Las radios de AMARC nos (re)econtramos los días 13, 14 y 15 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, con FM La Tribu como anfitriona. Volvimos a la presencialidad, las charlas cara a cara y los debates que nos traen las realidades de nuestros colectivos.
(Por Astor Vitali) Hoy cumplimos años. Treinta y tres años de FM De la Calle. Nos encuentra ampliando el estudio Heinrich y Loyola, es decir, en construcción –siempre en construcción– transmitiendo desde una sede gremial prestada durante dos semanas –siempre transmitiendo, como sea, pero transmitiendo.
Con el compromiso de continuar su lucha contra la impunidad, por la Verdad, la Memoria y la Justicia, despedimos a nuestra compañera Celia Korsunsky, referente de Madres de Plaza de Mayo de Bahía Blanca.
Desde AMARC Argentina queremos manifestar nuestra preocupación ante la posibilidad de que los fondos destinados por Ley al fomento de proyectos comunicacionales sin fines de lucro, entre los que se incluyen nuestras radios comunitarias, sean utilizados para otros fines, de entrar plenamente en vigencia la Ley 27.432.
El domingo 15 de mayo por la noche Radio Presente, la radio del ex centro clandestino de detención el Olimpo (Floresta – CABA), sufrió un violento acto de vandalización.
Con horario de verano y estética renovada, el espacio de comercialización de la agricultura familiar y la economía solidaria retomará sus actividades el primer fin de semana del año. Podrá visitarse sábados, domingos y feriados de 16 a 21 en el Puerto de Ing. White.
Se trata de Ezequiel Rosales, miembro de la policía provincial quien se infiltró durante tres años en Radio Pueblo. El agente se dedicaba a realizar tareas de inteligencia y espionaje a radialistas y organizaciones sociales vinculadas con la emisora. La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal de San Salvador.
En agosto, FM De la Calle cumplió 32 años. En contexto de pandemia, no hubo festejo presencial. Sin embargo, cada uno de los programas hizo diferentes regalitos a la radio. Queremos ir compartiéndolos con ustedes. Iremos publicando cada uno de los obsequios sonoros y audiovisuales que nos llenaron de alegría.
Las radios somos el testimonio sonoro de un territorio, la historia acústica de su gente. Es parte de cada una de nuestras vidas, de un modo propio e inigualable, como el recuerdo del olor a tostadas en la cocina, con la radio de fondo, en nuestra infancia.
El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó por unanimidad a cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina y calificó a los hechos como “crímenes de lesa humanidad”.
Raúl Roberto Aceituno recibió la pena de prisión perpetua al ser considerado coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Hover Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Raquel Cilleruelo, hermana de “Watu”, manifestó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que “logramos que uno de los cómplices llegara, los otros se fueron muriendo. Después de 46 años falta mucha gente acá. La perpetua de Aceituno tiene mucha fuerza para mí”.
Forcelli, Pallero y Curzio fueron castigados con 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita.
“Esperamos que sea un aporte para avanzar en las responsabilidades sobre todo de sectores civiles y del poder fáctico”, dijo el fiscal auxiliar Pablo Fermento. Aseguró que “el debate sirvió para que la investigación tomara estado público. A diferencia de lo que pasa en otros juicios donde se llega con todo elaborado, al ser un fenómeno de violencia colectivo fue sorprendente cómo se fue incorporando prueba nueva en función de gente que se acercaba a decir yo viví esta situación. Por ejemplo, el hijo de (Jorge) Argibay que introdujo información y nos permitió corroborar lo que estábamos explicando. Es fundamental el debate y por eso lo planteamos para causas como las de (Vicente) Massot o (Néstor) Montezanti”.
Al respecto, Raquel recordó que Daniel Argibay -quien con 12 años fue testigo de acciones y relaciones de su padre- les envió una carta pidiendo disculpas: “Creo que eso lo sana tanto a él como a nosotros. Después del mal que hicieron su papá y su hermano él pudo reconstruir su vida y elegir el lado bueno de las cosas. (…) Siempre le agradecí por su actitud, no cualquiera lo hace, mirá estos que están condenados ahora, no se arrepienten, para ellos está bien lo que hicieron”.
En el veredicto, los jueces comunicaron que Raquel tendrá derecho a ser informada y expresar su opinión cuando se sustancie cualquier planteo en el que se puedan decidir salidas transitorias, régimen de semi libertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, discontinua o semi detención, libertad asistida y régimen preparatorio para su liberación.
