El jardín Las Horas Felices, ubicado en Blandengues 451, decidió cerrar sus puertas definitivamente tras la denuncia por diversas irregularidades. El fin de semana su fachada fue pintada y las ventanas cubiertas con papeles. Nadie atendió este lunes a docentes y familias que se acercaron a retirar documentación.
La causa en la cual el secretario general de la UTA está imputado por lesiones leves agravadas y amenazas coactivas contra su ex pareja fue elevada a juicio. El juez Esteban Usabiaga, a cargo del Juzgado de Garantías N°1, rechazó el sobreseimiento del ex concejal y las nulidades planteadas por la defensa, respecto a la indagatoria y la requisitoria realizadas por el fiscal Juan Pablo Schmidt.
El subsecretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, habló en FM De la Calle sobre el diagnóstico municipal sobre el narcotráfico en Bahía Blanca. “El narco corrompe todo lo que está a su alcance, es una organización criminal con un gran poder económico, con dinero no registrado y siempre hay que estar atento. Estamos en un punto no tan grave como otras ciudades”, afirmó.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo de Mar del Plata ordenó al Municipio de Monte Hermoso la reincorporación de guardavidas apartados y garantizar la contratación de quienes hayan trabajado la temporada anterior.
El Tribunal Oral revocó la excarcelación y ordenó arresto domiciliario para Héctor Ángel Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Juan Carlos Curzio, condenados en agosto a diez años de prisión en el Juicio Triple A. Mañana se conocerán los fundamentos de la sentencia que también castigó con perpetua a Raúl Roberto Aceituno.
Se negaron a declarar dos sospechosos del asesinato de Juan Ramón Romero Miranda, quien fuera hallado sin vida en la caja de su camioneta. Se trata del abogado Fabián Guillermo Rossi y Juan Manuel Mejuto. Un joven de 13 años fue herido por la policía durante el operativo.
En una nueva instancia preliminar de la Megacausa Zona 5 el tribunal planteó la realización de audiencias semanales y ratificó la intención de iniciar el debate en febrero de 2022. Según los cálculos de la Fiscalía, a un ritmo de seis testigos por jornada, en un año podría resolverse el juicio a más de 40 represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 270 víctimas.
El caso del obrero Gabriel Burgos Melo, quien murió aplastado por el derrumbe de la zanja donde trabajaba en Soler al 100 a fines de 2016, quedó a la espera del juicio oral. Están imputados el titular de la empresa MAPSA, Ángel Pablo Matélica, el subdirector encargado de los controles, Nahuel Ostertag, y el inspector de EDES, Sergio Ferreti.
El fiscal Gabriel González Da Silva dialogó con FM De la Calle tras las condenas en la causa Bobinas Blancas y el pedido de penas para la banda de Walter Ledesma. En cuanto al narcotráfico en la ciudad afirmó: “No he detectado vínculos entre bandas sino varias independientes pero con un nivel de organización importante. No veo mayoristas, veo que la droga llega a Bahía de alguna forma y que hay muchos grupos que reparten y mucho narcomenudeo”.
La Fiscalía Federal bahiense pidió la unificación a una pena de 22 años de prisión para Walter Ledesma, sindicado líder de la organización, que contaba con una condena por narcotráfico. Con respecto al resto de los cuatro integrantes, las penas oscilan entre 1 año y seis meses de prisión y 13 años de prisión.
Tres ciudadanos mexicanos y tres argentinos fueron condenados por el almacenamiento ilegal de estupefacientes, mientras que el operador de bitcoins fue sentenciado a prisión por lavado de activos. El juicio marca un antecedente jurisprudencial de lavado de dinero con criptomonedas.
El ex camarista federal Carlos Rozanski habló con FM De la Calle sobre los discursos de odio de los referentes de la derecha que participarán de las elecciones legislativas. Destacó la necesidad de una justicia democrática que rompa con las complicidades y la impunidad de la “organización criminal” que conduce los destinos del Poder Judicial.
Se trata de la causa iniciada a partir de la denuncia de una ex pareja del secretario general de la UTA, Ricardo Pera. El fiscal pidió la elevación a juicio del ex concejal del Frente Renovador aunque el expediente duerme en los cajones del Juzgado de Garantías N°1.
Se trata de la resolución del amparo colectivo presentado por vecinas y vecinos afectades por la falta de agua. Se resolvió aceptar como punto de partida el plan de obras presentado por ABSA y la conformación de una mesa de seguimiento con profesionales de las universidades locales.
El Ministerio de Seguridad aumentó a dos millones de pesos el monto de la recompensa para quien aporte datos sobre el paradero del prófugo Roberto Carlos Brunello, investigado en Bahía Blanca por su participación en crímenes de lesa humanidad. También se busca a Miguel Ángel García Moreno y Carlos Alberto Arroyo.
Brunello (D.N.I. Nº 7.699.908) nació el 23 de marzo de 1949, en la ciudad de Córdoba y su último domicilio conocido es “Las Brisas Country Club” Carrión N° 480, unidad funcional N° 349 de Zelaya, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires.
