La Multisectorial por los Humedales se movilizó este miércoles desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para presentar un petitorio mediante el cual más de 400 organizaciones socioambientales del país exigen el tratamiento del proyecto de Ley de Humedales.
La madre de Facundo, Cristina Castro, encabezó una conferencia de prensa junto a Amnistía Internacional a un año del hallazgo de los restos de su hijo en un cangrejal de Villarino Viejo. Con sus abogados y la Comisión Provincial por la Memoria, se refirieron a la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte y brindaron detalles de una reunión con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal.
“Llevo un año llorando y no puedo entender cómo siguen libres trabajando, gozando y mirando a sus madres a los ojos, a mí me prohibieron de todo eso, mi vida cambió totalmente, mi vida se hizo pedazos”, dijo sobre los policías involucrados y destacó que su mejor abogada es la jueza federal María Gabriela Marrón.
En el encuentro se sumaron acusaciones contra Santiago Ulpiano Martínez, fiscal que intervino en el primer tramo de la investigación. “El procurador se ha comprometido en atender estas ampliaciones de denuncia que hemos formulado y que tienen por norte desenmascarar los deberes que incumplió el fiscal y replicaron en este encubrimiento que, gracias a la enorme fuerza de Cristina, de la sociedad y algunos medios estamos cada vez más cerca de poder asegurar un resultado de justicia”, dijo Luciano Peretto.
Cristina dijo que “es muy doloroso saber que una persona encontró el cuerpo de tu hijo tirado en un cangrejal y no le faltaban piezas y más doloroso es saber que en una noche un fiscal hizo desaparecer los brazos de tu hijo y te entregó el cuerpo incompleto, eso hizo el fiscal Ulpiano Martínez”.
“Al pescador que encontró el cuerpo de mi hijo y la zapatilla, que estaba a pocos metros, le dijeron ‘vos cállate la boca que esto no se tiene que saber’, la Policía Federal y Ulpiano Martínez”, puntualizó la madre del joven.
El abogado Leandro Aparicio detalló que “a (la ministra de Seguridad Sabina) Frederic queremos preguntarle qué va a hacer el Estado ante la gravedad de la actuación de los policías cuando le dicen al testigo que vio la zapatilla ‘no pongas esto que vamos a tener quilombo’. Menos mal que no se animó el fiscal a sacarla”.
“La habían dejado fuera del perímetro, no se animaron a desaparecerla como hicieron con los brazos de Facu y la Policía Federal tuvo que ver en eso”, agregó Cristina.
En relación a la recusación contra la jueza María Gabriela Marrón, la integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, argumentó que “estamos esperando la resolución de la Sala I de Casación, de la jueza Figueroa y los doctores Petrone y Barroetaveña”. También aguardan por el requerimiento de nulidad de un informe de mareas de IADO.
Las irregularidades de la Policía Federal “se constatan con que los propios fiscales corren a la Federal de la instrucción y se trabaja con Prefectura, entendemos que en la reunión que ha concedido la ministra Frederic abordaremos eso”, concluyó Jarque.
Cristina dijo que “fue un año durísimo, todo tuvimos que pelearlo en una Cámara, contra una jueza que supuestamente tiene que defendernos. Es la abogada de cuatro atorrantes que se llevaron la vida de un inocente”.
“Quiero que esos cuatro asesinos estén tras las rejas. A mí a Facu no me lo devuelve nadie, esto no es por venganza, terminado con esto a mí nadie va venir con mi flaco y me va a decir tome, acá lo tiene. Detrás mío hay un montón de jóvenes, no quiero que nadie más le pase por esto”.
“Llevo un año llorando y no puedo entender cómo siguen libres trabajando, gozando y mirando a sus madres a los ojos, a mí me prohibieron de todo eso, mi vida cambió totalmente, mi vida se hizo pedazos, han arruinado la vida a una familia, a los amigos, y nos han perseguido de tal forma. Nos enseñaron que hay que luchar, los pueblos de Villarino se están levantando y luchando, nos hicieron más fuertes, es dolor lo que tenemos y unas ansias de justicia que no tienen ni idea”, finalizó.
Foto: Amnistía Internacional.
La administradora del Mercado Municipal, Antonella Giglio, dijo a FM De la Calle que la intención de instalar un polo gastronómico en torno a la Plaza del Sol sigue en pie. Esta semana, puesteros del mercado reclamaron la reapertura de las cocheras y se manifestaron en contra de las reformas anunciadas. Tras seis años de gestión, Juntos por el Cambio advierte que el mercado tiene un déficit de 600 mil pesos mensuales.
“El proyecto estuvo frenado por problemas edilicios y de infraestructura del mercado. La peatonalización está aprobada por el Concejo, la idea es potenciar todo el área, la plaza también. Se han hecho arreglos, como la pintura del puente, la iluminación”, comentó la administradora.
La funcionaria, que en diciembre reemplazó al radical Fabián Val, agregó que “la idea gastronómica es sobre Arribeños, obviamente que los comerciantes van a tener que innovar, como en cualquier lugar, a lo que la misma comunidad exige. El proyecto sigue igual que como se había anunciado, aprovechar las peatonales para más afluencia de gente y eso sume a la afluencia del mercado”.
En cuánto al uso de las cocheras “hubo un tema de tiempos, de retrasos. Estamos esperando los materiales de construcción para la garita y que esté el inspector. Los materiales llegaron ayer, ya estamos haciendo la construcción. En estos días podremos abrir”, dijo Giglio.
Explicó que “va a ser un estacionamiento medido y pago, absorbemos los boxes que fueron quitados de las calles aledañas. Va a ser para todo el público con beneficios para clientes del mercado. Se decidió dejarles unos minutos libres, con un ticket que les dan los comerciantes como constancia de que estuvieron realizando compras”.
Puesteros y puesteras reclamaban, además, que desde hace 3 años no contaban con servicio de gas y que los baños que utilizaban eran los de las cocheras.
“Hay ciertos problema a nivel estructura y electricidad que sí o sí tenemos que arreglar. Estamos con un mercado deficitario y son costosas las obras”, acotó Giglio.