Por otra parte, el tribunal remitió copia del veredicto y de los fundamentos de la sentencia para que evalúen las solicitudes de la Fiscalía para anular las resoluciones de cesantías de empleados no docentes, docentes y alumnos, otorgar el título de doctor honoris causa a David Hover Cilleruelo y colocar en espacios de circulación pública una referencia histórica sobre la puesta a disposición en el período de tiempo investigado de sus instalaciones y sus recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados. “Ello así toda vez que imponer a las universidades una serie de decisiones como las solicitadas, sin cumplir con los procedimientos administrativos previstos a esos fines, constituye un exceso a la competencia que la ley otorga a este tribunal teniendo en cuenta los principios de autarquía y autonomía de las universidades”, aclaró el juez Roberto Amabile.
“Los únicos planteos de la Fiscalía que no fueron tratados son la calificación de genocidio y queda pendiente resolver las cuestiones atinentes al modo de detención de los imputados que están excarcelados, si se les va a dictar prisión preventiva hasta que esté la pena firme y la domiciliaria de Aceituno”, afirmó Fermento. Aceituno continuará en su casa hasta que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema le realice un examen médico completo.
El tribunal no hizo lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción ni por la insubsistencia de la potestad persecutoria por agotamiento de plazo razonable. Tampoco al pedido de inconstitucionalidad respecto de la pena de prisión perpetua, del delito de asociación ilícita y de las consecuencias accesorias de la condena.
Julia García, hermana del “Negrito” García, destacó la condena a Aceituno y se quejó porque “no se investigaron los otros 23 casos de secuestros y asesinatos. ¿Qué estuvimos haciendo para llegar a un fallo como este? Es muy doloroso irnos con las manos casi vacías”.
Verónica Alduvino, hermana de Fernando Alduvino, sostuvo que “hay que rescatar que esto pasó en un gobierno constitucional y este fallo es el primer paso para que cada uno se haga cargo de las distintas áreas que estaban en el gobierno, en la justicia, en los partidos políticos y los sindicatos”.
Los fundamentos del fallo de los jueces Amabile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido se conocerán dentro de los próximos 40 días.
La Universidad Nacional del Sur recibió el pedido de entrega del título de Ingeniero Industrial Honoris Causa Post Mortem a David “Watu” Cilleruelo, dirigente estudiantil asesinado por la Triple A el 3 de abril de 1975.
El proyecto, que deberá ser tratado en el Consejo Superior, fue entregado al rector Daniel Vega y al subsecretario de Derechos Humanos, Claudio Gallegos, quienes mostraron interés y voluntad para impusarlo.
El pasado 3 de abril un grupo de militantes políticos, sociales, sindicales y miembros de la comunidad universitaria se constituyeron en comisión para la elaboración del homenaje que a un mes de su lanzamiento supera las 500 adhesiones.
Watu fue militante de la Federación Juvenil Comunista y secretario general electo de la Federación Universitaria del Sur. Fue asesinado en el ala de Ingeniería del edificio principal de la UNS, a manos de personal de seguridad designado por el rector interventor Dionisio Remus Tetu, quienes integraban la Alianza Anticomunista Argentina.
La lista de adhesiones y de integrantes de la comisión evidencia un acompañamiento que además de multitudinario es federal y representativo de diversos sectores académicos, variadas identidades políticas, sindicales y sociales.
Familiares de Watu y de otras víctimas de la represión estatal y para-estatal de aquellos años, como Raquel Cilleruelo (hermana de Watu), Julia García (hermana de Luis Jesús “Negrito” García, también víctima de la “Triple A”), Gervasio Díaz (miembro de H.I.J.O.S. Río Negro – Neuquén); referentes en Derechos Humanos a nivel internacional, nacional y local, como Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Mendibil, José Schulman y Dante Patrignani; miembros del Poder Judicial de destacada actuación en defensa de los Derechos Humanos, como el ex juez federal Luis Cotter y el fiscal federal Abel Córdoba; dirigentes, autoridades y funcionarios políticos como el diputado provincial Gabriel Godoy, el diputado nacional Itaí Hagman, el ex intendente de Bahía Blanca Jaime Linares, Claudia Korol, Víctor de Gennaro y Claudio Lozano; autoridades y ex autoridades universitarias, como los actuales directores-decanos de los departamentos de Ingeniería, Física y Humanidades, y el ex-Decano del Departamento de Matemática y ex-dirigente de la Federación Universitaria del Sur Edgardo Fernández Stacco; dirigentes y militantes sindicales como Enrique Gandolfo (CTA Bahía Blanca) y Gabriel Cena (miembro de Agrupación Bordó No Docentes UNS y de la Corriente Comunista Watu); especialistas de las áreas de Historia, Letras, Filosofía, Antropología, Ciencias Jurídicas, Economía, Ciencias de la Educación, Sociología y Ciencias Políticas como el vicepresidente del CONICET Dr. Mario Pecheny, el sociólogo-politólogo Dr. Atilio Borón, el conjunto de renombrados especialistas en Historia Reciente, violencia política, represión y Memoria que integran el Colectivo de Historia Reciente, así como docentes e investigadores de múltiples áreas y especialidades de la UNS y otras instituciones científicas y académicas.
