A 10 años de la audiencia pública donde se manifestó el rechazo al dragado del estuario hacia Puerto Cuatreros para instalar allí una planta regasificadora recordamos la histórica movilización de la comunidad local.
El senador de Juntos por el Cambio, Andrés De Leo presentó un proyecto para que se utilice la Huella de Carbono como parámetro para medir la emisión de los Gases de Efecto Invernadero.
Andrés Arias, investigador del CONICET, participó del reporte del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la contaminación plástica en áreas marinas. “El mercado tienen varias fallas en su estructura, genera ganancias pero están sesgadas, si metemos en la ecuación el pasivo ambiental definitivamente no cierra”, dijo a FM De la Calle.
El tribunal federal rechazó la prescripción de una causa penal contra Jorge Bornemann, ex director de Dow PBB, imputado por el vertido de metales pesados al estuario. La investigación comenzó a fines de la década del 90 con una denuncia de Greenpeace contra Dow Chemical y Solvay Indupa y podría llegar a juicio en el primer trimestre de 2022.
Mariángeles Galeano, integrante de la Federación de Cartoneros, Recicladores y Recolectores -adherida al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)- expresó en FM De la Calle que buscan “organizar una cooperativa de trabajo con inclusión social para reconocer la labor de cartoneros, carreros y recicladores”.
El médico Horacio Romano analizó en su columna de FM De la Calle el informe elaborado por una comisión de especialistas convocada por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y The Lancet.
“Acá lo que importa son los verdes y no necesariamente el verde del hidrógeno sino el monto de la supuesta inversión. No se está hablando de un proceso de transición energética, de descarbonización de la matriz, de abandono de los combustibles fósiles sino de dólares”, dijo a FM De la Calle el periodista especializado Hernán Scandizzo.
La Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo (ERFAM) denunció ante Prefectura Naval la muerte de un ejemplar de Lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) como resultado de un disparo de arma de fuego. Es una especie protegida por la ley nacional y provincial.
El Espacio de Trabajo de Soberanía Alimentaria conmemora por tercera vez las Jornada Mundial de Día de la Alimentación. En ese marco se realizarán actividades para “poner en discusión y en reflexión la alimentación, cual es el rol de la soberanía alimentaria en esto, como cada uno puede ejercer sus derechos a decidir qué comer, como pensar la alimentación como algo relacionado a las emociones. Y enfatizar como y donde conseguir alimentos saludables´”, dijo Mariela Iglesias.
El viernes se realizó la Movilización Mundial por el Cambio Climático convocada por Jóvenes por el Clima. La manifestación tuvo su capítulo local con una concentración y marcha alrededor de la Plaza Rivadavia.
Con este escenario de pandemia, emergencia hídrica, urgencias socioambientales, incertidumbre financiera global y crisis en todo el sistema sanitario y de salud, pensar en que se generen más causales de pandemia parece un absurdo o una acción altamente inconsciente. Mismas acciones con efectos colaterales y directos que pueden y deben prevenirse.
Este fin de semana, además de las habituales producciones de la agricultura familiar de nuestra región, el Mercado del Puerto ofrecerá frutas secas y en almíbar, vinos, nueces, especias y condimentos de Crece desde el Pie, un colectivo de emprendimientos autogestivos del Valle de Uco de Mendoza.
La Multisectorial por los Humedales se movilizó este miércoles desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para presentar un petitorio mediante el cual más de 400 organizaciones socioambientales del país exigen el tratamiento del proyecto de Ley de Humedales.
Intelectuales, trabajadores y trabajadoras de la cultura, militantes ambientales y por los derechos humanos, docentes e investigadores y periodistas proponen que una de cada cuatro preguntas que se les hagan a las y los candidatos a ocupar cargos legislativos se refieran a la agenda de transición socioecológica.
El cupo socioambiental surgió por iniciativa del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, NohayCulturasinMundo, Jóvenes por el Clima y Periodistas por el Planeta.
“Los eventos climáticos extremos como consecuencia de un maldesarrollo, avanzan y afectan a la población toda, especialmente a lxs más jóvenes, amenazando concretamente su presente y su futuro, y a lxs más pobres, alejándolxs aún más de un modo de vida justo. Es necesario habilitar la discusión política sobre formas de transición socioecológica a modos de producción y consumo sostenibles; a políticas de adaptación a los cambios ya existentes que garanticen el derecho a tener agua potable, alimentación saludable y techo”, afirmaron.