Remarcó: “Mensualmente tenemos un déficit de 600 mil pesos, no llegamos a cubrir los costos. Eso remite a los alquileres y expensas. Estamos haciendo informes técnicos y eléctricos, cuáles son las obras, establecer prioridades y ahí veremos (cómo financiar)”.
Al ser consultada si el Municipio, promediando su segundo mandato, tenía conocimiento de este déficit dijo: “No te podría contestar eso, la verdad que no sé”.
En cuanto a la posibilidad de recurrir a financiamiento privado mencionó que “estamos evaluando todas las opciones, no es nada concreto que estemos pensando hoy, es una opción y no la descartamos”.
La Mesa Nacional de Frigoríficos Recuperados, integrada entre otros por el bahiense INCOB, se posicionó sobre el cierre de las exportaciones de carne y propuso un plan integral ganadero para garantizar precios populares.
“Este año se empezó a tener reuniones de frigoríficos recuperados del país. Sumando la capacidad productiva podemos llegar a un 10% de la producción nacional. En el mercado obviamente las cámaras patronales están agrupadas, hacen lobby, presionan, incluso en contra de las cooperativas. Por ejemplo, el gobierno de Macri había sacado una resolución que impedía a las cooperativas comprar animales y vender, teníamos que faenar para terceros, nos teníamos que dedicar a ser pobres”, dijo a FM De la Calle Nicolás Seitz, trabajador de INCOB.
Según informaron, “la Matrícula Abastecedora es la que permite comprar hacienda vacuna en pie y vender las medias reses en gancho. La Resolución 21/E 2017 Anexo I determina arbitrariamente que las cooperativas no pueden obtenerla y que, por lo tanto, estamos en desventajas comerciales con las empresas del sector y solo podemos ser prestadores de servicio”.
Seitz señaló que si bien recorrieron “oficinas en provincia y en el Ministerio de Agroindustria, no hemos sido escuchados en esto que es lo más básico, que es el pedido de la faena propia”.
La vigencia de esa normativa “nos afecta totalmente, hoy tenemos unos 10 u 11 usuarios que faenan en el frigorífico y venden en la ciudad, nosotros compramos y faenamos alrededor del 30% de la producción. Es totalmente distinto el ingreso que tenemos por faena propia que por faena a terceros. Si no tuviéramos la posibilidad de faena propia estaríamos cobrando la mitad del retiro”.
Respecto al Plan Integral Ganadero explicó que quieren “colaborar y participar en las negociaciones, somos parte de la cadena, representamos un porcentaje dentro de la producción, sin embargo, no se nos llama a participar en ninguna instancia. Tenemos ideas, conocimientos de los costos”.
Del campo a la mesa
La cadena de producción de la carne “se compone del productor de distintas categorías, productores chicos de cría y engorde, otros que se dedican a la cría que después los venden a los feedlots que se dedican a la terminación del animal en el campo. De ahí pasan a los frigoríficos, a veces a través de intermediarios, consignatarios de hacienda. Hay frigoríficos de consumo, que son los que van al mercado interno, que faenan poco y frigoríficos grandes que abastecen al conurbano o que se dedican a la exportación que son quienes fijan los precios”.
Seitz explicó que “el Mercado de Liniers fija precios, los productores locales se manejan con esos valores, ese mercado está tremendamente concentrado, los compradores son los grandes supermercados de Buenos Aires y ellos son los que lo manejan”.
“El tipo de producción ha variado mucho, se hace mucho feedlot, que se hace en poco terreno. Muchas tierras que se dedicaban al engorde por pastura no se hacen más, se siembra el grano de turno y parte de esos granos se usan para engordar animales. Eso afecta en la cantidad de cabezas de la región. Antes de que suban los precios el año pasado, era muy difícil conseguir animales en la zona porque hay cada vez menos productores”, agregó.
Exportaciones y aumento de precios
Semanas atrás el gobierno anunció el cierre de las exportaciones de carne para intentar controlar los precios del mercado interno. Dicha medida no tuvo éxito dado que la Mesa de Enlace decidió cesar con la comercialización de carne hasta tanto no se levante la normativa y la disparada de los valores fue mayor.
“No es un tema que se trate día a día en asamblea, sí desde el frigorífico vemos positivo la intervención del Estado porque dejar el manejo del mercado de los principales operadores hace que pase lo que pasó, que el precio se haya disparado más allá que cualquier otro precio. Después del cierre de las exportaciones ha bajado el precio de la carne, a mostrador tarda un poco más”, dijo Seitz.
“El aumento de precios fue tremendo, ni nosotros podemos comprar la carne para comer en casa, ahora ha mejorado un poco. La perspectiva es de pequeña estabilidad pero muy frágil porque el bolsillo no alcanza para nada, lo vivimos en la venta en la carnicería como nosotros en los retiros”, afirmó.
Intelectuales, trabajadores y trabajadoras de la cultura, militantes ambientales y por los derechos humanos, docentes e investigadores y periodistas proponen que una de cada cuatro preguntas que se les hagan a las y los candidatos a ocupar cargos legislativos se refieran a la agenda de transición socioecológica.
El cupo socioambiental surgió por iniciativa del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, NohayCulturasinMundo, Jóvenes por el Clima y Periodistas por el Planeta.
“Los eventos climáticos extremos como consecuencia de un maldesarrollo, avanzan y afectan a la población toda, especialmente a lxs más jóvenes, amenazando concretamente su presente y su futuro, y a lxs más pobres, alejándolxs aún más de un modo de vida justo. Es necesario habilitar la discusión política sobre formas de transición socioecológica a modos de producción y consumo sostenibles; a políticas de adaptación a los cambios ya existentes que garanticen el derecho a tener agua potable, alimentación saludable y techo”, afirmaron.
Destacaron, además, que “la amenaza de colapso global no supone la negación de otras luchas de necesidades inmediatas; lo que urge es articularlas con la crisis climática, si de verdad queremos que lxs niñes, adolescentes y jóvenes tengan un futuro”.
De cara a las próximas elecciones parlamentarias, exigen que cada candidato/a se pronuncie con proyectos estratégicos y propuestas concretas en relación con la protección de los bienes comunes como el agua, los ecosistemas y el territorio; propuestas para reducir la pobreza estructural (tierra y servicios; techo y trabajo), y una agenda de transición ecológica integral -energética, productiva, urbana y rural.
