El concejal del Frente de Todos, Gustavo Mandará, confirmó a FM De la Calle la intención del Ejecutivo Municipal de privatizar Bahía Ambiental Sapem.

“Ayer el presidente de Bahía Ambiental Sapem (BAS), Ernesto Aguirre, nos informó oficialmente al directorio de la empresa que hubo una comunicación con el intendente en la que le notificó la decisión de avanzar con la privatización de la empresa”, aseguró.

“Lo que pone de argumento para privatizar son supuestas objeciones del Tribunal de Cuentas, algo que ayer se habló en la reunión y se demostró que no hay ninguna objeción del Tribunal de Cuentas al funcionamiento de BAS. Sí las hay respecto de Bahía Transporte, pero Ambiental es una empresa que, mal o bien, viene cumpliendo el cometido para que fue creada hace 8 años”, explicó.

A su vez, el concejal destacó que “no hay ninguna explicación. Habrá que pedirla. Bahía Ambiental Sapem da pequeñas utilidades: no está perdiendo plata el Municipio con Bahía Ambiental. No es habitual que se requieran inyecciones de capital como sí pasa en Bahía Transporte”.

“¿Si es una empresa que no tiene afán de lucro y trabaja con costos, cómo va a hacer una empresa que no trabaja al costo y que si tiene afán de lucro?”, se preguntó.

Respecto de los trabajadores, el concejal mencionó que “tienen garantizada su fuente de trabajo. Se tienen que hacer cargo en las mismas condiciones, categorías y remuneraciones. Cuando se liquida una empresa hay que indemnizarlos. Tienen que ser tomados por la empresa que venga en las mismas condiciones”.

“Son unos 180 millones de pesos en carácter de indemnización. El activo de Sapem Ambiental asciende a 105 millones, o sea que, liquidando toda la empresa, no alcanzan a pagar indemnizaciones. Por mas que se haga cargo el privado, ponen en duda qué ventaja se puede obtener de todo esto”, finalizó.

Tití Sedrani, vecina de Ing. White recordó en diálogo con FM De la Calle lo ocurrido a partir del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa (hoy Unipar) del polo petroquímico ocurrido hace veinte años.

“Siguen sucediendo cosas, no cambió nada. Fue espantoso, algo tremendo. En ese momento no teníamos dimensión de lo que era porque no sabíamos, percibíamos el olor y veíamos que algo raro era. Acá nos conocen por la ciudad de los vientos, ahora tenemos que levantarnos y decir ojalá haya viento por si pasa algo”.

El 20 de agosto del 2000 un escape de cloro de la planta de Indupa provocó una enorme nube amarilla. El viento la llevó hacia el estuario y salvó a la comunidad. Siete días más tarde un nuevo escape, esta vez de amoniaco, producía la flamante planta de Profertil.

“Vivo en el Boulevard y venía para White y arriba del puente con el vidrio cerrado del auto me empezó a arder la garganta. Entré a la peluquería y cuando empezaron las noticias tomamos dimensión de lo que estaba pasando”.

Sedrani comentó que “en el momento entré a la peluquería y me quedé ahí. No había nada, ninguna sirena, nada de nada. Nadie sabía que había que confinarse ni toda esta historia. Después empezaron a traer esos stickers de todo lo que había que hacer. Yo en ese momento tenía la casa rajada, ¿dónde me iba a quedar? ¿dónde te confinás para que no te entre nada de esto? Todo chamuyo”.

La vecina relató que durante varios años se hicieron actos en conmemoración aunque en el último tiempo “éramos cuatro o cinco personas. Primero culpaba a las empresas, estaba renegada, después me di cuenta que las empresas son responsables pero es más responsable el Estado que lo permite”.

Respecto a la fisura de su vivienda, Sedrani contó que “un día vinieron unos ingenieros y me preguntaron porqué cree que se le rajó la casa: por las empresas, por la termoeléctrica. Las rajaduras comenzaron cuando empezaron a poner los pilotes”.

“Se hicieron todos los boludos, ese día les dije que no vinieran más a tomarme el pelo. Cuando recibo el informe de La Plata, era culpa de la forestación, el asfalto y la falta de lluvia. Se los rompí en la cara”, comentó.

Por último, se preguntó “¿por qué Profertil ponía una página entera de publicidad en el diario no vende nada en Bahía? ¿Quién paga las campañas de los intendentes? Soy una simple peluquera, pero algo te da que pensar”.

Fotos Tití Sedrani: Magalí Agnello.

El gobierno negocia con China la instalación de granjas de producción industrial de cerdos para exportación, por cual, el país pasaría de producir entre seis y siete millones a cien millones por año. La noticia es celebrada por el agronegocio y repudiada por organizaciones ambientalistas.

“La preocupación, que excede el acuerdo con Argentina, es que la cría industrial de animales se ha convertido en una amenaza para la humanidad. La cría de cerdos, vacas y aves de corral está siendo fuente de gravísimos problemas. La ganadería industrial es una de las responsables de las grandes crisis climáticas y es una fuente de multiplicación de enfermedades vinculadas a las pandemias, no específicamente de las que sufrimos ahora como el Covid, pero sí vimos cómo la gripe aviar y la porcina tuvieron su origen en granjas de crías industriales”, señaló a FM De la Calle, Carlos Vicente, miembro de GRAIN.

Agregó que “China fue afectada por una gripe porcina africana y tuvo que sacrificar casi el 50% de su plantel de cerdos durante el año pasado. De ahí nace el interés de China de no repetir este modelo de cría industrial y la propuesta de hacerlo en Argentina”.

Vicente argumentó que la cuestión central es el aumento del consumo de carne: “Si se produjera en pequeñas fincas en armonía con la producción agropecuaria, como hicieron los campesinos y productores familiares, no tiene ningún problema. Pero el volumen de carne que se propone consumir es insostenible para el planeta. Nosotros hemos pagados los costos de producir la soja para ese animal y ahora quieren que produzcamos la carne de cerdo”.

¿Qué significa la producción a gran escala o feedlot?

“Las vacas naturalmente se alimentan con pasto pero, como esos pastizales se han desplazado por la soja, se las encerró y empezó a alimentarse con granos. Cuando uno hacina millones cerdos como se pretende, se ve en la obligación de darle forrajes industriales, soja y maíz, y se generan condiciones sanitarias que exigen darle químicos, antobióticos, por ejemplo. En segundo lugar, la materia fecal crea charcos asquerosos que son una fuente de multiplicación de virus y bacterias que mutan en esos mismos espacios y tiene el riesgo de convertiste en un patógeno para los humanos”.

