“La falta de relaciones sociales o la soledad son factores de muerte, incluso con más incidencia que los que conocemos tradicionalmente: diabetes, colesterol alto, sedentarismo”, afirmó el médico Horacio Romano en su columna semanal en FM De la Calle.

Se trata de un análisis que reúne información de varios estudios publicado en la revista Plos Medicine en el cual dan cuenta que la calidad y cantidad de relaciones sociales está directamente relacionada no solo con la salud mental sino con el riesgo de morbilidad y mortalidad. Se detallan qué aspectos de los vínculos sociales previenen y cuáles moderan los riesgos.

“En países donde las poblaciones tienden a vivir cada vez más solas, sin relaciones sociales, conocidos, ni círculos de amistades pareciera que tienen mucho más riesgo de morir. En Nueva York a más del 10% de personas que fallecen por Covid no las reclama nadie”, contó Romano.

“En los 80’s cuando era residente en Buenos Aires nos tocó atender a una persona que había tenido un ACV y había estado casi 24 horas tirada en su casa. Luego de una semana su hijo no la había ido a ver y eso nos parecía increíble. No me llama la atención ahora lo que sí cuando tenía 21 años y era practicante. Una de las cuestiones que tenemos que hacer es fomentar el acompañamiento, tenemos que promoverlo en relación al Covid”

En el marco del aislamiento por la pandemia “estas cuestiones se ven más, tenemos vías telefónicas, distintas plataformas para vernos la cara y acompañar a los mayores”.

En relación al acompañamiento que reciben pacientes internados con Covid mencionó que “se hicieron protocolos, se pusieron a trabajar en eso. Después de mitad de año cambio mucho, ya había protocolos para acompañar”.

Por otro lado, señaló que “la soledad va de la mano con lo social y con el individualismo. Los griegos lo conocían muy bien, el castigo no era la muerte sino el ostracismo”.

“Hay mucha gente con mucha soledad, uno debería como Estado salir a procurar que la gente se encuentre de alguna forma”, finalizó.

El médico Horacio Romano analizó en su columna en FM De la Calle la labor médica en Cuba para la producción de vacunas y medicamentos contra el coronavirus.

“Cuba tiene una historia de epidemiologia muy fuerte, tiene una amplísima experiencia en el desarrollo farmacológico, entre ellos el de vacunas”, comenzó.

Romano destacó que “ya llevan cinco proyectos de vacunas, dos de ellas ya pasaron a fase 3 y una, la Soberana 2, tiene 150 mil voluntarios. Están en una fase avanzadísima de aplicación, piensan que entre abril y mayo estaría lista. Un país bloqueado, con enormes dificultades de índole alimentaria, para conseguir aparatología, está desarrollando con gran éxito cinco tipos de proyectos vacunales”.

“Pero no se quedan ahí los cubanos”, argumentó el médico, “están planificando vacunar a países con ingresos bajos que no tengan posibilidades de acceder a vacunas, en parte porque las provisiones están acaparadas por potencias y por los costos más bajos que tiene producirla”.

“Hay 16 proyectos, entre otros tipos de medicamentos. Uno que me llamó la atención es que ya están trabajando con apoyo de China en hacer algún tipo de vacuna que incorpore a las distintas cepas que van surgiendo, que sirva como refuerzo de las vacunas que se están dando. Esto va a ser fundamental porque no sabemos si las vacunas que estamos dando son efectivas para las otras cepas”, detalló.

Asimismo puso énfasis en el “relativismo ético, entendiendo la ética como el estudio del bien y mal”. Destacó un informe del Ministerio de Salud de EE.UU. y su oficina de estudios globales que plantea que “previendo la mala influencia de países como Venezuela, Cuba y Rusia presionaron a gobiernos, por ejemplo de Panamá y Brasil, para que no acepten vacunas rusas o médicos cubanos. Es una vacuna que podría haber ayudado a salvar vidas en Brasil. Las brigadas cubanas elogiadas en todo el mundo, son candidatas a Premio Nobel”.

“Te tenés que sentir bastante inseguro para que una vacuna te haga tambalear el gobierno de la democracia y la libertad”, refirió.

Por último, agregó que “no pueden ponerse más allá de ganar un dólar más. Esa es la diferencia entre EE.UU. y Cuba, que piensa en su gente y más allá, pensando en los que no tienen nada en el mundo”.

Vecines de Aldea Romana realizaron un abrazo a la unidad sanitaria del sector para pedir su reapertura. Reclamos similares se realizaron en Villa Serra y Villa Mitre.

“Estamos trabajando, haciendo limpieza afuera, y este abrazo solidario para la reapertura. Está cerrada desde hace un año. En su momento tuvo que ver con la pandemia, pasó el tiempo, tuvimos una reunión con el secretario de Salud pero no tuvimos solución”, comentó a FM De la Calle Patricia Rodríguez.

Las respuestas ante el cierre “tienen que ver con el personal, que tienen que acomodar, que tienen que poner el protocolo. Sabemos que se han cerrado varias unidades sanitarias y no queremos que eso suceda”.

En el barrio se prestaban servicios de medicina general, pediatría, ginecología para mujeres embarazadas y trabajo social. “Hay mucha gente vulnerable que lo necesita”.

Rodríguez señaló que “nos mandan a atendernos desde Aldea Romana a Villa Muñiz, a Loma Paraguaya, nos queda muy lejos y de una punta a la otra”.

“Debería abrir primeramente para la gente adulta, acá se recibe medicación que si no está la sala medica no llega, la gente se tiene que trasladar a buscar la medicación a otros sectores, medicaciones para mayores, para enfermedades crónicas, chicos con asma, controles para embarazadas”.