Destacaron, además, que “la amenaza de colapso global no supone la negación de otras luchas de necesidades inmediatas; lo que urge es articularlas con la crisis climática, si de verdad queremos que lxs niñes, adolescentes y jóvenes tengan un futuro”.
De cara a las próximas elecciones parlamentarias, exigen que cada candidato/a se pronuncie con proyectos estratégicos y propuestas concretas en relación con la protección de los bienes comunes como el agua, los ecosistemas y el territorio; propuestas para reducir la pobreza estructural (tierra y servicios; techo y trabajo), y una agenda de transición ecológica integral -energética, productiva, urbana y rural.
“Preocupa la ausencia de los temas socioambientales y de la crisis climática en el debate político de la Argentina. El planeta está cerca de un punto de no retorno: las alertas climáticas y la pobreza se aceleran juntas y entrelazadas ante una población desinformada por gran parte de los medios y de la dirigencia política. Quienes ejercen la gestión pública o aspiran a ella, y aquellos que ocupan espacios en los medios tienen una enorme responsabilidad. Y las decisiones acerca de qué tenemos que hacer como sociedad ante los impactos que ya estamos viviendo serán determinantes para la Argentina”, manifestaron.
En la convocatoria subrayaron que “no es cierto que este sea un debate que sólo le importa al ‘ambientalismo’ como se ha querido imponer, las pandemias de origen zoonótico o el agotamiento hídrico, llaman a la puerta de todxs. Por eso es urgente pensar una agenda socioambiental con participación ciudadana. Es evidente la relación directa entre pobreza estructural y destrucción de ecosistemas. Lxs representantes políticxs tienen una agenda de desarrollo atada al pasado, caduca, que no contempla ni el presente ni el futuro de lxs niñxs y lxs jóvenes”.
(Tierra Viva Agencia de Noticias) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático, (IPCC) publicó su Sexto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo. El estudio deja en claro que las actividades humanas están contribuyendo al calentamiento global y, en consecuencia, al aumento «sin precedentes» de la probabilidad y de la gravedad del calor extremo, las precipitaciones, las sequías y los ciclones tropicales. El documento destaca que en los próximos 20 años la temperatura global aumentará en 1,5°C, superando el límite propuesto en el Acuerdo de París, si no realizan cambios drásticos en la emisión de gases de efecto invernadero.
Para los científicos es clara la necesidad reducir las emisiones de carbono (CO2) a corto plazo. Destacan, además, que las emisiones de metano son especialmente preocupantes. En el estudio participaron 234 autores y fue aprobado por 195 gobiernos. El informe señala que el nivel de las futuras emisiones determinará los niveles de aumento de la temperatura y del cambio climático, así como los impactos y riesgos asociados. Y marca que hay fenómenos que se acelerarán de forma «sin precedentes», como sequías, inundaciones y olas de calor, aún logrando mantener la temperatura por debajo del límite de +1,5 °C.
No solo han aumentado las concentraciones de CO2 en la atmósfera terrestre, sino que también se ha acelerado el ritmo de aumento. La investigación muestra que las emisiones de gases procedentes de las actividades humanas son responsables de un aumento aproximado de la temperatura de 1,1 °C desde el periodo 1850-1900, o sea, a partir de la era industrial.
El informe es la primera evaluación del IPCC en incluir un capítulo (el sexto), dedicado a los denominados “forzadores climáticos de vida corta”, como los aerosoles, las partículas y otros gases reactivos (como el ozono) que existen en la atmósfera entre unas horas y un par de meses (también incluye al metano, que tiene una vida de unos 12 años). El documento de los expertos concluye que las concentraciones de metano y óxido nitroso son ahora más altas que en cualquier otro momento de los últimos 800.000 años.
Ya en el informe especial del IPCC de 2019 sobre el Cambio Climático y la Tierra se ampliaba el enfoque estricto en los bosques y la agricultura al medir que entre el 21% y el 37% de las emisiones globales provendrían de toda la cadena agroalimentaria mundial, incluidas las emisiones previas y posteriores a la actividad productiva, contabilizando la maquinaria, los fertilizantes, el transporte, almacenamiento, procesamiento y empacado.
Cada vez más lejos de los objetivos del Acuerdo de París
El Acuerdo de París estableció en 2016 el objetivo de que el aumento de la temperatura para finales de siglo no supere los 2°C y preferiblemente no ascienda por encima de 1,5°C. No obstante, el informe del IPCC es contundente: tanto 1,5°C como 2°C se superarán durante el siglo XXI a menos que se reduzca profundamente el dióxido de carbono (CO2), junto con otras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, causantes del cambio climático).