Vicentin, producción de cerdos y soberanía alimentaria: ¿son modelos compatibles?

“La producción industrial de cerdos no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria. Es carne para exportación que sería alimentada por soja transgénica. Argentina no tiene la capacidad de producir los cerdos que China necesita, de manera artesanal, lo cual requiere una infraestructura que no es compatible con la pequeña producción”.

Por otro lado, “la producción de Vicentin no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria pero reivindicamos el derecho del Estado a expropiar una empresa que ha robado dinero y estafado a sus trabajadores. Sin dudas, en términos de lo que vivimos, podría tener un rol importante en la regulación de precios de exportación y en la transformación productiva trabajando con cooperativas y pequeños productores, el aceite de girasol es un de los principales aceites consumidos y Vicentin podría tener un rol preponderante trabajando con pequeños productores y no con los grandes terratenientes”.

La salida

Vicente afirmó que un pacto eco social “es una iniciativa valiosa, hay que rediscutir el futuro, la cuestión ecosocial es fundamental. Discutir los capitales financieros y el poder que tienen. Desde el norte se plantea un nuevo gran acuerdo que no cuestiona el modelo de capitalismo financiero, sin discutir eso no podemos avanzar a otra sociedad porque los daños que estamos sufriendo necesitan replantear todo”.

La jueza Gabriela Marrón aceptó al Municipio como amicus curiae en la causa federal que investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario. El próximo lunes habrá una audiencia virtual para analizar un posible convenio ambiental que prevea el tratamiento de aguas cloacales para uso industrial.

El intendente Héctor Gay sostuvo que “se trata de decidir sobre una cuestión que excede el mero interés de las partes”. Cabe destacar que si bien la Municipalidad integra el grupo de organismos y empresas denunciadas como responsables de la contaminación, formalmente las acusaciones recaen sobre los funcionarios. En este caso, en 2011 se apuntó al subsecretario de Gestión Ambiental, Eduardo Conghos.

Una pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

La Cámara de Apelaciones dispuso hace un año la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».

Palenque donde rascarse

El pedido para intervenir como amicus curiae lo hizo el intendente junto a la asesora letrada Karina Mahon el 24 de junio. Al otro día, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez dictaminó a su favor y dio paso a la resolución de Marrón.

La jueza destacó que “no puede desconocerse el interés que el Municipio —en su carácter de organismo ejecutivo máximo del partido de Bahía Blanca— posee en la resolución de las presentes actuaciones, ni la especificidad de las tareas desarrolladas por el Comité Técnico Ejecutivo que se desempaña bajo su órbita”.

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“En especial, teniendo en cuenta las particularidades de la metodología adoptada en el marco de este incidente de medida cautelar para intentar arribar a una solución sustentable con las distintas empresas involucradas, que estimo debiera tener un impacto relevante para el resguardo del derecho constitucional colectivo a gozar de un medio ambiente sano”.

De esta manera, la comuna y el CTE pondrán “a disposición su expertisse con el propósito de participar de manera activa en los diferentes aspectos y etapas de toma de decisión que conllevará el plan de gestión ambiental oportunamente ordenado por la Cámara Federal”.

“Daño ambiental grave e irreversible”

«Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema», afirmó la Cámara en 2019.

En aquel fallo de junio del año pasado se ordenó a la Fiscalía coordinar una mesa de abordaje que debía presentar un plan en un plazo de 90 días. La convocatoria debía incluir a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.

La Cámara requirió «un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable».

También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense».

En este contexto tan adverso, buscamos llevar adelante distintas estrategias de acompañamiento a los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19.

Desde la Economía Solidaria, pensamos una alternativa que ofrezca la posibilidad de consumir alimentos saludables para compartir en nuestras mesas. En esta oportunidad ofrecemos 50 bolsas compuestas por:

  • Mermeladas de Moras Brix: Grupo de mujeres del barrio Spurr quienes elaboran y comercializan producciones de la agricultura familiar. Las frutas son cosechadas en sus patios, en frutales de sus barrios o de otras productoras de Villa Nocito, como es el caso de las frutillas y frambuesas. Gracias a su capacitación mezclan sabores rememorando en cada mermelada el sabor de los dulces que cocinaban nuestras madres y abuelas.
  • ½ docena de Huevos: Son comercializados por Runtu Thani, grupo asociativo que está integrada por productores/as avícolas de Bahía Blanca y el sector periurbano. Su forma de producir se denomina “traspatio”, ya que las gallinas viven en un gallinero donde duermen, tienen agua, alimento balanceado y ponen huevos en sus nidales. Durante el día están sueltas, toman sol y comen pasto, restos de verduras de la huerta e insectos, los cuales aportan al huevo muchos minerales y vitaminas.
  • Pan Casero: Es pan realizado con harina candeal, contiene más proteína y menos gluten que el de trigo que se comercializa actualmente. Los productos elaborados con harina candeal pueden ser consumidos por personas de cualquier edad, niños, adultos, ancianos, mujeres embarazadas porque son fáciles de digerir  y ricos en nutrientes.
  • Sopa de Verduras: Compuesta por alimentos de la agricultura familiar que brinda PROSAUCHI, con el valor agregado de la preparación lista para consumir. La elaboración está a cargo de un emprendimiento productivo acompañado por la Cáritas Parroquial de La Piedad.
  • Pastelitos frescos de Somos Andando: Se trata de un grupo de mujeres que elaboran de forma asociativa, en esta oportunidad son pastelitos frescos para compartir en familia, en las próximas bolsas incorporarán fideos de harina candeal por los beneficios que esta aporta al consumo saludable de alimentos.

Valor de la bolsa: $550* (Cantidad limitada)

Se retira de 11 a 14 en Rodríguez 78 el miércoles 8 de julio.

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Adquiriendo la bolsa podrás acceder a otras producciones de la agricultura familiar.

Harinas de “Trigo limpio”: Es un emprendimiento cooperativo que nació, hace poco más de un año, con la intención de ofrecer un alimento saludable a cualquier comensal que lo buscase. Producen ocho harinas agroecológicas diferentes, en molino de piedra. Molienda local.