“Nos mandan a tomarnos el colectivo a 14 de julio para que vayamos a Villa Harding Green porque esa es nuestra delegación”, dijo la vecina.

Por último, acotó que el edificio de la sala médica “está muy abandonado, vino el Municipio, dejaron unos pilones de hojas, no juntaron nada. La sala no tiene matafuegos, va pasando el tiempo y se va viendo la dejadez, decidimos poner manos a la obra y trabajar los vecinos”.

El director de la Clínica Matera, Pablo Casella, destacó que el sistema de salud está a la “espera de un segundo brote cuando esté cerca el invierno”. Agregó que están activando los mecanismos del año pasado para afrontar el rebrote.

“Lo que se ha visto y la información que tenemos es que esta cepa brasilera es más transmisible y genera más contagios, más rápido. En cuanto a la peligrosidad pareciera ser igual que la cepa de ahora”, dijo Casella a FM De la Calle.

El médico comentó que “lo esperanzador es la vacunación. La respuesta, además de los cuidados, viene de la mano de la vacunación. En el hospital estamos muy avanzados, en las áreas destinadas a Covid estamos en el 100% de vacunación y en las otras áreas es del 70%. Es muy poco el personal que no se quiere vacunar, son los menos. Tenemos mucha gente que trabaja en el hospital que no están en contacto directo con pacientes, esas áreas están más retrasadas”.

Respecto al contagio de personas ya vacunadas, Casella destacó que “los casos han sido muy leves, no han necesitado ningún soporte extra. La vacunación en ese sentido la vemos muy eficaz para evitar formas graves del Covid. Creemos que si tenemos el 50% de la población vacunada eso nos daría un alivio significativo”.

En el hospital “hoy solamente quedaron cinco paciente positivos y dos sospechosos y sí seguimos teniendo muchos pacientes en seguimiento telefónico. Hay 18 positivos y 20 a la espera. Nuestros principales pacientes corresponden a empleados de comercio y son gente joven, todo el año pasado tuvimos promedio entre 45 y 50 años. Es la característica de nuestro hospital”.

“Tenemos una ventaja, si mantenemos los cuidados personales y asumimos que la pandemia no pasó, tenemos la posibilidad de minimizarlo y que no pase lo de otros países”, concluyó.

Un equipo de investigación en ciencias sociales de la Universidad Nacional de Quilmes consultó a más de 1400 habitantes de CABA y provincia de Buenos Aires qué harían si fueran presidente si en marzo se llenaran las terapias intensivas con casos de Covid.

Las respuestas van desde el cierre total de actividades, restricciones de algún tipo hasta la opciones más laxas sin ninguna prohibición.

En su columna de FM De la Calle, el médico Horacio Romano analizó que “solo una minoría contesta que dejaría todo abierto y a la responsabilidad de cada vecino. La mitad de los que impondrían cuarentenas de algún tipo dicen que gran parte no haría caso. En cambio, los que no imponen aislamiento piensan que el 80% los apoyaría fervientemente”.

“Esto nos lleva a pensar otra cuestión que es el pensamiento hegemónico, es aquel que logra imponer sus creencias y valores por encima del resto de la sociedad, aunque para el resto de la sociedad vaya en contra de sus intereses. Las clases subalternas piensan como ricos pero no son ricos, básicamente. Esta encerrona es la que se le está generando al gobierno en todos sus órdenes en este momento”.

El médico señaló que “este discursos se instala con la clase hegemónica el año pasado, con la infectadura, la cuarentena más larga. A partir de la apertura de actividades empiezan a aumentar los casos. Lo del verano es otra cosa, fueron cerca de 8 mil fallecidos en dos meses. Lo que ves en todos lados que la segunda ola fue más fuerte que la primera, que si no nos encuentra vacunados va a ser más fuerte que la que vivimos”.

Daniel Feierstein, investigador y analista de los datos de la encuesta, publicó que “podemos ver que lo mismo ocurre con la reapertura de las clases presenciales. Se vociferaba que lo querían las mayorías pero el 77% pensaba que era mejor esperar a que estuvieran vacunados todos los docentes en una encuesta previa del mismo equipo del Socpol-UNQ”.

“Las decisiones hay que tomarlas, si hay que cerrar fronteras hay que cerrarla fuertemente, no es cuestión de solicitar que no se viaje, no se tiene que ir al exterior. Saber que vamos a vivir un invierno complicado y a renovar las cuestiones de aislamiento y cuarentena por lo menos hasta que tengamos al grupo de riesgo vacunado”, argumentó Romano.

Por su parte, Feierstein afirmó en sus redes que “si las autoridades y cada uno de nosotros podemos tener esto claro, quizás las disputas por el sentido puedan avanzar otro pasito y permitirnos construir las condiciones para recuperar la aplicación del principio precautorio y salvar muchas vidas ante la segunda ola”.

Representantes vecinales y concejales del oficialismo y oposición se reunirán con funcionarios provinciales para conocer detalles del plan de obras que apunta a mejorar la provisión del servicio de agua potable.

“Vamos para ver si podemos traernos el papel de las obras que se van a hacer a futuro. Está contemplada una cisterna en Planta Patagonia de un millón de litros de agua, otra en la zona de Bosque Alto, algunos acueductos dentro de la ciudad y alguna línea más de potabilización en la Planta Patagonia”, comentó a FM De la Calle Dante Lange.