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Las y los autores de “Territorios, movimientos sociales y conflictividad” te cuentan el libro a través de este podcast de Ediciones de la Calle.
La publicación fue compilada por María Belén Nieto y Pablo Ariel Becher.
Podés descargar gratuitamente el e-Book en este enlace.
La pandemia de coronavirus COVID-19 ha desatado una crisis que no es solo sanitaria, sino también económica. En todo el mundo, las proyecciones de desempeño indican una situación preocupante.
No se trata solo de la caída de la producción y el comercio en casi todos los países, sino también de la preocupante pérdida de empleos. La Organización Internacional del Trabajo la estimó en el equivalente a 255 millones puestos de tiempo completo en el mundo. Esto provoca un aumento de la pobreza extrema por primera vez en décadas, así como un nuevo incremento en la desigualdad.
Ante esta situación, existe amplio consenso en que el Estado debe tener un rol activo en inducir la reactivación, a través del gasto público, en especial, mediante la política social y la inversión pública.
Incluso la postura reciente del FMI indicó que esto debe ser complementado a través de una revisión de la tributación, para ampliar el espacio fiscal. Concretamente, llamó a poner en práctica impuestos progresivos a las grandes fortunas personales y a las empresas con mejor desempeño de ganancias.
Es decir, la existencia de una crisis económica mundial, así como la necesidad de que el Estado actúe gastando y recaudando más, forman parte de un consenso generalizado. Naciones Unidas también se expresó en el mismo sentido recientemente. La idea de mejorar la recaudación en un sentido progresivo ha dejado de ser una demanda exclusiva de las organizaciones sociales y ha llegado al seno mismo de los organismos multilaterales.
A nivel nacional, se aprobó a finales de 2020 un Aporte Solidario y Extraordinario (ley N° 27.605, reglamentada por decreto PEN 42/2021) cuya aplicación se encuentra en curso y solo lleva recaudado el 10%. Se trató de una iniciativa parcial, excepcional y limitada. Su aplicación estará destinada a los usos establecidos por la misma ley. Sin embargo, acontecido el primer trimestre del año, a la luz de la continuidad de la crisis y la pandemia, el mismo resulta a todas luces insuficiente. Todo indica que el esfuerzo no puede limitarse a esta iniciativa a nivel nacional.
En tal sentido, vale la pena resaltar que los gobiernos municipales están facultados para tomar medidas en esta dirección. De hecho, esto ya se hizo en 9 municipios de la Provincia de Buenos Aires: 25 de mayo, Castelli, General Lavalle, Hurlingham, Lanús, Laprida, Trenque Lauquen, Tres de
Febrero y Vicente López. Llamamos la atención sobre estos antecedentes por estar todos ubicados en la misma provincia que Bahía Blanca, sujetos al mismo marco legal. De hecho, en el caso de Castelli, se presentó un amparo, que la Justicia rechazó.
Cabe destacar, que cada uno de estos municipios están gobernados por diferentes colores políticos, de lo que se desprende que se trata de un tema común a las necesidades de cada población y no debe verse bajo lógicas partidarias ni de divisiones que forman parte del debate electoral y no de la
urgencia social.
Por un lado, se trata de un problema ético: mientras una parte reducida de la población vive con altos ingresos, la mayoría de la sociedad es incapaz de cubrir sus necesidades básicas. En una sociedad que expande sus posibilidades económicas, es injusto que una porción creciente viva peor.
El dato oficial relevado por el INDEC para el segundo semestre de 2020 indicaba que más de 75.000 bahienses se encontraban en situación de pobreza (equivalentes al 24% de la población local) y casi 22.000 en la indigencia. Los aumentos de precio de las canastas utilizadas para medir tales guarismos se han elevado de forma consistente en los meses siguientes, por lo cual es esperable que la situación se haya agravado. Esta situación se da al mismo tiempo que la actividad económica en la ciudad muestra lentas señales de recuperación en nichos específicos, que no abarcan al conjunto de la sociedad ni el mercado laboral.
Por otro lado, esta desigualdad no es sólo un problema ético, sino también uno económico: evita que el crecimiento se derrame al resto de la sociedad por las vías del consumo y de la inversión. Una parte significativa de los ingresos captados por quienes más ganan se destina a colocaciones
improductivas, especulación inmobiliaria o directamente atesoramiento. A esto se agrega que, tal como existe hoy en día, la estructura tributaria argentina es especialmente injusta, reposando de forma evidente sobre impuestos regresivos como el IVA. En suma, todo esto erosiona las bases del
crecimiento económico, lo cual redunda nuevamente en una concentración que intensifica y profundiza la desigualdad y la pobreza subyacentes.
