastante por encima. Los niveles de precios dependen de varias cosas: una es el salario, que lo quieren acotar a niveles de pandemia, para el caso de trabajadores estatales da casi 25 puntos por debajo del 2015, eso es lo que perdimos en cinco años. El otro precio es el tipo de cambio, el dólar. El año pasado lograron que el tipo de cambio fuera moviéndose lentamente, eso produce un ancla cambiaria, lo que tratan es ir con una devaluación paulatina”.

“Esto está atado hasta tanto se arregle con el FMI, que dice que no hay que achicar tanto el gasto pero en los hechos todas las evidencia indican que a los países de la periferia nos dice hay que achicar el grifo”.

Esto es importante por dos motivos, “el primero es que el FMI señala que hay que subir tarifas porque si no crecen subsidios y aumenta el déficit y de nuevo a la misma bola. Desde el gobierno saben que aumentar tarifas en año electoral es más o menos como pegarse un tiro en los dedos. Hay una fuerte tensión de no subir tarifas de manera generalizados, una alternativa es una suba 0 para sectores vulnerables, una suba de 9 o 10% para sectores medios y para los sectores mayores la suba que corresponde”.

Otro elemento que condiciona es la discusión con el FMI es cuánta política social habrá. “Las organizaciones sociales señalan que la situación es critica. Es necesario que el Estado salga apuntalar, pero si lo hace incumple las metas del FMI. El gobierno está en un hilo muy delgado para lo cual la apuesta central fue mantener a todos en el diálogo”.

Congreso

“Hay dos proyectos en discusión parlamentaria. Incentivos para la construcción y modificación del piso de Ganancias. Buscan que “sectores de ingresos altos vuelquen recursos al gasto. Los incentivos a la construcción ya se ven, al tener tantas dificultades para acceder a dólares los sectores de altos ingresos con el sobrante que tiene salen a construir. La idea que tienen es darle más incentivo fiscal, desgravaciones. es bastante poco progresivo en realidad”.

Por último, mencionó que también hay acuerdo en “ampliar un piso de exenciones que permitiría a 1 millón 300 mil personas dejar de pagar Impuesto a las Ganancias y se supone que esos pesos se volcarían en la economía. Son seis u ocho mil pesos al año, no es fortuna”.

“Es una medida de corte electoral, ese gasto esperan volver a recaudarlo por la vía del IVA. Lo que habría que discutir cuáles son las distintas escalas y alícuotas. La canasta de pobreza es de 56 mil pesos y alguien que gana a partir del 55 mil puede pagar impuesto. Esto es irracional y se arrastra hace más de una década y en vez de reformar integralmente se hacen estos parches”.