Agregó que “venimos trabajando desde noviembre, en la reunión con Jelinsky (subsecretario de Recursos Hídricos) hablaban de marzo así que ya tendrían que haber un avance de las obras costeadas por provincia pero todavía no tenemos ni un bosquejo y nos preocupa”.

Durante la reunión de la Mesa del Agua de ayer participaron especialistas de la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica y el Colegio de Ingenieros.

“Los días de mucho calor el consumo se dispara, muchos paliativos no hay más allá de estar atentos a los camiones de agua a domicilio. Como vecinos no tenemos límite para gastar agua porque el sistema de cobro es por metro cuadrado del inmueble”, finalizó.

“La pandemia deja en evidencia todo lo que está pasando respecto a las salud y al gran impacto de las políticas neoliberales con respecto a cómo están todos los sistemas divididos y empobrecidos”, dijo el médico Horacio Romano en su columna semanal en FM De la Calle.

Agregó que “los sistemas actuales de salud con una gestión privada muy fuerte van en detrimento de una salud pública, podría no pasar, podrían convivir, pero no es fácil”.

“En Brasil, mientas estuvo Lula, se le quiso dar un ordenamiento al sistema único. Luego, una de las medidas fue ir para atrás con esas modificaciones y Bolsonaro directamente lo destruyó. Con lo cual la crisis de Brasil, además de lo que se conoce, es también por el sistema de salud”, argumentó el doctor.

Se trata de la salud como un todo: “Tiene que ver con las condiciones de vida: el ambiente, género, servicios esenciales, seguridad, divertimento y dónde el sistema de salud va a poner su grano de arena. Si esas cuestiones no se saldan el sistema va a tender hacia la enfermedad, incluso hacia las más redituables, con medicamentos costosos para cada vez menos gente”.

Señaló que en Argentina la salud pública “tuvo una impronta fuerte con Carillo en el ’45 cuando todos los grandes gremios crearon sus obras sociales, esto habla de un sistema de pleno empleo que en el ’70 se va a consolidar con los gobiernos militares y pasan solamente las obras sociales a aquellos sindicatos que estuvieran en orden para hacer negociaciones salariales. Desde los ’90 el tema de prepagas es cada vez más fuerte”.

“Tenemos un sistema público al que a partir de los ’90 se le transfiere inversión a los municipios, tenemos un sistema público municipal y provincial, tenemos obras sociales y prepagas. La situación está divida e interconectada. Ni siquiera lo público está bien organizado. Una reformulación del sistema de salud es necesaria”, finalizó.

Siguiendo el camino abierto con Profertil, el fiscal Santiago Martínez avanzó en la firma de acuerdos unilaterales con los abogados de Dow (PBB Polisur), Mega y Oiltanking. Los convenios fueron homologados por la jueza federal Gabriela Marrón y recurridos por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría.

El querellante Luis Arellano dijo a FM De la Calle que las empresas accedieron a firmar los convenios porque está próxima la resolución de la causa que busca resarcir a los pescadores por la pérdida de su fuente laboral. “Las pruebas son abrumadoras, la sentencia civil ambiental va a salir condenatoria, están tratando de dar un barniz de mejora, para luego ir a decirle al juez contencioso administrativo: nosotros arreglamos la situación, archive la causa”.

“La ría está contaminada, todo el mundo lo sabe, y una parte es reparar las consecuencias del delito. Se violó la ley, hubo actitudes antijurídicas que ocasionaron que la ría esté contaminada. Eso tiene que ser reparado. Estamos hablando de cuestiones comunitarias más allá de indemnizaciones particulares”.

El representante de los pesadores destacó que “esta etapa de acuerdo ha transitado en la más absoluta soledad, nadie se enteró, aparecieron un día en el expediente los acuerdos, propuestas de cuatro o cinco páginas firmadas por un abogado sin aval técnico. No es viable y descalificaría el trabajo de hace once años en los fueros federal y provincial. Estaríamos tirando todo a la basura si los arreglos terminan de esta forma”.

“Un eventual acuerdo por el saneamiento, remediación y finalización de la contaminación merece un interés y participación más importante de los actores que ya están en ese proceso judicial para que opinen respecto a soluciones técnicas que advertimos en los acuerdos homologados son pobrísimas”.

Arellano subrayó que en el expediente hay pruebas relevantes como la aportada por la Facultad de Agronomía de la UBA o las realizadas por Delitos Ambientales de Policía Federal. “Han sido totalmente dejadas de lado y se le dio el 100% de veracidad y procedencia a las manifestaciones de las empresas sin haber consultado con nadie”.

“Es sorprendente que pase esto cuando hay mucho material para hacer algo mejor. El estuario es un ambiente complejo, no solo desde lo biológico y ambiental sino desde los aportes cloacales e industriales. No están todos los actores metidos en un acuerdo, no está la provincia, ¡ni siquiera siquiera está el OPDS!”.

Consultado respecto a las expectativas de la querella en cuanto a las medidas de reparación del estuario, Arellano sostuvo que “para que haya algo sustancioso primero tiene que estar ABSA porque el principal aporte es el cloacal y, luego, las empresas que aportan el material químico contaminante más peligroso. Han dicho durante once años que no arrojan nada, que no tienen que rendir cuentas”.

Fiscalía General: es “imposible” y “contradictorio” un acuerdo sin la querella

El fiscal general Horacio Azzolín dictaminó en contra del acuerdo firmado por el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil, el cual fuera homologado por la jueza Gabriela Marrón. La querella ya había solicitado su nulidad.

Azzolín dijo que no hay explicación a la falta de intercambio entre los sectores involucrados en la causa, “entre los que hay órganos estatales con funciones de control- y la Fiscalía Federal interviniente o la UFIMA”.

