El fiscal Pablo Fermento desarrollará este lunes el tramo final de su alegato contra los cuatro ex integrantes de la Triple A que son juzgados en Bahía Blanca por más de una veintena de homicidios.

La audiencia comenzará a las 8:30 y se estima que al cierre de la jornada realizará el pedido de penas para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, acusados de haber integrado la asociación ilícita y en el caso de Aceituno, además, de ser uno de los asesinos del dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo.

El fiscal afirmó que los crímenes de la banda respondían “al objetivo de un plan sistemático de persecución y exterminio llevado adelante por los poderes fácticos civiles y militares e institucionales”.

Uno de los ejes del alegato fue la descripción de la alianza entre el diputado nacional del FreJuLi y secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, y la familia Massot, propietaria de La Nueva Provincia. El fiscal comentó que la misma “tuvo sus momentos de salud y de tensión”.

A principios de 1975, el diario titulaba “UNS: una aviesa maniobra del marxismo triunfa otra vez”. La editorial, previa a la intervención de Remus Tetu, ya reclamaba la confección de listas con los blancos a ejecutar. Un día después, la empresa de los Massot difundía una carta de Ponce al ministro Ivanissevich en la cual “denunciaba literalmente el marxismo apátrida infiltrado en los claustros y pedía una urgente intervención de la UNS”.

En el mismo sentido, otra de las editoriales de la época “elogiaba los operativos de depuración en la ciudad de Buenos Aires y declamaba: es tiempo que también Bahía Blanca exhiba una universidad limpia en todos los órdenes, evitando la actitud de quienes supieron despojarse del deleznable ropaje impuesto por el soviet desjerarquizante de Puiggrós, Benamo y compañía”.

“No queda ninguna duda del rol que jugó La Nueva Provincia como factor de poder en la ciudad para generar este punto de inflexión que significó la llegada de Tetu al rectorado en el desarrollo de la política paraestatal de represión y aniquilamiento”, afirmó Fermento.

Por otra parte, recordó la respuesta de la familia Massot a integrantes de la comunidad católica que en mayo del 75 informaron a monseñor Tórtolo del peligro que sentían tras el asesinato del cura Carlos Dorñak y José González. “Colegios católicos y autoridades, no se puede sembrar violencia y esperar el fruto de la paz”, amenazaba LNP.

Las tensiones entre el clan Massot y Ponce comenzaron a evidenciarse en el segundo semestre de 1975 y culminaron con un tiroteo entre la patota y la custodia del diario el 11 de septiembre de aquel año.

Según el alegato fiscal, el archivo de la DIPPBA “señala como motivo probable los lugares enfrentados en que quedaron el sector de Ponce y la empresa en el marco del conflicto entre los gremios gráficos y de prensa” y por “el malestar de la Juventud Sindical Peronista y de la CGT frente a editoriales del diario”.

Una semana antes del tiroteo, el 3 de septiembre, el diario titulaba “El respaldo que necesitaba la policía de Bahía Blanca” dando cuenta del “pasaje de lo paraestatal a lo estatal al servicio del aniquilamiento del enemigo interno”. Decían los Massot: “Cual signo de los tiempos, Bahía Blanca, aliviada, ha visto como el tristemente célebre automóvil azul sin chapa -bautizado ‘la fiambrera’ por el ingenio popular- ya no sale de noche a cumplir su tétrica recorrida, ni está permanentemente estacionado, para escarnio de la ciudad, a vista y paciencia de cuantos quisieran observarlo”.

Fermento destacó que “no nos interesan los vaivenes del romance entre la Triple A y la familia Massot. Queremos resaltar que estamos tratando de probar algo que hace cuatro décadas era un hecho absolutamente notorio y tan de público conocimiento que la fiambrera’ aparecía mencionada en el diario que leían todos los bahienses. No hacía falta publicar nombres propios para conocer a quién iba dirigido el dardo venenoso que tiraba la familia Massot, al punto que una semana más tarde los remitentes y los destinatarios iban a estar a los tiros”.

“Lo que quedó absolutamente claro es que continúa siendo un hecho notorio la existencia de ‘la fiambrera’ y de la Triple A en Bahía Blanca, a pesar de los miedos y los silencios que cobijan y los olvidos convenientes”, concluyó.

Depuración gremial y estudiantil

La Fiscalía alegó que la consolidación de la Triple A en Bahía Blanca incluyó la depuración ideológica en la UOCRA -facilitada por la sanción de la Ley de Asociaciones Sindicales y en el marco de la interna entre la Juventud Sindical Peronista y la Juventud Peronista- y la toma de la UTN por parte de la patota. 

“Estos dos procesos muestran a Ponce como la figura central y descollante de la tarea de limpieza en Bahía Blanca y la región, a un nivel muy por encima de la ciudad. Su lugar era la ciudad de Buenos Aires donde tenía vínculos con el poder central del país”.

Con Tetu se agudizó la represión

Los crímenes de la banda continuaban mientras se gestaba la intervención de la Universidad Nacional del Sur. Remus Tetu fue finalmente designado el 21 de febrero de 1975 y dispuso “una serie de medidas como cesanteo masivo de docentes y no docentes, cierre de carreras, del comedor universitario, clausura de centros de estudiantes y prohibición de toda actividad de política universitaria e intervención del gremio no docente y colocación de el mismo bajo control de la CGT”.

Fermento afirmó que el juicio evidenció que “el grupo vino con el único objetivo de cumplir con un plan de persecución e intimidación política, que estaba integrado por los cuatro imputados, que recibieron armas del Destacamento 181, que utilizaron la planta automotora de la universidad, que accedieron a los legajos universitarios y, además, hay que decir que el escenario de violencia que se vivió en la UTN se trasladó a la UNS y, a partir de ese momento, se va a producir un notorio desborde de la lógica de los asesinatos de manera que de los 24 que se investigan en esta causa 21 fueron cometidos en los nueve meses posteriores a la llegada de Tetu de marzo a diciembre del 75”.

Integración de la asociación ilícita

En cuanto a la conformación de la Triple A bahiense, Fermento sostuvo que estaba integrada por “entre 20 y 40 miembros” destinados al ámbito universitario, al gremial y al patrullaje de la ciudad. Los hombres militaban en el peronismo ortodoxo y en la Juventud Sindical Peronista.