Este debate dista de ser un problema exclusivamente nacional. Una gran parte de las necesidades sociales más acuciantes requieren atención desde la acción de los municipios. Captando especificidades locales, es posible complementar o incluso mejorar cualquier política nacional mediante acciones concretas en cada territorio. Queremos resaltar este punto, porque entendemos que es una buena oportunidad para discutir la aplicación de una tasa de contribución extraordinaria en Bahía Blanca.
De conjunto, la experiencia cercana indica que son posibles diversas combinaciones de base imponible y destinos de los fondos. En relación a lo primero, hay múltiples variantes, según la estructura productiva del municipio, pero también la situación económica de la actividad particular.
Es claro que también se consideró la facilidad para establecer y fiscalizar los sujetos imponibles y lograr el cobro de la recaudación. Respecto de lo segundo, consideramos que es urgente la distribución de ingresos en el ámbito de los comedores barriales, sectores precarizados de la economía como el cultural, especialmente en el sistema de salud y aquellos ámbitos que requieren de recursos para lidiar con la crisis en curso.
Una contribución extraordinaria con destino específico podría ayudar a mejorar la asistencia municipal a la situación de la población bahiense. Si bien es real que la mayor parte de la economía atraviesa una situación delicada, algunos sectores de actividad muestran recuperación, encontrándose además entre los que más crecieron en años previos y cuentan con mayor patrimonio. Tomando en consideración la estructura productiva local, entendemos que es posible evaluar la aplicación de una tasa extraordinaria a algunos de los siguientes sectores: 1) polo petroquímico; 2) actividad portuaria de gran porte; 3) entidades financieras y bancos; 4) grandes cadenas de distribución y superficies comerciales de gran escala; 5) construcción privada –en especial, de vivienda de alta gama o grandes proyectos.
Como se señaló, este conjunto de sectores se encuentra en una situación relativamente mejor al resto de la economía, habiendo además capitalizado grandes ganancias en años previos, bajo un sistema de tributación especialmente regresivo. Un aporte por única vez no erosionaría el flujo de
recursos necesario para afectar a la inversión, determinado por las oportunidades vigentes más que por la tenencia de excedentes.
La determinación de la sobretasa o monto fijo a tributar debería determinarse a partir de las necesidades de recursos determinadas por los destinos, así como por la facilidad de recaudación.
Este debate debería unir sin equívocos a la dirigencia política, social y gremial dado que es una herramienta muy concreta para aplicar en el cortísimo plazo sin cuya aplicación decenas de miles de bahienses se encontrarán sufriendo no solamente las consecuencias de la nueva situación sanitaria sino que además la transitarán sin los recursos básicos para subsistir.
Planteamos una propuesta posible, concreta y urgente.
MULTISECTORIAL POR UNA TASA EXTRAORDINARIA PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONÓMICA Y SANITARIA EN EL MARCO DE LA NUEVA OLA POR COVID-19 EN BAHÍA BLANCA
ADHIEREN
ADUNS – CICOP – CÁRITAS Bahía Blanca – Consejerxs y asesores en el Consejo Cultural Consultivo – El Puente – FM De la Calle – Jorge Cascallar Docente y coordinador de Programa Envión – La René Salamanca, corriente clasista de Bahía Blanca – Sureando – Talita Kum – UMSur – Siguen las firmas…
Si querés sumar tu adhesión enviá un WhastApp al 2914723182.
Redes de la comunicación y espacios sindicales impulsan el debate por un proyecto de ley que garantice la democratización y federalización de la pauta publicitaria oficial.
Frente al Congreso, presentaron un documento que pretende ser el origen de una norma que permita cumplir con un criterio de equidad y transparencia para fortalecer el entramado de medios comunitarios y alternativos.
“No es un reclamo sectorial de quienes gestionamos medios, está compartido e impulsado por compañeros trabajadores y trabajadoras de medios comunitarios, públicos y privados que comparten una mirada de lo que debe ser un modelo de comunicación democrático y federal y por otros sectores que entendemos que una comunicación democrática es necesaria para lo que querrámos encarar”, dijo a FM De la Calle Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
Las organizaciones convocantes están trabajando en un relevamiento que, hasta el momento, “incluye 190 medios de un universo mucho más grande. Da cuenta de puestos de trabajo reales y potenciales porque en muchos casos son roles voluntarios, militantes o con alguna asignación mínima, así y todo, estamos hablando de 8 millones de usuarios y usuarias únicos, de presencia en muchas ciudades y conglomerados del país”.
“Según datos de la propia Secretaría de Medios el 76% de la pauta se queda en Ciudad de Buenos Aires y AMBA en manos de medios que se autodenominan nacionales y con una lógica que anda por las inmediaciones del obelisco. Los medios comunitarios, estamos en menos del 2% de ese total, teniendo vigente una ley que dice que deberíamos ocupar el 33% del espectro”, destacó Antonini.