La jueza repitió en cada homologación que le resultaban razonables los dictamenes del fiscal Martínez “cuya actuación entiendo está avalada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA)”.

Sin embargo Azzolín advierte que “tampoco surge que haya intervenido nuestra UFIMA, no se establecen mecanismos de control del avance de los proyectos propuestos, reparaciones de ningún tipo, ni sanciones para un eventual incumplimiento”.

El fiscal general mencionó que los acuerdos no cuentan con “aval previo de organismo técnico alguno con conocimientos específicos en la materia” y que sería “fundamental” la participación de organismos de control “tanto para avanzar en modificaciones normativas, opinar sobre la pertinencia de las propuestas que se realicen y monitorear luego su cumplimiento en el ámbito de su competencia”.

“Reconociendo que la problemática de contaminación en el estuario de Bahía Blanca excede ampliamente a una firma, si de acuerdos individuales se trata, deberían realizarse acuerdos con cada una y someter ese conjunto a una eventual homologación”.

Por último, Azzolín dictaminó que “en cualquier caso, el intercambio con OPDS, ADA, CGPBB y Municipalidad de esta ciudad, además de la intervención de la querella, deberían garantizarse de algún modo”.

Suspendieron la sesión en la Legislatura de Chubut para tratar el proyecto que propone habilitar la minería a cielo abierto en esa provincia, promovido por el gobernador Mariano Arcioni.

“Hace un rato están todas las rutas cortadas. Desde hce 18 años, todos los 4 marchamos en contra de la minería. Hay 49 comunidades en contra del proyecto. La legislatura no tienen los votos y por eso suspendieron la sesión”, dijo a FM De la Calle, Vivana Moreno, asambleísta de Esquel.

Explicó que “el proyecto significa tomar dos departamentos donde está el Proyecto Navidad que es una mina de plata, plomo y cobre, que es la ambición del Panamerican Silver. La zonificación se tendría que haber hecho en el 2003. De una manera escandalosa presentaron esta ley, tomaron un documento del CONICET y dijeron que la mina iba a mejorar la calidad de vida de la población y el autor dice todo lo contrario”.

Moreno enfatizó que “aprobar eso es generar un estallido social. No comprendemos cómo el gobierno nacional está avalando esto que es absolutamente descabellado”.

Consultada acerca de por qué estos proyectos de explotación minera son devastadores para el territorio, la asambleísta sostuvo que se debe a que ” tienen que sacar unos gramos del mineral por tonelada de roca, hay que destruir todo y después extraerlos con químicos, y todos esos químicos quedan en el lugar”

El producto que utilizarían se denomina xantato, “proponen hacer la extracción de la plata a través de un método de flotación que utilizan el xantato, es un toxico ambiental. Este método de flotación no es muy eficiente, la obtención es bastante baja pero para la segunda extracción van a tener que usar cianuro de sodio que tiene el 95% de extracción”, señaló Moreno.

“Lo mas grave del Proyecto de Navidad es que es una mina de plomo, y eso va a volar por el aire cuando pongan los explosivos para fracturar la roca, luego la pulverizan y quedan los desechos de la roca y del producto. Después de la extracción arman unas piletas que las llaman dique de cola, que están separadas por una geomembrana, un plástico, y ponen a perpetuidad enormes piletas a expensas del viento. Chubut tiene ráfagas de hasta 146 km por hora, el plomo neurotóxico cerebral que produce que los niños tengan menos desarrollo intelectual, es incapacitar intelectualmente a niños en favor de llevarse al exterior no se cuantas toneladas de plata. El plomo es de uso para la guerra, se sacó de la industria por alta toxicidad”, agregó.

“No queremos que la meseta sea zona de sacrificio y han demostrado que estos lugares tienen posibilidades de desarrollo amigable y sustentables con el ambiente”, finalizó Moreno.

El médico Horacio Romano, columnista de Salud de FM De la Calle, analizó las declaraciones del intendente Héctor Gay en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante sobre el abordaje de la pandemia.

“Es verdad que no se colapsó al estilo de Nueva York pero no estuvimos tan lejos de que haya pasado. Esto ha sido debido a profesionalismo y voluntad, el sistema se sostuvo por trabajadores y trabajadoras, estudiantes que trabajaron meses a destajo y con falta de reconocimiento. A la hora de formalizarlo y pasar a que sea rentado el planteo fue ‘podemos estar sin este servicio de triagge telefónico'”, aseguró.

El jefe comunal había manifestado que durante el último año “se crearon las unidades de cuidados mínimos ambulatorios, lugares de alojamiento y aislamiento extra hospitalario para abundar atención ante un eventual desborde de camas del sistema hospitalario, que, por el excelente desempeño de todos los actores de ésta emergencia, nunca colapsó”.

Romano agregó que “si hubiera habido más medios se podría haber hecho mejor, sin contar que para poner en marcha los aislamientos fue todo un tema de meses, la dificultad fue que faltó toda una cultura de aislamiento, la gente no quería ir al aislamiento. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos aislado a todos los que necesitaban?”.

“No colapsó el sistema porque hubo mucho trabajo. Tenemos una cantidad de infectados que son 14.500, habría que multiplicarlo por seis u ocho, entre 80 y 110 mil son los bahienses que se han infectado”, señaló.

Afirmó que “lo más importante del discurso es lo que se viene y cómo nos preparamos. Es la parte medular que tampoco lo escuché en el discurso. Ojalá que no venga, pero si viene (la segunda ola) ¿con qué lo enfrentamos? ¿con lo mismo? Eso es un problema porque el sistema de salud está muy cansado”.