“Preocupa la ausencia de los temas socioambientales y de la crisis climática en el debate político de la Argentina. El planeta está cerca de un punto de no retorno: las alertas climáticas y la pobreza se aceleran juntas y entrelazadas ante una población desinformada por gran parte de los medios y de la dirigencia política. Quienes ejercen la gestión pública o aspiran a ella, y aquellos que ocupan espacios en los medios tienen una enorme responsabilidad. Y las decisiones acerca de qué tenemos que hacer como sociedad ante los impactos que ya estamos viviendo serán determinantes para la Argentina”, manifestaron.
En la convocatoria subrayaron que “no es cierto que este sea un debate que sólo le importa al ‘ambientalismo’ como se ha querido imponer, las pandemias de origen zoonótico o el agotamiento hídrico, llaman a la puerta de todxs. Por eso es urgente pensar una agenda socioambiental con participación ciudadana. Es evidente la relación directa entre pobreza estructural y destrucción de ecosistemas. Lxs representantes políticxs tienen una agenda de desarrollo atada al pasado, caduca, que no contempla ni el presente ni el futuro de lxs niñxs y lxs jóvenes”.
En su columna de salud de FM De la Calle, el médico Horacio Romano planteó un panorama general de la pandemia en la ciudad en relación al alto número de casos activos y comparó el índice de exceso de mortalidad del país con otros de la región y del mundo.
“Los casos no bajan en Bahía, estamos igual que en el peor momento del año pasado. Se ven cuadros leves, muchos vacunados, aunque sea con una dosis. Esa es la parte efectiva de la vacuna, esos cuadros hubieran sido más graves el año pasado”, dijo.
Sin embargo, enfatizó que en “Bahía se dejó librada a lo que cada uno podría llegar a hacer, los aforos no se controlaron, la reuniones sociales tampoco y la responsabilidad individual está bastante acotada. Es verdad que hay menos casos graves pero las salas del hospital están llenas, por lo menos en el Hospital Municipal”.
“Hubo un momento en el que había muchos pacientes graves, en guardia había 30 pacientes y hoy hay 16, la capacidad es para 12 o 14. No es aquel extremo pero la situación no es holgada”, señaló.
Mortalidad por Covid
Argentina es el segundo país de la región con menos exceso de muertes durante el primer año de la pandemia con respecto al promedio 2015-2019.
Romano explicó que “un país tiene más o menos una cifra estable, excepto situaciones catastróficas, que pueden ser 1 a 3% de mortalidad, se llama exceso de mortalidad. Es el 12% para Argentina. Es una enormidad pero, comparándolo, hay países que -en teoría- por millón de habitantes no les fue tan mal pero cuando comparan exceso de mortalidad tienen más del 20%”.
“Esto marca que los números de muertos por Covid estaban escondidos. Se puede contabilizar pacientes fallecidos y se puede no poner la causa. A veces no por esconder, porque fallecen en la casa y no se sabe bien. Inglaterra lo pasó también. Ese paciente no consta como fallecido por Covid. Cuando hacés la cuenta, Brasil tiene casi lo mismo que nosotros. Uno sabe que depende de la calidad de registro. Argentina tiene un buen registro, aunque no homogéneo”.
El médico se detuvo en “lo que le dedican a salud del PBI algunos países. Sin hacer foco en las condiciones de vida. El sistema de salud trata de cubrir pero no logra porque las condiciones de vida marcan las enfermedades”.
“EE.UU. pone el 17% del PBI a salud pública y privada. España cerca del 9%, Inglaterra más de 9% y Alemania el 11%, países de PBI muy grandes. Nosotros destinamos el 4.8% con un magro PBI. Esa diferencia marca todo el sistema. Se sale con lo que tenemos que nada tiene que ver con lo que tienen otros, por ejemplo, países europeos”.
Romano destacó que “lo que se destina es muy bajo de un PBI que es bajo también. ¿Por qué no testeamos más? ¿Por qué no hay más respiradores? ¿Por qué no hay mejores hospitales? ¿Por qué no hay más profesionales? Por que no hay plata”.
Foto: Facebook Hospital Municipal.
La Defensoría del Pueblo bonaerense propuso modificar la Ley de Prevención del Alcoholismo e incorporar nuevos etiquetados en las bebidas para enfrentar el aumento del consumo problemático.
“Argentina ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en jóvenes menores de 19 años y el tercer lugar en consumo problemático de alcohol en jóvenes. Es distintivo en nuestro país la baja edad en el inicio del consumo que se ubica entre 11 y 12 años”, dijo a FM De la Calle el defensor adjunto Walter Martello.
Destacó que es importante “tomar una serie de medidas, actualizar la Ley de Prevención de Alcoholismo, empezar a adoptar nuevas formas que se aplican en otros lugares del mundo y que han tenido éxito, copiando la experiencia con el tabaco hace muchos años donde se discutía la situación del etiquetado y lo que esto podía tener”.
Martello mencionó que “hasta hace 3 años existía un descenso del inicio del consumo de tabaco, en el ingreso de nuevos fumadores. Lo que ocurrió es que la industria se resignificó para poder volver a captar el público joven y empezó a implementar técnicas de marketing como cigarrillos saborizados o el sponsoreo de actividades que tienen que ver con el deporte”.
En el caso del etiquetado para las bebidas alcohólicas “creemos que tiene que haber una ley específica de carácter similar a la del etiquetado de alimentos, que esté indicada la graduación alcohólica. En Argentina se da el aumento del consumo con alta graduación como el vodka -suavizado con gustos frutales- y fernet. Eso es lo que consumen los jóvenes después de la cerveza”.
“Indicar cuál es la graduación, componentes y efectos sobre la salud ayudaría mucho aunque se cree que es una medida de carácter neutro. Hoy la mayoría de jóvenes adquieren alcohol a través del delivery o de las redes. Ahí el Estado tiene que poder cumplir con los controles”.
Finalmente destacó que “parecería que no incide pero, si tomamos lo ocurrido con el tabaco, está probado que podemos atenuar estos índices, obviamente acompañando con campañas de concientización”.