Sobre el represor pesa pedido de captura nacional desde el día 22 de noviembre de 2013, medida reiterada el 5 de junio de 2018. Se le imputan los siguientes delitos:
- Violación de domicilio, secuestro y aplicación de torturas a once víctimas;
- Secuestro y aplicación de torturas, en relación a treinta víctimas;
- Violación de domicilio, secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual en perjuicio de dos víctimas;
- Secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual, en relación a tres víctimas;
- Secuestro, aplicación de torturas y homicidio en un caso, bajo la modalidad de desaparición forzada de persona.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca informó que Brunello prestó servicios en la Compañía Combate “My Keller”, perteneciente al Batallón de Comunicaciones 181, de la que varios de sus miembros y autoridades ya fueron condenados.
El Batallón era la unidad encargada del Área 511 y para la época de los hechos que se investigan estaba orientada específicamente a la concreción de los secuestros, el sometimiento a cautiverio y la aplicación de torturas, que se cometían en las instalaciones del predio militar. Allí funcionaba el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita”.
La causa por la que se busca a Brunello centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.
En nuestra jurisdicción también se ofrecen 500 mil pesos de recompensa a quienes aporten datos que ayuden a encontrar a Miguel Ángel García Moreno (L.E. N° 4.420.438) nacido el 25/05/1943 y a Carlos Alberto Arroyo (D.N.I. N° 10.554.063) nacido el 03/01/1953, imputados en la misma causa.
Fracasó otra instancia de conciliación entre las empresas del polo petroquímico, la Fiscalía y la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría. Las multinacionales debían responder si aceptaban o no financiar una planta de reuso de líquidos cloacales como reparación al daño ocasionado al estuario.
El encuentro virtual se frustró por problemas de conectividad de la Fiscalía aunque las respuestas llegaron por escrito. El abogado Lucas Beier comentó a FM De la Calle que “dicen que en el estuario no hay daño que reparar, que en el caso de que hubiera no son ellas las responsables de repararlo porque no lo causaron”.
“Lamentablemente las que dirigen todo, fijan política, determinan qué hacer y qué no son las empresas. Tanto funcionarios políticos como judiciales le piden a las empresas por favor hagan algo. Las empresas dicen no vamos a hacer nada y eso me contestan los funcionarios a mí. (…) ABSA es el único que quiere hacer la planta pero dice que no tiene plata. El Consorcio no opina y la Municipalidad tampoco, así estamos”, describió.
Beier manifestó que “desde el momento en el que (Santiago Martínez) hizo convenios particulares con las empresas consideramos que tenían que cerrar esta etapa. Más aun cuando la Cámara revocó esos acuerdos. Creo que esta fue la última carta que se jugó el fiscal. Ahora sí no le va a quedar otra”.
El abogado recordó que la causa avanzó a instancias del fiscal Alejandro Cantaro y el juez Walter López da Silva, quienes habilitaron la toma de muestras y su análisis por parte de la Facultad de Agronomía de la UBA y la Policía Federal.
Martínez y la jueza Gabriela Marrón se encontraron con la prueba y “pese a que la Cámara reconoce que el estuario está contaminado y que algo hay que hacer, ellos dicen que no está probado”.
En 2019, la Cámara Federal ordenó que las partes acuerden un plan de inversiones que “establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente». Fue a partir de la pericia que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.
La «constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies», afirmaron los expertos.
La querella presentará nuevamente en las próximas horas un pedido para que se clausure la etapa conciliatoria. “Espero que el fiscal de una vez por todas se aboque a probar el delito. (…) Que vea el expediente, si considera que falta algo por probar que pruebe y si no que cite a indagatoria y la causa avance”, dijo Beier.
Gladys Haydé Elvira afirmó que la Triple A bahiense era “un grupo en el que actuaban todos juntos” y, por ende, “la responsabilidad de los crímenes es idéntica para cada uno de ellos”.
Durante la transmisión de FM De la Calle y La Retaguardia, tras la lectura del veredicto, recordó que ante el tribunal “dije algo así como que todos mataron, que no importaba quién había disparado porque lo hacían todos”.
Meses atrás fue convocada a testificar respecto a los homicidios de sus compañeros José Suracce, Julio García y Gabriel Ganuza. Los estudiantes de geología de la UNS fueron secuestrados la madrugada del 6 de diciembre de 1975 por un grupo de personas armadas.
Por la mañana, sus cuerpos fueron encontrados al costado de la Ruta 35, cerca de Villa Iris. Estaban en ropa interior y presentaban numerosos impactos de proyectiles 9 mm y de ametralladoras.
El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó este lunes a diez años de prisión a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero y Héctor Forcelli por el delito de asociación ilícita. Raúl Roberto Aceituno recibió la pena máxima como coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Desde la casona de la memoria Eduardo Mario «Bachi» Chironi de Viedma, Gladys siguió la lectura del veredicto junto a familiares de víctimas.