Los ejes que se abordan son, en primer lugar, “partir de una concepción de cómo entender la pauta. Debe ser por fuera de la venta de un servicio y no es el cuantitativo el término para usar. Proponemos pisos en cuotas federales de distribución, garantizar que haya una base de 33% para medios comunitarios y techos para grandes grupos económicos”.
“Otro elemento son los criterios: no puede ser el único el de audiencia. Se proponen criterios con la producción de contenidos locales, no puede cobrar más un medio que es un 80% de repetidora que un medio que se esfuerza en generar la producción local, en generar puestos de trabajo, respetar acuerdos salariales, tener paridad de género”.
La iniciativa busca, además, “la eliminación de intermediarios, agencias, bolseros, sectores que se especializan en el lobby y en quedarse con una pauta mayor que la que le toca al medio”, señaló.
Antonini comentó que en la presentación “tuvimos presencia de cerca de 10 legisladores y legisladoras, eso nos motiva a pensar que podemos avanzar. Sabemos que no es fácil, que toca intereses, nos parece importante plasmarlo en una ley y plantearlo como una política pública”.
12 puntos para democratizar la pauta
1. Entendemos por “Publicidad Oficial” a toda comunicación, información, anuncio o campaña comunicacional que realice cualquier organismo o empresa con participación mayoritaria del Estado Nacional en forma paga en cualquier tipo de medio de comunicación.
2. Los objetivos de la Publicidad Oficial son garantizar el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información pública, promover el ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas y promover la participación ciudadana, los Derechos Humanos, la diversidad de culturas locales y regionales, la cultura nacional y los valores democráticos. Por tanto, la Publicidad Oficial, será distribuida en forma transparente, justa y equitativa, entre los diferentes medios garantizando la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo informativo.
3. Por lo antes expuesto señalamos que la distribución de Publicidad Oficial no puede regirse por criterios de mercado. No se trata de vender un producto o servicio a clientes o consumidores. La publicidad comercial tiene un objetivo muy concreto: promover el consumo de un bien o servicio. Sus mensajes se dirigen a un consumidor al que se trata de convencer. La lógica es comercial y se buscan beneficios puramente mercantiles. En el caso de la Publicidad Oficial la perspectiva es distinta: el Estado no se dirige a un consumidor, sino a un ciudadano. El gobierno no vende un producto o un servicio, busca informar y educar a ciudadanos. En otras palabras: La comunicación gubernamental en las sociedades democráticas se funda en el derecho de los ciudadanos a ser informados y en el deber del Gobierno de informar, transparentar su acción y rendir cuentas.
4. De igual forma entendemos que la Publicidad Oficial no debe promocionar directa o indirectamente la gestión personal de funcionarios, ni de ningún partido político.
5. El órgano de aplicación de la Ley debería ser la Agencia Estatal TELAM S.E. (como establecía la Ley de creación de la Agencia) y por tanto que toda la publicidad de los diversos organismos y empresas del Estado, se realice a través de la Agencia estatal TELAM. Dicha Agencia debería mantener un Registro Único y público de proveedores de publicidad en el que se inscriban los medios que aspiran a recibir publicidad. En ese Registro estarán incluidos los titulares de medios. Sólo podría ser rechazada la inscripción o eliminado del Registro el medio que falseara datos en su inscripción, incumpliera obligaciones fiscales o la legislación laboral en forma reiterada.
6. La Publicidad Oficial debe ser contratada directamente y solamente a los titulares de cada uno de los medios. Esto resulta indispensable para evitar la duplicación o multiplicación de facturación de un medio a través de distintas figuras jurídicas, “productoras” o agencias de publicidad.
7. A fin de promover y garantizar la pluralidad de medios de comunicación proponemos que la Ley establezca que un medio o los medios de un mismo grupo económico podrán recibir un máximo de 3% del monto total de la publicidad oficial.
8. En igual sentido y a fin de asegurar la distribución equitativa de publicidad en los medios de todo el territorio nacional con un criterio federal proponemos que la Ley establezca cupos por provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires siguiendo los mismos criterios con los que se asigna la coparticipación federal de impuestos.
9. Con igual criterio proponemos que la ley establezca un cupo de no menos del 33 % de la Publicidad Oficial a ser adjudicada a medios de titularidad de entidades sin fines de lucro.
10. Para hacer posible la transparencia y el control ciudadano sobre las contrataciones de publicidad de organismos del Estado entendemos necesario que la Ley establezca la obligación de publicar en un sitio público en internet todos los contratos publicitarios, indicando medio, empresa titular del medio, tipo de anuncio (espacio, cantidad de menciones y tiempo de emisión según sea el caso) y monto de la contratación.