Fracasó otra instancia de conciliación entre las empresas del polo petroquímico, la Fiscalía y la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría. Las multinacionales debían responder si aceptaban o no financiar una planta de reuso de líquidos cloacales como reparación al daño ocasionado al estuario.
El encuentro virtual se frustró por problemas de conectividad de la Fiscalía aunque las respuestas llegaron por escrito. El abogado Lucas Beier comentó a FM De la Calle que “dicen que en el estuario no hay daño que reparar, que en el caso de que hubiera no son ellas las responsables de repararlo porque no lo causaron”.
“Lamentablemente las que dirigen todo, fijan política, determinan qué hacer y qué no son las empresas. Tanto funcionarios políticos como judiciales le piden a las empresas por favor hagan algo. Las empresas dicen no vamos a hacer nada y eso me contestan los funcionarios a mí. (…) ABSA es el único que quiere hacer la planta pero dice que no tiene plata. El Consorcio no opina y la Municipalidad tampoco, así estamos”, describió.
Beier manifestó que “desde el momento en el que (Santiago Martínez) hizo convenios particulares con las empresas consideramos que tenían que cerrar esta etapa. Más aun cuando la Cámara revocó esos acuerdos. Creo que esta fue la última carta que se jugó el fiscal. Ahora sí no le va a quedar otra”.
El abogado recordó que la causa avanzó a instancias del fiscal Alejandro Cantaro y el juez Walter López da Silva, quienes habilitaron la toma de muestras y su análisis por parte de la Facultad de Agronomía de la UBA y la Policía Federal.
Martínez y la jueza Gabriela Marrón se encontraron con la prueba y “pese a que la Cámara reconoce que el estuario está contaminado y que algo hay que hacer, ellos dicen que no está probado”.
En 2019, la Cámara Federal ordenó que las partes acuerden un plan de inversiones que “establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente». Fue a partir de la pericia que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.
La «constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies», afirmaron los expertos.
La querella presentará nuevamente en las próximas horas un pedido para que se clausure la etapa conciliatoria. “Espero que el fiscal de una vez por todas se aboque a probar el delito. (…) Que vea el expediente, si considera que falta algo por probar que pruebe y si no que cite a indagatoria y la causa avance”, dijo Beier.
Comerciantes del Mercado Municipal se manifestaron exigiendo la reapertura de las cocheras y denunciando el abandono que padecen en el marco de las modificaciones del tránsito y la prometida instalación de un polo gastronómico en el sector.
“Nos estamos fundiendo, no podemos más, no nos habilitan el estacionamiento en las calles que rodean al mercado, hicieron peatonal porque en un futuro van a poner un polo gastronómico y en Olivieri porque sí. Ni siquiera en el lugar de la plaza, tenemos la cochera ociosa, el cliente dejaba el vehículo, se le daba un cupón y el que no venía a comprar pagaba una tarifa”, dijo a FM De la Calle Débora Gentili, quien posee una verdulería.
Días atrás las y los puesteros mantuvieron una reunión con el director de Planificación Urbana, Arrigo Reale, el director de Ordenamiento Urbano, Martín Moyano y la administradora del Mercado, Antonela Giglio. “Nos dijeron que en la cochera se pague estacionamiento, incluidos nosotros. (Tomás) Marisco nos dijo que nos daban un período de gracia de 45 minutos para que el cliente no pague, que abrían el 1 de abril. Hasta ahora no pasó nada”.
“A mí no me gusta que le cobren al cliente, habíamos resignado eso, hasta pagar nosotros con tal de que la gente tenga una lugar donde estacionar”, dijo Gentili.
Agregó que “al bahiense no le gusta caminar y menos si tiene que ir con 6 bolsas, si tiene que dejar el auto a 10 cuadras. La gente venía y se llevaba todo de acá, ya no lo puede hacer. No es como ir a comprar una remera, un libro. La mayoría de la gente del sector es mayor, compra lo justo, estudiantes que se han ido. No hay afluencia de público, el mercado está vacío”.
“Hace 3 años no tenemos gas, ¿de qué polo gastronómico pueden hablar? No se ha hecho nada en el mercado, antes se hacía la gran barata, se había sacado el olor feo. No se hizo nada, el mercado se esta viniendo abajo. No hay ningún beneficio. La gente no solo es porque el estacionamiento, el mercado hace frío, no esta lindo”.
La comerciante señaló “creo que a la Municipalidad no le interesa ni nunca le interesó el Mercado como funciona en este momento. Esto es de una familia que lo cedió con la única condición de que se use para feria o mercado. Muchos puesteros históricos lograron que no lo cerraran”
Argumentó que “la semana pasada tuvimos un problema que es que desde el Big Six ponían su basura en nuestra vereda. Teníamos la basura toda rota en al esquina del mercado.
Por último y en relación a los puestos destinados a organizaciones que a principios de año el municipio decidió vaciar y trasladar a la planta superior, Gentilli dijo que “Bahía Che quedó, los demás fueron al primer piso, está todo vacío y lleno de mugre. Uno de los bares lo vaciaron porque iba a venir otra cosa. El otro lo usan para parte de multas de Municipalidad”.
Foto: Bahía Caótica.
Irma Acosta, dueña de la pensión ubicada Israel 176, denunció que el oficial de la DDI Walter José Schell, golpeó la puerta de su casa y le apuntó con un arma la madrugada del jueves.
“Cuando voy saliendo veo que van corriendo dos chicos desde el Hostel, le abro y saca el fierro y me dice ‘a vos y a todos estos los voy a matar'”, contó la mujer a FM De la Calle.
La UFI N°2, a cargo del fiscal Diego Conti, investiga la denuncia de la vecina “abuso de autoridad y amenazas” y otra que realizaron efectivos de la Bonaerense por “averiguación de ilícito”.
Acosta relató: “Me amenaza, yo justo tenía el palo de la escoba, le pego y sale del pasillo. Pego un grito, mi esposo estaba en la otra pensión, escucha y sale con otra gente. Mi marido le pega porque me había apuntado con un arma. Quedó tirado en el piso”.