Don Atilio: Productor de Gral. Cerri que hace 30 años que se dedica a la apicultura. Hoy agrega a sus producciones algunas conservas y el fraccionamiento de algunas aromáticas y especies surtidas.

*$50 se destinarán a un fondo común para la compra de bolsas de nylon y otras necesidades logísticas.

Trabajadores portuarios compartieron con FM De la Calle dos videos en los cuales se ve como desde la terminal de ADM Agro se vierten restos de cereal a las aguas del estuario.

El subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, relató anoche que alrededor de las 18:30 recibieron las mismas imágenes y concurrió la guardia del CTE. “Los inspectores no encontraron evidencia de lo que se ve en el video. Esa actividad de limpieza de cañerías ya fue denunciada por el CTE a OPDS en otras oportunidades”, detalló.

Por su parte, el coordinador del Comité Técnico Ejecutivo, Walmir Morete, dijo esta mañana que lo vertido “no era una gran cantidad y tampoco era contaminante para el agua porque era soja. No estaban lavando caños ni tirando desechos”.

“No recibimos ninguna denuncia, fueron los videitos que me llegaron a mí. Lo que me explicó el gerente de ADM es que estaban cargando un barco con porotos de soja y cuando estaban terminando de cargar se le pararon los equipos. Sacaron el barco y mientras esperaban comenzaron a realizar una serie de pruebas, por motivos que están investigando, es que los equipos arrancaron solos y se produjo es una descarga de pet de soja, de polvillo, que es el remanente que queda en los caños”, explicó.

Morete señaló que “todo lo que tiene que ver con cerealeras no lo controlamos, sí informamos al OPDS. Hay un 0800 y una guardia activa en Bahía y, por lo general, se acompaña a la gente del OPDS y se labra un acta. Pero no podemos infraccionar porque eso depende de OPDS y policía. Solamente acompañamos”.

Agregó que “si bien se escucha en el video que esto pasa siempre, a ellos nunca les había pasado. No es algo recurrente, por lo menos que nosotros no enteremos, fue lo que él me comentó. No era contaminante, no estaban lavando caños ni tirando desechos”.

El funcionario señaló que el episodio es materia de investigación por parte de la empresa y que el Consorcio va a pedir un informe acerca de lo sucedido.

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Consultado acerca de la posibilidad de realizar un muestreo para efectivamente determinar si es o no contaminante la sustancia vertida comentó: “Lo tenes que agarrar justo en ese momento. Si vos encontrás el residuo en el agua podés tomar la muestra. Eso es materia de investigación de OPDS. Hay un gris, lo del agua no nos corresponde pero el aire sí”.

Controles durante la cuarentena

Respecto a las mediciones de material particulado en el aire durante la cuarentena, Morete mencionó que “hicimos un estudio, si bien las industrias nunca dejaron de producir, el material paticulado disminuyó te diría que un 50% respecto del año pasado. Esto es positivo porque muchas veces se piensa que el material particulado viene de las empresas pero la mayor parte viene de los vehículos. Lo que es medición de ruido se hace respecto al polo petroquímico, entonces no notamos una baja en eso”.

En cuanto a la manera en que se llevan adelante los controles durante el aislamiento, Morete sostuvo que “lo que tiene que ver con la guardia de controles del polo nunca se cortó, lo que hicimos fue cortar con auditorías en las plantas. Implementamos un sistema de auditorias online, solicitamos documentación. Por el momento no estamos inspeccionando las plantas, sí se audita para que tengan sus papeles en orden”.

“La guardia sí trabaja 24 horas, eso no se cortó y hace una semana arrancamos con rondines de verificación de mediciones de ruido y material particulado cada 3 horas”, finalizó.

(Testimonio de Dr. Medardo Avila Vazquez – Médico Pediatra y Neonatologo MP. 16696) Hasta ahora y desde hace 18 años me desempeñaba como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría de una clínica privada de la ciudad de Córdoba (Clínica Caraffa), el pasado jueves 4 de junio me llaman desde la obra social de los empleados de la Provincia (APROSS) para que recibamos un niño de 2 años con supuesta bronquiolitis.

T.F. vive en Villa de María de Rio Seco, este es un pueblo del norte cordobés donde se extendieron los cultivos de soja y maíz a base de agrotóxicos y los niveles de contaminación son altísimos y también las protestas de los vecinos que tratan de que dejen de fumigarlos. El padre de T.F. murió en un accidente de tránsito, ahora vive con su madre, tíos y el abuelo. Su abuelo lo llevó ese día al centro de salud municipal porque está muy flaquito y hace 3 semanas que tiene fiebre. Desde el centro de salud lo mandaron directamente a Córdoba (a 300 km), con la ropa puesta, sin plata y en plena cuarentena.

En realidad tenía una LEUCEMIA, al llegar volaba de fiebre y estaba sumamente debilitado y asustado llorando sin parar aterrado y dolorido. Solo acompañado de su abuelo paterno (un trabajador de la leña de los montes que destruye el agronegocio), porque su madre esta internada en Deán Funes teniendo otro bebe…

El niñito lloraba llamando a su madre, quien no va a venir y quizás por mucho tiempo más aún. Al pobre niño le tuvimos que hacer todo tipo de intervenciones, incluso punción de medula ósea. Su estado era muy delicado, con una anemia severísima, lo trasfundimos y logramos compensarlo un poco. Al día siguiente, el viernes 5, teníamos confirmado el diagnostico de leucemia linfocítica aguda de células B.

El panorama se empezaba a esclarecer ya que es fuertísimo el vínculo entre exposición a agrotóxicos en la madre y leucemia en los hijos, incluso en revisiones de “medicina basada en la evidencia” como el metanálisis que ilustra esta crónica.

En este estudio de Wigle et al. revisando 14 estudios publicados la conclusión es que la madres expuestas a agrotóxicos tiene dos veces y media más posibilidades de que sus hijos desarrollen una leucemia comparado con el riesgo norma de las madres no expuestas a estos venenos. Algo que se verifica claramente en nuestro paciente T.F. Y también verifica la injusticia ambiental y social de este caso, familia pobrísima que solo recibe las consecuencias sanitarias del agronegocio que destruye el ambiente y enferma a los vecinos.

A la tarde de ese viernes nuestra onco-hematóloga nos pide que empecemos con las altas dosis de Deltisona B (metilprednisona). No teníamos en gotas y la farmacia de la Clínica me informa que recién el lunes podría conseguir…. Deltisona B gotas hay en todas las farmacias y sale $470. Le aviso al Director médico que no teníamos la deltisona, pero que los pediatras la podríamos comprar en la farmacia del lado y arreglamos el lunes, todo OK.