“La pertenencia de estos cuatro acusados a la asociación ilícita no solo se encuentra acreditada por la resolución y designación (como personal de seguridad) firmada por Remus Tetu sino que para cuando los cuatro ingresaron formalmente a la UNS ya se conocían entre sí, compartían los mismos ámbitos de militancia político gremial, ya venían realizando una tarea de depuración en el campo gremial, en la Junta Nacional de Granos y en la UOCRA y en el campo estudiantil en la UTN, eran amigos -en el caso de Aceituno y Argibay- o tenían la suficiente confianza para respaldarse laboralmente -como Argibay respecto a Pallero y Chisu- y se movían incluso en los ámbitos de esparcimiento social de noche en los que se jactaban de asesinar personas”.

Plan de exterminio

Al referirse al propósito criminal de la banda, el fiscal explicó que “no fue exclusivo del grupo de agentes de Bahía Blanca sino que responde al objetivo de un plan sistemático de persecución y exterminio llevado adelante por los poderes fácticos civiles y militares e institucionales”.

“Este propósito era el de generar a través de la violencia un quiebre en los lazos de pertenencia e identidad de un grupo social sujeto a persecución, es decir, destruir al grupo como tal”.

“Para ello se buscó segregarlos de los espacios sociales -de eso se trataba cuando hablábamos de depuración de gremios, universidades y espacios religiosos-, disciplinarlos y cortar las relaciones de solidaridad y cooperación entre los integrantes del grupo y entre la sociedad y el grupo como tal”, agregó.

Fermento subrayó que “era necesario poner en práctica un programa de hostigamiento consistente en un conjunto de agresiones que se encuadran en una serie de delitos penales como son los de abuso de armas, amenazas armadas, intimidación pública, violación de domicilio y robo, lesiones, secuestros y, finalmente, asesinatos”.

La sola presencia del grupo o de cualquiera de sus miembros intimidaba. “El patrullaje fue una de las principales actividades del grupo y cumplía con un objetivo de control de espacios sociales como las universidades, los secundarios, las grandes obras de construcción como la petroquímica, sedes gremiales como la UOCRA o la CGT y, por último, las calles de Bahía Blanca”.

La “habilitación institucional” de la violencia no provenía solamente del rectorado de la UNS sino que “existió a partir de la aquiescencia, cobertura y colaboración de parte de las fuerzas estatales y de la justicia”.

“Contaban con capacidad de intimidación concreta. Estaba asegurada por aquello que el grupo era capaz  de hacer y que efectivamente hacía. El grupo golpeaba, disparaba, secuestraba, torturaba y asesinaba. Nadie dudaba de que podían cometer todos estos hechos”.

Fermento manifestó que varios testigos “hablaron de una ciudad sitiada, asolada o adueñada” y que “cruzarse con Aceituno, Forcelli, Curzio o Pallero en la Universidad del Sur era cruzarse a la patota”.

Asesinatos rituales

El alegato fiscal explicó que los homicidios de la banda eran “asesinatos rituales” que “debían servir para dar un mensaje, tenían que tener un sello para que quede claro para quién era el mensaje, era el sello de la Triple A, secuestros nocturnos y en banda, acribillamientos, disparaban todos para repartir responsabilidades, abandono de los cadáveres en lugares poblados -Pibe de Oro, boliche Landa- colocación de bibliografía calificada como subversiva en la escena del crimen. Asesinaban al militante político, al que tenía intención de participación política y a simpatizantes con este colectivo social”.

La identidad de las víctimas involucraba a integrantes de movimientos de izquierda o espacios sociales, pertenecían al ámbito político universitario, al gremial -varios de la construcción-, espacios religiosos y partidos políticos -Partido Comunista-“.

El Tribunal Criminal N°1, compuesto por Hugo De Rosa, Ricardo Gutiérrez y Christian Yesari, absolvió por unanimidad a Axel Moreyra. El joven estaba acusado de haber protagonizado un robo agravado por el uso de arma en la zona de El Pinar en agosto pasado.

La familia denunció la inocencia de Moreyra desde el primer día y a pesar de los obstáculos judiciales logró probarlo. Entre otras evidencias, aportó filmaciones de cámaras de seguridad de vecinos del lugar que mostraban al imputado en otro lugar mientras ocurría el robo.

“Hubo irregularidades serias de parte de la policía: en el acta de procedimiento con la aprehensión nunca se considera que estaba presente la hermana de Axel, Giuliana. Eso nos hubiera podido haber habilitado pedir el testimonio de ella”, detalló a FM De la Calle uno de lo abogados de la familia, Ariel Zara.

Agregó que cuando se le preguntó a la agente por qué lo omitió “dijo que era porque no tenía mucha experiencia en redactar actas. Una de las víctimas dijo que personal policial los reúne y les dice que este muchacho (Axel) ya había tenido un par de entradas, con lo cual con esto incide indebidamente en el testimonio de las víctimas”.

Según la declaración del imputado: “Una vez en la comisaría le dicen ‘robaste negro de mierda’ mientras (la oficial) Medrano le decía que se quede tranquilo, que estaba ahí solo para identificarlo. Pasan las horas y le dice que estaba complicado, luego que quedaba detenido”.

El juez Yesari expresó reparos sobre la versión de la familia aunque votó por la absolución porque Moreyra “no fue reconocido por su rostro u otras circunstancias físicas, no se le secuestró elemento ninguno de los sustraídos y el cuchillo secuestrado en su inmueble no puede ser el utilizado en el lugar -ya que el encartado no habría regresado a su domicilio luego de la comisión del hecho”.

Zara manifestó que el mal accionar de la Bonaerense “tiene que ver con un tema de estadística, con ciertos estereotipos con los que a veces se maneja personal policial. Recibió una llamada del 911 donde daban cuenta que había dos masculinos con prendas oscuras, entonces ven a un muchacho morocho con esa prenda y piensan que es él”.

La causa no está cerrada, la sentencia puede ser apelada por la fiscal Claudia Lorenzo.

La madre de Moreyra, Carolina Ojeda dijo a FM De la Calle que la familia está tranquila “porque se pudo comprobar la inocencia de Axel que venimos gritando desde el primer momento. Nunca imaginé esto, felicidad no es porque absuelven a mi hijo de un delito que no cometió”.

Moreyra estuvo preso durante 31 días, fue trasladado a la dependencia de Coronel Suárez y, producto de una afección asmática, la defensa consiguió el arresto domiciliario para que espere el proceso judicial en su casa.

“Las cartas que tengo de mi hijo son desgarradoras, la mayoría dicen ‘la verdad se va a saber’, nunca fue escuchado”, señaló la madre.

Ojeda mencionó que “no volví a ser la misma nunca más. Vivo a dos cuadras de El Pinar, yo nací ahí, un lugar tan lindo, tengo tantos recuerdos, pero el peor es este. Ver a mis hijos rodeados de policía”.