La mujer afirmó que al lugar acude otro efectivo de civil. “Lo intenta levantar del piso le dice ‘¿querés que le pegue un tiro?’. Yo estaba ahí. Así es cómo se cubren, se defienden. Cuando llamé al 911 y se presenta un móvil dice: ‘Perdón, policía'”.
Acosta explicó que, según lo reconstruido horas más tarde por otros vecinos del lugar, en el hecho intervino Schell y dos oficiales más, Guillermo Oyarzo y José Correa, quienes habían amenazado a la recepcionista del hostel ubicado en Soler e Israel.
“Había dos chicos que vivían ahí, les pidieron el celular de mala manera. Los chicos les dijeron que si tenían algún problema salgan a la vereda porque no querían problemas ahí y los dos policías empezaron a correrlos”.
Acosta dijo que Schell “estaba borracho y drogado porque cuando me apuntó con el arma temblaba”. Según la denuncia policial, el efectivo estaba mareado por efecto de la golpiza recibida.
“Él viene a amenazarme a mí, ‘ustedes no me conocen, yo soy el Chino Schell, no va a quedar nadie, voy a matar a todos’. Si sos un policía que está trabajando no te podés dirigir así”.
La mujer solicitó una restricción de acercamiento para proteger a sus hijas adolescentes. “Tengo una nena que no quiere ni ver a la policía porque tiene miedo. Me tomaron la denuncia y solicite la protección”.
La versión policial de los hechos es que mientras patrullaban la zona vieron un Ford Fiesta gris haciendo un supuesto “pasamanos de droga”, lo interceptan, discuten, hay un forcejeo en el interior del hostel y una persecución posterior en la cual hacen tropezar a Schell y lo golpean entre diez personas. El policía manifestó que al llegar a la Comisaría Primera notó el faltante de su billetera con sus credenciales y una suma de dinero cercana a los 20 mil pesos.
El gobierno reglamentó esta semana la Ley de Biocombustibles aprobada en en julio por el Congreso. Regirá en todo el territorio hasta diciembre de 2030 y establece incentivos a la elaboración y comercialización de combustibles de origen vegetal
“Tiene la intención de proveer un marco regulatorito en relación a los combustibles de origen oleaginosos para reemplazar a la nafta y gasoil como combustibles para el transporte. Hasta hoy regía la ley aprobada en 2006 que establecía que entre el 5 y 10% de la nafta que usamos para autos y camiones venía de la soja, trigo o caña de azúcar, procesados en una cuarta etapa de agregado de valor”, dijo a FM De la Calle Alejo Di Risio, ingeniero y maestrando en en ecología política y alternativas al desarrollo.
Advirtió que “los agrocombustibles se plantean como una opción ecológica y sustentable en contraposición de industrias energéticas fósiles, las cuales tienen un alto grado de emisión de gases de efecto invernadero por unidad energética. Los agrocombustibles se dice que emiten menos al momento de su consumo pero no se tiene en cuenta lo que se llama ‘de la cuna a la tumba’, las emisiones asociadas al traer fertilizantes para cargar en el avión que tira en un campo y luego ese campo tiene un uso hídrico alto”.
“Si se consideran estas emisiones los agrocombustibles no presentan una alternativa que las reduzcan significativamente. Se habla de una falsa solución al cambio climático, porque para dejar usar combustibles fósiles las opciones no deberían implicar agrocombustibles que acaparan un gran uso de tierras y compiten con el uso de tierras para alimentos”, enfatizó el ingeniero.
Di Risio comentó que hay unas “55 empresas del sector de agrocombustibles que reproducen el modelo sojero de monocultivos asociado al sistema alimentario agrocorporativo que depende de agrotóxicos, que dolariza insumos, todo lo que involucra la expansión del monocultivo. Los agrocombustibles son la etapa más avanzada de ese modelo”.
“Hay distintos sectores representados regionalmente. Según el origen de los agrocombustibles, hay grandes intereses de los ingenios azucareros defendiendo a un sector que serían los principales ganadores, ya que ese porcentaje es el que no va a poder reducirse. El que sale del maíz podría reducirse y los derivados de la soja también”, dijo.
El especialista afirmó que “se habla de que esto es el lobby de las petroleras, que intentan combatir a los agrocombustibles. Obvio que hacen lobby para combatir cualquier otra alternativa, tecnología y formas sociales que podrían ayudarnos a avanzar hacia una soberanía energética, que es lo que proponemos”.
“Es necesario pensar fuera de la dicotomía petroleros-agronegocio para poder pensar la alternativa de soberanía energética. Es un escenario que se viene en las próximas décadas, cómo va a ser esa transición antes de que se acabe el petróleo. Pero antes de eso se va a volver muy caro extraerlo”.
En relación a la transición energética popular detalló que “no es pensar solo en un cambio de fuentes sino que es fundamental que haya fuentes que reduzcan emisiones. Es necesario pensar en democracia energética, la energía es un factor que para los hogares más pobres es parte sustancial de los egresos. Que no solamente haya grandes lugares de generación, sino que podamos tener tecnología para generar a nivel local como en otra época fueron las cooperativas de servicios públicos que generaban su propia energía”.
“No hablamos de descentralizar sino de desconcentrar, en términos de qué cantidad de actores están involucrados en las decisiones respecto a la energía”, finalizó.
La Agrupación White 2025 reclamó por las condiciones de la obra de pavimentación de la Av. Juan. B. Justo “debido a sus interrupciones y por las deficiencias en la construcción”.
“Esta es una obra que viene desde hace 4 años en ejecución, se terminó aproximadamente hace año y medio, este año recién terminaron los cordones cuneta que faltaban. Una empresa que no ha cumplido con lo que correspondía, con la calidad del hormigón, lo que ha fallado es el control y la supervisión inspección de la Municipalidad de Bahía Blanca. Veníamos siguiendo este tema, veíamos la calidad con la que se estaba haciendo, la desprolijidad y ahora, a menos de un año que terminaron el hormigón, vemos la cantidad de losas rotas que se están reparando y no de muy buena manera”, dijo a FM De la Calle, Roberto Ursino.
Manifestó que “cuando una losa de esas características se rompe, lo que hay que hacer es demolerla y volverla a hacer, es una obra importante para el Boulevard y el barrio Saladero y que se haga de esta forma es preocupante”.