El sábado concurro nuevamente a ver los pacientitos y compro en la farmacia unos autitos de juguete, una segunda Deltisona B porque por las altas dosis que necesitaba el niño solo alcanzaban para día y medio y en el almacén comestibles y bebidas para el padre.

Bueno, el lunes 8 el niño estaba mucho mejor, las enfermeras le habían traído ropa y juguetes para él, nosotros ropa al padre, las chicas de laboratorio le compraron comida, agua y golosinas.

Esa mañana, como a las 09:00 fallece Débora una niña de 6 años con un cuadro neurológico metabólico progresivo incurable que cuidábamos desde hace más de un mes, su estado era terminal y fue algo muy triste y doloroso para la familia y para todos nosotros.

Mientras estábamos acompañando a la familia en ese momento tan desgarrador y humano, justo en ese momento me llama el joven y neoliberal abogado que junto con otra joven contadora, hijos de los dueños fundadores están manejando la clínica desde hace muchos meses. Bueno, me llama este gerente para reprocharme y retarme muy enojado por haber comprado la Deltisona supuestamente sin autorización, vociferarme diciéndome que esto no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de CARIDAD!, situación que emotivamente me sobrepaso harto de meses de bullyng y falta de respeto y lo reputie como la situación, por lo menos, se lo merecía.

Conclusión, al medio día me llama para despedirme… y que arregle con su padre los términos de mi indemnización después de 18 años.

Sorprendido aunque sentía que este final no estaba muy lejos. En todos estos años trabaje como empleado en negro (como casi todos los médicos en dependencia privada de esta provincia) bajo mi responsabilidad estuvo el cuidado de más de 12.000 niños y 1800 recién nacidos y por suerte y dedicación tuvimos una excelente sobrevida y alta satisfacción de las familias, claro que también cometimos muchos errores, a algunos no pudimos ayudar a sobrevivir otros no supimos tal vez, pero no dejamos nunca de aprender de ellos. También forme varias camadas de residentes de los que me siento absolutamente orgulloso.

En toda esta época, si bien la clínica era un negocio para los dueños, para nosotros era un lugar más para cuidar y ayudar a niñes enfermos y nos manejamos con amplio criterio hospitario, seguramente que esta condición se lograba porque la sociedad de los propietarios de la clínica eran en un 80% médicos que también trabajaban allí mismo. Esta situación desapareció, hoy la maneja un exclusivo criterio empresarial y este quedó expuesto en la patética situación de mi despido.

Y en medio de la pandemia, esta situación parece ser la gota que colmó el neoliberal vaso de los empresarios, seguramente les dolía que siempre apoye los reclamos por los derechos de los residentes, que siempre reclamamos por nuestro sueldo retrasado y los insumos y medidas de protección adecuadas, seguramente les molestaba de sobremanera que era público mi rechazo a la Declaración Jurada individual de que no tenemos Covid… y que si hay contagios es culpa del médico y deslinda de responsabilidad a las empresas y ministerios. Y que en todo mi sector de la clínica no pudieron hacérselo firmar a ningún médico. En esta época donde se mezcla en la trituradora los intereses de la “economía”, los derechos de los trabajadores de la salud y la salud como valor social, en esta trituradora, aprovecharon y me despidieron.

Esta supuestamente prohibidos los despidos, pero si Techint lo hace con 1400 operarios, porque Clínica Caraffa no lo va a hacer conmigo, parece ser la realidad.

No me arrepiento de nada, volvería a hacer lo mismo, volvería a proteger como pueda a ese niñito fumigado y enfermo de muerte, volveríamos a comprarle su remedio y sus juguetes y volvería a decirle al patrón que no me lo diga por teléfono, que venga a decírmelo aquí en la cara que te voy a cagar a trompadas.

Fue un enorme placer para mí haber trabajado con todos los compañeros de esa Clínica, siempre todos tratando de dar una buena atención de salud. Los médicos de todos los servicios, las excelentes enfermera/os, las administrativas, camilleros, personal de limpieza, de la cocina, de mantenimiento, de diagnóstico.

Gracias amigos y compañeros, nosotros cada uno de nosotros sabemos todo lo que ponemos, cuanta pasión, cuanta compasión, cuanto dolor, para tratar de ayudar al enfermo, al doliente, al desvalido, porque esa es nuestra función en esta vida. Les agradezco poder haber trabajado con ustedes, muchas gracias a todos. Y si, se aprovechan de nuestra nobleza, pero algún día tendremos que levantarnos para defender nuestra dignidad.

Dr. Medardo Avila Vazquez
Médico Pediatra y Neonatologo MP. 16696

El fiscal Marcelo Romero Jardín requirió que el Municipio informe quién ordenó destruir o enterrar el material reciclado existente en el galpón del relleno sanitario.

Es en el marco de la denuncia de un grupo de recicladores contra el subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño a la propiedad.

Los trabajadores afirman que el funcionario mandó sacar y enterrar el material reciclado que acopiaban en un galpón bajo llave. Esto habría ocurrido el 25 de marzo, sin aviso y tras haberse decretado el aislamiento obligatorio.

Según informó el abogado de los recicladores, Leonardo Urruti, el pedido de Romero Jardín apunta a conocer “si existió algún acto o autorización para que opere la Asociación 23 de Agosto y los denunciantes en el predio y para recuperar material reciclable” y “si por alguna normativa local o acto administrativo se dispuso la destrucción y/o entierro del material separado y/o reciclado que se encontraba en el galpón”.

“Creemos que es un buen primer paso en la investigación y aguardamos que la Fiscalía tenga en cuenta también las restantes medidas de prueba que se ofrecieron, entre ellas, numerosos testigos, documentación aportada sobre las autorizaciones de los trabajadores y la propiedad de lo recolectado, pedidos de informes, videos y el pliego de bases y condiciones de la licitación del relleno”, afirmó el letrado.

Agregó que “la declaración formulada por Insausti la semana pasada demostró que no tiene tapujos para afirmar mentiras y atacar sin fundamento a las víctimas. El subsecretario se ríe en la cara de los bahienses cuando dice que están haciendo un buen trabajo en Medio Ambiente. Son buenos humoristas. Todo indica que existe una pésima gestión, no les interesó enterrar toneladas de materiales reciclados; nunca tomaron medidas para cuidar la salud de los trabajadores y, desde hace tres meses, impiden que haya reciclaje en Bahía Blanca”.