Foto: Rodrigo Nistal.

El director del Programa Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares, afirmó que las imputaciones contra los 14 jóvenes de Puan detenidos en una causa por narcotráfico tienen “debilidades probatorias muy evidentes: el testimonio de Kevin Torres que supuestamente origina la investigación, ahora se constata que una firma que se asentó no es la de él”.

Reclamó que la Fiscalía General de Bahía Blanca “observe con particular detenimiento las irregularidades que plantea la familia y las defensas. Y que se aparte a la policía bonaerense de la investigación por entender que la denuncia efectuadas por Kevin da cuenta de un involucramiento notorio de la fuerza de seguridad en las irregularidades de la causa”.

La CPM, la Cátedra de Educación y DD.HH. de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, brindaron una conferencia de prensa junto a familiares de los jóvenes privados de la libertad. Solicitaron que se revea la investigación y se evalúe el cese de las prisiones preventivas de los 14 detenidos en la Unidad Penal de Villa Floresta.

Jessica Visotsky, docente de la UNS, afirmó que desde la Cátedra “acompañamos a la familia sabiendo que la universidad pública tiene la obligación de hacerlo y debe asumir el compromiso con la sociedad donde está inmersa”. Por su parte, Raúl Menghini, director del Departamento de Ciencias de la Educación – UNS, expresó que “se deben seguir los procesos judiciales ajustados a derecho y no criminalizar a los jóvenes”.

Pomares agregó que desde la Comisión solicitan que “se pongan medidas de protección para el testigo Torres que ha denunciado hostigamiento concreto de parte de la policía provincial”.

El organismo provincial acompañó el pedido de los familiares ante la Cámara de Apelaciones para que resuelva las libertades durante el proceso y que “disponga medidas alternativas al encierro”.

Sobre el final de la conferencia de prensa, Nora Cortiñas expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares de los 14 jóvenes detenidos. “Nos preocupan estas situaciones, por un lado, salen leyes legalizando el uso medicinal del cannabis y, por otro, se persigue a los jóvenes falseando sus testimonios. Así vamos mal”, sentenció.

“No nos van a silenciar, vamos a ser la voz de los chicos que están detenidos”, dijo Fabiana Herrero junto a Federico Parodi, ambos familiares de los jóvenes privados de su libertad. Según el Código Procesal Penal de la Nación, en su artículo 312, para dictar una prisión preventiva no debe existir riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación. “Todos tienen contención familiar, dos se entregaron espontáneamente y todos cedieron voluntariamente sus teléfonos y sus pertenencias”, dijo Fabiana, madre de Nicolás Lupin, autocultivador de cannabis encarcelado.

Federico, hermano de uno de los detenidos, analizó con indignación: “¿Hasta dónde llega el trabajo de la fiscalía? ¿Hasta dónde tienen que investigar? ¿O se conforman con lo que le dice la policía? Como son pibes de un pueblo de clase media baja, se los criminaliza al toque, se los manda al penal. Kevin Torres, tuvo el valor y la ética, de presentarse a declarar en la fiscalía. Lo usan al pibe para hostigarlo, pensando que se iba a quedar en el molde”.

El Frente de Todos presentó por cuarta vez una minuta de comunicación pidiendo explicaciones al Ejecutivo acerca de las disposiciones finales de los fallecimientos por o de Covid 19.

El jueves no fue tratado. ¿Hubo entierros en sectores inundables a pesar de estar prohibido?

“Poco después de decretada la pandemia el intendente mandó un proyecto sobre qué es lo que se debería hacer en caso de una catástrofe de esta magnitud, cuál es el tratamiento de los cadáveres. Se votó en el Concejo una normativa que se adecúa a las nacionales e internacionales. No hay ninguna certeza hasta ahora que lo que se votó se haya llevado a cabo”, dijo a FM De la Calle Gustavo Mandará.

La minuta requiere un pedido del “listado completo de la disposición final de los cuerpos de las 345 personas fallecidas en nuestra ciudad tanto por COVID-19 como con COVID-19 según los registros oficiales al día 10 de marzo de 2021, con el correspondiente desglose respecto si fueron cremados o inhumados y en qué lugar”.

El covid es una enfermedad tanatotransmisible, se puede contagiar incluso a través de una persona muerta. “Según la ordenanza, se estableció que quienes fallecieran de Covid y con Covid no puedan ir a nichos ni bóvedas, se recomienda la cremación. En caso que no quede remedio que ir a tierra se ponen condiciones claras de cómo se hace”.

Destacó que “no se puede inhumar a personas con Covid en terrenos inundables ni a menos de 200 metros de un curso de agua. El cementerio Parque de Paz está en una zona inundable y cuando llueve está en un curso de agua. ¿Ninguna persona muerta de o con Covid fue inhumada en Parque de Paz? Eso estamos preguntando”.

El director de la Clínica Matera, Pablo Casella, destacó que el sistema de salud está a la “espera de un segundo brote cuando esté cerca el invierno”. Agregó que están activando los mecanismos del año pasado para afrontar el rebrote.

“Lo que se ha visto y la información que tenemos es que esta cepa brasilera es más transmisible y genera más contagios, más rápido. En cuanto a la peligrosidad pareciera ser igual que la cepa de ahora”, dijo Casella a FM De la Calle.

El médico comentó que “lo esperanzador es la vacunación. La respuesta, además de los cuidados, viene de la mano de la vacunación. En el hospital estamos muy avanzados, en las áreas destinadas a Covid estamos en el 100% de vacunación y en las otras áreas es del 70%. Es muy poco el personal que no se quiere vacunar, son los menos. Tenemos mucha gente que trabaja en el hospital que no están en contacto directo con pacientes, esas áreas están más retrasadas”.

Respecto al contagio de personas ya vacunadas, Casella destacó que “los casos han sido muy leves, no han necesitado ningún soporte extra. La vacunación en ese sentido la vemos muy eficaz para evitar formas graves del Covid. Creemos que si tenemos el 50% de la población vacunada eso nos daría un alivio significativo”.

En el hospital “hoy solamente quedaron cinco paciente positivos y dos sospechosos y sí seguimos teniendo muchos pacientes en seguimiento telefónico. Hay 18 positivos y 20 a la espera. Nuestros principales pacientes corresponden a empleados de comercio y son gente joven, todo el año pasado tuvimos promedio entre 45 y 50 años. Es la característica de nuestro hospital”.