Estos otros GEI son principalmente el metano y el óxido nitroso, cuya producción está asociada tanto a los combustibles fósiles como a actividades agrícola-ganaderas. Las temperaturas de la superficie del planeta han aumentado más rápido desde 1970 que en cualquier otro período de 50 años durante, al menos, los últimos dos mil años.
Este año, las naciones que firmaron el Acuerdo deben presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) nuevas o actualizadas, que recogen los esfuerzos y las acciones de cada país para responder al cambio climático y reducir las emisiones. Argentina ratificó el Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley 27270. En diciembre de 2020, nuestro país se comprometió —en la Cumbre de Acción Climática celebrada a cinco años del Acuerdo de París— a no exceder la emisión neta de 359 toneladas de carbono en el año 2030.
Para cumplir este objetivo, según el estudio del IPCC, será necesario revisar la política energética y productiva nacional. Un estudio de las emisiones de carbono en Argentina durante 2016 reveló que el 9,8 por proveniente del cambio de uso de suelos —el caso de los desmontes para pampeanización— y de la silvicultura, un 21,6 por ciento se explica por la actividad ganadera y un 5,8 por ciento por la agricultura realizada en base a transgénicos y agrotóxicos.
Respecto al informe del IPCC, el profesor Miguel Taboada, científico del suelo y del clima de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que «la producción ganadera debería realizarse mediante sistemas de pastoreo integrados, como los silvopastoriles, que ayudan a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero al capturar el dióxido de carbono en los árboles y el suelo».
El impacto del calentamiento global
Una actualización crucial del documenro del IPCC es el análisis de los eventos compuestos, como olas de calor y sequías que ocurren cerca o incluso al mismo tiempo. Esto supone un riesgo particular, ya que a menudo dejan a las comunidades con poco o nada de tiempo para recuperarse entre los eventos. El informe concluye que la influencia humana probablemente ha aumentado la posibilidad de que se produzcan fenómenos extremos compuestos desde la década de 1950.
Tuntiak Katan, líder Shuar de la Amazonía ecuatoriana, coordinador General de la Alianza Global de Comunidades Territoriales y vicecoordinador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) advirtió que «las comunidades indígenas y locales son las que protegen los bosques«. «Sin nosotros, el objetivo de 1,5 estará fuera de nuestro alcance. Las políticas climáticas deben hacer valer los derechos sobre nuestros territorios boscosos para que podamos mantenerlos en pie», manifestó.
En la última década, el hielo marino del Ártico alcanzó su nivel más bajo desde 1850. En el informe se evalúan puntos de inflexión de los que no se puede volver, cuya escala podría ser devastadora. Entre ellos se incluye un colapso de la capa de hielo, cambios bruscos en la circulación de los océanos, algunos eventos extremos compuestos y un calentamiento global sustancialmente mayor al evaluado como muy probable a futuro.
La probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos es baja, pero no puede ser descartada. Tampoco se pueden descartar respuestas bruscas y puntos de inflexión del sistema climático, como un fuerte aumento del deshielo en la Antártida y el retroceso total de los bosques. El aumento del nivel medio del mar a nivel mundial ha aumentado más rápido desde 1900 que en cualquier otro momento de los últimos 3000 años.
Por su parte, la embajadora Diann Black-Layne, lidereza de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés) Capital, aseveró que «la industria de los combustibles fósiles es la encarnación de la desigualdad de género y de ingresos». Black-Layne argumentó que «un sector dominado por los hombres recibe cada año subvenciones de más de 600.000 millones de dólares para destruir nuestro planeta. En comparación, los Fondos Climáticos de Naciones Unidas reciben 2400 millones de dólares al año para salvarlo».
Fracasó otra instancia de conciliación entre las empresas del polo petroquímico, la Fiscalía y la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría. Las multinacionales debían responder si aceptaban o no financiar una planta de reuso de líquidos cloacales como reparación al daño ocasionado al estuario.
El encuentro virtual se frustró por problemas de conectividad de la Fiscalía aunque las respuestas llegaron por escrito. El abogado Lucas Beier comentó a FM De la Calle que “dicen que en el estuario no hay daño que reparar, que en el caso de que hubiera no son ellas las responsables de repararlo porque no lo causaron”.
“Lamentablemente las que dirigen todo, fijan política, determinan qué hacer y qué no son las empresas. Tanto funcionarios políticos como judiciales le piden a las empresas por favor hagan algo. Las empresas dicen no vamos a hacer nada y eso me contestan los funcionarios a mí. (…) ABSA es el único que quiere hacer la planta pero dice que no tiene plata. El Consorcio no opina y la Municipalidad tampoco, así estamos”, describió.
