La pandemia de coronavirus COVID-19 ha desatado una crisis que no es solo sanitaria, sino también económica. En todo el mundo, las proyecciones de desempeño indican una situación preocupante.
No se trata solo de la caída de la producción y el comercio en casi todos los países, sino también de la preocupante pérdida de empleos. La Organización Internacional del Trabajo la estimó en el equivalente a 255 millones puestos de tiempo completo en el mundo. Esto provoca un aumento de la pobreza extrema por primera vez en décadas, así como un nuevo incremento en la desigualdad.
Ante esta situación, existe amplio consenso en que el Estado debe tener un rol activo en inducir la reactivación, a través del gasto público, en especial, mediante la política social y la inversión pública.
Incluso la postura reciente del FMI indicó que esto debe ser complementado a través de una revisión de la tributación, para ampliar el espacio fiscal. Concretamente, llamó a poner en práctica impuestos progresivos a las grandes fortunas personales y a las empresas con mejor desempeño de ganancias.
Es decir, la existencia de una crisis económica mundial, así como la necesidad de que el Estado actúe gastando y recaudando más, forman parte de un consenso generalizado. Naciones Unidas también se expresó en el mismo sentido recientemente. La idea de mejorar la recaudación en un sentido progresivo ha dejado de ser una demanda exclusiva de las organizaciones sociales y ha llegado al seno mismo de los organismos multilaterales.
A nivel nacional, se aprobó a finales de 2020 un Aporte Solidario y Extraordinario (ley N° 27.605, reglamentada por decreto PEN 42/2021) cuya aplicación se encuentra en curso y solo lleva recaudado el 10%. Se trató de una iniciativa parcial, excepcional y limitada. Su aplicación estará destinada a los usos establecidos por la misma ley. Sin embargo, acontecido el primer trimestre del año, a la luz de la continuidad de la crisis y la pandemia, el mismo resulta a todas luces insuficiente. Todo indica que el esfuerzo no puede limitarse a esta iniciativa a nivel nacional.
En tal sentido, vale la pena resaltar que los gobiernos municipales están facultados para tomar medidas en esta dirección. De hecho, esto ya se hizo en 9 municipios de la Provincia de Buenos Aires: 25 de mayo, Castelli, General Lavalle, Hurlingham, Lanús, Laprida, Trenque Lauquen, Tres de
Febrero y Vicente López. Llamamos la atención sobre estos antecedentes por estar todos ubicados en la misma provincia que Bahía Blanca, sujetos al mismo marco legal. De hecho, en el caso de Castelli, se presentó un amparo, que la Justicia rechazó.
Cabe destacar, que cada uno de estos municipios están gobernados por diferentes colores políticos, de lo que se desprende que se trata de un tema común a las necesidades de cada población y no debe verse bajo lógicas partidarias ni de divisiones que forman parte del debate electoral y no de la
urgencia social.
Por un lado, se trata de un problema ético: mientras una parte reducida de la población vive con altos ingresos, la mayoría de la sociedad es incapaz de cubrir sus necesidades básicas. En una sociedad que expande sus posibilidades económicas, es injusto que una porción creciente viva peor.
El dato oficial relevado por el INDEC para el segundo semestre de 2020 indicaba que más de 75.000 bahienses se encontraban en situación de pobreza (equivalentes al 24% de la población local) y casi 22.000 en la indigencia. Los aumentos de precio de las canastas utilizadas para medir tales guarismos se han elevado de forma consistente en los meses siguientes, por lo cual es esperable que la situación se haya agravado. Esta situación se da al mismo tiempo que la actividad económica en la ciudad muestra lentas señales de recuperación en nichos específicos, que no abarcan al conjunto de la sociedad ni el mercado laboral.
Por otro lado, esta desigualdad no es sólo un problema ético, sino también uno económico: evita que el crecimiento se derrame al resto de la sociedad por las vías del consumo y de la inversión. Una parte significativa de los ingresos captados por quienes más ganan se destina a colocaciones
improductivas, especulación inmobiliaria o directamente atesoramiento. A esto se agrega que, tal como existe hoy en día, la estructura tributaria argentina es especialmente injusta, reposando de forma evidente sobre impuestos regresivos como el IVA. En suma, todo esto erosiona las bases del
crecimiento económico, lo cual redunda nuevamente en una concentración que intensifica y profundiza la desigualdad y la pobreza subyacentes.
Este debate dista de ser un problema exclusivamente nacional. Una gran parte de las necesidades sociales más acuciantes requieren atención desde la acción de los municipios. Captando especificidades locales, es posible complementar o incluso mejorar cualquier política nacional mediante acciones concretas en cada territorio. Queremos resaltar este punto, porque entendemos que es una buena oportunidad para discutir la aplicación de una tasa de contribución extraordinaria en Bahía Blanca.
De conjunto, la experiencia cercana indica que son posibles diversas combinaciones de base imponible y destinos de los fondos. En relación a lo primero, hay múltiples variantes, según la estructura productiva del municipio, pero también la situación económica de la actividad particular.
Es claro que también se consideró la facilidad para establecer y fiscalizar los sujetos imponibles y lograr el cobro de la recaudación. Respecto de lo segundo, consideramos que es urgente la distribución de ingresos en el ámbito de los comedores barriales, sectores precarizados de la economía como el cultural, especialmente en el sistema de salud y aquellos ámbitos que requieren de recursos para lidiar con la crisis en curso.
Una contribución extraordinaria con destino específico podría ayudar a mejorar la asistencia municipal a la situación de la población bahiense. Si bien es real que la mayor parte de la economía atraviesa una situación delicada, algunos sectores de actividad muestran recuperación, encontrándose además entre los que más crecieron en años previos y cuentan con mayor patrimonio. Tomando en consideración la estructura productiva local, entendemos que es posible evaluar la aplicación de una tasa extraordinaria a algunos de los siguientes sectores: 1) polo petroquímico; 2) actividad portuaria de gran porte; 3) entidades financieras y bancos; 4) grandes cadenas de distribución y superficies comerciales de gran escala; 5) construcción privada –en especial, de vivienda de alta gama o grandes proyectos.
Como se señaló, este conjunto de sectores se encuentra en una situación relativamente mejor al resto de la economía, habiendo además capitalizado grandes ganancias en años previos, bajo un sistema de tributación especialmente regresivo. Un aporte por única vez no erosionaría el flujo de
recursos necesario para afectar a la inversión, determinado por las oportunidades vigentes más que por la tenencia de excedentes.
La determinación de la sobretasa o monto fijo a tributar debería determinarse a partir de las necesidades de recursos determinadas por los destinos, así como por la facilidad de recaudación.
Este debate debería unir sin equívocos a la dirigencia política, social y gremial dado que es una herramienta muy concreta para aplicar en el cortísimo plazo sin cuya aplicación decenas de miles de bahienses se encontrarán sufriendo no solamente las consecuencias de la nueva situación sanitaria sino que además la transitarán sin los recursos básicos para subsistir.
Planteamos una propuesta posible, concreta y urgente.
MULTISECTORIAL POR UNA TASA EXTRAORDINARIA PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONÓMICA Y SANITARIA EN EL MARCO DE LA NUEVA OLA POR COVID-19 EN BAHÍA BLANCA
ADHIEREN
ADUNS – CICOP – CÁRITAS Bahía Blanca – Consejerxs y asesores en el Consejo Cultural Consultivo – El Puente – FM De la Calle – Jorge Cascallar Docente y coordinador de Programa Envión – La René Salamanca, corriente clasista de Bahía Blanca – Sureando – Talita Kum – UMSur – Siguen las firmas…
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