El subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, anunció que pretenden dragar el cauce del arroyo Napostá para que el agua circule y se “auto limpie” de roedores, mosquitos y otros insectos. “Hoy hay juncos, pastizales y realmente no se puede trabajar”, declaró a La Brújula.

El biólogo Pablo Petracci advirtió a FM De la Calle que “estas campañas de limpieza son históricas, quizás la población las ve con buenos ojos pero lo que planteamos son los beneficios que hay en esa vegetación y una serie de malas palabras que usa Insausti”.

“Esperamos que haya un conocimiento más profundo, no solamente de esta gestión, el abuso de los ambientes naturales ha sido un modus operandi de todas las gestiones”, agregó.

Petracci aseguró que “es la peor época para realizar esta obra, que por otro lado prácticamente no tiene estudio de impacto ambiental. Cuando Insasuti dice que el ecosistema no se va a alterar lo quiero ver en una audiencia pública, quiero las autorizaciones, quiero saber cómo se llega a la conclusión de meter una retroexcavadora y modificar toda una vera del arroyo. ¿Cómo puede afirmar que en plena época de florecimiento, no va a ver una afectación al ecosistema?”.

“Es una mala decisión hacerlo en cualquier momento, en ese pedazo de arroyo que queda una profundización es una alteración. El objetivo de la obra no me queda demasiado claro. La vegetación, juncales, pastizales son especies nativas, cumplen una función, hablamos de servicios ecosistémicos, retención de contaminantes, protegen el arroyo. Hay una gran cantidad de público que va a hacer turismo de observación de naturaleza”, dijo el biólogo.

Agregó que “hablar despectivamente de pastizales y juncales es desconocer todas las funciones gratuitas que brinda esa vegetación. Hay aves insectívoras que controlan las larvas, mosquitos e insectos molestos y que dejar esa vegetación es promover que nos brinden este servicio de forma gratuita. No tengo objeción en que se haga un control de ratas, que se corte un poco el pasto, el cauce habría que dejarlo como está, el arroyo está sano, está como debería de estar”.

Por último, el biólogo argumentó que “no hemos tenido comunicación con nadie (del Municipio) y respuesta, esperemos que la haya, y que revean esta situación”.

Integración Ciudadana solicitó una audiencia pública para evaluar la privatización de la recolección de residuos que hoy realiza Sapem Ambiental. La convocatoria a empresas privadas fue confirmada por las autoridades municipales.

“Entendemos que es un cambio de régimen jurídico que no está fundamentado, por lo menos, públicamente. Es lo que ha dicho el intendente, que tienen la intención de realizarlo, que se están preparando los pliegos”, dijo la abogada María de los Ángeles Rosón.

Agregó que “los integrantes del directorio se enteraron a través de manifestaciones públicas. El intendente no ha dado argumentos que para nosotros tienen que tener mucho peso de raigambre jurídico. Es un servicio público, tiene que ver no solo con la cuestión ambiental sino con la salud de ciudadanos y ciudadanas”.

Rosón sostuvo que la empresa “esta funcionando de manera regular, entonces no se entiende cuál es el fundamento del intendente. Públicamente hemos escuchado al representante de los trabajadores. El Tribunal de Cuentas no ha hecho observaciones, no en cuanto a los fondos”.

La audiencia pública apunta a ser “un mecanismo de transparencia donde la gente puede no solo escuchar sus fundamentos sino dar su opinión, no solamente respecto del cambio de régimen sino de funcionamiento del servicio. Lo ideal sería que salga por ordenanza y por eso hicimos la propuesta al HCD”.

“No se privatiza la totalidad del servicio, sino que se concesiona. Cuando hablamos de privatización pareciera que sale de la órbita del Municipio. El Municipio sigue siendo el responsable y concesiona el servicio, sí va a tener las obligaciones que le marca la Ley Orgánica, por ejemplo, regular la tarifa, controlar el servicio”, señaló.

En cuanto a las mejoras que debería incorporar el servicio, la abogada mencionó que “había un cuestionamiento con la recolección de ramas, pareciera que hay algunas cuestiones que se fueron recuperando como, por ejemplo, la cuestión de la transparencia. Hace dos años solicitamos que los balances estén colgados en la web, para que tengamos acceso, mandamos carta documento, finalmente eso está accesible. Hay temas que perfeccionar como la separación de residuos domiciliarios y eso sí requiere acciones del Municipio. Han habido cambios de los funcionarios, cada uno viene con una idea diferente, pero no vemos que haya habido un gran avance”.