“Tenemos una ventaja, si mantenemos los cuidados personales y asumimos que la pandemia no pasó, tenemos la posibilidad de minimizarlo y que no pase lo de otros países”, concluyó.

El Centro Cultural La Panadería reabrió sus puertas con un espectáculo que surge de la creatividad de Matías Morelli, un artista especializado en percusión, conocido por públicos diferentes. Hay quienes lo han escuchado como solista en percusión de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, otras audiencias por su participación en grupos históricos de la ciudad y hay quienes han presenciado sus propuestas de características contemporáneas. También es docente, entre otras cosas. A grandes rasgos, una figura que se mueve en diversos ámbitos de la música y del arte. Si la música es una sola –como reivindicamos desde este espacio- y, en todo caso, se expresa en distintos formatos, su práctica requiere de músicos integrales. Es el caso de nuestro convocado.

La propuesta que tendrá lugar –última función- este sábado a las 21:30 parte de una propuesta estética personal. “Siempre digo que si durante cinco minutos dijimos algo que solo nosotros podíamos hacer, de la hora que estamos tocando, salvamos la noche”, cuenta Morelli a nuestro medio.

Sobre el escenario participan otros y otras artistas que arroja una mixtura sonora y subjetiva. “Mi idea original era hacer un concierto solo. Yo tengo un ejercicio cotidiano de juntarme con gente a tocar y a improvisar. En un momento en el devenir de organizar este concierto, fui comentándoles y se fueron sumando. Al final armé un concierto donde en una primer parte toco solo y luego en un ensamble con músicos que por primera vez tocamos juntos, antes tocábamos por separado”.

El concepto no tiene que ver con la ejecución de una obra escrita. “Todos conocen la manera en la que se toca y no hay una pieza que hay que tocar: hay que estar en ese estado para poder tocar. Requiere un estado mental. El concierto quiere reflejar un estado de improvisación que cuando no nos debemos a un público, estamos como una hora sin parar donde pasamos por distintos momentos. La idea es reflejar esa espontaneidad pero controlada. Y ahí lo que hay que hacer es saltearse todo el tiempo aquel lugar común en el que sabés que podés…”.

Tocar esta música, rechazar todos los lenguajes que uno ya conoce, responde a la situación que estamos viviendo. Por lo menos en el arte me rebelo”.

Marcos Marchegiani, uno de los artistas invitados, dijo a FM De la Calle que “desde la perspectiva de quien está en el escenario, el concepto musical que se trabaja es el concepto de la búsqueda constante. Es la sensación de que lo que encuentra uno arriba en el escenario no es el fin sino que el fin es la búsqueda. Cuando alguien encuentra algo, los demás estamos buscando cómo profundizarlo. Es una aventura a través del campo auditivo y de las emociones, sin la necesidad de un preconcepto”.

“Es una propuesta muy ambiciosa. Venimos de un año en el que es muy necesario que trabajamos nuestras emociones. Tenemos que saber valorar que exista gente como Mati en Bahía Blanca que pueda trabajar en este campo con conocimiento y experiencia para poder llevar adelante este tipo de propuestas que no son comunes pero son necesarias”.

El concierto está dedicado a Diego Maradona, en un gesto que no refiere a la literalidad de su presencia en el espectáculo sino más bien a una manera de percibir el mundo. “Sin ser futbolero ni necesariamente maradoneano, cuando murió, dije: cambio de era. Guardé todas las partituras y las archivé. Me puse a improvisar y encontré cosas muy interesantes. Cuando dejás de leer y estudiar terminás escribiendo. Me parece que es un poco el gesto maradoniano: cortarte solo y jugártela por ahí. Y asumir el riesgo”.

Fotos y video: Título en construcción

Un equipo de investigación en ciencias sociales de la Universidad Nacional de Quilmes consultó a más de 1400 habitantes de CABA y provincia de Buenos Aires qué harían si fueran presidente si en marzo se llenaran las terapias intensivas con casos de Covid.

Las respuestas van desde el cierre total de actividades, restricciones de algún tipo hasta la opciones más laxas sin ninguna prohibición.

En su columna de FM De la Calle, el médico Horacio Romano analizó que “solo una minoría contesta que dejaría todo abierto y a la responsabilidad de cada vecino. La mitad de los que impondrían cuarentenas de algún tipo dicen que gran parte no haría caso. En cambio, los que no imponen aislamiento piensan que el 80% los apoyaría fervientemente”.

“Esto nos lleva a pensar otra cuestión que es el pensamiento hegemónico, es aquel que logra imponer sus creencias y valores por encima del resto de la sociedad, aunque para el resto de la sociedad vaya en contra de sus intereses. Las clases subalternas piensan como ricos pero no son ricos, básicamente. Esta encerrona es la que se le está generando al gobierno en todos sus órdenes en este momento”.

El médico señaló que “este discursos se instala con la clase hegemónica el año pasado, con la infectadura, la cuarentena más larga. A partir de la apertura de actividades empiezan a aumentar los casos. Lo del verano es otra cosa, fueron cerca de 8 mil fallecidos en dos meses. Lo que ves en todos lados que la segunda ola fue más fuerte que la primera, que si no nos encuentra vacunados va a ser más fuerte que la que vivimos”.

Daniel Feierstein, investigador y analista de los datos de la encuesta, publicó que “podemos ver que lo mismo ocurre con la reapertura de las clases presenciales. Se vociferaba que lo querían las mayorías pero el 77% pensaba que era mejor esperar a que estuvieran vacunados todos los docentes en una encuesta previa del mismo equipo del Socpol-UNQ”.

“Las decisiones hay que tomarlas, si hay que cerrar fronteras hay que cerrarla fuertemente, no es cuestión de solicitar que no se viaje, no se tiene que ir al exterior. Saber que vamos a vivir un invierno complicado y a renovar las cuestiones de aislamiento y cuarentena por lo menos hasta que tengamos al grupo de riesgo vacunado”, argumentó Romano.

Por su parte, Feierstein afirmó en sus redes que “si las autoridades y cada uno de nosotros podemos tener esto claro, quizás las disputas por el sentido puedan avanzar otro pasito y permitirnos construir las condiciones para recuperar la aplicación del principio precautorio y salvar muchas vidas ante la segunda ola”.

“La fotografía era su alma”, dijo Horacio Tolza a FM De la Calle sobre su amigo, mentor y compañero de profesión Luis “el Turko” Salomón quien falleció el fin de semana.

El secretario general del SATSAID destacó que “todos quedamos muy compungidos, estará con su bicicleta andando en el cielo y repartiendo fotos”.