En relación a la vacunación dijo que cuenta “con graves problemas de abastecimiento, el acaparamiento de vacunas por el norte, de los laboratorios multinacionales que nos piden condiciones a nosotros que no le piden a otros países, Pfizer, por ejemplo. Las patentes no las liberan. Es cierto que hay cuatro millones pero tendría que haber más vacunados y por eso vemos estas miserias a ver si correspondía tal concejal o tal otro”.

“Ganó el ideario de la privatización de la salud, entonces no me parece tan ilógico que un sector se arrogue una cuarta parte de las vacunas que hay para sus asociados. Eso no debería ser así”, finalizó.

Angélica Lauquen, una de las vecinas que impulsan el amparo colectivo contra ABSA, dijo a FM De la Calle que el intendente Héctor Gay “había hecho una promesa hace varios años, cuando dice que los funcionarios provinciales están al tanto de la situación porque en septiembre van a empezar las obras, me da risa”.

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el jefe comunal sostuvo que “todos los que contamos con responsabilidades de gobierno” deben involucrarse “y trabajar para solucionar esta problemática, que además está condicionando el desarrollo de la ciudad, ya que hay varios emprendimientos urbanísticos detenidos por no contar con la factibilidad de agua”.

“Ante una crisis hídrica se toman nueve meses, están jugando con nosotros. Si los fondos están no entiendo porqué no empiezan mañana, la situación es gravísima, en los barrios la gente está desesperada”, agregó.

Respecto al financiamiento de las obras, Lauquen mencionó que “la explicación es que el banco que va a dar los fondos se mudó de la Argentina por la pandemia y que no pueden autorizar los informes”.

A fines de la semana pasada ABSA apeló la resolución de la jueza María Fortunatto que exigía a la empresa que garantice la provisión de agua a los barrios afectados. La prestataria sostuvo que ya había realizado obras para paliar la emergencia.

Sin embargo, las necesidades persisten. Lauquen ejemplificó: “Hay una señora que tiene que mudar a su marido discapacitado para bañarlo todos los días, así muchas situaciones. No pueden seguir dilatando esto. Si la plata está tienen que empezar ya. Estamos consientes que si los vecinos no presionamos la plata la van a volver a desviar para otro sector de la provincia”.

“ABSA apeló la medida cautelar y pidieron la suspensión porque ellos argumentan que inhumano pretender que un empelado de ABSA se suba a un tanque. Me pregunto, ¿es humano pedirle a un abuelo de 70 años que se suba a un tanque? El problema lo tienen ellos”, finalizó Lauquen.

FM De la Calle recorrió el centro de vacunación que funciona en la Universidad Nacional del Sur. La semana pasada comenzó allí la aplicación de la primera dosis de la vacuna del laboratorio AstraZeneca/Oxford contra la Covid 19.

Lauriano Alimenti, director adjunto de Región Sanitaria I, dijo que están vacunando “entre 80 y 100 personas por día, que son los turnos que se nos destraban. De esa cantidad estamos aplicando casi el 70 u 80%. Los turnos son asignados por un sistema: en cuanto recibimos el stock, ingresamos el número de lote, se destraban turnos desde provincia. Está atado no solo a la cantidad de vacunas sino a la cantidad de vacunadores”.

En relación al circuito vacunatorio, Alimenti destacó que “hay una zona de pre-vacunación, se te hace un triagge hospitalario, te preguntan si tenés síntomas de Covid, se te registra la entrada. Pasas a la zona de pre-vacunación donde se te busca el turno, confirmarnos que sos vos, vas a la parte de vacunación, te aplican la vacuna y después pasas a una zona de post vacunación donde esperamos entre 20 y 30 minutos para ver si no hay alguna reacción alérgica, efectos secundarios. Para eso tenemos preparado un protocolo que se activa con el servicio del SIEmPRE y al Hospital Penna”.

Señaló que quienes ya se hayan vacunado con esta primera dosis 28 días después recibirán el turno para la segunda aplicación que, según las características de la vacuna, puede extenderse hasta los 70 días posteriores.

En relación a la distribución de turnos destacó que “es un software que hace un criterio por población objetivo, primero mayores de 70, en segundo lugar mayores de 60 y, por último, menores de 60 con enfermedades preexistentes. El criterio tiene sus limitaciones”.

“No tenemos margen para que esta campaña de vacunación salga mal, no podemos volver a decirle a gente que se quede encerrada. Se viene una segunda ola que nos agarra con una cantidad de casos activos sostenida, necesitamos rápidamente inmunizar a la población objetivo que corre riesgo y que puede quedar hospitalizada. Estamos poniendo la vida en la campaña de vacunación”, concluyó.

“Hay que vacunarse”

Eduardo acompañó a su madre pronta a cumplir los 92 años a vacunarse. Comentó que “la experiencia es excelente, las chicas nos atendieron de maravilla. El espacio está abierto, da la sensación de ser seguro, no hay acumulación de gente”.

Aconsejó “que la gente se vacune, la historia de la humanidad desde los tiempos de la vacunación ha mejorado sustancialmente. Una vez que están hechos los estudios y que las instituciones han demostrados que son seguras, hay que vacunarse”.

Claudia, una de las enfermeras que aplica las dosis en la UNS, mencionó que “las preguntas que se hacen es si fue vacunado por otra cosa, si ha recibido plasma, o transfusiones de sangre y después le realizamos la vacunación. Si tiene el alta del Covid se puede vacunar. Si recibió plasma habría que esperar unos 90 días”.

