El Gobierno Nacional denunció al expresidente Mauricio Macri y a varios de sus funcionarios por el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia en el marco del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y produjo casi tres decenas de muertes durante las masacres de Senkata y Sacaba.

El hecho se conoció por la difusión de una carta de agradecimiento que el ex jefe de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara, remitió al entonces embajador argentino en el Estado Plurinacional.

En diálogo con FM De la Calle, la periodista Stella Calloni recordó que “se suponía que una parte de estos envíos se dieron precisamente durante la visita de hija de Donald Trump a Jujuy. Es rarísimo que se traigan insumos para combatir el fuego que casi estaba apagado en la Amazonía boliviana, ¿por qué tienen que venir a Jujuy, a la frontera, y después despachar ese vuelo en un avión argentino hacia Santa Cruz, Bolivia? Quedó cerrado el aeropuerto solo para el avión en el que venían un montón de agentes de seguridad de EE.UU., innecesaria cantidad para acompañar a la hija del ex presidente”.

Además de a Macri, la denuncia apunta contra sus ministros de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores -Oscar Aguad, Patricia Bullrich y Jorge Faurié, respectivamente-, al ex embajador Normando Álvarez García y otros funcionarios de Aduanas, ANMaC y Gendarmería.

Los delitos a investigar son “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.

En 2018 “se hicieron maniobras por las que protestó Evo Morales -afirmó Calloni- al mismo tiempo se hacían en Chile y en Argentina y parte del Comando Sur. Hay que investigarlas. En 2019 pusieron en marcha el tren Belgrano que hacía 35 años que estaba sin moverse y llenaron unos cuantos vagones con armamento para la maniobra, nunca se vio un despliegue semejante”.

La autora de “Golpe en Bolivia” apuntó también a investigar al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad. “Tenemos que ver por qué se armó un batallón de despliegue rápido, pedido por el Comando Sur. Tenemos que ver por qué Aguad mandó desde Buenos Aires otro avión con 100 militares y algunos voluntarios civiles a Santa Cruz, Bolivia, en ese mismo período donde esas personas que iban supuestamente a combatir el fuego se quedaron hasta 10 días antes de la salida de Macri del gobierno”.

“Se ha confirmado que José Sánchez, de la AFI, estaba trabajando abiertamente con los golpistas y la CIA de EE.UU. a la que le tenía que proveer información especial que se le había pedido. Hay que investigar a la AFI, al Ministerio de Defensa y muchas otras maniobras que ya había denunciado Evo y que durante el golpe también denunció la diputada Canqui Condorí”.

Para Calloni “nada cierra” en los argumentos esgrimidos por la dirigencia de Juntos por el Cambio para justificar el envío de armas, por ejemplo, en cuanto a que miles de municiones se utilizaron para entrenamiento de los gendarmes que viajaron a custodiar la embajada.

“¿En el momento de un golpe vas a estar entrenando a quién? Nada cierra, la carta existe y es verdad. Venía armamento desde Miami, entraban por el puerto de Iquique y uno de esos camiones fue detenido en Bolivia, había municiones y para construir armas de guerra. En Bolivia ante la prensa que sospechaba de todo este viajar de los carabineros hacia la frontera, toda una movilización que parecía una guerra, llegó a haber más 3 mil integrantes de las fuerzas armadas que participaron en maniobras tanto de Chile y Argentina al mismo tiempo y con presencia del Comando Sur”.

“Los propios campesinos en Bolivia denunciaron armas que no habían visto nunca y que había extranjeros participando. Todo eso está en la línea de investigación que inició de inmediato Bolivia a los responsables del Golpe. Se sabe que hubo extranjeros participando, se están teniendo todos los datos del armamento que pasó también desde Chile. Estuvo metido Bolsonaro, que tiene una frontera permeable con Bolivia. Por otro lado el Ejército peruano participó, por eso no permitían aterrizar el avión que vino a buscar a Evo desde México”, dijo.

Por último señaló que “está comprobado que estaban comunicados, desde Chile he tenido información de cómo se estaba armando, estaban pensando que si resistía Bolivia entraban ellos, porque para qué otra cosa podrían haber hecho semejante movilización militar.”

El magnicidio del presidente de facto Jovenel Moïse tuvo eco en la agenda internacional pero la conflictividad del país caribeño viene desde hace décadas. Lautaro Rivara, periodista y sociólogo argentino, explicó a FM De la Calle desde Haití que para entender la situación político, social, económico y sanitaria es apropiado “un enfoque desde la complejidad, hay una crisis que no es nueva”.

“Se venía vivenciando una ruptura del orden democrático. Hablamos de Moïse como un presidente de facto, porque Haití venía funcionando sin un parlamento constituido, los principales tribunales de justicia habían sido intervenidos, su mandado venció el 7 de febrero y decidió permanecer en el cargo junto al apoyo de sus aliados internacionales. En una dimensión política, este contexto nos permite pensar dificultades para una posible transición”.

Rivara, doctorando por la Universidad Nacional de La Plata y brigadista internacional, comentó que “otra situación compleja tiene que ver con los derechos humanos: estamos hablando de más de 70 grupos armados operando en el país, 17 mil desplazados en la capital por el enfrentamiento entre bandas, más de 500 mil armas circulando en el territorio provenientes de Estados Unidos”.

“A esto se suma la crisis de inseguridad, que tiene de fondo una especie de alianza y connivencia entre grupos armados y el poder político. Estas bandas pueden virtualmente aislar la capital del resto del país, controlan los accesos norte y sur de la zona metropolitana”, agregó el sociólogo.