11. Compartimos la idea de crear un Consejo Federal asesor en materia de publicidad y de invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a legislar en el mismo sentido.
12. Finalmente establecer como criterio excluyente para el otorgamiento de pauta publicitaria estatal que el medio privado comercial que la perciba cumpla con las normativas convencionales y los salarios acordados en paritaria con los sindicatos de actividad, en consonancia con el Art. Nº 64 de la Ley 12.908 (Estatuto del Periodista Profesional).
Los grupos asociados que ofrecen cada mes las bolsas con Producciones de la Agricultura Familiar inaugurarán este domingo al mediodía un nuevo punto de comercialización: se trata de la Feria del Puerto que funcionará los fines de semana de 12 a 19 en Ing. White.
El espacio es impulsado por el Consorcio de Gestión del Puerto, organismo que convocó a INTA Pro Huerta y Cambio Rural, sumando a una red de trabajo que integran Cáritas Arquidiocesana, los centros de formación profesional N° 402 y 401 (anexo UP N°4) y FM De la Calle. Se podrán adquirir hortalizas, panificados, huevos, harinas integrales, mermeladas y conservas, plantas aromáticas y próximamente hongos, pescado, carne de cerdo y pollos.
Si bien la apertura del mercado estaba prevista para este sábado por cuestiones climáticas el puerto no abrirá.
Marina Huentenao, integrante del área de Economía Solidaria de Cáritas, comentó que el público ser encontrará con un patio de gazebos que muestran las propuestas de emprendimientos que se aglutinan en el local de comercio justo Reloj de Arena y la Red de Comercialización de la Economía Solidaria, junto a otros artesanos locales.
Luego, accederá al mercado donde tendrán sus puestos Moras Brix, Productores Hortícolas de Sauce Chico y Colonia La Merced, Runtu Thani, Don Atilio, Trigo Limpio, Cocinando Ilusiones, Somos Andando y proyectos productivos que acompañan las Cáritas Parroquiales como trabajo de promoción humana.
Huentenao señaló que esta alternativa de comercialización estable «es un punto importantísimo porque hace muchos años hemos ido caminando en distintos lugares con todo lo que implica el armado y desarmado. Poder contar con un espacio fijo que esté pensado para eso, donde la infraestructura está dispuesta para eso, es impensado. Cuando inauguremos lo vamos a poder creer».
«Desde los pequeños productores se generan puestos de trabajo concretos. Con el desarrollo y el acompañamiento del Estado o instituciones intermedias, con apoyo financiero, se puede ver la calidad de vida que adquieren», enfatizó.
La integrante de EcoSol comentó que la apertura del mercado en el puerto coincide con la llegada de un banco de herramientas que le permite a las emprendedoras, por ejemplo, pasar del horno casero a un horno pizzero e incorporar amasadoras y cuadruplicar la producción.
«En esta economía donde su costo fijo es el cuerpo, poder contar con maquinaria de este estilo significa que no se levantan a las tres o cuatro de la mañana. Eso que no se puede cuantificar y que está acompañando por instituciones hace que estos espacios mejoren la calidad de vida estos integrantes de esta red».
Otro gran desafió es la autonomía. Huentenao resaltó «lo positivo que ha sido el momento de crisis que nos lleva a pensar alternativas. Se constituyeron bancos de herramientas, un fondo rotativo para la producción de harinas y de alimentos balanceado que nace desde Cáritas y habilita la compra de insumos de manera colectiva con un pequeño interés para generar fondos y ampliarlo».
«Estamos acompañando todo el paso previo para que la producción vaya tomando escala de a poco para que no se termine autoexplotando el productor si no que sea un crecimiento paulatino», finalizó.
Una nueva edición de las Producciones de la Agricultura Familiar está en marcha y ofrece verduras, mermeladas, panificados y otros alimentos de elaboración local.
La compra se realiza mediante un formulario en línea y se retira la semana siguiente en Avellaneda 416. Ocurre cada 15 días e incluye envío a domicilio.
En un contexto altamente inflacionario, los Productores Hortícolas de Sauce Chico y Colonia La Merced mantuvieron sus precios durante casi un año. En diálogo con FM De la Calle, el técnico del INTA Pablo García explicó cómo y por qué lo hicieron.
“La variable de precios siempre es un debate interesante dentro de los grupos porque las propuestas de venta directa intentan romper con la lógica tradicional del mercado que tiene picos de precios por oferta y demanda o por otras variables”, comentó y puso como ejemplo los “cimbronazos donde la lechuga en el mercado de pronto se dispara a 180 o 200 pesos el kilo”.
Mediante un acuerdo entre los productores y productoras se logró la estabilidad desde marzo de 2020, “por eso quienes consumen esta bolsa ven que siempre vale más o menos lo mismo y que la composición es similar”.