“Estoy contenta, porque hemos podido vacunar, esperemos que sigan llegando las vacunas”, finalizó.

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La abogada Sandra Vulich explicó en FM De la Calle los alcances del amparo colectivo en el marco del cual la justicia ordenó a ABSA “presente de manera urgente un plan de contingencia, con un protocolo para actuar con celeridad para los días que hay problemas con el agua. Tiene que aportarlo dentro de las próximas 48 horas..

El fallo de la titular del Juzgado Civil y Comercial N°2, María Selva Fortunato, aceptó la queja de vecinos y vecinas autoconvocades de barrios afectados por la falta de agua.

La magistrada suspendió el cobro del componente de agua potable en la facturas desde el 1 de enero y se brinde información a la población sobre los surgentes disponibles.

La abogada destacó que ABSA tiene que “disponer de recursos humanos y materiales que se necesiten para abastecer el servicio para que el vecino únicamente les abra la puerta de la casa. La jueza entiende que el personal tiene que estar capacitado para ese tipo de contingencia”.

La jueza estableció que la empresa tendrá que responder a los pedidos de agua en cuatro horas a partir del reclamo. Si incumple se aplicará una escala de multas diarias.

Vulich agregó que “se intima a la Autoridad del Agua para que informe la ubicación de surgentes de la ciudad, ya que hubo denuncias de vecinos donde manifestaban que los no están identificados o no están funcionando como corresponde. La titular del ADA se refirió a actos de vandalismo, esto es de larga data y deberían haber encontrado una solución”.

En relación a la facturación se resolvió que “la ADA amplíe el listado de barrios afectados. La bonificación se va a ver reflejada en los vencimientos de abril, mayo y junio”, señaló la letrada y agregó que será hasta tanto la magistrada lo disponga dentro del expediente.

El médico y columnista Horacio Romano analizó la situación epidemiológica y las repercusiones del escándalo de las Vacunas VIP.

“Entramos en una crisis mundial capitalista y de acumulación. Hay países como Canadá o Estados Unidos que tienen muchísimas más dosis que su población, es una situación muy desigual y terrible donde hay varias organizaciones, incluso la OMS, que están pidiendo se abran las patentes y que se empiece a fabricar en muchos lugares porque la capacidad para hacerlo está”, señaló.

“El cansancio, el agotamiento, ese ‘queremos la libertad, vivimos encarcelados’, costó no menos de 7 mil vidas. Murieron 7 mil personas que podrían no haber muerto si no se hubieran infectado. Este lunes el número de fallecimientos acumulados dio 51 mil, de 40 mil que había el 12 de diciembre. De los 11 mil de diferencia, 4 mil vienen de arrastre de los que se enfermaron en noviembre, así y todo, del otro exceso se tiene que hacer cargo toda una sociedad, dirigente políticos, de salud que no se hicieron cargo de cuidar a la población”, agregó el médico.

Romano señaló que al desborde de diciembre se le suman “las vacunas que no llegan, que cuando llegan pasan cuestiones discutibles, que empezamos a abrir escuelas con protocolos que nadie controla. Lo más probable es que como no hemos llegado a límite bajo de circulación comunitaria, con el inicio de las clases habrá más contagios y hay que controlar que no le llegue a la población vulnerable antes de que se vacune”.

Refiriéndose a la denominada Vacunación VIP destacó que “es un grave error, una falta grave del ministro, de su Secretaría Privada, internas como esas hay en todos lados, y un periodista que hace gala del privilegio y que no es inocente ni dice las cosas porque sí. Ahora bien, ¿16 denuncias? No se puede negar que Ginés haya trabajado muy bien dentro de lo que se lo han permitido”.

“¿Ninguno de esa clase dirigencial ha sacado ventaja de sus privilegios para obtener algo? Sabemos que en todo caso la política refleja lo que es el país, y en esta sociedad el tema de la ventaja está bastante impreso en todos lados”, cuestionó.

La próxima discusión es “a quién consideramos esencial. Debería definirse si funcionarios políticos que no tienen un rol activo son o no esenciales. Guzmán me parece esencial, no acuerdo para nada con Scioli pero es embajador en Brasil donde es espantoso lo que pasa, por ende debería entrar en la lista”.

“Los privilegios siempre existieron, los mismos que se quejan son los que más abusan. Esto une al tema vacunas a nivel mundial. El egoísmo es la piedra fundamental del capitalismo”, finalizó el profesional.

La jueza María Selva Fortunato aceptó el amparo colectivo presentado por vecinas y vecinos de barrios afectados por la falta de agua. Ordenó que ABSA garantice el acceso a agua potable, informe sobre los surgentes disponibles y suspenda el cobro de las facturas.

La empresa deberá difundir en su sede, en las facturas y en la página web como “aviso importante para los usuarios” que fue iniciado este “proceso judicial colectivo en el que se solicita -en lo sustancial- que dentro de un plazo breve, razonable y de manera fehaciente, la empresa prestataria presente un Plan de Obras y Gestión para la adecuada prestación del servicio y que se vuelva al sistema defacturación asociado con el nivel de consumo”.

“El peligro en la demora no admite mayor discusión en tanto la disponibilidad de agua se encuentra indisolublemente ligada al derecho a la vida, a la salud y a la dignidad humana, especialmente en esta situación extraordinaria de pandemia que nos atraviesa en la que la higiene es fundamental para evitar la propagación de virus”, afirma Fortunato.

La titular del Juzgado Civil y Comercial N°2 dio 48 horas a Aguas Bonaerense S.A. para que implemente un “programa de contigencia que incluya la efectiva y regular entrega bidones con agua potable y el llenado de los depósitos domiciliarios de los particulares e instituciones que así lo requieran”.