“Visitamos los suburbios donde hubo masacres perpetradas por los grupos armados, y los pobladores decían que esos barrios periféricos eran muy pacíficos, pero cuando había jornadas de protesta nacional y manifestaciones para criticar las políticas económicas neoliberales, estos grupos tomaban el control, bloqueaban los accesos, ‘guerrificaban’ territorios y amenazaban a la gente que osaba con ir a reclamar sus derechos”.

El cerco mediático que existe en Haití invisibiliza “un proceso de movilización social con hasta dos millones de personas, un quinto de la población del país. Organizaciones sociales, partidos políticos, movimientos de mujeres, han sido muy golpeados y de alguna manera en el último tiempo han entrado en una meseta por el pánico que generan las bandas armadas que actúan con un patrón azaroso: puede haber una masacre, un secuestro a cualquier hora y en cualquier momento, lo que genera un efecto de terror generalizado”.

Sin embargo, aclaró Rivara, “los movimientos sociales están organizados y hoy por hoy la principal demanda es que esta crisis no sea utilizada como excusa para volver a intervenir al país con algún tipo de fuerza internacional. Recordemos que fueron 15 años ocupados por Cascos Azules de las Naciones Unidas”.

En este sentido, el sociólogo explicó que “aparecen una serie de conceptos contradictorios como intervencionismo humanitario. Con los Cascos Azules, hubo una evidente política de agresión sexual contra mujeres y las niñeces de Haití, las propias Naciones Unidas fueron responsables de masacres en barrios populares, los contingentes armados de Nepal introdujeron la peor epidemia de cólera, la cual infectó a más de 800 mil personas”.

“Con ese tipo de antecedentes inmediatos, con lo que ha implicado la tutela de otros países para Haití, es entendible que la sociedad esté muy preocupada no sólo por la transición política sino por esta eventualidad, no es aislada esta hipótesis ya que hemos escuchado al presidente estadounidense Biden o al colombiano Duque, por ejemplo, conminando a la OEA a mandar de forma perentoria algún tipo de misión para presuntamente salvaguardar la paz y la democracia en Haití”.

El periodista argentino en el país caribeño analizó que “hace tiempo vemos una estrategia de paramilitarizar el país, llevarlo a un modelo nación y de gestión similar al que se ha aplicado en Honduras, El Salvador y Colombia. Ha habido un intento de la oligarquía haitiana y la burguesía importadora de Haití de apelar a este recurso para desmovilizar a una población incontrolable, que era imposible reprimir a tanta gente en la calle con las débiles fuerzas de seguridad del estado”.

Sobre la indigencia estructural que existe, Rivara aseguró que “es el país más pobre en términos rigurosamente estadísticos pero no es una fatalidad del destino, ha sido inducida. Haití no es pobre sino que ha sido empobrecido. Es un país muy rico en recursos mineros exportados por EE.UU. y Canadá. Además tiene una potencia agrícola y turística. Podría ser un país desarrollado que garantice ciertos niveles de bienestar pero una serie de políticas neoliberales y la reincidencia de la tutela internacional no se lo ha permitido”.

“Desde el plano político incluso jurídico hay una dificultad prácticamente insoslayable, no hay figura o autoridad que pueda legalmente asumir un gobierno interino. Claude Joseph se  autoproclama presidente interino. Este primer ministro de facto, que nunca fue ratificado por el parlamento haitiano que es lo que se establece en la carta magna como margen de legitimidad de un primer ministro, es una figura que está viciada en origen”.

“El presidente de la Corte de Casación podría haber asumido pero murió a hace algunas semanas de Covid 19. Cualquier salida sería ilegal pero podría ser legítima si partiera de algún acuerdo social y de un acuerdo amplio entre fuerzas políticas socialmente organizadas. Por lo que veo hasta el momento no es la voluntad de la clase dominante haitiana compartir el poder ni ponerlo en discusión, ni siquiera en este momento tan crítico”.

Hace algunos meses algunas figuras del gobierno manifestaron intenciones de concretar un referéndum. Según Rivara, “dentro de las modificaciones posibles ninguna parecía ser un elemento progresivo o de avanzada, la mayoría eran exposiciones que tendían a eliminar el sistema de pesos y contrapesos que había establecido la constitución, que tiene sus límites y es imperfecta, y que de alguna forma había recogido las aspiraciones de la democracia, consideremos que fue construida después de una dictadura de casi 30 años”.

“El asesinado presidente Moïse proponía eliminar el parlamento, tener un legislativo unicameral mucho más controlable por el ejecutivo, habilitar la reelección de la figura presidencial vedado por la actual constitución, facilitar la concentración del poder en manos del ejecutivo que ya venía sucediendo. Una serie de disposiciones que tendían a concentrar el poder en el poder ejecutivo aún más”.

La pandemia en Haití

Por último, el sociólogo comentó la situación sanitaria en relación al coronavirus y explicó: “Es el único país del hemisferio que no ha comenzado su proceso de vacunación, hay un sinsentido enorme, se habían ofrecido vacunas Astrazeneca del mecanismo Covax, y por algún motivo, el Estado haitiano y Moïse, las rechazaron. Por ahora no hay un proceso de vacunación de actores estatales y públicos. En cambio, el gobierno había habilitado la importación y vacunación privada, así que suponemos que hay algún tráfico de vacunas y debe estar llegando a los sectores más privilegiados de la población pero el conjunto de la sociedad haitiana no tiene vacunas ni tiene un horizonte cierto de poder llegar a tenerlas”.