Beier manifestó que “desde el momento en el que (Santiago Martínez) hizo convenios particulares con las empresas consideramos que tenían que cerrar esta etapa. Más aun cuando la Cámara revocó esos acuerdos. Creo que esta fue la última carta que se jugó el fiscal. Ahora sí no le va a quedar otra”.
El abogado recordó que la causa avanzó a instancias del fiscal Alejandro Cantaro y el juez Walter López da Silva, quienes habilitaron la toma de muestras y su análisis por parte de la Facultad de Agronomía de la UBA y la Policía Federal.
Martínez y la jueza Gabriela Marrón se encontraron con la prueba y “pese a que la Cámara reconoce que el estuario está contaminado y que algo hay que hacer, ellos dicen que no está probado”.
En 2019, la Cámara Federal ordenó que las partes acuerden un plan de inversiones que “establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente». Fue a partir de la pericia que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.
La «constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies», afirmaron los expertos.
La querella presentará nuevamente en las próximas horas un pedido para que se clausure la etapa conciliatoria. “Espero que el fiscal de una vez por todas se aboque a probar el delito. (…) Que vea el expediente, si considera que falta algo por probar que pruebe y si no que cite a indagatoria y la causa avance”, dijo Beier.
El gobierno reglamentó esta semana la Ley de Biocombustibles aprobada en en julio por el Congreso. Regirá en todo el territorio hasta diciembre de 2030 y establece incentivos a la elaboración y comercialización de combustibles de origen vegetal
“Tiene la intención de proveer un marco regulatorito en relación a los combustibles de origen oleaginosos para reemplazar a la nafta y gasoil como combustibles para el transporte. Hasta hoy regía la ley aprobada en 2006 que establecía que entre el 5 y 10% de la nafta que usamos para autos y camiones venía de la soja, trigo o caña de azúcar, procesados en una cuarta etapa de agregado de valor”, dijo a FM De la Calle Alejo Di Risio, ingeniero y maestrando en en ecología política y alternativas al desarrollo.
Advirtió que “los agrocombustibles se plantean como una opción ecológica y sustentable en contraposición de industrias energéticas fósiles, las cuales tienen un alto grado de emisión de gases de efecto invernadero por unidad energética. Los agrocombustibles se dice que emiten menos al momento de su consumo pero no se tiene en cuenta lo que se llama ‘de la cuna a la tumba’, las emisiones asociadas al traer fertilizantes para cargar en el avión que tira en un campo y luego ese campo tiene un uso hídrico alto”.
“Si se consideran estas emisiones los agrocombustibles no presentan una alternativa que las reduzcan significativamente. Se habla de una falsa solución al cambio climático, porque para dejar usar combustibles fósiles las opciones no deberían implicar agrocombustibles que acaparan un gran uso de tierras y compiten con el uso de tierras para alimentos”, enfatizó el ingeniero.
Di Risio comentó que hay unas “55 empresas del sector de agrocombustibles que reproducen el modelo sojero de monocultivos asociado al sistema alimentario agrocorporativo que depende de agrotóxicos, que dolariza insumos, todo lo que involucra la expansión del monocultivo. Los agrocombustibles son la etapa más avanzada de ese modelo”.
“Hay distintos sectores representados regionalmente. Según el origen de los agrocombustibles, hay grandes intereses de los ingenios azucareros defendiendo a un sector que serían los principales ganadores, ya que ese porcentaje es el que no va a poder reducirse. El que sale del maíz podría reducirse y los derivados de la soja también”, dijo.
El especialista afirmó que “se habla de que esto es el lobby de las petroleras, que intentan combatir a los agrocombustibles. Obvio que hacen lobby para combatir cualquier otra alternativa, tecnología y formas sociales que podrían ayudarnos a avanzar hacia una soberanía energética, que es lo que proponemos”.
“Es necesario pensar fuera de la dicotomía petroleros-agronegocio para poder pensar la alternativa de soberanía energética. Es un escenario que se viene en las próximas décadas, cómo va a ser esa transición antes de que se acabe el petróleo. Pero antes de eso se va a volver muy caro extraerlo”.