Cabe destacar que la magistrada indicó que “la empresa deberá disponer los recursos humanos y materiales suficientes para realizar el abastecimiento sin otra intervención del usuario que la de habilitar el ingreso a la vivienda en el caso de que ello fuera necesario”.

Para ello, ABSA tendrá que habilitar y difundir una línea de atención telefónica y de mensajería “con atención y control permanente, debiendo cumplir con el requerimiento dentro de las cuatro horas siguientes a la recepción delpedido”.

Por otro lado, la jueza manda “habilitar e informar la ubicación de los surgentes disponibles y en operación, para que la población, en caso de ser necesario, pueda utilizarlos adecuadamente”. Respecto a la suspensión de la facturación del servicio de provisión de agua y sus accesorios, Fortunato indica que deberá alcanzar a los barrios indicados en la Resolución Nro. 167-ADA-2021 (Los Chañares, Bordeu, Don Ramiro, Altos de Bahía, Palos Verdes, Pacífico, Patagonia, Universitario, Amaducci, Kilómetro 5, Barrio Rucci, Comahue, Coronel Estomba, Microcentro, Patagonia Norte, Patagonia Chico, Molina Campos, Villa Harding Green, Stella Maris, Villa Don Bosco, VillaCerrito, Sanchez Elias, Nueve de Noviembre, San Cayetano, Villa Floresta, Mi Casita, Cooperación, Latino, Gral. Cerri, Villa Rosas, Villa Delfina y Piedrabuena) y a los usuarios que requieran acceder al plan de contigencia.

Nuevamente la empresa Dow generó preocupación entre whitenses y bahienses. Esta vez fue la fuerte luminosidad de la antorcha y el ruido a “turbina” parecido a “un trueno permanente” desde la tarde del domingo y parte de la madrugada del lunes.

Según informó el Comité Técnico Ejecutivo se debió a una falla relacionada al vapor de alta presión que utiliza un sector de la planta que provocó una parada no programada.

Walmir Morete, titular del organismo, dijo a FM De la Calle que recibieron cuarenta denuncias vecinales y la pregunta repetida era: ¿vamos a explotar?

“Seguramente sea una falla mecánica en algún motor, en alguna turbina, pero eso es algo que tiene que decir la empresa en el descargo que tienen que hacer por la infracción. Eso lleva otro tiempo”, dijo el funcionario.

Agregó que “cuando se asume que tenemos un polo petroquímico dentro de Bahía Blanca este riesgo lo tenemos. El riesgo va a estar siempre, siempre, siempre. No existe el riesgo cero. Los controles tienen que existir, nosotros hacemos hasta donde podemos, dentro de la planta hay cosas que podemos controlar y otras que no”.

El ingeriero explicó que el Cracking II -donde ocurrió la explosión de 2019- estaba parado por mantenimiento y que el incidente ocurrió en el Cracking I. “Cuando parás una planta de la forma que se paró ayer, donde vos no estás preparado, todo lo que está dando vueltas en la planta hay que ventearlo por la antorcha, toda la porquería va a la antorcha”.

“La planta se para porque ellos tienen un inconveniente en el vapor de alta presión, seguramente una caldera que genera el vapor ha tenido algún problema, eso todavía está por verificarse. En esa situación, por seguridad, el vapor que se inyecta a la antorcha no puede dejar de inyectarse, se da prioridad a eso y se para la planta”.

Morete detalló que “la luminosidad es por la cantidad de gases que se están largando y el ruido es por el vapor de alta presión. Entiendo que la luminosidad y el ruido no eran normales pero si la antorcha está prendida estamos seguros, si está apagada y pasa esto es un problema porque esos gases no se estarían venteando”.

“Si todo lo que sale de la planta lo mandás al medio ambiente sin que se queme estarías contaminando. Cuando infraccionamos por humo negro quiere decir que la relación entre llama, oxígeno y vapor no es la adecuada, entonces se genera ese humo negro que sí es contaminación y es cuando labramos acta de infracción”.

El titular del CTE comentó que el responsable de Medio Ambiente de Dow le dijo que cerca de la una de la mañana “ya habían empezado a normalizar la planta, el arranque es un proceso que lleva doce horas y una vez que arrancaba esa iniciaban la otra”.

La infracción fue por contaminación sonora: “Era un ruido perjudicial para la salud. Después de hacer un análisis durante la madrugada se llegó a la conclusión que estaban por encima de los niveles permitidos por la ley”.

“Las plantas del polo petroquímico son de proceso continuo, están todo el tiempo produciendo. Que pase algo de esto -te lo digo yo que trabajé dentro varios años- es normal… no sé si es normal pero cuando tenés un desgaste de equipos tenés mantenimientos preventivos, podés evitar que el equipo se rompa, pero muchas veces fallan y se rompen, puede haber un corte de electricidad que es algo caótico en una planta porque se para todo de golpe y no sabés para dónde salir, hay cosas que se pueden prevenir y otras no”, afirmó.

La Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría pidió la nulidad del “convenio ambiental” entre el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

Los trabajadores denunciaron que “se ha dado a Profertil un trato privilegiado, discriminatorio del resto, casi secreto, otorgándole audiencias privadas sin noticia de nadie y en abierta contradicción con la letra y el espíritu de lo ordenado por la Cámara Federal”.