La obra fue adjudicada a la empresa Moldeado San Luis. “No entendíamos porqué una empresa foránea esté haciendo esta obra, me parece que tiene algún contacto con alguna empresa de Cerri, lo cierto es que trabajaron muy mal y los parches están a la vista”.
En relación a la obra de la Av. Dasso, Ursino dijo que “tenemos la misma preocupación, hemos visto fisuras, son empresas distintas, esperemos que no pase lo mismo dentro de unos meses. A White le cuesta muchísimo que se hagan obras importantes, que no se hagan de la calidad que corresponde es una preocupación”.
Respecto a dicha obra señaló que “falta muchísimo, no creo que se llegue antes de fin de año, falta hormigonado, ciclovía, calles adyacentes, falta iluminación, refugios y forestación. Con suerte los primeros meses del año que viene puede estar terminada”.
Por último, señaló que habían propuesto una vía alternativa a Dasso para la salida de White. “Estamos conversando lo que es continuar la Av. San Martín, para conectarse con Pedro Pico y salir en la intersección de Ruta 3. Además, descongestionaría el tránsito de la Av. Dasso. Creo que hay intenciones de la gente del Parque Industrial de colaborar, la Municipalidad estaría haciendo un aporte y alguna empresa privada también”.
“Me daba un sabor muy amargo siquiera pronunciar Bahía Blanca. Hoy día ya no, por la calidad de gente y compañeros que he conocido en Bahía, han sido un gran aporte y ayuda y los llevamos siempre en el corazón”, dijo a FM De la Calle Carlos Oliva Troncoso.
Carlos es hermano de Víctor -“Lalo” para sus amigos y familiares- una de las 24 víctimas comprendidas en el juicio a integrantes de la Triple A de Bahía Blanca. El lunes, cuatro de esos criminales de lesa humanidad fueron condenados por el tribunal oral federal.
“Me produce una gran alegría, me hubiera gustado estrechar a Pablo (Fermento, fiscal auxiliar) en un abrazo, tengo conciencia y conocimiento del gran trabajo desarrollado por él. Todo lo que solicitó el Ministerio Público se lo han concedido, se ha reconocido que es así”.
Oliva Troncoso destacó que se cumplieron “46 años y un mes del asesinato de nuestro hermano. Indudablemente es un hecho que más de la mitad de mi vida ha transcurrido en esto. Estamos satisfechos con lo logrado pero no estamos plenos. Una justicia que demora 46 años no es justicia completa. Se juzgó por asociación ilícita 23 asesinatos. No puede ser que el Estado, que tiene la obligación de reparar esta violación a los derechos humanos, entienda una figura de asociación ilícita. No se avanzó en saber toda la verdad en las causas de los 23 compañeros y compañeras que acompañan en ese juicio a Watu. Buscaremos las alternativas”.
La familia Oliva Troncoso es oriunda de Temuco, Chile. “Lalo” llegó a Bahía escapando de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973. “Con los viajes a Bahía hemos logrado reconstruir la vida de nuestro hermano allá. Son hechos dolorosos, fuertes. Pudimos reconstruir parte de lo sucedido durante esas 2 horas de cautiverio hasta que fue asesinado. No queremos quitarle mérito a lo que está sucediendo”.
Víctor militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionario. “Estuvimos presos un par de veces en Temuco. Nunca fuimos acusados ni condenados por nada, la última vez que se lo llevaron preso la orden era asesinarlo. Desde la Universidad Católica las autoridades habían pedido que lo eliminaran porque era un sujeto peligroso”, relató su hermano.
“Logramos convencerlo de que se fuera de Chile para salvarle la vida. Se fue a Argentina, viajó en en octubre de 73. Llegó a Bahía a raíz de algunos conocidos. Se matriculó en el año 74 en la UNS, estudiando Filosofía y Letras, comenzó a militar en el PRT. Fue secuestrado el 2 de julio del 75 en la esquina de Soler y Alsina cerca de las dos de la tarde en una camioneta. El tránsito lo cortó un vehículo de la policía, según lo que dice una testigo. Alrededor de las cuatro y media de la tarde apareció su cuerpo cerca de Cerri con 34, 36 impactos, semidesnudo, con cuatro ejemplares de El Combatiente, el diario del PRT”.
“Mi hermano era un militante revolucionario de izquierda que se la jugó por eso. Me siento orgulloso de haber tenido un hermano con esa calidad humana, que abrazó los ideales de justicia social”, concluyó Carlos.
Raúl Roberto Aceituno fue condenado a la prisión perpetua por ser coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Héctor Ángel Forcelli, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Omar Pallero fueron fueron encontrados responsables del delito de asociación ilícita con penas de 10 años de cárcel. El tribunal aun no definió si revocará o no sus excarcelaciones y la detención domiciliaria de Aceituno.
El Consejo Local de Niñez y Adolescencia presentó una nota a la presidencia del Concejo Deliberante para que el proyecto elaborado por el organismo que pide la Emergencia en la materia “vuelva al deliberativo para su pronto tratamiento”.
“Nunca tuvimos respuesta formal a ese proyecto de ordenanza, lo presentamos en el 2018 y luego fue trasladado al Ejecutivo. Transitó por distintas áreas del municipio, se encuentra en Secretaría Privada desde octubre del 2018, nunca volvió al HCD para su tratamiento y tampoco tuvimos respuesta del informe que se estaba elaborando en las distintas áreas del Ejecutivo”, dijo a FM De la Calle, Vanina Fortunatti.
La integrante del Consejo Local de Niñez resaltó que “con las consecuencias de la pandemia todas esas situaciones que reclamábamos se vieron agudizadas y profundizadas, son cuestiones que se ven de larga data, que viene de arrastre, en momentos de pandemia se ha encontrado una profundización de la problemática de niñez y adolescencia”.
Fortunatti expresó que demandan “una respuesta y acercamiento. Pedimos una reunión con el intendente, reclamamos una mayor inversión en niñez, es una problemática fundamental”.