“Fue mi maestro en fotografía, eso hace que lo conozca hace un montón de años, excelente persona. En el SAT era uno más, todos los compañeros lo querían, siempre estaba, como estaba en los juicios y con las Madres”, dijo.

Entre la vasta obra de Salomón se destaca la emblemática foto del desfile militar del 9 de julio de 1971, la cual es utilizada para retratar el terrorismo de Estado y la dictadura cívico militar.

“No es fácil sacar una foto así, hay que estar en el momento justo. El Turko lo logró. Fue una foto impactante en su momento y después lo siguió siendo. Ahora aparece en un diario de Alemania, de Inglaterra…”, señaló Tolza.

Agregó que “era muy buen artista fotográfico, era su pasión. Iba a todos lados con la cámara, decía ‘sin la cámara no voy’. Era un elemento más de su cuerpo. Era su alma, la fotografía era lo que lo motivaba”.

La Corriente Clasista y Combativa presentará este viernes un proyecto de ordenanza para adherir a la propuesta de ley de Tierra Techo y Trabajo. La iniciativa plantea “una política municipal habitacional y de loteo social para los sectores medios y populares con mano de obra cooperativa; y, por otro lado, garantizar tierras para el desarrollo de un cordón verde que garantice el abastecimiento frutihortícola”.

El dirigente Cesar García comentó a FM De la Calle que según el proyecto de ley serían “soluciones habitacionales a 350 mil familias. En algunos casos viviendas de cero y en otras terminaciones. Un millón y medio de puestos de trabajo a partir de la colaboración de las cooperativas de trabajo y organizaciones sociales y sindicales”.

“Hemos presentado algunos lugares de Cerri y Aldea Romana donde pasa agua dulce para poner a discutir la agenda de ampliación del cordón verde”, mencionó.

García dijo que en la ordenanza “marcamos que estamos en una ciudad donde nos vienen todos los alimentos desde Buenos Aires, eso encarece el producto y hasta que llega a las manos de consumidor hay dos días de estancamiento por eso disminuye la calidad”.

Agregó que comenzaron a reunirse con representantes del Municipio. “El problema es juntarse y juntarse y que no haya respuesta o, peor aun, cuando nos dicen esto es extraordinario pero eso puede ser un proyecto de negocios inmobiliarios”.

En cuanto a la situación social y la continuidad del trabajo de las organizaciones en los barrios destacó que el Comité de Crisis “hace cuatro meses que no tiene actividad, falta que digan ha abandonado el grupo, no hay reuniones de ningún tipo. En algunos casos hicimos mucho más que el Estado”.

“Hay cosas que a pese a algunos cambios nunca cambian”, dijo el concejal Carlos Quiroga a FM De la Calle al ser consultado sobre la censura de La Nueva al artículo de uno de sus periodistas sobre una causa judicial armada por la Policía Bonaerense.

La edición ya había sido impresa y estaba lista para su distribución aunque el empresario Gustavo Elías prefirió destruirla para no “horadar” una investigación del fiscal Santiago Martínez.

“Ha sido una decisión atroz, me puse a disposición sindicato del que fui uno de los afiliados más antiguos hasta mis desvinculación del periodismo”, comentó Quiroga.

Agregó que “es un tema de una empresa privada que maneja información y tiene poder por encima de cualquier otra actividad de naturaleza privada, sería merecedor de una discusión pública más intensa. Los compañeros del sindicato lo han dado por saldado”.

“En aras de la libertad de expresión que dicen defender, los lectores estaban en derecho de conocer lo que el colega había escrito”, opinó.

El secretario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Hidalgo, falleció este miércoles. Sus restos son velados hasta las 16 en Mitre 470.

“Hoy no nos sale ninguna palabra.. solo estamos rotxs de dolor…. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE QUERIDO CHIQUITO EDUARDO HIDALGO!! Besá a los Viejos y a los 30Mil!!”, afirmó la agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

Eduardo es un referente de la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de memoria, verdad y justicia por las y los 30 mil companer@s detenid@s desaparecid@s.

Fue dos veces secuestrado durante el terrorismo de Estado y sobrevivió al cautiverio y las torturas del campo de exterminio La Escuelita. Su hermano Daniel y su cuñada Olga Silvia Souto Castillo -embarazada- fueron asesinados por el Ejército en un falso enfrentamiento montado en el edificio de Fitz Roy 137.

“Hoy me voy de este lugar satisfecho de lo que he hecho estos 35 años. Se ha ido la mitad de mi vida en esto, he dejado muchas cosas de mi vida sin hacer, esperaba este momento como nunca. Hubiera querido que esté al menos quien fuera el responsable de que llegáramos a este lugar, Ernesto Malisia, hubiera querido que mis viejos estuvieran aquí”, dijo en octubre de 2011 al finalizar su declaración en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad de nuestra ciudad.

“Armando Isasa hoy vive y tiene 95 años, era el ‘presidente’ del Partido Comunista de Dorrego. Le habían avisado que lo iban a matar y mi papá se lo trajo para Bahía. Vivió con nosotros muchísimo tiempo. En el año 74, 75”, mencionó Carlos Balbuena en defensa de Juan Carlos Curzio.

Fue el último testigo del juicio por 24 homicidios cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina que se encuentra en etapa de alegatos. Consultado por la Fiscalía sobre quién perseguía a Isasa, Balbuena afirmó: “La Triple A”.

Según el mecánico, su familia convivió con el dirigente comunista “diez meses seguro”. “Juan Carlos Curzio iba a mi casa y lo tenía que ver”. La vivienda de Undiano 270 tenía su patio lindante con los fondos de la Comisaría Primera. Balbuena reconoció que Bahía Blanca no era un lugar seguro para un supuesto perseguido por la banda paraestatal pero “era más seguro que un pueblo como Dorrego”.

Balbuena tiene razón: Isasa vive y tiene 95 lúcidos años “recién cumplidos”. Lo que no es verdad es el resto de la historia.

En su casa del macrocentro bahiense, el ex militante se mostró “sorprendido” ante FM De la Calle por las declaraciones del amigo de Curzio.

“Yo vine a Bahía Blanca a buscar una casa con la perspectiva de trasladarme porque los dos hijos míos tenían necesidad de crecer en la universidad. Uno ya tenía el secundario y me obligaba a tener que venir porque no tenía condiciones económicas de costearlo desde Dorrego. Vine con un trabajo, una empresa que vendía fosfatizantes, a vivir a la casa de un compañero que no me acuerdo quién era, y un día fui a lo de Balbuena al taller y me dijo ‘vení a vivir ahí arriba si querés’”, contó.