En relación a la transición energética popular detalló que “no es pensar solo en un cambio de fuentes sino que es fundamental que haya fuentes que reduzcan emisiones. Es necesario pensar en democracia energética, la energía es un factor que para los hogares más pobres es parte sustancial de los egresos. Que no solamente haya grandes lugares de generación, sino que podamos tener tecnología para generar a nivel local como en otra época fueron las cooperativas de servicios públicos que generaban su propia energía”.
“No hablamos de descentralizar sino de desconcentrar, en términos de qué cantidad de actores están involucrados en las decisiones respecto a la energía”, finalizó.
Organizaciones ambientalistas y profesionales advierten que la bajante del Río Paraná está ligada a “la expansión de la frontera agrícola bajo un modelo de agroindustria compuesto por la aplicación de millones de litros de agrotóxicos y la expansión de la frontera ganadera que avanza sobre las islas y el delta”.
El cause del río ha visto por estos días su bajante más pronunciada y, si bien se plantea como un riesgo para el transporte de productos a través de la Hidrovía Río Paraná, sobresalen las consecuencias ambientales que genera.
Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, dijo a FM De la Calle que “en que los últimos años circulan miles de embarcaciones que transportan millones de toneladas de mercadería y hay que sumarle las obras de dragado que lleva a cabo la empresa Jan de Nul que lo que hace es triturar y succionar el lecho y fondo del río para que los barcos puedan circular sin encallarse”.
“Hay muchas industrias que vuelcan sus desechos, incendios en humedales y bosques, la deforestación en el gran Chaco y otras provincias que atraviesa el Paraná. Es un fenómeno regional que atraviesan Paraguay y Brasil. Muchas causas ligadas al modelo extractivista que tanto daño le hacen a nuestros ecosistemas”, detalló.
El abogado mencionó que “lo que ocurre es que el régimen hidrológico del río ha sufrido muchísimas alteraciones fruto de este hostigamiento tan intenso de las ultimas décadas. Por el río Paraná salen el 80% de las exportaciones argentinas: aceites, minerales, combustibles, granos y eso genera mucha presión e impacto”.
“Vamos por el tercer año consecutivo de bajante, hemos abordado el fenómeno demasiado tarde, hay contingencias climáticas que exceden la capacidad de previsión o intervención del Estado pero sin lugar a dudas ha existido un cambio estructural en la tierra, paisajes y ríos ligado a este modelo económico productivo”.
Desde la Asociación de Abogades Ambientalistas realizaron presentaciones ante el Ministerio de Transporte “manifestando la preocupación y el acceso a la información pública porque Jan de Nul había firmado que debido a la bajante iban a llevar tareas de sobredragado de 2 pies, 60 cm. Estábamos desconcertados porque creíamos que había que hacer lo contrario, frenar cualquier intervención que genere impacto en el Paraná. El Ministerio de Transporte intervino diciéndole a la concesionaria que frene las tareas de sobredragado porque no estaba prevista en el contrato de concesión”.
En relación a las consecuencias afirmó que “estamos atravesando un ecocidio. Hay muchos problemas estructurales hace muchos años, la bajante histórica es una expresión. En relación a los humedales señaló que 500 mil hectáreas fueron arrasadas por el fuego en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Misiones. Si se le suma las más de 10 millones de hectáreas deforestadas, si le sumamos los litros de agrotóxicos que se aplican en los suelos, si le sumamos la matriz extractivista energética basada en la producción de combustibles fósiles, estamos atravesando la tormenta perfecta”.
“Es probable que ese tipo de eventos continúen. Vamos a un escenario donde los ecosistema van a atravesar un período de desertificación, sin agua, sin bosque y tierra fértil va a llegar un momento donde no vamos a poder ni navegar para transportar mercadería ni producir alimentos. Estamos en una situación crítica”, argumentó.
Colombo puso énfasis en la importancia de reclamar soluciones políticas. “La cuestión ambiental tiene una centralidad trasversal a las agencias e instituciones del Estado y tiene que formar pare de las propuestas de los candidatos”.
“Las audiencias públicas se garantizan por leyes ambientales. Cuando cumplen lo hacen para generar un procedimiento debidamente cumplido en papeles y formas pero que después, en sustancia, a la democracia ambiental le aporta muy poco porque en la mayoría se encontraron opiniones en contra y las autoridades deciden lo contrario o incluso van a la audiencia con la decisión tomada”.
Un caso que podría marcar un rumbo diferente es el rechazo planteado en la audiencia por la exploración petrolera en plataformas marinas. Para Colombo “existe la posibilidad de que el Ministerio de Ambiente haya escuchado a la ciudadanía y que rechace los permisos de exploración petrolera frente a las costas argentinas”.