Manifestó su preocupación “por la inacción de los diversos bloques del Concejo Deliberante que toman medidas de control. También creemos que las asociaciones ambientalistas deberían pronunciarse”.

Relajo ambiental en el HCD

La Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, presidida por la whitense Marisa Pignatelli no se reunió desde su conformación y mucho menos la Comisión Asesora Ambiental. Está última fue creada por ordenanza e involucra la participación de diversas instituciones de la ciudad. Está desactivada -de hecho- por parte de Cambiemos desde noviembre de 2018.

El jueves pasado, el cuerpo aprobó un proyecto de Walter Larrea solicitando información al Municipio respecto a la vinculación entre la comuna y los recicladores y el rol de la empresa Ingeniería y Arquitectura -la cual gestiona el relleno-.

Además, en base a lo establecido en el pliego de la licitación de la operación del relleno consulta sobre las “autorizaciones de uso y disposición” de la Asociación 23 de Agosto del “galpón de transferencia e instalaciones complementarias con cercado perimetral a efectos de favorecer el desempeño de los recolectores” y el acuerdo requerido para generar “programas de gestión integral de residuos consolidando un marco de reciclaje con inclusión social”.

El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín y el envío de un proyecto de ley de expropiación al Congreso. Por 60 días la agroexportadora estará a cargo de Gabriel Delgado y será gerenciada por YPF Agro.

Uno de los argumentos para tomar la decisión fue garantizar la “soberanía alimentaria”. Sin embargo, el periodista Patricio Eleisegui aseguró que Vicentín ofrece un modelo “completamente contrapuesto”.

“Soberanía alimentaria implica un control soberano de la producción de alimento y capacidad del pueblo de manejar resortes de la producción, siempre en la perspectiva del desarrollo sustentable. Esto genera seguridad alimentaria. Estamos hablando de una compañía que se centra en el desarrollo de transgénicos y la exportación de la producción. Estamos enfrente de garantizar una producción sana a y agroecológica, además que Vicentin no produce alimentos sino comodities para exportación”, dijo el autor de “AgroTóxico” y “Envenenados”.

Señaló que el modelo Vicentin es “agroexportador atado a la venta exterior de soja y maíz, a través del grano mismo o procesados como la molienda de soja para harina. Esto con perspectivas de abastecimiento a China o Europa, para garantizarle forraje al ganado porcino o a los pollos”.

Se basa en “una agricultura atada al uso del paquete tecnológico: semillas modificadas genéticamente, los agrotóxicos y siembra directa. Vicentin ha basado en la última década su desempeño comercial en ese rubro, esto es el vínculo con exportadores transgénicos, exportación y con una pata de producción de feedlots para ganado encerrado, con todo lo que implica en el uso de antibióticos y otros problemas que tiene ese modelo de ganadería”.

Respecto a la conservación de las fuentes laborales, Eleisegui mencionó que el 40% de la deuda contraída por Vicentin es con productores. “Muchos son pequeños, gente con 200 o 300 hectáreas, muchas son cooperativas. Son productores de soja y maíz transgénico. Se garantiza la posibilidad de seguir vendiendo al exterior, es una continuidad de la operatoria. Si el mensaje era garantizar puestos de trabajo es otra la discusión. Hablar de soberanía alimentaria es innecesario porque no tiene un fundamento y un sostén a partir de las características de la misma Vicentin”.

YPF megaminera

Por otra parte, Eleisegui se refirió al interés de la petrolera estatal a intervenir en la explotación minera. Junto a la Secretaría del área “están definiendo de qué manera se lleva a cabo, si es a través de una subsidiaria de YPF que se ocupa de la provisión de la arena que se utiliza para fracking en la zona de Vaca Muerta o si se va a desarrollar desde cero una unidad específica”.

“La propuesta es desempeñar un rol muy fuerte en los proyectos grandes de oro y litio, activar una megaminería, una especie de Barrick estatal que salga a disputar proyectos a compañías de afuera o que pueda funcionar de manera asociada. Me preguntaba si este modelo asociado de dos compañías está dentro del horizonte y me dijeron que sí, que miran mucho el modelo chileno. Se está avanzando bastante rápido y se inscribe dentro de la línea del presidente cuando dijo que una de las líneas en términos de extractivismo iba a estar orientada a los hidrocarburos”, apuntó.

La Subsecretaría de Gestión Ambiental presentará la denuncia penal “luego de detectar irregularidades en el relleno sanitario”. Es por “la posible comisión de un hecho ilícito, a partir de la venta ilegal de material del relleno, predio al que solo pueden ingresar miembros de la cooperativa que trabaja en el lugar”.

El comunicado agrega que”se han registrado denuncias por acciones violentas y amenazas hacia trabajadores en el predio y hacia el propio subsecretario Matías Insausti”.

El abogado de los recicladores, Leonardo Urruti dijo a FM De la Calle que”atacar a la propia víctima es desviar la atención de la mala conducta de la administración pública. Es un argumento contra la persona en vez de admitir que tienen una responsabilidad de esto que se ha denunciado”.

Insausti no atendió a los reiterados llamados de FM De la Calle y tampoco dieron resultados las gestiones mediante la Dirección de Comunicación a cargo de José Fernández Ardaiz.

El subsecretario dijo a Radio Altos: “El galpón era un espacio sucio y lleno de roedores, es municipal y todo lo que está en el relleno es municipal. Ahí tienen que trabajar las 40 familias de manera digna por eso lo limpiamos. Había que sanearlo y más en este contexto de pandemia”.

Urruti contestó que “primero reconocieron que ellos quitaron este material que era de los trabajadores y que lo enterraron, que no les importó el medioambiente ni el reconocimiento legal”.

“Por un lado se les da la autorización de recuperar el material que querían y después dicen que es del Municipio. El material que se deposita ahí no tiene propietario porque es una cosa mueble. A diferencia de un auto, por ejemplo, estas cosas son de quien las aprecia, las recupera y le agrega valor: limpiar, compactar, pasar a una forma que se pueda recuperar. Claramente el material es de los trabajadores que lo han recuperado, no es del Municipio”, dijo el abogado.