Isasa sostuvo que fue por “un plazo no mayor a cuatro meses porque conseguí la casa en la que vivo en la actualidad y me vine con el hijo menor, mi señora se quedaba en Dorrego mientras yo hacía las refacciones”.

“En ese período de tiempo viví en lo de Balbuena (padre), nunca jamás lo vi a Curzio. En cuanto al Balbuenita chico tampoco lo conozco, no lo he visto nunca, al otro (su hermano) sí porque solía estar en el taller. Yo estaba muy poco, vivía en una pieza arriba, la casa estaba totalmente deshabitada”.

Isasa reafirmó que “de ninguna manera” llegó a la ciudad escapando de una persecución política. “Estando en Dorrego me llamaron a la comisaría a mí como a todos los jefes de partido o militantes destacados de cada una de las cosas, donde nos comunicaban, a mí me comunicó un muchacho con el que fui a la escuela, me dijo ‘mirá es para todos, no es para vos, no se puede hacer política, está suspendida por el gobierno la actividad política’. Le digo ‘yo casualmente ando con un despelote, no tuve más contacto con nadie, ni con la policía ni con nadie’”.

“He tenido problemas como tienen todos los militantes y los que se meten en lugarcitos que según el poder dominante no se deben de meter. Los inconvenientes y garrotazos que corresponden a la lucha de clases, no hay otra. Pero no en esa época”, aseguró.

Isasa comentó que “sabía que existía un Curzio como supe que había un italiano que no me acuerdo cómo se llamaba. El trabajo de la militancia no da tiempo para mucho deporte o distraer la atención de lo principal que es la lucha en la que uno invirtió muchos años de su vida”.

En cuanto a la relación entre Balbuena padre y Curzio, relató un comentario que recibió a partir del juicio. “El padre de Balbuena, que es un hombre de trabajo hoy tan viejo como yo, según me dijeron estos días, tuvo una discusión y Balbuena lo echó del taller cuando se enteró que Curzio andaba con una ametralladora en la Universidad del Sur”.

“Parece que ahora Curzio lo ha ido a visitar, el hombre está muy solito en un geriátrico y habrán reestablecido la relación. Yo al Negro hace mucho que no lo veo, éramos muy amigos. (…) El Balbuenita este dijo que (Curzio) es un buen muchacho, sí, pero los antecedentes los tiene”.

Isasa dijo que cuando era joven pensaba: “Ojalá dure muchos años porque a alguno de estos malandras sin vergüenza voy a ver presos, a algunos los vi finaos, pero pienso ver más”.

En ese sentido, destacó que “el pueblo ha hecho cambiar muchas cosas, ver un ex presidente y general de la Nación condenado a cadena perpetua hay que recorrer mucho mundo para encontrar otro caso igual, eso lo lograron las fuerzas democráticas argentinas”.

Mariela González trabaja en el rubro de la construcción hace diez años, fue elegida como delegada tesorera en 2017 para representar a sus compañeros de obra en la UOCRA. Desde que ganó la elección, la conducción gremial -a cargo del interventor Carlos De Boer- no la deja asumir y recibe constantes amenazas.

“No me esperaba esta pregunta, si vos te animás y creés que los compañeros te van a votar, hacélo”, le respondieron cuando preguntó si podría postularse. Junto a ella fueron parte de la lista dos de sus compañeros: Tamame y Pavón, quienes pasado el tiempo comenzaron a hostigarla.

“Me decían de todo, me amenazaban, que no me meta. Yo me sentía comprometida con esos compañeros que me habían votado, para que no me falte nada. Me voy al sindicato a pedir ayuda y fue peor porque al otro día me agredieron, a uno de los chicos lo sacaron del cuello de la oficina diciéndome vos me vas a conocer”, relató González a FM De la Calle.

Foto: Tamame y Pavón junto a González

“Hice muchas denuncias, la primera fue en la Comisaría de la Mujer y no sabían si tomármela o no porque nunca hubo una denuncia laboral. En fiscalía me citaron al otro día para contar lo sucedido”, relató.

Mariela siguió yendo a trabajar y las amenazas no cesaron. “Un día estamos cenando con mis hijas y escuchamos fuertes golpes, mi hija va a sacar la moto y vimos los dos proyectiles, atravesaron el portón y las paredes de mi casa. Ya había sido advertida de que me iban a tirotear la casa”.

“Me cansé de ir al sindicato, fui muchísimas veces. Al principio De Boer no me podía atender así que me atendieron sus colaboradores, uno de ellos me mandó a que me busque un amante para que me entretenga”, enfatizó Mariela.

La delegada mencionó: “Le envié una carta al secretario general Gerardo Martínez, me citaron a Buenos Aires y me dijeron que me quede tranquila, que no está bueno manchar la institución. Me hizo entender como que yo estoy mal, que yo le falté el respecto a mis compañeros por sacar al aire todo lo que estaba pasando”.

“Antes de la intervención había más de 50 mujeres en obra, ahora hay tres. La respuesta es que somos muy complicadas las mujeres, que tenemos nuestro período, que los empleadores no quieren mujeres. No me dan solución de nada, me hacen sentir culpable de todo lo que me pasó”.

En relación a las mujeres que trabajan en el rubro de la construcción contó que “las compañeras no tienen la ropa adecuada, no tenemos una representante mujer que nos ayude, no tenemos apoyo de ninguna mujer, nadie nos puede asesorar y son nuestro derechos”.

ADUNS realizó una inspección en el edificio de las Escuelas Medias de 11 de abril 445 para “obtener información in situ del estado de la infraestructura del edificio, el cumplimiento de los protocolos sanitarios, y a su vez relevar las condiciones laborales de los y las docentes que se presenten a trabajar a pesar de la medida de fuerza dispuesta por 48 horas”.

Mariela Rígano dijo a FM De la Calle que “hubo cuestiones que no estaban ordenadas y previstas, nos enteramos que cooperadoras compraron termómetros, equipos directivos pidieron ayuda a docentes para que señalicen la escuela, cambios de horarios sin consultar a docentes implicados, cuestiones que hablan de que la universidad no puso recursos económicos y tampoco técnicos”.

Del recorrido participaron un licenciado en Seguridad e Higiene, un ingeniero Civil y un escribano, quienes registraron las condiciones a través de fotos y videos. Por otro lado, remitieron una carta documento al rector de la UNS, Daniel Vega, para que informe por escrito protocolos y documentos referidos al retorno a la presencialidad.