“En este juicio no hubo reconstrucción de los hechos pero, si uno quiere hacer la secuencia de secuestro, tortura y asesinatos, no actuó una sola persona. Para llevar adelante ese proceso lo hicieron en grupo, como todos los testigos dieron cuenta, nunca se los vio solos, de manera individual o por separado, salían todos juntos. Uno manejaba, los otros se bajaban, se los llevaban, los torturaban y luego los mataban. La responsabilidad es idéntica para todos”, señaló Elvira.
Agregó que “es una pena que se los juzgue como integrantes de una asociación ilícita para la que el Código Penal establece 10 años como lo máximo que se pudo pedir”.
En relación al recuerdo de sus tres compañeros asesinados, mencionó que “José y Julio tenían 23 años, Gabi era más grande. Los tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista. Militaban y vivían con alegría, creían en lo que hacían y pensaban. Me tocó compartir el año 73 y el 74 de mucha militancia, movilización y esperanza. Se vivía con alegría porque se plasmaban las convicciones que ellos militaban. Solidarios y militantes”.
El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó por unanimidad a cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina y calificó a los hechos como “crímenes de lesa humanidad”.
Raúl Roberto Aceituno recibió la pena de prisión perpetua al ser considerado coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Hover Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Raquel Cilleruelo, hermana de “Watu”, manifestó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que “logramos que uno de los cómplices llegara, los otros se fueron muriendo. Después de 46 años falta mucha gente acá. La perpetua de Aceituno tiene mucha fuerza para mí”.
Forcelli, Pallero y Curzio fueron castigados con 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita.
“Esperamos que sea un aporte para avanzar en las responsabilidades sobre todo de sectores civiles y del poder fáctico”, dijo el fiscal auxiliar Pablo Fermento. Aseguró que “el debate sirvió para que la investigación tomara estado público. A diferencia de lo que pasa en otros juicios donde se llega con todo elaborado, al ser un fenómeno de violencia colectivo fue sorprendente cómo se fue incorporando prueba nueva en función de gente que se acercaba a decir yo viví esta situación. Por ejemplo, el hijo de (Jorge) Argibay que introdujo información y nos permitió corroborar lo que estábamos explicando. Es fundamental el debate y por eso lo planteamos para causas como las de (Vicente) Massot o (Néstor) Montezanti”.
Al respecto, Raquel recordó que Daniel Argibay -quien con 12 años fue testigo de acciones y relaciones de su padre- les envió una carta pidiendo disculpas: “Creo que eso lo sana tanto a él como a nosotros. Después del mal que hicieron su papá y su hermano él pudo reconstruir su vida y elegir el lado bueno de las cosas. (…) Siempre le agradecí por su actitud, no cualquiera lo hace, mirá estos que están condenados ahora, no se arrepienten, para ellos está bien lo que hicieron”.
En el veredicto, los jueces comunicaron que Raquel tendrá derecho a ser informada y expresar su opinión cuando se sustancie cualquier planteo en el que se puedan decidir salidas transitorias, régimen de semi libertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, discontinua o semi detención, libertad asistida y régimen preparatorio para su liberación.
Por otra parte, el tribunal remitió copia del veredicto y de los fundamentos de la sentencia para que evalúen las solicitudes de la Fiscalía para anular las resoluciones de cesantías de empleados no docentes, docentes y alumnos, otorgar el título de doctor honoris causa a David Hover Cilleruelo y colocar en espacios de circulación pública una referencia histórica sobre la puesta a disposición en el período de tiempo investigado de sus instalaciones y sus recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados. “Ello así toda vez que imponer a las universidades una serie de decisiones como las solicitadas, sin cumplir con los procedimientos administrativos previstos a esos fines, constituye un exceso a la competencia que la ley otorga a este tribunal teniendo en cuenta los principios de autarquía y autonomía de las universidades”, aclaró el juez Roberto Amabile.
“Los únicos planteos de la Fiscalía que no fueron tratados son la calificación de genocidio y queda pendiente resolver las cuestiones atinentes al modo de detención de los imputados que están excarcelados, si se les va a dictar prisión preventiva hasta que esté la pena firme y la domiciliaria de Aceituno”, afirmó Fermento. Aceituno continuará en su casa hasta que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema le realice un examen médico completo.
El tribunal no hizo lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción ni por la insubsistencia de la potestad persecutoria por agotamiento de plazo razonable. Tampoco al pedido de inconstitucionalidad respecto de la pena de prisión perpetua, del delito de asociación ilícita y de las consecuencias accesorias de la condena.
Julia García, hermana del “Negrito” García, destacó la condena a Aceituno y se quejó porque “no se investigaron los otros 23 casos de secuestros y asesinatos. ¿Qué estuvimos haciendo para llegar a un fallo como este? Es muy doloroso irnos con las manos casi vacías”.
Verónica Alduvino, hermana de Fernando Alduvino, sostuvo que “hay que rescatar que esto pasó en un gobierno constitucional y este fallo es el primer paso para que cada uno se haga cargo de las distintas áreas que estaban en el gobierno, en la justicia, en los partidos políticos y los sindicatos”.
Los fundamentos del fallo de los jueces Amabile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido se conocerán dentro de los próximos 40 días.