En relación a las problemáticas que atraviesan las infancias, mencionó que “el tema educativo se ha visto muy afectado ” y en cuando a les adolescentes se deterioraron programas como Envión o la atención por parte de los Servicios Locales. “En casi todos los programas que funcionan tiene muchos trabajadores contratados, en situación de precarización laboral. También surgió la cuestión alimentaria, hubo cuestiones que no pudieron llegar como debió haber sido. Los dispositivos de Niñez tienen que estar fortalecidos”.
Fortunatti dijo que también presentaron diagnósticos y reclamos referidos a organismos provinciales. “Entendemos que el reclamo es en los distintos niveles y que la implementación queda a cargo del Ejecutivo. No hay nuevos programas que se estén implementando, la idea que tiene el Consejo es lograr un diálogo. Todo aquello que está funcionando, está trabajando con mayor dificultad. Eso se va resquebrajando. Hay un agotamiento de todos los trabajadores”.
Foto ilustrativa.
Alberto Rodríguez, testigo en la causa Triple A y compañero de David “Watu” Cilleruelo, manifestó que el juicio que culminó con las condenas a cuatro ex miembros de la banda paraestatal no incluyó a “los autores intelectuales, la cúpula policial y militar que apoyó y entregó armas. El veredicto está dado por la gente, por la sociedad y por el trabajo y las movilizaciones que se han hecho durante 45 años”.
“Es una justicia correcta pero seguiré dudando. El diario La Nueva Provincia acá no está y fue parte. De la sede del diario entraba y salía la patota. Ni la justicia se ha reconvertido en justicia justa ni los medios de comunicación informan con la veracidad y objetividad que deberían. Son parte del poder y así son utilizados”, agregó.
El tribunal oral condenó Raúl Roberto Aceituno a prisión perpetua y a 10 años de prisión a Osvaldo Pallero, Juan Carlos Curzio y Héctor Ángel Forcelli.
José Lualdi, militante en el sector de la construcción en la década del 70 y dirigente de la agrupación Watu Corriente Comunista, expresó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que al “tener condena, es momento de recordar y reparar la memoria de aquellos compañeros. Muchos años, planteando la porfía de llevar a juicio a la Triple A. Parecía imposible y lejano pero jamás abandonamos”.
En relación a Luis Jesús García, secuestrado y asesinado el 22 de septiembre de 1974, Lualdi comentó: “Recuerdo cómo lo apretaban los matones al Negrito. Era un chico con muchísima presencia en el gremio. Aquella conducción de la UOCRA, formaba parte de la Triple A. Hoy se ha hecho justicia por él y otros compañeros”.
El periodista Néstor Busso, detenido en la última dictadura cívico militar eclesiástica, narró su paso por Bahía Blanca en mayo del ’75 para cubrir el atentado al Juan XIII y el asesinato del sacerdote salesiano Carlos Dorñak. “Pudimos registrar lo que se estaba viviendo. Era público, era conocido, el comentario generalizado en las calles, especialmente en la universidad, en la Iglesia Católica, en las organizaciones sociales. Publicamos todo lo que estaba sucediendo, reproduciendo editoriales de La Nueva Provincia, marcando cómo eran cómplices y justificaban los hechos de violencia. Ese diario fue instigador, provocador de tanta violencia. Una empresa al servicio de las causas más siniestras de nuestro país, estuvo ausente en esta sentencia”.
Busso explicó que a pesar del “sabor amargo por ver a uno de los condenados irse a su casa caminando, hay que valorar enormemente la sentencia en lo simbólico porque esta gente vivía en la impunidad, sembrando terror. Ha pasado mucho tiempo, 46 años es demasiado, pero las cosas llegan y es importante el mensaje para las y los más jóvenes”.
Por último, el sociólogo puntaltense Fortunato Mallimaci dijo que este lunes fue un día especial: “Condenas a la Triple A hay pocas o casi ninguna. Organismos de derechos humanos, víctimas, la universidad, un pedazo del Poder Judicial, dieron condiciones para este juicio que para muchos era imposible. Debemos celebrar el hoy para crear nuevas utopías. Hay una memoria reactivada con esta celebración, abre nuevas perspectivas para el futuro”.
Para comprender el contexto previo al golpe cívico militar del año ’76, Mallimaci afirmó que “la Alianza Anticomunista Argentina no se entiende en Bahía Blanca sin el peronismo de Ponce, sin el peronismo de la CGT, sin el peronismo de Remus Tetu, sin el apoyo de sectores de la Iglesia Católica y de las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos una universidad que votó el Honoris Causa para Watu Cilleruelo, que reconoce en él a todos los desaparecidos asesinados del ‘74 al ‘83. Ninguna universidad argentina lo ha hecho. ¿Por qué? Porque significa reconocer que participó. Entonces, están diciendo que las autoridades de esta universidad fueron responsables. De Remus Tetu en adelante fueron partícipes en denunciar, hacer listas, participar con servicios de inteligencias. Fuimos víctimas y victimarios y escenario”.
Gladys Haydé Elvira afirmó que la Triple A bahiense era “un grupo en el que actuaban todos juntos” y, por ende, “la responsabilidad de los crímenes es idéntica para cada uno de ellos”.
Durante la transmisión de FM De la Calle y La Retaguardia, tras la lectura del veredicto, recordó que ante el tribunal “dije algo así como que todos mataron, que no importaba quién había disparado porque lo hacían todos”.
Meses atrás fue convocada a testificar respecto a los homicidios de sus compañeros José Suracce, Julio García y Gabriel Ganuza. Los estudiantes de geología de la UNS fueron secuestrados la madrugada del 6 de diciembre de 1975 por un grupo de personas armadas.
Por la mañana, sus cuerpos fueron encontrados al costado de la Ruta 35, cerca de Villa Iris. Estaban en ropa interior y presentaban numerosos impactos de proyectiles 9 mm y de ametralladoras.
El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó este lunes a diez años de prisión a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero y Héctor Forcelli por el delito de asociación ilícita. Raúl Roberto Aceituno recibió la pena máxima como coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Desde la casona de la memoria Eduardo Mario «Bachi» Chironi de Viedma, Gladys siguió la lectura del veredicto junto a familiares de víctimas.