El cese de actividades ocurre en el marco de un reclamo por parte del personal. En mayo difundieron que no les permitían el ingreso al predio y denunciaron penalmente al subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, quien ordenó enterrar materiales que los recicladores acopiaron durante meses para su posterior venta.

“Me echaron, me mandaron carta a documento, no me quieren devolver lo que me tiraron”, comentó a FM De la Calle Pedro Ruiz.

Recordemos que el Municipio denunció a su vez a los recicladores por «la posible comisión de un hecho ilícito, a partir de la venta ilegal de material del relleno, predio al que solo pueden ingresar miembros de la cooperativa que trabaja en el lugar».

El abogado del grupo, Leandro Urruti, informó que “el secretario de Gobierno, Adrian Jouglard, habría enviado una nota a la empresa que licita el relleno sanitario y a la Cooperativa Taller Uno, donde ordenó que los cuatro trabajadores que denunciaron las acciones ilícitas de Insausti, y por ende del Municipio, no puedan ingresar al predio a trabajar como lo venían haciendo antes de la pandemia pero sí pueden ingresar todos los que no denunciaron. Alegan en la nota que dejarlos trabajar podría perjudicar la investigación penal”.

Respecto del material acopiado, mencionó “no sé porqué lo hicieron, porqué lo tiraron, ellos nunca más nos dieron una respuesta. Ahora estamos sin trabajo, sin las cosas para vender, y me mandaron carta documento que dice que no quieren que entre más. Al final todo para ellos, me quedo sin trabajo, no me van a pagar lo que me tiraron”, dijo Ruiz.

“Ahora les molestamos. Durante 20 años que estuvimos y no dijimos nada no hicieron nada. Hace seis meses que estamos sin trabajar y no nos dejan entrar, ahí va gente de todos lados, está lleno. Mientras tanto, ellos siguen cobrando”.

Urruti argumentó que “esto no es más que una violación del derecho de trabajar y del principio de inocencia. Sin embargo, no miden con la misma vara al subsecretario de Gestión Ambiental”. Insausti está denunciado por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y daño a la propiedad.

“El mensaje que viene desde el Municipio parece mafioso: ‘los que hablan la van a pasar mal porque tenemos el poder de hacer lo que queramos y estamos por encima de la ley’. Esperamos que la justicia no siga esta línea y permita a los bahienses tener la esperanza en el Estado de Derecho, que un secretario del Municipio no pueda pisar a la gente, que la ley no se aplique solo a los débiles sino también a los poderosos”, destacó.

Para finalizar, señaló que “los denunciantes van a impugnar la medida que actualmente les impide acceder a su fuente de trabajo y van a continuar las acciones judiciales”.

El concejal del Frente de Todos, Gustavo Mandará, confirmó a FM De la Calle la intención del Ejecutivo Municipal de privatizar Bahía Ambiental Sapem.

“Ayer el presidente de Bahía Ambiental Sapem (BAS), Ernesto Aguirre, nos informó oficialmente al directorio de la empresa que hubo una comunicación con el intendente en la que le notificó la decisión de avanzar con la privatización de la empresa”, aseguró.

“Lo que pone de argumento para privatizar son supuestas objeciones del Tribunal de Cuentas, algo que ayer se habló en la reunión y se demostró que no hay ninguna objeción del Tribunal de Cuentas al funcionamiento de BAS. Sí las hay respecto de Bahía Transporte, pero Ambiental es una empresa que, mal o bien, viene cumpliendo el cometido para que fue creada hace 8 años”, explicó.

A su vez, el concejal destacó que “no hay ninguna explicación. Habrá que pedirla. Bahía Ambiental Sapem da pequeñas utilidades: no está perdiendo plata el Municipio con Bahía Ambiental. No es habitual que se requieran inyecciones de capital como sí pasa en Bahía Transporte”.

“¿Si es una empresa que no tiene afán de lucro y trabaja con costos, cómo va a hacer una empresa que no trabaja al costo y que si tiene afán de lucro?”, se preguntó.

Respecto de los trabajadores, el concejal mencionó que “tienen garantizada su fuente de trabajo. Se tienen que hacer cargo en las mismas condiciones, categorías y remuneraciones. Cuando se liquida una empresa hay que indemnizarlos. Tienen que ser tomados por la empresa que venga en las mismas condiciones”.

“Son unos 180 millones de pesos en carácter de indemnización. El activo de Sapem Ambiental asciende a 105 millones, o sea que, liquidando toda la empresa, no alcanzan a pagar indemnizaciones. Por mas que se haga cargo el privado, ponen en duda qué ventaja se puede obtener de todo esto”, finalizó.