Finalmente,afirmó que los recicladores “tenían autorización para estar en el relleno o para utilizarlo y tenían llave. El Municipio les dijo trabajen ahí y cumplan determinadas pautas. Les daban una credencial que era un burla e iba cambiando con cada gobierno y con eso ellos entraban y realizaban sus tareas”.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, el médico y columnista de FM De la Calle, Horacio Romano analizó las consecuencias de la contaminación aérea en la salud.

“En Bahía nos puede hacer reflexionar bastante. Hay algo que tuvo de bueno la pandemia, uno puede observar que hay cambios que se pueden hacer en el ambiente. Concretamente en la contaminación aérea, con cambios respecto a disminuir el tema vehicular e industrial y la cantidad de material particulado”, comentó.

Nuestra ciudad no fue la excepción, “los puntos donde se miden estas partículas muy pequeñitas están en la zona del polo industrial y podemos seguir bastante bien el nivel de particulado que hay en el aire, en los momentos donde casi no se movía nada ha caído a niveles bajísimos”.

Romano afirmó que “hay un mundo posible generando cambios importantes para eliminar esta contaminación, eliminando partículas chiquititas que se asocian a enfermedades respiratorias y que sabemos que va mucho más allá, relacionado con problemas cardíacos o ACV o diabetes. Estas partículas ingresan en el organismo y generan un estado de inflamación que favorece todos estos procesos, que se tapen las arterias, problemas renales, muchas partículas tienen plomo o metales pesados, que son causa de deterioro cognitivo en chicos”.

“Bahía tiene una ventaja que es que se mide, no pasa en todas las ciudades. Deberíamos hacer un uso más importante de los datos que se van obteniendo porque de allí se deberían fijar políticas públicas en tanto lo que se puede o no se puede hacer”, mencionó.

El médico dijo que una posible solución es buscar energías alternativas. “La pandemia demostró que tenemos que impulsar una energía más limpia. La contaminación aérea es una cuestión extendida que reviste gravedad. Hay una reglamentación que cambió para la provincia de Buenos Aires hace dos años. En material particulado para la OMS el límite es 50 y acá lo tenemos en 150. Alguien puede decir ‘sí, estamos en los valores normales’ pero cuando vemos cifras en valores internacionales vemos que no es así”.

Respecto del transporte terrestre, Romano concluyó: “Uno debería plantear que lo que vendría por delante es algún otro tipo de transporte y no el que conocemos como automóvil, tal vez eléctrico o que tenga estándares que no deterioren el medioamabiente. Indudablemente que el hombre exista sobre la tierra es una complicación para la tierra y sus seres. Tenemos que tratar de dañar lo menos posible”.

Recicladores del relleno sanitario denunciaron penalmente al subsecretario de Gestión Ambiental, Matias Insausti, por daño a la propiedad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Señalaron que el 25 de marzo el funcionario ordenó enterrar materiales que los trabajadores acopiaron para su venta.

“Se inician dos expedientes, uno administrativo, en el que se reclama que responda por esta orden que se hizo al personal para que saquen este material y lo entierren en el relleno. Por otro lado, se hace una denuncia penal porque esta orden y este procedimiento implicó privar a todas las personas de la venta de este material, se los quitaron y lo destruyeron”, dijo a FM De la Calle el abogado Leonardo Urruti.

Agregó que “estamos hablando que se vulneran los derechos básicos a trabajar, a la dignidad humana y a la propiedad privada. El aislamiento sirvió de excusa para actuar sin control y sin ojos que los miren”.

El letrado señaló que el episodio ocurrió “cuando estábamos en la etapa más rigurosa del aislamiento. En la denuncia se hace referencia al delito de daño porque era propiedad de recolectores que trabajan hace muchos años. Este trabajo, además, es beneficioso para la sociedad porque en vez de enterrar los materiales ellos los reutilizan. A nivel social todos somos afectados cuando se perjudica el medioambiente y los derechos de todos”.

Urruti comentó que los tomó por sorpresa esta decisión: “Según todos mis clientes, no había ningún tipo de inconveniente, ellos tienen unas autorizaciones para trabajar bastante informales, un papelito y un sello. Este galpón se construyó específicamente para ellos en el 2010 y consta en un documento de la Municipalidad. El galpón es del Municipio, ellos tenían autorización y llave, si el Municipio hubiera cambiado de parecer tendría que haberles dado un aviso para retirar sus cosas. Es algo inimaginable que vengan, saquen todo y se las destruyan, sin proceso, sin ninguna garantía”.

El letrado afirmó que pedirán las filmaciones de las cámaras de seguridad del predio para corroborar los hechos.

Por otro lado, destacó que una de las familias que trabaja en el relleno utilizaba un camión para transportar packs y bolsones y lo guardaba en el galpón. “Lo dejaron afuera, hasta que hace unos días lo pudieron retirar. Al haberlo dejado a la intemperie les habían robado las baterías”.

El caso tramita en la UFIJ Nº8 que deberá ser subrogada dado que se encuentra acéfala.

El hecho

Según el relato del reciclador Néstor Prieto, la denuncia describe que “el 27 de marzo de 2020, a una semana del inicio del aislamiento obligatorio, tomamos conocimiento por parte del capataz de la empresa Ingeniería y Arquitectura SRL, sr. Gonzálo Bernardo Cabrera, que dos días antes, el 25 de marzo de 2020 el subsecretario de Gestión Ambiental, dr. Matías Insausti, había dado la orden, sin ningún tipo de aviso o notificación previa, aproximadamente a las 9:00 am, de retirar todos nuestros bolsones y paquetes almacenados en el galpón utilizando las palas y retroexcavadoras de la empresa y ordenando que ENTIERREN en el relleno TODO nuestro material reciclado (CARTÓN, NYLON, TRAPO, PLÁSTICO, COBRE Y METAL) y lo compactaron con tierra haciéndolo irrecuperable. Tenía en almacenados en el galpón un total de 20.000 kg de trapo, 40.000 kg de cartón, 10.000 kg de plástico y 150 kg de nylon todos ellos de mi propiedad. Asimismo, había dos bolsones de cobre de 500 kg cada uno de propiedad de mi padre, Carlos Enrique Prieto”.

Por vía administrativa se presentó otro reclamo ante el Municipio en el cual se estima que el valor del material perdido superaría el millón 700 mil pesos.

Trabajadores de la cooperativa de recicladores que se desempeña en el relleno sanitario afirmaron que no reciben ayuda para afrontar la falta de ingresos por el aislamiento obligatorio.