“En este juicio no hubo reconstrucción de los hechos pero, si uno quiere hacer la secuencia de secuestro, tortura y asesinatos, no actuó una sola persona. Para llevar adelante ese proceso lo hicieron en grupo, como todos los testigos dieron cuenta, nunca se los vio solos, de manera individual o por separado, salían todos juntos. Uno manejaba, los otros se bajaban, se los llevaban, los torturaban y luego los mataban. La responsabilidad es idéntica para todos”, señaló Elvira.
Agregó que “es una pena que se los juzgue como integrantes de una asociación ilícita para la que el Código Penal establece 10 años como lo máximo que se pudo pedir”.
En relación al recuerdo de sus tres compañeros asesinados, mencionó que “José y Julio tenían 23 años, Gabi era más grande. Los tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista. Militaban y vivían con alegría, creían en lo que hacían y pensaban. Me tocó compartir el año 73 y el 74 de mucha militancia, movilización y esperanza. Se vivía con alegría porque se plasmaban las convicciones que ellos militaban. Solidarios y militantes”.
La madres en edad de jubilarse que no tengan los aportes suficientes para comenzar el trámite pueden solicitar el reconocimiento de hasta tres años de trabajo formal por cada hijo o hija.
Para acceder es necesario solicitar un turno a través de la web de Anses. “Estamos atendiendo desde 14:30 a 17 en Colón 279. El horario normal sigue atendiendo otras cuestiones, sin perjuicio de que alguien se acerque a iniciar el trámite para jubilaciones pero los turnos son específicos”, dijo a FM De la Calle, Claudio Carucci, titular de dicha Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión.
En caso de no saber cómo solicitar el turno por internet o no contar con los medios necesarios se pueden solicitar de manera personal en la misma oficina de Colón 279.
“Se pueden acercar a la oficina con DNI, partida de nacimiento de hijos e hijas, Certificado de Discapacidad de alguno de sus hijos, y/o sentencia de adopción y ese mismo día se pasa al área de gestión donde se realiza el cálculo para ver si tiene el derecho. Si tiene se le inicia el trámite y si no se le explica porqué o qué le falta”, dijo Carucci.
El funcionario agregó que en Bahía Blanca la población objetivo apunta a 3800 mujeres. “Arrancamos el lunes, esta semana está completa, estamos otorgando 21 turnos por día, más allá de que alguna venga en el horario normal. Vamos a intentar que el proceso se genere en 3 o 4 meses”.
¿Qué se computa?
Según Anses, el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará: 1 año de aportes por hija/o; 2 años de aportes por hija/o adoptada/o.
Reconocerá de forma adicional 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses.
Se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas.
Tras la lectura del veredicto que condenó a cuatro ex miembros de la Alianza Anticomunista Argentina, Raquel Cilleruelo -hermana de Watu- dijo a FM De la Calle que “a veces pensaba que no se iba a poder dar porque todo lo de la Triple A estaba bajo cuerda”.
“Se consiguió, estoy muy contenta. La perpetua de Aceituno tiene mucha fuera para mí”, destacó en relación a la pena recibida por uno de los asesinos de David, dirigente de la Federación Juvenil Comunista, electo secretario de la Federación Universitaria del Sur al momento del crimen.
Cilleruelo afirmó que “al demorar tanto tiempo el juicio logramos que uno de los cómplices llegara, el resto se fue muriendo. Después de 46 años falta mucha gente acá, aunque es todo un éxito”.
Aceituno fue condenado a la pena máxima por ser coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Héctor Ángel Forcelli, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Omar Pallero fueron fueron encontrados responsables del delito de asociación ilícita con penas de 10 años de cárcel. El tribunal aun no definió si revocará o no sus excarcelaciones y la detención domiciliaria de Aceituno.
Raquel recordó a David como “un pibe bonachón que empezó a militar cuando vino a Bahía, tenía 18, yo tenía 16. Medio que tenía guardada su militancia, supongo que para no preocupar a mis padres que ya eran grandes. Era un pibe muy generoso, muy amoroso, que todo el mundo lo quería porque era bueno de alma. No sabemos qué hubiera sido si seguía vivo, lo que es seguro es que hubiera seguido militando sus ideales, él era lo que quería ser. Como hermano excelente, un pibe cuida, sin maldad, le gustaba tocar la guitarra”.
También destacó el el mensaje recibido de parte de Daniel Argibay, hijo de Jorge Oscar, alias el Moncho, autor del disparo que mató a Watu y jefe operativo de la banda y hermano de Pablo, quien también participó del hecho. Pese a tener 12 años cuando ocurrieron los hechos, Daniel se disculpó con la familia Cilleruelo.
“Eso lo sana tanto a él como a nosotros. Después del mal que hizo su papá y su hermano, que haya podido reconstruir su vida y haya podido elegir el lado bueno de las cosas. Al principio sospechaba, después dije este pibe está con nosotros, se dio cuenta que lo malo estaba del otro lado. Siempre le agradecí a Daniel por su actitud, mirá estos condenados, nunca se arrepintieron, para ellos está bien lo que hicieron”, sentenció Raquel.
Agregó que “uno no puede creer que se metan en una universidad, hagan tanto daño, salgan lo más campante y les parezca que está bien lo que hicieron. Tampoco podía creer que se dictara prisión perpetua, para mí fue un alivio enorme, nos lo merecíamos todos, ojalá hubiera estado mi mamá para verlo”.
En relación al rol de la Universidad Nacional del Sur, cuyas autoridades señalaron a Watu como blanco a asesinar por parte del “personal de seguridad” del interventor Remus Tetu, el tribunal remitió copia del veredicto y de los fundamentos de la sentencia para que evalúen las solicitudes de reparación simbólica de la Fiscalía.
Apuntan a “anular las resoluciones de cesantías de empleados no docentes, docentes y alumnos, otorgar el título de doctor honoris causa a David Hover Cilleruelo y colocar en espacios de circulación pública una referencia histórica sobre la puesta a disposición en el período de tiempo investigado de sus instalaciones y sus recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados”.
“Recién estuve hablando con el rector, está muy encaminado. Es un reconocimiento para mi hermano. Estoy muy orgullosa de mi hermano no como estos que salieron a la calle y todos les gritaban asesinos”, dijo la hermana del dirigente comunista.
Foto cabecera: Sergio Zaninelli.