El presidente Alberto Fernández anunció en Neuquén un nuevo programa de incentivo a la inversión en gas, atando los subsidios al valor del dólar. El argumento es la necesidad de cubrir la demanda de gas evitando la salida de divisas, dinamizar las economías provinciales y generar encadenamientos productivos, necesidades construidas al calor de un modelo que tropezó cien veces con la misma piedra. La transición, como salida a ese laberinto, no aparece en el horizonte.
Por OPSur .- El plan anunciado establece una forma de fijar el precio del gas por cuatro años. Y define un tope promedio de 3,70 dólares por millón de BTU, monto que será cubierto por las tarifas y por subsidios, es decir por las y los usuarios y el Estado. El programa pretende cubrir la demanda nacional de gas -con la urgencia del próximo invierno- aunque va en contra del objetivo de desdolarizar la economía, al tiempo que supone el riesgo de que cada devaluación implique aumento de tarifas y una mayor erogación fiscal en un contexto de estrechez presupuestaria.
Tras las necesidades del consenso fósil
Más de la mitad de la matriz de energía primaria de Argentina está compuesta por gas y el 45% de ese recurso se extrae mediante fracking, fundamentalmente en Vaca Muerta. El macrismo, a fuerza de una gigantesca transferencia, se entusiasmó con los resultados obtenidos en la explotación mediante fracking. Esa política benefició fundamentalmente a Tecpetrol (del grupo Techint de Paolo Rocca) y a CGC (de Eduardo Eurnekian). La neoliberal administración energética de Macri parece más una regla que una excepción: durante las últimas décadas la política del sector ha estado dominada por los intereses corporativos que consolidaron un consenso fósil, en el que la dependencia de los hidrocarburos es total tanto para el sistema energético en general, como para las provincias productoras en particular.
El consenso fósil centró su atención en Vaca Muerta durante la última década, y hoy que la expansión se frenó, podría no haber recursos suficientes para el próximo invierno. En este marco, el Ejecutivo despliega tres argumentos para incentivar la explotación:
- La necesidad de cubrir la demanda nacional de gas y evitar así la salida de dólares por importación.
- La necesidad de dinamizar las economías de las provincias o regiones que dependen de estas explotaciones.
- La idea de que la explotación generará encadenamientos productivos dinámicos que permitan a su vez beneficiar a otras cadenas y sectores.
Las dos primeras necesidades existen. Ambas se han constituido en el tiempo, con políticas y decisiones que formaron esta actualidad. Construir una economía y una energía desde otras bases debiera ser un objetivo fundamental de este tiempo, signado por la pandemia, que revela los aspectos más injustos de nuestra sociedad: las dificultades de millones de personas para el acceso a la energía, combinado con el despojo y los conflictos sociales y ambientales en los lugares de extracción de energía, en particular, los hidrocarburos.
Esos cambios estructurales no se consolidan en pocos años pero algún día hay que empezarlos. El problema de las fuentes energéticas -es decir qué energía se produce- es central en ese sentido. Incluso más del 60% de la electricidad que consumimos proviene de la quema de combustibles fósiles que son, además, los principales responsables del cambio climático. Por eso es necesario transitar hacia energías renovables, las que por sí solas no serán la solución. Se requiere también un encadenamiento con tecnología y conocimiento nacional, y de un Estado que promueva la desmercantilización de la energía y la entienda como un derecho. El acceso a la energía debiera estar combinado con la justicia socioambiental.
Por otro lado, se deben promover políticas serias de diversificación productiva en las provincias que hoy dependen de los hidrocarburos. En cada crisis la población de esas regiones queda rehén de las demandas corporativas por mayores beneficios, mientras sus indicadores socioeconómicos dan muestras claras de fragilidad de esas economías, como hemos podido ver en la profunda crisis fiscal de Chubut durante los últimos años y más recientemente en la acuciante situación de Neuquén. Esos Estados, en tanto, se han constituido como parte integrante del entramado hidrocarburífero y eso dificulta aún más constituir alternativas.
El tercer argumento en pos del desarrollo petrolero es, en realidad, un discurso que no ha podido contrastarse en la realidad. Hasta el momento los encadenamientos productivos han sido escasos y totalmente dependientes de las inversiones hidrocarburíferas apalancadas en ingentes subsidios. Seguramente, se podría aceitar esos entramados productivos, pero pensar que la explotación de Vaca Muerta será el motor de la economía nacional ha sido el sueño frustrado de las últimas dos administraciones. Si ayer la propaganda estatal y corporativa era de una Vaca Muerta exportadora, hoy estamos viendo si pasamos el invierno.
Hasta ahora los dólares se fueron
En el frente externo, en tanto, otro problema agrava el panorama: las divisas no solo se van cuando se compra energía, también lo hacen cuando las empresas extranjerizan sus excedentes. Entre 2016 y 2019, trece empresas extractoras fugaron 3.830 millones de dólares: la mitad de lo fugado por las 209 energéticas mencionadas en un informe del Banco Central. Esas trece compañías son las que protagonizan la intervención en Vaca Muerta: en conjunto explican el 76% de la extracción de petróleo y el 92% de la de gas no convencional.
Uno de los mecanismos de fuga es el pago de préstamos que financiaron la explotación. En Vaca Muerta los préstamos implicaron el 55% del financiamiento externo de YPF y el 77% de Tecpetrol. Este año, se preveía que la balanza financiera del sector genere un saldo negativo de 2.000 millones de dólares por préstamos financieros. Por otro lado, el balance cambiario del sector hidrocarburífero entre 2013 y 2019 arroja un saldo negativo de 8.600 millones de dólares.
La matriz energética no puede ser transformada de un día para otro, pero es necesario comenzar a transitar hacia un modelo energético económica, ambiental y socialmente sustentable. Una propuesta que debe diferenciarse del plan macrista de instalar parques como grandes negociados trasnacionalizados y sin participación de las poblaciones locales y la industria nacional. Pero que al mismo tiempo debe ser una propuesta seria. Hay posibilidades para avanzar. Hay una necesidad real de hacerlo. Pero ese no parece ser el camino elegido por el gobierno de Fernández.