“Estamos armando un informe con imágenes. Observamos que mientras están en clase se están haciendo las refacciones. Ayer, el recreo de la primaria era en convivencia con un trabajador realizando tareas con electricidad, que es un riesgo grande para chicos y una responsabilidad enorme para docentes”.

“Además de estar trabajando con ventanas sin vidrios, eso implica que se meta el ruido, que la docente tenga que gritar, que los chicos hagan sus tareas en un contexto aturdidor”.

Asimismo, Rígano comentó que en las reuniones paritarias “no estamos discutiendo salario sino las condiciones seguras para volver a la presencialidad”.

“Existe un espacio de discusión que se conforma por representantes del rectorado, del Consejo Superior y de ADUNS, eso es una comisión local que a nivel nacional tiene su correlato. Por eso le pedimos al rector que respete la comisión paritaria local, allí es donde se tienen que tratar las nuevas condiciones laborales”.

El economista Francisco Cantamutto explicó los alcances de la denuncia presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, sobre el acuerdo con el FMI.

La “querella criminal” contra funcionarios macristas había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández y recayó en el Juzgado Federal a cargo de María Eugenia Capuchetti

Los denunciados son “el ex presidente Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central.

Se les imputa “defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos”.

“La querella es algo de lo que no hay antecedentes, en esta demanda no están incluidos los funcionarios del Fondo porque tienen inmunidad diplomática”, comentó Cantamutto a FM De la Calle.

Agregó que “la movida que está haciendo el gobierno no va por el lado de poner un castigo o una amenaza a futuros gobiernos que planeen hacer lo mismo. Las penas no serían de cárcel efectiva, tampoco es que les ocasionaría un daño patrimonial. Sí sería una suerte de amenaza y funcionaria como palanca para discutir el préstamo en el Fondo”.

El economista dijo que “en las últimas semanas se reveló que el FMI le propuso a Dujovne poner controles de capitales para evitar que el préstamo se fugara y Dujovne se negó. No solo generó daño en Argentina sino que generó daño en el FMI que le prestó la mitad del patrimonio a un país que no podía pagar”.

¿Estas denuncias van a permitir que la Argentina consiga que le condonen deuda? “No, es un elemento más de presión diplomática y social”.

Por otro lado, Cantamutto destacó que todavía no se conoce la postura de Estados Unidos. “Ha tomado relevancia la premura por lograr un acuerdo. En un principio era abril, mayo, pero ahora no va a pasar. Quieren un acuerdo que vaya en línea con un plan a 20 años sin reformas estructurales. El FMI plantea uno a 10 años y sin reformas estructurales o que solo insistan en ajuste fiscal”.

“El otro alivio proviene de que el gobierno de Biden aceptó ampliar la emisión Derechos Especiales de Giro (DEG) que es la moneda del FMI”.

Cantamutto explicó que “el FMI se maneja con DEG, cada país tiene una cuota de participación y en función de eso es lo que se le puede prestar. Argentina tiene cuota bastante pequeña, comparte espacio con países del Cono Sur. En la otra punta esta EE.UU. que comparte el 16,5% de los DEG, el truco es que para cualquier decisión se requiere el 85% de los votos y sin EE.UU. no se puede hacer nada”.

Posponer los plazos de la negociación significa que “gana tanto el FMI como el gobierno, es poco probable que haya novedades antes de la elecciones”.

El fiscal auxiliar Pablo Fermento comenzó esta mañana el alegato en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra cuatro ex integrantes de la Triple A. “Nos acostumbramos a vivir sin justicia porque a las muertes naturalizadas, lo natural, valga la redundancia, es que no se las investigue y no se las juzgue”, afirmó.

La apertura de la exposición incluyó un pedido de disculpas por la demora de más de cuatro décadas y una reivindicación a una de las “primeras instancias institucionales en la que muchos de quienes vivieron la violencia y las muertes pudieron superar el silencio y el miedo”.

Fermento aseguró que la sentencia del juicio “va a ayudar a abrir caminos en el proceso colectivo de Memoria, Verdad y Justicia y en la recuperación del sentido histórico tanto en el país como en la comunidad bahiense”.

Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Las audiencias continuarán mañana y pasado desde las 9 con transmisión en vivo por el canal de youtube Audiovisuales UNS.

Fermento recordó que el juicio analiza el accionar de “una organización criminal a la cual se le atribuyen 24 homicidios que fueron cometidos en los años 74 y 75”.

“Uno de los testigos, Fortunato Mallimaci, dijo en la audiencia que se empezó a naturalizar la muerte. Estamos hablando de 24 asesinatos alevosos y con ensañamiento cometidos entre septiembre de un año y diciembre del siguiente, es decir, poco menos de dos muertes por mes”.

El fiscal manifestó que “casi medio siglo nos llevó como sociedad estar concluyendo este debate del juicio, por estos motivos adherimos al pedido de disculpas que realizó el tribunal por tamaña demora”.

Comentó que esta falta de respuesta a tiempo ” no es inocua, se perdió muchísima prueba en el camino, pero por sobre todas las cosas perdimos a las personas, víctimas, familiares, amigos, muchísimos testigos y también personas que deberían ser sindicadas como responsables y que murieron en la impunidad”.

Durante el debate fallecieron al menos cinco testigos: Marta Beatriz Fabini, esposa de la víctima Rodolfo Gini; Miguel Ángel Pereyra, Eugenio Ángel Navarrete, Víctor Melchor Basterra y Jorge Alberto Bernardi.

“Pero además se perdió algo fundamental como es el debate como sociedad sobre lo que sucedió en un período histórico muy doloroso, muy sentido del país y de la sociedad donde la justicia, que cumple un rol necesario, estuvo ausente durante muchas décadas”.

“Lo que quedó es el silencio y el miedo. Miedo que vimos atravesar cada una de las audiencias testimoniales porque, a pesar del medio siglo que sucedió, sigue vigente y se actualiza”, dijo.

Sin embargo, el fiscal alegó que “la justicia aunque tardía sigue siendo justa porque se la sigue reclamando y necesitando y continúa siendo un logro encontrar los canales institucionales para su realización”.

“Esta parte de la historia de la ciudad de Bahía Blanca que fuimos recorriendo es una parte censurada, porque así como el brazo genocida clausuró espacios sociales también se clausuraron las representaciones de lo sucedido”.

Aseveró que “de todo lo que escuchamos en las audiencias se supo y se sabe mucho, se habló y se habla muy poco aun en la actualidad. Este proceso de verbalización de lo vivido tuvo que ser un proceso privado de cada sobreviviente, de cada familia, porque no se habilitaron las instancias colectivas”.