El escrito firmado por el abogado Lucas Beier sostiene que la empresa “ha anunciado que invertirá 150 millones de dólares en una ampliación al doble de su planta ubicada en la zona portuaria, por lo que tiene que comenzar sus procesos aprobatorios y necesita sus ‘salvoconductos ambientales’. Pero está involucrada en cinco juicios ambientales, cuatro del fuero provincial y éste. Por algún lado debe empezar”.

El “galimatías de cinco hojitas” presentado por la multinacional fue homologado por la jueza Gabriela Marrón. “Algo tan complejo como esto necesitaría dictamen de algún especialista. Ni el fiscal ni la jueza han pedido que sea revisado por algún organismo ni por los peritos designados en la causa. (…) La jueza dice que cumple los parámetros científicos, no sé cómo lo sabe, tal vez ella tenga conocimiento en materia de tratamiento de líquidos industriales, yo no los tengo y no consta ningún informe técnico”, dijo Beier a FM De la Calle.

La apelación afirma que “Profertil viene contaminando hace más de 25 años, existe prueba científica de esto, pero ahora dice que en los próximos 18 meses mejorará sus sistemas de tratamiento de residuos industriales y para el fiscal corresponde extinguir la acción penal, es decir, no sancionar la conducta delictiva cometida. Y TODO ESTO SIN PAGAR UN SOLO CENTAVO EN REPARACIÓN DEL DAÑO”.

“¿Acaso cualquier (ante un) ciudadano que cometió un delito, si se compromete a no cometerlo más, tanto la fiscalía como la jueza también entenderán que debe extinguirse la acción penal?”, se preguntó el abogado.

A pesar de desconocer la existencia de aluminio, cobre, cromo, plomo, mercurio, cadmio y otros contaminantes en sus procesos, la empresa promete volcar sus efluentes a la ría con parámetros “más rigurosos”. “Si ahora, en la urgencia de la aprobación estatal de la ampliación industrial, saldría corriendo Profertil a hacer cosas que no necesita hacer porque siempre hizo todo bien, corresponde afirmar que siempre mintió”.

El representante de los pescadores insistió en que previo al acuerdo cuestionado, a contramano del fallo de la Cámara, “no se coordinó ninguna reunión de trabajo, no se escuchó a ningún técnico, no se convocó a los peritos, nada; por el contrario, se trae a juicio a alguien ajeno al proceso, el Instituto Argentino de Oceanografía, cuando ya la FAUBA y la Policía Federal Argentina son peritos de éste juicio y ha estudiado en profundidad la problemática del caso.

Por último, en cuanto a la “precariedad” de la oferta de Profertil, advirtió que “no dice qué, dónde, cuánto, cómo arrojará en el futuro al estuario. Menos dice quién, cuándo y cómo ha evaluado en forma imparcial e independiente la calidad y eficacia de hipotéticas instalaciones y procesos futuros que no detalla ni identifica (más allá de una elemental enunciación en unos pobres párrafos)”.

La jueza federal Gabriela Marrón homologó un acuerdo entre la Fiscalía y la empresa Profertil en la causa que investiga la contaminación del estuario de Bahía Blanca y la destrucción de la pesca artesanal.

En junio de 2019 la Cámara de Apelaciones dispuso la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».

Profertil afirmó que el acuerdo “no implica el reconocimiento de hechos, ni otorgar validez a las pruebas que pudieren encontrarse incorporadas, ni la asunción de responsabilidad penal en el asunto”.

El convenio establece que la empresa deberá informar el avance y cumplimiento de la propuesta en forma trimestral y por el plazo de 18 meses. Las medidas serán evaluadas por el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) y/o autoridad técnica “imparcial” que la Fiscalía designe.

“La conciliación queda supeditada al cumplimiento del presente acuerdo y los restantes convenios que suscriban y ejecuten los sujetos vinculados al objetivo trazado por la Alzada. Por lo que, oportunamente, corresponderá tratar la extinción de la acción penal”, afirmó Marrón.

La causa impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.

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La fábrica de fertilizantes propuso mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de
recursos hídricos y un “compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA”.

El 29 de diciembre Santiago Martínez solicitó la homologación judicial del acuerdo suscripto con el abogado de Profertil, Ariel Diego Blázquez. Entendió que resulta “superador del conflicto planteado”.

El fallo de la Cámara de 2019 daba «fuerza probatoria» a la pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que demostró científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

Ordenaba, además, la conformación de una mesa de abordaje con todas las partes que contemple la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y reformular la normativa referida al vuelco de contaminantes “teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

Profertil aseguró a la justicia que “no utiliza metales pesados en todo su proceso productivo” y destacó que “los elementos químicos, incluidos los metales pesados, se encuentran en la naturaleza y, por lo tanto, en el agua en distintas concentraciones. Profertil recibe el agua que proviene del Dique Paso Piedras ya con presencia de dichos elementos químicos”.

¿En qué consiste la propuesta?

Compromisos para mejorar la calidad del efluente

Mejora industrial en el sistema de agua de enfriamiento, construcción de planta piloto para optimizar el tratamiento de agua, rediseño de la planta de tratamiento Branch e incremento de frecuencia de controles-análisis periódicos de elementos relevantes.

Compromisos para mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente

Establecer como límite interno de aportes al efluente, la mitad de los exigidos por la normativa actual para metales pesados.

Compromisos para optimizar la utilización de recursos hídricos

Rediseño del sistema de enfriamiento para reducir el consumo de agua y el caudal de efluente, y un proyecto para recuperar vapor de agua venteado a la atmósfera para reutilizarla en el proceso.

Compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA

Utilización de nuevas tecnologías de última generación en la construcción de la ampliación de la planta y la instalación de un nuevo sistema de tratamiento de efluente para su reutilización.