“El lunes vamos a ir a meternos en nuestro lugar de trabajo y si quieren apalearnos, que nos apaleen”, dijo a FM De la Calle Pedro Ruiz.

Denunciaron que el Municipio no da respuestas y que desde la Subsecretaría de Gestión Ambiental vaciaron un depósito con elementos acopiados durante meses, los cuales fueron enterrados sin darles la posibilidad de comercializarlos.

Sebastián Nuñez afirmó que son “más de 50 personas que estamos en una situación crítica, si nos hacen un protocolo, como lo hacen en otros lugares, podemos trabajar”.

“Queremos trabajar, nadie nos da una respuesta de cuándo vamos a volver, qué vamos a hacer, lo que queremos es trabajar. Acción Social no sé para qué está, Medio Ambiente no sé para qué está, el intendente no sé para qué está. Él gana medio millón de pesos y nosotros no podemos ni pagar la luz”, comentó Ruiz.

Núnez se refirió al galpón de acopio: “Vino Insausti con la policía, sacaron todo para afuera y enterraron todo, según dice la empresa”. Allí se depositaban y clasificaban residuos para su posterior venta por parte de los integrantes de la Cooperativa Talleres 1.

“Me tienen que pagar lo que me tiraron, lo que estaba acopiado me lo tiraron todo. Nos consideran cirujas, yo vivo de esto. Sin esto no puedo pagar el seguro de la camioneta y si salgo a la calle me la sacan”, argumentó Ruiz.

Explicó que “todas las cooperativas están ganando en promedio de 16, 17 mil pesos. A nosotros nos dan 12 y nos descuentan el monotributo. Se pasan la pelota entre Municipio y Cooperativa”.

Por otro lado, mencionaron que no están recibiendo asistencia alimentaria: “A la semana que empezó todo me dieron una bolsa de mercadería, en casa somos cuatro, con dos paquetes de fideos, una botella de aceite, dos kilos de azúcar no alcanza”, comentó Núñez.

A casi un año de la explosión en la planta de Dow que estremeció a Bahía Blanca, el fiscal Cristian Aguilar desestimó la causa judicial porque “no se cometió ni configuró ningún delito”.

“La conmoción e inevitable preocupación que se generó en función del gran estruendo que sintió ese día en todos los que vivimos en Bahía Blanca e Ingeniero White, me llevaron a extremar las precauciones en miras a determinar si se había ocasionado estrago alguno; si algún operario había resultado lesionado, y si había existido un peligro común para los bienes o se había puesto en peligro la vida de las personas y la sociedad”, afirmó Aguilar.

Concluyó que “la respuesta fue negativa. Ninguna de esas hipótesis se verificó. De modo que las conductas analizadas, no constituyeron un delito tipificado en nuestro ordenamiento jurídico penal”.

La Fiscalía específicamente analizó si se configuraron los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo y/o incendio o estrago culposo.

El fallo firmado el 30 de abril aclara que “la ley no habilita al Ministerio Público Fiscal para la investigación y persecución de cuestiones vinculadas al ámbito administrativo u a cualquier otro ámbito que no sea el penal en su ámbito correccional y criminal”.

Ese camino se ocuparon de despejarlo el Comité Técnico Ejecutivo y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, organismos que ni siquiera infraccionaron por ruidos molestos a la multinacional.

La pericia de la UNS

La resolución describe la prueba producida desde la recorrida inicial de planta realizada horas después de la explosión y destaca la pericia de la Universidad Nacional del Sur y la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Dicho estudio evaluó que “el recipiente se encontraban en buen estado” y la rotura se produjo con “más de 10 veces la presión máxima de operación”.”El hecho de haber alcanzado tal presión, indica que el equipo no cuenta con una válvula de alivio de presión; que en este caso hubiese protegido la instalación y evitado que se produzcan fallas”.

En cuanto a la onda expansiva de la explosión, “se determinó que el radio fue de diez metros en todos los sentidos (semiesfera), si se considera como onda expansiva la remoción de material aislante de los equipos aledaños. Se precisó que el mayor daño fue producido por la proyección de material y piezas del recipiente y sus dispositivos. Ya que algunas partes fueron encontradas a aproximadamente treinta y cinco metros. No se encontraron en la zona del incidente dispositivos cuyo daño hubiera podido provocar una reacción en cadena”.

Finalmente, la pericia estableció los siguientes resultados:

a. Los dispositivos con materiales inflamables más cercanos se encontraban a más de cincuenta metros del lugar del incidente.

b. Como consecuencia del incidente, el riesgo de daño a bienes indeterminados que no fueren propiedad de la empresa Dow Argentina fue muy bajo o prácticamente nulo.

c. La explosión hubiera sido de carácter fatal para quien se encontrara dentro de un radio menor a diez metros. Ello a causa de los fluidos expulsados (vapor y agua a alta presión y temperatura). Si alguien se hubiera encontrado dentro de un radio de cuarenta metros el riesgo habría sido alto por el impacto de las proyecciones de material.

Centenares de personas, organizaciones y asambleas de países de Latinoamérica, América del Norte, Europa, Asia, Africa y Oceanía, en tiempos de cuarentena se autoconvocaron para realizar un llamado a la Acción Global por una Democracia de la Tierra.

La pandemia nos recuerda que violamos los derechos de la Tierra y de todas sus especies por nuestra cuenta y riesgo, y que sería prudente que consideráramos los conocimientos y la sabiduría ancestrales de los pueblos originarios, guardianes de la Tierra a lo largo de los tiempos, cuyo profundo respeto por la Tierra se basa en la conciencia de la interconexión de toda la vida. Dañar una parte significa dañar el todo.

Esta pandemia no es un “desastre natural”, al igual que la crisis de la extinción de especies y los extremos climáticos no son “desastres naturales”. Las epidemias de enfermedades emergentes son antropogénicas – causadas por actividades humanas.

La emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos como comunidad mundial está relacionada con la emergencia sanitaria a la que se enfrenta la Tierra: su constante degradación, la extinción y desaparición de especies y la emergencia climática.

Cuando utilizamos venenos y agrotóxicos, como insecticidas y herbicidas para matar insectos y plantas en el modelo industrial de agricultura, producimos desertificación, contaminamos el agua, el suelo, el aire y destruimos la biodiversidad.