“En este juicio estamos asistiendo a una de las primeras instancias institucionales, tal vez la primera en Bahía Blanca, en la que muchos de quienes vivieron la violencia y las muertes pudieron superar el silencio y el miedo y lo hicieron para poder contar su verdad y reclamar justicia con gran valentía y coraje”, reconoció.

Tras la introducción, Fermento destacó que la de la Triple A es “una historia compleja que tiene numerosas tramas” e inició el desarrollo de la primera de ellas: la alianza entre el diputado nacional peronista y secretario de la CGT de Bahía Blanca, Rodolfo Ponce, y la familia Massot, propietaria de La Nueva Provincia.

El secretario de Gobierno, Adrián Jouglard, y el propio Fabián Tuya confirmaron esta mañana que el director de Delegaciones Municipales dejó el cargo tras el incidente de tránsito que protagonizó el fin de semana en Salta al 100.

El Municipio emitió un comunicado el sábado al mediodía en el cual referían que no había sido posible medirle el alcohol en sangre por “deficiencias en el soplido”. Tuya declaró que había sufrido un fuerte golpe en la cara.

El inspector que intervino en el caso escribió en el acta de infracción muestra que Tuya circulaba “en presunto estado de alcoholemia positiva por negarse en forma manifiesta a realizar el control según las indicaciones del agente en forma reiterada”. El informe policial, por su parte, refirió que el ahora ex funcionario tenía “aliento etílico”.

Jouglard dijo a la prensa que “el comunicado dice que se le intentaron tomar hasta 10 veces la alcoholemia y no se pudo hacer efectivo. A raíz de eso la normativa dice que en el acta hay que poner que es una negativa al test de alcoholemia”.

“Por ahora no pensé en nadie”, argumentó Jouglard sobre quién reemplazará a Tuya. “Si condujo bajo los efectos del alcohol es algo irregular”, detalló.

Desde el Frente de Todos presentaron un pedido de informes pidiendo explicaciones respecto al procedimiento llevado a cabo esa noche.

“Tuya aparece hablando por teléfono momentos más tarde y si estaba en condición de hablar por teléfono también lo estaba para hacerse el test de alcoholemia (…). Un funcionario público es funcionario las 24 horas y tiene el doble de responsabilidad”, refirió a FM De la Calle, el concejal Carlos Quiroga .

Se piden explicaciones de los “motivos por los que el director Tuya decidió trasladarse al hospital más lejano, pese a estar a menos de 300 metros del Hospital Municipal Leónidas Lucero”.

“Terminó en el Italiano vinculado a (Santiago) Nardelli que es su padrino político, capaz es solo una suspicacia nuestra”, señaló Quiroga.

agregó que “no conocemos las consecuencias del golpe, queremos saber si las cámaras de seguridad registraron la presencia de otro vehículo que es el argumento que se da cuando se habla de la pérdida del control del vehículo”.

El reclamo por una reforma judicial feminista encabezó las últimas expresiones del movimiento de mujeres e identidades disidentes ante el recrudecimiento de los femicidios y la ineficacia del sistema.

La Asociación Abogadas Feministas (ABOFEM) presentó ante el Consejo de la Magistratura un pliego de reclamos, entre ellos la impugnación de una lista de 52 jueces y juezas que no cuentan con las capacitaciones en perspectiva de género obligatorias por ley.

“El planteo de la reforma judicial ya no alcanza solo a lo referido a la administración de justicia y no concentración de poder en los fueros, sino a una lógica que tenga relación con que se aplique la perspectiva de género, de derechos, que haya paridad en los cargos. Y que, además, quienes se presenten, cumplan con la formación en género que exige el reglamento para que de una vez y por todas veamos sentencias judiciales que tengan perspectiva de género actualizadas y acordes a la realidad que estamos viviendo”, detalló a FM De la Calle, la abogada Melisa García.

La presidenta de ABOFEM mencionó que, respecto a la capacitación obligatoria en relación a la perspectiva de género, “el Consejo de la Magistratura se ha arrogado que la implantación total de estas normas será en 36 meses, pero por otro lado la misma normativa plantea que los jueces y juezas deben acreditar -aunque sea- haber comenzado un curso de género para presentarse a concurso”.

El femicidio de Ursula Bahillo conmocionó a la sociedad. La joven había denunciado en 17 oportunidades a su ex pareja quién finalmente la asesinó. A este hecho se le agrega la renuncia del juez de la causa por haber tenido un informe de peligrosidad que alertó que la vida de la joven corría peligro 12 días antes de su femicidio. ¿De qué depende la prioridad de una causa en una fiscalía o un juzgado?

“La situación deviene de no haber una formación, un seguimiento y una consecuencia para quienes toman las denuncias. El gran problema es que se abra lugar a la arbitrariedad, no entender cuál es la gravedad, pareciera que no hubiera ningún tipo de consecuencia. En una causa de violencia de género, cuando una mujer denuncia y menciona que está en peligro su vida no tiene que haber dilaciones, ni quién es el imputado, ni si es parte de una fuerza, o de la justicia, ni de ningún otro espacio”, comentó García.

“Se empezó a poner la mira en la ineficacia de la toma de las denuncias. La falla es sistemática y está en la falta de formación, en la falta de equipos interdisciplinarios, falta de evaluaciones de riesgo”.

En muchas oportunidades quienes alertan a los agentes policiales son personas cercanas a la víctima pero que, en determinado momento, se encuentran con los obstáculos del sistema que obliga a que la víctima ratifique la denuncia.

“Debería mínimamente poderse tomar una denuncia y hacer un mínimo seguimiento cuando denuncia una persona cercana a la violentada. Si se requiere una ratificación, que la persona violentada se pueda acercar a ratificar. Pero si una mujer está en situación de violencia no se le puede pedir que ratifique un proceso. Quizás no pueda salir de su casa, reciba amenazas, es ahí donde el Estado tiene que tener equipos especializados”.

La abogada señaló que “la Comisaría de la Mujer es una lógica que responde al derecho penal y si no va la víctima a ratificar se archiva. En el medio hay un montón de mujeres que mueren justamente por este tipo de abordaje, llegan a un femicidio porque el Estado no responde como corresponde”.

“Vivimos una gravedad respecto a los femicidios que hace que haya que pensar de otra manera y con perspectiva para auxiliar a las mujeres en peligro y no para cubrir al sistema que dice que si no se da de determinada manera no se puede seguir la causa”, finalizó García.

Foto: Notas Periodismo Popular