“En horticultura es bastante difícil fijar los costos porque son escalas o dinámicas distintas pero estamos trabajando en generar herramientas que nos permitan fidelizar ese precio final del consumidor con el costo real de la producción”.
Las y los Productores Hortícolas de Sauce Chico y Colonia La Merced realizan reuniones periódicas para definir precios “en función de lo que sale en el mercado, de las verdulerías, del costo de los combustibles o las semillas que son la principal variable de la producción. Los fijamos y no los movemos aunque en el mercado se mueva”.
“Estos precios que estaban circulando hasta ahora están puestos casi al principio de la pandemia. Fue decisión del grupo no modificarlos porque la pandemia estaba siendo muy cruda para algunos sectores, los productores no querían castigarlos con un aumento de precios pero los incrementos del combustible de los últimos meses no nos dejan alternativa que ajustar un poco los precios”, afirmó García.
El ingeniero agrónomo dijo que varias familias optaron por producir exclusivamente para la venta directa. En la actualidad, además del proyecto de Producciones de la Agricultura Familiar coordinado por Cáritas, INTA y FM De la Calle, funciona otra iniciativa de venta semanal de INTA y la agrupación Animate Vale Oro.
“Hay familias que optaron por destinar toda la producción a este tipo de canales de venta directa, lo cual es muy auspicioso, hoy el mercado está pagando en algunos productos por encima de lo que el productor recibe en la bolsa, es algo que pasa muy esporádicamente, es una situación muy rara que tiene que ver con que los precios del mercado también aumentaron, al consumidor final de una verdulería el precio le es excesivamente alto y toda la cadena de comercio minorista y mayorista se movió hacia arriba. Quedamos un poco atrasados con los precios que están recibiendo, siempre en un acuerdo con el productor, no es que alguien dijo mantengan los precios fijos”, detalló.
Son cerca de 40 familias las que producen en el cordón hortícola local. Una docena participan de la venta directa: “Juntamos a los productores más pequeños o que ven en estas alternativas de comercialización un canal importante”. Durante 2020 se vendieron unas 27 mil bolsas, poco más de un tercio de las cuales fueron adquiridas por organizaciones sociales a precio solidario o donadas por los productores”.
A fin de año comenzaron a abastecer a “algunas verdulerías que prefieren comprarle directo a los productores, en breve las identificaremos. El precio que definimos tiene la misma lógica, simplemente es un poco más económico para que puedan recargar un poco y tener una ganancia por la venta”.
Entre la documentación secuestrada en la base de Bahía Blanca de la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de la investigación sobre el espionaje ilegal se encontró el archivo titulado “informe_organizaciones.docx”.
Para el juez federal Alejo Ramos Padilla “resultó ser un insumo que finalmente dio lugar a otro caratulado informe_abril2017.docx, en el cual se retoma la información contenida en el anterior y se agregan otros datos”.
Allí se menciona el listado completo de las organizaciones sobre las cuales recayó el seguimiento ilícito del gobierno de Mauricio Macri en nuestra ciudad hasta abril de 2017.
–Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS).
–Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur.
–Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA Bahía Blanca).
–Centro de Educadores Bahienses en la Federación de Educadores Bonaerenses (CEB–FEB).
–Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS).
–Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP Bahía Blanca).
–Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STM).
–Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
–Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines (SITRAIC).
–Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
–Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
–Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA).
–Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.).
–Sindicato Unidos de Portuarios Argentinos (SUPA).
–Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
–Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
–Partido Obrero (PO).
–Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
–Frente Popular.
–Patria Grande.
–Partido Comunista.
–WATU – Corriente Comunista.
–Frente del Colectivo Pueblo en Lucha.
–Grupo 83.
–FM De la calle.
–Unidad Socialista Para la Victoria (USPV).
–Federación Juvenil del Partido Comunista.
–Tesis XI.
–Cardumen.
–Puño y Letra – Estudiantes para la Liberación.
–Franja Morada.
–La Caldera – Unión de Juventudes por el Socialismo.
–Frente Único de Estudiantes en Lucha (FUEL).
–Centro de Estudiantes del Conservatorio de Música de Bahía Blanca.
–Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
–Pan y Rosas.
–Plenario de Trabajadoras (PDT).
–Corriente Clasista y Combativa (CCC).
–Partido Comunista Revolucionario (PCR).
–Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).
–Movimiento Evita.
–Unidos y Organizados.
–La Cámpora.
El juez Alejo Ramos Padilla confirmó que la sede bahiense de la AFI realizó espionaje ilegal “con un objetivo netamente político” durante el gobierno de Mauricio Macri. La base local, creada a principios de la década del 70, estaba a cargo de Jorge Sebastián Novais.