Los agrotóxicos están llevando a la extinción a las especies, incluyendo a los agentes polinizadores, como hemos visto en la drástica disminución de las abejas.

Cuando hacemos minería metalífera a cielo abierto utilizamos millones de litros de agua que es esencial para la vida humana y la naturaleza.

Cuando practicamos la fractura hidráulica o “fracking”, alteramos la conformación geológica y aumentamos el riesgo sísmico.

Cuando quemamos el carbono fósil que la tierra ha fosilizado durante 600 millones de años, violamos las fronteras planetarias. Al industrializar y globalizar nuestros sistemas alimentarios contribuimos hasta un 50% de los gases de efecto invernadero y el cambio climático es la consecuencia.

En el Día de la Tierra, pidamos disculpas por el daño que le hemos causado con la ilusión de la separación, creando paradigmas y herramientas violentas que han hecho la guerra contra la Tierra. Apreciemos su magnificencia y su belleza que tanto eleva nuestros espíritus y comprometámonos a hacer la paz con la Tierra y todas sus especies co-creando con ella sobre la base de sus leyes de la vida.

La Tierra nos ha dado un claro mensaje a través de la pandemia del Coronavirus. Es nuestro imperativo moral, dedicar este momento en el tiempo para hacer una transición a una civilización ecológica para que sembremos las semillas de un futuro común para la humanidad y todos los seres.

Acceso al documento en español: www.naturalezadederechos.org/TIERRA.pdf

El 22 de marzo se realizará la Marcha Plurinacional del Agua para los Pueblos. Será en la Capital Federal pero tendrá su réplica en la Plaza Rivadavia. La modalidad está organizándose desde la CTA. La próxima reunión será el miércoles 11 en Las Heras 361.

“Logramos incorporar el tema de los polos petroquímicos a ese movimiento que es diverso. Llegamos a un documento en común. Lo que estamos haciendo es tomar la declaración general en defensa del agua y la vida y en contra del extractivismo, que tiene un carácter mundial”, dijo a FM De la Calle Monserrat Gayone .

Las organizaciones convocantes afirman: “Luchamos contra el modelo extractivista, saqueador y contaminante que, bajo un claro plan ecogenocida de gobiernos transnacionales, nacionales y provinciales, promueve abiertamente la implementación de enclaves y zonas de sacrificio, genera crisis diseñadas en todas las provincias y fortalece la obediencia al sistema capitalista mundial, que dista abismalmente de la forma de vida que llevaron quienes nos precedieron y que queremos recuperar para el Buen Vivir de todos los seres, tangibles e intangibles”.

“El gobernador de la provincia habló de que Buenos Aires exporta el petróleo y está peleando porque sea reconocida como una provincia petrolera. Están todos los gobernadores peleando para recibir algún peso de la megaminería. Nosotros queremos mostrar que estamos dispuestos a defender los recursos naturales”, afirmó Gayone.

El titular de la Asociación Ambientalista Unión 20 de agosto, Hernán Zerneri, aseguró que seis meses después de la explosión en Dow solo se produjo un cambio de autoridades en el organismo de control.

Consultado por FM De la Calle, Zerneri destacó  la falta de confianza en el Comité Técnico Ejecutivo:  “Lo que se hizo fue desligar al CTE de su rol de control y se hizo intervenir a la justicia. No tengo pruebas pero no creo que la justicia haya intervenido de oficio, evidentemente alguien levantó un teléfono con la clara idea de patear el tema. Esto para nosotros fue algo preocupante porque el Estado no confía en su organismo de control”.

“Se vio reflejado en el cambio de coordinador, cosa que no se manifestó en su momento. Esto nos da la razón de lo que dijimos. Esperemos que las nuevas autoridades reciban el respaldo suficiente del sector político como para desarrollar su tarea”.

El 28 de junio explotó un recipiente en la planta de Dow atemorizando a buena parte de la ciudad. Para el Municipio, el CTE y el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable el hecho no mereció ni una infracción. La fiscalía a cargo de Cristian Aguilar abrió una investigación y aun debe definir si hubo delito o no.

Para Zerneri, “la cuestión más preocupante fue la repetición de un evento de magnitud que ya habíamos tenido hace un tiempo en la misma empresa con la explosión en el reactor, que se volvió a repetir por una falla de procedimiento. Fue preocupante porque sabemos que cada vez que ocurre algo trasciende el límite de las empresas, generó estupor e incertidumbre por lo que fue la explosión”.

“Veníamos de un tiempo donde no había eventos de magnitud y, de repente, ocurren estas cosas y hace rendir examen a toda la gente que está vinculada al tema. Lo que falló nuevamente fue la comunicación y la respuesta a la emergencia. Puso en tela de juicio los mecanismos actuales de comunicación para los cuales tampoco ha habido una respuesta desde el ámbito público, de canalizar a través de nuevos mecanismos formas de que la comunidad se entere de forma rápida y certera de lo que se debe hacer. No ha habido ninguna respuesta concreta. No ha habido el establecimiento de una nueva forma. Hay redes sociales, la gente comunica más rápido que el Estado”.

En cuanto a la designación del ingeniero Walmir Morete al frente del CTE, el ambientalista afirmó:  “Vamos a tener las primeras reuniones del Comité de Control y Monitoreo para ver cuáles van a ser los lineamientos del ingeniero que va a estar a cargo. Estamos con expectativa de saber como va arrancar el 2020 de cara a lo que es el control de las industrias”.

El ingeniero en electrónica Walmir Edgardo Morete fue designado coordinador del Comité Técnico Ejecutivo. Reemplazará a César Pérez en el organismo de control de las plantas industriales del polo petroquímico y el puerto bahienses.

El flamante funcionario egresó en 2011 de la Facultad Regional de la UTN y trabajó en Petrobrás y la planta compresora de TGS en La Adela.

Semanas después de la explosión en Dow el Municipio avanzó en la apertura de concursos para reemplazar a los responsables del Proceso Apell y el CTE.

En este último caso, el jurado elaboró un orden de mérito de cuatro concursantes y el intendente Héctor Gay eligió a Morete. Ni en la web municipal ni ante las reiteradas consultas de este medio se difundieron los otros nombres.

El decreto 1017 del 18 de diciembre designó al ingeniero como “personal temporario mensualizado” con un salario cercano a los 150 mil pesos.

Dependerá de la Oficina Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental con mandato de dos años prorrogables por dos más.