“Es dable destacar que la producción de información no se limitó, como en otras bases relevadas, a las organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles, sino que en este caso se relevaron incluso medios de comunicación, como la radio ‘FM de la calle’, y organismos públicos como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur”, subrayó el magistrado.
El fallo incluye un informe de abril de 2017 con el seguimiento a 43 organizaciones: “Las características del documento se condicen con las de un mapa político de la ciudad de Bahía Blanca. Las referencias a la afinidad ideológica de personas y organizaciones, su carácter de opositoras al gobierno, la reseña de las actividades políticas más relevantes en las que participaron y las imágenes de sus referentes no permiten otra interpretación”.
El “Proyecto AMBA” consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano -Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes- desde mediados de 2016, a las que se sumaron las delegaciones históricas con asiento en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI en la provincia durante 2017.
Oficialmente debían “investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas” aunque se probó que “se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno”.
Para ello se reclutó a 70 personas que se sumaron a los 20 agentes que revistaban en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. La delegación local estaba a cargo de Jorge Sebastián Novais, quien ingresó a la AFI en 1995 y se jubiló en junio de 2017, ocasión en la cual fue contratado nuevamente.
“A pesar de sus esfuerzos por mostrarse lejano –geográfica y funcionalmente– a las labores de las restantes bases de inteligencia provinciales, lo cierto es que aquella división interna de la base bahiense pasó a depender directamente, desde abril de 2017, de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, la que tenía ámbito de competencia en toda la provincia y no sólo sobre el conurbano bonaerense”, dijo el juez.
La resolución advierte que una mirada comparativa a los acervos documentales de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) y de la AFI “permite identificar el modo en que la Agencia Federal de Inteligencia, a través de las bases que nos ocupan, vino a reinstaurar institucionalmente una serie de prácticas ilegales”.
El Proyecto AMBA “dio lugar o cobertura a una intensa red de inteligencia ilegal que se había iniciado unos meses antes y logró un conocimiento bastante acabado de todas las actividades de tipo de actividad política, en las que se incluyen las acciones de protesta, las articulaciones políticas de cada zona, los referentes, los movimientos de los intendentes, las estructuras locales de los partidos políticos y de cada agrupación de base, gremial, entre otras”.
Docentes en la mira
Durante la campaña electoral de 2017, la cual llevaría al ministro de Educación Esteban Bullrich al Senado, el espionaje puso el foco sobre los sindicatos docentes y sus organizaciones de base. Entre muchos otros: ADUNS, Suteba, CEB-FEB y Sadop. Este es solo un ejemplo de la persecución a objetivos específicos dentro de la planificación ilegal.
Además del fichaje de algunes referentes de los gremios bahienses se encontró en los archivos una publicación de la Confederación de Educadores Argentinos titulado “Formación y entrenamiento sindical para dirigentes, delegados y afiliados del sector docente”.
“No se advierte cuál era la hipótesis de afrenta a la seguridad interior, la defensa nacional o qué investigación sobre delitos complejos pudo motivar a que la Agencia Federal de Inteligencia tuviera en su poder un manual de formación sindical para el sector docente”, manifestó Ramos Padilla.
Por otra parte, el juez subrayó que “la delegación Bahía Blanca tenía en su poder una base de datos de todas las personas que participaban de la vida política institucional de la Universidad Nacional del Sur, con sus números de documento y legajo universitario”.
Falta de mérito para el jefe local
Ramos Padilla dictó la falta de mérito con prohibición de salir del país y una caución de diez millones de pesos para Novais.
En su declaración, el imputado manifestó que su jurisdicción era muy grande y no tenía recursos humanos ni tecnológicos para hacer su tarea. Respecto a sus superiores afirmó que “no nos daban ni cinco de bolilla”. El juez destacó que el espía se refirió a la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires como “Dirección AMBA” o directamente “AMBA” y a la base que tenía a cargo como “base AMBA” y que insistió que “fuera del área del conurbano bonaerense poco podía aportar”.
Además de la distancia que intentó establecer con la actividad ilícita de la AFI en el conurbano, el jefe local declaró: “Realmente es prácticamente imposible que haya hecho algún tipo de inteligencia porque en Bahía Blanca tanto 2015, 2017, 2019 con amplia mayoría el partido que estaba en ese momento –perdón, el gobierno que estaba en ese momento– ganó ampliamente, entonces realmente no tengo ninguna, nada que decir con respecto a eso”.
Para el magistrado, de esta manera, Novais “asume que la inteligencia de tipo política sólo se realiza frente a un panorama electoral adverso”.
“La información hallada vinculada a la Base AMBA, si bien en su mayoría es anterior a la asunción de Novais, da cuenta de un amplio registro ilegal de inteligencia y que es compatible con la misión que les fue asignada formalmente y por resolución escrita, a todos quienes integraran la estructura de inteligencia dependiente de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, Novais incluido”, agregó.